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28.11.25

Antonio Maestre: los jueces son una casta que vive con otras reglas... En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo... La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena

 "(...) Son una casta que vive con otras reglas y que están acostumbrados a que sus opiniones sean ley, porque son la ley, y la ley y las normas se adaptan a sus intereses en todos los ámbitos de la vida. Es algo que es fácil ver si miramos al caso de la hija fiscal de Antonio Marchena. En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo. Tal cual. Esas son las reglas para la casta judicial.

El caso, que fue un escándalo en la judicatura por el evidente trato de favor, muestra hasta qué punto esta élite tiene unas normas diferentes a las del resto. Para ellos la ley se escribe en agua mientras para otros está labrada en piedra y ellos la modelan en barro. La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena.

 Entren en la mente de quien tiene esos privilegios. Les va a costar porque no es fácil ponerse en su lugar cuando tienes que cumplir de manera escrupulosa la ley y las normas cívicas. Pero cuando vives con unas normas, leyes y reglamentos al margen de las del populacho te empieza a invadir una sensación de impunidad insuperable que va asociada a una serie de relaciones y capital social que te blindan porque quienes tienen que dirimir el respeto a esas leyes son aquellos que comparten clubes privados, cenas en reservados y charlas en salas de resolución judicial. Los únicos que tienen poder para dirimir si esas reglas especiales para gente como Manuel Marchena y sus amigos de fallo transgreden la ley son esos mismos amigos de fallo."

Antonio Maestre , blog, 24/11/25)

20.1.25

La pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional... La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín, García Castellón, quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo

Victor Guillot @Espejodevillano

TODOS LOS HOMBRES DE LA PRESIDENTA

EL JUEZ ELOY VELASCO, "A TOMAR POR CULO, A ONTENIENTE

" Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que una dictadura no va de una día para otro sino poco a poco, carcomiendo las instituciones. Se ve que la Presidenta de Madrid nos lee con devoción, porque este martes comparó la investigación que recae sobre su novio con el Watergate. Por otra parte, a Alberto González Amador se le va a imputar un nuevo delito por presunto soborno a un directivo de Quirón. Tras un año, el acusado por fraude fiscal y falsedad documental todavía no ha declarado por los casos que han desencadenado "el Watergate", ay. 

Tiene razón Ayuso: para tomar el poder judicial hace falta tiempo. A veces los tiempos se aceleran. La actual presidenta de Madrid, no obstante, fue testigo de toda una época de corrupción en el turbomadrid de Aguirre, Granados e Ignacio González. Casi se puede decir que todo lo que estamos observando hoy comenzó tras un tamayazo. Ayuso fue testigo en primera persona del estallido de Púnica y Lezo, primero como candidata en las listas del PP a las elecciones de la Asamblea de Madrid de 2011. Después, en 2015, como portavoz adjunta del PP, durante el gobierno de Ignacio González y más tarde como viceconsejera de Justicia.

 En ocasiones, los movimientos de los peones se aceleran. Son pasos irreversibles que resquebrajan la arquitectura del estado de derecho. Le sucedió al juez Eloy Velasco, el juez "del pueblo" (léase con toda la ironía), cuando inició la instrucción del caso Lezo y el caso Púnica en 2015. 

El juez Velasco incluyó como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir. La lista incluía al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además del propio presidente Ignacio González. ​

El periódico http://Vozpopuli.com publicó en abril de 2015 que los abogados de los imputados en la trama Púnica estudiaban acciones legales contra el magistrado Eloy Velasco por entender que pudiera estar revelando secretos del sumario, mientras algunos de los presuntos implicados permanecían en prisión.

 El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

 La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo, pero que conviene recordar hoy para saber cómo se van encofrando los pilares de una dictadura y cómo tratar a los jueces. 

A Ignacio González no le tembló el pulso ante Zaplana cuando exigió que Velasco abandonara la instrucción antes de que le estallase en la cara: "Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño". 

La grabación continúa expresando la pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional: "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no. Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...". 

De quien habla González no es otro que Manuel García Castellón que llevaba casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzaba Ignacio González, García Castellón pediría su regreso al juzgado que dejaba su sustituto. 

Para que quedar completamente aquilatada la dictadura, en los términos de Díaz Ayuso, González insistió en quién podía ser el siguiente juez que llevase la causa: García Castellón: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla"

 Efectivamente, la Comisión Permanente del CGPJ designó a Eloy Velasco y a Enrique López Velasco como los magistrados para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Su nombramiento, además, fue publicado también en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Finalmente, el juez García Castellón sustituyó a Velasco en los casos Lezo y Púnica. 

Ignacio González no sólo consiguió cambiar al juez Eloy Velasco por Manuel García Gallardo en la instrucción. También consiguió colocar al Fiscal Anticorrupción que quería: Manuel Moix.

 ADENDA El juez Eloy Velasco fue director general de justicia en el gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. 

ADENDA 2 Durante un curso celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la V Semana Internacional del Compliance, Eloy Velasco criticó al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y cuestionó su legitimidad. Refiriéndose a la aprobación de la ley del "solo sí es sí" de 2022, criticó a la entonces ministra de Igualdad por tratar de «enseñar el mundo» y explicar lo que es el consentimiento a los juristas, cuestiones que, según el juez, «nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona». 

