La absolución de Camps en el ultimo juicio vivo del ‘caso Gürtel’ deja sin castigo en los tribunales a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos. Aznar, Rajoy y Aguirre salen también ilesos de los escándalos a cuenta de sus mandatos... nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b... La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales... “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano Rajoy”

 "Este político del PP anda metido desde hace años en un camino de la vida donde todo son curvas peligrosas. La ruina se le echó encima a cuenta de la corrupción y en breve se sentará en el banquillo amenazado de cárcel. Con la experiencia del tiempo que lleva atrapado en los juzgados, cuenta ahora a EL PAÍS que la justicia no es igual para todos: “Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis] Bárcenas que a Mariano [Rajoy]”.

Es solo una opinión, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que los gobiernos más corruptos del PP comenzarán a sufrir las consecuencias de sus actos -2018, primera sentencia del caso Gürtel-, todos los jefes-presidentes de esta formación política han salido ilesos del calvario judicial.

La Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos intocables. “Los jueces deberían preguntarse a quién beneficia la corrupción en los partidos y en los gobiernos. Y llegarían a la conclusión de que los principales beneficiados son: candidatos en campaña primero y presidentes del Gobierno después”, señala el político procesado por corrupción.

El PP, sentenciado en dos ocasiones como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la misma trama, acumula en los últimos seis años numerosas condenas por la corrupción de sus cargos públicos. Pero ningún fallo judicial ha golpeado todavía a sus principales líderes.

La última sentencia conocida sobre un caso probado de contratos amañados a favor de la red Gürtel absolvió el pasado miércoles a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario beneficiado, y condenado, confesó los hechos -”Yo le pedí a Camps que me ayudara y él me ayudaba”- el tribunal no encontró la prueba definitiva del delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firmó ningún documento que le pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps sí han sido condenados por estos hechos.

Muchos años antes (2012), Camps ya salió absuelto en otro juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4. Y eso pese a que la investigación acreditó con facturas y testimonios que la trama corrupta pagó los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no logró demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, Víctor Campos, confesó los hechos, devolvió los trajes que le regaló la trama corrupta y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama corrupta se enriqueció durante años a cuenta de decenas de contratos amañados por el Gobierno de Camps, quien dimitió antes de enfrentarse al juicio de los trajes.

Desde aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos públicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps. Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con la culpa.

Sobre esta cuestión elaboró una curiosa teoría Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra una sentencia que rebajó la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, exponía las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupción política: “En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, más próximo suele estar a la materialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica (…) Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor”.

Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sufre las consecuencias que denunció el magistrado Barreiro. Gallego está procesada en el caso Púnica por prevaricación y malversación. “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)”, indicó Gallego en el recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente entre 2007 y 2011 a través de una caja b alimentada por empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de sus presidentes.

Un dirigente autonómico, compañero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo cuenta así: “La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa está en su casa”.

Las dos fiscales que investigaron durante años el caso Púnica se negaron a firmar el escrito final de Anticorrupción, redactado por un compañero que llegó después y exculpó a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid se libró así de un sumario donde la Fiscalía pide también cárcel para el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos trabajadores a las órdenes de Aguirre.

La expresidenta madrileña ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio González pasó ocho meses en prisión preventiva y está a la espera de juicio. Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pasó 33 meses preso y está a la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, está siendo juzgado por la gestión de la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica empantanada tras una inversión de más de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, fue condenado a 27 años de cárcel por el caso Gürtel, una trama que se enriqueció con cientos de contratos amañados de la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados o imputados en diversas causas.

Es un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del Ejecutivo que presidió. El resultado de su gestión se puede seguir a través de una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho años de corrupción acreditada en casi todas las áreas del Ejecutivo valenciano que dirigía Camps. La cúpula de su Gobierno -un vicepresidente, varios consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por corrupción. Campañas electorales con Camps de candidato superaban con creces los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas falsas o pagos en b que asumían empresarios contratistas del Gobierno que presidía Camps; algunas consejerías y empresas públicas adjudicaban contratos amañados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se usó desde la televisión pública valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps -condenado también a cárcel- para enriquecer a la red Gürtel. Pero Camps “nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”, escribió el juez José Manuel Vázquez Honrubia, ponente de la sentencia que castigó con penas de cárcel a 18 personas entre políticos y empresarios por la financiación ilegal del PP valenciano.

El juez Vázquez Honrubia sospechó de Camps pero nada pudo hacer: “Es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta”.

Tampoco nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b: “Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo”. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, también negó conocer esa caja b que alimentó al partido durante casi 20 años: “Es absolutamente falso”.

Pero los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La última, de la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pagó parte de las obras de su sede central, será confirmada en los próximos días por el Supremo. El único condenado en esa causa ha sido Luis Bárcenas, el extesorero que declaró al juez que aquella caja b funcionó con el conocimiento y consentimiento de los presidentes del partido.

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, el juez condenó a quien era secretario general, Ricardo Costa, al que consideró “el hombre que está detrás”, definido como la persona que “sin intervenir en la ejecución tiene un claro dominio de la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerla cesar en cualquier momento”.

El hombre que está detrás no siempre es visible para los jueces. El Tribunal Supremo aceptó hace unas semanas la imputación por terrorismo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con el argumento de que tenía el poder suficiente para controlar los movimientos independentistas y evitar así la manifestación violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del procés. Para argumentar esta decisión, cinco magistrados del Supremo también hicieron referencia a la teoría del hombre que está detrás: “No se necesita probar la orden de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser acusado por la omisión de controlar al aparato de poder, pudiendo y debiendo hacerlo”.

Aznar y Rajoy, presidentes de un partido que funcionó con una caja b y ocho millones de euros no declarados durante 20 años, afirmaron que entre sus funciones no estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teorías, aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpación.

La cúpula política y policial del ministerio del Interior ejecutó entre 2012 y 2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales consistentes en la persecución del adversario político sin autorización judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que nunca se cometieron. Entre esas operaciones también estuvo el espionaje a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en prácticas ilegales. Por todo ello, el juez Manuel García Castellón, ha procesado a media docena de comisarios de policía, algunos ya jubilados, al exministro del Interior, Jorge Fernández; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Rajoy, jefe de Jorge Fernández durante el tiempo que la cúpula policial hizo trabajos sucios a favor del Gobierno que presidía, nunca estuvo investigado en esta causa. El expolítico del PP que se juega su futuro en un juicio próximo lo tiene claro: “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano”.             (José Manuel Romero, El País, 02/06/24)

Caso Gürtel: 'El Albondiguilla' señala al Gobierno de Aznar y asegura que recibió "llamadas" de Moncloa

 "El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha asegurado este martes que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio.

