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8.2.17

El juez investiga si las 'mordidas' de Pujol con el pelotazo del Santander acabaron en Curaçao

"El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata, ha dado un nuevo paso para tratar de averiguar cuál fue el destino final del dinero obtenido por el benjamín del clan Pujol,Oleguer Pujol,y su exsocio Luis Iglesias, con la operación de compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Banco Santander en el año 2007.  

El magistrado, que considera que tras dicha operación inmobiliaria se puso en práctica un "operativa de ocultamiento y blanqueo de las comisiones que fueron cobradas por distintas personas físicas (…) mediante la utilización de estructuras societarias radicadas en terceros países y la subcontratación en cadena de los servicios solicitados", ha dictado un nuevo auto donde libra Comisión Rogatoria Internacional al paraíso fiscal de Curaçao, en las Antillas Holandesa.

En dicha resolución, conocida por Vozpópuli, el instructor muestra sospechas de que 10.649.174 euros -pertenecientes tanto a Iglesias como al hijo mejor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- fueron ingresados en una cuenta del RBS Royal Bank en la isla de Curaçao.

De la Mata detalla en su auto la compleja operación inmobiliaria tras la que la sociedad Aegle International Limited –propiedad de los investigados- debería haber cobrado 10, 6 millones de euros en el reparto de ganancias. "Los 10.649.174 euros pertenecen tanto a Luis Iglesias como a Oleguer Pujol Ferrusola, como propietarios finales de Aegle International Limited.

 Se tuvo conocimiento de que esta cantidad se debería de ingresar en la cuenta número 81XXXXX8601XXX92 del RBS Royal Bank en Curaçao”, subraya el juez de la Audiencia Nacional quien añade, además, que Oleguer Pujol Ferrusola "a título particular habría de recibir 284.309 euros en su cuenta corriente personal que posee en La Caixa".

Dos cuentas en Curaçao

El magistrado pone de manifiesto que "con el fin de determinar el beneficiario último de las ganancias obtenidas" con dicha operación se cursa Comisión Rogatoria a la Antillas Holandesas para que indique si las personas físicas y jurídicas – en referencia a Oleguer Pujol, Luis Iglesias y la mercantil Aegle International Limited- "son o han sido clientes de esa entidad y, en su caso, aporte en formato electrónico, al máximo nivel de detalle, cualquier documento derivado de esa relación, y en todo caso, los movimientos bancarios producidos desde la apertura de las cuentas de las que sean titulares o autorizados estas personas así como de los productos bancarios asociados a la mismas tales como tarjetas de crédito, cheques o cualquier otro".

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional pide al Bank Royal de Curaçao que le informe de los movimientos bancarios producidos en dos cuentas "desde el momento de su apertura", y que identifique "los productos bancarios asociados a las mismas, y a las personas físicas y jurídicas que figuren como titulares o autorizados" de las mismas.  

El pasado 12 de enero, José de la Mata tomó declaración a benjamín de los Pujol por dicha operación inmobiliaria en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales. El acusado explicó que el dinero opaco que percibió a través de la operación de compra venta de las 1152 oficinas de Banco Santander fue regularizado con el fisco español al haberse acogido a la amnistía fiscal del ministro Cristóbal Montoro.

Al término del interrogatorio, los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa pidieron el ingreso en prisión de forma incondicional para el hijo menor del expresidente catalán, Jordi Pujol i Soley.

  El juez no la acordó y se limitó a imponer como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado. Tras dicha comparecencia, el magistrado ha acordado la reapertura de la causa para su ex socio Luis Iglesias. Éste será interrogado en la Audiencia Nacional el próximo día 8 de febrero.

16.12.16

El dircom del Santander niega que se sintiera amenazado por las acusaciones de Ausbanc sobre la muerte de Emilio Botín, pero el banco pagaba cerca de un millón de euros anuales por publicidad en sus revistas

" El director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se sintiera amenazado por Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc) y ha defendido que la entidad pagaba publicidad en las revistas del grupo, entre ellas Mercado de Dinero, porque consideraban que lo valía.

Cendoya ha declarado como testigo ante Pedraz, juez central de instrucción número 1, y ha negado pagos para evitar que Ausbanc o su aliada Manos Limpias interpusieran denuncias contra la entidad financiera.

El Banco de Santander pagaba cerca de un millón de euros anuales en contratos de publicidad en las revistas de Ausbanc. A preguntas de la Fiscalía, Cendoya ha defendido estos pagos: porque consideraban que lo valía en virtud de la tirada y la penetración de estas publicaciones de Ausbanc.

Cendoya ha rechazado en todo momento haberse sentido amenazado por Ausbanc o su presidente. También ha rechazado haber sentido sensación de riesgo reputacional hacia el Santander en caso de no pagar estos contratos publicitarios.

Cuando recibieron la carta de Manos Limpias donde exponían sus dudas sobre las causas de fallecimiento de Emilio Botín, este testigo ha reconocido que habló con Luis Pineda porque le conocía desde hacían tiempo, quien frenó a Manos Limpias.

 Los registros policiales han revelado que, al tiempo que ser enviaba una carta a Ana Patricia Botín, hija del financiero fallecido y actual presidenta del Santander, Manos Limpias planificaba una querella para sembrar dudas sobre las circunstancias de dicho fallecimiento.

"El que se la hace a Ausbanc, la paga"

En los registros también se ha descubierto un correo de Luis Pineda dirigido a Juan Manuel Cendoya y fechado en diciembre de 2012, en los que el presidente de Ausbanc dice que iba a intervenir en la acusación contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. Y Pineda concluye así este mensaje: “El que se la hace a Ausbanc, se la paga. Luis Pineda”, según fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional también ha interrogado al responsable de comunicación del banco Mare Nostrum, Alfonso José Cárcamo, que ha confirmado que la entidad dejó de pagar a la asociación de Pineda a su llegada al banco.

30.000 euros por un estudio

Por su parte, el director de Marketing de Skoda del Grupo Volkswagen Alberto García Sancho y la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen-Audi España, Eva Vicente Martín, han asegurado que Pineda les pidió 30.000 euros por la elaboración de un informe que incluía pautas para las marcas sobre una correcta publicidad.

Ausbanc les había demandado, en aquel entonces, por la forma en que se mostraba la letra pequeña en sus spots. El grupo alemán no pagó dicha cantidad.

La nueva ronda de declaraciones sobre el caso en el que se investiga a Ausbanc y el sindicato de Miguel Bernad, Manos Limpias, por extorsión y amenazas, continuará el próximo jueves.

Ese día comparecerán los directivos de Liberbank Ángel Miguel Marcos Maldonado y Carlos Rubio Vallina y el director territorial de Sevilla de Caja Rural del Sur, José María Vera López. La presidenta de Ecologistas en Acción en Talavera de la Reina, María del Prado Salmerón, y otras dos personas -Andrés Sánchez Giménez y María Isabel Salamanca- están citados para el 16 de diciembre.