ADENDA 3 Mariano Rajoy confirmó a Catalá como ministro de Justicia después de haber sido reprobado en la Corte de los Leones.

Última edición3:49 p. m. · 15 ene. 2025 28,4 mil Visualizaciones

12.1.25

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo (Ernesto Ekaizer)

 "La inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con carné profesional número 89169 Silvia O.M. debía declarar la semana próxima, el 13 de enero de 2025, sobre su escrito aportado al juzgado (véase el escrito) en el que desveló dos operaciones de inteligencia contra Podemos en 2016: Bolívar y Venús. Pero la decisión del juez Santiago Pedraz del pasado 8 de incorporar los expedientes de ambas a la causa, según una solicitud de la acusación particular -el partido Podemos actúa en calidad de perjudicado- ha aplazado la comparecencia testifical, de Silvia. O.M, según una providencia del pasado 7 de enero.

La nueva fecha depende, ahora, de que las instituciones policiales envíen los expedientes de las operaciones Bolívar y Venus al juzgado para conocer el alcance de las pesquisas políticas, al margen de los tribunales.

Cabe señalar que Pedraz decidió el pasado miércoles 8 esa incorporación pese al informe negativo del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien considero desproporcionada la solicitud.

Cachondeo

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo.

En dicho texto, Cosidó se mostró pedagógico con voces disidentes -los llamados senadores sorayistas que abominaban de un pacto con el Gobierno- y destacaba la goleada que suponía el acuerdo. El mensaje fue filtrado pocas horas después de ser enviado.

“Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11 a10 sino próximasal 21-0. Y además controlando la sala segunda [la sala penal del Tribunal Supremo] desde detrás…”.

El pacto voló por los aires y el PP de Pablo Casado y Alberto Nuñez Feijóo mantuvieron el bloqueo de la renovación durante cinco años y medio, hasta julio de 2024. Se dice pronto, sí.

En cambio, como director general de la Policía (2012-2017), Cosidó estuvo al frente de una institución que puso en marcha una policía política, según se ha apuntado, sin resultar imputado, ni prestar declaración en calidad de testigo, en la operación extrajudicial Kitchen en busca de datos presuntamente comprometedores para Mariano Rajoy en poder de Luis Bárcenas, un montaje en el que intervinieron 50 policías, cuyo juicio oral se contra la mayor parte de los altos cargos de Interior en fecha todavía por determinar.

El rechazo de la judicatura de investigar la Operación Cataluña, por otra parte, también le ahorró cualquier tipo de molestias.

Por último, ha sido citado en calidad de testigo el pasado jueves 9 en la causa que investiga las operaciones políticas para acabar con Podemos en 2016 y 2017.

No conoció, según ha declarado, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) sino por los medios de comunicación cuando es lo cierto que dicho informe fue elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, a cargo del número dos de la Policía, el subordinado de Cosidó. Esto es: Eugenio Pino.

Ahora, eso sí: usó ese mismo informe para acosar a Podemos en el Senado.

El 5 de octubre de 2018, Cosidó apuntó públicamente que hay "dudas razonables" sobre los fondos que pudieron llegar a los fundadores de Podemos desde Irán y Venezuela, y por ello ve oportuno que declaren aquellas personas que dispongan de información "relevante".

No sin ironía, en alusión velada al célebre whatsapp, de Cosidó, Pablo Iglesias dijo: “Ni [Manuel] Marchena, uno de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos”. Se refería a las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2015 y 2016 en las que se rechazaban las querellas contra Podemos.

En realidad, según apuntamos, los pagos presuntamente realizados, aludidos en l informe PISA, no fueron para Podemos sino para una entidad llamada CELS y eran anteriores -de ser ciertos- a la vigencia de la nueva ley de financiación de partidos, del 1 de julio de 2015.

La inspectora jefa 89169

Silvia O.M. formó parte del trío de la bencina -con García Catalán y Fuentes Gago- para interrogar en Nueva York, en abril de 2016 -despues que el Tribunal Supremo rechazó investigar el informe PISA- al exministro de Finanzas del gobierno venezolano de Hugo Chávez, sobre el presunto apoyo a Podemos. De ahí el ocurrente nombre de Bolívar. Todas estas informaciones iban saltando a los medios ante la proximidad de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 para desgastar a Podemos.

Según el escrito de la inspectora jefe, Isea aseguró que el gobierno venezolano apoyó con 7 millones de euros a la fundación ya citada. El 14 de abril de 2016, tras la conversación con Idea, se registró la operación Bolívar para comprobar los datos. De regreso a Madrid, la inspectora consultó bases de datos para verificar si Pablo Iglesias había viajado a Venezuela.

La otra operación, Venus, buscó datos para apuntalar el desacreditado informe PISA y distintas financiaciones externas de Podemos.

Ni Bolivar ni Venus obtuvieron resultados. Y fueron desactivadas.

Ahora, esos expedientes han sido solicitados por el juez Pedraz. Una vez incorporados a la causa, Silvia O.M será citada a declarar en calidad de testigo.

Cuando una comprueba la participación de los inspectores resulta que en estas operaciones políticas siempre eran los mismos.