En su declaración en el juicio, Panero ha detallado que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" --durante la presidencia de José María Aznar-- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

En concreto, ha señalado 'El Albondiguilla', en una concesión a la empresa de limpieza Sufi. "Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Francisco Correa me dijo que se tenía que hacer y que, si no, me llamarían para decírmelo", ha explicado.

Y en lo relacionado con García-Escudero, el otrora alcalde ha señalado que fue él el que sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente", ha sostenido.

Correa apareció con Rato y con Agag

'El Albondiguilla', que presentó un escrito de confesión apenas una semana antes del inicio del juicio, ha aportado luz sobre cómo conoció al líder de la 'Gürtel' y la influencia que éste ejerció en el consistorio. "Desde el primer momento comprobé que tenía una gran ascendencia en el PP. Desde la primera comida no solo presumía, sino que daba muchos datos", ha apuntado.

 Así las cosas, y para ejemplificar el poder de Correa, Panero ha explicado que en "alguna ocasión" éste apareció con Alejandro Agag, yerno de Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato. "Ahí vi que tenía una influencia importante en el Partido Popular", ha insistido. La figura de Correa era tan grande, según 'El Albondiguilla', que éste "entraba en Génova sin acreditación" cuando él, pese a ser alcalde, necesitaba una.

En su declaración, Panero también ha señalado cómo el cabecilla de la 'Gürtel' le instruyó para "vender" Boadilla del Monte "como un municipio importante". "Me dijo que tenía que vestir mejor de lo que vestía. Le acompañé a una camisería donde compramos camisas para mí", ha revelado, asegurando que Correa quería que dejara de lado la mentalidad "de pueblo".

Al frente del municipio, 'El Albondiguilla' "dejaba hacer" a los dirigentes de la trama y se "beneficiaba" de las adjudicaciones en el municipio. Según ha apuntado, habría dado un trato preferencial a 'Gürtel' tanto desde el consistorio como desde la EMSV, cuyo consejo de administración presidía.

La influencia de Gürtel en Boadilla

Por su parte, la considerada como administradora de algunas de las sociedades de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha detallado el poder de influencia de Correa y cómo trabajaba la red para conseguir las adjudicaciones. Y lo ha hecho, en concreto, refiriéndose a una cena en la que, frente a otros acusados como Pablo Crespo, Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch, se negó a una de las adjudicaciones.

"Yo me opuse a ese contrato, se me habló mal e incluso una persona me dio una patada por debajo de la mesa. El señor Correa me dijo espérate al final de la cena que tengo que contarte una cosa", ha relatado, señalando lo que el líder de 'Gürtel' le explicó a continuación mientras caminaban por el Paseo de la Castellana.

"Correa me dijo: no te preocupes, vamos a poner todos los contratos de Boadilla del Monte porque tengo a Arturo Panero cogido por los huevos. Me dijo que existía el famoso vídeo en que se veía contando dinero a Panero y que con ese se lo podrían exhibir y que lo tenían un poco pillado. Me dijo que le tenían comiendo de su mano", ha aseverado.

Además de detallar su entrada en el círculo de Correa y como pasó a ser administradora, Jordán también se ha referido al que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, el propio Martín Morales, a la hora de referirse a los pliegos que se aprobaban.

Así, y dejando claro que no quería contradecir la declaración del otro encausado, Jordán ha dejado claro que los pliegos para Boadilla del Monte fueron elaborador por Fernando García Rubio, un abogado que hizo los de Majadahonda por 3.000 euros y al que se le pidió que trasladase eso mismo al Ayuntamiento que lideraba González Panero.

"A Martín Morales nunca le pedí un pliego (en eventos)", ha sostenido Jordán, que ha explicado que el otrora gerente llevaba la parte "administrativa de las empresas" y lo referido a la parte "jurídica" del contrato, dejando claro que, con todo, el todavía no estaba en esa época en el consistorio, sino como asesor externo.

Adjudicación "a dedo" y sin concurso público

Además, Jordán ha hablado sobre el sucesor de Martín Morales y exdiputado del PP madrileño, Alfonso Bosch, y cómo se acometía la adjudicación de diferentes contratos, que nunca se sacaba a "concurso público", sino que era una "adjudicación a dedo". "Nos llamaba Bosch y decía tengo 80, 200 viviendas de no se cuánto y nos convocaba", ha señalado.

Jordán también ha aludido a los gastos de la trama destinados a la precampaña del Partido Popular madrileño en el año 2006. Las facturas de la misma, ha detallado, se habrían incluido de forma fraccionada en cada uno de los eventos que la red organizaba para la EMSV, que era quien acababa sufragando los actos.

"Yo no quiero contradecir a nadie, pero como el otro día el señor Bosch dijo que no sabía nada de la campaña* él sabía de estos importes que se metían en sus facturas. Se metían ciertos importes para cobrar actos de la precampaña", ha sostenido Jordán. En su declaración, Bosch negó que tuviera conocimiento de que la dirección de los 'populares' enviase directrices a la EMSV. "No tengo constancia. Si fuera así me lo hubieran pedido porque conocía al presidente regional y al gerente", señaló.

Fraccionamiento de las facturas

Este martes también ha declarado Javier Nombela, el encargado de la facturación de las empresas de la trama y ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa. En su declaración, Nombela ha repasado la organización de eventos y de contratos con el Ayuntamiento y a través de algún concejal como Juan Jesús Siguero, que estaba al frente de Patrimonio y Nuevas Tecnologías. "Los primeros contactos fueron una forma de pedir información sobre un servicio que estaba funcionando en Majadahonda", ha señalado, aludiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano.

En esas conversaciones Nombela le habría facilitado los pliegos de la oficina en Majadahonda. "He tenido que hacer un ejercicio de memoria leyendo cosas. Hay un cuaderno que escribe Isabel y en el que pone Javier: pedir pliegos de la OAC. Eso funcionaba así, hay que llamar hoy a Siguero y pedir los pliegos", ha relatado.

Por otro lado, Nombela también ha corroborado que la utilización de las sociedades para pasar las facturas que se fraccionaban en pagos más pequeños --que no excedieran los 12.000 euros-- era una "práctica habitual en la Comunidad de Madrid y en otros sitios" como, por ejemplo, la EMSV.

En la sesión de este martes también ha declarado Javier del Valle, que ha reconocido que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar comisiones a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero. El juicio se reanudará este miércoles a las 10.00 horas con Panero respondiendo a las preguntas de su abogado."                (El Plural, 23/11/21)

El Albondiguilla también confiesa en Gürtel: “Correa tenía contacto con La Moncloa”

 "Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) y conocido como El Albondiguilla, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional para confesar su implicación en la trama Gürtel. A través de una misiva firmada este martes, el exregidor admite su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa; describe al detalle cómo urdieron sucios negocios en la localidad que él gobernaba; y señala directamente al PP nacional y regional.

