Mostrando entradas con la etiqueta a. Sistemas de Corrupción: Tráfico de influencias. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta a. Sistemas de Corrupción: Tráfico de influencias. Mostrar todas las entradas

22.5.23

Nicolas Sarkozy condenado en apelación a tres años de cárcel, uno de ellos en prisión... en el marco del asunto de las escuchas telefónicas, vinculado a la financiación de su victoriosa campaña para las elecciones presidenciales de 2007

 "Dos años después de una condena sin precedentes en primera instancia, el Tribunal de Apelación de París ha condenado al ex Presidente francés Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel, uno de ellos de prisión, en el marco del asunto de las escuchas telefónicas, vinculado a la financiación de su victoriosa campaña para las elecciones presidenciales de 2007.

 Su histórico abogado, Thierry Herzog, y el ex alto magistrado Gilbert Azibert fueron condenados a las mismas penas. El tribunal de apelación también impuso al Sr. Sarkozy una inhabilitación de tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide presentarse a las elecciones, y al Sr. Herzog una inhabilitación de tres años para ejercer su profesión.

Tras conocerse el veredicto, el ex presidente, de 68 años, abandonó la sala sin hacer declaraciones. Anunció que recurriría ante el Tribunal de Casación, a través de su abogada, Jacqueline Laffont, que calificó la decisión del tribunal de "asombrosa". "Nicolas Sarkozy es inocente de los hechos de los que se le acusa", declaró, y añadió: "Llegaremos hasta el final de la vía judicial".
Sanción sin precedentes

Nicolas Sarkozy es el primer ex Presidente de la República condenado a prisión. Su antiguo mentor y ex jefe de Estado, Jacques Chirac, fue condenado a dos años de prisión con suspensión de pena en el caso de los empleos ficticios en la ciudad de París, tras un juicio histórico celebrado en diciembre de 2011.

El 1 de marzo de 2021, Sarkozy fue condenado en primera instancia a tres años de cárcel, uno de ellos en prisión, por corrupción y tráfico de influencias. Esta pena sin precedentes levantó las iras de su bando, que había puesto el grito en el cielo contra la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), defendiéndose esta última de "jugar a la política". El ex presidente, que nunca ha dejado de reivindicar su inocencia, apeló inmediatamente: el primer día de este nuevo juicio, el 5 de diciembre de 2022, dijo que había venido a "defender su honor despreciado", asegurando que "nunca había corrompido a nadie".

 Al término de los debates, contrariamente a la sentencia de primera instancia, la fiscalía no había solicitado pena de prisión contra él. Al hablar de un caso "de una gravedad sin precedentes en la V República", el fiscal pidió tres años de cárcel con suspensión condicional de la pena para los tres acusados. La fiscalía también solicitó la inhabilitación para el ejercicio de los derechos cívicos durante cinco años para el Sr. Sarkozy y el Sr. Azibert, de 76 años, y la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante el mismo periodo para el Sr. Herzog, de 67 años.

 Los otros casos judiciales

La decisión es esperada, ya que el antiguo hombre fuerte de la derecha volverá a ser juzgado durante el otoño en el caso Bygmalion, y se encuentra bajo la amenaza de un tercer juicio sonado: el PNF requirió el jueves su remisión a correccional en el caso de las sospechas de financiación libia de su campaña presidencial en 2007.

Este complejo caso no incluye pruebas indiscutibles de financiación oculta, sino un cúmulo de "indicios graves o concordantes" (documentos, testimonios, elementos financieros), que llevaron a la justicia a poner a Nicolas Sarkozy bajo examen por "corrupción pasiva", "financiación ilegal de campaña electoral", "manejo de fondos públicos libios" y "asociación delictiva". Varios de sus allegados, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, también están implicados. Esta causa judicial, que implica también a tres antiguos ministros de Nicolas Sarkozy, está indirectamente en el origen del asunto de las escuchas telefónicas."          (Le Monde, 17/05/23; traducción DEEPL)

6.6.22

Galán coloca a Fátima Báñez, La exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la fundación de la patronal CEOE, de consejera en la filial de Iberdrola en EEUU

 "Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la fundación de la patronal CEOE, se convertirá en nueva consejera de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. La propuesta como consejera de Báñez figura en la convocatoria de junta general de accionistas de Avangrid, remitida al regulador estadounidense (SEC) y que se celebrará el próximo 20 de julio en Boston, según informa Europa Press.

La exministra es uno de los dos nuevos miembros propuestos para ocupar un asiento en el órgano rector de la filial estadounidense, ya que los otros doce, incluido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, repetirán como consejeros. 

 No es la primera vez que Báñez, de 55 años, ocupa un cargo dentro de la estructura del grupo Iberdrola, ya que ha sido consejera independiente de Iberdrola México desde septiembre de 2020, aunque ha dejado este asiento este mismo mes de junio.

En su propuesta a sus accionistas, Avangrid destaca de Báñez, licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y MBA de la Universidad de Harvard, que aporta "experiencia en liderazgo ejecutivo, incluida su experiencia como ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, junto con una perspectiva comercial global y una amplia experiencia en relaciones gubernamentales, desarrollo económico, políticas públicas, y gestión del capital humano".

Junto a Báñez, la otra nueva incorporación al consejo de Avangrid será la de Camile Joseph Varlack, de 46 años y que se ha desempeñado como socia fundadora y directora de operaciones de la firma de abogados Bradford Edwards & Varlack, LLP.

Avangrid ha nombrado recientemente a Pedro Azagra Blázquez, hasta entonces director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, como nuevo consejero delegado, relevando en el cargo a Dennis Arriola."                  (InfoLibre, 03/06/22)

3.6.22

Florentino Pérez: tramas, dinero e influencias

 "Agencias y medios informan casi a diario sobre el empresario, presidente del Real Madrid y del grupo de Construcción ACS, Florentino Pérez.

El ingeniero, que también desempeñó cargos vinculados al partido UCD en los años 70 y 80, se sitúa en la lista Forbes (abril de 2022) entre los 28 multimillonarios del estado español, con un patrimonio de 2.000 millones de dólares. El pasado 10 de mayo Forbes destacó que Pérez había aumentado –a más del 13%- su participación en el capital de la constructora; le seguía en control de participaciones el fondo de inversión estadounidense BlackRock (5,17%).

Como presidente de ACS, el magnate madrileño obtuvo una remuneración de 5,91 millones de euros en 2021, informó Europa Press el 24 de marzo. La compañía alcanzó unos beneficios netos de 136 millones de euros en el primer trimestre de 2022 y de 3.045 millones en 2021 (el mayor de su historia).

“La actividad de construcción ocupa el 93% de nuestras ventas; incluye la ejecución de todo tipo de proyectos de obra civil y edificación, así como la prestación de servicios para infraestructuras, a través de los grupos empresariales de Dragados y Hochtief”, explicó Florentino Pérez ante la junta de accionistas de ACS, celebrada el 6 de mayo. El periódico Expansión informó -el 31 de mayo- de la adjudicación (provisional) de la obras de ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid, a un consorcio integrado por las compañías ACS, Acciona y Rover.

