Un inspector de la Hacienda estatal revela que el fisco vizcaíno obstruyó su labor

" El juicio contra el ex jefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, y otros tres funcionarios aportó ayer anomalías en el funcionamiento de la Hacienda foral.

Un inspector de la Agencia Tributaria declaró que el fisco vizcaíno le impidió comprobar si el grupo empresarial Aguinaga Llantada, que aparece en el listado de Ibarra de contribuyentes con presunto trato de favor, había saldado su deuda tributaria.

Este grupo es el que tiene más contribuyentes en el listado protegido de Ibarra, un total de 45, y la Fiscalía sostiene que el principal acusado impidió investigar una presunta deuda fiscal. Sus responsables, que declararon el miércoles en el juicio, negaron cualquier trato de favor y aseguraron no recordar actuaciones de la Agencia Tributaria.

El inspector de la Hacienda estatal era el encargado de analizar las cuentas de contribuyentes que se deslocalizaban. El grupo Aguinaga Llantada, que se fue a Madrid en los 70 por las amenazas de ETA, volvió a Vizcaya en los 90 . El inspector aseguró que el cambio de domicilio social fue "una táctica" para obtener 30 millones de euros de beneficio.

Explicó que, en el último ejercicio en que el grupo empresarial tributó en territorio común logró unos beneficios de siete millones que debía haber abonado a la Hacienda central a través de la de Vizcaya, donde ya estaba instalado. El inspector dijo que pidió repetidas veces un comprobante del pago o un escrito de la exigencia del dinero por parte del fisco vizcaíno, pero no lo obtuvo.

Otro testimonio llamativo fue el de José Antonio Puente, uno de los socios del grupo Protecsa, también incluido en el listado protegido de contribuyentes de Juan Ramón Ibarra, el primer testigo que ha reconocido un pago a Hacienda.

Aseguró que, tras recibir la notificación de que su empresa estaba dentro de un plan de inspección, su socio y un asesor le comunicaron la necesidad de pagar unos 180.000 euros "para compensar" a una persona que facilitaría que la empresa saldara sus cuentas con la Hacienda." (Fundación para la Libertad, citando a EL PAÍS, 28/1/2011)

EL MAYOR JUICIO DE EUSKADI POR TRATO DE FAVOR FISCAL... contra el ex jefe de la Inspección Fiscal

"Juan Ramón Ibarra defendió ayer que no ha recibido ningún soborno y adujo que los 337.000 euros que percibió, según la Fiscalía por supuesto trato de favor a contribuyentes, proceden de un dinero negro que su padre guardaba en un armario, cantidad que, pese a ser el máximo responsable técnico de controlar el fraude fiscal en Vizcaya, nunca lo declaró a Hacienda. (...)

La primera jornada del juicio en la Audiencia de Vizcaya contra el ex jefe de la Inspección Fiscal, el primero en Euskadi contra un cargo de estas características (el responsable de controlar que los contribuyentes paguen lo que les corresponde), sentó también en el banquillo a otros tres funcionarios de Hacienda por presunta colaboración. Ibarra, quien se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel y una multa de más de 80.000 euros por los delitos de falsificación, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y desobediencia, se esforzó en explicar que el listado creado por él con casi 170 contribuyentes no servía para evitar ser inspeccionados como ha concluido la investigación judicial. (...)

Ibarra negó la acusación de la fiscalía de que el sistema informático creado con el listado de 170 contribuyentes, que bloqueba el acceso al mismo al resto de funcionarios de Hacienda, impidiera cualquier inspección sin la autorización del entonces máximo responsable de la Inspección Fiscal. (...)

Como ejemplo para validar sus tesis, Ibarra dio los nombres de cinco contribuyentes del listado que sí fueron inspeccionados con posterioridad. La fiscalía, en cambio, incluye en su acusación a una veintena de empresas y personas a las que se archivaron las inspecciones iniciadas.

El supuesto soborno de 337.000 euros motivó una incisiva intervención de la fiscal sobre la procedencia del dinero. Ibarra relató que se lo dio su padre en billetes "a lo largo de cuatro o cinco años", porque lo tenía guardado en su casa, y que desconocía "de dónde lo sacó". "Tenía manía a los bancos", afirmó después. (...)

No hay otras acusaciones ya que la Diputación de Vizcaya se retiró en marzo pasado tras siete años en el proceso." (El País, 18/01/2011)

El lavado de dinero de los que pagan a ETA se hace en familia, la del PNV guipuzcoano

“El diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri, ha anunciado hoy al consejo de diputados la destitución del miembro de su gabinete Rufino Eizaguirre, socio del ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo en dos empresas supuestamente empleadas para blanquear el dinero sustraído… No obstante, Txabarri comunicó al consejo la destitución del jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales dependientes del diputado general, Rufino Eizaguirre Olcoz, quien figura en la denuncia del fiscal como socio de Bravo en la empresa Roza Cabrera S.L., mientras que participaba también en Ekialde S.L., otra compañía de las que, según la denuncia, se utilizó para blanquear el dinero.

Eizagirre mantendrá su plaza de funcionario pero no seguirá desempeñando el cargo de jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales del diputado general, cargo público al que accedió por libre designación.” (Diario Vasco.com, 22-05-07)

“La corrupción sacude al PNV. Escándalos y disensiones rompen el velo de la 'virginidad' en el nacionalismo vasco

El procesamiento de José María Bravo y de algunos de sus colaboradores interpela al PNV sobre su gestión al frente de las instituciones vascas. De entrada, porque el acusado en cuestión practicó, supuestamente, la malversación de caudales públicos, la falsedad documental y el blanqueo de capitales durante sus 10 años al frente de la Hacienda local. A la vista del relato de la Fiscalía, José María Bravo ingresaba en sus cuentas particulares deudas cobradas a morosos a los que posteriormente declaraba insolventes. Cabe preguntarse cómo es posible que estas prácticas -el procesado llegó a condonar tributos a cambio de que un contribuyente le decorara una de sus propiedades- no fueran detectadas antes.

José María Bravo dirigió la oficina tributaria de Irún mientras su hermano desempeñó el cargo de director general de la Hacienda de Guipúzcoa. Y la segunda esposa de este último, Arantza Arbelaitz, presidió el Tribunal Económico-Administrativo de la Hacienda guipuzcoana, precisamente el órgano encargado de resolver las reclamaciones de los contribuyentes y de imponer sanciones. Víctor Bravo ejerció las funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras de los expedientes, caracterizados como especiales, que discurren en la Administración foral al margen de instancias inspectoras convencionales. El procedimiento especial fue ideado en su día para garantizar el anonimato de las cuentas de los extorsionados por ETA.” (El País, ed. Galicia, Domingo, 01/07/2007, pp. 8)