Fuentes Gago, por ejemplo, viajaría a Ginebra en 2017 para confirmar la veracidad de la cuenta en la Union de Banques Suisses (UBS) que el comisario Enrique García Castaño filtró a un diario en octubre de 2014, a una semana de la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Falsa, claro."

( Ernesto Ekaizer , blog, 11/01/25)

29.5.24

Una parte importante de los jueces de instrucción de Alacant están llevando a cabo interpretaciones progresivamente más exigentes y arbitrarias de las leyes que amparan a los inquilinos. Estos jueces están adaptando su criterio a las necesidades de los especuladores, dificultando la defensa del derecho a la vivienda y facilitando la concentración de la misma en las manos de los que quieren hacer negocios con ella

 "La situación de la vivienda en Alacant está llegando a su punto más crítico. Si todo continua a este ritmo, las probabilidades de un colapso inmobiliario son más que probables. La situación es ya desastrosa para la población: alquileres por encima del salario mínimo, concentración masiva de la vivienda en manos de inversores, crecimiento del número de desahucios, empeoramiento de las condiciones de habitabilidad, gentrificación, acoso inmobiliario por parte de los propietarios, aumento del sinhogarismo y colapso de los servicios sociales, entre otros muchos. La vivienda ocupa tal centralidad en la vida de los barrios que su desestabilización provoca una bola de nieve que también afecta a otros sectores.

Cuando se habla de los culpables de esta situación la cuestión se vuelve más compleja. Identificamos, principalmente, a los especuladores con sus diversas caretas: fondos de inversión, bancos, inmobiliarias, pequeños y medianos rentistas, y grandes tenedores de vivienda. Sin embargo, la experiencia del Sindicat de barri de Carolines hace hincapié en la importancia que están teniendo los juzgados de instrucción de Alacant a la hora de facilitar a estos especuladores desahuciar a las familias trabajadoras y hacerse con las viviendas para usarlas como un bien de mercado.

Según asegura el Sindicat, una parte importante de los jueces y juezas de instrucción de Alacant están llevando a cabo interpretaciones progresivamente más exigentes y arbitrarias de las leyes que amparan a los inquilinos. Estos jueces están, a juicio del Sindicat, adaptando su criterio a las necesidades de los especuladores, dificultando la defensa del derecho a la vivienda y facilitando la concentración de la misma en las manos de los que quieren hacer negocios con ella.

Vulneración del derecho a la vivienda: el “decreto antidesahucios”

Prueba de esta toma de posición en favor de los especuladores son, a juicio del Sindicat, las diferentes interpretaciones judiciales que se están llevando a cabo en los juzgados de instrucción de Alacant acerca del Real Decreto-ley 8/2023 del 27 de diciembre. Este decreto establece una serie de medidas extraordinarias destinadas a paliar los efectos económicos provocados por la situación geopolítica y sanitaria de los últimos años, y se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. En su artículo 87 establece el procedimiento para la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”. En el mencionado artículo se puede leer que:

“El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador”.

Este punto da margen al juez para considerar si la persona es vulnerable o no en base a la información recibida, pudiendo desestimar la vulnerabilidad del demandado aun cuando existe un informe de Servicios Sociales que la acredite. Es precisamente gracias a esta ambigüedad del decreto-ley que los jueces de Alacant están aprovechando para introducir su ideología o su trato de favor hacia los especuladores y descartar una buena parte de los informes de vulnerabilidad expedidos por Servicios Sociales.

Este hecho suscita diversas preguntas: ¿desde cuándo un juez tiene más potestad que un trabajador social para acreditar la vulnerabilidad de una familia? ¿Por qué un juez puede desautorizar un informe de vulnerabilidad, más aún cuando es el trabajador social el que conoce a la perfección la situación de la familia frente al total desconocimiento de la misma por parte del juez?

Los autos judiciales en los que se desestiman los informes de vulnerabilidad expedidos por Servicios Sociales suelen apuntar en la misma dirección: por un lado, inciden en la falta de información suficiente para acreditar la vulnerabilidad económica del usuario. Por otro lado, también acusan la ausencia de medidas concretas aprobadas por Servicios Sociales para paliar el problema habitacional de la persona o familia vulnerable. Los jueces y juezas se suelen escudar en estos dos argumentos para denegar la vulnerabilidad del afectado.

No obstante, desde el Sindicat de barri de Carolines se han topado en diversas ocasiones con jueces que, a pesar de contar con informes de vulnerabilidad correctamente elaborados y dotados de medidas concretas, terminan por no considerar acreditada la vulnerabilidad del núcleo familiar y dar luz verde al desahucio del inmueble. En estos casos, las maniobras argumentales que se pueden leer en algunos autos son cuanto menos sorprendentes y denotan un interés particular en defender el derecho a la propiedad de los especuladores sobre el derecho a una vivienda digna que reclaman los sindicatos de vivienda.

La dudosa interpretación de una jueza: desahucio de un menor discapacitado

Uno de los casos más graves a los que se ha enfrentado el Sindicat se producía hace escasos días en el juzgado de instrucción número 12 de Alacant. Los afectados eran una madre soltera en paro y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad y con un 38% de discapacidad. Caixabank les había quitado el piso por no poder hacer frente a la deuda contraída algunos años atrás. La jueza dictó un auto el 7 de marzo en el que fijaba la fecha de desahucio para el 22 de marzo, tan solo quince días después. Esto es algo sorprendente teniendo en cuenta las enormes dificultades para encontrar vivienda en una ciudad cuyo precio del alquiler ha subido un 20% en el último año.

