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11.3.22

En base a información interna desclasificada por las propias empresas, se han destapado manipulaciones en estudios de gran trascendencia en el ámbito cardiovascular y dental... En particular, cuando las muertes por enfermedades del corazón se dispararon en los años cincuenta, se animó públicamente a los americanos de mediana edad que adoptasen dietas bajas en grasas pero altas en azúcares para “mantener su ritmo de actividad diaria”... Posteriormente, magnates de la industria del azúcar pagaron en repetidas ocasiones a científicos de relieve para que minimizaran el vínculo existente entre el azúcar y alteraciones cardiovasculares

 "Llamamos “mala praxis” a actos que, bajo estricta responsabilidad profesional, se realizan aún a sabiendas de ser fraudulentos o negligentes. Dichas prácticas afectan a áreas tan importantes como la medicina, la abogacía, la contabilidad pública y la economía. En el caso de las negligencias médicas pueden llegar a causar daños graves en un paciente, mientras que en el ámbito científico pueden sembrar dudas razonables sobre los avances conseguidos.

Con el objetivo de eliminar suspicacias, los investigadores están obligados a detallar sus fuentes de financiación, además de indicar si existe algún tipo de conflicto de interés con respecto a los resultados de su trabajo. Entendiendo como conflicto de interés el conjunto de circunstancias que crea un riesgo de que un juicio o una acción profesional sea influida indebidamente por un interés secundario.

Este compromiso debe ser incluso mayor en caso de que los estudios hayan disfrutado de capital privado para hacer frente, como suele ser habitual, a los elevados costes y utilizar tecnología y equipamientos complejos.

De este modo, aunque es totalmente lícito que se reciba dinero u honorarios de, por ejemplo, una empresa farmacéutica interesada en algún producto o aspecto relacionado con la investigación, se debe señalar toda relación existente. Hacerlo salvaguarda la honorabilidad y objetividad de los autores del estudio. Además de que se preserva la integridad científica y el valor o impacto de la investigación.

No obstante, esta norma no siempre se sigue. Es bien conocido que la industria del azúcar desvió deliberadamente durante años el foco de atención sobre los efectos de ciertos elementos de la dieta en el desarrollo de las enfermedades del corazón. Otras investigaciones interesadas retrasaron el establecimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las recomendaciones contra la caries dental que hoy en día nadie pone en duda.

Estos casos muestran cómo algunas poderosas industrias o lobbies corporativos protegen sus intereses frente a investigaciones “neutrales” potencialmente contrarias. Sin pudor a favorecer la construcción y difusión de mensajes favorables pero engañosos. Y probablemente éstos sean sólo la punta del iceberg.

El sonado caso del azúcar

En base a información interna desclasificada por las propias empresas, se han destapado manipulaciones en estudios de gran trascendencia en el ámbito cardiovascular y dental.

En particular, cuando las muertes por enfermedades del corazón se dispararon en los años cincuenta, se animó públicamente a los americanos de mediana edad que adoptasen dietas bajas en grasas pero altas en azúcares para “mantener su ritmo de actividad diaria”.

Posteriormente, magnates de la industria del azúcar pagaron en repetidas ocasiones a científicos de relieve para que minimizaran el vínculo existente entre el azúcar y alteraciones cardiovasculares. Además de animarles a señalar a la grasa saturada como único culpable.

Las conclusiones de esta investigación, llevada a cabo por expertos de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), fueron publicadas en 2016 en la revista de Medicina Interna de JAMA. Los principales periódicos estadounidenses, entre ellos The New York Times, se hicieron eco de los hallazgos.

Según se desprende de estos artículos, la estrategia consiguió desviar la discusión sobre el azúcar y sus efectos adversos durante décadas. Es más, los documentos que salieron a la luz pusieron de relieve que una asociación supuestamente dedicada a la educación e investigación científica llamada Sugar Research Foundation, conocida hoy como Sugar Association, apoyó financieramente y en secreto a tres científicos de Harvard para que publicasen en agosto de 1967 un artículo de revisión sobre investigaciones relacionadas con el efecto del azúcar y las grasas sobre las enfermedades cardíacas. 

Con el sugerente título Grasas dietéticas, hidratos de carbono y enfermedad vascular aterosclerótica, los autores habían seleccionado en su revisión solo estudios favorables al azúcar, rebajando descaradamente el vínculo entre un consumo exagerado de azúcar y el deterioro de la salud cardiovascular.

Han pasado muchos años de estos sucesos y tanto los autores de la publicación como los ejecutivos que les financiaron han fallecido. Pero es bueno recordar que uno de ellos, Mark Heisted, se convirtió años después en el jefe de nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ayudó a redactar las pautas alimentarias del Gobierno Federal. Otro de los autores en discordia, Frederick J. Stare, fue recompensado con el puesto de jefe del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard.

El azúcar no causa caries

En marzo de 2015, nuevas investigaciones de la UCSF destaparon otro caso de tráfico de influencias en relación con las recomendaciones oficiales dictadas por el NIDR (siglas de National Institute for Dental Research), que en 1971 lanzó el Programa Nacional contra la Caries.

Las pesquisas de la UCSF se centraron en una serie de artículos financiados por la industria azucarera de caña y remolacha entre 1959 y 1971. Las conclusiones de la UCSF, firmadas entre otros por Cristin E. Kearns y Stanton A. Glantz, resultaron categóricas: la industria de este sector sabía que el azúcar causaba caries dentales tan pronto como en 1950 e intentó repetidamente negar esta evidencia.

Así, mediante ciertas actividades de índole comercial poco transparente, se adoptó un plan que logró desviar la atención a ciertas intervenciones en salud que podrían tender a reducir el consumo de azúcar, en lugar de contribuir a restringir sus efectos nocivos.

En consecuencia, el NCP puede considerarse como otra oportunidad perdida en cuanto a su objetivo de promover la salud dental debido a una total alineación de las agendas de investigación propias o contratadas por el NIDR y las financiadas directamente por la poderosa industria azucarera.

Resumiendo, es fundamental garantizar que los intereses privados no influyan sobre las políticas de salud pública. Para ello es imprescindible que investigadores, agencias público-privadas y editoriales científicas sigan desarrollando mecanismos de control y transparencia sobre las propuestas de información y recomendaciones oficiales de las agencias como la OMS que velan por la salud de todos."                

( . Profesor asociado Facultad de Medicina, Universitat de Vic, The Observation, 17/02/22)

16.5.19

Dinero de Coca-Cola para desviar investigaciones sobre los efectos de las sodas y otras bebidas azucaradas en la salud

"La firma estadounidense Coca-Cola invirtió ocho millones de euros en Francia para influir en profesionales de la salud y científicos, según una investigación del diario Le Monde. El objetivo era desviar la atención sobre los efectos de las sodas y otras bebidas azucaradas en la salud.

“Desde 2010, Coca-Cola dedicó más de ocho millones de euros a expertos y diversas organizaciones médicas, deportivas y de eventos”, escribió el diario, que asegura que “en Francia y en otras partes, (estas) financiaciones son, en su mayoría, comunicación o puro patrocinio, y no un auténtico trabajo científico”.

Según Le Monde, todo surge de una investigación sobre el lobbying de la multinacional, aparecida en 2015 en The New York Times. Tras el escándalo, la firma promete transparencia y publica en su página web los nombres de los expertos y la lista de actividades que financia en Estados Unidos.

“En Francia, la insistencia de la ONG Foodwatch obliga a Coca-Cola a publicarlas en abril de 2016”. Son estos datos, actualizados desde entonces, que el diario dice haber analizado. “Dietistas, nutricionistas o médicos deportivos: la mayoría de las 18 personas nombradas son profesionales de la salud”, escribe Le Monde.

Las financiaciones de la multinacional, propietaria de Sprite, Fanta o Minute Maid, buscan “hacer olvidar los riesgos vinculados con sus bebidas” azucaradas, poniendo de relieve la falta de actividad física en la cuestión de la obesidad, según el diario.

