Núria Marín, la concejal que denunció el desvío de fondos del Consell Esportiu de L'Hospitalet: "Tú haz lo que tienes que hacer"

 "La declaración la semana pasada ante la Policía Nacional de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, provocó una réplica del terremoto en la agrupación local del PSC que causó el estallido del caso antes del verano. 

En una tensa asamblea, a cuya grabación ha tenido acceso elDiario.es, las dos partes enfrentadas solo llegaron a una conclusión: la alcaldesa no puso trabas a que el concejal de Educación, el socialista Jaume Graells, denunciara las irregularidades presuntamente cometidas por dos compañeros de partido y de consistorio, el segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, y el concejal adjunto de Deportes, Cristóbal Plaza.

Una jueza de L'Hospitalet investiga si Plaza, Alcázar y otros representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 para pagar gastos personales. El caso del Consell Esportiu, destapado por Nació Digital, llegó a los tribunales tras una denuncia de Graells, y acumula de momento trece investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. 

 La jueza ha permitido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona a llevar a cabo varias pesquisas, entre ellas el interrogatorio en comisaría de Marín, y espera recibir un informe de la Policía antes de decidir los próximos pasos. En la declaración, que se alargó tres horas, los agentes insistieron en saber si Marín conocía las irregularidades investigadas. La jueza todavía no ha imputado formalmente a la alcaldesa, que también es presidenta de la Diputación de Barcelona.

A la espera de la evolución judicial de la causa, el vídeo de la asamblea telemática del PSC de L'Hospitalet del pasado martes constata el enfrentamiento entre Graells y Alcázar. Éste último llega a tildar a su compañero de partido de "impresentable".

La asamblea empieza con una cronología de Marín sobre el caso. Tras recibir en febrero versiones "contradictorias" de denunciantes y denunciados y constatar que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente porque el Consell es un ente privado, Marín explica que a finales de febrero decidió que sería la propia entidad la que encargaría una auditoría. Unos días después, continúa la alcaldesa, Graells fue a verla a su despacho y le trasladó que, por recomendación de su abogado, iba a denunciar las irregularidades detectadas.

"Tú haz lo que consideres que tienes que hacer", fue la respuesta de Marín a Graells, según la alcaldesa, una versión que el concejal corrobora en la asamblea minutos después. "Lo que ha apuntado la alcaldesa responde plenamente a la realidad", indica Graells en dos ocasiones, para a renglón seguido justificar a sus compañeros de partido la denuncia ante la Policía que interpuso el mes de mayo: "Si no denunciaba podría entrar en delitos de prevaricación y tal, cualquier cargo público que detecta irregularidades tiene la obligación de denunciarlo, que es lo que yo he hecho". La alcaldesa también explica a la militancia que remitió "a la autoridad judicial" un correo con documentación del Consell que le envió Graells.

La auditoría encargada por el Consell quedó frenada por la judicialización del caso. Graells no esconde su enfado y decepción con el PSC, que considera que no le ha apoyado en su denuncia contra la corrupción de sus compañeros. "A mí no se me ha dado credibilidad y en muchos ámbitos se ha tomado en broma el tema", lamenta el concejal. Las irregularidades en el Consell que denunció, abunda Graells en la asamblea, son "inadmisibles políticamente y éticamente". "Tendrían que tener ya unas responsabilidades políticas evidentes", apostilla, sin mencionar a los otros dos concejales.

Tras la publicación de esta información, Graells se ha puesto en contacto con elDiario.es para indicar que, además de por recomendación de su abogado, informó a Marín de que iba a denunciar porque el Consell no arrancaba la auditoría, y que finalmente sí denunció los hechos unas semanas después. El concejal ha agregado que dio la misma versión ante la Policía.

 La asamblea continúa con alusiones veladas a que la denuncia de Graells se explica por el proceso de primarias para liderar el PSC de L'Hospitalet, que venció Alcázar el pasado mes de febrero por un estrecho margen frente a su suegro, Fran Belver, y por cuestiones "personales" que afectan a la familia del concejal denunciante. Graells ha dimitido como teniente de alcaldía pero no ha dejado su acta de concejal. Quien sí dimitió el pasado fin de semana fue Cris Plaza, investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad.

Graells desmiente todas las tesis alternativas y remarca que la denuncia solo tiene que ver con las "irregularidades" que observó cuando entró durante el actual mandato en la dirección del Consell, una entidad privada pero que se nutre de subvenciones públicas y cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

La caja de los truenos se destapa definitivamente con la intervención de Alcázar. "No voy a dimitir porque no hay motivos", empieza Alcázar, quien afirma que se apeará del cargo si observa que es un "obstáculo" para que el PSC mantenga la alcaldía de L'Hospitalet y obtenga un buen resultado en las elecciones catalanas de febrero. Alcázar llega a valorar su eventual dimisión como "una herencia del 'podemismo' que ahora gobierna con nosotros en España" consistente, a su juicio, en "pagar una parte de la culpa antes de saber si eres culpable o no". "No estoy de acuerdo con esa presunción de inocencia", remacha.

"Pues tienes muy poca visión política porque te tienes que ir", replica Graells, a lo que Alcázar responde tildando a su compañero de partido de "impresentable" y pidiéndole que corte el micrófono. "Estoy hablando yo, esto no es Telecinco", lanza Alcázar.

Alcázar tilda las razones expuestas por Graells para denunciar el caso de "excusa". Ante la interpelación, Graells quiere replicar, pero Alcázar prosigue con su intervención y asegura que la segunda denuncia ante los tribunales del caso, que presentó ERC, eran "fotocopias guarrillas y seleccionadas" de papeles del ente y "una carta de supuestos familiares del Consell con distintas tipologías de letras como si estuviéramos en una película de la mafia".  

