Ábalos y Koldo cobraron por venderse al comisionista Aldama hasta casi 1 millón y 500.000 euros, respectivamente, entre 2019 y 2022 (Ekaizer)

 "La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama, consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14 detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.

       Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política demandan.

Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento: pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes secundarios.

Así, aparecieron en la primera parte además de sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.

   Pero desde el punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir: declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por venderse.

    Y como creador del entramado para la concesión de negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde 2022.

   “Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un pico de años” añadió.

     Entre esas “novedades” hay dos: la presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

    La Fiscalía pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.

    El primero de los cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.

Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.

Se hace la gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan el sobre.

El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000 euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.

    Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.

También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.  

    ¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?

   Las fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y 2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos) cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000 euros.

   Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.

Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.

     El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2 millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.

     Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar 250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.

Ese fue el acuerdo.

     En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:

   -Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al señor Koldo, unos 200.000 euros más.

   -Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?

  -Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.

 -Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.

 -Sí.

    Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos realizado por  la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.

    Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.

Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000 para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.

    Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:

   -Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?

-Manifiesto mi disposición y colaboración

     Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de octubre en la trama de los hidrocarburos.

El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente.

    Aldama se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este asunto.

     Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.

Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se preocupe, tendrá pruebas”."

( Ernesto Ekaizer , blog, 23/11/24)

Ábalos, Koldo y Aldama extendieron una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (Ernesto Ekaizer)

 "(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos, decíamos, se puso al servicio del rey de las coimas o mordidas, Victor de Aldama.

Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.

       La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela-  a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.

Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela, siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.

 El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.

   Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y se cubrió las espaldas.

¿Cómo?

    Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.

Sánchez contestó con un lacónico “bien”.

Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”- porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro, por así decir.

    Aldama consiguió a través del asesor para todo, el jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario: mascarillas y  pruebas de PCR para detectar el virus. 

     Para el rey de las coimas era solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios, según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis (Claude Rains)

    Su primera operación de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos), porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro Koldo García.

Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.

De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180 millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo fuera de España.

   Otro eslabón del informe solicitado por el juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia de la situación creada por la pandemia.

Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también obtuvieron inyecciones de fondos públicos.

Eso sí, si la UCO tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.

     Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso traido y llevado rescate de la aerolínea.

El reciente auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir la causa”, señala una fuente judicial.

      La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García, se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.

    Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)

    El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos.

La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.

    ¿Adónde nos lleva esto?

A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.

    Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).

¿Por qué?

Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.

    Y esto no era inevitable.

Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.

    Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe. 

    Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.

    Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.

Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.

Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo renunciar a el como le exigía el PSOE.

    Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?

     No deberíamos estarlo."                 (Ernesto Ekaizer , blog, 12/10/24)

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

 "Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal.

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso.

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. "               (Elena Herrera, eldiario.es, 11/05/24)

El año de los escándalos en Singapur... Restaurar la reputación de Singapur no será fácil después de los escándalos de corrupción del gobernante Partido de Acción Popular... la respuesta del gobierno a las crisis ha consistido cada vez más en silenciar e intimidar a los críticos

 "El año pasado no tuvo precedentes en la historia del Singapur independiente. En los últimos años han surgido dificultades para el gobierno, la economía, sectores específicos de la población de Singapur o en términos de escalada de represión, pero 2023 abarcó todo lo anterior. Recuperar la reputación de Singapur en materia de gobernanza limpia no será una tarea fácil. En enero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que seis miembros de Keppel Corp, una empresa vinculada al gobierno, habían pagado 55 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con el gigante petrolero brasileño Petrobras. 

 Sin embargo, cuando el caso llegó a Singapur, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) se negó a procesar o incluso identificar a los culpables debido a la “falta de pruebas”, y en su lugar emitió “severas advertencias” a los ex ejecutivos de Keppel. En mayo de 2023, dos ministros del gabinete rechazaron las sugerencias de la oposición de que habían recibido un trato especial al obtener arrendamientos de bungalows de lujo de propiedad estatal. Fue especialmente incómodo para el Ministro del Interior y de Derecho, K Shanmugam, ya que las propiedades, que formaban parte de su cartera ministerial, habían sido arrendadas a los ministros sin someterse a un proceso de licitación competitivo.

 En el curso de su defensa, Shanmugam reveló que pagaba un alquiler mensual de 26.500 dólares singapurenses (19.754 dólares estadounidenses), una explicación poco probable que le granjeara mucha simpatía por parte de los singapurenses comunes y corrientes que viven en viviendas públicas y enfrentan una crisis de costo de vida. En julio, las investigaciones del CPIB y del ex viceprimer ministro Teo Chee Hean absolvieron a ambos ministros de cualquier irregularidad. Pero para entonces, los singapurenses ya estaban leyendo sobre el siguiente escándalo: el arresto por parte del CPIB del Ministro de Transporte S. Iswaran, por cargos de corrupción relacionados con la exitosa candidatura de Singapur para albergar el Gran Premio de Fórmula Uno.

