A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

Un auditor del ibérico tira la toalla y denuncia fraudes generalizados

"Una empresa auditora de alimentos acaba de destapar la caja de los truenos al denunciar fraude generalizado y malas prácticas en los productos de cerdo ibérico.

Acerta, una empresa dedicada a las inspecciones de productos ibéricos desde 2009, acaba de anunciar que abandona los trabajos de certificación de productos procedentes del cerdo ibérico para enfocarse en otras áreas alimentarias.

La compañía ha lanzado una dura acusación contra el sector al asegurar que las entidades que deben inspeccionar y certificar la autenticidad de los productos también están involucradas en el fraude.

El director general de la empresa, Matías Romero, ha comunicado públicamente la retirada de un sector convulso. La Guardia Civil inició una investigación contra el fraude del jamón ibérico contra Comapa, el mayor distribuidor de jamones de España, por vender jamones de cebo como ibéricos de bellota en algunas cadenas de supermercados, entre ellas, Carrefour.

El bajo precio del supuesto jamón ibérico de bellota low cost levantó las suspicacias del sector que considera “imposible” la venta de jamones de bellota por debajo de los 300 euros. Carrefour llegó a vender jamones incluso por debajo de los 200 euros, tal como ha publicado este diario.

Los productores de alimentos procedentes del cerdo ibérico están obligados a contratar los servicios de entidades inspectoras y certificadoras para que verifiquen que el producto cumple con las especificaciones de su etiquetado. Estas entidades son empresas privadas pagadas por el propio fabricante y que en la práctica funcionan como colaboradoras de la administración.

Con estas auditorías se intenta evitar, por ejemplo, que un productor venda como un jamón ibérico de bellota una pieza procedente de un cerdo que ha sido alimentado en una granja con costes de producción mucho más reducidos.

Complicidades y falta de control

El fraude de falsos productos ibéricos ha alarmado a los productores tradicionales del ibérico que denuncian falta de control por parte de las autoridades. “¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, explicó el director general de la compañía en un comunicado público. 

Y la empresa lanza acusaciones sobre quienes hasta ahora han sido competidores. “Determinadas actuaciones de ciertos operadores del sector han puesto en tela de juicio la fiabilidad de las entidades de inspección. Tanto es así que hoy por hoy se presuponen cómplices de un fraude generalizado”.

El auditor alimetario da un portazo al insinuar que la corrupción se ha apoderado tanto de las empresas productoras como de las auditoras que deben certificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

“En Acerta queremos hacer las cosas bien. En la mayoría de los casos lo conseguimos a un gran nivel; en otros no tanto, la autocrítica nos sirve para aprender. Pero, en cualquier caso, nuestros valores siempre están por encima de las oportunidades económicas. Desgraciadamente, para nosotros la inspección de cerdo ibérico ha acabado siendo una actividad desmotivadora”, asegura el comunicado.

El creciente fraude de los falsos productos ibéricos tiene "difícil solución, según la compañía. “Algunas entidades más laxas aglutinan cada día más clientes y, en consecuencia, cada vez es más difícil sacarlas del juego, desautorizarlas, quitarles la acreditación, pues miles de productores se quedarían sin poder calificar su producto y el mercado quedaría desabastecido”.

La empresa también ha acusado al Ministerio de Agricultura y a las administraciones autonómicas como por su complicidad con el fraude. “El ministerio y las comunidades autónomas son conscientes de esto pero miran para otro lado.

La compañía solicitó el fin de las actividades el 20 de febrero pasado y dio un plazo de un mes a los productores para que buscasen otra entidad certificadora.

El director de la empresa, que también certifica otros procesos de seguridad alimentaria y acuicultura, culminó su carta de despedida con una frase demoledora. “Esperamos poderlos atender en otros ámbitos donde nuestro trabajo tenga sentido y aporte valor, y donde podamos ser realmente un eslabón de la cadena de generación de confianza para el consumidor”."                    (David Placer, Economía Digital, 16/04/18)

Ramón Cerdá: el nexo que une los casos Gürtel, Nóos y la carne de caballo ilegal

"¿Qué tienen en común los casos Gürtel o Nóos y la operación que está desarrollando la Guardia Civil contra la venta internacional de carne de caballo no apta para el consumo humano? Les une Ramón Cerdá, cuyo nombre ha aparecido en los sumarios de los grandes casos de corrupción, como Gürtel, Nóos o Hidalgo. 

Una empresa creada por Cerdá en 2009 y de la que se desprendió un año después —Kandelia Europea SL— está en el centro también de la operación contra el fraude de la carne de caballo, que aún está abierta y bajo secreto de sumario.

Kandelia acabó en 2015 en manos del ciudadano holandés Jan Fasen y de una de sus hijas, según figura en el Registro Mercantil y apunta la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona y que, de momento, ha supuesto la detención de 25 personas. A su vez, Fasen, que presuntamente está en el centro de la operación que desarrolla el Seprona, es un viejo conocido del negocio fraudulento con carne de equino.

 En 2013 estuvo relacionado con el enorme escándalo que se desató al localizarse en los mercados europeos ternera mezclada con caballo. Este mismo ciudadano protagonizó en 2009 otro caso más: hizo pasar como ternera halal (los alimentos que cumplen con los requisitos del Islam) carne de caballo.

Enrico Brivio, portavoz de salud de la Comisión Europea, ha mostrado este martes su "sorpresa" ante la presunta implicación de Fasen en este nuevo caso en España. La red vendía la carne de caballo en Bélgica, Italia, Rumanía, Holanda y Francia.

Pero la de este holandés es una historia aún en construcción y que los agentes del Seprona intentan desenmarañar dentro de la llamada Operación Gazel.