 Graells se queja de que le están cerrando el micrófono, a lo que Alcázar agrega: "Sí, es que hay un orden de palabras y esto es un partido político". El teniente de alcalde acaba su intervención apelando a la "unidad" del PSC y con un llamamiento a "desterrar los temas que nos han tenido entretenidos este año" y centrarse en ganar las elecciones catalanas y reeditar la alcaldía de Marín en 2023. La asamblea finaliza sin que Graells pueda volver a intervenir. "                     (Oriol Solé Altimira / Neus Tomàs , eldiario.es, 17 de diciembre de 2020)

Condenado a 5 años y 8 meses de cárcel el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz

"(...) Según el relato del Ministerio Público, la trama habría defraudado 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos desarrollados en Santa Coloma de Gramenet (Operación Pallaresa), Sant Andreu de Llavaneres (Operación Niesma) y Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad.  (...)

Los magistrados describen el papel trascendental llevado a cabo en las ilícitas actuaciones urbanísticas por Luis García, conocido como “Luigi”. Como diputado del PSC durante los años 1980 a 1988, mantuvo, según el tribunal, fluidas relaciones personales y de antigua militancia política con diversos cargos públicos que le permitían actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario”.

 Intervino en las operaciones desarrolladas en las tres localidades mencionadas, ideando y liderando las mismas y desarrollando actividades esenciales para seleccionar a los posibles inversores a los que ofertaba el plan de negocio y favoreciendo la aprobación posterior de los cambios urbanísticos por los que percibía contraprestaciones y comisiones “tanto para él mismo como para los diversos cargos públicos e intermediarios que propiciaron la culminación de las diversas operaciones”.

Comisiones ilícitas

Los jueces concluyen que el exsecretario de la Presidencia de la Generalitat en la década de los 80, Lluis Prenafeta, y el exconseller de Economía Maciá Alavedra intervinieron activamente en las operaciones de especulación inmobiliaria desplegadas en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona para favorecer a empresarios particulares. 

Según el tribunal, estos dos acusados, “sabedores de los contactos e influencias que Luis Andrés García tenía en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya, se concertaron con el mencionado García, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones, lo que les permitió recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial, que fueron pagadas por empresarios particulares”.

La Sala considera probado que García, Prenafeta y Alavedra se sirvieron de un complejo entramado societario, así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios ‘off shore’ para ocultar cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva, tanto por sus intermediaciones en diversas adjudicaciones como por eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública, “desvinculándolas de su origen y titularidad para aflorarlas con una apariencia lícita”.

Para lograr esa ocultación y reinversión de los fondos generados de forma ilícita, tanto Prenafeta como Alavedra se sirvieron de sus esposas, así como de los también acusados Gloria Torres y Philip Mc Mahan.

García resulta absuelto del blanqueo por cuanto el entramado societario utilizado fue el mismo que se empleó para cometer los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por los que ocultó que era él quien se encontraba detrás de las ilícitas operaciones llevadas a cabo en los tres ayuntamientos.

“Burlaron los principios rectores”

Por otro lado, el tribunal recuerda que los condenados han ejercido sus actividades ilícitas en una materia especialmente trascendente y delicada como es la de urbanismo: “burlaron así los principios rectores que deberían haber presidido la actuación de una Administración Pública en una materia especialmente trascendente y delicada, como es la de urbanismo, adoptando decisiones sin que existieran en los expedientes informes técnicos rigurosos y objetivos que amparasen las modificaciones pretendidas, desplegando una actuación reiterada, más aún, habitual, dirigida inequívocamente a un favorecimiento intolerable hacia determinados particulares”."          (Carlota Guindal, La Vanguardia, 02/07/18)

La fiscalía denuncia a Narcís Serra y a la excúpula de CatalunyaCaixa por un agujero millonario

"La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional contra el expresidente de Catalunya Caixa, Narcis Serra, y otros 14 exaltos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007. 

Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Serra tiene pendiente otro proceso judicial por la aprobación de sobresueldos a directivos cuando la entidad registraba pérdidas.

La denuncia del fiscal Fernando Maldonado expone que durante ese periodo la caja de ahorros "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" través de su filial PROCAM. Las inversiones no solo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

En la mayoría de los casos el "aval y fiabilidad" que desde la entidad se dio a esos proyectos se otorgó "confiando" en la palabra de los socios copartícipes de las inversiones, sin previos informes externos independientes y "sin realizar el análisis exhaustivo de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados y su grado de implicación con aportación de recursos propios" que, en algunos supuestos, "eran poco significativos" en relación al volumen del negocio.

Según la fiscalía, prácticamente todos los proyectos inmobiliarios tenían, en el momento de su aprobación, condicionado su desarrollo a la consecución de trámites urbanísticos "ineludibles" y de "resolución incierta". 

 Algunos terrenos, incluso, eran no urbanizables o estaban afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, por lo tanto, necesitaban un posterior desarrollo de los "diversos instrumentos urbanísticos para poder construir viviendas". Esto conllevaba "riesgo en la inversión".

SIN VALORACIONES INDEPENDIENTES

Las decisiones de inversión, destaca la denuncia, se sancionaban favorablemente "sin mediar previas valoraciones independientes de los activos" urbanísticos con las que contrastar el precio demandado por los vendedores y sin la confección de informes jurídicos sobre la adecuación de los contratos.

El fiscal subraya que, además, las operaciones se materializaron frecuentemente sin inclusión de cláusulas resolutorias que cubriesen los intereses de la caja y en los supuestos en los que si figuraban "estas no fueron ejecutadas o se evidenciaron insuficientes". El objetivo, incide la acusación pública, era "compensar las cuantiosas pérdidas de valor derivadas de la no concreción de las expectativas urbanísticas iniciales".

Otra anomalía detectada, presente en aproximadamente la mitad de los proyectos, es la existencia de posibles conflictos de interés, pues los activos adquiridos ya eran propiedad del socio copartícipe o de sociedades o personas vinculadas a él. En algunos casos se habían adquirido los solares solo días antes.

