"Perdimos el piso y nos imputaron; si llegamos a saberlo, no denunciamos la trama del Ejército del Aire"

Cristina del Río y Julio Suárez, los transportistas autónomos que destaparon el 'caso Mudanzas'.J.P./Público

"Dos años de instrucción les quitaron el sueño, la alimentación y el piso que compraron. "Si llegan a darle la vuelta, seríamos nosotros los acusados". Quienes así se expresan son Cristina del Río y Julio Suárez, el matrimonio de transportistas autónomos que denunciaron una red de facturas falsas en el Ejército del Aire.

Esta pareja destapó en el año 2012 una trama que ha sentado en el banquillo a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas con la ayuda de presupuestos falsificados. La red organizada podría haberse apropiado entre 7 y 10 millones de euros, según difundió Público el pasado 2 de junio.

 

Ambos llegaron a estar imputados en la causa, a petición del principal acusado, el teniente David Hernández Claret. El juez togado militar central número 2 les acaba de eximir de toda responsabilidad en un auto que reconoce que, gracias a ellos, este fraude ha sido descubierto.

Pero siguen preocupados, a la espera de que el auto del instructor sea firme. Julio Suárez es tajante: "Nunca pensamos que la denuncia se fuera a revolver de esta manera. Si miramos en Internet, leemos que nos llaman los colombianos, los narcos, los hampones... Denunciamos lo que descubrimos, pero hemos sufrido mucho".

Ambos llegaron a España en 1999 desde Bogotá. Con tres hijos, la nacionalidad española y el carnet de conducir que obtuvo Cristina en 2008, lo arriesgaron todo para comprarse un camión de 40.000 euros y fundar la empresa de mudanzas SDR.

Hoy han perdido el piso, con el que financiaron la compra del vehículo, ya que su clientela decayó a causa de su imputación a este sumario y por la crisis económica. "Muchos clientes dejaron de confiar en nosotros", remacha Julio.

Fue Cristina quien interpuso la denuncia en el juzgado de guardia. Corría el año 2012. Descubrió el pastel a raíz de una llamada de comprobación de la base de Getafe (Madrid), a cuenta de un kilometraje inexacto de una factura de su empresa, SRD. Se sorprendió: ellos nunca habían emitido esa factura, tan sólo habían entregado tres presupuestos allá por 2008 que no habían sido aceptados. 

Es más, nunca había estado en la base aérea de Getafe. Para su sorpresa, a través de ese militar supo que había más facturas presentadas a nombre de su compañía.

Se citaron con el militar que había entregado las facturas de SDR al Ejército, y apareció el teniente David Hernández Claret. Era el que les había pedido los presupuestos en 2008. Les ofreció ser socios al tiempo que les reveló cómo funcionaban. 

"El dijo que hacía 500 mudanzas al año con facturas falsas. Nos ofreció un 25% sobre el beneficio que él se llevaba, y un viaje a Canarias. Si hubiéramos aceptado, o si hubiéramos realizado las mudanzas que nos habían atribuido, hoy tendríamos una flota de vehículos y no deudas", relata Cristina.

"No teníamos ni idea de lo que pasaba, pero nos preocupaba Hacienda -prosigue -; teníamos miedo al delito fiscal, ya que no sabíamos cuántas facturas habían emitido a nuestro nombre, con IVA incluido". También tenían miedo a represalias del militar o de su trama. 

Escribió al ministerio de Defensa, pero no tuvo noticias. Un mes más tarde, el 13 de julio de 2012, Cristina se presentó en el juzgado de guardia para denunciarlo. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 37.

Su correo y su denuncia provocaron una investigación interna en el Ejército y la apertura de un sumario en la jurisdicción militar, que es la que ha sentado ahora en el banquillo a los 45 oficiales y suboficiales después de que el juzgado ordinario se inhibiera. 

"Nos han quitado el sueño y la alimentación, no vives", relata Cristina mientras su marido salta a cuenta de que el teniente Claret, cuando vio que no aceptarían su propuesta, "lo enredó todo en el juzgado para aparentar un lío de faldas". Argumentó que había sido él quien le había entregado las facturas, al margen de su mujer: "Querían la separación entre nosotros y no lo lograron".

Ahora dudan del paso que dieron en el año 2012, cuando descubrieron que alguien estaba utilizando membrete, sello y firma de su empresa.

"Si nos hubiéramos dado cuenta de cómo iba a tornar esta causa, de que nos iban a imputar, no lo hubiéramos denunciado. Hemos perdido el piso, y hemos tenido que pedir prestado", se lamenta Cristina.