Además, el juez ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos. Pide, además, que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el banco Sabadell.

Supuesta trama de extorsión a entidades y directivos

El Ministerio Público tiene indicios de que Pineda conformó desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.

La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.

En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.

Según el fiscal del caso, Daniel Campos, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo."              (Público, 12/12/16)

22.9.16

'Operación Penicilina': los siete días en los que Pineda y Bernard fraguaron el chantaje a Ana botín por "el asesinato de su padre, Emilio Botín"

"Un acta de manifestación ante notario. El borrador de un denuncia. Una carta. Varios correos electrónicos... El supuesto intento de extorsión más esperpéntico de la trama creada por Manos Limpias y Ausbanc pretendía acusar a mediados de 2015 a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, del "asesinato" de su padre, fallecido de muerte natural en septiembre del año anterior.

 El registro realizado el pasado 15 de abril durante la 'Operación Nelson' por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la sede del sindicato ha permitido conocer ahora todos los detalles y protagonistas de un chantaje que se sustentaba en el dudoso testimonio de un 'editor' salpicado hace tiempo por un suceso similar, los esfuerzos de un 'meritorio' de 62 años de edad y una ficticia arma 'homicida' tan rocambolesca como toda la historia: una inyección de penicilina. Todo ello fraguado en sólo siete días. Los que van desde el 19 al 26 de mayo de 2015.

Así lo recoge un informe policial incorporado al sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En el mismo, los agentes dan cuenta al magistrado del análisis de una parte de la abundante documentación intervenida en las oficinas que Manos Limpias tenía en la madrileña calle de Ferraz. 

La UDEF dedica en esas páginas un apartado específico a los "documentos relativos al asunto Banco de Santander" en el que detalla que en el disco duro de uno de los ordenadores encontrados en la sede del sindicato los agentes encontraron cinco documentos y correos electrónicos sobre este supuesto intento de extorsión.

Una información que permite a la Policía elaborar una cronología de los diferentes pasos que había dado la trama presuntamente encabezada por Miguel Bernard y Luis Pineda para presionar a la actual máxima responsable del Santander y, de este modo, que el presidente de Ausbanc consiguiera "ganarse el favor de la entidad [...] para que ésta continuase patrocinando y publicitándose" en la revistas de la asociación. De hecho, meses después el hoy encarcelado cabecilla de la trama ofreció al banco un convenio para que invirtiese en anuncios de sus revistas por valor de 1,15 millones de euros para 2016

El primero de esas pruebas es un "documento en formato.doc" creado el 19 de mayo de aquel año. El titulo del mismo es muy significativo: "Denuncia presunto asesinato Emilio Botín.39748". Se trata, en concreto, de un borrador de denuncia preparado para la firma del líder de Manos Limpias y dirigido al "juzgado de Instrucción que por turno correspondía de Madrid". 

Con el mismo, el sindicato iba a denunciar a "los presuntos autores materiales en el homicidio del que fue presidente del Banco Santander, Emilión Botín" y a otros personas como "presuntos colaboradores, cómplices y encubridores" de dicha muerte. Entre ellos citaba a la "esposa", a la "hija" y a un supuesto "amante" de esta última. 

Todo ello sustentado en un "acta notarial de manifestación de un ciudadano" que dicho documento no identifica. Sin embargo, la UDEF señala que la persona "que había relatadado de forma detallada la forma en que murió Emilio Botín" sería supuestamente "un tal Juan Muñoz Bloise", del que los agentes no dan más detalles .

"Una cantidad mortal de penicilina"

Aunque en el informe policial no consta copia de dicho documento ante fedatario público, el propio borrador de la denuncia hallado en los ordenadores de Manos Limpias sí da algunos detalles de su contenido. Así, aseguraba que la muerte del banquero no fue "por infarto, sino por homicidio, inyectándole una cantidad mortal de penicilina". 

Una circunstancia, esta última, que la denuncia consideraba prueba de la premeditación del hecho ya que considera "el veneno" como el "medio alevoso por excelencia". El borrador, con numerosos espacios en blanco en el apartado de los nombres y escueta en detalles, proponía la práctica de pruebas como una autopsia al cadáver de Emilio Botín y una docena de declaraciones

Entre estas últimas, las de la "viuda", la hija, los escoltas, el médico que certificó el fallecimiento y varias personas que supuestamente relacionados sentimentalmente con algunos de los protagonistas. También pedía que testificase el "denunciante" del que no aportaba datos. El borrador estaba fechado para presentarse al día siguiente, el 20 de mayo, pero nunca llegó a los juzgados.

En los ordenadores de Manos Limpias apareció un segundo documento elaborado el 22 de mayo sobre este asunto. En este caso, se trataba del titular "Escrito Fiscal Gral Estado por Tema Botín.39746".

 Preparado también para que Miguel Bernard plasmase la firma en él y fuese enviado a Consuelo Madrigal, el texto recogía que había llegado al sindicato "un acta notarial de manifestación en la que se relatan una serie de hechos presuntamente delictivos y que afectarían a la cúpula de una entidad financiera de primer orden a nivel internacional". Por ello, solicitaba a la Fiscalía que se citase al propio líder del sindicato "para comparecer a los efectos de hacer entrega [de] la citada acta de manfiestación".

Cuatro días después, el 26 de mayo, alguien de Manos Limpias elabora un nuevo documento en el ordenador. Es el titulado "Carta Ana Patricia Botín Oshea.39727", también preparado para que lo rubricase el secretario general del sindicato. En el encabezamiento de la misiva aparece el nombre de la presidenta del Banco Santander y un correo electrónico de la entidad, asuntosespeciales@gruposantander.com

En la misma, de cuatro párrafos de extensión, Bernard comunicaba a la hija del banquero fallecido que "ha tenido conocimiento de unos hechos gravísimos que atentan contra la honorabilidad y el buen nombre de su persona" sin más detalles. "Creemos -continúa el texto- que están tratando de utilizarnos como ariete contra usted pretendiendo que el asunto salte a los medios con objeto de que usted quede desacreditada ante su propio banco y la opinión pública en general".

"Como crea y mejor le convenga"

En el documento, el ahora encarcelado aseguraba que Manos Limpias no dudaba de la "recta moralidad" de la máxima responsable de la entidad y se ofrecía a entregarle "a usted o persona de su máxima confianza, la información que obra en nuestro poder para que pueda utilizarla como crea y mejor le convenga, así como pueda conocer las personas que están detrás de la difamación que atenta contra usted".