 “En un primer momento, yo desconocía la verdadera relevancia de Correa dentro del PP, pero pronto tuve la oportunidad de comprobar que tenía acceso, tanto a la sede del PP en Génova sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también facilidad de contacto con el Palacio de La Moncloa”, afirma en este documento.

Este movimiento se produce días antes de que la Audiencia Nacional dé el pistoletazo de salida al juicio sobre las irregularidades de la trama en Boadilla, donde el PP vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo. La vista comenzará este noviembre y se centrará en los contratos públicos adjudicados de forma ilegal a cambio de mordidas. En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía ya pidió 40 años y nueve meses de cárcel para González Panero, que intenta ahora reducir la posible pena que le impongan.

De hecho, con el mismo objetivo, otros siete implicados ya confesaron su implicación en la red corrupta: el propio Correa; Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de organización del PP gallego; Alfonso Bosch Tejedor, El Neveras o El Bujías, un exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla; José Luis Martínez Parra, antiguo vicepresidente de la constructora Teconsa; los constructores José Luis Ulibarri y Alfonso García Pozuelo; y el empresario Jacobo Gordon, antiguo socio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar).

El nuevo escrito de El Albondiguilla, al que tuvo acceso EL PAÍS, describe las irregularidades perpetradas en la concesión de contratos en Boadilla. El exalcalde explica cómo se repartieron mordidas —“A distribuir entre nosotros [varios implicados en la trama] y el PP”— y cómo parte de ese dinero se destinó al pago de gastos de publicidad y campañas electorales del partido conservador: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”. González Panero también habla de los “sobreprecios” que ponían a los contratos públicos; de cómo la trama le paga en efectivo y en “especias” (con ropa, zapatos y viajes); y de cómo creó “estructuras financieras y societarias” para ocultar los fondos que recibió.

Relaciones personales

Así arranca el escrito enviado por el exregidor de Boadilla a la Audiencia Nacional: “Quiero comenzar señalando que fui alcalde-presidente de Boadilla del Monte desde el 14 de diciembre de 1999 al 10 de febrero de 2009 y presidente del consejo de administración de la EMSV (Empresa Municipal de Suelo y Vivienda) y que consentí: tanto en dicha corporación, como en esta empresa, el trato de favor al Grupo Correa a cambio de recibir las comisiones que luego se dirán”.

A continuación, González Panero describe su trato personal con otros miembros de la trama y las irregularidades que cometieron. “Mi relación con Correa comienza en 2001, cuando José Galeote, [otro de los procesados], me reúne con él en un restaurante, creo que en Aravaca, al recomendarme conocerle por motivo de que yo había accedido a la alcaldía de Boadilla del Monte a consecuencia de una moción de censura y mi posición no se encontraba lo suficientemente afianzada al existir el riesgo de no ir en las listas propuestas por el PP en condición de candidato a la alcaldía para las siguientes elecciones municipales”.

El Albondiguilla narra entonces un viaje a Miami, junto a Galeote y Correa, que fue costeado en su mayor parte por una empresa de la trama y al que se incorporó después Francisco Sánchez Arranz, entonces directivo de Iberia y “del cual se me dijo que era concejal del PP en el Ayuntamiento de Villalba”. “Se perseguía que yo tuviera contacto con esta persona para que, en su día, el señor Sánchez Arranz quedase incorporado en la estructura de influencia del Ayuntamiento de Boadilla”. “Así se me hizo saber en aquel primer viaje, de una manera implícita, las posibilidades que generaba el hecho de que yo fuera alcalde”, apostilla el exregidor.

 “Los contactos con Correa se fueron reforzando con el paso del tiempo, hasta el punto de realizar varios viajes con él a Miami, no solamente con el fin de que yo pudiera realizar inversiones a través de sus estructuras que él mismo me facilitó, sino también en relación con sus propias inversiones a los efectos de la obtención de rentabilidades por parte de Correa que deseaba obtener en Estados Unidos, pues las cuestiones relativas a inversiones o bolsas siempre se me habían dado bien”, prosigue la carta, que añade: “La colaboración delictiva se fue incrementando hasta 2005, fecha en la que rompí mi relación personal y directa con él —sin que ello signifique que dejase de someterme a los intereses de la organización— porque sus pretensiones eran desmedidas y ambiciosas, de manera que sus propuestas eran ya desproporcionadas e implicaban un mayor riesgo de exposición (desarrollo del PGOU, campus sanitario, área comercial del Banco Santander, proyecto sobre residencias de ancianos...)”.

El Albondiguilla narra que Correa creyó entonces que el alcalde “estaba actuando” por su cuenta, “al margen” de la organización. Y por ello, según su versión, la trama confeccionó un “documento”, al que “se referían como ‘reglas de conducta’, manuscrito por Crespo”. Este documento, incorporado al sumario, incluye frases como: “No te queremos joder la vida”; “se trata exclusivamente de hacer justicia, de restablecer una situación previa que ya existía”; y “¿todo claro? Esto solo romperá si tú rompes. Nada de engaños”.

 González Panero también señala a otros dos implicados: el abogado Tomás Martín Morales, exedil del PP en Getafe, a quien se nombró gerente de la EMSV de Boadilla “con el fin de facilitar los planes de la organización”. Morales fue sustituido después en la EMSV por Alfonso Bosch, que conocía a Correa “de los eventos y campañas electorales que preparaba para el PP”: “Y me fue sugerido por don Antonio Cámara, persona de confianza del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar”. “Bosch era un extraordinario relaciones públicas y tenía la facilidad de hacer sugerencias a los técnicos de la EMSV —de una manera normalizada— a favor de las propuestas de las empresas afines a Correa que este captaba, dejándose influenciar por las directrices que les marcaba Bosch”, apostilla el exalcalde."            (J. J. Gálvez, El País, 03/11/21)

La policía certifica sobrecostes millonarios en obras bajo sospecha de la era Aznar

 "La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica.

 El entonces presidente de esta empresa, Alfonso García Pozuelo, realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza a lo largo de 424 páginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

 La policía centra así su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que la constructora de García Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicación y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato, que cambian las condiciones del mismo”.

En este sentido, el informe de la UDEF subraya “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.

Pedraz tendrá ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente —toda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, aún pendiente de sentencia—, pero que mantenía aún en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio también por cerrada esta línea de investigación la pasada semana y ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.

Modificados. Este último análisis de la UDEF mantiene la misma línea plasmada en otro informe anterior por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entró apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detectó sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Policía completa el foco con el análisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que técnicamente se denomina “modificados”. Según explican, seis de las obras tuvieron “al menos un modificado” que elevó el preció; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administración abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, según los investigadores.