 Una semana después de que estallara la historia de Iswaran, el presidente del Parlamento y ex aspirante a primer ministro, Tan Chuan-Jin, renunció por una relación extramatrimonial con otro parlamentario del gobierno, Cheng Li Hui, quien también renunció. El primer ministro Lee Hsien Loong admitió que conocía el asunto desde hacía años, pero no pareció demasiado preocupado hasta principios de 2023, cuando Tan se había convertido en un lastre por diferentes razones. Luego, el primer ministro Lee permitió que Tan permaneciera en el parlamento como presidente durante meses después de haber aceptado su resignación.

 El mismo día en que se hizo pública la aventura de Tan, se publicó de forma anónima en las redes sociales una visión de hace años filmada con una cámara oculta en un restaurante, que mostraba a una pareja adúltera del opositor Partido de los Trabajadores (aunque solo uno era diputado) tomados de la mano. Esto llevó a algunos comentaristas a afirmar cierto grado de comparabilidad con la historia de Tan Chuan-Jin sin cuestionar la fuente o la actualidad de las revelaciones.

 A mediados de agosto estalló un caso de lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, que resultó en el arresto de diez jóvenes millonarios nacidos en China que habían construido sus fortunas con el juego y el fraude en línea. Se habían mezclado silenciosamente con el fondo viviendo como otros millonarios, incluso siendo miembros del prestigioso Sentosa Golf Club y Singapore Island Country Club, ambos favorecidos por miembros del establishment político durante muchas décadas. 

 Podría ser difícil para la reputación internacional de Singapur recuperarse de estos escándalos, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para bloquear el acceso interno al análisis crítico de estos escándalos a través de legislación como la Ley de Protección contra Falsedades y Manipulación en Línea. En diciembre de 2023 se promulgó otro elemento del marco legislativo de censura interna: la FICA, la Ley de Interferencia Extranjera (Contramedidas). 

Por lo tanto, la respuesta reflexiva del gobierno a las crisis ha consistido cada vez más en silenciar e intimidar a los críticos, ya sean líderes de la oposición que investigan al gobierno. ministros, comentaristas críticos o aquellos involucrados en ataques más personales.

 Este marcó el primer año desde 1996 en el que una investigación sobre corrupción, o incluso irregularidad, ha afectado a un ministro del gabinete. En 1996, el entonces primer ministro Goh Chok Tong y el entonces ministro de Finanzas Richard Hu investigaron personalmente y absolvieron al primer ministro Lee Kuan Yew y al viceprimer ministro Lee Hsien Loong de cualquier irregularidad cuando cada uno de ellos aceptó descuentos millonarios en un desarrollo de condominios de una promotor inmobiliario. CPIB interrogó recientemente al mismo promotor inmobiliario como parte de la investigación de Iswaran de 2023.

 Sin duda, el gobierno de Singapur preferiría olvidar 2023. Aun así, terminó el año con noticias de un cambio de liderazgo generacional, allanando el camino hacia las próximas elecciones generales previstas para finales de 2025.

 El ex viceprimer ministro Shanmugaratnam fue elegido presidente con el 70% de los votos nacionales después de que un candidato alternativo popular fuera declarado no elegible. Posteriormente, el Primer Ministro Lee Hsein Loong indicó que entregaría el poder a su sucesor designado, el Viceprimer Ministro Lawrence Wong, en algún momento de 2024 “si todo va bien”.

 El gobierno también anunció una serie de medidas ultracautelosas de bienestar y vivienda destinadas a ayudar a los trabajadores pobres, a los singapurenses mayores y a aquellos que poseen pisos de valor cada vez menor en antiguas urbanizaciones. Queda por ver si estas microrreformas serán suficientes para que el Partido Acción Popular conserve sus votos y escaños actuales en las próximas elecciones generales. Sin duda, es un momento poco propicio para que un nuevo líder asuma el poder. No es que Wong esté solo: sin duda contará con la ayuda de Lee Hsien Loong como ministro principal, y tal vez de Shanmugam como viceprimer ministro. "          

(Michael Barr es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Flinders. Asia Times, 19/01/24; traducción google)

La Guardia Civil detiene a un exasesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas

 "La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Se trata de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que dirige el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que autorizó ayer el arresto de 20 personas, entre ellas Koldo García, y alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos.

Según ha informado la Fiscalía en una nota de prensa, las diligencias practicadas --declaradas secretas-- afectan a varias provincias españolas y guardan relación con presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos de varias administraciones.

