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22.11.18

Coalición Canaria salvó de la piqueta en 1995 el edificio de Tenerife golpeado por olas gigantes y que toca terrenos de dominio público




"La imagen de la  ola gigante que el pasado sábado arrancó de cuajo un balcón en la tercera planta de un edificio en Tenerife ha puesto en el mapa de la actualidad al pequeño núcleo turístico de Mesa del Mar.

Situado en el municipio de Tacoronte, al norte de la isla y al pie de un imponente acantilado, el inmueble Mar y Sol fue objeto de una polémica en los años noventa, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por un alcalde socialista, de común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente (que prometió 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros-), intentó recuperar para el uso público parte del tramo de costa que ocupa esa construcción. Este bloque fue en su origen, años sesenta del pasado siglo, un hotel, cuyos apartamentos luego fueron vendidos a particulares y ahora su uso se ha convertido en residencial.

Pero ocurrió que en 1995 accedió a la alcaldía la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI entonces y hoy Coalición Canaria -CC-; ese fue uno de los partidos que años después fundaría CC), que dio marcha atrás al proyecto, hasta que finalmente, en 2013, el deslinde público elaborado por la Dirección General de Costas dejó fuera del dominio público marítimo-terrestre el edificio, salvo dos pequeñas esquinas, y quedó dentro de la servidumbre pública de protección.

Por esos años los propietarios habían recurrido el acuerdo del pleno municipal (tomado en 1993) que declaraba ilegales la venta de apartamentos como viviendas en el Mar y Sol. El litigio lo ganó la parte privada, Hoteles Afortunados, SA, y este llegó al Tribunal Supremo.

Un complejo turístico inaugurado por Manuel Fraga

La urbanización del entonces hotel la promovió el empresario Arcadio Pérez Dorta, ya fallecido. La construcción comenzó a principios de los sesenta del pasado siglo con unas difíciles obras en la carretera que daría acceso a ese complejo turístico. En 1967 se inauguró, en un acto que presidió Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Turismo del régimen franquista.

Su declive como zona turística de lujo comenzó en los años ochenta y se convirtió paulatinamente en un barrio residencial, siempre con el ojo puesto en los embates de los temporales marinos, que ya en el pasado habían provocado daños en las instalaciones públicas y privadas más próximas al mar.
El sábado 17 de noviembre de 2018, fue uno de esos días: el furioso océano entró de lleno en las plantas bajas del edificio, lo que causó destrozos en enseres, ventanas, paredes, balcones y zonas comunes, y por seguridad fueron desalojadas el fin de semana 65 familias. 

Este lunes, ya sin avisos meteorológicos por oleaje, los vecinos relataban a TVE 1 cómo vivieron con horror ese temporal, que no es el primero que sufren, pero sí uno de los que más daños les ha ocasionado en los últimos decenios, hasta el punto de que algunos propietarios se plantearon incluso no regresar a sus viviendas.

Que el mar bata sobre los cimientos de este edificio y que, de vez en cuando, dé un buen susto a los inquilinos de las plantas bajas, no extraña a nadie. Basta contemplar dónde está construido, sobre la misma línea de mar y con un estrecho paseo a su alrededor por el que no conviene transitar cuando el mar está embravecido. A ojos de buen cubero, está en lo que se considera dominio público, pero la realidad es que la orden ministerial que trazó esa línea en la costa de Tacoronte lo deja fuera. 

El Ministerio aclara que el domino público fijado apenas le afecta

Fuentes de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife indicaron este lunes a Tenerife Ahora que el deslinde vigente toca muy levemente dos esquinas de las edificaciones que hay en la parcela, la mayor parte de la cual se halla en servidumbre pública. 

Pese a la evidencia de que estos bloques de apartamentos están casi sobre el mar, desde ese organismo público se indica que se trata de un inmueble construido de modo legal antes de la ley de 1988, y que se pudo beneficiar de esa circunstancia, además del hecho de que el Ayuntamiento cambiara de criterio a mediados de los años noventa para desarrollar un proyecto de recuperación de ese espacio costero para uso público.

Las mismas fuentes señalaron que los deslindes en sí mismos no son inamovibles, pero subrayaron que hasta 2013, para modificarlos, había que demostrar hasta dónde alcanzaban las olas en el máximo temporal conocido, pero desde entonces, con la reforma de la ley, es preciso verificar que el mar ha llegado más lejos en al menos cinco ocasiones en un lustro, lo cual dificulta cualquier solicitud en este sentido.

