Martínez-Pujalte ingresó 3,5 millones en un año mientras era diputado

 El exdiputado del PP Martínez Pujalte, en los pasillos del Congreso. EFE

"El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes, recibió abonos por valor de 3,5 millones de euros en sus cuentas en el año 2015, según un informe que ha remitido la Agencia Tributaria a petición del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que instruye la causa. Durante ese año, Martínez-Pujalte era diputado.

En la información que ha remitido Hacienda, aparece el apunte "suma de abonos en las cuentas", que se hace constar en casos en los que existe la sospecha de blanqueo de capitales, y cuando el total supera los tres millones anuales. 

Esos 3,5 millones de euros registrados hace un año no aparecen en las cuentas actuales de Martínez-Pujalte. El exdiputado solo llegó a ahorrar unos 200.000 euros anuales, según figura en el informe elaborado por Hacienda.

Su época de bonanza económica no empieza con la consultora, constituida en 2008 y disuelta en agosto de 2015, sino a partir de 2011. Según la declaración de bienes que realizó como diputado ese año al disolverse las cortes antes de las elecciones que ganó el PP, en septiembre de 2011, Pujalte tenía 175.000 euros en sus cuentas y un plan de empleo con 179.000. La información de la Agencia Tributaria da datos algo menores al cierre de ese año: 279.000 euros.

2011 fue el año en que Sirga XXI realizó supuestos trabajos para Scardovi y Karistia, las sociedades de los entonces también diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que le pagaron cada uno 23.010 euros. La causa de estos dos últimos, que actuaban como comisionistas en operaciones públicas internacionales, se encuentra en la Audiencia Nacional.

El 2012 tampoco fue malo para Martínez-Pujalte. Terminó el año con un saldo de 289.000 euros, pero es en 2013 cuando sus ahorros se duplican y alcanzan los 540.000 euros. La racha siguió en 2014, que cerró con 701.000 euros acumulados. 

En 2015 la mitad del ahorro desaparece. Cierra el año con un saldo de 364.000 euros, a pesar de que Hacienda ha detectado 3,5 millones de euros que entran en sus cuentas y cuyo destino por ahora está sin explicar.

Estos enormes ingresos distan mucho de justificarse con lo que cobraba como diputado. Su sueldo anual en el Congreso era de 76.000 euros brutos: 39.394 euros de salario base, 14.650 por su puesto de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y 21.886,32 euros por dietas de manutención y alojamiento.

Tampoco puede apoyarse en las cuentas de Sirga XXI, la consultora, ya que siempre contó con un socio al 50%: la entonces senadora Ana Torme hasta el año 2011 y el exasesor de Aznar Jaime Marín Cozar después de esta fecha y a través de una sociedad. Los ingresos de Sirga XXI oscilaban entre los 100.000 y los 150.000 euros anuales, también lejos de las cifras millonarias que Hacienda ha registrado en 2015 e incluso del aumento registrado entre 2013 y 2014.

El pasado martes, Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme declararon ante la juez que instruye la causa. El primero no desvinculó a su exsocia de su sospechosa actividad en ningún momento. A preguntas de la fiscal y de la juez sí precisó que había creado la consultora para asesorar a Collosa (con la que firmó un contrato antes de que existiese Sirga), que había desarrollado una actividad de carácter mercantil y que nada había estado relacionado con ninguna Administración pública.

Ana Torme mantuvo que cuando entró a formar parte de Sirga lo hizo para encargarse de un proyecto de "unos músicos" amigos de Martínez-Pujalte. Antes, a través de un escrito, había desvelado a la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó el caso, que fue engañada por Martínez-Pujalte, De la Serna, Arístegui y el exdiputado Alejandro Ballestero. La exsenadora se vio en medio de una investigación por falsedad y cohecho de la que decía desconocer todo.