Pero el discurso y la imagen oficial de este hombre de negocios tiene un reverso oscuro, que aborda en 183 páginas el doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universitat Autònoma de Barcelona, y “picapedrero de la información” (así se define en las redes sociales), Fonsi Loaiza, autor del ensayo Florentino Pérez. El poder del palco, editado en febrero por Akal.

La parte inicial del libro incluye una descripción de la “Red de intereses del oligarca Florentino”, en la que se revelan –por ejemplo- las conexiones con el expresidente del Gobierno, José María Aznar (ACS financió a la Fundación FAES, presidida por Aznar; Florentino Pérez “se convierte en el mayor empresario del país bajo la presidencia de Aznar”, entre 1996 y 2004, recuerda Fonsi Loaiza; además, “ACS fue la primera empresa en llevarse un contrato en Iraq tras la guerra”).

De las relaciones con el Ayuntamiento de Madrid, se cita el ejemplo de Manuela Carmena, exjueza y alcaldesa de la capital española entre 2015 y 2019; “se presentó prometiendo no pisar el palco (…); su partido (Ahora Madrid) apoyó la operación Chamartín (gran desarrollo urbanístico en la zona norte de la ciudad) y llegó a un acuerdo con el Real Madrid de Florentino para la remodelación del nuevo estadio Santiago Bernabéu”, detalla el texto de Akal.

Dentro de la “red de intereses”, Loaiza subraya los vínculos con el actual Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso; “durante la pandemia, el consorcio de Florentino ha sido uno de los más beneficiados por las adjudicaciones. Antes de las elecciones autonómicas, la lideresa del PP adjudicó a Florentino Pérez la limpieza y desinfección para personal del (hospital) Zendal, la construcción del pabellón de hospitalización y 35 contratos de servicios en Ifema”.  

El también autor del ensayo Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación (2019) señala, por otra parte, las complicidades respecto al proyecto de Centro de Almacenamiento de gas natural Castor, frente al litoral de las provincias de Castellón y Tarragona.

La iniciativa fue aprobada durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, en 2008; tras los seísmos ocurridos en 2013 y la alarma en los municipios cercanos, se ordenó la paralización del proyecto impulsado por el grupo ACS; “el Gobierno de Mariano Rajoy articuló y pagó en sólo un año la indemnización por el Castor de 1.350 millones de euros”, recuerda Fonsi Loaiza.

Asimismo el autor incluye un listado con una veintena de periodistas y directivos de medios, invitados al palco VIP del estadio Santiago Bernabéu “a cambio de silencio”. A dos de los mencionados, el presentador de La Sexta y exdirector de Comunicación del Real Madrid, Antonio García Ferreras; y al actual director de Okdiario, Eduardo Inda, se les sitúa en una “alianza mediática en favor de Florentino”.

Según Fonsi Loaiza, “Ferreras y Florentino Pérez presionaron a Pedro J. Ramírez para poner a Eduardo Inda como director de Marca. Los tres presentaron juntos Okdiario. La empresa de Florentino es una de las financiadoras con publicidad del medio derechista (Okdiario)”.

El Real Madrid fichó en 2000 (el año en que Florentino Pérez accedió a la presidencia del club blanco) al exfutbolista portugués del F.C. Barcelona, Luis Figo, por 10.000 millones de pesetas (actualmente 60 millones de euros). “La contratación de Figo no habría sido posible sin la estimable ayuda del compinche en Caja Madrid, Miguel Blesa, íntimo de José María Aznar desde sus tiempos mozos como opositores a inspectores de Hacienda”, subraya el periodista.

Uno de los capítulos del texto de Fonsi Loaiza se titula, en tono directo, El despegue empresarial. De casta política fracasada a constructor de éxito gracias a los partidos políticos. El vínculo entre los partidos políticos y las grandes constructoras se concreta en diferentes ejemplos.

Así, “el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, expuso que (las constructoras) OHL de Villar Mir y ACS de Florentino eran corruptoras de la trama y pagaban mordidas a cambio de contratos, y el corrupto de Luis Bárcenas dijo en el juicio por los papeles del PP que Florentino no necesitaba intermediarios, ya que los negocios se hacían en el palco y que políticos y empresarios cerraban allí los tratos. ACS de Florentino anunció una querella contra Correa por vincular la empresa con el pago de comisiones”, escribe Fonsi Loaiza.

Después de los dos últimos capítulos –El ser superior. Presidente del Real Madrid y amo del cortijo español en la sombra; y Los bufones de Florentino en los medios de comunicación y las cloacas del Estado-, el epílogo detalla el modo en que el empresario pasó la cuarentena por el positivo en coronavirus (sin síntomas), en febrero de 2021; permaneció en “su megamansión de 2.600 metros cuadrados, valorada en más de 40 millones de euros, donde tiene domiciliada la sociedad patrimonial Rosán Inversiones”.                (Enric Llopis , rebelión,  03/06/2022)

3.3.21

Condenado Sarkozy a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias... y antes Chirac... al estilo Juan Carlos... cousas veredes na república

 "La justicia francesa condenó este lunes, por segunda vez en una década, a un antiguo jefe de Estado a una pena de prisión. Nicolas Sarkozy, presidente de la República entre 2007 y 2012, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias. 

Su mentor, Jacques Chirac, había sido condenado por malversación en 2011. El tribunal impuso al conservador Sarkozy una pena de tres años de prisión, de los que solo tendrá que cumplir uno, y podrá hacerlo bajo vigilancia domiciliaria. La condena complica sus ambiciones políticas, que nunca ha abandonado. El expresidente recurrirá la sentencia.

Según el tribunal, Sarkozy ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a cambio de informaciones y ayuda en una causa que le afectaba. Junto al expresidente, fueron condenados a las mismas penas su abogado, Thierry Herzog, y un antiguo abogado general (fiscal) de la Corte de Casación, Gilbert Azibert. El tribunal consideró probado, tras el juicio celebrado a finales de 2020, que los tres participaron en un “pacto de corrupción”, desvelado gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y Herzog, y que estaba registrada bajo el nombre falso de Paul Bismuth.

El tribunal reprochó a Sarkozy que “hubiese utilizado su estatuto de antiguo presidente de la República y las relaciones políticas y diplomáticas que tejió cuando estaba en ejercicio para gratificar a un magistrado que había servido a su interés personal”. También es grave, según los jueces, que quien cometió los hechos en cuestión fuese alguien que, cuando ocupó la jefatura del Estado, era “el garante de la independencia de la Justicia”.