Además, un estudio de una revista especializada en salud pública,  Journal of Public Health Policy, publicada el 8 de mayo, revela que la firma impone múltiples cláusulas para poder influir en los trabajos científicos que patrocina.

Los autores del estudio, dirigido por Sarah Steele, una profesora de derecho en la sanidad pública en el Jesus College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), pudieron analizar cinco contratos concluidos entre Coca-Cola y prestigiosas universidades de Estados Unidos y Canadá. La firma, resume Steele, “se reserva el derecho de interrumpir los contratos sin motivo”. Y “las cláusulas y condiciones de estos contratos no son coherentes con las declaraciones hechas por Coca-Cola en su página de Internet”.                  (Página12, 10/05/19)

4.1.19

La Asociación Europea de Salud Pública pone en evidencia la influencia de Coca-Cola sobre asociaciones médicas y científicas en España. “Muestra los conflictos de intereses habituales, que son ocultados por los propios autores”

"La Fundación Española de la Nutrición (FEN), a través de investigaciones y actividades, se erige como referente en el estudio, conocimiento y mejora de la nutrición de la población española. Pero a su vez mantiene estrechos vínculos con la industria alimentaria: Nestlé, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo y Telepizza, por ejemplo.

 También colaboran con ella distintas instituciones públicas, como ministerios del Gobierno, universidades y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Asimismo, tiene relación con el lobby Centro de Información Cerveza y Salud (CICS), dedicado a “la investigación sobre los efectos del consumo moderado de cerveza en adultos sanos”.

 ¿Cómo influyen estas colaboraciones en la elaboración de sus investigaciones? Un estudio publicado en la revista de la Asociación Europea de Salud Pública ha tratado de poner en evidencia la influencia de Coca-Cola sobre asociaciones médicas y científicas en España, entre ellas, la Fundación SHE, presidida por el cardiólogo Valentín Fuster. “Muestra los conflictos de intereses habituales, que son ocultados por los propios autores”, explica a La Marea uno de los autores del estudio, Juan Pablo Rey.

Y volvemos a la FEN. A pesar de los múltiples estudios que desmienten el mito de que el vino sea saludable, su defensa por parte de la FEN llega hasta el punto de calificarlo como mejor que el agua, como se puede leer en el artículo El vino y la gastronomía. En este espacio se publicita la bodega Vega Sicilia, promotores de la fundación y parte de su patronato a través de su consejero delegado, Pablo Álvarez Mezquiriz, perteneciente a una de las familias más ricas de España.

Un tratamiento similar recibe la cerveza. Bajo el epígrafe Menús saludables, la FEN y el CICS cuelan recetas elaboradas con un ingrediente común: la cerveza, a la que señalan, junto al agua, como las mejores opciones a la hora de hidratarse durante la comida. Esta no ha sido la única vez que ambas instituciones han trabajado conjuntamente. 

En 2016, en el marco de la presentación del estudio El valor nutricional del aperitivo: las tapas y la cerveza, el director general de la fundación, José Manuel Ávila Torres, aseguró lo siguiente: “Puede ser una bebida saludable para acompañar el aperitivo por su especial interés nutricional [por lo que] no hay mejor forma de evitar el alcoholismo que fomentar el consumo moderado”. Ávila es también concejal por el PP de Obras, Urbanismo, Salud y Bienestar en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en la Comunidad de Madrid.

 

Supeditado al interés empresarial


El patronato de la Fundación Española de la Nutrición está formado por 34 personas –28 hombres y seis mujeres–, que aprueban las actividades, el presupuesto y la memoria anual. En su mayoría, proceden del sector alimentario y de la política.

Uno de los vocales es John Alves, director general de McDonald’s España. La cadena de comida rápida, conocida por ofrecer alimentos nutricionalmente poco saludables, busca constantemente mejorar su imagen y, entre otras técnicas, organiza visitas guiadas a sus restaurantes, como publicó PlayGround.

 Telepizza anuncia en su página web que es parte de la FEN y anima a los colegios a acudir a sus centros para “aprender desde bien pequeños la importancia que tiene llevar una vida sana”, proclama. El jefe de Márketing y Operaciones de Telepizza, Fernando Frauca Amorena, es también integrante del patronato de la fundación.

Otra persona destacada, muy activa en difundir las ventajas de su empresa, es Rafael Urrialde de Andrés, subdirector del Área de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberian Division.

Ocupa, tanto en el patronato como en la comisión ejecutiva, el puesto de secretario, además de ser vocal en el comité científico de la fundación. Es habitual verle participando en todo tipo de charlas, congresos y jornadas nutricionales defendiendo las propiedades de sus refrescos.

 Anteriormente, Urrialde de Andrés fue jefe de Márketing, Salud y Seguridad Alimentaria de Puleva, empresa que también trabaja junto a la fundación. En mayo de 2016, la FEN publicó un informe titulado La leche como vehículo de salud, editado con la colaboración de Puleva. El actual responsable del departamento de I+D de la empresa láctea es Federico Lara Villoslada, vocal en el patronato de la fundación.

PepsiCo tiene en el patronato a Marta Puyuelo, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de la multinacional. La lista continúa con Alberto Vega Pascual, de la Unidad de Relaciones Instituciones de Nestlé, que está presente tanto en el patronato como en la comisión ejecutiva. En el Programa Escolar Nestlé de Educación en Nutrición: Manual del profesorado, elaborado en colaboración con la FEN y otros organismos, se anima a los más pequeños y pequeñas a desayunar cereales y galletas “de vez en cuando”.

Según los últimos datos (2015-17) de la iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en España, la obesidad infantil afecta a uno de cada cinco menores, cifras que se han duplicado en las últimas dos décadas. Miguel Ángel Royo, jefe del Área de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, confirmó esta tendencia durante la presentación de la campaña Defiéndeme: “El 30-40% de los niños tiene sobrepeso, y uno de cada tres tiene obesidad” debido “a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, que son los que se publicitan” constantemente en televisión.

 Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, denuncia los oscuros lazos que se mantienen en este sector a través del informe Confiad en mí, que refleja la innumerable cantidad de organismos que, si bien en sus inicios se postularon como defensores de hábitos saludables en la alimentación, en algún momento han acabado por convertirse en lobbies a merced de la industria alimentaria.

 

Opacidad financiera


Existe mucha reticencia de las empresas a reflejar cuánto invierten en este negocio. Coca-Cola es una de las que sí opta por mostrar sus vínculos con estas organizaciones, aunque, según Juan Pablo Rey, la lista de donaciones “no es tan transparente” como se muestra en su web. De ahí sacaron la veintena de publicaciones que han analizado en su estudio, de las que 14, sostiene, están alineadas “con las tácticas de márketing usadas por la industria”. 

 En el caso de la FEN, destinó 567.000 euros durante el periodo 2010-2017, en su mayoría para costear congresos o para abonar los pagos de la cuota anual de colaboración, según los datos recogidos en su página web. Esas donaciones se tornan también en becas para proyectos como ANIBES, un estudio para determinar los datos antropométricos, la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, así como la práctica de actividad física, los datos socioeconómicos y estilos de vida de la población. 

Cuenta, a pesar del posible conflicto de intereses, con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad de Madrid. Entre las investigaciones de ANIBES destaca una firmada por el propio fundador y presidente de la Fundación Española de la Nutrición, Gregorio Varela Moreiras, y por la directora de proyectos, Emma Ruiz Moreno. Este estudio, financiado por Coca-Cola, se ha encargado de analizar la ingesta diaria de azúcares de los españoles, y apunta a que se consumen menos hidratos de carbono de los recomendados.

Coca-Cola también mantiene relación con la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), cuyo secretario técnico es el director de la FEN y concejal del PP, José Manuel Ávila Torres. Una de las dos vicepresidentas, María Marcela González Gross, doctora en Farmacia, ha publicado para Coca-Cola 100 consejos para practicar actividad física diaria.