El caso arrancó en Valladolid escindido de la Trama Eólica, que ahonda en presuntas comisiones de 110 millones pagadas por las eléctricas a altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresas afines por la concesión de parques para molinos de viento. Una de las empresas beneficiadas, la constructora vallisoletana Collosa, aparecía también como pagadora en la consultora de Federico Trillo, Estudio Labor S.L ( 354.560 euros en casi tres años) y en la de Martínez-Pujalte (75.000), todo ello por "asesorías verbales".

La Fiscalía, que solicitó copia de los trabajos supuestamente desarrollados por Sirga XXI, no recibió todos. De los remitidos, dos eran exactos excepto por el título y otros se habían copiado de internet. Según la fiscal jefe de Valladolid, las facturas eran simuladas en la mayoría de los casos.

Una vez que el escándalo saltó, Torme, siempre según su versión, supo que algunos clientes de Sirga "eran miembros del Partido Popular" a los que ella conocía "desde hacía años", como es el caso de Arístegui y De la Serna. "La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos", aseguraba.

Pero además, subrayaba que "lo verdaderamente trascendente" es que "disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada" tres personas de su partido (el PP), y dos "muy próximas" a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apuntaba directamente a los dos ya mencionados (Arístegui y De la Serna) y Ballestero.

Torme sostenía también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas "se convierte en algo con apariencia irregular". También detallaba que la mayoría de las empresas para las que Sirga trabajó tenían como administradores o consejeros a personas del PP y que algunos de ellos estaban vinculados a escándalos de corrupción.

La Agencia Tributaria también ha remitido al juzgado el estado de cuentas de Ana Torme, cuyos saldos no han registrado cambios relevantes."                 (Público, 27/11/16)

Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados. El escándalo está en la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de favores

"La noticia que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados cuando se ha descubierto el pastel.

Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.

Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en el ejercicio de su cargo.

Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada. Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los implicados y debe ser evitado.

No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de €30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por precaución.

Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los ingresos a hacienda.

Un político no puede tener conductas que den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión, voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no fuera su salario como cargo público.

 Si un político tiene una fortuna personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust) antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de imparcialidad.

Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que tienen contratos con la administración es completamente inaceptable.

Si estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza, incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es ilegal o no.

Los genios que deciden sobre compatibilidades en el Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de consultor de esta manera es completamente inaceptable.

Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por este pastel. Su justificación es que la asesoría “verbal” era para temas que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino “expansiones estratégicas”, “estudios de mercado” y demás perlas parecidas.

Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso.

No estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores. Haya sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.

Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada relacionado con el gasto público.

 El problema, en este caso, es que en Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en despachos en Castilla-León. La corrupción es tanto un problema de oferta como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.

En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han olvidado de esto."             ( Roger Senserrich  , Politikon, 23/04/2015)

La mujer de Pujalte es la jefa de la ex de Rato, que sigue en Paradores, y ambas fueron promocionadas por Esperanza Aguirre

"Todo pasa por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, cuyo titular José Manuel Soria, ha colocado en puestos de responsabilidad a muchos familiares de destacados dirigentes del PP. Para que nos situemos la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, y ex mujer de Rodrigo Rato, está a las ordenes de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, esposa del diputado del PP Vicente Martínez Pujalte. 

Pujalte y Rato siempre fueron amigos y Pujalte ha dicho públicamente que siempre lo considerará su amigo. Ninguna de las dos he tenido experiencia laboral o profesional en el sector turístico, si bien la ex mujer de Rato fue colocada por Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad, en el área de turismo, antes de llegar a Paradores. Antes de desembarcar en puestos de responsabilidad política se dedicaba a las antigüedades.

Nadie se atreve a decirle a la ex de Rato que dimita

Ángeles Alarcó pertenecía a la ‘aristocracia’ del PP. Era nada más y nada menos que la mujer del todopoderoso Rodrigo Rato, amiga de los Aznar y como consorte del vicepresidente le rendían pleitesía. Nadie en el PP se quería creer que Rato tenía otra pareja sentimental (su antigua jefa de prensa), por eso cuando se marchó de casa y dejó a ‘Gela’ fue toda una conmoción entre los ‘vips’ del PP.