La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, declaró su “indignación” e “incomprensión” ante la sentencia y anunció un recurso, que deja en suspenso la sentencia. El expresidente no hizo declaraciones. El tribunal ha establecido que podrá cumplir la pena “bajo régimen de detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica”, con un brazalete, por ejemplo. Y de los tres años de la sentencia solo se le aplicará uno.

Sarkozy, de 66 años, llegó al poder con un aura de reformista que iba a modernizar Francia, pero la crisis financiera de 2008 y su estilo personalista e impulsivo marcaron un mandato de cinco años que terminó con su derrota ante el socialista François Hollande en 2012. Desde entonces, los escándalos han perseguido a quien fue último tótem de la derecha francesa, el último capaz de unificarla, su último presidente.

El antiguo jefe de Estado nunca abandonó los sueños de regresar al palacio del Elíseo, y coqueteaba con la idea de aparecer como el hombre providencial si en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, por cualquier motivo Macron debiese renunciar o si Francia viviera una situación de crisis profunda. Personas que han tratado con él le atribuyen esta frase: “Si hay caos, es Sarko”.

Más allá de estas hipótesis, que ya antes de la condena parecían improbables, Sarkozy seguía siendo el referente, el político a quien cualquiera con ambiciones iba a visitar en su despacho de la rue Miromesnil, cerca del Elíseo, para recibir sus consejos o su bendición. La influencia del expresidente se extiende más allá de su partido, Los Republicanos (LR): uno de sus discípulos avanzados es el ministro del Interior de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, quien tras conocerse la condena le transmitió su “apoyo amistoso”.

La condena no es definitiva, y el expresidente difícilmente tirará la toalla ante lo que él considera una conspiración de jueces y fiscales en su contra, una instrumentalización de la justicia para acabar con él como figura pública. La batalla no ha hecho más que empezar. El 17 de marzo afronta otro juicio por los gastos de la campaña para la reelección en 2012. Y carga con una imputación por la posible financiación por parte de la Libia de Muamar el Gadafi de la campaña de 2012.

 Críticas a la sentencia

Pero, tras la sentencia de este lunes, le puede resultar más difícil mantener su ascendente en el campo conservador, cada vez más fragmentado, y amenazado por partida doble. De un lado, por una extrema derecha que atrae a sus votantes más radicales. Del otro, por el centroderecha de Macron que erosiona el flanco más moderado de la derecha tradicional.

Varios dirigentes de la derecha francesa han criticado la condena. “Apoyo indefectible a Nicolas Sarkozy”, escribió en la red social Twitter Christian Jacob, presidente de Los Republicanos. Y añadió: “La severidad de la pena es absolutamente desproporcionada y reveladora del encarnizamiento judicial de una institución muy contestada. Deberá hacerse toda la luz sobre los métodos y la independencia de la PNF”. La PNF son las siglas francesas de la institución en la que Sarkozy ve el enemigo jurado, la Fiscalía Nacional Financiera, creada en 2013 para combatir el fraude fiscal y la delincuencia económica y financiera a gran escala.

Las muestras de solidaridad también vinieron de su círculo familiar. La esposa de Sarkozy, la cantante Carla Bruni, escribió en su cuenta de Instagram: “Encarnizamiento insensato, mi amor”, junto a una foto de ambos en actitud cariñosa. “El combate continúa, la verdad saldrá a la luz”, añadió.

 

De los cuatro jefes de Estado que Francia ha tenido en el último cuarto de siglo, dos han sido condenados a penas de cárcel, y ambos pertenecen a la misma familia política. Chirac, antecesor inmediato de Sarkozy, no cumplió los dos años que le impuso el tribunal debido a su edad y estado de salud.

La Constitución francesa establece que el presidente de la República es inviolable ante la ley por actos cometidos durante su mandato, pero no por actos sin relación con el ejercicio de sus funciones. En este último caso puede ser procesado una vez que abandona el cargo. Tanto Chirac, que murió en 2019, como Sarkozy han sido condenados por hechos cometidos antes de llegar a la presidencia o después de abandonarla.

4.5.20

e-notícies: El 3% era verdadad. El Supremo confirma que Convergencia cobrava comisiones por las obras públicas

"La sentencia del caso Palau, entre los hechos probados, explica que Convergència cobrava comisiones de Ferrovial del 2,5% por las obras en el Palau de la Música. Otro 1,5% iba directamente para Millet i Montull.

De este modo, relata la “mediación” de Millet i Montull “para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial" pagaba "comisiones” a Convergència.

De este modo “obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial”.

“Los abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención, generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergència, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”, añade."                 (e-notícies, 30/04/20)


"Cómo CDC metía mano en la caja. Delito continuado de tráfico de influencias.

El Tribunal Supremo ha ratificado que “existe prueba suficiente” para acreditar la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias por parte de Convergència Democràtica de Catalunya. La sentencia confirma que las comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública “se pactaban con el tesorero de CDC”, quien se comprometía a obtener “la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”.

Ferrovial abonaba el 2,5% de la comisión pactada a CDC mediante “entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”.

El tribunal añade que el tesorero de CDC se valía de “su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios”. “Todo ello, con la intermediación de los responsables del Palau, que ofrece el entramado de estas instituciones, para que el tráfico y el abono de las comisiones por la obra así adjudicada permaneciera oculto”, detalla la sentencia.

También ha quedado acreditado que los responsables de Convergència, Ferrovial y el Palau de la Música eran conocedores de las operaciones para que “fluyera el dinero de Ferrovial a CDC”, ejecutando las obras públicas acordadas."                 (e-notícies, 30/04/20)


 "Millet & CDC, culpables. El Supremo confirma la sentencia del caso Palau.

 El Tribunal Supremo ratifica las penas por el expolio del Palau de la Música. El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones.

Además, tendrán que devolver, como ya había dictaminado la Audiencia de Barcelona, 23 millones de euros a las estructuras del Palau de la Música.

El Supremo también confirma la sentencia para Convergencia Democrática de Cataluña, que deberá devolver 6,6 millones de euros como ganancias obtenidas mediante el tráfico de influencias.

La pena sí cambia para Gemma Montull, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años. Sí que se le mantiene la multa de 2,6 millones de euros.

Cinco jueces se han pronunciado sobre los 16 recursos que se presentaron contra la sentencia por el expolio de 23 millones del Palau, que la Audiencia de Barcelona hizo pública en enero de 2018. La deliberación, que ha presidido el juez Julián Sánchez Melgar, comenzó a mediados de noviembre y se ha alargado mucho.

La Audiencia de Barcelona condenó a 9 años y ocho meses de prisión al ex presidente de la institución, Fèlix Millet; a 7 años y medio su mano derecha, Jordi Montull; a 4 años y medio la ex directora financiera del Palau e hija de Montull, Gemma Montull; y 4 años y cinco meses el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar. Además, la Audiencia obligó Convergencia Democrática volver 6,6 millones de euros por las comisiones ilegales cobradas a través del Palau.