Fuentes de la investigación han asegurado a Europa Press que entre los detenidos no figura ningún cargo público, ya que las diligencias se centran sobre el papel de intermediarios como Koldo García y el resto de implicados en la contratación de material para hacer frente al covid-19 por parte de los ministerios de Transportes -del que fue titular Ábalos-, el de Interior y las comunidades de Baleares y Canarias.

Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.

Koldo, asesor de Ábalos con perfil polémico

Koldo García Izaguirre fue asesor de José Luis Ábalos en la etapa de este último como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes. Su papel como persona cercana a Ábalos fue objeto de varias polémicas, entre ellas su participación en el encuentro en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, motivo por el que la oposición pidió explicaciones en el Congreso.

Este asesor fue nombrado por Ábalos consejero de Renfe Mercancías, entre otros cargos, una de las empresas que dependen del Ministerio de Transportes y cuyos contratos durante la pandemia son objeto ahora de investigaciones por las presuntas mordidas que habrían cobrado algunos intermediarios.

José Luis Ábalos fue ministro de Fomento entre 2018 y 2021, etapa en la que compaginó el cargo con el de secretario de Organización del PSOE, con Pedro Sánchez como secretario general del partido. Actualmente es diputado y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso."             (InfoLibre, 21/02/24)

Los cabos sueltos de Kitchen que la Fiscalía quería investigar y que la Audiencia finiquita... dejando fuera a la cúpula del PP en época de Mariano Rajoy. Este fallo implica que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, que estuvo imputada en la causa, esquiva finalmente cualquier responsabilidad penal. Pero también corta de raíz todos los hilos de los que aún se debía tirar, en opinión de la Fiscalía

 "La Audiencia Nacional ha dado esta semana un sonoro carpetazo a las pesquisas del caso Kitchen. La Sala de lo Penal ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón de dar por acabada la investigación sobre la operación parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, circunscribiendo así toda la responsabilidad al Ministerio del Interior y dejando fuera a la cúpula del PP en época de Mariano Rajoy. 

Este fallo implica que María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, que estuvo imputada en la causa, esquiva finalmente cualquier responsabilidad penal. Pero también corta de raíz todos los hilos de los que aún se debía tirar, en opinión de la Fiscalía y del resto de acusaciones.

Más implicados del PP. El ministerio público lo tenía muy claro al recurrir la decisión del juez García-Castellón: todavía queda por dilucidar si los 11 procesados, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, actuaron “en concierto” con más dirigentes del Partido Popular, entonces en el Gobierno. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía aseguró que existían indicios para ir más allá de Interior y señalar también a la dirección de la formación conservadora. La acusación no solo apuntó a Cospedal, a la que atribuye un “interés personal” en el espionaje a Bárcenas, sino que amplió el foco a otros cargos.

Una opción que la Sala desestima. El tribunal descarta volver a imputar a Cospedal, que mantuvo un contacto fluido con los comisarios José Manuel Villarejo y Andrés Gómez Gordo, piezas clave en la captación como confidente de Sergio Ríos, el chofer del extesorero popular. Los magistrados también rechazan citar como imputado a Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía, y a quien señalaron el propio Villarejo y Eugenio Pino, máximo cargo operativo del cuerpo en la época de Rajoy. La Audiencia Nacional no aprecia en el sumario indicios suficientes para indagar sobre ambos.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares subrayan que la cúpula del PP era la máxima beneficiaria de la operación Kitchen, que buscaba arrebatar a Bárcenas documentos comprometedores para el partido y su cúpula. Sin embargo, la Sala de lo Penal responde que podía haber más “interesados” en la “desaparición de la información guardada” por el extesorero: “Pudiera haber terceros, dentro o fuera del Partido Popular, que hubieran recibido o hecho donaciones para la llamada contabilidad B del mismo”, argumentan los jueces, que también han descartado indagar sobre los números de teléfono que facilitó Villarejo y a través de los cuales, según aseguró, se comunicaba con Mariano Rajoy.

¿Dónde está el material robado? Una pregunta clave que no responde el sumario es qué material le fue robado a Bárcenas y donde está. Por ello, la Fiscalía quería volver a interrogar al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, un agente de la máxima confianza de Cospedal. En una de las notas de las agendas de Villarejo se lee: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago. Este verano lo va a copiar”. El despacho de ese agente se encontraba en un edificio anexo a la Dirección General de la Policía, que lideraba Eugenio Pino, también procesado.

La Sala considera que esta vía de investigación no tiene futuro. El tribunal, al igual que García-Castellón, explica que ya han pasado muchos años desde que acabara Kitchen y han tenido “tiempo más que suficiente” para destruir los documentos que presuntamente sustrajeron. Además, remachan los jueces, Gago ya negó su participación en la operación de espionaje, por lo que “una nueva declaración en nada va a servir”.