 Además, ha impartido cursos sobre educación nutricional en la actividad física, patrocinados por la compañía de bebidas. En cuanto a Concepción Aguilera García, vicepresidenta segunda de la SEÑ, ejerce como profesora de un Máster Propio en Alimentación, Ejercicio y Deporte para la Salud, impartido por la Universidad de Granada, que tiene entre sus colaboradoras a Coca-Cola. Rafael Urrialde, subdirector del Área de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola Iberia, es parte del profesorado.

La tesorera de la SEÑ, Ascensión Marcos Sánchez, doctora en Farmacia y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), entidad con múltiples vínculos colaborativos con la industria alimentaria, participa habitualmente en eventos sobre nutrición, como la Jornada sobre los Avances en Nutrición y su impacto sanitario y social que acogió la Universidad Complutense de Madrid. Entre los participantes, Urrialde, de Coca-Cola, habló sobre la Evolución en la oferta de bebidas no alcohólicas en los últimos 25 años, reducción de azúcar como nutriente crítico. 

Dicha jornada estaba patrocinada, además, por: Campofrío HealthCare, Central Lechera Asturiana, Centro de Información Cerveza y Salud (el lobby cervecero), Coca-Cola Iberia, Danone, Instituto de Estudios del Huevo y el Instituto Puleva de Nutrición. A ello se suman los congresos anuales que organiza la Sociedad Española de Nutrición. 

El último, celebrado el pasado junio, estaba patrocinado por Coca-Cola, Nestlé, Unilever y Danone, entre otras. Todas participaron posteriormente en la mesa redonda Las empresas por una alimentación 5S –saludable, segura, satisfactoria, sostenible, social–. Frente a estas prácticas, Rey apuesta por “crear agencias de investigación más independientes” para, de ese modo, poder “garantizar la integridad científica”.

 

Polémicas con la asociación de Pediatría


En el punto de mira también se encuentra la Asociación Española de Pediatría (AEP), que afronta varias polémicas sobre sus modos de actuación. Una de ellas afectó a las galletas Dinosaurus. Aunque desde la asociación quisieron aclarar que no “concede avales a ningún producto y cualquier alegación en este sentido por parte de una empresa es falsa”, la relación de ambas es continuada. 

Juntos han llegado a convocar una beca para un proyecto sobre nutrición pediátrica, que solo cuenta con una edición hasta el momento. Estas galletas han estado presentes también durante los congresos que organiza la AEP ofreciendo “desayunos saludables a los asistentes”.

 Además, como se puede observar en la web de Adam Foods –multinacional encargada de comercializar este y otros conocidos ultraprocesados–, sus marcas colaboran desde hace años con la Asociación Española de Pediatría, referencias que ya han sido eliminadas de los sitios webs de TostaRica y Dinosaurus.

 En el caso de estas últimas, llegan hasta las consultas ofreciendo muestras gratuitas a los profesionales médicos. Según figura en su última memoria, la AEP ingresó en 2017 en concepto de donaciones privadas 14.000  euros –en 2014 fueron 51.000–, y más de 150.000 en publicidad. También dispone de una fundación, en la que las donaciones alcanzaron los 157.000.

Otras organizaciones, como la Academia Española de Nutrición y Dietética, también emplearon en tiempos pasados estos modelos de actuación. Sin embargo, en 2017 tomaron la decisión de no renovar los convenios de colaboración con la industria alimentaria y farmacéutica, a la vez que pidió al resto de la comunidad a seguir el mismo ejemplo, mensaje que no ha acabado de calar entre la sociedad científica ni en la industria. 

No obstante, estos acuerdos continúan en sus congresos: “[Los beneficios] procedentes de las aportaciones de la industria se entregan a terceros en un concurso llamado ‘tú eliges, tú decides’”, asegura a La Marea."                 (Eduardo Robaina, La Marea, 28/12/18)

21.11.16

Cómo remuneran los laboratorios farmacéuticos a algunos médicos por unos estudios científicamente discutibles

"Cada año los grandes laboratorios farmacéuticos gastan millones de euros en “estudios observacionales”.

¿Su principio? Remunerar a unos médicos para que transmitan a estos mismos laboratorios datos concernientes a los efectos de los medicamentos prescritos a sus pacientes. Problema: a veces no está clara la frontera entre unos objetivos científicos encomiables y unas prácticas comerciales cuyo objetivo es garantizar que los médicos concernidos prescriban sus producto. Y los intereses económicos que están en juego son colosales.

 La práctica está muy extendida en Alemania, pero también en Francia. La transparencia, mucho menos. ¿Salen ganando los pacientes y la Seguridad Social, que financia las prescripciones? Basta! lo ha investigado.
 
La mayoría de las veces se contacta con los médicos por correo electrónico. Un laboratorio farmacéutico les propone participar en un estudio sobre un medicamento concreto, en general prescribiéndolo, y a continuación observar los efectos del producto y rellenar un cuestionario que más adelante recogerá y analizará el laboratorio. En contrapartida el médico recibe dinero: desde una decena de euros a varios miles por cada paciente incluido en el estudio.

¿Estudios científicos cuyo objetivo es recopilar datos y mejorar los tratamientos? Oficialmente, sí. En la práctica, las cosas son menos evidentes.

 “Estos estudios llamados «observacionales» se emprenden con el pretexto de llevar a cabo una investigación, pero a menudo no dan lugar a publicación alguna que sea revisada por colegas y cuyo interés es cualquiera excepto la salud de las personas”, señala Anne Chailleu, de la asociación Formindep, una asociación para la formación e información médicas independientes. ¿Para qué sirven estos estudios en los que los grandes laboratorios farmacéuticos gastan millones de euros? 

Entre 400 y 1.200 euros por paciente

En febrero Formindep recibió el testimonio de un hepatólogo (especialista en las enfermedades del hígado) de que dos laboratorios habían contactado con él para proponerle hacer estudios observacionales sobre el tratamiento de la hepatitis C. 

A cambio de prescribir sus medicamentos y de rellenar un cuaderno de observación de los pacientes este médico hubiera podido recibir entre 400 y 1.200 euros (según el laboratorio) por paciente incluido en el estudio, con un límite de diez pacientes. Algo con lo que asegurarse un buen ingreso extra.

En Alemania la página web de información Correctiv reveló el pasado mes de marzo las astronómicas cantidades que los laboratorios farmacéuticos pagan a los médicos del país por unos estudios de observación de medicamentos que ya están en el mercado, algunos desde hace decenas de años [ 1 ]. Así, la empresa farmacéutica francesa Servier, que está en la lista negra por el escándalo del [medicamento] Mediator*, repartió millones de euros a los médicos alemanes [ 2 ]. 

Servier llevó a cabo un estudio respecto a su medicamento para el corazón Procoralan, en venta al otro lado del Rhin desde 2006, sobre 13.250 pacientes alemanes y pagó por ello 190 euros por paciente observado, esto es, un total de más de 2,5 millones de euros. Sin embargo, este medicamento provocaba importantes efectos secundarios, como problemas cardiovasculares en ocasiones mortales [ 3 ].

Lo mismo ocurre con Sanofi. El mayor laboratorio farmacéutico francés realizó en Alemania estudios observacionales de once productos diferentes en el periodo 2009-2014 [ 4 ]. Uno de ellos concernía a un producto destinado a las personas diabéticas, Lantus, en venta desde hace ya quince años. Para “estudiar” sus efectos Sanofi pagó a los médicos hasta 200 euros por paciente por 22.580 pacientes observados, esto es, 3,5 millones de euros en total. 

Un carácter científico discutible
 
En 2014 más de 12.000 médicos alemanes concertados con la Seguridad Social participaron en este tipo de estudio, es decir, un médico concertado de cada diez. Las empresas farmacéuticas distribuyen cada año un total de más de 100 millones de euros a los médicos alemanes por estos estudios observacionales.