Además, la UDEF apostilla que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes”: “Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato. “Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, remacha el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.

Obras complementarias. Otro de los aspectos analizados son las “obras complementarias”: “A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación”. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de más de 57 millones.

En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo “mediante un procedimiento negociado sin publicidad” —lo que permitió adjudicárselas a la misma constructora— “no reúnen los requisitos” legales y “deberían haber sido objeto de contratación independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. “Además, se pone de manifiesto que la valoración del criterio técnico de la propuesta presentada por Constructora Hispánica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria”.

Certificaciones finales. La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”. Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, recalca el informe.

Cascos y los nueve contratos del Consejo de Ministros

El informe de la UDEF hace hincapié en que, de los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del Ministerio de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras— en la etapa en la que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la cartera. El documento destaca también que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la autorización del Consejo de Ministros que entonces presidía José María Aznar para poder ser formalizados.

En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis Bárcenas señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos. Bárcenas describió un episodio en el que Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que debían amañar. Según la versión de Bárcenas, solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor que todas esas gestiones debían pasar por él.

Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo negó."               (Óscar López-Fonseca , |J. J. Gálvez , El País, 27/05/21)

La Audiencia Nacional identifica los métodos de amaño de contratos en la era Aznar

 "La Intervención general del Estado ha analizado para el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza de los cohechos de la caja b del PP, un total de nueve contratos públicos adjudicados durante la época de Aznar por unos 200 millones de euros a un donante confeso a la contabilidad paralela del partido, Alfonso García Pozuelo, y ha hallado similitudes que, a juicio de los investigadores, apuntalan la fórmula del amaño.

En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque tal y como recalcan los técnicos, si los sobrecostes llegaban al 20% había que alertar al Consejo de Estado y podía descubrirse el pastel. También había otros "reformados" o "excesos por mediciones", que acababan encareciendo los contratos entre un 30 y un 40% en total.

 Entre los contratos analizados se encuentran hasta cuatro tramos del AVE, las obras del parador de Lorca, un proyecto del SEPES y hasta una comisaría de la policía en Xirivella.

Alfonso García Pozuelo confesó en el juicio por la primera época de la Gürtel que el líder de la trama, Francisco Correa, mediaba para que él obtuviera contratos con distintos ministerios y a cambio abonaba comisiones a los "organismos centrales". Además de esas mordidas porcentuales por cada contrato, según los papeles de Bárcenas también abonó otras coimas entre 1998 y 2006 por 258.161 euros. Correa declaró que García Pozuelo era solo uno más de la lista de empresarios por los que mediaba para la obtención de contratos.

El juzgado cree que tiene indicios sólidos de cómo se amañaban las adjudicaciones a favor de los donantes a la caja b del PP, y pide un informe global del caso."               (Miguel Ángel Campos, SER, 25/05/21)

La acusación popular: “El curso vital político de Aznar está vinculado a la caja b... La caja b nace cuando Aznar es nombrado presidente del PP en 1990; y en 2004, cuando deja de serlo, continúa funcionando la caja b. Pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable. Y pensar, en cambio, que tenía un conocimiento cabal de ella resulta plausible”

 "Las acusaciones populares han asumido este lunes el protagonismo del juicio sobre la caja b del PP, con la exposición de sus alegatos finales.

 Los abogados Virgilio Latorre, en nombre de la exdiputada socialista Carmen Ninet; José Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade); Gonzalo Boye, letrado de Observatori Desc; y Juan Moreno, de IU, no solo han desgranado durante cerca de cinco horas toda la batería de indicios revelados en la vista oral, sino que han centrado el tiro en las antiguas cúpulas del partido conservador y en su responsabilidad sobre la contabilidad paralela: “El curso vital político de José María Aznar está vinculado al curso vital de la caja b”, ha ejemplificado Latorre.

“La caja b nace cuando Aznar es nombrado presidente del PP en 1990; y en 2004, cuando deja de serlo, continúa funcionando la caja b. Pensar que tenía un desconocimiento no resulta razonable. Y pensar, en cambio, que tenía un conocimiento cabal de ella resulta plausible”, ha proseguido el abogado de Ninet, que ha incidido en que el tribunal “tiene la obligación” de valorar en su sentencia la palabra de este expresidente del Gobierno y del resto de exdirigentes populares que han testificado, como Mariano Rajoy, también exjefe del Ejecutivo; y los ex secretarios generales Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas.

Esta petición de la acusación popular no es baladí. En el fallo sobre la trama principal de Gürtel, conocida como Época I, los magistrados ya cuestionaron la credibilidad de Rajoy, que acabó saliendo de La Moncloa tras la moción de censura que presentó el socialista Pedro Sánchez a raíz de la sentencia. Además, en esta vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, donde el PP se sienta en el banquillo como responsable civil subsidiario, los populares han tratado de evitar toda responsabilidad política sobre la contabilidad paralela y descargarla en el extesorero Luis Bárcenas: “La caja b era de esa persona, no del PP”, defendió Cospedal.

Una argumentación que rechazan todos los abogados que han intervenido este lunes en el juicio. “Ya está declarado por los tribunales que hay una caja b. No puede ser objeto de cuestionamiento”, ha apostillado Latorre en referencia a la resolución de Época I, que la dio por acreditada. “No son los papeles de Bárcenas, son los papeles del PP”, ha dicho Benítez de Lugo. “Podría parecer a veces que el señor Bárcenas es la cabeza de turco de toda esta forma de operar”, ha recalcado Moreno, que ha arremetido contra la actitud del partido durante sus años de gobierno: “El PP no hizo ningún esfuerzo legal para acabar con la práctica de los donativos anónimos. ¿Por qué? Había un interés elemental para seguir cobrando dinero negro por parte de dirigentes del PP”.

Unas “cuentas internas”

Frente a la postura del fiscal, que cuestionó el “valor contable” de los papeles de Bárcenas en su alegato final y puso en duda algunos de los apuntes, las acusaciones populares han resaltado que las escasas incongruencias que presentan son fruto de que se trataba de una contabilidad ajena al control legal. “Una de las características más relevantes de una contabilidad b es su clandestinidad. Por tanto, un cierto desorden, una falta de cierto rigor en los sistemas contables y una premura que hace que, efectivamente, pueda parecer en algún momento una contabilidad asistemática”, ha descrito Latorre: “Lo que no puede pedirse es que la contabilidad b se ajuste al plan general contable”.