La comisión ejecutiva de la caja, además, aprobó proyectos sin tener competencias para ello, ya que por el importe de la operación correspondía hacerlo al consejo administración. La fiscalía también apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio.

El control del presidente y directores generales

La fiscalía destaca que de la investigación previa practicada se desprende “la total falta de preparación técnica de la mayor parte” de los miembros del consejo de administración de CX para la aprobación de ”cualquiera de las propuestas” que les plantease el director general.

 Igualmente, se ha constatado que el expediente que se entregaba a los consejeros contenía una mínima información del proyecto y solo podía ser consultado en la misma sesión de la votación. "No extraña que nunca se realizaron auténticas votaciones y que todos los proyectos se aprobaran por asentimiento", indica.

La “ausencia de un auténtico control” provocaban que el presidente (Narcís Serra), el director general (José María Loza y Adolf Todó) y su adjunto eran quienes "realmente" decidían en la caja, sin que sus decisiones “jamás” fueran puestas en entredicho.

 La denuncia concluye que "se entince indiciariamente que los denunciados elevaron propuestas y adoptaron acuerdos contrarios al buen sentido económico” y que entrañaron “un claro perjuicio patrimonial” a la entidad."     (J. G. Albalat, El Periódico, 15/03/17)

La “constante corrupción de baja intensidad” en la sanidad catalana

“Ha sido una constante corrupción de baja intensidad que ha ido pudriendo el sistema a lo largo de 20 años. No ha habido grandes golpes. Ha sido poco a poco, contrato a contrato, adjudicación tras adjudicación, cómo gestores sanitarios y empresarios han tejido una maraña de intereses para lucrarse con fondos públicos. 

Y nada hubiera sido posible sin la complicidad de cargos políticos”. Así define el caso Innova uno de sus investigadores. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus, la Fiscalía y la Guardia Civil llevan más de tres años tratando de deshacer la madeja del caso Innova en un proceso que amenaza con llevarse por delante a muchos responsables de la sanidad catalana. 

No es casual que Reus (Tarragona) haya sido el detonante del proceso judicial en marcha. En la ciudad confluyen los dos ingredientes del caldo de cultivo que ha alimentado la trama: el flujo constante de fondos públicos y el escaso control sobre su destino. El dinero lo pone el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que con 8.040 millones en 2014 gestiona dos de cada cinco euros del presupuesto de la Generalitat. 

Pero el CatSalut, que tiene a dos de sus últimos tres directores (Josep Prat entre 1998 y 2003 y Carles Manté de 2004 a 2008) como principales imputados en la causa, apenas gestiona ese dinero. Lo transfiere a entes como Innova, el gigantesco holding de empresas municipales de Reus que llegó a controlar el 74% del presupuesto del Ayuntamiento. 

 Y era en los consejos de administración de Innova, formados por los concejales pero lejos de la luz de los plenos municipales, donde se decidía adónde iban a parar 400 millones de euros anuales. 

Una veintena de ediles de CiU, PSC, PP, ICV y ERC, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, también figuran entre los imputados del caso. El principio del fin del montaje fueron las pasadas elecciones municipales. Tras 30 años de sólidos consensos, un joven que hasta entonces era jardinero municipal, David Vidal, fue elegido como concejal en las listas de la CUP, una formación asamblearia, anticapitalista e independentista. 

Como edil, Vidal empezó a sentarse en los consejos de administración de Innova. “Al principio no entendía nada. Todo se aprobaba en un segundo, sin explicaciones y sin que nadie preguntara”, ha explicado Vidal en repetidas ocasiones. “Empecé a cuestionar cosas, pero se reían”, añade. 

Fue la CUP la que llevó a la Fiscalía la acumulación de cargos de Josep Prat, máximo ejecutivo de Innova y que cobraba un sueldo, que no se hizo público hasta muy avanzado el caso, de 280.000 euros al año. Prat era también vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número 3 del Departamento de Salud tras ser recuperado por el actual consejero, Boi Ruiz.

 Poco después EL PAÍS desveló que Prat había utilizado la estructura de Innova para pagar 720.000 euros por trabajos supuestamente inexistentes a Carles Manté, su sucesor al frente del CatSalut. Las investigaciones en marcha se aceleraron y el juez Diego Álvarez de Juan empezó a abrir una pieza separada tras otra a medida que iban llenando su mesa sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo, facturas falsas e informes de la Agencia Tributaria.

 El macroproceso judicial en marcha tiene aún mucho por investigar. Gran cantidad de información está bajo secreto de sumario. Pero lo que ha trascendido muestra una forma de hacer las cosas que lleva a los investigadores a calificarla de “constante corrupción de baja intensidad”. 

Los autos del juez Álvarez de Juan son ricos en expresiones como “esquizofrenia contractual”, “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” y “grosera falta de control del dinero público”. A medida que avanzaban las investigaciones, también crecía la cantidad e importancia de instituciones y personas implicadas. Lo primero fue la extensión de la trama corrupta siguiendo los negocios de Innova por buena parte de la por la provincia de Tarragona. 

Luego llegó el registro de la Guardia Civil en la casa de Josep Prat, donde los investigadores hallaron suficiente documentación para reescribir la historia de la sanidad catalana. Las adjudicaciones bajo sospecha alcanzaron a la Generalitat y al presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), que fue imputado por los pagos hechos desde Vila-seca, localidad de la que es alcalde, a un exalto cargos del CatSalut. 

En las pesquisas entraron en escena grandes constructoras como Comsa (también investigada en el caso Pujol), consultoras y todo tipo de empresas proveedoras de servicios sanitarios. Un asunto destacado es el del transporte sanitario, con empresas como Ambulancias Baix Ebre y Ambulancias Reus. 

La primera es propiedad del presidente de la patronal nacional del sector, Bernardo Coslado, también detenido e imputado en la causa. La segunda, cuyas instalaciones han sido registradas este martes, tuvo como consejero en algunos de los años investigados a Xavier Pomés, exconsejero de Sanidad e Interior de los gobiernos de Jordi Pujol.