Pero lo que más sorprendió al Sindicat fue el contenido mismo del auto judicial. La desestimación del informe de vulnerabilidad llevada a cabo por la jueza se sostenía, por una parte, en graves errores de interpretación y, por la otra, en afirmaciones sesgadas y poco acordes con el contenido mismo del informe. La jueza no consideró acreditada la vulnerabilidad de esta familia a raíz de una serie de equivocaciones y aserciones de dudosa veracidad en la lectura del informe de vulnerabilidad.

Aunque esta parte pueda resultar tediosa para el lector, creo conveniente analizar los argumentos de la jueza. El objetivo es ejemplificar qué exigencias y requisitos se plasman en los autos judiciales para justificar la no paralización del desahucio de una familia cuya vulnerabilidad ha sido acreditada. Al mismo tiempo, no podemos dejar pasar la oportunidad de resaltar como un auto judicial plagado de errores flagrantes pueden llevar al desahucio de una familia, desahucio que no habría tenido lugar si esos errores de interpretación no se hubieran producido. Es importante que la gente conozca de primera mano el modus operandi de los jueces, y que con esta información se elaboren estrategias más eficaces en la lucha por el derecho a la vivienda. Dicho esto, los puntos conflictivos del auto judicial son los cuatro siguientes:

En primer lugar, el auto afirma que “el documento aportado por la ejecutada se encuentra carente de validez dado que data del año 2017, es por lo expuesto que no concurren en el supuesto de Autos”. El informe de vulnerabilidad no es de 2017 tal y como indica la jueza, sino del año 2024. El error se debe a que en el mismo se indica —con letras grandes— que los criterios de vulnerabilidad fueron aprobados en el pleno del Ayuntamiento en 2017, pero en otro apartado se expone claramente —con letra más pequeña— que dicho informe se emite en febrero del 2024. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el informe es válido durante un año, es un error grosero por parte de la jueza decir que el informe carece de validez.

En segundo lugar, en el auto también se afirma que “la demandada percibe una pensión no contributiva” como un motivo de peso para denegar la vulnerabilidad. Una lectura superficial del informe de vulnerabilidad nos informa de que la demandada ha sido 'propuesta' para percibir el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión, pero en el documento se especifica claramente que el cobro de las mismas no se ha iniciado. La demandada, por lo tanto, 'no percibe' ninguna ayuda social y sus ingresos rondan los 160 euros derivados de limpiezas esporádicas tal y como se especifica en el informe. De este modo, es totalmente falso que esté percibiendo una pensión no contributiva tal y como afirma la jueza en el auto.

En tercer lugar, parece ampliamente discutible y sesgada la siguiente afirmación: “La administración competente dada su facilidad probatoria no acredita en el informe tal y como menciona la legislación aplicable cuales son los mecanismos a adoptar por la administración competente para ofrecer una alternativa habitacional a la parte demandada en un plazo razonable”.

En el informe se expone que se ha llevado a cabo la inscripción de la afectada en la lista de espera para acceder al parque público de vivienda, que ha sido propuesta para una ayuda al alquiler y que se la va a orientar en la búsqueda de vivienda. Al mismo tiempo, el informe declara que Servicios Sociales no dispone de medidas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda de manera estable, es decir, que no dispone de inmuebles propios en los que albergar a las familias vulnerables.

Esta falta de inmuebles propios es algo público y ampliamente conocido por toda la judicatura. Por lo tanto, no cabe bajo este supuesto el denegar la validez del informe de vulnerabilidad porque, en ese caso, dicha invalidez debería ser extensiva a la totalidad de los informes emitidos, lo cual carecería totalmente de sentido y descargaría en los afectados las consecuencias de lo que a todas luces es un problema de gestión pública por parte del Gobierno municipal. Por lo tanto, en el informe sí se detallan medidas concretas como para considerar que desde Servicios Sociales se está intentando paliar el problema de vivienda de la afectada.

En cuarto y último lugar, refiriéndose a la situación de vulnerabilidad de la afectada, la jueza indica que “el informe emitido no fundamenta ni motiva en que se basa dichas conclusiones dado que no se aporta el más mínimo documento que soporte dichas afirmaciones”. No obstante, el informe especifica que la demandada no tiene relación ni ayuda económica de su marido, que convive con un menor de edad discapacitado en un 38%, que se encuentra en situación de desempleo y que no tiene alternativa habitacional.

Esta información es suficiente para estimar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la afectada. Los documentos que acreditan dicha situación han sido debidamente considerados por Servicios Sociales en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, resulta sorprendente que la jueza deniegue el informe de vulnerabilidad aludiendo que no se adjuntan los documentos que prueban estos hechos. La jueza bien podría solicitar dichos documentos a servicios sociales con anterioridad a dictar el auto para comprobar si efectivamente la afectada se ajusta a la información presentada en el informe. No obstante, ante la duda, la jueza opta por la presunción de no vulnerabilidad y falla a favor de los intereses del banco, dejando a una familia en la calle y sin alternativa habitacional aún a sabiendas de que la familia desahuciada podría estar amparada por el decreto-ley.