El boicot a Gürtel. Las acusaciones sostienen que la operación Kitchen no fue más que una parte de un largo boicot a la investigación judicial del caso Gürtel, la macrotrama de corrupción que afecta al PP desde febrero de 2009. Las pesquisas revelan que la relación de Villarejo con Cospedal y su marido, Ignacio López de Hierro, viene al menos desde 2009 —cuatro años antes de que se active Kitchen—; y en sus conversaciones les revela datos secretos sobre causas que cercaban al PP. A su vez, se halló en poder de Villarejo un documento, titulado Proyecto SMP, que hablaba de “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. Era un presunto encargo que se le llegó a plantear al comisario por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”.

“Existe una línea de causalidad entre los hechos investigados [en Gürtel] y el actuar de Cospedal y López del Hierro, en una más que probable y lógica connivencia del por entonces presidente del PP y del Gobierno, para desbaratar e influir en la investigación judicial que se estaba desarrollando”, subraya Podemos, personado como acusación popular. Pero la Audiencia Nacional descarta esa tesis y cree la versión de la ex secretaria general de los populares, que repitió que Villarejo nunca le trasmitió datos secretos: “Reunirse con Villarejo no es una actividad ilícita [...] Ella no tenía ninguna razón para negarse, pues en aquel entonces Villarejo tenía prestigio y había sido condecorado en varias ocasiones”, dicen los magistrados, que inciden en que el Proyecto SMP nunca se vinculó a la expolítica.

 La Sala también corta los intentos de llamar a declarar a Arturo González Panero (PP), alias El Albonguilla, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y uno de los condenados por Gürtel. La Fiscalía quería interrogarlo después de que se encontrara en las agendas de Villarejo un apunte que revela el supuesto aviso que el policía le dio días antes de las detenciones en 2009 de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó en declaraciones al diario La Razón. Pero la Audiencia Nacional considera que estos hechos, de haber ocurrido, no guardan relación con Kitchen, que empieza “cuatro años más tarde”. El tribunal delimita las pesquisas exclusivamente a la operación policial contra Bárcenas: “No se explica cómo unos hechos acaecidos en 2009 o en 2017 pueden estar relacionados con los aquí investigados, que ocurrieron en los años 2012-2013″.

El asalto del falso cura. La Audiencia concluye que tampoco cabe indagar más sobre el asalto a la vivienda de Bárcenas en 2013, protagonizado por un hombre disfrazado de cura, Enrique Olivares, fallecido en enero. La Fiscalía sostiene que “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás de aquel episodio y pidió al juez que se identificara a los policías que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia del extesorero y que se citara como testigo a Ricardo Q., el preso de apoyo que tuvo Olivares durante su reclusión. Pero el instructor y la Sala lo han rechazado: “Se trata de una diligencia inútil”.

“Desde que ocurrió el asalto a la vivienda en 2013 hasta el momento, no se ha averiguado nada sobre su conexión con los hechos objeto de este procedimiento”, insisten los magistrados: “En la documentación desclasificada no aparece ninguna nota, acta o vigilancia que se refiera a dicho incidente y que permita constatar pago alguno a Olivares con cargo a fondos reservados”. El tribunal considera que el testimonio de Ricardo Q. carecería de valor, ya que nada de lo que le pudo contar el asaltante podría tenerse en consideración debido a su deterioro mental.

La trama en prisión. Las acusaciones mantienen que Kitchen extendió sus tentáculos hasta la prisión donde fue encerrado Bárcenas, donde “captó y utilizó” a otros colaboradores. Según las agendas de Villarejo, los comisarios implicados estaban al tanto de los movimientos del extesorero en la cárcel y, por ello, la Fiscalía quería ahondar en la figura del recluso Isidro Sánchez, uno de los compañeros de Bárcenas en el centro penitenciario. El ministerio público quería saber qué policías habían consultado las fichas de Sánchez en los años que duró la trama, e incluso si se le entregó dinero de los fondos reservados. Pero la Sala lo considera innecesario, ya que hasta ahora no se ha descubierto “pago alguno” a este hombre."                       (J. J. Gálvez, 22/04/22)

Un juez investiga si el despacho que fundó Montoro usó sus "influencias" en Hacienda en beneficio de clientes

 "El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 el exministro del PP Cristóbal Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacción.

La resolución resalta, además, que los miembros de la sociedad, que primero se denominó Montoro Asociados, después pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y que desde 2016 funciona como Global Afteli (GA), crearon una red de contactos en Hacienda gracias a que algunos de ellos habían desempeñado “cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y en las Autonomías”.