 Las reacciones políticas del caso han ido cambiando desde el desdén inicial a cambios de profundo calado. El PSC, que desde las primeras elecciones democráticas y hasta 2011 gobernó en Reus, empezó ignorando el caso. No solo estaba en juego la figura del exalcalde Lluís Miquel Pérez, sino también la de la exconsejera de Sanidad Marina Geli. 

 No en vano, como Josep Prat declaró ante el juez, algunas de las decisiones adoptadas en Innova se hicieron siguiendo las indicaciones de Geli. En el seno del partido, sin embargo, han ido ganando fuerza las voces partidarias de tomar distancia de la llamada sociovergència, el acuerdo tácito por el que los dos grandes partidos catalanes gestionaron sin hacerse oposición la sanidad catalana y que tiene al caso Innova uno de sus máximos exponentes. La marcha de Geli hacia posiciones soberanistas ha acelerado este cambio.

 CiU, en cambio, ha pasado de colaborar en las primeras fases de la investigación a enfrentarse abiertamente con el juez Álvarez de Juan. El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), en el cargo desde 2011, atacó con dureza la gestión de Prat y los pagos a Manté cuando se hicieron públicos. 

El siguiente paso fue reestructurar Innova para reducir el tamaño de las empresas municipales. Vistas con la perspectiva del paso del tiempo, estas decisiones parecen el intento de levantar un gran muro de contención que ahora se resquebraja. La imputación de Poblet, apoyado en todo momento por Artur Mas, fue la primera señal. 

La detención ahora de su mano derecha, la teniente de alcalde Teresa Gomis, marca el punto final de los intentos convergentes de endosar las responsabilidades a los anteriores Gobiernos socialistas de Reus.

 Las palabras de esta mañana del portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, cuestionando al juez del caso y recurriendo a falsedades (ha dicho que la Audiencia de Tarragona no vio motivo para imputar a Josep Poblet cuando en realidad fijó el cambio del juzgado competente), ilustran la posición de beligerancia defensiva que ha adoptado CiU."             ( Oriol Güell  , El País, Barcelona 28 ABR 2015)

“El concejal se repartía las comisiones con sus amigos del Ayuntamiento”

"Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. 

Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.

A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio.

 “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.

Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras.

 Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.

 Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. 

Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.

“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. 

Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS. (...)

En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. 

El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.

 Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. 

Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.

Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado.

 Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.

Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”.

 Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.

A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. 

Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche.

 “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.           (El País, 11/12/2012)

“La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas”. En Cataluña el clientelismo político alcanza de pleno a la socialdemocracia

"El estallido público de nuevos casos de corrupción que, esta vez, alcanzan al Partido de  los Socialistas de Catalunya y, sin perjuicio del resultado final de la investigación judicial, es muy preocupante. El momento siempre es inoportuno, sobre todo para los implicados, pero esta vez más. El pasado 23 de Octubre se publicó la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 (L.O. 5/2012).

 En ella se fija el presupuesto de este año para los “gastos de funcionamiento” y de “seguridad” de los partidos con representación parlamentaria. Exactamente, 69.165.000 €. Una suma elevadísima, en relación con las partidas que se reducen drásticamente para los servicios públicos esenciales. ¡Qué contradicción!

Pero, vayamos por partes. Prestigiosos sociólogos norteamericanos hacen una distinción entre tres formas de corrupción, la blanca, la gris y la negra. Depende de los factores que concurran en cada una de ellas, la naturaleza de las infracciones legales, el perjuicio económico causado al erario público o, entre otros, el deterioro sufrido por las instituciones implicadas en ella. La denominada como negra es, en todo caso, delictiva. 

Y, precisamente, estos días, al tiempo de conocerse aquellos casos de corrupción, los medios han dado cuenta de ciertas decisiones políticas que han generado entre la ciudadanía dudas o, directamente, repulsa. Decisiones que, si bien no encajarían directamente en la corrupción negra, suscitan dudas sobre su legitimidad.

Es sabido que la Consejería de Territorio y Sostenibilidad ha cedido la gestión de Aigües Ter-LLobregat a la sociedad Acciona Agua, en un proceso más que discutido por la privatización de un bien tan esencial como el agua para la comunidad. La sociedad Agbar, disconforme con tal decisión, la ha impugnado. Pero concurre, en este proceso un dato significativo y no irrelevante. 

Un alto cargo de la Generalitat, el Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, órgano asesor de la Presidencia, es desde el 20 de Marzo de este año Ferran Rodés Vilá, (1) quien a la vez es Consejero desde el 4 de Junio de 2009 de la sociedad Acciona, matriz de la sociedad adjudicataria? Ha habido un trato de favor? ¿En qué zona de la corrupción estaríamos?

Simultáneamente, se ha sabido que la Consejería de Salud -el conseller, Boi Ruiz, está pendiente de una querella por delitos, entre otros, de corrupción- ha decidido, por vez primera en la historia de la sanidad pública catalana, adjudicar la gestión del Centro de Asistencia Sanitaria y siete Consultorios de L’Escala (Girona), a la empresa Eulen, SA, durante diez años por un importe de 24 millones de euros. Es una sociedad, propiedad de la familia Álvarez Mesquiriz, que, salvo su filial Euxa, dedicada a la atención de personas de la tercera edad, está calificada en el Registro Mercantil como “líder en España en prestación de servicios intensivos en personal” , “como gigante español en servicios” o especialista en “seguridad privada, limpieza y logística”.

 Y, que se conozca, sus actividades principales son la explotación vinícola -Bodegas Vega Sicilia- y ganadera -sociedades Valles del Esla y Neal-. Pese a ese particular perfil, encabeza el rechazable proceso de privatización de la sanidad catalana. ¿Por qué? Dicen que superó a la Fundació Salut Empordà, actual gestora de dichos centros, en la calificación de  los requisitos exigidos. Pese a que carece de toda experiencia en la gestión sanitaria. Ya veremos lo que hay detrás de esta discutible y brumosa decisión.