“Es indiscutible su autenticidad y su veracidad. Esos papeles eran las cuentas de un grupo que se estaba enriqueciendo con el dinero de una caja b. Esos papeles no eran para enseñar a nadie, sino para una organización interna que se nutría de donaciones [...] Esos movimientos no eran para enseñar al Tribunal de Cuentas, sino las cuentas internas que llevaba Bárcenas con Álvaro Lapuerta, [su predecesor en el cargo]”, ha destacado Boye.

En esa línea, las acusaciones populares han recordado este lunes que los peritos caligráficos confirmaron que la letra de los papeles de Bárcenas era del extesorero, que se confeccionaron a lo largo del tiempo y que se utilizaron varios útiles de escritura para elaborarlos. También, han descrito cómo varios ex altos cargos del PP han reconocido que recibieron el dinero recogido en la caja b. Entre ellos, los exparlamentarios Eugenio Nasarre, Luis Fraga y Jaime Ignacio del Burgo.

Reproches cruzados

Latorre también ha aprovechado su turno de palabra para contestar al fiscal Antonio Romeral, que el pasado jueves devolvió a las acusaciones populares las críticas que estas vertieron contra el ministerio público durante la instrucción. “Entendían que no acusábamos lo suficiente”, les echó en cara Romeral: “No podemos saltarnos los principios constitucionales que nos guían. No nos mueve ningún interés de parte”, remachó. 

Unas palabras que han encontrado respuesta este lunes: “El informe fiscal [del pasado jueves] se sobrepasó. Lo que hizo fue llamarnos la atención, reñirnos y corregirnos. Eso no es propio del ministerio fiscal”, ha dicho el abogado de Ninet, que ha insistido en la “falta de rigor y celo” de Anticorrupción durante la investigación judicial: “Lo que hacía más necesaria que nunca la acción popular”. “Estaría bien un poco de respeto [a la acusación popular]”, ha añadido Juan Moreno."                   (J. J. Gálvez, El País, 10/05/21)

La red Gürtel se confiesa culpable de corrupción. Pablo Crespo detalla que llegó a acudir en persona a la sede de la constructora Teconsa para retirar un millón de euros en efectivo

 "Prosigue la cascada de confesiones sobre la Gürtel. Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional donde admite los hechos que le atribuye la Fiscalía en la línea de investigación sobre la segunda etapa de Gürtel, que se centra en los tejemanejes de la red corrupta en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte. 

En un escrito de seis páginas, fechado el pasado 3 de marzo y al que tuvo acceso EL PAÍS, Crespo describe cómo la organización criminal intermedió en la concesión de adjudicaciones, falseó facturas o desvió dinero en su propio beneficio.

Este paso del exdirigente popular llega después de que lo dieran algunos de sus compañeros de banquillo. El líder de la trama, Francisco Correa, escribió de su puño y letra una confesión reciente que envió a la Fiscalía. 

Y el empresario José Luis Martínez Parra, vicepresidente de Teconsa, también hizo lo propio en otro documento donde admitió que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones en las que gobernaba el PP. Todo estos movimientos se han producido ante la cercanía del juicio por la segunda etapa de Gürtel, que está previsto que comience el próximo septiembre y donde los tres se encuentran procesados junto a otras 23 personas.

“Deseo manifestar mi arrepentimiento sincero por mi actuación en los hechos que originaron este procedimiento y por los hechos por los que ya he sido condenado mediante sentencia firme, relativos a otras piezas separadas derivadas”, apunta en su escrito Pablo Crespo, que ya ha sido condenado por cinco líneas de investigación de la trama Gürtel a un total de 73 años y 4 meses de cárcel. Además, aún tiene pendiente otros cuatro juicios.

 “Soy consciente del daño económico causado por los delitos cometidos y es mi deseo reparar dicho daño mediante mi colaboración con la Administración de Justicia, tanto reconociendo los hechos como facilitando la transferencia de los fondos de mi propiedad que se encuentran en el extranjero”.

El ex secretario de Organización del PP gallego, que cumple actualmente condena en la prisión de Valdemoro, confirma que existió una “concertación” entre la trama y Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla; César Tomás Martín Morales, antiguo jefe de la empresa municipal del suelo de la localidad; y el exdiputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor. También que se cobraron mordidas por cientos de miles de euros y se emitieron facturas “a sabiendas de que los servicios no eran reales” para enmascarar ese desvío de dinero a cambio de adjudicaciones.

“Donuts” y retiradas en efectivo

Entre otros detalles, Crespo narra que intermedió a favor de Constructora Hispánica, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado ya a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I, y también acusado por esta segunda etapa de la trama. Además, la Audiencia Nacional mantiene abierta otra línea de investigación sobre 23 adjudicaciones que le otorgó el Gobierno de José María Aznar, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros. 

Según explica el exdirigente del PP, García-Pozuelo “abonó una comisión de entre el 3% y el 4% del precio” por la intermediación en la adjudicación de la obra del Parque del Deporte y la Salud licitada por el Ayuntamiento de Boadilla. Por esa labor, que controló Correa “a través de González Panero y Martín Morales”, el exdirigente del PP cobró 120.000 euros de mordida.

El escrito de Crespo también detalla que llegó a acudir en persona a la sede de la constructora Teconsa para retirar un millón de euros en efectivo. O que, para ocultar las operaciones irregulares, utilizaban la palabra clave de “donuts” para referirse a las obras en rotondas viarias en Boadilla, en cuyas adjudicaciones también intervenían, según su versión."                   (J. J. Gálvez, El País, 13/04/21)

El juez investiga adjudicaciones de Rajoy y el núcleo duro del Gobierno de Aznar a un donante de la caja B del PP

 "El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a diferentes organismos públicos que le remitan toda la documentación sobre 23 adjudicaciones concedidas durante la segunda legislatura del Gobierno de José María Aznar a un constructor que aparece como donante irregular del PP en los 'papeles de Bárcenas'.

 Estas diligencias se enmarcan en la línea de investigación del cohecho –contratos públicos a cambio de mordidas en dinero negro– que el juez José de la Mata reabrió recientemente en el marco del caso de la caja B y de las que ahora se encarga Pedraz de forma temporal al haber sido su compañero destinado a La Haya. 

El auto que firma este viernes el juez, y al que ha tenido acceso elDiario.es, pone bajo el foco adjudicaciones concedidas por el núcleo duro del Gobierno de Aznar desde siete ministerios. Al frente de los departamentos investigados estaban en el momento de las concesiones Mariano Rajoy (Interior), Rodrigo Rato (Economía), Francisco Álvarez-Cascos (Fomento), Federico Trillo-Figueroa (Defensa), Cristóbal Montoro (Hacienda), Pilar del Castillo (Educación) y Elvira Rodríguez (Medio Ambiente).