Hoy sólo aspiran a dos cosas: que se confirme su desimputación y recuperar su buen nombre.

 Un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes...

Los 45 militares acusados están destinados en las bases aéreas de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.

La ley prevé que los funcionarios sean indemnizados en los casos de traslados forzosos, como ocurre con los militares recién salidos de la academia. El Ministerio de Defensa exige que sean presentados tres presupuestos, para conceder la indemnización al presupuesto más barato.

Las investigaciones apuntan a que las mudanzas no se realizaban, aunque se cobraba la indemnización con la ayuda de facturas falsas. En otras ocasiones, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente Claret y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.

La factura falsas solía alcanzar una cuantía de 3.500 euros. El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba toda documentación ante el ministerio.

Al parecer, los transportistas de SDR entregaron en 2008 tres presupuestos -uno suyo, el más barato, y otros dos presupuestos de otras dos empresas- con el fin de lograr la adjudicación de una mudanza. Pero nada supieron de su oferta, y creyeron que habían sido rechazados.

La trama utilizó su factura para "replicar" ulteriores presupuestos ante el Ejército del Aire, falsificando firma y membrete, supuestamente. La llamada de un auditor a cuenta de un error de kilometraje hizo saltar las alarmas de los propietarios de la empresa SDR, que denunciaron lo ocurrido en el juzgado en el año 2012.

La investigación del juzgado militar central 2 ha llegado a abarcar hasta 150 militares investigados, lo que causó problemas de operatividad en más de una base aérea ya que quedaban suspendidos de sus funciones mientras se aclaraban las responsabilidades de cada uno.
Los oficiales y suboficiales acusados abarcan a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos."                (Público, 14/09/2014)

Agag, envuelto en un escándalo de comisiones ilegales en Italia (en 2011)

"Alejandro Agag niega todo por ahora, pero es muy posible que el yerno del expresidente José María Aznar tenga que acabar explicando a la Fiscalía de Nápoles si ha hecho de intermediario para que Finmeccanica, el coloso de la industria pública italiana, cerrara un negocio millonario con Colombia, cobrando una comisión por el trato. 

Al menos esto es lo que se desprende de los pinchazos telefónicos realizados por los fiscales John Woodcock, Francesco Curcio y Vincenzo Psicitelli (los mismos que investigan el caso de extorsión a Silvio Berlusconi), que están investigando un escándalo de pago de comisiones ilegales por parte de varios colaboradores y dirigentes de Finmeccanica para adjudicarse grandes contratos militares en el extranjero.

Los tres magistrados explican en las actas de acusación que "hay numerosos movimientos en marcha para la venta de productos de distintas filiales de Finmeccanica a diversos sujetos extranjeros en Arabia Saudí, Malasia, Kuala Lumpur o Colombia". Esto sería la "enésima prueba de la práctica de algunos representantes de Finmeccanica, para corromper a los representantes de gobiernos extranjeros y poder adjudicarse los concursos".

Y el nombre de Agag aparece pronunciado varias veces por dos personajes clave de la trama en las escuchas telefónicas que han llevado a cabo los fiscales estudiando el caso. Se trata de la exmiss Colombia, Debbie Castañeda, hoy consultora de Finmeccanica e íntima amiga del primer ministro, Silvio Berlusconi, y el director comercial Paolo Pozzerese.

Contrato militar con Colombia

Según la acusación, ambos comenzaron a trabajar en un contrato de 600 millones de euros en Colombia, que debía cerrar Agag, y que conllevaba una comisión del 5% (30 millones) del cual, el 1% (seis millones) le correspondía a Castañeda. 

 

Pero la exmodelo no ha recibido su parte y aparentemente Agag quiso renegociar las condiciones bajando su comisión a la mitad. "Alejandro ha hecho un acuerdo con Debbie que luego no respetó", se lee en las actas, porque "era ella" la que había presentado a Agag en el círculo de Finmeccanica y la que "le había hecho sacar el 5% de comisión en el negocio".

La versión de Castañeda, en una conversación con una persona identificada como Gerom y que hoy publican varios medios italianos, es que "Alejandro me ha robado seis millones, ese gilipollas, ¿tú sabes lo que significan para mí seis millones?". 

Agag, en una conversación telefónica con Il Fatto Quotidiano en el que se le pregunta si ha cobrado esos seis millones que le correspondían a Castaneda asegura que "no hay ningún negocio. No digo que Castañeda sea una mentirosa sino que no hay ningún negocio. Nunca he tenido ningún contrato de Finmeccanica. Ahora le dejo que estoy en una comida de negocios en Nueva York".