El auto, fechado el 28 de enero de 2022, se refiere a una investigación que se inició el 2 de agosto de 2018, y que permanece secreta y activa desde entonces, según confirman a este diario hasta cinco fuentes jurídicas y policiales del caso.

Hallazgo casual

La causa, que en 2022 ya apuntaba las primeras “sospechas” y “conjeturas”, se abrió tras descubrirse varios correos electrónicos “de forma casual” en otro procedimiento judicial abierto en 2017, tras presentarse en marzo de ese año una denuncia anónima.

Sin embargo, los mensajes que habían sido incautados el 6 de noviembre de 2017 durante un registro efectuado en la empresa Messer Ibérica de Gases SA, situada en la localidad de Vila-seca (Tarragona), en el seno de una investigación por un delito contra la ordenación del territorio, dieron pie a Anticorrupción a ampliar la causa.

Influencia en reformas legislativas

La resolución de la Audiencia de Tarragona se basa en la información suministrada por la Policía Judicial y las actuaciones practicadas por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra hasta esa fecha, en enero de 2022. El auto indica, de forma literal: “Las personas y entidades mercantiles sobre las que se viene dirigiendo la actividad investigadora [...] formarían parte de una trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Para ello, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE) antes Montoro Asociados y desde el año 2016 Global Afteli (GA)”.

La Fiscalía Anticorrupción, que encabeza las pesquisas, tiró del hilo y reclamó al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos todos los correos vinculados a la investigación, que ha destapado la presunta red clientelar tejida por la empresa fundada por Montoro, pero de la que se desvinculó el exministro de Hacienda en 2008, según ha asegurado de forma reiterada.

El 16 de diciembre de 2021 el juez de instrucción llegó incluso a acordar la intervención de los dispositivos y medios de comunicación utilizados por los investigados. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Audiencia Provincial de Tarragona.

Dificultad de la investigación

La instrucción de la causa, abierta en diciembre de 2018 y aún en secreto, ha sido complicada. Tanto que la fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.

En la Junta de Fiscales de 26 de septiembre en la que se sometió el asunto, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que sólo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se realizarán.

Entre medias, el tira y afloja mantenido entre la representante fiscal y su superior se ha notado en las propias pesquisas desarrolladas por los Mossos y la UCO de la Guardia Civil, cuerpos que las dieron por finalizadas hace casi un año, según señalan las fuentes consultadas.

Querella de Anticorrupción

No es la primera vez que el despacho fundado por Montoro se encuentra bajo la lupa judicial. En junio de 2017, el Juzgado número 22 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Anticorrupción -elaborada por la misma fiscal adscrita a la causa vigente ahora en Cataluña- contra los integrantes del despacho que había sido fundado once años antes por quien en ese momento era, por segunda vez, ministro de Hacienda de España.

El alto cargo siempre ha defendido que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, dos años después de la creación del despacho. Se da la circunstancia de que, el mismo día que un juez admitía la querella, Montoro era reprobado en el Congreso de los Diputados tras declararse inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como 'amnistía fiscal'.

En esta causa, que fue archivada dos años más tarde, en abril de 2019, se investigó a un total de siete personas -entre ellas a Ricardo Montoro, un hermano del ministro que ejerció como consejero de Equipo Económico- y a la propia consultora como persona jurídica en relación con la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio. La instrucción decayó al no encontrarse finalmente indicios que sostuvieran la querella de Anticorrupción."                 

(Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / J. G. Albalat / Ángeles Vázquez, EPE.es, 18/10/23)

El número dos de Interior con el PP: “¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? ¡Cagüenlaputa!”... Los mensajes encontrados en el móvil de Francisco Martínez dentro del caso Kitchen muestran las maniobras del Ejecutivo de Rajoy y su brigada política para torpedear las negociaciones de PSOE y Podemos para un cambio de gobierno a principios de 2016

 "30 de enero de 2016. Las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente. Los resultados de los comicios generales del 20 de diciembre anterior han abierto la posibilidad de que un acuerdo entre ambos partidos desbanque al Partido Popular del Ejecutivo. El Ministerio del Interior exprime la maquinaria de su brigada política para poder ofrecer a los medios afines información negativa de Podemos. 

El secretario de Estado de Seguridad escribe a un destacado miembro de la brigada política: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contesta que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclama Francisco Martínez. 

Hace dos semanas que varios medios han publicado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dossier policial que terminarán por despreciar los tribunales, pero que ocupa portadas y minutos en televisión vinculando a Podemos con financiación procedente de Venezuela e Irán. Para el Ministerio del Interior no es suficiente. García Castaño es en ese momento jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, captación de fuentes, escuchas… El comisario lleva cuarenta años cumpliendo con encargos especiales de distintos gobiernos. Se ha implicado en la Operación Kitchen, en las maniobras policiales contra el separatismo catalán… y contra Podemos.

