La corrupción nacionalista, la de CiU, la del clan Pujol, la de Mas... sus procesos... los judiciales

"Hace unos días, el president Artur Mas, en una entrevista en un canal televisivo, se escurría ante las preguntas que le formulaban sobre el alcance de la corrupción en su partido, CDC. Alegaba, con tanta frialdad como cinismo, que se trataba de problemas personales o familiares de los implicados en dichos delitos.

Y ocultaba que en el Informe del Tribunal de Cuentas respecto a 2013, el partido y la Fundación Forum Barcelona habían recibido ingresos por 1.183.325 euros por unos supuestos servicios que no estaban acreditados. Por supuesto, no reconoció que su autonomía política está gravemente limitada si, en 2013, debía a las entidades de crédito 4.496.631 euros.

Es difícil concebir en un máximo dirigente político tanta capacidad para negar la evidencia de los procesos judiciales que atenazan al partido que preside. Salvo que esa especie de caudillaje que ahora ejerce le haga creer que está por encima de las leyes o legitimado para incumplirlas. Porque el Estatuto vigente le obliga “a servir con objetividad los intereses generales y actuar con sumisión plena a las leyes y el derecho”. La reiterada infracción de este deber representa, además, una traición a la confianza depositada en CDC por los electores.

Traición que es una constante en la trayectoria política de CDC desde que fue fundada y dirigida el expresident Jordi Pujol que ha reconocido que defraudó antes y después de su dedicación política y por las constantes “trampas y trapacerías” de sus gobiernos, como las calificaba la periodista Margarita Rivière.

¿Problemas personales? En absoluto. Basta citar como ejemplo lo que decía el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en relación a la actividad presuntamente delictiva sobre las adjudicaciones de Servicios de ITV por Oriol Pujol: que la llevó a cabo “gracias a su peso político, como Secretario General de CDC y, sobre todo, como p residente de su grupo parlamentario”.Fue una expresión mas del “entramado de negocios y relaciones” que describía con gran acierto ICV en sus Conclusiones a la reciente Comisión de Investigación sobre la corrupción del Parlament.

Documento que ahora cobra una gran actualidad al afirmar que la corrupción “socava la democracia porque distorsiona el proceso electoral” como, en efecto, está ocurriendo. Lo que está facilitado cuando Romeva- subordinado a Mas- sustituye a los ciudadanos conscientes y libres como protagonistas del actual proceso por ese concepto, de raíces tan oscuras, como la “sociedad movilizada”. Porque esa “sociedad” guiada por su Jefe es difícil que perciba la suciedad que envuelve al principal partido que la dirige.

Numerosos dirigentes y altos cargos de CDC han utilizado las instituciones y entidades públicas para maniobrar y obtener pingües beneficios, mientras Cataluña se sumergía en la desigualdad económica y social y en la carencia o debilitamiento de servicios públicos básicos.

Ahí están los diversos procesos penales en curso que lo atestiguan. El del expolio del Palau de la Música, que ha acreditado la financiación ilícita de CDC y la imputación de su extesorero, por el que este partido tiene embargadas sus sedes sociales en garantía de una fianza judicial de 3.297.079 euros.

A esto le siguen los casos Adigsa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barcelona; el caso Innova contra ex altos cargos del Departament de Salut, del Ayuntamiento de Reus y contra el alcalde de Vila-Seca Josep Poblet- actual Presidente de la Diputación de Tarragona-, que investiga el Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus.

También está el proceso a la Associació Catalana de Municipis (ACM) por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona; el del TSJ contra el ex alcalde de Lloret de Mar y ex Diputado, Xavier Crespo, por su relación con empresarios rusos, pendiente de sentencia; el que se sigue por el caso Iberpotash en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa; el que se tramita contra dirigentes de la Agencia Catalana del Agua por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona; y, entre otros, el proceso contra altos cargos del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) por el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell, causa que ha motivado las recientes investigaciones y registros judiciales.

Los delitos investigados son los propios de la corrupción como malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o falsedades.