¿A cambio de qué aportación científica? La mayoría de los 50 medicamentos más concernidos por estos estudios son preparaciones análogas a medicamentos que ya existen. Y, según señalan los periodistas de Correktiv, muchos son productos cuya eficacia han considerado mediocre las autoridades sanitarias alemanas. 

La filial alemana del laboratorio suizo Roche desembolsó más de 34 millones de euros para estudiar los efectos en más de 17.000 pacientes de un medicamento para tratar la hepatitis C (Pegasys) clasificado por las autoridades sanitarias alemanas como medicamento análogo a un producto ya existente que presentaba una diferencia marginal o inexistente [ 5 ].

 Varios médicos e investigadores preguntados por los periodistas alemanes consideraron que estos estudios observacionales a menudo carecen de fundamento desde el punto de vista científico. 

Poca transparencia en Francia

¿Qué ocurre en Francia? Al contrario que en Alemania, por el momento es imposible tener una visión de conjunto de estas prácticas. Los datos disponibles son muy fragmentarios. La base "Transparence santé", establecida por el Ministerio de Sanidad en 2014 para informar sobre las relaciones de interés entre los industriales del sector farmacéutico y los profesionales, ha censado más de un millar de estudios observacionales llevados a cabo entre 2012 y 2015. 

En ella se encuentran sobre todo decenas de estudios llevados a cabo por los laboratorios Teva (Israel) y Lundbeck (Dinamarca). Pero la base de datos de “Transparence santé” no ofrece información ni sobre los medicamentos concernidos ni sobre el montante de los honorarios ni tampoco sobre la cantidad de pacientes observados. Un fallo que podría remediar la futura ley de sanidad. 

Al ser preguntados por Basta!, en general los laboratorios no se muestran muy dispuestos a expresarse al respecto. Así, el servicio de prensa del grupo Sanofi en Francia nos remite a Sanofi Alemania, una de sus filiales, propietaria del 100 % del capital. El servicio de prensa de Sanofi Alemania no aportó respuesta alguna a la pregunta “¿Para qué sirve un estudio observacional de un producto en venta y prescrito desde hace 25 años?”.

Solo los laboratorios Teva, Abbvie (Estados Unidos) e Ipsen aceptaron responder a nuestras preguntas. Teva hizo estudios observacionales de unos 8.500 pacientes entre 2012 y 2015. ¿Para qué medicamentos? Píldoras anticonceptivas (Leeloo y Zoely), tratamientos contra la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y el cáncer [ 6 ]. 

El portavoz del laboratorio asegura que e stos estudios “ son el objeto de un informe de estudio clínico. Estos últimos se pueden publicar en forma de cartel o de presentación oral durante conferencias científicas nacionales e internacionales ” y de publicaciones científicas . 

“Mejorar la vida de los pacientes” 
 
El laboratorio Abbvie, por su parte, responde punto por punto a nuestras preguntas. Actualmente esta empresa farmacéutica lleva a cabo cuatro estudios observacionales en Francia, uno de los cuales es sobre su medicamento contra la hepatitis C, Viekirax, propuesto al hepatólogo antes citado. Según su director de comunicación, su objetivo es “medir la eficacia y la seguridad del medicamento en "la vida real", mejorar la vida de los pacientes”.

 Se evalúan varios criterios (fatiga, productividad en el trabajo, tolerancia y eficacia del tratamiento) para mejorar, si es necesario, el tratamiento o su posología. Todo ello además de la vigilancia farmacológica ejercida por los médicos que les obliga a rastrear los efectos indeseables que se producen en sus pacientes al hacer un tratamiento. En cierto modo, el estudio observacional sería una estrategia proactiva para mejorar su medicamento.

Pero, al pagar a estos médicos hasta 1.200 euros por paciente incluido en el estudio, ¿el objetivo no es también convencer a estos médicos de que prescriban este medicamento en vez del de la competencia? 

El objetivo de la cantidad pagada solo sería hacerles participar activamente en los estudios, afirma Abbvie. Se justificaría por el trabajo que se les pide: garantizar hasta cuatro visitas médicas al paciente y llenar un cuestionario para recopilar los datos. Un cuestionario que no hemos podido consultar.

“Estos estudios sirven para mantener una relación con los médicos” 
 
La remuneración de los médicos es un verdadero reto para los laboratorios. Algunos de los facultativos que participan en estos estudios consideran incluso que la cantidad es demasiado escasa por tomarse el tiempo de rellenar los cuestionarios. 

Es lo que revelan algunos exempleados del laboratorio farmacéutico francés Ipsen que trabajaron durante varios años en un estudio observacional sobre Nutropin, una hormona de crecimiento comercializada por el laboratorio: su papel era verificar los datos recopilados por los médicos, los cuales reciben por ese trabajo una remuneración máxima de 150 euros par paciente al año. Pero al parecer muchos médicos no quisieron recopilar los datos que exigían los laboratorios.

“Normalmente, hay un doble control en este tipo de estudios”, explica Luc, exempleado de Ipsen. “El protocolo pedía al médico rellenar los datos y a continuación el personal del laboratorio tenía que verificar que estaba bien hecho [ 7 ]. 

 A menudo los cuadernos de observación estaban vacíos. Por consiguiente, nos correspondía a nosotros, el personal del laboratorio, rellenar esos datos a partir de los expedientes médicos, a pesar de que no tenemos obligatoriamente formación médica y se nos puede pasar algo importante”. 

Sin doble control los datos no serían fiables y algunos acontecimientos indeseables se podrían rastrear tardíamente en el laboratorio, afirman los exempleados. Las autoridades someten a la hormona del crecimiento a una extrema vigilancia porque sus efectos indeseables serían potencialmente graves [ 8 ]. 

¿Dar a conocer el tratamiento?

“El objetivo principal de estos estudios es la vigilancia farmacológica recogiendo datos de los acontecimientos indeseables vinculados o no al producto para mejorar los tratamientos y la seguridad de su utilización”, precisa Léa, que también es adjunta de investigación clínica en el laboratorio. 

“La mayoría de las veces simplemente sirven para mantener una relación con los médicos, para que prescriban un medicamento concreto”. En el mercado existen varios competidores de esta hormona. Esta exempleada considera que el Nutropin es un producto nuevo comercializado por el laboratorio que hay que lograr dar a conocer. Cuesta 310 euros una inyección semanal, a menudo durante varios años.

Según nuestras fuentes, la jerarquía y los diferentes servicios de laboratorio (calidad, marketing, médico) están informados de que los adjuntos de investigación clínica rellenan los cuadernos de observación en vez de los médicos. 

Antes del inicio del estudio uno de ellos justifica esta práctica “como un elemento esencial a la hora de elegir prescribir una [hormona del crecimiento] para la mayoría de los servicios” y añade que “la competencia propone este tipo de apoyo. No asistir a los médicos que lo deseen nos perjudicaría”. Mientras que otros servicios dan la voz de alarma acerca de los peligros de esta ausencia de control de datos, el servicio de marketing insiste en el imperativo comercial.

“El trabajo de observación no tiene ningún impacto sobre la salud del paciente”

Por el contrario, el laboratorio Ipsen nos garantiza que “siempre ha tenido por principio respetar el marco legal y reglamentario de las relaciones con los profesionales de la salud, y siempre se ha comprometido a mantener un comportamiento ético en este dominio”.

 “El estudio del que habla no es un estudio clínico sino un estudio observacional. Por lo tanto, se trata de introducir datos informáticamente para recolectar estos datos, por consiguiente, no se aplican las buenas prácticas clínicas”, aseguran Didier Véron, director de comunicación, y Olivier Gattolliat, director médico de las operaciones en Francia. 

“No es absolutamente obligatorio introducir datos y después verificarlos. Puede ser que haya una introducción única de datos por parte del médico o de la persona en la que el médico delegue esta responsabilidad. El médico sigue siendo totalmente responsable, independientemente de quién haya introducido estas informaciones”. 
 