 La carta declaraba que "por supuesto, que sin esperar nada a cambio". No obstante, insistía que, "al ser muy delicado y confidencial" el asunto, "no tratarlo por correo electrónico o postal", sino "sólo de forma personal con usted o [...] con persona de su máxima confianza". Bernard despidía la carta con un "en espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo" junto a su nombre y número de telefóno móvil.

Ese mismo 26 de mayo, un minuto antes de las once de la mañana, desde el correo electrónico de la secretaría del sindicato se envíaba un correo electrónico a la abogado del sindicato, Virginia López Negrete, con el asunto "escrito Fiscal Gral Estado Tema Botín", aunque sin texto. Cuarenta minutos después, se recibía en la cuenta del sindicato otro mensaje. 

En este caso enviado por el que la Policía identifica como Javier Cordero Aparicio, "trabajador y colaborador de Manos Limpias" de 62 años de edad, según el informe. En dicho correo, cuyo asunto era "Ana Patricia BOTÍN", dicho personaje escribía simplemente "carta para Miguel" y adjuntaba la misiva que finalmente se envió a la presidenta del Banco de Santander.

El informe de la UDEF destaca la declaración que prestó como testigo ante los agentes el director de Comunicación de la entidad, Juan Manuel Cendoya, como prueba de que la trama remitió dicha misiva. Éste señaló a los agentes que tras llegar ésta al banco, se puso en contacto con Luis Pineda ya que sabía que éste tenía "cierta relación" con Manos Limpias porque en cierta ocasión le había comentado que estaba colaborando con el sindicato en un caso contra Miguel Blesa

 Cendoya aseguró a los agentes que en dicha conversación había pedido al presidente de Ausbanc ahora encarcelado que hablase con Bernard sobre la carta que había enviado por correo electrónico y en el que planteaba una reunión con Ana Patricia Botín "para comentarle la existencia de una carta muy injuriosa". 

 El directivo del Santander aseguró que en aquel momento creía que la misma afectaba a "distintos directivos del Banco Santander" y que, por ello, no quería que se "airease públicamente". Días más tarde, Pineda le dijo al representante de la entidad que ya había hablado con el secretario general del sindicato "y que ambos no daban ninguna credibilidad a tal escrito". La esperpéntica 'Operación Penicilina' parecía haber quedado sepultada ahí... hasta que el presidente de Ausbanc ofreció al Santander un nuevo convenio millonario para sus revistas meses después.

El 'editor' de CONFIDENCIALES y el 'meritorio' de 62 años
Los documentos sobre la muerte de Emilio Botín hallados en el ordenador de Manos Limpias no sólo salpican en el rocambolesco episodio a Miguel Bernard, secretario general del sindicato, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. De hecho, el informe de la UDEF también cita a otros dos personajes desconocidos hasta ahora. 

Uno de ellos es Juan Muñoz Bloise, a quien la Policía cita como la persona que realizó el acta notarial que sirvió de base para elaborar el borrador de la denuncia y la carta que enviaron a Ana Patricia Botín. La Policía no da más datos sobre él, pero un repaso a la hemeroteca muestra que no es la primera vez que este personaje aparece salpicado en un escándalo similar.

 Editor de confidenciales en papel cuando aún no existía la prensa digital, Muñoz Bloise fue detenido a finales de los 90 tras denunciar el financiero Juan Abelló que le había exigido 20 millones de pesetas (120.000 euros) por retirar de la circulación un supuesto informe sobre irregularidades fiscales. Él siempre negó su implicación en los hechos y aseguró que simplemente pretendía "auxiliarle [a Abelló] en lo posible para que no fuese publicada" dicha información.

El segundo personaje es Javier Cordero Aparicio, un ferrolano de 62 años de edad que el 26 de mayo envió a Bernard un 'email' con la carta que finalemnte dirigiría por correo electrónico a Ana Patricia Botín.

 Su nombre no era nuevo para los investigadores ya que en la bandeja de entrada del correo electrónico del sindicato han aparecido "numerosos" mensajes en los que Cordero Aparicio facilita a éste último "diversa información para que Miguel la pueda utilizar para iniciar procedimientos". 

Así, el informe policial le señala como "intermediario" en el llamado 'caso Molinos' que llevó al banquillo a la alcaldesa de la localidad aragonesa de Las Muelas con Manos Limpias en la acusación. También aparece como informador en otros asuntos, entre ellos uno "sobre Villar" para presentar una posible querella. 

En uno de dichos 'emails', Javier Cordero remitía su curriculum para que Bernard se lo entregara a Ausbanc para conseguir que Pineda lo contratase. La UDEF concluye que tiene "cierto papel activo" dentro del sindicato, del que se presentaba "como trabajador y colaborador".                 (Óscar López Fonseca, Vox Populi, 18/09/16)

6.7.16

Manos Limpias y Ausbanc trataron de extorsionar a Ana Patricia Botín con una denuncia sobre el "asesinato de Emilio Botín", su padre

"La supuesta trama de Ausbanc y Manos Limpias que investiga la Audiencia Nacional cobra formas rocambolescas. Según la declaración del director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya Méndez-Vigo, en mayo de 2015 el sindicato ultra envió un correo electrónico a la entidad solicitando una reunión con su presidenta, Ana Patricia Botín, hija del fallecido Emilio Botín.

El sindicato presidido por Miguel Bernard justificaba esta petición asegurando que había tenido conocimiento "de unos hechos gravísimos que atentan contra la honorabilidad y el buen nombre" de la presidenta del banco, asegurando que alguien estaba tratando de utilizar al sindicato "como ariete" contra ella, "pretendiendo que el asunto saltase a los medios" para desacreditarla "ante su propio banco y la opinión pública en general".

Teóricamente, Bernard actuaba "sin esperar nada a cambio", y desde el Banco Santander, conscientes de la existencia de un vínculo entre este y Luis Pineda, presidente de Ausbanc, pidieron a este último que mediara para que no se airease públicamente el asunto del que supuestamente quería informar a la presidenta de la entidad. Poco después, Pineda trasladó al Santander que la cuestión quedaba zanjada, ya que ni él ni Bernard le concedían credibilidad.

Lo que ninguno de los dos esperaba es que la UDEF registrara los ordenadores del sindicato ultraderechista por orden del juez Santiago Pedraz, ni que encontraran un documento titulado "Denuncia Presunto Asesinato Emilio Botín", un borrador de denuncia elaborado por Manos Limpias que según la Policía "refiere el presunto homicidio cometido sobre Emilio Botín en relación a lo expuesto en un Acta Notarial de manifestación de un ciudadano que habría llegado a manos del sindicato".

También hallaron un documento denominado "Escrito Fiscal Gral Estado por Tema Botín", que solicitaba al Ministerio Público que les citara a comparecer "para hacer entrega de una copia de un Acta Notarial de manifestación" que recogía "unos hechos presuntamente delictivos 'que afectan a la cúpula de una entidad financiera de primer orden a nivel internacional'".