En este contexto, salta a la publicidad la corrupción ya citada. De la que, según los datos disponibles, no puede dudarse de su carácter delictivo. Siempre según esos datos, el Ayuntamiento de Sabadell, en los últimos dos años, durante los procedimientos de contratación de obra publica de su competencia, resolvía sobre las adjudicaciones, se entiende que a empresarios del sector, exigiendo cantidades previas de aproximadamente 120.000 €, mas una comisión ilegal sobre el coste total de la obra. 

Estaríamos ante delitos de prevaricación, cohecho y otros. De comprobarse los hechos -ya ha habido 12 detenciones y están previstas unas 25 inculpaciones- es evidente su suma gravedad. Aún no se sabe si los beneficiarios de las comisiones ocultas -solo naturalmente entre los partícipes- son los políticos y funcionarios que intervenían en el procedimiento o el partido al que pertenecen los implicados -el PSC- como forma de su financiación ilícita.

Lo que resulta claro es que estamos ante un supuesto de corrupción negra. Muy grave, porque difumina la ecuación entre las instituciones y la legalidad y las deslegitima ante los ciudadanos, ya demasiado cansados y decepcionados de unas Administraciones que solo merecen un duro reproche.

 Y es de especial gravedad proviniendo de un partido que impulsó y aprobó la LLei 3/2007 de 4 de julio, de Obra Pública, que, complementando otras disposiciones estatales y autonómicas, pretende “asegurar que el modelo de contratación de obra pública garantice la libre concurrencia y la eficiente utilización de los fondos públicos”, así como, entre otros objetivos, “transparencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de los contratos”. De comprobarse los actuales indicios sería además una traición. 

Ley que fue una consecuencia de la denuncia, entonces histórica, del llamado 3%  para afrontar  el problema de la corrupción que subyace siempre en la contratación pública. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilícito por los particulares a la Administración  de una comisión que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos, comisión que se abona como condición para obtener la adjudicación en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido político que controla esa esfera de la Administración, y que, además, encarece injustificadamente la obra o servicio contratado.

El profesor Caciagli, analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada “la propagación del intercambio corrupto en todas las áreas de la intervención publica” en la economía y, particularmente, en las obras públicas, porque los procedimientos administrativos contenían factores inductores de la corrupción. En efecto, de nuevo han fallado los contrapesos y controles establecidos para evitar este intercambio de favores que crea un mercado ilegal entre los políticos, los burócratas y los empresarios.

 Fallo evidentemente calculado para garantizar la clandestinidad de los intercambios y que necesita de la complicidad -favorecida por la superioridad jerárquica- de los responsables de dicho control. La consecuencia ha sido una suma de decisiones y actuaciones ilegales -por violación de las normas-, ilegítimas -por antidemocráticas- e ilícitas -por su carencia absoluta de criterios propios de la ética pública.

Como han expresado muchos especialistas, esta corrupción, posiblemente, mas que otras, es un ejercicio continuado de deslealtad con los valores democráticos. Por todo ello, lo razonable sería que, los ya imputados, cesaran en sus cargos públicos.

En cuanto a la conducta que se atribuye al Diputado Daniel Fernández, de ser cierta, es indiciariamente un delito de tráfico de influencias. Pero es también preocupante que en el seno de la socialdemocracia catalana pervivan elementos propios de clientelismo, que es una forma modernizada de caciquismo, por el cual los que ocupan posiciones de poder político en un estrato superior se aprovechen de esa superioridad para cuestionar o anular decisiones ajustadas a la legalidad de los responsables públicos que están situados en un nivel político inferior. No es aceptable en modo alguno.

Qué razón tenía el jurista alemán J. Roth cuando afirmaba: “La corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas” (2)."       (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, Rebelión, 05/12/2012)  

La trama corrupta de la Diputación barcelonesa

"La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial.

 Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa.

 El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. 

El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras.

 La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel.

 Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha.

 Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos.

 El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos.

 Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.     (El País, 30/11/2012)

Un alto cargo... exigía decenas de miles de euros por adjudicar carreteras en Girona. Una docena de empresas forjaron un cartel para pactar precios

"Los implicados se jactan de influir en políticos de CiU.

La construcción de carreteras en Girona es cosa de unos pocos elegidos. Una docena de empresas asfalteras han constituido allí una suerte de santa alianza para repartirse, con la connivencia de un alto cargo de la Generalitat, las adjudicaciones de obra pública.

La investigación de esta presunta trama corrupta se ha saldado hasta ahora con tres detenidos -uno de ellos, el gerente de Carreteras de la empresa pública GISA en Girona, Jordi Vergé- y otros 15 empresarios han declarado ante la Guardia Civil. (...)

Las escuchas telefónicas incluidas en el sumario del caso revelan el funcionamiento casi mafioso de estas empresas, que amenazaban con aislar a los constructores que no se unieran al grupo.

"O eres un clan, y entonces la cosa funciona, o tienes que ir a muerte. Eso está claro", relata en una de las conversaciones el apoderado de una industria del asfalto.

Los implicados se jactan de su supuesto poder de influencia sobre cargos de Convergència i Unió y cuentan, presuntamente, con la connivencia de Vergé, que según los investigadores cobró 35.000 euros (en billetes de 500) de manos de Juan Mozo, consejero de la empresa Rubau Tarrés.

Ambos concertaron una cita en un aparcamiento cercano a la calle de Sicília de Barcelona. El alto cargo reprendió al empresario: "Escucha, tú, eso no es lo que dijiste, ¿eh? Aquí hay alguna confusión".

La confusión era que la comisión prevista para Vergé sumaba 60.000 euros, no 35.000.Extrañado, Mozo llama al presidente de la constructora, Josep Rubau, también imputado. "Ha pasado una cosa rara. He dejado aquello en Barcelona. Y me ha dicho que nada más hay 35", dice Mozo. A lo que Rubau, también desconcertado, replica: "Yo los conté, pero déjame que lo mire. Tranquilo, no pasa nada, tú".

