"(...) ¿En qué momento se fastidió la Televisión Valenciana? (...)
Y en eso llegó Eduardo Zaplana. En su primer viaje como presidente de la
Generalitat a Bruselas hizo toda una declaración de principios: “Canal 9
es el último bastión de los socialistas”. Cómo liquidarlo estaba claro.
Propuso a un diputado del PP, José Vicente Villaescusa, sin ninguna
experiencia en medios de comunicación como jefe de informativos.
El
escándalo le obligó a retirar la propuesta. Pero aquello solo fue un
paréntesis. Zaplana iba lanzado. El primer director general que nombró,
Juan José Bayona, le duró un suspiro, apenas nueve meses. Recuperó a
Villaescusa para el cargo de director general y dio su golpe de mano al
colocar en la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, que había
sido su jefe de campaña y su jefe de gabinete. Zaplana creó escuela.
Los futuros directores generales de RTVV y de su cadena televisiva,
hasta la llegada de Rosa Vidal, fueron siempre personas muy cercanas a
la órbita de la presidencia de la Generalitat. Carrascosa fue sustituido
por Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y su directora
de comunicación en la Generalitat. Cuando llegó Francisco Camps colocó a
Pedro García, que había sido su jefe de campaña y su responsable de
comunicación en el Consell, amén de persona de confianza de los
principales responsables de la trama Gürtel.
Tanto que, durante en un
registro del despacho de Francisco Correa, apareció una nota que decía:
“Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Dicho y hecho. Tras
García, Camps colocó al frente de RTVV al periodista José López Jaraba.
Hasta Burjassot, donde la televisión tiene sus estudios centrales,
llegó la manipulación más descarada, el despilfarro, la corrupción y los
escándalos sexuales. Una lista de las trapacerías cometidas en los
últimos 18 años desde la televisión valenciana daría para varios
volúmenes. Carrascosa puso en antena un programa que definiría por
muchos años su programación. Estrenó Tómbola.
La telebasura
arraigó en Canal 9. El espacio de cotilleos fue el estandarte de la
cadena. Dinero a espuertas para sus protagonistas —Jesús Mariñas, uno de
los contertulios habituales, reconoció recientemente que cobraba 3.000
euros brutos por programa—, escándalos y audiencia garantizada.
Carrascosa no tenía escrúpulos con tal de conseguir el mayor número de espectadores. En uno de sus programas, El juí d'Alcàsser,
sobre el asesinato de las tres niñas de esta localidad valenciana,
intentó retransmitir en directo el proceso a Miguel Ricart, uno de los
asesinos, y al no conseguirlo contrató a amigos, conocidos y saludados
de este que pasaron por el programa.
También participaban el padre de
una de las niñas y un presunto periodista. Todos cobraban. Y cuanto más
salidas de tono fueran sus afirmaciones, más cobraban. Al final, la
Guardia Civil, los forenses y el fiscal del caso denunciaron al programa
y a los colaboradores por calumnias con publicidad. La sentencia
condenó a RTVV a pagar 430.000 euros como responsable civil subsidiaria. (...)
Hasta hace bien poco el lema de Canal 9 podría haber sido perfectamente una expresión valenciana: Serà per diners?
(¿será por dinero?) El despilfarro era absoluto. Se subvencionaron sin
tasa los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana, se pagó lo que no
está en los escritos por la retransmisión de las carreras de Fórmula 1,
se mandaron equipos de televisión a los confines del mundo para que
Francisco Camps pudiera lucir palmito.
El derroche fue continuo y las
sospechas sobre el uso fraudulento del dinero crecieron. Canal 9 nunca
ha explicado por qué compró los derechos de emisión de los partidos de
fútbol de los equipos valencianos de primera y segunda división durante
las temporadas 2003-2008 por 459 millones y los vendió por 299 a una
televisión privada provocando un quebranto de 160 millones a las arcas
públicas.
El colmo del desbarre profesional y empresarial fue la compra a
Bernie Ecclestone de los derechos de retransmisión de las carreras de
F-1 para la Comunidad Valenciana, cuando se televisaban por Tele 5. TVV
pagó 22 millones por las imágenes de Fernando Alonso a bordo de su
Ferrari. Se podría pensar que, como en TV3, las retransmisiones se
hacían en valenciano. Pero no.
El responsable de la narración era un
periodista argentino, Víctor Seara, quien firmó un contrato en 2010 por
el que percibía 120.000 euros al año por la locución de los grandes
premios y un programa de motor que realizó entre los meses de enero y
marzo. La última directora general de RTVV, Rosa Vidal, lo denunció por
no justificar gastos por valor de 18.000 euros.
La lista de despilfarros es tan larga como nulas las
responsabilidades políticas asumidas por la gestión de RTVV. Los
presidentes de la Generalitat del PP viajaban con sus periodistas de
confianza del ente televisivo.