Según las actas, Pozzerese le indica a Castañeda que el problema es que Agag "no ha firmado el contrato", porque habría conseguido hacer el negocio con otra empresa y así sacarlos a ambos de las comisiones.

Recurrir a Berlusconi

Es obvio que los seis millones significaban mucho para Castañeda, que ve como única salida al entuerto recurrir a Silvio Berlusconi. 

 

En una conversación telefónica, la exmodelo le dice al director comercial de Finmeccanica que "tengo que contarle todo a él. Tendría que decirle que yo quería hacer esta cosa y que se lo lleve a él, sin firmar nada porque confiaba que siendo de buena familia no podría actuar así. Y sin embargo lo ha hecho así que la única persona que me puede ayudar es él, porque él es la única persona a la que tiene miedo en este mundo".

Finmeccanica, con 15.000 millones de euros de facturado y más de 60.000 empleados, ha estado en numerosas ocasiones en el ojo del huracán por temas de tratos de favor y comisiones ilegales."        (Público, 15/09/2011)

Detenido un exdirector del coloso del armamento italiano Finmeccanica por corrupción. Fué la persona que metió en un buen lío de comisiones ilegales al yerno de Aznar

"La Policía italiana ha detenido esta mañana a Paolo Pozzessere, exdirector comercial del coloso del armamento Finmeccanica y actual jefe de las relaciones comerciales con Rusia, por su presunta participación en la venta irregular de equipos militares a Panamá. 

En el marco de la investigación aparece también e exministro de Desarrollo Económico del último Gobierno de Silvio Berlusconi, Claudio Scajola, a quien se le acusa de corrupción internacional por otro negocio turbio de venta de fragatas en Brasil.

El nuevo escándalo de Finmeccanica pone otra vez en la picota a la empresa militar estatal, que en los últimos años ha visto implicados en casos de corrupción a un gran número de dirigentes. Esta mañana la Policía también ha registrado la casa de Paolo Graziano, representante de la patronal Confindustria en Nápoles.  

Pozzessere está acusado, como Scajola, de corrupción internacional por la venta de equipos de varias filiales a Panamá. Se trata de Agusta Westland, que produce helicópteros; Telespazio, especializada en satélites con carácter militar y comercial; y Selex, la compañía que fabrica equipos de telecomunicaciones con fines militares.

 Selex es, además, la empresa italiana que vendió productos al régimen de Bashar al Asad incluso después de que estallaran las revueltas en marzo de 2011 tal y como desvelaron los emails descubiertos por WikiLeaks y a los que tuvo acceso en exclusiva Público para los medios en español.

El exdirector comercial fue arrestado esta mañana en su residencia de Roma por orden de los fiscales de Nápoles Henry John Woodwock y Vincenzo Piscitelli, que ya habían encabezado con anterioridad otras investigaciones sobre el grupo Finmeccanica. 

Pozzessere ya era sospechoso de estar detrás de una trama de sobornos a funcionarios panameños que llevó a la cárcel a Valter Lavitola, íntimo amigo de Berlusconi y colaborador de uno de los proxenetas que proporcionaban jóvenes prostitutas de lujo al exprimer ministro durante sus fiestas en sus mansiones de Roma, Milán y Cerdeña.

El hombre que metió en un lío a Agag

Cuando estalló el caso, el diario La Repubblica publicaba la transcrpción de unas conversaciones del 21 agosto de 2011 entre Lavitola y Pozzessere, en las que hablaban de entregar un helicóptero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, "como anticipo del pago de 30 millones" que se le había prometido. 

 

Según la prensa, ni el helicóptero, ni el resto del pago fue entregado, ya que la operación se desbarató después de que el nombre de Lavitola apareciera en otro caso de un supuesto soborno a Berlusconi.

Pero Pozzessere es conocido, además, por ser la persona que acabó metiendo en un pequeño lío al yerno del expresidente español José María Aznar, Alejandro Agag. En la misma investigación, los fiscales interceptaron una conversación entre el exdirector comercial y la modelo colombiana Debbie Castaneda en la que ambos hablaban de la comisión que cobraría ésta si se cerraba una acuerdo de 600 millones de euros. 

Ese negocio lo llevaba supuestamente Agag, que percibiría casi 30 millones de euros en comisiones pero nunca se cerró, lo que desató la ira de la miss colombiana.  "            (Público, 23/10/2012)

Suspendidos por corrupción dos mandos de la Armada

"Una auditoría interna revela desvíos de fondos por casi 300.000 euros.