Desenlace “satisfactorio”: el Sindicat de barri de Carolines consigue aplazarlo

El abogado de la afectada presentó un recurso contra el auto aludiendo a los errores y las afirmaciones sesgadas anteriormente expuestas. La jueza desestimó el recurso y mantuvo el desahucio para el 22 de marzo. Afortunadamente, gracias a las negociaciones entre el Sindicat de barri de Carolines y Caixabank, se pudo aplazar el desahucio hasta el 29 de abril. Puede que no sea una gran victoria, pero para la afectada ha sido un alivio disponer de unas pocas semanas para encontrar una vivienda antes de abandonar la que durante los últimos veinte años ha sido su casa. Así se lo agradeció al Sindicat, del que ya forma parte.

Sin embargo, lo expuesto anteriormente puede llevar a conclusiones erróneas sobre la naturaleza del derecho. Los jueces o los juzgados de instrucción no son una institución burguesa movida bajo los hilos del capital. No representan los intereses de los especuladores por defecto, es decir, no son cómplices necesarios de estos últimos. Cada juez no se erige como representante de una gigantesca mente-colmena alfabetizada por la ideología burguesa. Estos planteamientos totalizantes y deterministas no sirven para entender cómo funciona el capitalismo a día de hoy.

Por el contrario, resulta evidente que no todos los jueces facilitan la expulsión de las familias trabajadoras de sus casas. Los sindicatos de vivienda cuentan con un largo historial de desahucios suspendidos por la vía judicial. Lo que ocurre es que la legislación existente da lugar a que la ideología de cada juez juegue un papel fundamental a la hora de decidir entre los intereses de los trabajadores o los de los especuladores. En este sentido, consideramos importante escenificar cómo la usurpación de la vivienda por parte del capital especulador requiere de cierta complicidad judicial. Un debate amplio sobre el infeliz matrimonio entre derecho y capitalismo deberá ser abordado en otro momento."              (Llorenç Saval, El Salto, 16/04/24)

2.5.24

El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)


"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

20.2.24

Una magistrada envía al banquillo al periodista Carlos Sosa a petición del juez corrupto Alba por informar sobre él

 "Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad.

La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

La Fiscalía pide archivar el caso

En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal.

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba.

El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de “faltar a la verdad burdamente”, manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después.

En conclusión, afirma el escrito, “no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente”, al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: “Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo”.  

El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: “El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas”.

Una cacería de Alba contra Rosell

Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. 

Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. 

El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. 

Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración."              (eldiario.es, 08/02/24)

24.1.24

García Castellón no prevarica... en España los jueces no prevarican, sino que pueden tener un mal día. O una mala década... García Castellón es el despiste hecho juez. Pero no es un prevaricador. García Castellón no prevaricó, sino que fue despistado cuando, en su investigación de la caja B del PP, no supo señalar quién podía ser ese tal M. Rajoy que aparecía de forma recurrente en los apuntes contables de Bárcenas... cuando García Castellón pasó de la prudencia excesiva al arrojo absoluto y se dedicó a señalar a Podemos abriendo innumerables casos sin pruebas durante años, el juez tampoco prevaricó. Cuando esas acusaciones que el juez sostuvo en el tiempo fueron archivadas, con el daño ya hecho, supimos que de nuevo había cometido inexactitudes en sus instrucciones. La lista de inexactitudes cometidas por García Castellón sin mala intención, decir lo contrario sería cometer delito de injurias, es enorme... En Estados Unidos, a la Operación Catalunya o la Kitchen lo llaman Watergate; en el despacho de este juez, folios cogiendo polvo

 "En España los jueces no prevarican, sino que pueden cometer algunas inexactitudes. A pesar del enorme tufo de politización de la Justicia, de acusaciones sacadas de la chistera en momentos políticos clave o sobreseimientos imposibles que coinciden con que el acusado es afín políticamente, rara vez verá usted a un togado siendo suspendido por el CGPJ acusado de haber retorcido de forma consciente la ley que debe hacer cumplir. Y es que en España los jueces no prevarican, sino que pueden tener un mal día. O una mala década.

Quizá el juez que más inexactitudes haya acumulado en los últimos años sea el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La lista de despistes es tan larga que parece milagroso que aún no lo hayamos visto aparecer una mañana en pijama por la Audiencia Nacional. Es el despiste hecho juez. Pero no es un prevaricador. García Castellón no prevaricó, sino que fue despistado cuando, en su investigación de la caja B del PP, no supo señalar quién podía ser ese tal M. Rajoy que aparecía de forma recurrente en los apuntes contables de Bárcenas. 

Despistes aparte, un buen juez nunca debería precipitarse. Menos aún teniendo en cuenta lo común del nombre: ¿quién no tiene entre sus familiares o amigos unos cuantos M. Rajoy? Tampoco fue prevaricación, sino excesiva prudencia, aquella vez que se negó de forma sistemática a que fuese llamada a declarar María Dolores de Cospedal. A pesar de los audios que demostraban su relación con el corrupto Villarejo, al que se le había ordenado desde el PP la destrucción de pruebas que señalaban al partido, al juez no le parecieron motivo de sospecha suficiente. 