El alcalde socialista hasta 1995 lo tachó de "enorme atentado"

Sea como fuere, el edificio que ahora se ha hecho famoso en toda España provocó un duro enfrentamiento político en los años noventa en la isla. Tal es así que el entonces alcalde socialista, Guillermo Graham, que defendió su derribo -con indemnizaciones a los propietarios- publicó en el periódico Diario de Avisos un revelador artículo de opinión, apenas unos meses después de perder la alcaldía, en el que calificaba esa construcción de "enorme atentado contra el litoral de Tacoronte". 

"La costa", escribió el político del PSOE, "es un espacio de ocio de los ciudadanos y no se puede permitir que sea ocupada por construcciones ilegales o aparentemente legales como el edificio Mar y Sol".

En este artículo (desempolvado ahora de las hemerotecas por el periodista Esaú Hernández en un hilo de Twitter), Graham no tenía dudas de que "el edificio está afectado por la Ley de Costas [de 1988], y en ningún caso legalmente puede aceptarse un deslinde distinto al que se establece en la ley; es decir, más tarde o más temprano se podría aplicar una Ley que depende del Estado y que no parece que vaya a modificarse". 

El augurio de aquel alcalde socialista no se cumplió, y en 2013, con el PP en el Gobierno estatal, la ley se reformó y además el deslinde aprobado posteriormente salvó el Mar y Sol.
Aquel regidor municipal de Tacoronte fue más allá y destacó en su columna aparecida en prensa que durante su mandato el Ayuntamiento tuvo "importantes batallas jurídicas contra un poderoso señor de todos conocido", en alusión al promotor de esta urbanización controvertida, levantada sobre una escasa plataforma rocosa y en las laderas del acantilado. 

El partido ATI (hoy CC) en Tacoronte se opuso a ese proyecto de recuperar la costa con argumentos como el "desorbitante" coste para el erario público y una "insultante" compensación económica para los dueños del Mar y Sol. Al llegar al poder municipal, en pleno época de revisión del Plan General de Ordenación del municipio, con el gobierno que presidió el alcalde Hermógenes Pérez, de ATI-CC, el asunto quedó aparcado para siempre.

En internet pueden encontrarse a la venta pisos en la calle de Mesa del Mar, algunos por 58.000 euros y 83.000 euros, en los que puede verse cómo el Atlántico está tan cerca que parece que va a colarse por la ventana. Y es lo que ocurrió en las primeras plantas del inmueble el pasado fin de semana."             (Vicente Pérez, eldiario.es, 19/11/18)

3.6.13

El alcalde de Badajoz se ‘ahorró’ a sí mismo y sus vecinos en una urbanización de lujo 500.000 euros que ahora deben pagar todos los pacenses. Monago era el Concejal de Obras cuando se montó el lío

"En Badajoz tienen montado un buen lío. Los vecinos de una de las urbanizaciones de mayor lujo de la ciudad, donde, casualidades, viven el actual alcalde, Francisco Javier Fragoso, pero también el presidente de la Comunidad, José Antonio Monago, se han librado de pagar 466.459,95 euros.

 La cuenta se la han pasado al Ayuntamiento, o sea, a todos los vecinos de la ciudad. Si eso suena a chusco, aún lo parece más que Monago y Fragoso eran los Concejales de Vías y Obras cuando se cometió la supuesta irregularidad del gasto, y cuando se ‘tardó más de lo debido en la diligencia’ para que fueran los vecinos de la urbanización los que pagaran por las obras.

Les ponemos en antecedentes. En el mes de mayo de 2004, el día 25 en concreto, y la fecha es importante retenerla, se aprueba por parte del Ayuntamiento de Badajoz la reparcelación de un terreno que se va a convertir en una zona residencial de chalets de lujo el área que se llama ‘Las Vaguadas’.  La zona, privada, pero para uso público, debe ser urbanizada.

En estos casos el funcionamiento habitual es que los dueños de los futuros chalets, paguen directamente los gastos de la urbanización del terreno. Lo saben muy bien los pacenses de algunas barriadas modestas –como los del Polígono de San Fernando, San Roque o el Polígono de La Paz- que han pretendido que fuera el ayuntamiento quien financiara la urbanización de sus calles, que están en situación de abandono, y después les pasara los gastos y a los que se lo vienen negando.

Monago, entonces concejal de Vías y Obras

Curiosamente, más casualidades, lo que es un gesto inhabitual, el Ayuntamiento de Badajoz sí que decidió hacerlo, sin embargo, con esta urbanización de lujo. Debieron pensar que estaban más necesitados que los habitantes de las zonas deprimidas de la zona de la Calle Mérida o del barrio de ‘las 500 viviendas’.