Las diligencias ordenadas por Pedraz traen de nuevo a la actualidad la revelación que el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, realizó el 13 de octubre de 2016, durante el juicio de la Primera Época de la trama. Aquella tarde en la Audiencia Nacional, Correa aseguró que la gran obra pública licitada por el Consejo de Ministros de José María Aznar incluía una mordida de entre el 2 y el 3% en comisiones para financiar de forma irregular al Partido Popular.

"Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", respondió Francisco Correa a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell. 

La constructora aludida por Pedraz en sus diligencias, Assignia, era propiedad de Alfonso García Pozuelo, un empresario que ya fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel. El magistrado pone ahora el foco en 23 adjudicaciones de obras entre 2002 y 2004 cuyo montante global ronda los 600 millones de euros. Algunos de los contratos se concedieron a Uniones Temporales de Empresas (UTE) en las que Assignia participaba junto a otras sociedades, la mayoría donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas, caso de Copasa, Copisa, Sando o Azvi.

Los contratos de mayor importe que se investigan corresponden al Ministerio de Fomento en la partida de carreteras, trayectos de vía férrea y aeropuertos. El departamento de Álvarez-Cascos adjudicó a Assignia, Fernández Constructor, Azvi y Copcisa la construcción del tramo de Pajares en la línea del AVE entre León y Asturias por 188.159.485,29 euros en 2003. Se trata de la adjudicación más cuantiosa de las investigadas. Hay otro contratos de este departamento que rondan los 70 millones de euros por un tramo de autovía en Castilla y Léon y varios en torno a los 30 millones. "Carreteras, autopistas, AVE…", recitó Correa hace cuatro años en su declaración durante el juicio de Gürtel. 

Las afirmaciones de líder de la Gürtel en el juicio provocaron que el juez de la caja B entonces, José de la Mata, le llamara a declarar para que se ratificara en esa pieza y ofreciera más detalles. Sin embargo, Correa se echó atrás. Según publicó elDiario.es, antes había recibido la visita en prisión de Javier Iglesias, el abogado al que el comisario Villarejo y sus colaboradores denominan El Largo en las grabaciones incorporadas a la causa Tándem y al que describen como su contacto con Mariano Rajoy cuando este era presidente del Gobierno. Iglesias alegó que la visita respondió al interés de Correa por que se incorporara a su defensa.

Entre los contratos que reclama Pedraz que no pertenecen al Ministerio de Fomento destaca uno de Defensa para la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 30.658.649, 53 euros. Más allá de carreteras y obras de AENA, también sobresale una adjudicación del Ministerio de Educación para la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico y Provincial y Biblioteca Pública del Estado, licitado por el departamento de Pilar del Castillo el 8 de agosto de 2003, y que fue asignado a Assignia y Castilla de CNES por 12.984.749,74 euros. En tiempos de Montoro, la Agencia Tributaria licitó 2,5 millones para la construcción de un nuevo edificio en Avilés.

Rajoy construyó una comisaría en el pueblo de Cotino

El Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Rajoy titular del departamento, la construcción de la nueva comisaría de Policía en Xirivella, en la provincia de Valencia. Se trata de la localidad de nacimiento de Juan Cotino, por aquel entonces director general del Cuerpo Nacional de Policía. Cotino falleció el pasado mes de abril cuando estaba siendo juzgado por corrupción en otra pieza del caso Gürtel, la de la visita del Papa a Valencia. La constructora de García Pozuelo fue la adjudicataria de la obra por valor de 1,4 millones de euros. 

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), dependiente del Ministerio de Economía entonces, adjudicó el nuevo Parador de turismo de Lorca a Assignia por 9.014.727, 50 euros. La licitación es del 30 de mayo de 2003 cuando el titular del Ministerio era Rodrigo Rato y el secretario de Estado de Turismo era Juan Costa. 

El inspector jefe Manuel Morocho, instructor policial de los casos Gürtel y caja B, es el impulsor de esta nueva vía de investigación. El agente entregó un informe en noviembre al juez en el que afirmaba: "Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP". Assignia es la otra constructora de García Pozuelo que tuvo que vender para saldar su deuda de 20 millones con el fisco, derivada del caso Gürtel. 

Tras recibir el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sobre la solicitud policial, Pedraz reclama "el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación" de las 23 adjudicaciones citadas. Se trata de la continuación del trabajo que inició en secreto el pasado abril José de la Mata. 

Con el levantamiento del secreto del sumario en septiembre se conoció que una grabación incautada al empresario Rafael Palencia en el caso Lezo –otra trama de corrupción que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González por las contrataciones del Canal de Isabel II– había servido al inspector jefe Morocho para repasar toda la documentación obrante en el sumario de Gürtel y caja B y encontrar nuevos indicios de que la caja B recibió donaciones a cambio de adjudicaciones concretas, una línea de investigación cerrada en 2015 por falta de indicios después de que una veintena de grandes empresarios de la construcción hubieran estado imputados en el caso. "                 (Pedro Agueda, eldiario.es, 11/12/20)

El Gobierno de Aznar, investigado por la UDEF por la 'Caja B' del PP

 "La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la 'Caja B' del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar en contratos por valor de aproximadamente 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de José María Aznar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004.

En un informe policial de 24 de noviembre adelantado por El País se indica que "con el fin de concretar" los indicios que se tienen propone investigar contratos de hasta cinco ministerios, de ADIF, Aena y de Renfe (entre otros) para "allegar elementos indiciarios sobre el objeto" de la investigación.

 Para ello solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que se enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif.

En su informe la UDEF señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias, que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, está en el contenido de las declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel por el empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa.

Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativo y su aplicación en concepto de gastos del Partido Popular, cuya llevanza realizaban el extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y extesorero Luis Bárcenas, "corresponde a contraprestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública".

El empresario, propietario de la Constructora Hispánica, señaló en su declaración que el destino del dinero entregado a Correa eran organismos centrales, mientras que Correa definió su posición de intermediación para gestionar las demandas de las empresas hacia Luis Bárcenas, que en caso de éxito generaba el pago de una comisión que se encargaba de repartir entre los partícipes y la propia formación política.

La sentencia de la Época I de Gürtel

La UDEF cita a colación la sentencia de la Época I de Gürtel en al que en los 'Fundamentos de Derecho' se explica que "Francisco Correa reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que les pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior".

Asimismo, recuerdan que en la declaración efectuada por Bárcenas, éste reconoció que Alfonso García Pozuelo entregó cantidades de dinero a Álvaro Lapuerta como tesorero nacional del PP en ocasiones en su presencia que se anotaban en una contabilidad extraoficial que llevaban ambos a efectos de control interno. "Alfonso García Pozuelo fue condenado por delito de cohecho continuado", recuerda la UDEF en su informe de 42 páginas.