Pero el protocolo del estudio sobre el Nutropin sí estipula que son los médicos quienes rellenan estos datos y no una persona empleada por el laboratorio que financia el estudio. “Se nos informó de este problema e hicimos una auditoría interna para ver qué ocurría. Tras esta auditoría se tomaron decisiones, en total transparencia con las autoridades sanitarias. 

Nos hemos asegurado de la conformidad de estos procedimientos y los ponemos al día regularmente. En el marco de este estudio observacional el trabajo de observación no tiene ningún impacto sobre la salud del paciente”. El laboratorio precisa también que mantiene un pleito sobre las condiciones económicas de partida de estos asalariados y que no comparte su análisis.

¿Qué opina de esto la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de los Productos Sanitarios (ANSM), con la que contactaron estos exempleados a partir de 2014? La ANSM ha sido informada de “que, en efecto, el laboratorio Ipsen llevó a cabo una auditoría sobre estos estudios y procedió al remonitorización completa [verificación de la coherencia entre los datos fuente existentes en el expediente del paciente con los datos señalados en el cuaderno de observación para garantizar la exactitud de los datos recopilados en el marco de la prueba] de estos y a la declaración de los casos de farmacovigilancia pertinentes. 

Hay que señalar que estos casos declarados con retraso no modifican el perfil de seguridad de las especialidades concernidas”. La ANSM no verificó las declaraciones del laboratorio ya que consideró que “los hecho de los que informó el delator y la naturaleza de los estudios citados no motivaron que se desencadenara una inspección de la ANSM a corto plazo”. Los métodos que hayan empleado el laboratorio no supondrían un motivo de preocupación en este tipo de estudios, asegura la agencia nacional [ 9 ]. 

¿Qué hace el Colegio de Médicos?

¿Cómo verificar el verdadero objetivo de estos estudios observacionales? Parte de esta misión se delega en el Consejo Nacional del Colegio de Médicos. Este último recibe una copia de todos los contratos y debe verificar que no suponen regalos indebidos y que, por consiguiente, la remuneración es proporcionada al trabajo que se pide [ 10 ].

En un informe del Tribunal de Cuentas de marzo de 2016 sobre la prevención de los conflictos de interés en materia de peritaje sanitario se puede ver una visión general de estos datos. En 2014 se transmitieron al Consejo Nacional del Colegio de Médicos (CNOM, por sus siglas en francés) 17.009 convenios de honorarios por un montante global de 78,9 millones de euros. 

Los consejos departamentales del Colegio de Médicos estudian primero estos convenios antes de transmitirlos, en ocasiones, al Consejo Nacional para que dictamine. De los acuerdos que le transmitieron el CNOM dio una opinión desfavorable en un 41 % de los casos en 2014 y de un 71 % de los casos en 2015.

El Tribunal de Cuentas señala en su informe que estas opiniones desfavorables se justifican, entre otras cosas, por “el carácter considerado excesivo del montante de los honorarios con relación a la carga de trabajo pedida al médico”. ¿Cuál es la proporción de estudios observacional entre estos acuerdos de honorarios?¿Cuál es la naturaleza de estos acuerdos , sus montantes y los laboratorios que inician estos estudios? El Consejo del Colegio de Médicos no respondió a nuestras preguntas.

Estudios exigidos por las autoridades

No todos los estudios observacionales se emprenden a iniciativa de los laboratorios. Las autoridades sanitarias los exigen a veces al considerar que existen lagunas en los expedientes de Autorización de Salida al Mercado.

 “En vez de solicitar nuevos estudios antes de salir al mercado las agencias del medicamento aprueban sin esperar y dejan para después de la comercialización una parte de la prueba de eficacia o de inocuidad del producto”, explica Anne Chailleu, de Formindep.

El Comité Económico de los Productos Sanitarios (CEPS), que fija el precio de los medicamentos en Francia, también puede solicitar un estudio para justificar el precio [ 11 ]. “El laboratorio gana entonces por partida doble: obtiene una autorización a menor coste (menos exigente, menos costosa, antes, a mejor precio) y, por añadidura, la posibilidad de establecer contactos y de remunerar a los primeros médicos que prescriban, ¡con la bendición de las autoridades!”.

Unas prescripciones que reportan gran cantidad de dinero

Dada la falta de transparencia resulta difícil identificar la utilidad real de estas prácticas y los posibles abusos de los laboratorio. Una parte de los estudios pueden servir para mejorar un tratamiento o para determinar si la Seguridad Social debe seguir reembolsando, a pesar de las sospechas de incitación a prescribir, un medicamento en vez de otro producto y por el que se remunerará a los médicos. 

Unos medicamentos que, como se ha visto en Alemania, no siempre se consideran más eficaces que otros productos ya existentes, pero que ¡reportan gran cantidad de dinero a los laboratorios concernidos!

¿Por qué Novartis gastó casi 25 millones de euros en médicos alemanes entre 2009 y 2014 por unos estudios sobre 35.000 pacientes referentes a Lucentis, un t ratamiento contra la degeneración macular, una enfermedad ocular [ 12 ]? ¿Quizá porque este medicamento que cuesta más de 740 euros al mes, con una duración de prescripción de varios meses, permite obtener importantes beneficios? 35.000 pacientes que compran Lucentis una vez al mes reportarán 25,9 millones de euros a Novartis, que entran así en sus gastos para el conjunto del estudio.

En Alemania Lucentis se prescribió más de 111.000 veces en 2014 con un coste global para los seguros médicos de más de 130 millones de euros [ 13 ]. En Francia Lucentis representa un gasto de 318 millones de euros y se situó en el cuarto lugar de los reembolsos de la seguridad social en 2014. Novartis no lo oculta en relación a otro medicamento, Entresto: su nuevo estudio observacional debe servirle para dispara las ventas.
¿Se devuelve la inversión financiada por la Seguridad Social?
Otro ejemplo: ¿qué interés tiene un laboratorio en proponer a un hepatólogo entre 400 y 1.200 euros por cada paciente incluido en unos estudios observacionales sobre el tratamiento de la hepatitis C? Estos tratamientos cuestan hasta 39.000 euros por paciente, una cantidad que la Seguridad Social francesa asume al 100 % [ 14 ]. De manera general estos estudios podrían servir para habituar a los médicos a prescribir estos medicamentos en vez de otros y contribuir así a garantizar una parte de los beneficios de los laboratorios. Ni Novartis respecto a sus estudios sobre Lucentis, ni el laboratorio Gilead, que produce medicamentos contra la hepatitis C, respondieron a nuestras preguntas.
A primera vista los laboratorios farmacéuticos se gastan millones de euros para hacer estos estudios observacionales. ¡Pero lo que les devuelve la inversión también es muy real! ¿El coste de estos estudios se refleja en el precio de estos medicamentos, que reembolsa la Seguridad Social? Sea como fuere, al final es el seguro médico quien asegura los beneficios de los laboratorio, a pesar de que los pacientes han tenido de contribuir fuertemente para resolver el famoso “agujero” financiero de la Seguridad Social], sobre todo a través de la disminución de la parte que reembolsa la Seguridad Social de ciertos medicamentos, lo que a menudo afecta a los enfermos mas precarios.
¿Cuáles son los riesgos sanitarios?
En última instancia, el reto de estas prácticas es sanitario. Los estudios propuestos por los laboratorios pueden servir para prolongar las prescripciones de medicamentos cuya eficacia es en ocasiones débil, si no nula, cuando no es simplemente peligroso. Es lo que demostraron unos científicos estadounidenses en un artículo publicado en 2008 a propósito del laboratorio Merck y su medicamento Vioxx, un antiinflamatorio utilizado contra la artritis. Oficialmente el estudio tenía por objetivo medir la seguridad gastrointestinal de este medicamento respecto a su competidor, Naproxen. En la práctica, unos documentos revelados durante un juicio y que fueron analizados por los científicos demostraban que el estudio era ante todo una herramienta de “marketing presentado como ciencia”.
A principios de la década de 2000 las ventas de Vioxx se dispararon gracias a muchas técnicas de marketing: suponían más de 2.000 millones de dólares al año a Merck. Pero en 2004 estalló un escándalo sanitario ya que parecía que tomar Vioxx aumentaba el riesgo de infarto de miocardio. Solo en Estados Unidos murieron más de 30.000 personas tras tomar el médicamente de un total de 20 millones de usuarios. “El laboratorio pagó 485 millones de dólares de indemnizaciones sin reconocer falta alguna, a pesar de que desde el principio estaba al corriente de los efectos secundarios del medicamento”, afirman enfadados la eurodiputada Michèle Rivasi, el farmacéutico Serge Rader y la juez Marie-Odile Bertella-Geffroy en la obra Le racket des laboratoires pharmaceutiques, et comment en sortir [El chantaje de los laboratorios farmacéuticos y cómo salir de él] [ 15 ]. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no fueron capaces de prevenir este escándalo.
Por consiguiente, el estudio observacional emprendido por Merck cuando se empezó a comercializar Vioxx en 1999 permitió potenciar la prescripción de un medicamento que presentaba riesgos vitales para sus los pacientes. “Se oculta al público, a la profesión médica y a los miembros de las instancias institucionales de control el primer objetivo de estas pruebas destinadas a vender («seeding trials»), lo que les impide tomar una decisión plenamente informada sobre el balance de equilibrios y riesgos para ellos y para la sociedad”, escriben los investigadores en su artículo. ¿Se decidirán por fin las autoridades franceses a imponer, a imagen de Alemania, la transparencia y una regulación eficaz de estos estudios observacionales?
Petición de testimonio:
Sin datos de envergadura, documentos internes o testimonios de empleados resulta difícil identificar estos estudios observacionales cuyo objetivo son las ventas y comprender su funcionamiento. Por ello lanzamos una petición de testimonio a médicos, profesionales sanitarios y empleados de los laboratorios. Si han tenido relación con estos estudios observacionales, escríbannos a esta dirección. Garantizamos su anonimato."                  (  Rachel Knaebel y Simon Gouin , Basta , en Rebelión, 16/11/16)