García Castaño, solícito con el secretario de Estado de Seguridad, se salta la escala de mando y trata directamente con el número dos de Interior, dejando un reguero de indicios que terminarán arrastrando a este último hasta una petición de quince años de cárcel por parte de Anticorrupción por la operación el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. García Castaño también está procesado en el caso Kitchen, aunque el grave estado de salud que padece en la actualidad detendrá con probabilidad el procedimiento contra él, como ya ha ocurrido en el primer juicio del caso Villarejo. 

El comisario García Castaño, conocido en la Policía como ‘El Gordo’, le ha ofrecido en días anteriores a Martínez información sobre candidatos de Podemos en las distintas circunscripciones. El 30 de enero, Martínez le recuerda lo que le prometió. “Sería muy interesante saberlo… Y si han estado en temas abertzales temas de extremismo violento, etc…”.

Quedan casi dos años para que otro comisario, José Manuel Villarejo, sea detenido y en su casa aparezcan las pruebas de las distintas operaciones parapoliciales durante ese periodo. Los chats de WhatsApp que hoy publica elDiario.es estaban, sin embargo, en el teléfono de Martínez. El mismo móvil que volcó la Unidad de Asuntos Internos cuando se presentaron en su casa, junto a los fiscales, en el marco de la investigación del caso Kitchen, en marzo de 2020. 

Los policías habían destacado en sus atestados los mensajes destacados para esa pieza separada sobre el espionaje a Bárcenas, pero la guerra sucia contra Podemos o la Operación Catalunya siguen sin encontrar hueco en el caso Tándem, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. Finalmente han sido incorporados a la causa en bruto, una vez la instrucción ha finalizado y se divisa ya el juicio. 

“Josetxu Arrieta el único que pertenecía a ETA”, le explica el comisario al político. Del pasado del que fuera senador por Podemos ya había informado Okdiario el 26 de diciembre, al que identificaba como “un etarra arrepentido”. Arrieta explicó que ingresó en ETA con 17 años, todavía en dictadura, y que se benefició de la amnistía de 1977. García Castaño le explica sobre unas fotos que le había enviado con anterioridad a Martínez: “[Es] el último que aparece en las fotos que te mandé, los moros con esos nombres nada”. 

El secretario de Estado de Seguridad deja entrever su decepción: “Digo que si los demás están limpios… tampoco violencia callejera, anarcas, etc???”. El comisario le contesta: “Lo vuelvo a mirar, pero creo que no”. Es cuando Martínez zanja: “¡Cagüenlaputa! Alguno tiene que ser chungo”. 

El número dos de Interior le pide al comisario que mire “con ojos atentos” y García Castaño promete insistirle a Castiñeira, en alusión al entonces jefe de la Brigada Provincial de Información en Madrid, Germán Castiñeira. “Los trabajó mucho tiempo”, dice el jefe de la UCAO sobre su compañero comisario.

Los mensajes hallados en el teléfono de Martínez son una prueba más de cómo el Ministerio del Interior maniobró contra Podemos desde casi su irrupción, tal y como demuestra el cruce de las anotaciones de Villarejo en su diario con hechos acreditados [leer aquí]. Este lunes, el diario El País ofreció otros mensajes de Martínez con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que abundan en esta guerra sucia contra el partido morado y contra el independentismo catalalán, consistente en obtener informaciones sin contrastar que luego eran filtradas a determinados medios de comunicación en los momentos en que consideraban más podían dañar al adversario político. 

Unos días antes de la conversación citada, el 20 de enero de 2016, García Castaño alude a la operación Catalunya en su conversación con Martínez. “No se te ocurra darle una medalla a Salamanca [Carlos, otro comisario], dice Pino que la propones tú, fui yo el que le dije a Fornet que tirara para adelante con el famoso escrito de la udef, te acuerdas?”. García Castaño alude a la difusión, en rueda de prensa, de un supuesto informe de la UDEF que atribuía delitos a Artur Mas y otros dirigentes independentistas por parte de José Manuel Sánchez Fornet, en aquella época secretario general del Sindicato Unificado de Policía y colaborador habitual de García Castaño y Villarejo. 

“La Fiscalía son unos cagados vendidos a la izquierda”

En este clima de negociación para un cambio de Gobierno, Antena 3 había difundido unas imágenes, el 21 de enero de 2016, que habían sido tomadas dos años antes, el 10 de diciembre de 2014, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Según la cadena, “un avión de las fuerzas aéreas venezolanas, normalmente utilizado por Nicolás Maduro, llega a Madrid para trasladar a Venezuela, a Anna Gabriel, portavoz de la CUP en el parlamento de Cataluña, a María José Aguilar, dirigente de Podemos en Castilla-la Mancha, y a Ignacio Gil de San Vicente, suegro del número uno de ETA David Pla y padre de una terrorista detenida en Francia”.