Vergé intervino en la comisión técnica de al menos seis expedientes de adjudicación de obras de GISA entre marzo de 2009 y octubre de 2010, por un importe total de 8,5 millones. Las empresas de la red se llevaron esas obras por asfaltar tramos de la AP-7.

El alto cargo posee diversas cuentas y dos vehículos de alta gama marca BMW, según consta después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que lleva el caso GISA, ordenara investigar sus cuentas.

Con la información privilegiada que, supuestamente, les suministraba Vergé (precio de salida, etcétera), las empresas del clan del asfalto partían con ventaja. No solo eso. Pactaban precios y lo hacían, en ocasiones, al alza.

Así se entiende que en algunos expedientes las ofertas económicas fuesen idénticas hasta el céntimo de euro: 60.008,42 euros por el asfaltado en un tramo de una carretera comarcal de Girona, por citar un ejemplo. (...)

En todos los concursos, a pesar de que concurrieran decenas de empresas (a veces, más de 70), las adjudicaciones recaían siempre en menos de 10.Construcciones Rubau, Aglomerats Girona, Servià Cantó, Construcciones Fusté, Agustí i Masoliver (AMSA), Xavier Alsina, Dragados, Romero Gamero (Romasa), Firtec, Copisa, Asfaltec, Arico Forest y Arids Vilanna son algunas de las implicadas, según la Guardia Civil.

La Oficina Antifraude de Cataluña, que también ha participado en las pesquisas, concluye que la mayoría de las adjudicaciones iban a parar a las mismas manos. (...)

Xavier Esglea, apoderado de Rubau, "presume de ostentar el control de las ventas de aglomerado en Girona y de fijar precios altos", según la Guardia Civil. En las conversaciones, Esglea no se corta un pelo: "Girona es un territorio muy blindado y no hay problema.

Pero en Barcelona están haciendo absolutas barbaridades", dice en alusión a la práctica de empresas ajenas al club selecto que, en su opinión, ofrecen precios demasiado bajos. Un tal Dani recuerda: " nos repartiremos un poco el pastel" cuando las obras estén adjudicadas.

Esglea y otros implicados insisten a las demás empresas para que se sumen o quedarán aisladas. A un responsable de Dragados le confiesa que existe un concierto entre "pequeñas" empresas de Girona y le sugiere que siga las reglas.

El responsable de Dragados se muestró dispuesto a entrar al trapo. "Era saber si sois tan amables y tan buena gente y cariñosos, como el resto del mundo, de respetarnos las obras y no liarla. Hasta ahora creo que tengo controlado a todo el mundo y me faltabais vosotros", añadió.

Los investigadores aseguran que "ante el inminente cambio de Gobierno" -algunos pinchazos telefónicos corresponden a esas semanas- los implicados "están contactando con personas afines a CiU". Robert Lluís Juvinyà, de Aglomerats Girona, asegura que ha mantenido una reunión con Ricard Font, que según los investigadores había desempeñado cargos en Política Terrritorial en la anterior etapa de CiU. Juvinyà da a entender que Font le ha prometido un mejor trato después de los "problemas" que, a su juicio, les ha causado el exconsejero Joaquim Nadal.

"No puede ser que porque un señor sea amigo de Nadal le asignen todas las obras de carretera de GISA", dice Juvinyà en otra conversación. "Hay que favorecer a los de aquí: tenemos que trabajar los de Girona", concluye.

Mozo, otro detenido, cree tener suficiente influencia como para hacer que otras empresas "dejen de tocar los cojones" y no interfieran en las adjudicaciones. Puede lograr, gracias a sus contactos políticos, que a la empresa díscola "no le den nada". (El País, 24/03/2011, p. 24)

Ediles del PSC y ex dirigentes de CiU protagonizan el mayor caso de corrupción de Cataluña

"Su base de operaciones era Santa Coloma de Gramenet, de 120.000 habitantes, uno de los municipios de menor renta per cápita de Cataluña.

La trama llegó a embolsarse 32 millones de euros en comisiones. Eran los años felices. Entre los políticos catalanes reinaba el convencimiento de que Cataluña había quedado al margen de la corrupción urbanística que ya hundía Ayuntamientos y llevaba a la cárcel a alcaldes de media España. Todo pasó sospechosamente inadvertido hasta que Baltasar Garzón desembarcó con la Guardia Civil en octubre pasado en la primera gran intervención en Cataluña del ex juez de la Audiencia Nacional desde 1992.

Los pelotazos de Luigi requerían de una amplia agenda de contactos de alcaldes, concejales, abogados y otros cargos públicos que se concentraban sobre todo en el área de Barcelona. Y sus negocios no entendían de colores políticos. En su etapa en el Parlamento catalán había fraguado amistad en las filas convergentes con el ex consejero de Economía Macià Alavedra. Y este, a su vez, le presentó al que fue secretario de Presidencia de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, para participar en varias operaciones urbanísticas durante la época del boom. Dos antiguos pesos pesados de CiU que también hacían sus negocios echando mano de su estatus de ex consejero.

La trama ha acabado salpicando casi por igual a los dos principales partidos catalanes. CiU ha visto caer del pedestal a Prenafeta y a Alavedra, dos de sus tótems. Al PSC le han torpedeado la flota más sólida de la que dispone, su red de alcaldes metropolitanos.

Pero ¿cómo logró un sindicalista llamado García tamaños contactos en la crema nacionalista catalana? "En su etapa de diputado ya apuntaba maneras; era buen orador y a veces parecía que trabajaba más para caer bien a los de Convergència que al propio partido", dice un dirigente histórico del PSC. "Luigi es el Correa catalán", dice sin reparos este socialista que ve en Luis García una copia de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Y hablaban el mismo idioma, el del dinero contante y sonante. De eso y de cómo mantener en el poder a los políticos que les ayudaban.