Y ponen el foco además en que el constructor tenía una posición que le vinculaba al PP como donante de fondos. De hecho, señalan que entre 1998 y 2006 se registran en la cuenta analítica del partido hasta nueve entradas (ingresos) con un montante de más de 258.000 euros por importes que oscilan entre los 12.020 euros y 60.000 euros.

 Coincidiendo con esto, la entidad Constructora Hispánica en el periodo de estudio comprendido entre 2002 y 2009 "obtuvo del conjunto de las Administraciones Públicas cuando eran gobernadas por dicha formación política adjudicaciones de obras ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad", dice la UDEF, para luego añadir que "es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas -de donativos al PP- y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal".                 (Público, 30/11/20

El PP madrileño de Esperanza Aguirre fue el semillero de políticos corruptos de la Gürtel. Ella aparece citada hasta diez veces en la sentencia de la trama. Porque ella no ha sido investigada, al revés que sus exconsejeros, que suman 95 años de prisión...

"Esperanza Aguirre aparece citada hasta diez veces en la sentencia de la trama Gürtel, emitida este jueves. El doble que Pío García-Escudero, presidente del Senado y del PP madrileño. Más del triple que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que se nombra en tres ocasiones. Diez veces más que José María Aznar, bajo cuyo mandato la trama tuvo actividad plena. 

"Yo destapé la Gürtel", afirmaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2010, en referencia a su testimonio judicial sobre el fraccionamiento de contratos. Afirmó entonces que ella había sacado el caso a la luz al parar una venta de unas parcelas en Majadahonda al grupo Correa. 

La frase se coronó como una de las más polémicas de su carrera política. Ahora está por ver qué opina la lideresa de protagonizar la sentencia de la primera etapa de la trama, al ser el miembro del Partido Popular cuyo nombre más veces aparece en la misma. Aun sin haber estado jamás imputada por la Gürtel.

Porque ella no ha sido investigada, pero los exconsejeros de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid y antiguos ediles del partido de la época en la que Aguirre estaba al frente del Gobierno regional, que sí están implicados en la primera etapa de la Gürtel (1999-2005), suman 95 años de prisión por su papel en el entramado liderado por Francisco Correa –cabecilla de la trama, condenado a 51 años y 11 meses de prisión–.

Cuando el caso se destapó en 2009, Aguirre presidía la Comunidad de Madrid (2003-2012) y el PP de Madrid (2004-2016). En el juicio se juzgó el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en dos comunidades, el ayuntamiento de la capital y dos municipios madrileños, así como en la localidad malagueña de Estepona.

Según el fallo, el "Grupo Correa" desplegó sus actividades en territorios gobernados por el PP: Estepona (Málaga), los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo de Alarcón (2003 a 2005), Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).  

En Pozuelo, el tribunal de la Audiencia Nacional describe las actuaciones ilícitas cometidas por el exalcalde (2003-2005) Jesús Sepúlveda –condenado a 14 años y 4 meses por haber recibido de la Gürtel en seis años 546.457 euros–. A su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato, se le impone una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares de las empresas de Correa.

En la Comunidad de Madrid detalla los delitos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración Carlos Clemente –condenado a 5 años y 9 meses–; y destaca la operativa ilícita desarrollada por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega –38 años y 3 meses– y el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo –31 años y 9 meses–, hombre de confianza de Aguirre y tan estrecho colaborador de la lideresa que era quien le elaboraba la agenda diaria. 

Los jueces dictaminan que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Otro de los relacionados con el PP madrileño es Javier Nombela, exasesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa (Madrid), que ha sido condenado a 3 años y tres meses. Estaba encargado de la facturación y de la gestión contable y financiera de las empresas de la trama.

López Viejo, el hombre de confianza de Aguirre

Es en relación a  López Viejo cuando el nombre de la lideresa aparece en la sentencia por primera vez. El exedil de Majadahonda José Luis Peñas –4 años y 9 meses–, cuyas grabaciones a Correa dieron lugar a la apertura de esta investigación, habló de Aguirre durante su juicio al relatar la intervención de López Viejo en la campaña electoral de 2003, que la aupó a la Presidencia de la Comunidad Madrid a raíz del llamado "Tamayazo".

 La siguiente mención a la expresidenta se refiere también a esta campaña y sobre la "evolución al alza en el número de eventos" de Aguirre con la llegada de López Viejo.

Pero además, la esposa del exconsejero de Deportes, Teresa Gabarra, ha sido penada a 4 años de cárcel. El matrimonio llegó a ingresar 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002.

Guillermo Ortega e Isabel Jordán

La sentencia también la nombra con respecto a la declaración que prestó como testigo en el juicio el 20 de abril de 2017, cuando se produjo la detención de su sucesor, Ignacio González, por el caso Lezo, y vuelve a citarla al hablar de los actos electorales celebrados con Guillermo Ortega de alcalde. 

A este último, el tribunal le impone una de las mayores penas. Se le condena por apoderarse de fondos públicos de Majadahonda en connivencia con Correa, quien –a través de sus empresas– emitió facturas falsas por servicios municipales adjudicados irregularmente.

La sentencia también nombra a la expresidenta en relación a cuando se preguntó a Isabel Jordán, exadministradora de empresas de Correa, por las sociedades de Gürtel que se hicieron cargo de las dos campañas electorales de Aguirre en 2004, y dijo recordar que fue Special Events. Jordán ha sido condenada a 14 años y 10 meses de cárcel.

"Una estructura de colaboración estable"

Además, en la sentencia, el tribunal impone al PP la obligación de pagar una multa de 245.492,8 euros, la cantidad con la que se lucró en esas campañas. Considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió "una estructura de colaboración estable" y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes y organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.

En este sentido, el presidente del Senado y del PP de Madrid, Pío García Escudero, es uno de los miembros del partido más nombrados en la sentencia, unas cinco veces, y siempre en relación a su declaración como testigo en el juicio.

Testimonio en el que se basa el tribunal, entre otros, para acreditar la caja B del partido al considerar que "el conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al partido quedan absolutamente claras".

Los magistrados llegan a esta conclusión porque, cuando García Escudero testificó, dijo que la tesorería regional que llevaba los asuntos económicos electorales de los municipios debía dar cuenta a Génova.