 Y, por supuesto, tampoco esperaban que la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros (UDEF) hallase un tercer documento firmado por Bernard y dirigido a Ana Patricia Botín, en el que le pedía una entrevista. Esta carta estaba fechada el 26 de mayo de 2015, exactamente siete días después de que se crease el borrador de denuncia que a juicio de la UDEF ambos querían utilizar contra Ana Patricia Botín.

"Es más que probable que por parte del sindicato Manos Limpias se intentase emplear esa información [el borrador de denuncia] como medio de presión para obtener algún tipo de beneficio, puesto que si Miguel Bernard 'no esperase nada a cambio' no se habría molestado en elaborar un borrador de denuncia así como el escrito dirigido a la Fiscalía"; así consta en un informe de la UDEF incluido en uno de los tomos del sumario de la causa que investiga el juzgado de instrucción número uno de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y Manos Limpias por los presuntos delitos de extorsión y fraude procesal, al que ha tenido acceso Público.

"Es más que probable que la intermediación de Luis Pineda haya servido para frenar las posibles negociaciones, así como para paralizar la denuncia prevista, y de ese modo, Luis Pineda conseguiría de nuevo ganarse el favor de la entidad Banco de Santander y que se continuase patrocinando y publicitando en Ausbanc", apunta el informe en cuestión.

El Santander pagó a Ausbanc 826.445 euros en 2016, según la UDEF

El director de Comunicación del Banco Santander declaró como testigo el pasado 29 de abril, cuando afirmó que su relación con Pineda -en prisión preventiva junto con Bernard desde el 18 de abril- era estrictamente profesional.

Sin embargo, la UDEF destaca que en una de las conversaciones grabadas que manejan Pineda asegura a un tercero que él y Cendoya "siguen siendo buenos amigos", que es una de las personas a las que Pineda "envía un regalo por navidad", y que otros indicios permiten inferir la existencia de "cierta cordialidad entre ambos, así como la predisposición de Pineda a continuar apoyando al Banco Santander".

En su comparecencia, Cendoya justificó el dinero aportado a Ausbanc por la entidad asegurando que la tirada de sus distintas publicaciones era de cerca de 130.000 ejemplares. Tras analizar los convenios aportados por el testigo, la UDEF sostiene que en 2003 el banco pagó un total de 437.782 euros a la organización supuestamente sin ánimo de lucro dirigida por Pineda.

"Por otra parte en el año 2016, aportó 30.795€ a Agroeditora, 81.680,17€ a Dinero y Salud, 219.404,84€ a Money Market, 137.241,60 a Mercado de Dinero USA, y 357.324,22€ a AUSBANC, cantidades también a las que habría que añadir el IVA correspondiente, es decir un total de 826.445,83€ (la propuesta efectuada por AUSBANC ascendía a 958.123,63€). Se observa como prácticamente se ha doblado la aportación realizada por Banco de Santander al grupo AUSBANC", zanja el informe."          (Público, 30/06/16)

20.2.15

Nada de delito fiscal ni de sanción administrativa. Tales cosas no podían ser aplicadas al hombre más poderoso de España, Emilio Botín

"(...) La alargada sombra de Emilio Botín ha sobrevolado todos los gobiernos durante al menos los últimos treinta años. Sin duda, ha estado presente en el origen de múltiples medidas gubernamentales.

 Es de sobra conocido cómo logró que el Gobierno Zapatero en su último consejo de ministros indultase a Alfredo Sáez, o cómo consiguió que en casi todos los casos -fueron muchos- que tuvo que ver con la justicia, el fiscal y el abogado del Estado estuviesen de su lado. 

Conocida es también la manera en que intervino en época más reciente en la dudosa decisión de nacionalizar Bankia, lo que condujo al rescate bancario y a que los contribuyentes españoles hayan tenido que asumir deudas por muchos miles de millones de euros. (...)

A pesar de su poder, han sido múltiples, más de treinta, las causas judiciales en las que Botín se ha visto implicado, y de todas ellas, precisamente por su influencia, ha salido indemne.

 Uno de los procesos más importantes a los que hubo de enfrentarse tuvo como causa la cesión de créditos. Entre 1987 y 1989, el Banco Santander comercializó este tipo de activos, sosteniendo con fraude de ley que no quedaban sometidos a la ley de activos financieros que se había aprobado recientemente y que hacía transparente a efectos fiscales (y sometía a retención) cualquier tipo de activo financiero.

 Hasta entonces, una gran parte de la realidad financiera permanecía opaca para el fisco. El invento de Botín resultaba sin duda muy atractivo para sus clientes a los que se aseguraba que no tenían que pagar impuestos, pero constituía un claro fraude a la hacienda pública y una competencia desleal al resto de las entidades financieras.

El fraude era bifronte. Por una parte se encontraba el posible delito fiscal de los clientes (unos 3.500) que habían realizado operaciones por un importe superior a los 2.600 millones de euros. Por otra, los directivos del banco con su presidente a la cabeza eran acusados de un perjuicio a la hacienda pública por importe de 84 millones de euros. 

Todos ellos llegaron a buen puerto, los titulares regularizaron su situación en 1996 y en lo que respecta a Botín, el final fue tan escandaloso que dio lugar a una interpretación nueva de la doctrina que el Tribunal Supremo venía aplicando, a la que se ha llamado desde entonces doctrina Botín.

La Abogacía del Estado, a pesar de ostentar la representación de la hacienda pública, no mantuvo la acusación; el Ministerio Fiscal, por orden expresa de María Teresa Fernández de la Vega, entonces secretaria de Estado de Justicia con el ministro Belloch, se retiró de la causa, y la Audiencia Nacional decidió paralizar el proceso al interpretar que la acción popular no puede, en solitario, sostener la querella si no la acompañan el Ministerio Público o la acusación particular, que en el caso del delito fiscal se supone que es solo el Estado.

 Esta doctrina, aunque un tanto extraña y contraria a la que se había venido manteniendo, fue confirmada por el Supremo y por el Constitucional. Es muy sintomático el hecho de que se acepte que el delito fiscal no afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos.

Entre todas las causas judiciales a las que tuvo que enfrentarse el presidente del Banco Santander, solo en una ocasión tuvo que sentarse en el banquillo, fue la referente a las pensiones millonarias que reconoció a Amusátegui (56 millones de euros) y a Corcóstegui (108 millones), que más que de pensiones se podría haber hablado de precio para dejarle el campo libre tras la fusión del Santander con el Central-Hispano, pero, eso sí, pagadas con dinero del banco. 

Primero la Audiencia nacional y más tarde el Supremo liberaron a Botín de toda responsabilidad al juzgar que nada estaba legislado acerca de tales gratificaciones.