Tanto el ex como el ex gerente del Palau ingresaron en la prisión de Brians 1 tras la sentencia. Millet salió al cabo de 25 días, después de pagar una fianza de 400.000 euros. Sumando los días que estuvo encarcelado en 2010 por el caso del hotel del Palau, Millet pasó 38 días en prisión, de los cuales 8 fueron en el hospital penitenciario de Terrassa.

Tanto Millet como Montull se les condenó por los delitos continuados de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Se les aplicaron las atenuantes de confesión y dilación indebida del procedimiento, entre otros.

En el caso de Gemma Montull, un pacto con la Fiscalía permitió que las peticiones iniciales de pena para ella se rebajaran.

La Audiencia de Barcelona consideró que, entre los hechos probados, había que Millet pagó a cargo del Palau las bodas de sus hijas, Clara y Laila, que costaron a la institución musical más de 164.000 euros.

La sentencia culminó una investigación que se prolongó años, con varios jueces a la cabeza, y que llegó a la opinión pública con la imagen impactante de los Mossos entrando en el Palau, en busca de pruebas del saqueo.

En el juicio, que comenzó en marzo de 2017, Millet y Montull admitieron, tras pactar con la Fiscalía, la financiación irregular de Convergencia a través del Palau, con el pago de comisiones del 4% de la constructora Ferrovial. Los pagos se vehiculaban como patrocinios y eran a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública.

Fue en la época en que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat y CDC, el partido hegemónico en Cataluña. Mientras duraba la investigación, se reconvirtió en el PDeCAT. A raíz del caso, se cambió el Código Penal para castigar a los partidos que se financien ilegalmente."            (e-notícies, 30/04/20)



 "Millet endosaba todos los gastos personales al Palau. Viajes privados, dispendios de boda y reformas de viviendas particulares.
Fèlix Millet y Jordi Montull endosaron gastos personales, tales como viajes, bodas o reformas al Palau. Así se desprende de la sentencia del Supremo, que ha ratificado las penas impuestas por la Audiencia de Barcelona. 

El Tribunal Supremo destaca que los responsables del Palau "dispusieron de los fondos de las entidades de Palau en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondo de Palau al patrimonio particular de Fèlix Millet y Jordi Montull". Además, la resolución también apunta que "vendieron a Palau locales propios a un precio superior al de mercado".

El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones."                   (e-notícies, 30/04/20)


 "El otro cerebro del caso Palau.  El abogado Raimon Bergós recurrió a “sociedades inactivas” para emitir facturas falsas.

El abogado Raimon Bergós, experto en la asesoría a fundaciones, creó “recibos irreales” con los que tapar el espolio del Palau de la Música, según la sentencia del Tribunal Supremo. El fallo explica que mediante “sociedades inactivas” confeccionó “toda una serie de facturas inveraces” para justificar la salida de dinero a través de “mercantiles que nunca habían tenido relación con el Palau de la Música”.

“Configuraron recibos irreales de la Asociación del Palau por fondos supuestamente recibidos de la Fundación del Palau; facturas o recibos de empresas constructoras por servicios supuestamente pagados en efectivo por la Asociación; y recibos manuscritos, completamente irreales, de supuestos responsables de orquestas que habrían recibido pagos en efectivo”, asegura el fallo.

Bergós creó “toda una serie de documentos mendaces que podrían necesitar para justificar determinadas salidas de fondos de las cuentas bancarias de la Fundación y Asociación”. Para ello, se confeccionó un listado con todas las disposiciones de fondos en efectivo de las cuentas bancarias de “imposible justificación legal”, un listado al que se denominó “Los Vikingos”.         (e-notícies, 30/04/20)

27.1.20

La ambición acabó con El Pequeño Nicolás gallego

"Se hizo pasar por el director de la Fundación Amancio Ortega; se presentaba en los medios de comunicación como creador de una fórmula de fomento del empleo juvenil aplicando conocimientos adquiridos en Harvard y se reconocía como el mediador institucional para que Vigo, su ciudad, se convirtiese en sede del Foro del Joven Parlamento Europeo (en realidad, una ONG que no depende de esa institución). 

No obstante, Javier Boo, joven exmilitante del PP que se implicó en la campaña de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta en 2016 y que llegó a participar como experto economista en un acto organizado por el Gobierno gallego, buscaba trabajo. A lo grande. El pasado diciembre fue detenido en Madrid acusado de estafa, falsedad documental y hacerse pasar por otra persona. La Xunta y el PP, a los que reiteraba públicos agradecimientos, se desmarcan de él.


Le pudo la ambición. Con apenas 27 años, Boo —conocido ya como El Pequeño Nicolás gallego, por su similitud con el caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven que vivió una situación similar con el PP de Madrid— fue detenido sin haber conseguido ninguno de sus propósitos. 

Empeñado en obtener un empleo de prestigio, el joven vigués que flirteaba con el PP contactaba al mismo tiempo con consultoras y entidades financieras por teléfono o correo electrónico, al que añadía los logotipos de la Fundación de Amancio Ortega. Haciéndose pasar por el director de la misma, recomendaba a un supuesto sobrino —en realidad, él mismo— para un empleo.


Fracasó en ese intento. Aunque consiguió algunas entrevistas, no llegó a firmar contrato alguno y cambió el plan rebajando las expectativas: comenzó a buscar acuerdos con financieras y empresas automovilísticas internacionales.

Según la policía, Boo, que no tiene carné de conducir, les pedía vehículos de alta gama a cambio del prestigio que, según les decía, supondría que los utilizasen miembros de su fundación. El Pequeño Nicolás gallego cayó a las puertas de un concesionario de BMW tras cruzarse dos denuncias en la Policía. Una, la que presentó en A Coruña el verdadero director de la fundación del empresario del imperio textil de Galicia alertando de que alguien estaba usurpando su identidad, y otra del representante de una multinacional de automóviles por motivos que la Policía no especifica.


No obstante, las primeras ambiciones de Javier Boo fueron políticas. Simpatizante primero y posteriormente militante del PP, intentó hacerse un hueco en el partido. Antes de implicarse en la campaña de Feijóo a la presidencia de la Xunta en 2016, el vigués ya mostraba maneras. En 2013, con el caso Bárcenas amenazando los cimientos del PP, un entonces jovencísimo Boo se presenta como militante ante una revista digital para analizar la situación del partido desde dentro. El supuesto estafador cita a Winston Churchill y a Antonio Machado para reivindicar el valor de la verdad y la honestidad.


Dos años después, se presenta en el Faro de Vigo como profesor de ICADE y experto en finanzas que trabajaba para el Boston Consulting Group y en un proyecto del Banco Central Europeo. En esa misma época se reconoce, en una entrevista publicada en La Voz de Galicia, como el cerebro de una plataforma, Up-Work-Act, capaz de encontrar empleo para los jóvenes y desarrollada gracias a su “formación empresarial en Harvard y su experiencia financiera en Goldman Sachs y en consultoría estratégica en Boston Consulting Group”. Y en 2018 se presenta ante los medios como “responsable de relaciones institucionales” de la sección española de la plataforma Joven Parlamento Europeo, que había elegido Galicia para celebrar un encuentro.


