"Es vox populi. Cualquier ciudadano con mínima información sobre los
tejemanejes nada ejemplares de la política institucional catalana sabe
de las curiosas fuentes de financiación de Unió. No son prejuicios, no
es ninguna animadversión hacia el partido democristiano catalán, el
partido de Duran i Lleida, el del Palace.
El caso que aparece estos días en prensa se reabrió en noviembre de 2006 tras un recurso de la Fiscalía. (...)
¿De qué va el caso? De lo siguiente: el caso Pallerols es una trama
–supuesta, por supuesto- de financiación irregular fechada en los años
noventa del pasado siglo, hace más de quince años.
¡La justicia es
lenta, tiene su tempo! Presuntamente, siempre presuntamente, se desviaba
el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación
ocupacional. El fiscal del caso ha pedido que Unió sea declarado
“responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo”.
El caso se destapó cuando un informe guardiacivilesco reveló que la
Conselleria de Trabajo de la Generalitat -entonces presidida por el gran
honorable-intocable Jordi Pujol, que por supuesto a pesar de haber sido
banquero no se enteró de la misa ni de la lectura del Evangelio- “había
otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros (de aquel
entonces) a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar
cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo”.
No es
imposible que unos 800 mil euros o algo más se sumaran al haber del
partido democristiano y social-muy-social.
La petición del
fiscal se puede resumir así: nueve años de cárcel para el entonces
director de empleo de la Generalitat -y secretario de organización de
UDC de 1992 a 1996-, el senyor Lluís Gavaldà, y para la entonces número
dos de la Conselleria, la senyora Dolors Llorens, “por malversación de
caudales públicos y cohecho”.
Por otra parte solicita once años cárcel
para el empresario andorrano, Fidel Pallerols, “por los delitos de
malversación, cohecho y falsedad”; y ocho para su esposa, María de la
Cruz Guerrero, por los dos primeros delitos.
Están imputados también
Vicenç Gavaldà, hermano de Lluís Gavaldà (Unió siempre ha tenido muy en
cuenta la familia y su bienestar), para quien el fiscal pide once años, y
Santiago Vallvé, militante de Unió con antecedentes (fue condenado a
algo más de un año de prisión por el llamado caso Turismo, una trama de
corrupción vinculado al Consorcio de Turismo de Catalunya en el que se
malversaron un millón de euros, sólo 1 millón de euritos), para quien se
solicita siete años de prisión.
La Fiscalía (Fernando Rodríguez
Rey es el fiscal del caso) reclama a UDC casi 200.000 euros como
partícipe de la trama a título lucrativo [2]. En las conclusiones
provisionales, pide también que los procesados indemnicen, conjunta y
solidariamente, “al Departamento de Trabajo con 595.972,61 euros,
cantidad que habrían desviado de las subvenciones recibidas por
Pallerols para la realización de cursos de formación” [3].
El
punto nodal: en el proceso tienen que declarar como testigos, entre
otros, el gran líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, el diputado
en el Congreso (en Madrid se suele decir aquí) Josep Sanchez Llibre, al
igual que el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, que entonces
formaba parte de Unió (son casi intercambiables).
Las defensas
de los acusados tienen la cara-cemento-armado de esgrimir el argumento
que “en la causa concurre la atenuante de dilaciones indebidas, dado el
tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que comenzó en
1999 y se remonta a subvenciones cobradas desde 1994”. Sin inmutarse un
pelo, sin enrojecer. Son “profesionales” de la justicia. (...)
¿Será que todos los políticos institucionales de la derecha conservadora
y afines, catalana, gallega o española, están confeccionados con el
mismo o parecido patrón?" (Salvador López Arnal, Rebelión, 09/01/2013)