El suceso es my ilustrativo del capitalismo que profesamos o sufrimos, del que el presidente del Banco Santander ha sido un exponente destacado. Lo que mucha gente puede que no sepa es que la familia Botín mantiene un porcentaje muy reducido del capital del banco (dicen que aproximadamente un 0,4%) y, sin embargo, ha utilizado como propio todo el inmenso poder de los recursos de la entidad financiera en su propio beneficio.

 De ahí los múltiples mecenazgos y patrocinios que le han concedido siempre un espacio muy amplio de influencia, y de ahí, sobre todo, las fusiones y compras de otros bancos tanto nacionales como extranjeros, en muchos casos de beneficio dudoso para el accionista y para la economía española, pero de enorme utilidad para el presidente, que veía incrementado más y más su poder, sobre todo si podía, como en este caso, desprenderse de competidores utilizando los recursos del banco.  (...)

Don Emilio no solo dio nombre a una doctrina jurídica (doctrina Botín), sino que también abrió camino en materia de excusas para la defraudación fiscal y la evasión de capitales. Puso de moda las herencias. La familia Botín tenía ocultos sin declarar 2.000 millones de euros en unas cuentas en el HSBC de Suiza, que se descubrieron gracias a la famosa lista que Hervé Falciani había filtrado al Gobierno francés. 

Todo terminó con el ingreso de 200 millones de euros en Hacienda. Por supuesto, nada de delito fiscal ni de sanción administrativa. Tales cosas no podían ser aplicadas al hombre más poderoso de España."            (El único y verdadero poder, el económico, de Juan Francisco Martín Seco en República de las ideas, en Caffe Reggio, 20/09/2014)

9.2.15

La 'Lista falciani' de defraudadores... los Botín a la cabeza, con 2.000 millones de euros

"La familia Botín no sólo tenía su fortuna oculta en el HSBC de Suiza (unos 2.000 millones, según las estimaciones más precisas), sino que utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quién estaba detrás de sus cuentas. 
Así se desprende de la documentación de la famosa 'lista Falciani' a la que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y cuyo contenido completo publicará en exclusiva en España a partir del lunes.
 A pesar de esta clara voluntad de ocultación, ni Hacienda ni el juez Fernando Andreu consideraron que existiera delito fiscal después de que los Botín regularizaran su situación con el pago de 211 millones.

Esta lista es una relación de clientes con cuentas opacas en el HSBC que Hervé Falciani, entonces empleado del banco británico en Ginebra, grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009. 
Las autoridades galas, a su vez, reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de nuestro país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales (hay muchas cuentas inactivas o vacías) a los que ha tenido acceso esta investigación internacional. El Confidencial publicará a partir de mañana los nombres más destacados de los españoles que aparecen en esta lista.

La familia Botín -los hermanos Emilio y Jaime, así como todos sus hijos, entre ellos la actual presidenta del Santander, Ana Patricia- era el único apellido ilustre presente en la lista conocido hasta la fecha. El escándalo salió a la luz cuando el juez Andreu de la Audiencia Nacional (el mismo que instruye ahora el 'caso Bankia') imputó a todo el clan en junio de 2011 pese a que ya habían abonado los 211 millones para cubrir el dinero defraudado y pensaban que con eso ya quedaba regularizada su situación.
 Sin embargo, la Agencia Tributaria no tenía claro si esa cantidad era correcta, por lo que dio traslado a la Audiencia, y el magistrado a su vez abrió una investigación para averiguarlo.

Esta inseguridad de Hacienda se derivaba de "la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades de diversa índole...etc.), creadas al socaire de los hechos ahora regularizados, el no fácil seguimiento de éstas a lo largo del tiempo así como de los distintos activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el elevado número de contribuyentes comprendidos en las actuaciones", como señalaron en su día los informes de la Inspección de Hacienda citados en sus autos por Andreu.

En efecto, la documentación aportada por Falciani demuestra que los Botín utilizaron una verdadera telaraña de sociedades para esconder al máximo quién era el propietario real del dinero, la mayoría de las cuales están domiciliadas en los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Virgenes Británicas del Caribe (concretamente la isla de Tórtola), que a su vez figuran a nombre de numerosos testaferros.

La sociedad más importante del entramado se llamaba North Star y es a nombre de quien figuraban los cinco números de cuenta que los autos del juez Andreu atribuyen a Emilio Botín, fallecido el pasado mes de septiembre. Esta firma estaba domiciliada en Panamá -aunque tiene varias direcciones en Suiza- y fue disuelta el 19 de mayo de 2011, es decir, un mes antes de la imputación de la familia. 
Detrás de esta firma hay varias sociedades más domiciliadas en ese país que pertenecían al citado Emilio y a su hermano Jaime. Según fuentes conocedoras de la situación, la opacidad de Panamá permitía a la familia jugar con la compraventa de acciones del propio Santander.

Uno de los testaferros de North Star, Jonathan James Low, estaba detrás de más de 20 sociedades domiciliadas en diferentes paraísos fiscales, la mayoría en la citada Tórtola. Asimismo, existen varios trustees (depositarios) que también poseen sociedades en las Islas Vírgenes. Entre ellos destaca Swissindependent Trustee, del que cuelgan los holdings Cilantro Holdings y Camelia Finance, que a su vez vuelven a estar relacionadas con el citado Low.

La familia adujo entonces que ese patrimonio procedía del dinero que sacó de España el padre de Emilio y Jaime, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, en la Guerra Civil cuando fue destituido de sus cargos en la entidad financiera, que había sido intervenida. Es de suponer que este dinero cambió en varias ocasiones de entidad, puesto que la primera cuenta relacionada con los Botín en el HSBC se abrió en 1986, según la documentación consultada.

Todo este entramado tenía la evidente intención de dificultar al máximo descubrir la procedencia del dinero, lo cual, unido a la cantidad defraudada, podría haber sido constitutivo de delito fiscal (esta figura requiere superar 120.000 euros de cuota al año y la existencia de una "conducta intencional y deliberadamente dirigida a defraudar el pago"). 
Sin embargo, en un auto de 22 de mayo de 2012, Andreu decretó el archivo de la querella contra la familia Botín, al considerar que los banqueros habían pagado las deudas que tenían pendientes con los 211 millones y que dicha regularización "ha pretendido, en base a la documentación acreditativa de los hechos de la que han dispuesto, adecuarse en todo momento razonablemente a lo establecido en la normativa", según el peritaje realizado por los propios inspectores de Hacienda.

Para este archivo, aduce la excusa absolutoria del art 305.4 del Código Penal: "Dicho precepto establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas (...), antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización". 
En el caso de la lista Falciani, Hacienda tomó la decisión -muy polémica en su momento- de tramitar estos impagos mediante un requerimiento de la unidad de regulación en vez de mediante la inspección, con lo que no se habían iniciado las actuaciones a las que alude el juez y, por tanto, los Botín podían librarse del delito.