Por ello consideran que los responsables del PP "sabían cómo se financiaban las elecciones y en nuestro caso las de Majadahonda y Pozuelo; negarlo es ir no sólo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".               (Público, 26/05/18)

Aznar y sus amiguetes... todos en la Gürtel

"Vuelve el juicio de la Gürtel esta semana con la comparecencia como testigos de cinco bastiones de la época del aznarismo, desde Francisco Álvarez-Cascos hasta Rodrigo Rato pasando por Ángel Acebes, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja, que dejarán en el ambiente la convicción de que la trama liderada por Francisco Correa nació, creció, se reprodujo y, antes de la extinción, se refugió en el búnker madrileño-valenciano en aquellos felices años (sobre todo para ellos) en los que José María Aznar hacía footing (hoy running) por los jardines de La Moncloa mientras algunos de sus amigos se llenaban los bolsillos saqueando el erario público.

Que la trama Gürtel se desarrolló al calorcito de los Gobiernos de Aznar lo demuestra que la plana mayor del banquillo de los acusados se exhibió en la monumental boda de la hija del expresidente con Alejandro Agag que teatralizó toda una época en el monasterio de El Escorial o que, unos años después, el yernísimo, la hijísima y todos los líderes de la trama corrupta, salvo el siempre elegante Pablo Crespo, fueran inmortalizados en un vídeo sonrojante a bordo de un yate que doblaba el peñón de Gibraltar mientras Álvaro Pérez, El Bigotes, presentaba, entre chascarrillos, a la banda hasta que López Viejo aprovechaba su turno ante la cámara para darse el filete con su esposa. 

Lo definió bien durante el juicio el denunciante José Luis Peñas cuando le tocó explicar quién era Correa en el PP: “Todos se paraban a su paso, porque era la persona que siempre estaba a la derecha del presidente”.

Aznarista hasta el punto de abandonar el PP del post-aznarismo en 2011 por “dignidad personal”, Álvarez-Cascos, el secretario general de la organización entre 1989 y 1998, ha rondado la imputación en el caso Gürtel en varias ocasiones, sobre todo por una conversación telefónica que forma parte del sumario en la que Correa presumía de “haberle llevado a Luis Bárcenas 1.000 millones de pesetas en cash” como contrapartida a las “adjudicaciones” que el Ministerio de Fomento otorgaba cuando el asturiano mandaba en ese departamento. 

Según confesaba el líder de la trama Gürtel en las grabaciones que le arrancó el exconcejal José Luis Peñas, Cascos sabía en qué paraíso fiscal tiene escondido el dinero Bárcenas y a él le tenían “mucho miedo” en el partido a pesar de saber que no se atrevería “a cantar”.

El hombre que, según la versión oficial, salvó la vida a José María Aznar al cambiar por su cuenta el blindaje de su vehículo unos días antes de que ETA intentara asesinarle, también tendrá que explicar al tribunal si se refieren a él las siglas PAC, que aparecen en el reparto de comisiones por la adjudicación de un contrato de tres millones de euros que una empresa de Correa (Rialgreen) se endosó por organizar y repartir con otras sociedades la publicidad de las campañas municipales, autonómicas y generales que el PP afrontó en los años 2003 y 2004, con el líder de las Azores al frente del partido.

Según los informes de la UDEF que forman parte del sumario, PAC tenía que ser “una persona con gran capacidad de influencia” porque cobró de todas las empresas que participaron en esa adjudicación, hasta el punto de ser “el mayor receptor de dinero” de todos, con comisiones que por este contrato alcanzaron los 41.172 euros. El resto de los beneficiarios de esa adjudicación fueron LB (Luis Bárcenas), GG (Gerardo Galeote), JS (Jesús Sepúlveda), JM (Jesús Merino) y PC (Paco Correa). Quién es el PAC de la Gürtel es una de las grandes incógnitas del juicio porque, si Correa descartó en su declaración la participación del exministro al pronunciar un rotundo “PAC no es Paco Cascos”, el empresario José Luis Roig, que también habría participado en el reparto de las mordidas, realizó durante su declaración la original aportación de que las siglas PAC se corresponden en realidad con la santísima trinidad de la Gürtel: Pablo (Crespo), Álvaro (Pérez, El Bigotes) y (Francisco) Correa.

Por la adjudicación de los contratos de publicidad de esos dos comicios también comparecerá en la Audiencia Nacional otro secretario general de los populares con Aznar, Javier Arenas, número 2 del partido entre 1998 y 2003 y director del comité de campaña que encargó los trabajos presuntamente amañados. 

En su caso, además, Arenas también era el presidente regional del PP de Andalucía cuando la formación adjudicó a la citada Rialgreen la campaña de las elecciones en la región que se celebraron en 2004 y que se saldaron por la victoria por 24 de escaños del candidato socialista Manuel Chaves sobre la popular Teófila Martínez.

Ángel Acebes, el ministro del Interior que gestionó las mentiras del 11-M y el secretario general del PP durante la transición entre el aznarismo y el marianismo que la formación conservadora experimentó entre 2004 y 2008, tiene que declarar por haber autorizado, presuntamente, la compra-venta de acciones del diario digital derechista Libertad Digital con fondos de la caja B de dinero negro que gestionaban los extesoreros Luis Barcenas y Álvaro Lapuerta. 

Según el sumario, a través de una de esas operaciones de compra y venta de acciones, Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, se apropiaron supuestamente de 149.000 euros que destinaron a adquirir una parte del chalé de lujo que todavía conservan a los pies de la estación de esquí de Baqueira-Beret.

Completan la lista de antiguas glorias del Partido Popular que declararán esta semana en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel los dos aspirantes a la sucesión que sucumbieron ante Mariano Rajoy en el dedazo presidencial que determinó la elección de Aznar en su libreta azul: Jaime Mayor Oreja, vicesecretario general del PP en 1996 y ministro del Interior durante cinco difíciles años en la lucha contra ETA, y Rodrigo Rato, número dos del Gobierno y condecorado artífice del milagro económico español fraguado en la burbuja inmobiliaria antes de ser arrojado a los infiernos, como paso previo a la cárcel que le espera, por el hundimiento de Bankia y el oscuro origen de  su patrimonio.

En su etapa como eurodiputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Eurocámara, Mayor Oreja fue presidente de la Fundación de Estudios Europeos, a la que, según la Fiscalía Anticorrupción, se cargaron facturas de viajes de los que se habría aprovechado el extesorero y exsenador por Cantabria Luis Bárcenas.

Rato conoce sobradamente el edificio polivalente de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en el que se sigue el juicio, porque en la sala del piso superior tuvo que asistir al que se siguió por el uso de las tarjetas black, en el que acabó siendo condenado a cuatro años y medio de cárcel.

 Tendrá que comparecer ante el tribunal de la Gürtel para explicar cómo se organizaban las campañas electorales de la formación y con qué criterios se adjudicaban para aclarar si en algún momento Correa pudo gozar de un trato de favor. Correa, “la persona que siempre estaba a la derecha del presidente”.                (ALFONSO PÉREZ MEDINA  , Cuarto Poder, 19/06/17)