"La Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el
presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques
eólicos en Castilla y León.
Un informe de 94 folios elaborado por la
inspección de la Agencia Tributaria y fechado el pasado 30 de diciembre
al que ha tenido acceso este diario concluye “la existencia organizada
de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y
mantenida a lo largo del tiempo” que cobraron de las eléctricas al menos
110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos
en esa comunidad.
Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de
Castilla y León”, “las empresas eléctricas que iban a hacer la
instalación y explotación de los parques”, “los intermediarios
promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones
administrativas precisas” y “las sociedades propiedad de los empresarios
locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las
transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110
millones de euros”.
El informe detalla siete operaciones en las que las eléctricas
terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades
directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas
para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna
contraprestación o actuación concreta.
La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las
sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces,
incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría
de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la
producción de energía”.
La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay
personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la
Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los
parques.
Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que
firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de
avocación específicos”. Este diario ha intentado sin éxito localizar a
Delgado Núñez. Como muchos de los citados, sí que declaró ante la
inspección. Allí afirmó que el proceso en esa comunidad había sido
“altamente eficaz” porque apenas había recursos ante los tribunales y
que valoraban que “las empresas solicitantes tuviesen interés regional”,
siempre según el informe.
Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto
Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública
de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es
uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de
septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria. No
ha querido hablar para este diario pese a las reiteradas peticiones a su
secretaria.
El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que
lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del
presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona
en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy
importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y
Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva,
de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo
hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario
general”.
Un portavoz de la consejería señaló que desconocen todo sobre el
informe, que por lo que saben las autorizaciones se dieron correctamente
y que si hubo transferencias entre empresas eso no les consta. El
consejero no quiso hacer declaraciones.
El inspector documenta multitud de pagos que tienen una respuesta
inmediata en concesiones administrativas o decisiones de la Junta para
poner en marcha los parques eólicos. En alguno de los casos, los pagos
desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis
años. En otros, al fin de la transmisión de las acciones le sigue la
firma por Rafael Delgado solo dos días después de la autorización
administrativa que estaba parada desde hace tres años.
El “sistema” de funcionamiento es que las eléctricas que querían
instalar parques eólicos formaban empresas mixtas vehículo junto con
cargos de la consejería o empresarios locales “relacionados con el poder
autonómico”.
Lo hacían a pesar de que eran las propias eléctricas las que
“presentan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y actúan como
promotoras del parque eólico, ya que son ellas las que realizan los
estudios de medición del viento [...] y los que realizan la totalidad de
los trámites administrativos para la obtención de los permisos,
licencias y autorizaciones sin participación alguna de los empresarios
de Castilla y León”.
Al asociarse con un empresario local o un alto cargo autonómico,
agilizaban los trámites. Una vez conseguida la autorización para
instalar el parque, las eléctricas recompraban las acciones a su socio
local por un precio que multiplicaba el capital que estos habían
desembolsado.
“Los hechos descritos parecen indicar que para que pudiera avanzar la
tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de
los parques eólicos fue preciso llevar a cabo una aparente asociación
teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la
comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de
relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados
en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
(Caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de
relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las
distintas consejerías de la Junta (Caso del Grupo Collosa y del Grupo
Parqueolid)”, señala el inspector de Hacienda.
En esas conclusiones, el inspector asegura reiteradamente que “no nos
encontramos ante relaciones empresariales normales, puesto que las
relaciones observadas no son propias de la lógica mercantil” y deduce
que son traspasos de fondos que “carecen total y absolutamente de motivo
económico válido”. La investigación de Hacienda afecta a 35 parques
eólicos aprobados entre 2004 y 2007. Sin embargo, hay pagos posteriores y
llegan hasta 2009, conforme los aerogeneradores se pusieron en marcha.
Una de las empresas de renovables que más pagó por la instalación de
parques eólicos es Preneal, una sociedad dirigida por el expresidente de
Visa en España y ex secretario de Estado con la UCD, Eduardo Merigó.
Ante Hacienda, este “manifestó en reiteradas ocasiones que su sociedad
se sentía víctima del sistema”. Merigó no ha respondido a las múltiples
llamadas de este diario.
Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del alto
cargo Rafael Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación
alguna”.