14.7.14

El porcentaje de artículos científicos que han sido objeto de retractación por fraude se ha multiplicado por diez desde 1975. Desde que empezó la financiación privada...

"La políticaa de investigación académica de mercado libre ha favorecido la proliferación de la charlatanería médica y del fraude científico, obligando a los consumidores a pagar por descubrimientos que ya han financiado como contribuyentes.

El enfoque de la investigación médica que mantiene el sistema sanitario de EE UU, que persigue fines lucrativos, se fundamenta en la cruda verdad de que solamente el dinero puede prolongar la vida. Citemos por ejemplo el tipo de genes llamados “supresores tumorales”. 

Dada su capacidad de regular el crecimiento celular, los supresores tumorales se sitúan en la primera línea de la investigación para la prevención del cáncer. Un resultado positivo en la prueba de mutación de un gen supresor tumoral como BRCA1 o BRCA2 es una clara indicación del riesgo de padecer cáncer de mama o de ovario. Sin embargo, a pesar de la importancia del descubrimiento por su potencial para salvar vidas, el coste de las pruebas BRCA1 y BRCA2 resulta prohibitivo. 

Con 4.000 dólares por prueba, es cuatro veces más cara que una secuenciación genética completa. El hecho de que el precio de una evaluación que puede prevenir una enfermedad mortal sea tan desorbitado se debe única y exclusivamente a la voluntad de una empresa, Myriad Genetics. 

Aunque el Tribunal Supremo de EE UU acaba de denegar la pretensión de Myriad de patentar los genes BRCA1 y BRCA2, declarando que los genes humanos no son patentables, Myriad sigue ejerciendo su monopolio sobre la prueba de susceptibilidad al cáncer de mama.

Lo peor de esta política de precios de Myriad es que gran parte de los costes de desarrollo de las pruebas BRCA1 y BRCA2 ya han sido sufragados por el público. La investigación encaminada a identificar esos genes como desencadenantes de procesos cancerosos se financió con dinero público a través de la facultad de medicina de la Universidad de Utah. Myriad Genetics no es otra cosa que una empresa creada por científicos de la universidad con miras a apropiarse de la patente tras el descubrimiento de la prueba. 

Esto es posible al amparo de la ley Bayh-Dole. En 1980, cuando fue promulgada, esta ley pretendía impulsar la innovación en la investigación académica. Dando vía libre a las universidades a la explotación de sus descubrimientos científicos, el sistema universitario podría recaudar más dinero para financiarse.

 Para remunerar su trabajo, los centros académicos de investigación científica podían a partir de entonces vender sus patentes o conceder licencias exclusivas a la industria privada. Con el monopolio sobre la propiedad intelectual que le otorgaba la patente, el sector privado se vería incentivado para desarrollar rápidamente esas patentes y crear productos de consumo y servicios.

Los defensores de la ley Bayh-Dole sostuvieron que la perspectiva de ganar más dinero llevaría a la investigación científica en las universidades a realizar más descubrimientos y estimularía al sector privado a comercializar en mayor medida esos descubrimientos. No mucho tiempo después de su promulgación ya empezaron a notarse los efectos económicos: investigadores de la Universidad de Columbia solicitaron patentes relativas al proceso de cotransformación del ADN, las llamadas patentes Axel, que supondrían finalmente el ingreso de cientos de millones para la Universidad en concepto de cánones de licencia. 

La patente Cohen-Boyer sobre el ADN recombinante generaría unas ganancias de más de doscientos millones para la Universidad de Stanford. Junto con la sentencia del Tribunal Supremo de 1980 en el caso Diamond contra Chakrabarty, que autorizó las patentes sobre material biomédico, este fue el comienzo del boom de la biotecnología. Las universidades se apresuraron a instalar laboratorios de investigación avanzados con vistas a obtener nuevos derechos de propiedad intelectual sobre programas informáticos de secuenciación del ADN que pudieran patentarse y venderse al público.

Antes, los descubrimientos científicos realizados por las universidades públicas solo podían cederse al sector privado mediante licencias no exclusivas. Cualquier empresa privada podía desarrollar nuevos medicamentos y nuevas invenciones sobre la base de los resultados de investigaciones pioneras. Los defensores de la ley Bayh-Dole alegaron que este sistema desincentivaba la innovación, pues si una empresa no tenía la exclusiva sobre una invención, poco negocio iba a hacer desarrollándola.

 ¿Por qué molestarse en innovar si la competencia podía hacer lo mismo, en detrimento del margen de beneficio potencial? Las invenciones acabarían en la papelera. Sin embargo, lo que parece una simple minucia legal en materia de propiedad intelectual constituye un factor determinante del declive del sistema de investigación científica de las universidades.

 La no exclusividad de las licencias públicas protegía de hecho a la investigación académica de caer en una “fiebre del oro” en busca de patentes. Al suprimir esta restricción, ha abierto las compuertas a una avalancha de capitales privados deseosos de hacerse con el monopolio sobre la investigación científica más avanzada.

Ahora, entidades privadas ayudan a financiar los centros académicos a cambio de la prioridad en el proceso de “transferencia tecnológica”, es decir, de la cesión en exclusiva de los resultados de la investigación financiada con dinero público a empresas privadas. 

Los grandes conglomerados farmacéuticos, como Merck y GlaxoSmithKline, financian colaboraciones con universidades privadas y públicas en torno a proyectos de investigación sobre enfermedades actualmente incurables, con la condición expresa de que esas compañías puedan explotar cualquier descubrimiento futuro al amparo de una licencia exclusiva. Dichos descubrimientos, tengan que ver o no con la finalidad original del proyecto, se convierten entonces en productos farmacéuticos de marca que se venden a precios desorbitados.

Las patentes no solo incrementan los precios que han de pagar los consumidores, sino que también lastran la actividad científica por el mayor coste de la propiedad intelectual que se precisa para seguir investigando. Los centros de investigación han de pagar miles de dólares por las cepas y procesos que precisan para ponerse al día de los nuevos descubrimientos, lo que genera un sobrecoste de la investigación avanzada. 