Todos tenemos nuestra interpretación. Un juez también. Y no por ello es un prevaricador. Del mismo modo, tampoco prevaricó García Castellón cuando, sin que nadie lo entendiese, decidió luchar contra los corruptos de una forma sorprendente y rebajó la fianza de Ignacio González para que pudiera salir de prisión. La carrera de García Castellón está repleta de decisiones personales e intransferibles, emanadas todas ellas desde una absoluta independencia de interpretación que todos deberíamos respetar.

Cuando, con unos cambios de ritmo que ya hubiera querido Cruyff sobre el césped, García Castellón pasó de la prudencia excesiva al arrojo absoluto y se dedicó a señalar a Podemos abriendo innumerables casos sin pruebas durante años, el juez tampoco prevaricó. Cuando esas acusaciones que el juez sostuvo en el tiempo fueron archivadas, con el daño ya hecho, supimos que de nuevo había cometido inexactitudes en sus instrucciones. La lista de inexactitudes cometidas por García Castellón sin mala intención –decir lo contrario sería cometer delito de injurias– es enorme. Y en esa lista los casos abordados con pasión desenfrenada y los abordados con excesiva prudencia se van alternando. 

El último, la investigación de la Operación Catalunya. En este caso el prudente juez ha tardado dos años en informar de que se niega a investigar las maniobras ilegales del Villarejo que fabricaba pruebas falsas contra rivales políticos por encargo del PP. Un despiste que ha provocado durante todo este tiempo la paralización de un caso que, para García Castellón, debe de ser un caso menor. ¿Qué es el uso de guerra sucia por parte de un Gobierno contra rivales políticos comparado con pedirle las facturas de los empastes a Juan Carlos Monedero? En Estados Unidos, a la Operación Catalunya o la Kitchen lo llaman Watergate; en el despacho de este juez, folios cogiendo polvo.

Quizá, además de despiste, lo de García Castellón sea falta de recursos. Tal vez el problema de este juez, a veces despistado, a veces apasionado, sea la imposibilidad de abordar casos que afectan al PP mientras anda volcado en la instrucción de otros más interesantes. Por ejemplo, la investigación por posible delito de terrorismo contra los líderes del procés. Justo mientras PSOE y Junts negociaban la formación de Gobierno con el peaje de la amnistía, García Castellón, despistado a veces, pero no siempre, fue el único tipo en España con visión de lince suficiente para darse cuenta en 2023 de que el infarto sufrido cuatro años atrás por un turista en Barcelona durante las protestas de Tsunami Democràtic pudo ser un atentado perpetrado por Carles Puigdemont. Que el guiri tuviese un problema cardiaco congénito y que ni a su propia familia se le hubiese ocurrido relacionar los hechos no convierten a García Castellón en un prevaricador, sino en un juez a veces despistado y a veces apasionado. Siempre desde la honestidad y la profesionalidad. 

Insinuar lo contrario, como ha hecho recientemente la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, es poner en duda la independencia de la Justicia, como bien ha denunciado el CGPJ, en manos del PP desde hace cinco años con el mandato caducado. Como bien le apuntaron desde el PSOE tiempo atrás a un vicepresidente con coleta que por aquel entonces era tan malpensado como lo son hoy los ministros del Partido Socialista. Basta ya, unos y otros, de poner en duda a una Justicia española cuyo funcionamiento es intachable. E independiente."               (Gerardo Tecé, CTXT, 22/01/24)

13.11.23

Joaquín Urias (ex letrado del Tribunal Constitucional) ha enumerado hasta seis nombres de jueces con nombres y apellidos que han aplicado el ‘lawfare’ durante su carrera profesional en el sistema judicial: -Vicente Ríos, contra Mónica Oltra. -Manuel García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont. -Sala Segunda del Supremo, presidida por Marchena. -Pablo Llarena, proces

Joaquín Urías@jpurias
 

Una magistrada me reta a nombrar jueces que hacen lawfare. Vale. Ahí van:

-Vicente Ríos, contra Mónica Oltra.

-Manuel García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont.

-Sala Segunda del Supremo, presidida por Marchena.

-Pablo Llarena, proces.

Opinar no es delito, señora.

12:29 a. m. · 12 nov. 2023 1,9 M Reproducciones

 

 "Juristas comienzan a señalar a compañeros que han aplicado el ‘lawfare’ en numerosos casos mediáticos.

El constitucionalista Joaquín Urías y la magistrada Victoria Rosell citan casos como el del ex juez Alba, condenado a seis años de prisión por conspirar contra ella “para hacer méritos con el PP” en plenas elecciones.

 a reacción unánime de todos los estratos de la judicatura contra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el referido al presunto ‘lawfare’, comienza a tener contestación entre los propios juristas y magistrados, algunos de los cuales han comenzado a señalar a compañeros que aplicaron esta supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de jueces y fiscales de España han mostrado estos días de forma unánime en reiterados comunicados su “preocupación” y “rechazo” por los acuerdos de socialistas y Junts, especialmente en el concerniente al concepto de lawfare que incluye el pacto entre ambas formaciones. El máximo órgano de gobierno de la judicatura ha llegado a afirmar en una declaración institucional que el proyecto de amnistía, que aún no se conoce, será “incompatible con el Estado de Derecho”.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías ha enumerado hasta seis nombres de jueces y juezas con nombres y apellidos que han aplicado el ‘lawfare’ durante su carrera profesional en el sistema judicial.