Procesos que reflejan lo que quiere ocultarse, modos de gobernar presididos por la desviación de poder, la arbitrariedad, el favoritismo y el enriquecimiento ilícito. Los ciudadanos catalanes deben saberlo porque el derecho a la información es un derecho fundamental que CDC les escamotea." (Carlos Jiménez Villarejo, Esquerres sen fronteres, 20/09/2015)

"La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo"

"Pregunta. ¿Cree que existe una cacería contra el juez Garzón, como se ha dicho en algunos sectores?

Respuesta. Las intenciones me son indiferentes. Yo me atengo a los hechos objetivos de las resoluciones judiciales y de los escritos de las partes. Y de ellos se desprende que hay un acoso organizado y sistemático contra el juez, sobre todo si se estudia cómo se han producido las querellas, perfectamente calculadas y estudiadas. Me preocupa porque supone la persecución de un juez que es un ejemplo.

P. ¿Qué le parece que el Tribunal Supremo permita ejercer la acusación a Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel?

R. Me parece un atropello desde el punto de vista del derecho procesal. No es posible que una persona que está siendo perseguida por la justicia penal por delitos graves, como el blanqueo de capitales, se pueda constituir como parte para perseguir al juez que acordó las intervenciones telefónicas que son uno de los fundamentos probatorios contra él. ¿Por qué ha sido ofendido este señor para que se le permita acusar? Es él quien está siendo investigado.

P. Pese a ello, ha logrado que se admita una querella contra Garzón.

R. La admisión de esa querella constituye la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y los corruptos, porque transmite un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Si la respuesta a la actuación judicial es la persecución del juez, consentida y tolerada por el Tribunal Supremo, incluso por magistrados progresistas, aún se pone más de relieve que la persecución de la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente.

P. ¿Cree que la ciudadanía entiende que se admitan las querellas contra el juez por actuaciones tan diversas como el caso de las fosas, la trama Gürtel y los cursos subvencionados por el Banco Santander?

R. Lo que ha acordado el Supremo no se puede sostener ni jurídica, ni social, ni moralmente. No es admisible y socava los cimientos del Estado democrático, porque es poner al poder judicial bajo los pies de los caballos de los corruptos. Y eso significa que los corruptos han conseguido ya una victoria al someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos. Eso significa para el Estado de derecho una inmensa derrota jurídica y moral.

P. Lo ha acordado el Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial español.

R. El Tribunal Supremo no está libre del error, que nadie crea que son más inmunes. Son tres querellas admitidas y tres errores que demuestran el poder que tiene la extrema derecha en España, capaz de someter objetivamente al Tribunal Supremo a sus dictados. En los tres casos ha sido menospreciada la postura de la fiscalía, y las decisiones del Supremo se sostienen únicamente sobre los argumentos de la extrema derecha y del Partido Popular. Y esto es dramático para un país, porque están aflorando las sombras del pasado." (CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO: "La extrema derecha ha sometido al Tribunal Supremo". El País, ed. Galicia, España, 09/03/2010, p. 32)

La persecución judicial del juez Garzón

"En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por "malevolencia" o "razones políticas" puede afirmarse que ha actuado "injustamente" en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

El TS se limitó a decir que "lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación". Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial "injusta" mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la "comprobación del hecho denunciado". Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado "atajos en el uso indebido del cauce penal".

Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran "objetivamente contrarias a Derecho" porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo entiende la ONU

Por su carácter de delito permanente, las detenciones ilegales, determinantes de desapariciones, no pudieron quedar comprendidas en la Ley de Amnistía, que sólo alcanzaba a "actos" delictivos "realizados", es decir, consumados, con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. (...)

Asimismo, la vigencia de la Ley 46/1977 de Amnistía no puede impedir un debate, ya asumido por la ONU, sobre su constitucionalidad y sus efectos.

En primer lugar, porque cuando esta ley se aprobó ya estaban vigentes en España los Pactos de Nueva York que establecían la retroactividad de las leyes penales ante "actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del Derecho, reconocidos por la comunidad internacional", es decir, los crímenes contra la humanidad. (...)

En definitiva, ante una actuación tan acertada y ajustada a la legalidad como las decisiones jurisdiccionales del juez Garzón, los esfuerzos jurídicos del juez Varela, con evidentes errores de valoración y lagunas inexplicables, no podrán acreditar nunca que dichas decisiones fueran injustas." (CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO: El juez Garzón no ha prevaricado. El País, ed. Galicia, opinión, 23/02/2010, p. 27)