Agradecimientos


Boo agradece entonces públicamente la implicación del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y del entonces concejal del PP de Vigo y actual presidente nacional de Nuevas Generaciones y diputado en el Congreso, el también vigués Diego Gago. Meses después, la Conselleria de Economía incluye al supuesto estafador en la jornada “El empleo del futuro” celebrada en la Ciudad de la Cultura y presidida por el conselleiro Francisco Conde.


El Gobierno gallego presenta al joven, entonces de 25 años, como asesor senior de The Boston Consulting Group, la consultora estadounidense que tiene entre sus clientes a más de dos tercios de la lista Fortune 500 de grandes empresas. La Conselleria de Economía asegura que esa fue su única relación con Boo y matiza que no lo presentó como representante de la Fundación Amancio Ortega. Destaca, además, que no le pagó por su participación en aquella jornada.


Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones elude pronunciarse sobre su paisano.“No tiene nada que decir; no lo conoce de nada. Todo lo que haya dicho sobre él se lo habrá inventado”, justifican su silencio desde el PP. Y marcan la distancia: “Ese señor habrá sido afiliado, vete a saber; ahora ya no lo es, un partido no puede responsabilizarse por lo que hace cada uno de sus militantes”.           (Cristina Huete, El País, 20/01/20)

20.9.18

El negocio más turbio de Aznar... y su ayudante Casado. Befesa, del grupo Abengoa, contrató en 2010 a Aznar para interceder con el Gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia

"¿Cuál fue la participación del actual presidente del PP, Pablo Casado, en los negocios realizados por usted en Libia con el dictador Gadafi?”. 

Esta es la pregunta que este martes le ha formulado el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, al expresidente del Gobierno José María Aznar en la comisión parlamentaria que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular.

Una cuestión que sólo rescató Cantó de la hemeroteca y que sorprendió a muchos de los presentes en la comisión parlamentaria, conscientes de que con su pregunta, el diputado de Ciudadanos reabría un escabroso asunto que ya parecía olvidado.

Aznar, Casado y Gadafi

Los hechos se remontan a 2010, cuando Befesa, filial del grupo Abengoa, contrató en septiembre de 2010 a Aznar para interceder con el Gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia.

Algo que el expresidente del Gobierno admitió, defendiendo que la remuneración fue "perfectamente transparente, declarada y tributada" a Hacienda.

En la época en la que se produjo el negocio, que Abengoa cifró en 950 millones de euros, Casado ejercía como asistente y vocal de la oficina de Aznar. Es decir, era el hoy presidente del Partido Popular quien recibía las comunicaciones entre Aznar y el gobierno de Gadafi.

Algo a lo que Casado quitó importancia en su día. De hecho, el hoy presidente del PP aseguró que eso era "un formalismo", similar al de recibir también "una suscripción del ABC" a su nombre. Además, se excusó en que por aquella época, “Gadafi no era considerado un dictador”.

Hasta hoy en el olvido

Con su mayoría absoluta, el PP impidió que el asunto fuese a más pese a las investigaciones en prensa que lideró Eldiario.es. El Parlamentario Popular vetó su reprobación en el Congreso de los Diputados y la dirección del partido se esforzó en que el negocio más polémico de Aznar en el que se vio envuelto Casado quedara en el olvido.

Hasta hoy. Con gesto serio, Aznar ha respondido a Cantó lo siguiente: “Si me pregunta usted por el actual presidente del PP y qué tuvo que ver en unas actividades de asesoramiento empresarial en Libia, le tengo que decir que no tuvo nada que ver”.                 (José María Garrido, El Plural, 18/09/18)

15.6.18

Urdangarín condenado a una pena, suavizada, de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales


"El principio del fin de un reinado. 

El caso hundió la imagen de la Familia Real y abrió una crisis que solo cerraría la abdicación de Juan Carlos I.

 La justicia es igual para todos”. Las palabras de Juan Carlos I, en su discurso de Nochebuena de 2011, no dejaban lugar a dudas; el jefe del Estado no iba a mover un dedo para tratar de proteger a su hija menor y a su yerno de sus problemas con la justicia. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ya había anticipado el veredicto de La Zarzuela al tachar la conducta del duque de Palma de “poco ejemplar”.

Solo mes y medio antes, el 7 de noviembre, una comisión policial encabezada por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, había irrumpido en la sede barcelonesa del Instituto Nóos, una fundación teóricamente sin ánimo de lucro de la que fue administrador Iñaki Urdangarin y en cuya junta directiva se sentó su esposa, la infanta Cristina de Borbón.

El registro lo había ordenado el juez José Castro, dentro de una pieza separada y secreta del caso Palma Arena, un hilo en la maraña de corrupción tejida por el Gobierno balear del exministro del PP Jaume Matas.

El escándalo no pilló por sorpresa a don Juan Carlos. Alarmado por los rumores sobre las andanzas de su yerno, el Rey ordenó en marzo de 2006 a Urdangarin que pusiera fin a sus negocios con las administraciones públicas. Un asesor de La Zarzuela, José Manuel Romero, hizo de emisario ante el abogado de los duques de Palma, Raimon Bergós, para instarles a liquidar su maraña de sociedades.

Urdangarin se resistió. “No entendía por qué no podía tener actividades representativas en una fundación”, según su letrado. Formalmente, acató la orden y en junio de 2006 se dio de baja en Nóos. En realidad, siguió actuando a través de su socio, Diego Torres. Solo en 2009, cuando el Rey le consiguió un empleo en Telefónica y el matrimonio se mudó a Washington se desvinculó del todo.

Con su discurso de Nochebuena, don Juan Carlos intentó evitar que la monarquía resultara salpicada por el escándalo. Empeño inútil. En 2011, el sondeo del CIS reflejaba el primer suspenso a la institución (4,89) en 36 años. En 2013, tras la primera imputación de la infanta Cristina, bajaba al 3,68. 

Lejos quedaban los tiempos en que era la institución más valorada por los españoles (un 7,48 en 1995). “Somos muy conscientes del deterioro de la imagen pública de la Corona en los últimos años”, reconocían en la Casa del Rey.

Resignado a que la maquinaria judicial siguiera su curso y consciente de que el caso Nóos perseguiría a su yerno y a su hija durante años, la única estrategia posible era romper amarras con ambos. El distanciamiento se inició de inmediato. El último acto oficial de Urdangarin fue la Fiesta Nacional de 2011. Por primera vez en 14 años, la infanta Cristina y su marido no cenaron en La Zarzuela esa Nochebuena.