Así, Urías ha asegurado que magistrados tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional aplican en algunos de sus autos judiciales el polémico ‘lawfare’ con fines políticos partidistas. Ante las amenazas de interposición de denuncias de compañeros por estas acusaciones, el propio Urías argumenta que todos estos jueces señalados “seguramente no prevaricaron, porque están convencidos de haber hecho lo justo. Pero, desde luego, con sus sentencias actúan políticamente. Y eso es lawfare”, concluye.

Entre los jueces señalados por Urías de aplicar lawfare se encuentran Vicente Ríos, contra la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra; el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por sus actuaciones judiciales contra Podemos, los CDR y Carles Puigdemont; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, magistrado de esta Sala Segunda del Supremo que instruyó el caso del ‘procés’; y también otros como la magistrada Carmen Lamela, también de la Sala Segunda del Supremo, o el ex juez Salvador Alba, que cumple actualmente una pena de seis años de prisión por conspirar contra la magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando comenzó su carrera política con Podemos.

Precisamente, Rosell ha señalado este lunes que no existe “ningún ‘error judicial’ en el ‘lawfare’ del juez Alba”, el caso que le afectó personalmente en su carrera política. Recuerda la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género que el ex juez en prisión “fue candidato al Consejo General del Poder Judicial y al TSJC por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)”.

Rosell ha recordado que Alba, “para hacer méritos con el PP y José Manuel Soria”, ex ministro durante la etapa de Mariano Rajoy, “en plenas elecciones nos imputaban delitos a mí y a Carlos Sosa (director de Canarias Ahora) falseando pruebas que publicaban El Mundo y otros. Querían encarcelarnos”, concluye Rosell."                   (Natalio Blanco, Diario16, 13/11/23)

18.10.23

Villarejo manipulaba a jueces de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción

 "Si dentro de la polcía existía una presunta organización liderada por Villarejo, junto con Juan Antonio González, José Luis Olivera y su amplia estructura de policías, los tentáculos dentro de la Justicia también fue crucial para la apertura de otras investigaciones que convenían a los clientes de Cenyt por ejemplo contra Ignacio González, Pérez Dolset o el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal.

El objetivo era eliminar enemigos políticos o adversarios empresariales, no solo político, y para eso el comisario José Manuel Villarejo y su lobby de socorristas utilizaban los recursos y a los mandos a su alcance del Ministerio del Interior, pero también a los que tenían a su alcance dentro del Ministerio de Justicia. Es más, es que este era uno de los argumentos de venta que publicitaba el comisario Villarejo en la web del Grupo Cenyt.

En la agenda del comisario hay nombres destacados del mundo de la justicia, de hecho creó una empresa através de la que daban charlas de Derecho ilustres como el abogado Adolfo Prego (hermano de la periodista Victoria Prego), el actual fiscal de acción disciplinaria y exfiscal Anticorrupción Manuel Moix y el fallecido fiscal general del Estado, Manuel Maza.

En el caso del nuevo fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, colocado en contra del criterio del Consejo Fiscal por Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, sorprende sobre todo por que tanto Moix como la predecesora de García Ortíz y su pareja, es decir, Dolores Delgado y Baltasar Garzón son de los miembros de la judicatura que asiduamente aparecen en los apuntes y los audios del comisario Villarejo.

No son los únicos, los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz o la jueza Teresa Palacios son otros de los que acudían a las comidas una vez al mes, a las que también asistía puntualmente los empresarios Mauricio Casals y Adrián de la Joya, quienes como la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal tienen una suerte extraordinaria cada vez que un caso que les compromete cae en manos del también juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El encargo de Cospedal contra González

Al igual que la familia del expresident Jordi Pujol solicitó al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió personarse en la causa Tándem, ya que estaba seguro que desde las propias filas del PP le habían hecho diferentes encargos a Villarejo contra él.

Primero fue el caso del ático de Estepona (Málaga), que finalmente quedó archivado, para el que Villarejo utilizó toda su artillería: periodistas a los que filtró el informe como una investigación de la UDEF sin serlo y estos así lo publicaron; el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a quien ya conocía por la causa Astapa; la jueza, también antigua conocida, y su propia asociación Transparencia y Justicia, quien se personó como acusación popular al igual que el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuando lo presidía su gran amigo José Manuel Sánchez Fornet.

Ese espionaje del ático venía a favorecer a tres opositores de González, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a la exultante nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al propio Mariano Rajoy, con quien el dirigente madrileño se había enfrentado.

En diferentes conversariones con amigos que constan en el sumario, como la periodista Ana Rosa Quintana, con el comisarioi Juan Antonio González o con Mauricio Casals, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Villarejo deja claro que ha sido el PP y Cospedal quienes le han hecho el encargo, pero que “no ha trincado nada”, (...)

Villarejo: Yo solo se la he hecho a Ignacio González...

Mauricio Casals:Es muy inocentón y con lo de Ignacio lo está pasando mal, eh..

Villarejo: ¡Yo sí que lo he pasado mal! Y además yo no he trincado nada, conmigo no ha repartido nadie nada y encima me han repartido hasta en el carné de identidad. 