Condenas y detención

La historia de Ramón Cerdá —propietario de la web sociedadesurgentes.com— dio un vuelco el 14 de marzo, cuando fue condenado a 13 años y un mes de prisión por fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil en una trama del IVA relacionado con la compra de aparatos electrónicos.

En el Registro Mercantil aparecen más de 9.000 anotaciones a su nombre de cargos en sociedades. De hecho, se dedica profesionalmente a eso, a crear sociedades que luego otros compran. "Espero que sepa distinguir entre mi actividad y lo que ocasionalmente hagan mis clientes después de comprar las sociedades", se ha limitado a señalar este martes a EL PAÍS a través de un correo electrónico.

Es el mismo argumento que utiliza cuando es interrogado por los agentes, señalan a este diario fuentes policiales. El problema es que, con bastante asiduidad, algunos de sus "clientes" acaban investigados o condenados por corrupción y usan, precisamente, las sociedades que él creo para ocultarse.

El 14 de marzo tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a escuchar la sentencia por la que fue condenado a 13 años y un mes de prisión. Solo unos minutos después de abandonar la Audiencia agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional lo arrestaron dentro de la Operación Praga, en la que fueron detenidas otras 29 personas e imputadas 27 más por el impago de cuotas de la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones. 

Cerdá, supuestamente, está relacionado con tres empresas de la industria cárnica vinculadas a un fraude al erario de 1,6 millones, según las pesquisas de la Udef. En concreto, con la creación de las mercantiles Digosa XXI, Aristrandro Grupo Inversor y Frepamar Teca SL. La policía lo acusa de delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y organización criminal.

Pero el mes horribilis de Cerdá no acababa ahí. El 9 de abril la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 14 años de cárcel por otro fraude del IVA relacionado con el caso por el que fue condenado en marzo. Una mala racha para el hombre que se jacta de haber vendido 10.000 empresas a lo largo de su vida.

En el centro de las tramas de corrupción

Ramón Cerdá es un viejo conocido de la policía, ya que su nombre aparece ligado a la creación de empresas vinculadas a buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido España en los últimos años.

 Él está detrás de la creación de Good and Better, una de las empresas de Francisco Correa, quien en los últimos meses se sienta en el banquillo de los acusados por la primera etapa del caso Gürtel precisamente por la utilización de esta sociedad, entre otras, para facturar a la Comunidad de Madrid contratos supuestamente amañados por valor de varios millones de euros.

Cerdá también está en el origen de Novosfera Asociados 21 SL, una inmboliliaria con sede en Coslada (Madrid) que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres transformaron en auditora internacional tras aparecer en prensa las primeras noticias sobre el Instituto Nóos. Tras adquirirla, le cambiaron el nombre por el de De Goes Center For Stakeholder Management SL.

Este creador de empresas está relacionada también con Possibilitum Business, utilizada por el liquidador Ángel de Cabo para descapitalizar el Grupo Marsans del hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán, y adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos. De Cabo terminó en prisión por el saqueo del grupo empresarial del que fuera presidente de la CEOE.

Las sociedades de este creador de empresas también han aparecido en el caso Hidalgo, una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en 2007 en Marbella, y en el más reciente caso Gowex. El presidente de esta compañía, Jenaro García, reconoció ante el juez Santiago Pedraz haber utilizado ocho de ellas para ocultar su patrimonio gracias a la colaboración de un testaferro, que fue el encargado de adquirirlas a Ramón Cerdá.

Otras empresas creadas por este que se han visto envueltas en problemas judiciales han sido Artemis 2000 (investigada en el caso que llevó al expresidente de la Diputaciónde Castellón, Carlos fabra, a prisión), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (en el caso Mercalicante) y Tempero 9000 SL (del escándalo de la ITV en Valencia)."                (El País, 19/04/17)

Alemania cierra mil granjas por usar piensos tóxicos. Millones de huevos contaminados han sido distribuidos

"El escándalo de piensos contaminados por dioxinas en Alemania es más grave de lo que se creyó en un principio. Del 12 de noviembre al 23 de diciembre se distribuyeron entre 25 fabricantes de piensos unas 3.000 toneladas de grasas no aptas para la alimentación de animales.

De estas empresas salieron entre 30.000 y 150.000 toneladas de piensos contaminados con dioxinas, que fueron utilizados en granjas avícolas y porcinas. Tras detectar estos productos, la CE activó el Sistema de Alerta Rápida de Alimentos y Piensos de la Comisión Europea.

Estas grasas, fabricadas por una empresa de biodiesel llamada Petrotec, salieron al mercado para uso técnico. Las compró el intermediario holandés Olivet. La Fiscalía investiga cómo pudieron llegar a la comida que se da a animales destinados al consumo humano.

Las grasas industriales son más baratas que las aptas para el consumo, así que la ministra de Alimentación, Ilse Aigner, daba ayer por "improbable" que llegaran a los pesebres sin que mediara la intención criminal de algún comerciante. (...)

Los piensos contaminados que llegaron a las granjas bastan para alimentar a decenas de millones de animales durante semanas. Cientos de miles, seguramente millones, de huevos con dioxinas están en circulación en Alemania. Se estima que unos 136.000 fueron exportados a Holanda.Es difícil saber en qué estanterías han terminado estos productos.

En Turingia se utilizaron 52 toneladas de piensos contaminados para alimentar a un número indeterminado de cerdos que, según se cree, ya han sido vendidos, y casi medio millón de huevos contaminados llegaron a Baviera desde Baja Sajonia." (El País, 06/01/2011, p. 34)