En enero de 2012, el exjefe de la Casa del Rey Fernando Almansa transmitió un mensaje a la infanta Cristina de parte de su padre: o se divorciaba o renunciaba a sus derechos dinásticos. No hizo ni una cosa ni otra.

En la Fiesta Nacional de 2012, Zarzuela aplicó un nuevo protocolo: las hijas del Rey ya no estarían en la tribuna principal, sino en la de invitados, y tampoco en la línea de saludo del Palacio Real. La Familia Real fue drásticamente recortada y reducida a un núcleo formado por los Reyes, los Príncipes de Asturias y sus hijas. Las infantas quedaban fuera. Doña Cristina no estaba ni se le esperaba. Doña Elena fue la víctima colateral.

El cordón sanitario en torno a los exduques de Palma tuvo fisuras. La reina Sofía no se escondió cuando viajó a Washington o Ginebra para verles. Cristina visitó en el hospital a su padre convaleciente de alguna de sus operaciones y también asistió a alguna ceremonia familiar, como funerales, pero nunca a actos oficiales

Al final, solo la sucesión al frente de la Corona, en junio de 2014, permitió soltar definitivamente amarras. El caso Nóos no fue la causa de la abdicación de Juan Carlos I, pero sí abrió una crisis en la institución que culminaría con la renuncia de su titular. 

La decisión más dolorosa de Felipe VI

En junio de 2015 Felipe VI tomó la decisión más dolorosa de su primer año de reinado: despojar a su hermana Cristina y a su esposo del Ducado de Palma, que le había otorgado Juan Carlos I con motivo de su boda, en 1997. La decisión de retirar el título al matrimonio Urdangarin (una forma de declarar que no es digno de ostentarlo) la adoptó después de tres años de presión para que renunciara a sus derechos dinásticos al trono de España, tanto por ella como por sus descendientes; algo que, a diferencia del título, nadie le puede quitar si ella no lo acepta voluntariamente.

Pero Felipe VI no solo quiso levantar un cortafuegos con el caso Nóos distanciándose de su hermana menor y de su cuñado sino, sobre todo, imponiendo en La Zarzuela un código de conducta ejemplarizante alejando de cualquier sombra de corrupción. Una de las primeras medidas que anunció al llegar al trono, ya en julio de 2014, fue prohibir a los miembros de la Familia Real —los Reyes, sus padres y sus dos hijas— trabajar para empresas privadas, como hacían las infantas Cristina y Elena.

También les prohibió aceptar “regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones que tengan atribuidas”. Además, Felipe VI ordenó que las cuentas de la Casa del Rey (7,8 millones de euros en 2017) se sometieran a una auditoría externa, por parte de la Intervención General del Estado. 

La Zarzuela publicó por primera vez información detallada de sus cuentas en diciembre de 2011, cuando estalló el caso Urdangarin. Y es que la Familia Real no solo tiene que ser honrada. También debe parecerlo."           (Miguel González, El País, 13/06/18)

 "El duque que se dedicaba a lo que se dedicaba.

“Yo me dedicaba a lo que me dedicaba”, respondió Iñaki Urdangarin en el juicio, aturdido, demacrado, con voz quebrada y un mechón blanco en el pelo, como la marca de una desgracia. Era un hombre caído desde lo más alto y aún no se lo explicaba. El fiscal le había preguntado cuál era su trabajo en el instituto Nóos, y de sus respuestas emergía la vaga sensación de que no estaba muy claro, o no era nada en absoluto, más que aparecer en congresos y reuniones y que bastara su sola presencia. Ser quien era. A cambio entraba dinero.

Este burdo uso del título aristocrático, del pedigrí real, era la piedra angular sobre la que descansaba el instituto Nóos. Urdangarin cobraba 15.000 euros al mes de Motorpress Ibérica SL por “analizar tendencias en el mundo del motor”. Hacía informes para un ente llamado Confederación Andina de Fomento. El caso puso la guinda real, en lo más alto, a una época obscena en España con el deporte como negocio, los congresos como tinglado, la élite como saqueo.

Esa desenvoltura de Urdangarin, ese moverse por la vida con la vida resuelta, que le llovieran miles de euros como si fueran con el cargo, fue lo más destructivo entonces para la imagen de la Familia Real. Más aún porque el escándalo estalló en noviembre de 2011, en lo más profundo de la crisis.

 Pero fue aún peor el juicio, en 2016, porque Urdangarin y la infanta Cristina, tras cortar la comunicación con la Casa del Rey y sentirse abandonados, siguieron una estrategia exculpatoria que arrastraba a la institución. Su defensa era, más o menos: en Zarzuela lo sabían todo. 

Por tanto, concluían, no había nada malo o ni se les ocurrió, que no se sabe qué es peor. Sensación de impunidad, se llama. Urdangarin la convirtió en el juicio en desvalimiento e ingenuidad, como si nunca hubiera previsto en el guion rendir cuentas a nadie. La sentencia de ayer, tras un reguero de destrozos en los mecanismos del sistema, corrige esa percepción.

Lo asombroso de los exduques de Palma es cómo llevaron hasta el final, hasta la catástrofe, su idea de que aquello era normal. “Estoy plenamente convencida de su inocencia”, declaró la Infanta en el juicio sobre su marido. Una de las preguntas que deja el proceso es en qué momento les desengañaron y por qué se han sentido engañados, pues arrojaban la sospecha de que siempre se había funcionado así.

El primer toque de atención de la entonces Casa Real habría sido ya en 2005, tras uno de los primeros eventos de Nóos, el Illes Balears Forum. Un asesor de Zarzuela, José Manuel Romero, conde de Fontao, se reunió con Urdangarin y le aconsejó acabar con eso.

 En 2012, ultimátum radical: o se separaban o ella, sexta en la línea dinástica, renunciaba a sus derechos de sucesión. Según fuentes de Zarzuela, Cristina montó en cólera: “¡Yo nací Infanta y moriré Infanta!”. A partir de entonces se quedaron solos, y es la triste imagen que dieron en el juicio, como dos apestados de la nobleza arrojados entre la plebe.

Expuesta durante horas

En un austero edificio de un polígono industrial de Palma, era insólita aquella silla azul reservada con un papelito que parecía una equivocación: “Cristina de Borbón y Grecia”. Los periodistas tenían delante a la Infanta, a dos metros, obligada, expuesta durante horas a su mirada. Felipe VI estaba en el juicio, pero en fotografía. En un cuadro delante de su hermana y su cuñado, sobre el tribunal, vestido con una toga y el gran collar de la Justicia.

 Menos mal que para entonces se había producido un corte con el pasado, a diferencia de lo ocurrido a otros, y era él quien presidía la sala, y no Juan Carlos I. El rey emérito, su época, cómo fue posible aquello, por qué se toleró, flotaba en el juicio. Fue con aquellas escenas, esos interrogatorios, cuando se rompió algo en la relación de los españoles con la Monarquía, algo en España dejó de ser como era.