Una de las piezas por las que está imputado Ignacio González en la causa Lezo es la relativa al tren de Navalcarnero. Una supuesta comisión que el expresidente madrileño habría cobrado del exconsejero de OHL, Javier López Madrid. Sin embargo, los proyectos y el concurso del tren quedó cerrado cuando María Dolores de Cospedal era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, justo antes de ascender a la secretaría general del PP, y los 1,4 millones de euros no cayeron en ninguna cuenta de González en Suiza, si no en la del socio del comisario Villarejo, Adrián de la Joya.

 Aún así, el juez García Castellón, que instruye Lezo al igual que Tándem, no ha querido cuzar los datos que aparecen en una causa y en otra, hasta el punto de que el expresidente madrileño escribió a la propia Unidad de Asuntos Internos, quien le ha contestado que ha remitido toda la información relaciona con él al juez. Al igual que pasó con la familia Pujol sin que a García Castellón le pareciera suficiente para dejarle personarse

Filtraciones de la Fiscalía Anticorrupción

Pero otra de las cosas que algunas partes comienzan a reprocharle a García Castellón, es que tampoco se haga cargo en sus causas de las filtaciones a la prensa desde Fiscalía Anticorrupción. El empresario Javier Pérez Dolset, víctima en la causa Tándem e imputado junto a Mauricio Casals y Mihail Fridman en la causa Hanta -ambas instruídas por Castellón- asegura que “la Fiscalía Anticorrupción filtró a la prensa, en marzo de 2017, que me estaba investigando cuando yo en ese momento era un denunciante que estaba recibiendo amenazas y al que querían quitar su empresa, como finalmente hicieron”.

Según han confirmado a Crónica Libre, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, un miembro de dicho cuerpo se reunió con varios directivos y periodistas de El Confidencial para filtrarles que estaba investigando a Javier Pérez Dolset. Como resultado de aquella revelación de una investigación secreta, el diario publicó el 1 de abril de 2017 la noticia correspondiente. Crónica Libre ha podido comprobar la veracidad de la filtración por una segunda fuente.

Además de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción conocían, y confirmaron a este diario, que la investigación del caso ZED había sido manipulada por el comisario jefe de la UDEF André Vega, y poco a poco se va descubriendo que presuntamente el motivo era que Planeta le había prometido un retiro dorado, el abogado de Pérez Dolset también lo ha puesto en conocimiento de García Castellón a través de sus escritos, sin que el juez se haya pronunciado al respecto.

El comisario André Vega es uno de los miembros de la UDEF, identificado por Crónica Libre, que presuntamente, se dedicaban a fabricar informes falsos con objetivos comerciales dentro de la estructura de Villarejo. Existen pruebas documentales de la participación de André Vega en, al menos, los encargos del BBVA a Villarejo (pieza 9) y encargo de Grupo Planeta para investigar a Blas Herrero (pieza 12).

Recordemos que, en este momento, los ejecutivos de Planeta Luis Elías y Antonio López se encuentran a la espera de juicio por contratar al comisario Villarejo en la Pieza 12 de Tandem. Anticorrupcción pide para ellos, 4 años de cárcel.

Las cuentas falsas de Panamá

Así mismo, este diario desveló este verano la participación de Mauricio Casals y Antonio García Ferreras en, al menos, 4 operaciones, con el comisario Villarejo. En concreto los de la falsificación y difusión de cuentas falsas en Panamá de Pablo Iglesias, Xavier Trías, Juan Luis Cebrián y el ministro Soria.

Ahora conocemos que Pérez Dolset presentó una denuncia contra el Grupo Planeta y los integrantes del Grupo de Mikhail Fridman en agosto de 2016 en la Fiscalía Anticorrupción. Inmediatamente después, irrumpe en la investigación el Comisario André Vega para manipularla, llamando a declarar en la sede de la Policía a los representantes de Planeta que le habían prometido un retiro dorado, era diciembre de 2016.

Tras esta entrevista, el Comisario dirigió una Nota informativa policial a la Fiscalía Anticorrupción para que fueran entrevistados como testigos en la Fiscalía tanto Luis Elías como José Lara García, secretario del consejo y consejero delegado de Grupo Planeta respectivamente. Esta nota Informativa ha desaparecido de los registros, según ha podido constatar Crónica Libre.

Las declaraciones, que tuvieron lugar en enero y febrero de 2016  y vinieron seguidas de una serie de una serie de documentos que entregó el Grupo Planeta, que a la postre se ha demostrado que eran falsos. Crónica Libre, ha comprobado dichos documentos y cotejándolos con la información publicada por el diario El Confidencial el 1 de Abril de 2017. Se puede comprobar que su contenido es básicamente idéntico, por lo que podemos concluir que un miembro de la Fiscalía, por razones que desconocemos hasta la fecha, filtró la documentación recibida de André Vega y Planeta, tras hacerla suya y darle la calificación de Investigado a Javier Pérez Dolset.

Sin embargo, a pesar de la contundente filtración, no se realizó decreto confirmando la investigación, por lo que esta también podría ser irregular. De hecho, Crónica Libre ha podido comprobar como semanas más tarde se le firmaban actas de perjudicado a Pérez Dolset."             (Patricia López, Crónica Libre, 04/10/22)