El Ministerio de Defensa ha suspendido en sus funciones y ordenado el cese en sus destinos de los comandantes del cuerpo de Intendencia Cristóbal Colón Gómez y Blas Monerris Alcaraz, ex máximos responsables de la Factoría de Subsistencias y Almacén de Vestuario de la Armada en Madrid, desde la que se suministran víveres y prendas de vestir a todos los cuarteles y dependencias de la antigua Jurisdicción Central de la Marina. (...)

La auditoría realizada por la propia Armada en la contabilidad de la factoría, entre los años 2007 y 2009, ha revelado un "desfase" entre los ingresos obtenidos y el dinero entregado al Tesoro público de casi 300.000 euros, aunque la cifra podría ser superior, ya que las cuentas del año pasado aún no están cerradas. Entre la mercancía desaparecida, y supuestamente desviada para fines particulares, figura una partida de 340 kilos de langostinos por la que se pagaron casi 5.000 euros en 2008.

Los dos mandos militares ya fueron apartados de sus responsabilidades el verano pasado, aunque entonces su relevo se presentó como rutinario: el comandante Colón, que era el número uno de la factoría, cesó por haber cumplido el tiempo de mando; y el comandante Monerris, su número dos, por encontrarse en comisión de servicio. Ahora, sin embargo, Defensa ha decidido que cesen en sus nuevos destinos, aunque la ley no obligaba a ello. La suspensión de funciones tiene una duración máxima de seis meses y empezó a contar el pasado día 15." (El País, ed. Galicia, España, 20/01/2010, p. 17)

La nueva ruta de la cocaína pasa por África

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El 12 de julio del año pasado, al otro lado del Atlántico, un bimotor estadounidense procedente de la ciudad venezolana de Barcelona aterrizaba con problemas mecánicos en el aeropuerto Osvaldo Vieira, en la capital de Guinea-Bissau. La DEA, Interpol y la Policía española tenían información fidedigna de que el avión transportaba 500 kilos de cocaína para el mercado europeo. El Ejército rodeó el avión y tomó el control de una zona del aeropuerto, usurpando las competencias de la Policía Judicial. "Los militares no tenían atribuciones para actuar de aquella manera, porque a fin de cuentas se trataba de un avión civil. Procedieron a descargar el avión y no podían hacerlo", explica en una conversación telefónica Lucinda Barbosa, directora general de la Policía Judicial.

Realizada sin testigos la descarga de la mercancía, los militares dijeron que la droga no era droga, sino medicamentos para las Fuerzas Armadas. "Investigamos y comprobamos que aquella mercancía era droga. No hay ninguna duda de eso", asegura Barbosa. Los tres tripulantes, todos venezolanos, y dos controladores aéreos guineanos fueron detenidos por la Policía Judicial. Incluido el piloto. ¿Quién era? Carmelo Vásquez Guerra, el mismo que dos años antes iba a los mandos del DC-9 repleto de cocaína que aterrizó en Campeche, y prófugo de la Justicia mexicana.

La Fiscalía antidrogas de México emitió a través de Interpol una orden internacional de captura contra Carmelo Vásquez, quien se esfumó de nuevo cuando estaba a punto de ser entregado a funcionarios mexicanos que esperaban en Lisboa. El caso fue archivado en febrero por falta de pruebas, ante la sorpresa de la DEA, Interpol de Francia y Portugal, la Policía Judicial de Guinea-Bissau y de Portugal, y de otros organismos que seguían de cerca los acontecimientos. Esto ocurría en el mismo país, cuyo presidente, Nino Vieira, fue asesinado el lunes por un grupo de militares leales al jefe del Ejército, Batiste Tagme na Waje, muerto en atentado horas antes." (El País, ed. Galicia, Internacional, 09/03/2009, p. 8)

Los apetecibles cuarteles

“Imputado el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP. Un juez de Madrid investiga una denuncia del fiscal por prevaricación y fraude. (…)

Tanto el general Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel José Luis Bastabad Amado, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía. La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.

Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. En la primera, por ejemplo, existía una edificación de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.

Finalmente, la propiedad se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.

Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia aceptó la oferta del comprador está fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se presentó hasta un día después. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. Dámela en cuanto se presente".

Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribió correctamente en el registro los datos de la propiedad y legalizó el edificio preexistente, por lo que enajenó un inmueble distinto al que ofreció en la subasta. El mismo procedimiento se siguió para la venta de la enfermería.

Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigación que la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. Sólo en este periodo, dicho organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendió un total de 618 inmuebles, de los que más de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicación directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.” (El País, ed. Galicia, España, 02/05/2008, p. 14)