En su declaración, Diego Torres recordaba que tenía más de 300 correos y documentos de la Casa Real, igual que en su libro contaba que él y Urdangarin compraron el anillo de pedida de Felipe VI a su esposa en una joyería de Barcelona. En el juicio habló en algún momento de “la señora Corinna” como de pasada. Cada vez que Torres o algún testigo bordeaba el núcleo del asunto, lo sobreentendido, aquello en lo que estaba pensando toda España, la tensión en la sala se disparaba, como si se estuviera a punto de hacer historia. 

Como cuando le preguntaron a Torres si Juan Carlos I estaba al corriente de lo que pasaba en Nóos. El habilidoso profesor cayó presa del pánico: “¡No voy a entrar en esos juegos!”. Fue entonces cuando la presidenta del tribunal aclaró que aquello no era un juego y dijo, sin que nadie se lo preguntara: “¡El tribunal va a blindar su independencia!”. Las tres juezas vivieron la vista como si allí estuviera en juego, bajo examen, la justicia española, y realmente así fue."        (Íñigo Domínguez, El País, 12/06/18)


" Supremo situó este martes a Iñaki Urdangarin a un paso de la cárcel. 

El alto tribunal rebajó en cinco meses la condena impuesta por la Audiencia de Palma al marido de la infanta Cristina, pero le impuso una pena de cinco años y diez meses de prisión que, salvo que se adopte una medida excepcional, aboca a la cárcel al marido de la infanta y a su exsocio Diego Torres, condenado a cinco años y ocho meses.

 La Audiencia de Palma ha citado a ambos mañana miércoles para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal podría instar a su ingreso inmediato o darles unos días de plazo. El Supremo considera probado que Urdangarin cometió delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. 

El alto tribunal mantiene la responsabilidad de partícipe a título lucrativo de la infanta Cristina por delitos de malversación y fraude a la Administración, pero no por el delito fiscal. 

Iñaki Urdangarin se sentó en enero de 2016 en el banquillo, acusado de delitos por los que la fiscalía pedía para él una condena de 19 años y medio de prisión. La Audiencia Provincial de Palma exoneró al cuñado del Rey de parte de los delitos que se le atribuían y le condenó a seis años y tres meses, una pena que el Supremo ha rebajado ahora a cinco años y ocho meses al absolverle del delito de falsedad en documento público. 

La condena, pese a ser muy inferior a la petición inicial del ministerio público, implicará el ingreso en prisión del marido de la Infanta, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o por que el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado derechos fundamentales de Urdangarin.

De momento, el Supremo ya envió este martes el fallo a la Audiencia Provincial de Palma para que ejecute la sentencia y el tribunal balear ha citado este miércoles por la mañana al exduque de Palma, a su exsocio y al expresidente balear Jaume Matas para entregarles el mandamiento de prisión. El tribunal balear puede enviarles a la cárcel de forma inmediata o concederles unos días de plazo, la opción por la que se suele decantar la Audiencia en casos similares.

El Supremo se ha tomado tres meses para deliberar sobre los recursos presentados por la fiscalía, Urdangarin, Torres, Matas y otros condenados por el desvío de fondos públicos del Gobierno balear al Instituto Nóos, presidido por el marido de Cristina de Borbón y gestionado por su exsocio, al que conoció en la escuela de negocios ESADE. 

La sentencia, adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala (Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, que ha ejercido como ponente), deja al marido de la Infanta como el condenado con la pena más alta, ya que su exsocio, a quien la Audiencia impuso ocho años y medio de cárcel, ha visto rebajada la pena a cinco años y ocho meses al quedar absuelto del delito de blanqueo de capitales.

Los magistrados consideran probado que el cuñado del Rey se valió de su “situación de privilegio” como “consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado” para obtener en 2005 y 2006 contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear. 

Esta situación privilegiada fue determinante además, según el Supremo, para que esta contratación se llevase a cabo “orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”. 

“Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, concluye el alto tribunal.




El tribunal acusa a Urdangarin de ejercer una “eficaz presión” a la que sucumbieron José Luis Ballester (amigo del marido de la Infanta y exdirector general de Deportes de Baleares) y Jaume Matas, de quien los magistrados destacan su “voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas” del marido de la Infanta y el que entonces era su socio. 

El expresidente regional, condenado a tres años de prisión, aceptó la tarifa y las condiciones de los dos principales acusados “sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas”.

La sentencia solo anula a Urdangarin y Torres la condena por el delito de falsedad por el que les condenó la Audiencia en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Los magistrados no consideran probada la intervención de ninguno de los dos en la documentación falsa elaborada por los funcionarios para justificar los contratos. 

Esta decisión del tribunal es la que implica la rebaja en cinco meses en la pena impuesta a Urdangarin, ya que el Supremo ha aplicado además la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones que se le habían atribuido.

Respecto a la infanta Cristina, la Sala mantiene su responsabilidad como partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, lo que asciende a 136.950 euros. 

Sin embargo, el alto tribunal anula la indemnización de 128.138 euros impuesta a la hermana del Rey como partícipe a título lucrativo del delito contra la Hacienda Pública por el que la Audiencia de Palma sí la condenó. La consecuencia de esta decisión es que Urdangarin deberá asumir en su totalidad el pago de lo defraudado por los delitos fiscales. Ambos habían consignado ya una fianza ante la Audiencia de Palma, a la que ahora le corresponde hacer la liquidación con la condena firme impuesta por el Supremo.

La Infanta no había recurrido la sentencia de la Audiencia de Palma, pero se ha beneficiado del recurso presentado por la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, a la que el tribunal ha dado en parte la razón."            (Reyes Rincón, El País, 12/06/18)


Las penas:

7.7.17

Montoro y Asociados... empiezan a sonar denuncias por tráfico de influencias, y quién sabe qué más

"Los asuntos del dinero tienen sus tiempos y sus fases. Ordenarlas, nombrarlas una detrás de otra, clarifica mucho los resultados. Sobre todo, en el turbio manejo de los fondos públicos. O sea, los de todos los ciudadanos. 

En el caso de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y, por lo que parece, lobbista español, el ejercicio es más relevante. Porque no solo maneja fondos públicos –o sea, de todos los ciudadanos–, sino que además es el administrador de los impuestos que esos mismos ciudadanos, o sea, usted, aportan para que la cosa pública funcione. 

1. Cargos con Aznar

Los cargos ocupados por Cristóbal Montoro, más allá de sus sucesivos nombramientos como ministro de Hacienda, son relevantes para entender sus distintos movimientos como lobbista. Entre mayo de 1996 y el mismo mes de 2000, Montoro ejerció como secretario de Estado de Economía. Corría la primera presidencia de José María Aznar, con Rodrigo Rato como ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno. 

El papel de Montoro fue crucial como feroz defensor de las privatizaciones de lo público. Entre tanto, Rato ponía en marcha su conocido “milagro español”, que consistía –“presuntamente”– en llenarse los bolsillos y desmontar la idea del Estado del Bienestar a golpes contra la llamada “clase media” española. 