También abonó siete millones a Cronos Global (propiedad al 50% de
Esgueva). En diciembre de 2014, un representante de Preneal declaró ante
Hacienda que esta firma era la que había hecho todos los trabajos, que
“no necesitaba en absoluto la prestación de servicios por parte de
ninguna otra sociedad” y que Cronos Global “no colaboró en ningún
momento en la obtención de autorizaciones administrativa” “ni realizó ni
presentó los proyectos de instalación de parques eólicos”. Esos parques
siguen hoy sin estar aprobados, pero Cronos Global sí recibió siete
millones de euros tras haber puesto 1,5 millones.
En esos años, Cronos Global tuvo un “importante movimiento de divisas
impropio del final de una fase alta del ciclo económico y del inicio de
la recesión. Baste decir que una sociedad que podría catalogarse de
pequeña, tiene unas salidas de divisas por importe de 100 millones de
euros (con destino a Polonia y en menor medida a Estados Unidos) y unas
entradas de 38 millones”.
El otro 50% de Cronos Global pertenece a Luis María García Clerigó y
su familia. Clerigó es presidente de Parqueolid, una constructora de
Valladolid. Clerigó afirmó a este periódico que hace siete años tuvo un
ictus y que no recuerda nada de aquello. Parqueolid ya está cerrada.
Esta empresa, según Hacienda, recibió de la Consejería de Economía 50
millones por un edificio en el que reordenaba sus sedes. Hacienda ya
remitió a la fiscalía esa operación. Por esto, un juzgado de Valladolid
investiga las cuentas personales de Rafael Delgado, número dos de
Economía durante ocho años e imputado en ese caso.
Preneal además pagó 10,48 millones al Grupo Collosa, una importante
constructora de Valladolid, que había colocado 51.000 euros. “El
inspector no ha encontrado ninguna prueba, siquiera indicios, de que
entre ambas sociedades existiera una prestación de servicios por parte
de Inverduero”. Un portavoz de Collosa señaló que “la empresa no tiene
constancia de la existencia de ese informe y prefiere no opinar hasta
conocerlo”.
No es solo Preneal la que pagó. Una de las filiales de Collosa,
Inverduero, firmó en 2005 con Endesa un acuerdo para desarrollar parques
eólicos. Fundaron Prodener I para construir un parque eólico en Burgos.
La empresa local puso 15.000 euros y dos años y 26 días después Endesa
recompró las acciones por 2,485 millones.
Un portavoz de Endesa señala
que han revisado el contrato y que no ven nada anómalo. Explica que por
problemas de financiación de Inverduero decidió vender para no bloquear
el proyecto y que lo hizo por 2,5 millones cuando estaba tasado en 4,2.
“Actualmente, se mantienen con Inverduero otros dos proyectos eólicos, a
través de Enel Green Power. Uno de ellos es anterior a esta operación y
el otro, posterior. Ambos parques se encuentran operativos, por lo que
queda patente que Inverduero no era ni es un socio financiero o
instrumental, sino un socio claramente industrial local e implicado en
el desarrollo de los proyectos, si bien tuvo que salirse del
anteriormente mencionado por los problemas financieros que les afectaron
en 2009”, explica por correo.
Collosa es una empresa que “se ha caracterizado por la realización de
importantes operaciones comerciales con las distintas consejerías del
Gobierno autonómico así como organismos dependientes de la
Administración central y local”. Collosa participó con un 35% en la
empresa que construyó el edificio de las Cortes de Castilla y León.
Entre 2006 y 2007 facturó 134,4 millones a la Junta de Castilla y León.
Además, uniones de empresas en las que participó Collosa facturaron
otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo.
Hacienda resalta que “todas estas actuaciones de aparentes opciones
de compra, compras y ventas de valores culminan con traspasos de
ingentes cantidades de millones a grupos económicos de Castilla y León y
de la secuencia temporal del proceso administrativo y de los hechos
descritos se puede inferir, presumiblemente, cierta correlación entre
ambos”.
“Resulta cuanto menos sorprendente que en los meses previos al 12 de
julio de 2007, cuando Rafael Delgado deja su puesto de viceconsejero de
Economía, para ocupar el de secretario general de la misma consejería,
se produjera la firma de un gran número de resoluciones, hecho que
resulta inusual de haberse seguido la secuencia temporal que debería
haber llevado el proceso de autorización de los parques”, añade.