El afán de lucro que ha invadido el sistema de investigación científica actual ha hecho que este ya casi no tenga nada que ver con el que rodeaba a Jonas Salk cuando descubrió el remedio para la poliomielitis. 

En efecto, su descubrimiento, que afectó a millones de personas que sufrían esta enfermedad incapacitante, fue cedido gratuitamente. Mientras Salk se preguntaba retóricamente si era aceptable “patentar el sol” para sacar hacer negocio, la carrera actual por patentar descubrimientos se acerca rápidamente a esa proposición absurda.

Al escasear los fondos públicos, las universidades han pasado a depender cada vez más de la inversión privada a base de subvenciones y donativos. Y ese dinero produce efectos corrosivos en las academias. En ningún otro sector este conflicto de intereses es tan evidente como en el farmacéutico y el biotecnológico. 

Ocurre a menudo que profesores de esas especialidades reciben dinero por firmar artículos de prensa escritos por empleados de empresas privadas, por promocionar medicamentos y por desarrollar fármacos más en función de su potencial de mercado que del bien público. A cambio de su colaboración ganan enormes honorarios de asesoramiento y gozan de lucrativos contratos para hablar en conferencias financiadas por la industria. (...)

En el caso de la empresa Pfizer, su producto Neurontin contra las convulsiones, diversos académicos recibieron 1.000 dólares por suscribir artículos de prensa escritos por empleados desconocidos y por hablar en conferencias en que se ensalzaron las virtudes de un producto –que estaba destinado inicialmente a los epilépticos– en el tratamiento de afecciones tan diversas como el trastorno bipolar, el estrés postraumático, el insomnio, el síndrome de las piernas inquietas, sofocos, migrañas y cefaleas tensionales. 

Los consumidores no solo no reciben información correcta sobre la seguridad y la eficacia de los medicamentos que les recetan, sino que pagan tres veces por ellos: la financiación pública de la investigación académica encaminada a descubrir esos medicamentos, el sobrecoste de los fármacos patentados y la desgravación fiscal que practican las compañías farmacéuticas por su patrocinio de las universidades.(...)

Pese a la escasez de la financiación pública y a su mayor dependencia de la financiación privada, las universidades no han dejado de invertir regularmente en nuevas instalaciones. Un estudio de McGraw-Hill sobre el sector de la construcción revela que entre 2010 y 2012 las instituciones de enseñanza superior se gastaron más de 11.000 millones de dólares en nuevas instalaciones. 

Al emitir gran cantidad de obligaciones para financiar nuevos laboratorios de investigación biomédica y modernos gimnasios, las facultades esperan atraer a estudiantes y científicos de renombre, además de patrocinadores que les ayuden a pagar todo esto . 

Sin embargo, estas facultades se han endeudado hasta las cejas, de manera que ahora se hallan inmersas en el círculo vicioso de una carrera competitiva por las subvenciones. Invierten masivamente en investigación para atraer subvenciones y ofrecen los derechos de propiedad intelectual al mejor postor para poder sufragar los inmensos costes administrativos y las enormes deudas que han contraído.

La carga de esta carrera por el dinero y la fama recae en los estudiantes. En los últimos treinta años, el coste de las tutorías se ha multiplicado por seis. Hay cada vez menos ofertas de posgrado, incluso en ese mundo de la investigación académica en que se gasta tanto dinero.

 El flujo de dinero privado que inunda el sistema de investigación científica no ha contribuido a ampliar la gama de carreras académicas. En vez de emplear a más científicos de plantilla, las universidades contratan a estudiantes de posdoctorado y los dedican a investigaciones llamativas con el fin de atraer subvenciones. 

Estos estudiantes se gradúan entonces en especialidades científicas ocupadas por posdoctorados que compiten entre sí por un número cada vez menor de puestos de investigación disponibles. El resultado es un mercado de trabajo muy reñido en que hay demasiadas personas luchando por ocupar cada vez menos puestos. 

En todo el ámbito universitario, la presión por reducir costes conlleva la sustitución de los puestos fijos por la contratación de adjuntos peor pagados y carentes de toda seguridad de empleo, mientras que los salarios de los administradores y los rectores aumentan sin cesar.

En lo que Paula Stephan, profesora de economía de la Universidad Estatal de Georgia, ha calificado de modelo académico piramidal, la discrepancia resultante entre los posdoctorados y adjuntos mal pagados y carentes prácticamente de toda perspectiva de promoción profesional por un lado, y el número cada vez menor de puestos de investigación fijos y bien pagados, ocupados por científicos famosos, por otro, se asemeja a una especie de torneo en torno a la investigación científica. Impera un clima enrarecido de todos contra todos que cobra su peaje a la ciencia que se lleva a cabo. 

Hace falta publicar cada vez más estudios deslumbrantes de científicos famosos en prestigiosas revistas para llamar la atención y atraer las subvenciones que se precisan para mantener las apariencias y las luces encendidas en el laboratorio. En palabras de Stephan, “ más se confunde con mejor: más financiación, más artículos, más citaciones y más becarios, al margen de si el mercado puede sostener su empleo”.(...)

Dentro de esta matriz de decisiones resulta ventajoso falsificar hallazgos, tomar atajos y seleccionar los datos convenientemente, todo lo que haga falta para que salgan artículos y entren subvenciones. Se ha llegado hasta el punto de que hay académicos que afirman que “el coste de equivocarse es nulo; el coste es que no se publique”.

 En un metaanálisis de estudios publicados, realizado para la Public Library of Science (PLOS, Biblioteca Pública de Ciencias), John P.A. Ioannidis criticó específicamente la financiación privada de la investigación, señalando que “cuanto más fuertes sean los intereses financieros y de otro tipo y los prejuicios en un campo científico, tanto menos probabilidades hay de que los resultados de la investigación sean ciertos ”.

Los resultados saltan a la vista. El gran número de retractaciones debidas a una metodología incorrecta, a un enfoque inadecuado o a una mala gestión de los estudios a lo largo de la última década es pasmoso. En casi todos los campos científicos se ha producido una verdadera epidemia de imprecisiones. El porcentaje de artículos científicos que han sido objeto de retractación por fraude se ha multiplicado por diez desde 1975.  (...)

Aunque sin duda existe un núcleo de actividad científica respetable y reproducible, está rodeado de una nube de imprecisiones y argucias. Medios de comunicación hambrientos de contenido se tragan descubrimientos entusiastas sobre posibles remedios contra el cáncer y no pueden o no quieren destapar las deficiencias metodológicas y los errores estadísticos que han conducido a los resultados en cuestión. (...)

resultados que se obtienen con rapidez y se publican a toda prisa tienen más probabilidades de ser inexactos. La ciencia bien hecha lleva su tiempo y la refutación de la ciencia tramposa puede requerir incluso más tiempo. Mientras que se tardó más de nueve meses para desechar una prueba genética reciente de autismo, el estudio original no tardó más de tres días en pasar a la presentación a la imprenta. 

Muchas de las personas que habrán leído en su tiempo la fabulosa noticia del descubrimiento inicial no se enterarán de su decepcionante refutación. Cuando se publica un artículo que anuncia a bombo y platillo el descubrimiento de una prueba genética relativa a la longevidad, de inmediato inspira a toda una cohorte de pequeñas empresas que ofrecen exámenes de longevidad. 

Cuando se refuta el artículo −no por fraude o falta de ética, sino por el error de enfoque−, esas pruebas genéticas no dejan de practicarse de la noche a la mañana, sino que se mantienen en una economía de mercado gris que saca tajada de la falta de conocimientos por parte del público en materia de investigación científica actual.

La privatización de la investigación académica no solo obstaculiza el proceso científico, sino que también hace que la corrupción directa –cuando el sector privado paga a científicos para que engañen al público sobre las toxinas en sus alimentos o la contaminación atmosférica– tiene más posibilidades de seguir a sus anchas. 