 El caso es que dos años después de decidir la reparcelación, la Alcaldía aprobó que se destinaran 864.379 euros del presupuesto municipal al acondicionamiento de Las Vaguadas.

La Concejalía de Vías y Obras es la encargada de las actuaciones. Durante los años siguientes, mientras se concluye la urbanización de Las Vaguadas, quien ocupa esta concejalía es José Antonio Monago, actual presidente de la Junta de Extremadura.

Una cadena de casualidades

Pero los presupuestos se escapan de las manos, y cuando el 27 de febrero de 2009, se aprueba la ‘Liquidación  definitiva de las obras de urbanización’, se descubre que hay un desfase con la cantidad aprobada inicialmente superior a un 50%. En concreto, de 466.459,95 euros.

Tan sólo días después de descubrirse este sobregasto, en concreto el 3 de marzo de 2009, toma posesión del cargo de Concejal, en sustitución de Monago, siguen las casualidades, Francisco Javier Fragoso. Recordamos, ocupante ya entonces de una de las parcelas, chalet incluido, de la urbanización.

Un expediente en vía lenta hace posible que caduque el plazo de reclamación

Sin duda también por casualidad, el expediente entra en un proceso de vía lenta, de forma que durante dos meses duerme ‘el sueño de los justos’ en algún escritorio, y no reaparece sino justo hasta el 29 de abril de 2009, cuando se comunica a los vecinos de Las Vaguadas que a los 864.379 euros inicialmente previstos, y que ellos ya han pagado, tienen que añadir nuevos pagos por valor de ese casi medio millón de euros. Se les dice entonces que tienen un mes para presentar alegaciones. El plazo, por tanto acaba, el 28 de mayo.

Los vecinos de Las Vaguadas ‘se dan cuenta entonces’, otra más de las casualidades que rodean la historia, que el 25 de mayo de 2009, es decir, cuatro días antes de acabar el plazo de alegaciones, se han cumplido cinco años desde que se inició el expediente. Un dato importante. Porque la ley marca que pasados cinco años el Ayuntamiento no puede modificar el expediente y cargar a los vecinos con los sobrecostes.

 Es decir, los 466.459,25 euros que ha costado de más la urbanización de la zona residencial de lujo de Las Vaguadas la tienen que pagar entre todos los ciudadanos de Badajoz, ciudad de la que, casualmente, es alcalde en la actualidad el Concejal que, casualmente, mantuvo dos meses sin tramitar el expediente. Los vecinos de Las Vaguadas, actual alcalde incluido, alegan eso, claro, que se han pasado de plazo las reclamaciones de pago de los sobrecostos. Y se niegan a asumirlo.

El informe de la Inteventora Municipal habla de ilegalidad

Pero hay una piedra en el camino que aún falta por sortear. Una piedra que ha hecho que los concejales del PSOE lleven este caso a la fiscalía anticorrupción. Y es que al contemplar las cuentas de liquidación del año 2011 los ediles de la oposición han descubierto que existe un informe desglosado de la Intervención Muncipal en el que se habla de graves irregularidades en todo el proceso.

 Para empezar uno. Por ley está prohibido que el desvío en los gastos de un presupuesto de urbanización sea superior al 20%, y en este caso, como hemos comentado, esa desviación es superior al 50%.

En concreto, la Interventora Municipal dice que en este caso “los actos administrativos dictados y los gastos ejecutados en el presente expediente se han realizado al margen de cualquier control de legalidad”. Un comentario concluyente.

La casualidad final

Una última casualidad. Como decíamos, José Antonio Monago, que cuando sucedieron todos estos hechos en los que también tuvo papel destacado, no vivía allí, ahora también es vecino de Las Vaguadas, donde ocupa, casualmente, un chalet cercano al de su íntimo amigo, el actual alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso."       (El Plural, 25/05/2013)

29.1.10

Declarada ilegal un área de ocio de la familia del juez decano de A Coruña

"La Xunta ordena demoler la piscina y varios bungalós por ser suelo protegido.

Una piscina de 12 metros de largo, un campo de fútbol, dos casetas prefabricadas asentadas sobre un asfaltado de hormigón y equipadas de aseos, sofá, mesa de ping-pong, otra de comedor, nevera y televisión. Son "las instalaciones de ocio-recreo" construidas por la familia del juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, en una finca de su madre situada en el municipio coruñés de Paderne, y declaradas ilegales por contravenir las normas urbanísticas, tanto autonómicas como locales, según determinó la Xunta, a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística." (El País, ed. Galicia, Galicia, 30/12/2009, p. 1)