Su conclusión es que “el exorbitante volumen de las cantidades de
dinero transferido a los grandes grupos económicos de Castilla y León
que, tomando en consideración, exclusivamente los siete casos expuestos
sin perjuicio de que hayan existido muchos más, asciende a importes de
47, 35, 10, 7, 6, 4 y 2 millones de euros, en total más de 110 millones
de euros, lleva a considerar que no nos encontramos ante el supuesto
coloquialmente conocido como conseguidores, pues los importes
transferidos, por lo exorbitante de los mismos, multiplican por decenas
de veces los que son habituales en lo que se suele denominar como casos
de comisiones ilegales”.
El inspector de la Agencia Tributaria concluye su informe recordando
que su fin es investigar las deudas tributarias pendientes y que sus
hallazgos pueden constituir “indicio o prueba de blanqueo de capitales”.
Por eso lo envía a la Fiscalía Anticorrupción y al Servicio de
Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía para que
“continúen las investigaciones mediante el empleo de mayores medios”. (
Fernando Garea /
Rafael Méndez , El País,
20 ABR 2015)
"El alto cargo del PP que autorizó los parques eólicos recibía dinero de Suiza.
Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre
1995 y 2011 y el hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos
entre 2004 y 2007, está cercado por Hacienda.
La inspección que la
Agencia Tributaria en Valladolid ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción
destaca que, tras dejar la viceconsejería, Delgado recibió 535.721
euros desde Suiza de origen desconocido, que una empresa le pagó la
hipoteca y una reforma de la casa y una maraña de relaciones con uno de
los beneficiados por la trama eólica.
Rafael Delgado Núñez es una pieza clave en la trama eólica que la
Agencia Tributaria ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Delgado
era quien firmaba la autorización de los parques eólicos investigados
por Hacienda del periodo 2004-2007. Las firmaba a menudo después de que
las eléctricas que iban a instalar los parques se hubiesen asociado a
otro alto cargo de la Consejería de Economía, Alberto Esgueva, o con
empresarios locales.
Paralelamente, Delgado Núñez realizó una serie de negocios que han
llamado la atención de Hacienda. En 2005, compró un chalé y dos plazas
de garaje en Comillas (Cantabria) a Alberto Esgueva. Y el año siguiente
adquirió otro chalé en Valladolid también a Esgueva. Entonces estaban
los dos como altos cargos en la consejería y el segundo era socio de
Iberdrola en una sociedad con la que ganó 47,1 millones. Ninguno de los
dos ha contestado a las llamadas de este diario.
En julio de 2007, Delgado Núñez dejó de ser viceconsejero y pasó a
secretario general de la Consejería de Economía. Cesó el 30 de junio de
2011
"a petición propia”. Ponía fin así a 16 años en los que pasó por tres consejerías siempre bajo las órdenes del actual consejero de Economía,
Tomás Villanueva.
Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva
Cuatro meses después de dejar la viceconsejería, un amigo íntimo de
Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, fundó la empresa Tough Trade,
dedicada a “asesoría, ingeniería, instalación, producción y
mantenimiento de proyectos de energía renovable”. Fue esa empresa la que
canceló en 2008 la hipoteca del chalé de Comillas con un pago de
225.841 euros. Y fue esa sociedad la que pagó los 55.685 euros de una
reforma en el chalé de Valladolid.
En 2012, ya fuera de la consejería, Delgado Núñez compró un piso en
Valladolid por 498.657 euros. Lo hizo a través de una sociedad con un
domicilio en Madrid en el que es desconocida. Es el mismo piso en el que
supuestamente tenía su sede la empresa San Cayetano Wind. Esta es la
compañía de Alberto Esgueva que recibió 47 millones de Iberdrola después
de haber puesto 24.400 euros.
Desenredando la madeja, la Agencia Tributaria ha descubierto que
Jesús, el amigo de la infancia del viceconsejero y dueño de la empresa
que le pagó las reformas y le compró un chalé, tiene también poderes a
nivel mundial de la empresa Nehmo Holding, con sede en Suiza, y a cuya
propiedad no puede acceder Hacienda.
Hacienda ha detectado importantes entradas de fondos desde Nehmo
Holding a Tough Trade entre las que destacan 535.721 euros en tres
fechas entre 2012 y 2013. La empresa unipersonal de su amigo también
ingresa 350.728 euros procedentes de una empresa de Alberto Esgueva y
19.400 euros de “sociedades pertenecientes al sector de la energía
fotovoltaica”.