La relación entre el alcalde y Luigi viene de lejos, de cuando el conseguidor todavía militaba en el PSC y puso en marcha una empresa de gestión de servicios a Ayuntamientos que protagonizó una sonora quiebra. Fue entonces cuando la dirección del partido le expulsó y lanzó la consigna de romper cualquier relación con él. Bartu no cumplió. Tampoco lo hicieron otros alcaldes socialistas. Durante la bonanza inmobiliaria, la trama se embolsó 32,3 millones de euros en perjuicio de los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. La dinámica era siempre la misma: los consistorios aprobaban un proyecto que se paralizaba por algún motivo y después las Administraciones modificaban el plan urbanístico para beneficiar a la empresa promotora. Siempre había un contacto. En Santa Coloma, Luigi controlaba el Ayuntamiento; en Badalona, era amigo íntimo del consejero delegado de la empresa pública Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz, que también fue subdelegado del Gobierno en Menorca, y en Sant Andreu de Llavaneres, Antoni Jiménez, el concejal de Urbanismo, que había pasado por Santa Coloma. Tres pelotazos en toda regla que reportaron a Luigi más de ocho millones de euros, y a Alavedra y Prenafeta, 637.590 euros.

Luigi era, además, el alcalde de facto de Santa Coloma y dirigía con mano férrea la actividad de la constructora pública Gramepark. En una conversación intervenida, Luigi llegó a prometer al alcalde montarle una campaña como la de Obama, con comunidades de apoyo en Facebook y Twitter. El alcalde se lo agradece: "Sí, porque si lo tuvieran que hacer los míos [el PSC] vamos dados; me montarán la misma web de siempre, la porquería de siempre".

Esa cercanía fue su tabla de salvación tras la crisis inmobiliaria. Ahí hacía y deshacía a sus anchas: decidía adjudicaciones, amañaba concursos y fijaba las cantidades que debía recibir del Ayuntamiento. "Fantástico. A la mejor oferta del mejor amigo", le dice Luigi a un constructor.

Prenafeta y Alavedra picaban todavía más alto. Ambos ex dirigentes presionaron a consejeros y secretarios del tripartito para colar tres pelotazos. Lo lograron en dos casos: uno en El Prat de Llobregat y otro en Cerdanyola del Vallès. Para este último, Prenafeta requirió incluso de la ayuda del presidente de CiU, Artur Mas, quien lo puso en contacto con la concejal del partido en la localidad, que era contraria a los intereses de la trama. No fue la única ocasión en la que los ex dirigentes convergentes recurrieron a Mas. Y eso que eran conscientes del riesgo que entrañaba. "¡Coño!, a este niño al final no le dejaremos ganar las elecciones si hacemos el burro", le espetó en una ocasión Alavedra a su socio nacionalista.

Prenafeta quería endosarle, además, a la Generalitat por 89 millones un inmueble en la exclusiva zona de Diagonal Mar. Y durante más de un año y medio, él y Alavedra presionaron a los consejeros socialistas Antoni Castells y Joaquim Nadal. No les fue posible. Las llamadas y las presiones a Castells y a sus secretarios de departamento fueron constantes. Pero les salió un obstáculo: la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, insistía en convocar un concurso público. "A la que hay que apretar es a Trilla", decía Prenafeta al empresario. "Supongo que el concurso es para cubrir el expediente, no para comprárselo a otro", le dice en otra llamada. Llegaron tarde, porque el tripartito concluyó que ya no había dinero para compras, lo cual no les impidió seguir intentándolo presionando el entorno de José Montilla. La última salida fue la de intentar que la Generalitat realizara una opción de compra, con el cálculo de que Artur Mas ganaría este año las elecciones y debería "cumplir". (El País, Domingo, 30/05/2010, p. 20/1)

Ciudadanos pide explicaciones al PSC sobre el origen de la fianza de Muñoz

"Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha exigido este lunes que “el PSC nos explique de dónde ha salido el medio millón de euros para pagar la fianza de [Bartomeu] Muñoz y que nos aclare si este donativo supone una manera de pagar su silencio“, hecho que han calificado de “obsceno”.

El presidente del partido y diputado autonómico, Albert Rivera, había denunciado recientemente la exitencia de un pacto de silencio entre PSC y CiU para no asumir responsabilidades ante la corrupción política que está salpicando a ambas formaciones." (lavozdebarcelona.com, 28/12/2009)

Detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, socialista, y dos ex altos cargos de Pujol. Garzón investiga una trama de sobornos en Barcelona

"El origen del caso es una pieza separada, abierta en 2006, de una causa abierta en 2002 a directivos del Banco Bilbao Vizcaya por utilizar su filial Privanza como paraíso fiscal en la isla británica de Jersey. (...)

Entre los detenidos figuran dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU: Macià Alavedra, que fue consejero de Gobernación y Economía con Jordi Pujol, y Lluís Prenafeta, secretario general de la presidencia de la Generalitat durante casi diez años. Prenafeta dimitió en 1990, cuando la fiscalía de Barcelona le investigó por compatibilizar el cargo público con su actividad empresarial.

También han sido arrestados el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela. Los otros tres detenidos son el constructor Josep Singla, presidente de Proinosa; Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, y Luis García Sáez, ex propietario del grupo constructor AGT. Los arrestados fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, donde está previsto que declaren hoy.

La investigación judicial abarca varias operaciones urbanísticas en Santa Coloma. La de mayor calado se refiere al centro comercial Gramenet. Su origen data de 2002, cuando, siendo alcaldesa de la localidad la socialista Manuela de Madre, salió a subasta un solar público por el que se pagaron 12 millones de euros. (...)

Es con la llegada de Bartomeu Muñoz a la alcaldía cuando se producen los hechos que ahora investiga la justicia. Los nuevos propietarios firmaron en 2005 un convenio con el Ayuntamiento que modificó los usos: fueron construidos un geriátrico, 77 viviendas de protección oficial y 33 de lujo, además del centro comercial y una zona verde. Según fuentes de la investigación, Luis García Sáez es la pieza que engarza a los inversionistas con los responsables municipales -que presuntamente cobraron sobornos a cambio de recalificar el suelo-, y en su despacho se planificó el convenio con el Ayuntamiento que benefició a Proinosa y a Espais.