Cuatro días más tarde de la información, el 25 de enero, se escriben por WhatsApp el comisario y el número dos de Interior.

García Castaño: ¿La fiscal general de qué va? Porque la Fiscalía Anticorrupción no quiere saber nada de lo de Podemos y lo de la CUP.

Martínez: Porque son unos cagados completamente entregados a la izquierda, que solo buscan destruir al PP.

García Castaño: Yo no entiendo nada.

El comisario Enrique García Castaño acabaría confesando en la Audiencia Nacional su participación en el caso Kitchen y describiendo cómo informaba puntualmente al secretario de Estado de Seguridad de la operación parapolicial con fondos reservados. Antes de que eso se produjera y rompieran su relación, el político y el policía hablan, el 1 de marzo de 2017, todavía en términos afectuosos, del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Se refieren a la creación de una comisión de investigación en el Congreso y ‘El Gordo’ afirma: “Jorge es el cadáver a pasear para que no se llegue más arriba. Hablo del tema catalán, la grabación es una pieza más del puzle”."                   (Pedro Águeda  , eldiario.es, 28 de febrero de 2023)

Álvarez-Cascos cobró 4,7 millones de instituciones y empresas a las que benefició como ministro... El departamento de Fomento que dirigía el ex del PP, adjudicó obras del AVE a compañías de las que ha recibido pagos, al menos hasta 2018

 "Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento durante el Gobierno de José María Aznar, cobró 4,7 millones de euros provenientes de instituciones y empresas a las que benefició en el ejercicio de su cargo público a través de contratos. El departamento de Fomento que dirigía el exmandatario del PP adjudicó obras a compañías de las que ha recibido pagos al menos hasta 2018, incluyendo su etapa como presidente del Principado de Asturias, y desde 2004, año en el que abandonó la política institucional de ámbito nacional, según lo publicado por el diario ABC.

El también vicepresidente durante la etapa del primer gobierno de Aznar hizo uso de dos empresas propiedad de su entonces esposa, María Porto, y de las que tenía el control directo, Aqualium Spain y Cinqualim, con el fin de realizar los cobros a través de ellas. El dinero recibido por Álvarez-Cascos provenía de empresas a las que él mismo adjudicó contratos públicos mientras ejercía el cargo de ministro de Fomento.

Dichos pagos contenían conceptos que no guardan ninguna relación con las actividades de las sociedades cuyo control directo ostentaba el exdirigente del PP. Según la documentación consultada por el mencionado periódico, estos trabajos de las compañías de Álvarez-Cascos consistían en difusas asesorías, ventas de obras de arte e incluso supuestas labores de reputación online, pasando por intermediación en venta de maquinaria, además de alquileres de despachos de tan solo 10 metros cuadrados, por los cuales llegó a percibir hasta 7.700 euros al mes procedentes de empresas “que no aparecían por allí”.

Pagos de empresas a Álvarez-Cascos

Cuando el expolítico del PP se retiró de la política institucional a nivel nacional en 2004, en aquel mismo año creó la sociedad Aqualium Spain S.L., cuya propietaria era oficialmente Porto, quien fuera su esposa. Sin embargo, la investigación del citado diario ha arrojado que quien controlaba directamente las actividades de la empresa era el propio Álvarez-Cascos.

La compañía del exministro de Fomento con Aznar tenía dos vías de negocio principales: cobraba de cajas de ahorros controladas por el PP por organizar exposiciones en ciudades con ayuntamientos gobernados por la misma formación y vendía obras de arte a constructoras a las que había adjudicado cientos de millones de euros durante su etapa de ministro de Fomento. Uno de los ejemplos que refiere ABC es la empresa valenciana Rover Alcisa, que pagó 95.900 euros entre 2004 y 2006 a la del exmiembro de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo y a la que el propio Álvarez-Cascos otorgó adjudicaciones públicas en tres megacontratos por valor de hasta 35,6 millones de euros.

Según traslada el mencionado periódico, ni Francisco Álvarez-Cascos ni María Porto ni las 22 empresas beneficiadas a través de contratos recibidos por el exministro del PP de Aznar han querido responder a preguntas sobre este caso. Tan solo Construcciones Sando ha declarado que no poseen “ya las facturas impresas en el archivo” tras “un ciberataque en junio”, pero sí que han confirmado que “en los últimos 50 años se han adquirido por parte de la compañía distintas obras de arte”.                  (J. RICO, El Plural, 6 de enero de 2023)

Un funcionario de Industria se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado... En una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado... El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado...