El propio Andreu dejaba claro que eso no significaba que los Botín no hubieran cometido un delito ni que hubieran regularizado por arrepentimiento: "La Ley no juzga comportamientos morales ni la aplicación de la excusa está en función de móviles altruistas".
 Y añade que "se trata de una causa de exención de la responsabilidad criminal ajena al contenido de injusto y, probablemente también, de culpabilidad del hecho. Afecta exclusivamente al elemento de la punibilidad, excluyéndola por razones eminentemente políticocriminales: la reparación (post-delictum) del perjuicio irrogado mediante el pago de las deudas exigibles eludidas".

Dentro de este entramado se encontraba el famoso 8% de Bankinter que tenía Jaime Botín y que tuvo que aflorar cuando regularizó la situación con el fisco. Ocultar tamaño porcentaje de una cotizada se considera falta muy grave, por lo que la CNMV le impuso la mayor multa de su historia: 700.000 euros. 
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha anulado dicha sanción porque la lentitud de Economía y CNMV hizo que se superase el plazo legal para tramitarla. El supervisor del mercado ha anunciado que puede volver a multarle, pero de momento no lo ha hecho." (El Confidencial, 08/02/2015)

10.12.14

“Goldman cobraba por guardarle el maletín al Santander”

"(...) A finales de 2011, Carmen Segarra fue contratada por la Fed de Nueva York como integrante de una nueva ola de auditores bancarios independientes para examinar las interioridades de los megabancos.

Y siete meses más tarde, era despedida por diferencias con sus superiores sobre su informe negativo de Goldman Sachs, que ha generado un pleito pendiente del tribunal de apelación.
Pero antes, al encontrarse con unas relaciones promiscuas entre el supervisor bancario y los grandes bancos, Segarra había adquirido una pequeña grabadora con la que había grabado en secreto sus conversaciones profesionales como auditora, que ahora se han hecho públicas. (...)

Uno de los relatos en las grabaciones referidas concierne a la crisis bancaria europea y concretamente a la gran banca española. El viernes 6 de enero de 2012 a las 3:54 de la tarde, un alto funcionario de Goldman Sachs envió un correo electrónico a los reguladores de la Fed in situ – entre estos Segarra -  para notificarles algunos pormenores de una transacción en rápido movimiento con un gran banco español, el Banco Santander.

Aunque los reguladores españoles habían autorizado ya el acuerdo, Goldman lo notificaba a sus propios reguladores estadounidenses para ver si tenían alguna objeción o querían alguna aclaración.
En ese momento, los bancos europeos se tambaleaban, particularmente los españoles (contrariamente a lo que se informaba oficialmente entonces en España). Para apuntalar la confianza en el sistema, la Autoridad Bancaria Europea exigía que los bancos se dotaran de más capital propio para compensar posibles pérdidas futuras. El cumplimiento de estos requisitos de capital estaba en el corazón de la operación Goldman-Santander.
Conforme al acuerdo aprobado por las autoridades españolas, el Banco Santander transfirió parte de las acciones que poseía en su filial brasileña a Goldman Sachs, reduciendo así efectivamente la cantidad de capital necesario del banco español para cumplir la normativa recién establecida por el Gobierno español.
 A cambio de una comisión del Banco Santander, Goldman mantendría las acciones durante unos pocos años y luego las devolvería. El acuerdo permitía al Santander proclamar que había alcanzado el ratio de capital requerido, seis meses antes de la fecha límite.
Para Goldman Sachs la tarifa a percibir fue de 40 millones de dólares más los cientos de millones que potencialmente podría ganar negociando con el gran número de acciones que Goldman tendría a su disposición. 
Los expertos de la Fed, según el informe, reconocen que la operación era “perfectamente legal” pero obviamente ayudaba al Banco Santander para aparecer más sólido de lo que estaba en aquellos momentos.
Según el referido informe, el Banco Santander y Goldman Sachs se negaron a responder a preguntas detalladas sobre el acuerdo alcanzado. Y al escuchar las grabaciones de Segarra, un alto funcionario de la Fed de Nueva York comentó que era como que “Goldman cobraba por guardarle el maletín al Santander”.-"             (La Europa opaca de las finanzas, 07/10/2014)

15.9.14

Botín: lince de la usura con la pasta en Suiza

"Vaya por delante que absolutamente todas las voces que aparecen en este artículo han comenzado su relato mostrando su pésame a la familia de Emilio Botín. En la igualdad que reparte la muerte, todos han deseado un plácido descanso para el banquero.

 Otra cosa es el aspecto terrenal, lo que Botín hizo en vida y el legado que deja y en esto activistas y movimientos sociales, como la PAH, Juventud Sin Futuro o Democracia Real Ya y partidos políticos, como Podemos, ni olvidan ni perdonan.

“Es una pena que [Emilio Botín] haya fallecido sin haber sido juzgado y sin que miles de personas hayan podido obtener justicia frente a lo que creemos que ha sido la gran estafa de este país: las hipotecas basura, y donde el Santander tiene un papel destacado como el cuarto banco en desahucios y ejecuciones hipotecarias”, denuncia en declaraciones a cuartopoder.es Lucía, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quien recuerda que en 2013 la Plataforma se querelló contra el banquero y que la “causa sigue adelante” aunque ahora ya no habrá a quien poder juzgar.

En la misma línea que la PAH, se expresa Kike Castelló como portavoz de Democracia Real Ya. Centro de muchas de las críticas durante las manifestaciones convocadas por el movimiento 15M, Castelló considera “una pena” el fallecimiento de Botín porque hubiese sido mejor poder verlo ante la Justicia “rindiendo cuentas por los dos millones de euros que tenía en Suiza, por desahucios, por los preferentes, por los bonos basura…”.

 “Estos días, como de rebote, nos hemos enterado de que hace apenas unos días se reunía en secreto con Rajoy. ¿Qué hace el dueño de un banco reuniéndose con un presidente a escondidas?”, se pregunta Castelló, que asegura que el propio banquero fue uno de los valedores de la última etapa de Zapatero en el Gobierno.

El partido político Podemos, de boca de Iñigo Errejón, señala a cuartopoder.es que las alabanzas y elogios que está recibiendo Emilio Botín el día de su fallecimiento  son “una demostración más de dónde está el poder político en España”.

 “No está en lugares ni en personas elegidas por los ciudadanos sino en minorías privilegiadas que se pasan el poder de manera hereditaria”, denuncia Errejón, que afirma que “estos privilegiados” ejercen su poder “con independencia de lo que digan sus ciudadanos en las urnas”.