Otras operaciones urbanísticas de menor calado que investiga la justica son la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Coloma de Gramenet -que prevé construir una nueva área comercial y un edificio de 13 plantas en la plaza del Ayuntamiento- y un aparcamiento de 400 plazas. (...)

LOS BRAZOS EJECUTORES DE PUJOL EN LA GENERALITAT

- Macià Alavedra i Moner, el eterno consejero. Siempre se le ha considerado uno de los máximos exponentes del llamado "sector negocios" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hijo del que fuera secretario de los presidentes de la Generalitat republicana, Francesc Macià y Lluís Companys, Alavedra (Barcelona, 1934) tiene una larga militancia en el nacionalismo. Primero lo hizo en el Front Nacional y después, de la mano del liberal Ramon Trias Fargas, en Esquerra Democràtica de Catalunya, partido que acabó fusionándose con CDC. Ocupó las consejerías de Gobernación, Industria y Economía y Finanzas hasta 1997. Su nombre se barajó incluso como sucesor de Jordi Pujol, en caso de que hubiera progresado la querella contra éste por el caso Banca Catalana. En su etapa de consejero de Economía fue citado a declarar en calidad de testigo en el proceso contra el juez Luis Pascual Estevill, que extorsionaba a empresarios catalanes y a quien Jordi Pujol acabó encumbrando en el Consejo General del Poder Judicial. El nombre de Macià Alavedra también estuvo vinculado al pacto del hotel Majestic con el PP, que dio la presidencia del Gobierno a José María Aznar en 1996. Desde que dejó la política fue presidente de la concesionaria de autopistas Aucat, Abertis Logística y Ken Pharma.

- Lluís Prenafeta, la mano derecha de Pujol. "Los cínicos, los mentirosos, los calumniadores, los conspiradores, los intrigantes (...) me producen un asco inmenso", aseguraba en 1990 Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) en un testamento que leyó ante un grupo de periodistas al dimitir como secretario general de la Presidencia por la apertura de una investigación fiscal. Estuvo implicado en diversos casos judiciales. Simultaneó su cargo en la Generalitat -donde actuó como mano derecha de Pujol- con el de consejero de Iberia Seguros, mientras estaba estrechamente vinculado al grupo Tipel. Actuó como contrapoder a Miquel Roca en CDC desde que Jordi Pujol lo conoció en 1979 y lo fichó como colaborador. Fue imputado por el caso Grand Tibidabo con Javier de la Rosa, y en el caso Casinos, de financiación de CDC. Nunca fue condenado.

EL REGIDOR DEL MERCEDES Y EL DIPUTADO PASADO A EMPRESARIO

- Bartomeu Muñoz: del campo de golf al cinturón rojo. Hijo del potentado Blas Muñoz, último alcalde franquista de Santa Coloma de Gramenet, y al que todos conocían como el hombre de los mil pisos, el edil detenido ha sido siempre un alcalde atípico para el PSC. La dirección del partido lo nombró casi a dedo en 2002 tras la renuncia por enfermedad y a medio mandato de Manuela de Madre, la alcaldesa histórica de Santa Coloma y vicepresidenta del partido. Acostumbrado a vivir en la zona alta de Barcelona, siempre rechazó trasladarse a Santa Coloma, en pleno cinturón rojo barcelonés, lo que le valió más de un reproche en el partido. Y de camino entre su residencia del Turó Parc hacia el despacho de Santa Coloma tenía tiempo más de una mañana para acercarse al club de golf de Sant Cugat del Vallès para jugar unos hoyos. Después, al llegar a Santa Coloma, aparcaba su Mercedes en las afueras y se hacía llevar al ayuntamiento con un coche municipal. Hacía poca vida social en Santa Coloma más allá de asistir a los actos estrictamente relacionados con su condición de alcalde. Todo ello había levantado ciertas suspicacias en el ayuntamiento, pero Muñoz seguía recibiendo amplio apoyo ciudadano. En las elecciones de 2007 ganó por arrolladora mayoría y le sacó más de 30 puntos al PP. Ayer cambió su Mercedes por el coche de la Guardia Civil.

- Luis García Sáez: el constructor sin escrúpulos. Su nombre saltó a los diarios hace ahora diez años, cuando la constructora AGT que presidía suspendió pagos y dejó sin pagar una ristra de trabajos por obras adjudicadas en el área metropolitana de Barcelona. Los perjudicados se querellaron, pero Luigi, que es como se le conoce a Luis García Sáez, salió airoso sin ni siquiera sentarse en el banquillo, pero el caso le costó la expulsión del PSC. A partir de entonces continuó con su actividad empresarial, pero antes abandonó por completo la actividad política, que data de 1973, cuando se afilió a la federación catalana del PSOE. Tras doce años en el Parlament de Cataluña, en 1992 abandonó el escaño. Desde entonces no tuvo reparos en aliarse con el sector de los negocios de Convergència, del que Lluís Prenafeta y Macià Alavedra eran dos claros exponentes." (El País, ed. Galicia, España, 28/10/2009, p. 10)

Las cabezas de la corrupción política catalana

"El ex consejero de Gobernación y de Economía con CiU, Macià Alavedra; el ex secretario de Presidencia de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta; y el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC), han sido detenidos este martes durante una operación anticorrupción ordenada por el juez Garzón. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Además de los citados, la Guardia Civil ha detenido a otras seis personas en el marco de esta operación -denominada Pretoria-, entre ellas, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, Manuel Dobarco; el propietario de la empresa Espais, Lluís Casamitjana; el propietario de la constructora ProInsa, Josep Singla; y el ex diputado autonómico del PSC, Lluís García Sáez." (lavozdebarcelona.com, 27/10/2009)