 "Crónica Libre desvela, gracias a un documento en exclusiva, cómo un funcionario de Industria, se negó a firmar los informes falsificados que tenía que auditar y cuya resolución ya le habían ordenado. El propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado

 En las dos entregas anteriores del #IndustriaGate, Crónica Libre ha desvelado como se utilizó el Ministerio de Industria para favorecer al partido popular en las elecciones generales, autonómicas y locales, y como el PP defraudó 2.000 millones del Ministerio.

En esta nueva entrega, Crónica Libre desvela, en base a unos documentos exclusivos, cómo la situación fue tan irregular que el propio funcionario solicitó a sus superiores protección de la Abogacía del Estado para cuando les denunciaran, situación que parece ya anticipaba. El viernes 13 de marzo de 2015, tuvo lugar en el Ministerio de Industria una reunión donde se decidió cancelar por incumplimiento (poner en Reintegro Total) todos los proyectos de una serie de compañías, independientemente de su contenido, desarrollo o resultado de auditoría que ni siquiera se habían comenzado.

A esa reunión, asistió el funcionario David Ginard Pariente que en ese momento era el Jefe de Unidad de Servicios en la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Según el perfil de Linkedin de Ginard, éste funcionario tiene una formación impresionante: es Ingeniero Aeronáutico, Doctor en Astrofísica, Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. A día de hoy, Girard es Coordinador del Área de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España.

#INDUSTRIAGATE

El martes 17 de marzo de 2015, Ginard escribió un email a su superior, Antonio Alcolea Muñoz con copia a otros 9 funcionarios del Ministerio.  (...)

 Ginard, expone su preocupación con respecto a una de las empresas que estaban auditando, en concreto al Grupo Tecnológico ZED:“El viernes pasado tuvimos que indicar si los proyectos iban a tener reintegros totales o parciales.” Esta información choca con la realidad de los informes de auditoría que ha podido confirmar el equipo de investigación de Crónica Libre. A pesar de tomar la decisión de auditoría el viernes 13 de marzo de 2015, las fechas de los informes son extraordinariamente posteriores.

Crónica Libre ha constatado, en los 18 expedientes a los que hemos tenido acceso, que la auditoría de proyecto más cercana está fechada 2 meses después. Y la más lejana, más de 2 años . En la mayor parte de ellos, ni siquiera se había realizado una sola acción de comprobación o auditoría en el momento que se tomó la decisión de cancelarlos.

Crónica Libre ha contactado con varios auditores registrados en el ICAC (Instituto de Censores y Auditores de Cuentas), el organismo que regula todas las auditorias que se realizan en España, que han confirmado que esta práctica es simple y llanamente un fraude.

Por ello, es muy razonable pensar que Ginard, con su extensa formación, era consciente de la prevaricación que se estaba cometiendo, pues el mismo dice en el email: “Como este tema es muy “extraordinario” y no sabemos dónde va a llegar”.

 Para curarse en salud, el funcionario propone una serie de medidas para protegerse ante las posibles consecuencias jurídicas: “Respecto a las firmas de los informes finales, ¿no podríamos intentar que firmase una comisión y no nosotros?” Es decir, vuelve a ser consciente de la ilegalidad e intenta evitar tener que firmar los informes. La preocupación por una posible denuncia es latente: “¿Nos podrían denunciar individualmente? ¿Nos defiende la AE?“. Está claro que el funcionario estaba pidiendo la asistencia jurídica a la Abogacía del Estado ante las denuncias que anticipaba que se iban a producir.

En su cuarto punto, pregunta por el procedimiento de realización de los informes que tiene que hacer con la decisión sobre su resultado ya tomada: “Supongo que seguiremos como hemos dicho el procedimiento normal: TACI, TAER, etc”. Y continúa diciendo: “todos los de ZED (excepto Ilion Studios) pecan de la parte de personal“, en referencia a la información que Crónica Libre desveló ayer sobre la inclusión de la norma sobre control de gastos de personal que se inventó el gobierno del PP para cancelar los proyectos.

Ilion Studios y Planet 51

Debemos explicar que Ilion Studios era una filial de ZED que fue la autora de la película Planet 51, cuyo estreno en 180 países del mundo la convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine español (180 millones de dólares) y fue ganadora del Goya a la mejor película de Animación. Según ha podido constatar Crónica Libre, la sociedad Ilion Studios no fue víctima de la cacería de proyecto por parte de Industria, pero sí su matriz, a pesar de que la coordinación e interlocución con el Ministerio de todos los proyectos la llevaban las mismas personas. Fuentes de la administración consultadas por Crónica Libre confirman que se decidió no aplicar la persecución a las empresas del mundo del Cine por la repercusión mediática de las mismas."              (Patricia López , Crónica Libre, 18/08/22)