Asimismo, el director de campaña de Podemos considera que “no se puede utilizar la muerte para convertir a una persona en alguien distinto de lo que era”. “Es sorprendente que ninguno de los responsables públicos diga que se ha muerto un español del que se demostró que escondía al resto de españoles miles de millones en Suiza para no contribuir con sus impuestos a la creación de hospitales, escuelas o carreteras. Nadie dice nada de los desahucios, bancos… Eso no existe”, señala Errejón.

Más sorprendente que las críticas de estos colectivos al banquero ha sido la reacción de la gran mayoría de la prensa nacional. Alabanzas, elogios y homenajes hacia el banquero más poderoso de la España democrática y prácticamente ninguna crítica hacia el descalabro financiero que está sufriendo España.

 En este sentido, Pablo Padilla, portavoz de Juventud Sin Futuro, ha señalado en declaraciones a este medio que “quien se lleva dinero a un paraíso fiscal no puede ser un patriota”, en referencia a las palabras de Rajoy, que había destacado la contribución del banquero a la ‘Marca España’.

“Tantas alabanzas son reflejo del poder político que acumuló Botín que, sin ser refrendado por nadie, logró que el PSOE indultara a su mano derecha, ha dado pie a una doctrina con su nombre que evitó que pisara un juzgado por fraude fiscal y controla gran parte de los medios de comunicación”, denuncia Padilla.

El control que Botín ejercía en gran parte de los medios de comunicación españoles a través de préstamos y publicidad es también denunciado por la PAH y DRY. En este sentido, Kike Castelló califica de “lamentable” la reacción de la prensa pero considera “comprensible” el nivel de elogios recibidos por el banquero debido “a la cantidad de dinero que se gasta el Santander en comprar opinión”. “Se dice que es de bien nacido ser agradecido y los medios lo están siendo”, completa Castelló.

La PAH hace extensible la crítica a los dos principales partidos en España, PP y PSOE, y al doble rasero de la gestión de Botín. “Mientras que es el cuarto banco español que más familias desahucia, el Santander ha perdonado deuda a PP y PSOE antes de la Ley de Transparencia. Es normal que reciba esos elogios de los partidos mayoritarios”, sentencia la PAH."            (Alejandro Torrús, Cuarto Poder, 11/09/2014)


"El presidente del Banco Santander, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Rios, ha muerto en Madrid a los 79 años por una ataque al corazón. 

La dirección de la entidad nombrará hoy mismo, 10 de septiembre, a su hija, Ana Patricia Botín, como nueva presidenta. La noticia fue conocida a primera hora de la mañana en el Congreso, que celebraba sesión de control al Gobierno, y provocó reacciones de pésame de los dirigentes políticos.

El tercer banquero de la saga de los Botín (Biografía oficial) desaparece cuando la justicia investiga la presunta implicación de la entidad en la trama de blanqueo de más de 2.000 millones de euros atribuida al hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, a través de operaciones inmobiliarias entre las que figura la compra de la Ciudad Financiera que el banco posee en Boadilla del Monte (Madrid), un complejo que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo mucho interés en visitar antes de abandonar la presidencia del Gobierno.

 Hace dos años, Botín y sus hijos regularizaron sus cuentas secretas en Suiza y pagaron 200 millones de euros a Hacienda por la fortuna no declarada entre 2005 y 2010, lo que supuso el archivo de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional.

Botín iba a cumplir 28 años de presidente del Santander. Sucedió a su padre –quien había sucedido a su abuelo al frente de la entidad– en octubre de 1986, cuando tenía 52 años. Si don Emilio fue considerado el penúltimo gran banquero de la famosa aristocracia del dinero y Luis Valls Taberner le bautizó como Botin el Grande, el hijo rompió enseguida el pacto tácito reinante en las relaciones de los siete grandes y desató la guerra por la captura del pasivo. (...)

Él no tenía amigos políticos, pero se llevó bien con todos los presidentes de Gobierno y de algunos, como José María Aznar López, que enriqueció a sus amigos con las privatizaciones, las famosas stock options sobre empresas públicas saneadas y muy rentables, realizó tales elogios que el entonces inquilino de la Moncloa no sabía cómo compensarle. 

 Conocedor de que admiraba el arte románico, le regaló una talla que, a su vez, había sido adquirida por el anticuario y amigo Félix Pastor Ridruejo. Botín le dio las gracias, pero no por el regalo, sino porque, por fin, aparecía la talla que le robaron años atrás del palacete de Santander."                (Luís Díez, Cuarto Poder, 10/09/2014)

11.9.14

Botín ha sido el paradigma de banquero causante de daños y de una crisis descomunal que sale de rositas de cualquier cosa que haga

"El fallecimiento de cualquier ser humano es causa de dolor, sea quien sea, y cuando ha muerto Emilio Botín lo primero es manifestar sinceramente el pesar a su familia, hijos y allegados. Pero eso no puede quitar, tratándose de una figura tan relevante como él, que surjan al mismo tiempo otras reflexiones sobre su trayectoria como banquero. 

Es difícil olvidarse de que Botín refleja mejor que nadie en España el poder de una casta que actúa por encima del bien y del mal y que decide sobre los demás como si nada más que sus propios intereses fuese lo que hay que tener en cuenta.

Hasta en cuestiones aparentemente baladís, como las del protocolo, quiso imponer siempre Botín su impronta y privilegios para saciar su sed de poder y, a la postre, de dinero. Lo saben bien presidentes, ministros, rectores, magistrados, y hasta el propio rey. 

Su gabinete se encargaba manu militari de que el banquero compareciese siempre por encima de los demás aunque fuese ensombreciendo a quienes por rango y representación estaban muy por encima de él. Aquella foto junto a la Virgen del Pilar imponiendo un manto con el logo de su banco también lo dice todo.

¿Qué ocurriría si los españoles de a pie supieran con pelos y señales de dónde ha salido su fortuna y la de su banco, lo que Botín orquestó para acumular bancos, empresas, inmobiliarias, y para comprar a personas y políticos a su servicio? ¿Cómo reaccionaría si se enterasen de lo que hizo para quedarse con Banesto o cómo engañó a miles de personas con las cesiones de crédito? 

Botín ha sido el paradigma de banquero causante de daños y de una crisis descomunal que sale de rositas de cualquier cosa que haga como muestra de que el poder es él y lo que representa, por encima de cualquier otra institución representativa.

 Ha sido la muestra palpable de que el sistema financiero actual y el capitalismo en general son cada vez más, o quizá ya definitivamente, incompatibles con la democracia y con la división de poderes. 

Con el tiempo se supo que la entonces secretaria de Justicia y más tarde todopoderosa vicepresidenta del gobierno y hoy miembro del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, dio órdenes a la fiscalía para que no se actuara contra él y de él dijo el Tribunal Supremo que "su actuación transgrede la ética y repugna socialmente", lo que al fin y al cabo es lo peor que puede decirse de uno.