Las cantidades que llegan desde Suiza al amigo íntimo del
exviceconsejero “son distribuidas el mismo día o en días próximos” a
otras dos empresas de Rafael Delgado. Además, entre 2011 y 2014, Tough
Trade transfirió a sociedades de Rafael Delgado 665.429 euros. Algunas
de las transferencias iban al pago de servicios corrientes como el “pago
del alquiler de la oficina, del teléfono y del gas”.
Aunque sin citarlo expresamente, la Agencia Tributaria duda de que
los ingresos de Tough Trade sean realmente de Jesús Rodríguez Recio, que
“realiza su actividad de abogado en comunidad de bienes en Medina del
Campo” y que registra principalmente “igualas de pequeña cuantía”.
Rodríguez Recio aseguró a este periódico que se limitó a ayudar a un
amigo con dificultades económicas. Hace unos meses declaró dos veces,
cuatro horas en cada ocasión, ante el inspector de Hacienda y, según su
versión, los pagos procedentes de Suiza los recibía por su actividad
empresarial y los transfería a Delgado por amistad. Niega que sea el
testaferro de Delgado y añade: “Si yo hubiera querido trincar sería
multimillonario”.
Otra de las operaciones denunciadas por Hacienda afecta a otro ex
alto cargo de la Junta. Se trata de Andrés Martín de Paz, que fue
director general de Deportes hasta 2003, cuando Tomás Villanueva era
consejero de Educación.
En 2003, Iberdrola en Castilla y León firmó un acuerdo con Andrés
Martín y su esposa para que este entrara con un 20% en el capital de
tres parques eólicos. Crearon una sociedad en la que la eléctrica puso
el 80% y Martín 357.602 euros por el 20% restante. Poco después,
Iberdrola recompró las acciones por 4,23 millones de euros sin que
Hacienda haya encontrado “ninguna prueba, siquiera indicios, de que
Andrés y su esposa prestaran servicios” a Iberdrola.
Martín de Paz se defiende alegando que todo es una confusión. Por
teléfono explica que compró unos terrenos a su familia para
arrendárselos a Iberdrola durante 25 años como había hablado con el
delegado de la eléctrica en esa comunidad, Ricardo Bravo Sayas, al que
este diario no ha localizado.
“Al final, después de hacer las mediciones
decidieron cambiarlos de ubicación”. Entonces, afirma que pactó que
Iberdrola le pagara para compensarle lo que gastó en el terreno. “Perdí
dinero en la operación”, explica este conocido empresario en Valladolid,
que fue presidente del club de balonmano.
Martín de Paz recuerda su declaración hace meses ante la inspección
de Hacienda: “Yo era una mosca comparado con lo que buscaban. Iban
detrás de Iberdrola por la adjudicación de megavatios, pero lo mío no
era el problema”. Admite que el inspector le enseñó un organigrama de la
consejería de Economía.
Premio a operación con pérdidas
El inspector de la Agencia Tributaria que ha destapado la trama
eólica descarta que los pagos respondieran a una actuación individual de
algún directivo de una eléctrica. Como ejemplo señala la operación por
la que Iberdrola dio 47,1 millones a Alberto Esgueva, un alto cargo de
la comunidad que había desembolsado 24.400 euros.
“Ningún gerente ni
administrador de una sociedad que causase un perjuicio tan grande a la
sociedad para la que trabaja como consecuencia de una decisión como
esta, carente total y absolutamente de fundamento económico,
permanecería en el cargo más allá de unos días, tras haber causado
semejante pérdida y despropósito, si la situación hubiera sido conocida
por sus superiores, circunstancia que tuvo que ocurrir ya que Iberdrola
SA fue la que realizó el desembolso inicial mediante un talón de
13.595.000 euros”.
Sin embargo, “Ricardo Bravo Sayas, que llevaba la dirección de
Ibercyl [filial de Iberdrola en esa comunidad], firmante de los
aparentes contratos con San Cayetano Wind [...] no solo no tuvo que
responder de los perjuicios causados y de una posible administración
cuando menos negligente, sino que en el año 2007 dejó de trabajar,
posiblemente por jubilación, y percibió de Iberdrola Renovables las nada
despreciables cantidades de 1.174.681,68 euros sujetos a retención y,
además, otros 778.385,9 exentos, en total 1.962.929,14 euros”. (
El País
, El País, Madrid
20 ABR 2015)
