"Dos hombres están sentados en un banco de una calle de La Mina. Charlan.
Podrían ser dos jubilados. Pero no. El más flacucho, con bigote, es Tío Cristina, patriarca gitano y capo de la droga en el barrio. El otro es Félix Riesco, un inspector de la Policía
que ha pasado media vida profesional hurgando en este conflictivo
enclave de Sant Adrià de Besòs. Una cámara de la policía graba la escena
a una distancia prudente.
Tío Cristina se gira hacia el policía y saca
del bolsillo de su camisa azul de manga corta un fajo de papeles
arrugados. El inspector se levanta y se aleja caminando. Unos minutos
después, los agentes le paran. Le preguntan qué le ha dado Tío Cristina.
Contesta que le ha facilitado unas matrículas porque es su confidente.
La coartada se desmorona cuando los agentes comprueban que Riesco lleva
300 euros en la cartera.
Félix Riesco fue detenido en junio de 2017 por la Policía Nacional.
La investigación sostiene que el inspector, entonces jefe de la
comisaría de Mataró, era un topo a sueldo de Tío Cristina, apodo de
Ángel Amaya Montero, de 76 años. A cambio de sobornos como el que fue
filmado, Riesco alertaba supuestamente al clan de operaciones
policiales. El chivatazo más sonado del que sospechan los Mossos es de
noviembre de 2015.
De madrugada, 1.500 mossos desembarcaron en La Mina durante la Operación Titán,
que intentó desmantelar el supermercado de la droga (cocaína, heroína y
marihuana) que aún hoy es el barrio. La policía detuvo a 83 personas. Entre los objetivos había dos miembros relevantes del clan de los Alunda, el que gobierna Tío Cristina. Pero, curiosamente, cuando los agentes llegaron al domicilio se habían dado a la fuga. “Los jambos van a venir a casiles esta noche”, se escuchó en uno de los teléfonos intervenidos.
“Nos faltaron dos Alundas, y ahí surgieron con fuerza las sospechas
sobre el inspector”, explican fuentes de la investigación. Pero Riesco
trabajaba en el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que, para dar el
soplo, tuvo que ser alertado a su vez por alguien que estuviera al
corriente de la operación. “Seguramente aprovechó su condición de
inspector veterano para sacarle el dato a algún mosso, que se lo pudo dar en una indiscreción”, admiten las mismas fuentes.
En los pinchazos telefónicos del caso, Riesco presume ante Tío
Cristina de sus contactos en la fiscalía y en los juzgados. Es la manera
que ve para justificar su sobresueldo. “Esos alardes eran falsos, no
tenía contactos en ningún sitio”, agregan fuentes de la investigación.
Tampoco es que el patriarca le premiara sus servicios con demasiada
generosidad. El titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona,
Josep Maria Noales, no ha podido constatar un incremento espectacular
en el patrimonio del policía. Ni casas en la Costa Brava, ni yates, ni
coches de lujo.
En su declaración ante el juez por cohecho y revelación de secretos,
el inspector negó haber cobrado del clan gitano. Insistió en que Tío
Cristina era un confidente valioso, que había aportado información clave
para asestar golpes contra el tráfico de droga en La Mina. O sea, un
chivato. Riesco incluso aportó al juzgado un listado de operaciones
policiales que, supuestamente, fueron posibles gracias a la colaboración
del patriarca gitano, que así recibía un trato más benévolo para sí y
sus familiares.
Pero de la misma forma que le había comprado con unos cuantos
billetes, Tío Cristina le vendió. El patriarca decidió colaborar y, en
su declaración, admitió que había pagado por los servicios al inspector.
“Lo explicó todo al detalle”, señalan las mismas fuentes. El juez le
preguntó, entre otras cosas, si la noche de noviembre de 2015 había
recibido el aviso de Riesco para huir: “Bueno”, dijo el patriarca, que
quedó en libertad con cargos mientras que Riesgo ingresó en prisión.
Aunque salió un tiempo en libertad condicional, desde el pasado
octubre el inspector vuelve a estar en prisión. Por orden de la
Audiencia de Barcelona y por riesgo de fuga. Fue suspendido
cautelarmente de empleo y sueldo. Sin embargo, ha aprovechado este
periodo para jubilarse, lo que le permitirá percibir la pensión de
policía antes de que le echasen del cuerpo, en caso de ser condenado. La
investigación está a punto de concluir y Riesco, a un paso de sentarse
en el banquillo.
Pisos ocupados
Además de suponer un nuevo golpe al tráfico de drogas y de implicar a
un inspector de Policía, el caso también ha puesto al descubierto la
forma en la que el Ayuntamiento de Sant Adrià ha gestionado los asuntos
en La Mina. El tercer teniente de alcalde, Juan Carlos Ramos –criado en
las calles del barrio- y el gerente del Consorcio de La Mina, Juan Luis
Rosique, permanecen imputados.
El juez les acusa de pagar con dinero
público a Tío Cristina –también conocido como Tío Ángel- por ejercer la
vigilancia sobre los pisos vacíos que el Consorcio mantiene construidos
allí desde 2012, y que aún hoy están pendientes de adjudicar.
A Ramos se le ve incluso llevar sobres en mano, con dinero, para
entregárselos a Tío Cristina. Los funcionarios vieron en esa concesión
una fórmula de mantener “la paz” en el barrio. Si el clan más poderoso
de La Mina, el de los Alunda, controlaba los pisos, había garantías de
que no serían ocupados.
“El solo conocimiento popular de que el clan
Amaya-Alunda vigila estas viviendas genera que no se produzcan intentos
de ocupación ilegal”, consta en un informe de los Mossos. Los Alunda,
según la policía autonómica, son “la banda que controla de forma
delictiva el barrio”, aunque curiosamente a Tío Cristina no le constan
antecedentes policiales antes de esta operación.
En una de las conversaciones, hacia marzo de 2017, Tío Cristina se
muestra nervioso porque no cobra por las vigilancias. Y amenaza con dar
la señal para que los pisos sean ocupados. “Me han venido dos
matrimonios aquí para meterse a los pisos estos de Sacyr.
¿Qué es lo que
hago yo?” Ramos, con el que mantiene una relación casi de
confraternidad, le responde: “Es que Tío, si no está usted ahí ya sabe
lo que va a pasar. Que se ocuparán todos. No hay más”. Pareció
premonitorio. Hoy, con la fórmula fuera de juego y en plena instrucción
judicial, los más de 30 pisos del Consorcio están todos ocupados. La
unidad de mossos que lideró las investigaciones contra el clan ha sido
desmantelada." (Jesús García, El País, 02/04/18)