 Y, desde luego, sin que nadie haya sido capaz de condenarlo por ese tipo de cosas que no tienen efectos simplemente estéticos o morales, sino económicos y patrimoniales muy graves para millones de seres humanos.

Ahora solo cabe esperar que Emilio Botín descanse en paz pero aquí abajo deja una estela de mal hacer, de impunidad y de crisis provocadas por la avaricia bancaria de los banqueros como él que produce sufrimiento y daño a millones de personas."          (Juan Torres López, Público, 10/09/2014)

10.1.14

La Infanta no será juzgada y su caso quedará sobreseído... gracias a la 'doctrina Botín'. ¿Se pasará al Banco de Santander, en agradecimiento?

 Urdangarin y Cristina de Borbón en la última foto conocida de la pareja, cuando el 26 de octubre acudía al banquete de boda de José Manuel Lara Bosch y Anna Brufau

"La infanta Cristina de Borbón parece estar a punto de ser imputada de nuevo por el juez Castro, esta vez por un delito de blanqueo de capitales, en lugar de tráfico de influencias, después de que se descubriera el contrato ficticio de autoalquiler de su domicilio, el palacete de Pedralbes, a su sociedad patrimonial Aizoon,  en el que tanto la infanta como su marido, Iñaki Urdangarin, firmaron dos veces, como arrendadores y también como arrendatarios.

 Esas firmas, la reforma del palacete, el mobiliario y los gastos particulares de la hija del Monarca, como un safari, cargados a la sociedad, la carta que Urdangarin envió el 7 de marzo de 2007 a su mujer en la que le decía que debía hacer constar en su declaración de patrimonio que las acciones de Aizoon valían 589.000 euros, y la emisión de facturas mensuales del autoalquiler del palacete, hacen pensar que la Infanta sí tuvo una participación “directa y consciente” en Aizoon, sociedad de la que era propietaria al 50% con su marido.

Sin embargo, y aunque Cristina de Borbón sea citada a declarar en calidad de imputada por el juzgado de Palma de Mallorca, no será juzgada y su caso quedará sobreseído. Increíble pero cierto.

Es decir, que previsiblemente la hija del Rey sufrirá la incomodidad de tener que desfilar por la cuesta de los imputados del juzgado de Palma y tendrá que dar unas explicaciones sobre su comportamiento y gastos que no tendrán ninguna relevancia, puesto quen aunque el juez Castro considere que ha cometido delito, Cristina de Borbón, tal y como están las cosas, no necesitará ni siquiera mentir para que el caso se archive contra ella.

¿Cómo es posible —se preguntarán ustedes, queridos lectores—, que alguien al que el juez instructor considera responsable de un delito ni siquiera tenga que sentarse en el banquillo de los acusados?

Pues verán, se trata de una peculiaridad del sistema judicial español conocida como doctrina Botín, porque fue al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, al primero que se le aplicó. Seguro que ya no lo recuerdan, pero el propio Botín y otros cuatro directivos del Santander estuvieron imputados por numerosos delitos fiscales como consecuencia de la comercialización por el banco de las denominadas cesiones de crédito.

 La juez instructora, Teresa Palacios, apreció en 2004 que los hechos imputables a Botín y los otros responsables de la entidad, eran “constitutivos de 138 delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción (…) así como del delito de falsedad continuada en documento oficial”. (...)

Sin embargo, aunque la acusación popular solicitaba penas de seis años de cárcel por cada uno de los 138 delitos para el banquero, el fiscal entendía que la actuación de Botín no era delito y solicitaba del juez el archivo del proceso.

La peculiaridad del caso estribaba en que ninguno de los delitos estaba castigado con una pena superior a 9 años, por lo que el proceso tenía que tramitarse por el procedimiento abreviado en lugar del procedimiento ordinario.

 Y el abogado de Botín, el catedrático Horacio Oliva, planteó que en el procedimiento abreviado no se puede llevar a juicio y condenar a un imputado solo con la acción popular, ya que es necesario que acuse el fiscal y/o una acusación particular (perjudicado directo).
 
El letrado afirmó que en el artículo 782 de la ley de Enjuiciamiento Criminal se hacía constar expresamente que si el Fiscal y el acusador particular pedían el archivo del proceso, el juez tenía que acordarlo.

 Como en este artículo no se mencionaba a la acusación popular, el abogado interpretaba que el legislador había querido limitar la acción de determinados querellantes que sin ser directos perjudicados utilizaban la ley para atacar a rivales empresariales o políticos, en una modalidad que habían popularizado Christian Jiménez, del Partido Popular, y sobre todo, José María Ruiz-Mateos.

Nadie había reparado en años en esa interpretación, pero hizo fortuna y el Supremo absolvió a Botín, en lo que desde entonces se conoce como doctrina Botín.

No se tiene noticia de que se haya aplicado a nadie más desde entonces, pero está más que claro que la Infanta es la próxima destinataria, porque, salvo cataclismo, ni la Fiscalía —con una miopía considerable­— ni las acusaciones particulares que ejercen los Ejecutivos de Baleares y de la Comunidad Valenciana van a formular acusación contra lahija pequeña del Rey. (...)"            (José Yoldi, Cuarto Poder, 11/11/2013)

19.6.11

El juez investiga si Botín regularizó del todo sus cuentas opacas en Suiza

"El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción para investigar si el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, expresidente de Bankinter, y los 10 hijos de ambos, entre ellos Ana Patricia Botín, han regularizado por completo sus cuentas opacas en el HSBC Private Bank Suisse.

Anticorrupción ha presentado la denuncia para investigar posibles delitos presuntamente cometidos durante los ejercicios de 2005 a 2009 y, en su caso, por falsedad documental como medio para cometer aquellos. (...)

Ya en 2010, el fisco español recibió información de la Hacienda francesa de titulares de centenares cuentas del banco HSBC en Suiza, datos que fueron supuestamente sustraídos por un empleado. Hacienda instó la regularización a todos los titulares. (...)

El juez Andreu ha designado a dos peritos de la delegación central de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria para que determinen si la regularización es correcta o no. La familia Botín afirma que ha facilitado desde julio de 2010 a la Administración Tributaria toda la información y documentación necesaria para comprobar la regularidad de las liquidaciones efectuadas.

Según la información facilitada por la AEAT al Congreso de los Diputados, de un total de 659 cuentas, únicamente 293 hicieron regularización con declaraciones complementarias, de las que resultó una recaudación total de 260 millones de euros.

De este proceso, la AEAT ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y 7 han sido enviados a la Fiscalía. Este era el balance a 11 de mayo." (El País, 17/06/2011, p. 22)