Tanto daba que su asistencia fuera a una
final de la Champions, como Eduardo Zaplana que acudió a Milán a
presenciar el Bayern-Valencia, o que se tratara de un costosísimo
directo de Francisco Camps en una visita a la Amazonas brasileña,
coincidiendo en la época en que el presidente de la Generalitat viajaba
al extranjero más que nunca, una vez había sido imputado en el llamado
caso de los trajes.
Tampoco importó, ya con el agua de la crisis al cuello, favorecer a
las dos adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las
Provincias TV (del grupo Vocento) y Popular TV (de la Cope), en el pago
del canon por el uso del múltiplex de RTVV. Según el vocal del consejo
de Administración por Compromís Rafael Xambó, ambas debían pagar 1,3
millones de euros.
Pero los exdirectores generales Pedro García y José
López Jaraba negociaron unas condiciones, que incluían desde la
condonación de la deuda a la compensación por publicidad de Canal 9 en
las TDT, de audiencia residual, pasando por la cesión de derechos. Un
acuerdo, según Xambó, muy gravoso para la empresa pública. Los contratos
de RTVV con ambas adjudicatarias han sido entregados a la fiscalía por
si detecta indicios de delito.
Tras el anuncio del cierre de RTVV, Las
Provincias TV y Popular TV son las únicas cadenas de televisión con
idéntica implantación que Canal 9.
La obsesión del PP por controlarlo todo en la Comunidad Valenciana le
llevó a protagonizar episodios que a primera vista parecían
inexplicables, pero que con el tiempo han ido comprendiéndose. Episodios
en los que la cadena autonómica ha sido un instrumento muy útil para
según qué fines.
Todavía se recuerda por alguno de sus protagonistas, no
sin cierta preocupación y espanto, la escena que se desarrolló en el
Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente, meses antes
de la visita en 2006 de Benedicto XVI a Valencia para el Encuentro de
las Familias. En un despacho del edificio gótico del siglo XV se
encontraban reunidos representantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero,
del Arzobispado de Valencia y del Consell.
En el orden del día, además
de los temas de seguridad, la retransmisión televisiva. Los miembros del
Ejecutivo socialista daban por hecho que, al tratarse de una visita de
Estado, TVE sería la responsable de la emisión. Pero no. Las palabras
fueron primero tensas, después desabridas y al final acabaron a gritos.
La Generalitat, con el inestimable apoyo del Arzobispado, impuso que
fuera Canal 9 la que se hiciera cargo de la retransmisión.
Años más tarde, en la investigación de la trama Gürtel, se descubrió
que Teconsa, una constructora leonesa propiedad del empresario José Luis
Ulibarri, quien había conseguido la mayoría de las licencias de TDT
concedidas por Camps, se había hecho con la adjudicación de los equipos
de sonorización de la visita papal. La investigación de Gürtel descubrió
que RTVV había adjudicado el contrato por 7,4 millones cuando el coste
no superaba los 3,2, según la contabilidad de la trama.
La Audiencia
Nacional investiga si Correa se quedó con 1,4 millones, Pablo Crespo con
630.000 euros y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces
director general de RTVV, Pedro García, con medio millón cada uno.
Recuérdese la nota que apareció en el despacho de Correa: “Pedro quiere
ser director general de Canal 9”. Y Camps le nombró.
Comprar caro productos basura ha sido una constante en RTVV. En 2011
la cadena adquirió tres documentales de marcado carácter ultra a
Triskel, una productora vinculada al que había sido su director de
antena Fernando López Quintela. Se acordó pagar 532.500 euros sin IVA
por unos reportajes que los propios profesionales de RTVV valoraron en
muchos menos.
La Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas
valenciano) constató la existencia de irregularidades en la gestión de
este contrato. (...)
La censura llegó a ser de tal calibre que se llegó a pedir a los
responsables de un programa que no se pronunciara el nombre del país de
Peter Pan, Nunca Jamás Mai més, en valenciano), por su semejanza con el
movimiento gallego Nunca mais. Así se las gastaban. Algunos de estos
hechos llegaron a trascender por la existencia del comité de redacción;
pero fue por poco tiempo. Desde la Generalitat ordenaron su liquidación.
Una plantilla tan sumisa en líneas generales
no se explica sin la red clientelar que se creó desde el despacho del
responsable de recursos humanos primero y secretario general de la casa
después. Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y
acusado de practicar abusos sexuales sobre tres trabajadoras de la
cadena, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos
públicos populares.
Una red que se fue extendiendo conforme se ampliaba
la plantilla, arrinconando a los profesionales de la primera etapa, a
aquellos que, según Zaplana, formaban el “último bastión socialista”.
Sanz se encuentra a la espera de juicio." (
El País, 08/11/2013)