Unos investigadores que buscan desesperadamente financiación para conservar sus puestos y proseguir con su labor son más propensos a aceptar financiación de empresas capaces de distorsionar la ciencia en su propio beneficio. No hace más que favorecer los incentivos perversos del mercado libre para sacar provecho de lo que antaño eran instituciones públicas. 

Cuando una empresa puede disimular los riesgos para la salud de los productos ignífugos cancerígenos porque le interesa que se extienda su uso y así poder hacer negocio, entonces la ciencia deja de obrar a favor del interés público.  (...)"    (Llewllyn Hinkes-Jones, Jacobin, en Jaque al neoliberalismo, 03/07/2014)

23.9.09

El 29% de los trabajos (de investigación sobre cáncer) están pagados o participados por farmacéuticas

"Casi un tercio de los trabajos sobre cáncer publicados en las revistas médicas más importantes durante 2006 declararon algún tipo de conflicto de interés. Es la principal conclusión de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan (EE UU) y publicado en Cancer que han rastreado las relaciones confesadas entre los científicos y los fabricantes de medicamentos.

La modalidad más frecuente es la financiación de estudios por parte de la industria farmacéutica, presente en el 17% de los artículos, seguida de la participación de algún empleado de estas firmas en la autoría de los trabajos, lo que ocurre en el 12%. Otras variedades incluyen la retribución por actividades de consultoría y el pago de la asistencia a congresos. (...)

"Los datos de este artículo reflejan la consecuencia lógica del actual sistema de financiación de la investigación", señala Javier Júdez, de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. "La creciente preocupación por el conflicto de intereses se relaciona con el aumento porcentual de la financiación privada respecto a la pública. En 1980 la primera suponía el 32% del total, mientras que en 2001 se ha estimado en un 60%", explica Júdez.

Esa es justo la tesis de los autores del estudio, que hablan de una industrialización de la investigación clínica en oncología. La competencia por los escasos fondos públicos ha llevado a muchos investigadores a buscar financiación en los más abultados presupuestos de las farmacéuticas. La cuestión es saber si han pagado algún peaje en ese tránsito.

"El problema no está en declarar los conflictos de intereses o en que haya investigación financiada por la industria privada, sino en si esto produce efectos negativos", señala Javier Júdez. Los investigadores de la Universidad de Michigan creen que sí. Según su artículo, un 62% de los 261 estudios financiados por la industria tenían como objetivo central ensayar los efectos terapéuticos de un fármaco como posible tratamiento de tumores, frente al 36% de los trabajos no financiados por las firmas que fabrican medicamentos. Es decir, los estudios pagados con dinero privado atienden con menor frecuencia a objetivos en el campo de la epidemiología, la prevención, la identificación de factores de riesgo y los métodos de diagnóstico.

Para Vicente Guillem, jefe del Departamento de Oncología del Instituto Valenciano de Oncología, el sistema actual de financiación de la investigación médica produce sesgos importantes, pero cree que es un mal necesario mientras las administraciones no asuman su papel como principales promotoras de la generación de conocimientos. "A veces parte del diseño del estudio te viene impuesto por la industria: el tipo de pacientes, la selección de los fármacos en combinación, las dosis y los criterios de modificación de dosis", señala Guillem. "O a veces tal molécula se va a ensayar en cáncer de colon porque hay muchísimos casos, pero a lo mejor no se ensaya en tumores neuroendocrinos porque hay pocos".

Pese a todo, Guillem defiende la integridad de los investigadores. Lo mismo piensa Júdez, quien recuerda que los grandes escándalos se han dado, sobre todo, en la investigación pública o académica, y normalmente más por vanidad que por dinero." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 22/09/2009, p. 36)

29.12.08

El Nobel de Medicina por el papiloma, bajo sospecha

"El jurado que concedió el último Premio Nobel de Fisiología y Medicina al científico alemán Harald zur Hausen se encuentra bajo sospecha después de que haya trascendido que dos de las personas que participaron en las votaciones tenían relaciones comerciales con la empresa farmacéutica AstraZeneca. El premio le fue concedido a Zur Hausen, -junto a los descubridores del virus del sida Luc Montagnier y Francoise Barré-Sinoussi- por sus trabajos en el descubrimiento de que el virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello de útero. AstraZeneca había adquirido en 2007 la empresa Medimmune, entre cuyas patentes figura la técnica que permite obtener las partículas que han permitido desarrollar las dos primeras vacunas contra este virus.

La división de anticorrupción de la policía sueca ha abierto un proceso de información previa para determinar si se ha producido un conflicto de intereses, después de saberse que Bertil Fredholm, presidente del comité de cinco miembros que evalúa a los candidatos, había trabajado como consultor para AstraZeneca en 2006 y que entre los 50 miembros del comité del Instituto Karolinska que decide con su voto el ganador del Nobel se encuentra también Bo Angelin, experto en metabolismo y miembro del comité de dirección de la compañía desde julio del año pasado. Se da además la circunstancia de que AstraZeneca patrocina desde hace un tiempo dos empresas de la Fundación Nobel, Nobel Media y Nobel Web." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 20/12/2008, p. 38)

8.7.08

Científicos tramposos

Un informe de EE UU admite centenares de casos de engaño. (...)

¿Hay tramposos entre los científicos?

La respuesta, con datos en la mano, es que sí. El más reciente estudio, hecho en EE UU sobre el área de biomedicina y publicado en la revista Nature, admite más de 2.300 casos de posibles malas prácticas científicas cada año entre el colectivo de referencia (unos 155.000 investigadores de esa área).

El informe está hecho a partir de 2.200 entrevistas. Y las malas prácticas van del plagio a la falsificación, las chapuzas en el laboratorio o el descubrimiento inventado. El caso del surcoreano Hwang Woo Suk y sus falsas células madre, o la controvertida apropiación del virus del sida del francés Luc Montagnier por parte del estadounidense ex codescubridor del VIH, Robert Gallo, son dos escándalos famosos. (...)

Cuando el hallazgo es importante, se suele hacer enseguida y, si las cosas no cuadran, saltan las alertas.

Saltaron, por ejemplo, con Jan Hendrik Schön, un físico joven, de nanoelectrónica, de los Laboratorios Bell (EE UU). Él anunció un número llamativo de descubrimientos, pero los resultados que presentaba fueron imposibles de reproducir por otros científicos y se constató que había inventado o manipulado los datos en numerosas ocasiones entre 1998 y 2001.

Decenas de casos menos trascendentes que éstos se producen constantemente. Puede ser un científico que copia los datos a otro, o que se adjudica los hallazgos del vecino sin acreditar la autoría debidamente, o que juega sucio cuando está evaluando trabajos ajenos en procesos de adjudicación de fondos o de plazas. A veces el fraude es tan aparentemente tonto como manipular con un programa informático una gráfica para resaltar los resultados deseados. Muchos, la inmensa mayoría, de los que recoge la ORI, son casos oscuros y sin importancia desde el punto de vista del avance de la ciencia.

Pero harán daño a alguien y perjudican a la investigación en tanto que corroen los cimientos mismos de la integridad de la actividad científica. Como tal, afectan a muchos miles de científicos honestos y escrupulosos de todo el mundo." (El País, Futuro, 02/07/200, p. 38)

31.1.07

La Exxon-Mobil nos engaña ¡Que raro!

Un grupo de científicos ha denunciado que Exxon ha utilizado las mismas técnicas de desinformación que la industria del tabaco en relación con la nicotina, para neutralizar las tesis del cambio climático con el fin de evitar las políticas de reducción de gases de efecto invernadero. Exxon-Mobil invirtió más de 12 millones de euros en una red de expertos dedicados a intervenir en el debate público en contra de la tesis del recalentamiento del planeta. (Joaquín Estefanía, El País, Domingo, 28-01-07, pp. 13 )

¿Y por qué no se hacen públicos los nombres de esos "expertos"?