 Muchos corrieron en apoyo de la esposa abandonada y la más rápida, como siempre, fue Esperanza Aguirre, que primero la colocó de asesora, luego la hizo presidenta ejecutiva y consejera delegada de la empresa regional Turismo Madrid y, más tarde, directora general de Turismo y consejera en Telemadrid. De la nada a la política por la puerta grande, si bien la ex de Rato siempre mantuvo una actitud discreta y alejada de los medios. Ni ruedas de prensa ni entrevistas.

Tras la victoria de Rajoy en las generales la ex de Rato fue nombrada presidenta de Paradores y ahora, desvelado que figura como administradora única de ‘Rodman Gestión y Rafi SL’, una de las sociedades creadas por Rato y que investiga la Agencia Tributaria, en el PP esperan que dimita de ‘motu propio’, porque nadie se atreve a decirles que tener a un alto cargo del Gobierno investigado por Hacienda por tener dinero en el extranjero en sociedades opacas no es de recibo.

La mujer de Pujalte: de urbanismo a turismo

Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo, licenciada en Derecho y esposa de Martínez Pujalte, es la jefa de la ex de Rato. Borrego no aparece envuelta en polémica alguna, sí su marido que ha explicado a todos los medios de comunicación que es perfectamente legal cobrar 65.000 euros por asesorar a una empresa energética. Pero Isabel Borrego no tiene experiencia alguna en turismo.

 Su carrera política arranca en Baleares, bajo los gobiernos de Jaume Matas en los que ocupa diversos puestos siempre relacionados con la vivienda y el urbanismo, como la presidencia del Instituto Balear de la Vivienda. Cuando Matas pierde por primera vez las elecciones Borrego no tiene problema en encontrar trabajo.

 ¿Quien la colocó? Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que en 2007 la coloca como asesora de urbanismo en el gobierno regional. En 2001 Isabel Borrego fue nombrada concejal de urbanismo en Pozuelo.

¿A qué Ministerio fue Esperanza cuando dejó la Comunidad?

Efectivamente, al Ministerio de Industria y como asesora. Esperanza Aguirre es funcionaria por oposición pero pudo elegir otro destino. Aguirre anunció que se incorporaría a su puesto de trabajo como funcionaria cuando dejó la Presidencia de la Comunidad de Madrid, puesto en el que duró pocos meses dado que le fichó una empresa catalana de ‘cazatalentos’ donde ganaba bastante más que como funcionaria. Por cierto, meses antes la todavía presidenta de la Comunidad había provocado una fuerte polémica al criticar a los funcionarios por su escasa dedicación. (...)"            (El Plural, 23/04/2015)

Un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca...

"La noticia que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados cuando se ha descubierto el pastel.

Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.

Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en el ejercicio de su cargo. 

Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada. Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los implicados y debe ser evitado.

No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de €30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por precaución.

Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los ingresos a hacienda.

 Un político no puede tener conductas que den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión, voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no fuera su salario como cargo público. 

Si un político tiene una fortuna personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust) antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de imparcialidad.

Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que tienen contratos con la administración es completamente inaceptable. 

Si estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza, incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es ilegal o no. 

Los genios que deciden sobre compatibilidades en el Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de consultor de esta manera es completamente inaceptable.

Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por este pastel. Su justificación es que la asesoría “verbal” era para temas que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino “expansiones estratégicas”, “estudios de mercado” y demás perlas parecidas.

 Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso. No estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores. 

Haya sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.

Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada relacionado con el gasto público. 

El problema, en este caso, es que en Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en despachos en Castilla-León. 

La corrupción es tanto un problema de oferta como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.

En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han olvidado de esto."             (Politikon, 23 abr, 2015 - Roger Senserrich)

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo... y de 75.000 a Pujalte

Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo

"Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. 

Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. 

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. 

Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. 

El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda."            ( Fernando Garea / Rafael Méndez  , El País, Madrid 22 ABR 2015)