Entre el 28 de abril de 2000 y el 17 del mismo mes de 2004, Montoro ocupó por primera vez la cartera de Hacienda, en esta ocasión en el segundo y último Gobierno de Aznar, que acabó de forma abrupta con la inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero tras los atentados del 11M.

2. Montoro y Asociados

Con la victoria de Zapatero, las posibles aspiraciones ministeriales de Montoro se vieron truncadas, pero no su carrera política. Entre 2004 y 2008, nuestro hombre pasó a ser diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Y ese es el momento en el que funda su empresa Montoro y Asociados. En teoría una sociedad dedicada al “asesoramiento integral y estratégico a personas físicas y jurídicas”, y en la práctica un lobby de los de toda la vida.

En junio de 2006, el eurodiputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del PP Cristóbal Montoro no solo abre oficinas privadas, sino que se lleva con él a la crema de los altos funcionarios que han trabajado a su lado en la función pública. 

El caso más notable es el de Ricardo Martínez Rico, que había sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el ministerio de Montoro, y su mano derecha. “Como tal, gestionó y supervisó una de las carteras más amplias del Gobierno español, con un presupuesto superior a los 250.000 millones de euros y con un equipo de más de 3.000 personas”, según reza su propio currículo.

 Y añade que “promovió cuatro leyes fundamentales para la consolidación del equilibrio presupuestario en España. Al mismo tiempo, impulsó las políticas de liberalización, privatizaciones, financiación privada de infraestructuras y reformas estructurales de la economía española”. 

Una vez el PP perdió el Gobierno, Martínez Rico dirigió la Oficina Económica y Comercial de España en Washington (2005-2006), temporada en la que ejerció como responsable de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, en esa época representó a España en el Consejo Europeo de Presupuestos y en el Consejo Europeo de Política Regional.

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

Junto a Martínez Rico, Salvador Ruiz Gallud, quien fue el director general de la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004, o sea, junto a Montoro mientras este ejerció de ministro de Hacienda en el último Gobierno de Aznar. Según su propio currículo, “desde dicho cargo colaboró en el diseño y aplicación de importantes reformas tributarias, incluyendo la habilitación de instrumentos fiscales orientados a mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior y a la atracción de inversión extranjera”.
Y de ahí, a Montoro y Asociados.

El tercer nombre significativo en el asunto que nos ocupa es el de Manuel de Vicente-Tutor. Este hombre había sido entre 1999 y 2001 subdirector general de Planificación y Programación de la Agencia Tributaria. De ahí pasó a integrarse en el primer Ministerio de Hacienda de Montoro como director del Gabinete del director general de la misma Agencia Tributaria (2001-2004).
Y de ahí, a Montoro y Asociados.

Por último, y por no extendernos, también se unió a los chicos de Montoro Francisco Piedras Camacho. Este hombre fue director general del Gabinete de Montoro durante los años 2003 y 2004. Además, ejerció como consejero de empresas públicas relevantes, como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la Agencia de Crédito a la Exportación y Paradores Nacionales. 

Según explica su propio currículo, en su etapa en la Agencia Tributaria “se especializó en asuntos fiscales internacionales. Además, como directivo del área de recaudación de la AEAT ha adquirido una gran experiencia en la gestión de procesos concursales”. Quien quiera oír que oiga.

Y de ahí, a Montoro y Asociados.

3. ¿Montoro se va?

En 2008, cuando el hoy ministro de Hacienda pasa a ser portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda del PP en el Congreso de los Diputados, su nombre desaparece de Montoro y Asociados y la empresa pasa a llamarse Equipo Económico

Sin embargo, se podría decir que su desaparición no es exactamente total. Su puesto en el accionariado pasa a ocuparlo Ricardo Montoro, su hermano. Y queda como presidente de la sociedad Ricardo Martínez Rico, quien, como se ha apuntado anteriormente, había sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el ministerio de Montoro, y su mano derecha.

En diversas ocasiones desde 2008 se ha preguntado al actual ministro de Hacienda por su desvinculación del lobby, y en todas ellas ha reiterado que es absoluta. Sin embargo, no solo quedaron en Equipo Económico sus chicos y su propio hermano, sino que las últimas informaciones aparecidas en prensa apuntan a una colaboración activa. 

4. Las cenas de Montoro y Martínez Rico

“Ricardo Martínez Rico vino a todas las cenas. Actuaba como si fuera un asistente personal de Montoro, su secretario (…) Esos encuentros le sirvieron para repartir tarjetas de Equipo Económico”. Así lo narraba hace unos días al diario ABC uno de los asistentes a esas cenas. 

El problema para el ministro es que dichos encuentros con banqueros internacionales y representantes de grandes empresas no se celebraron en 2006, cuando existía Montoro y Asociados, sino en 2011, cuando empezó a estar claro que el PSOE iba a perder el Gobierno.

 Según la información hecha pública por ABC, dichas cenas se realizaron en la sede central de Caja Madrid y Rodrigo Rato ejerció de padrino.

Poco tiempo después, el 22 de diciembre de aquel mismo 2011, el ya presidente Mariano Rajoy nombró a Cristóbal Montoro ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Y cinco años más tarde, en noviembre de 2016, volvió a nombrarle ministro de Hacienda y Función Pública.

El pasado 27 de junio, el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico, la empresa heredera de Montoro, la que le acompañó en 2011 a las cenas con grandes gestores económicos y financieros. Se les acusa de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos mercantiles.

Solo dos días más tarde, el Congreso de los Diputados reprobaba al ministro después de que el Tribunal Constitucional declarara nula la amnistía fiscal que aprobó en 2012, haciéndola responsble de “legitimar” el fraude fiscal. Cabe añadir que, a causa de dicho fraude, las arcas del Estado dejan de recaudar cada año alrededor de 25.000 millones de euros. 

En fin

Cristóbal Montoro ha manejado durante 10 años la Hacienda española. Es decir, ha estado al frente del ministerio que se encarga de gestionar los impuestos que los ciudadanos pagan para el funcionamiento de la cosa pública. Ahora empiezan a sonar denuncias por tráfico de influencias, y quién sabe qué más, a tenor de las informaciones que circulan, en las que no es inocente el exministro José Manuel Soria, enemigo declarado de Montoro. Pero esa es otra historia

 La nuestra se encarga de detallar paso a paso cómo se pone a girar el dinero público en manos privadas precisamente por aquel que debe administrarlo. Y para qué han servido dichas puertas giratorias. 

A propósito, el hecho de que el pasado mes de noviembre Montoro nombrara subsecretario de Hacienda y Función Pública a Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, debe responder también a asuntos de familia

Las conclusiones, después de seguir esta senda, sean de cada cual."              (Cristina Fallarás , CTXT, 04/07/17)