’Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva... La falta de controles entre marzo y mayo de 2020 facilitó el pillaje... intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

 "Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”. Un empresario experto en el comercio con China describe así la situación vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya más de 100.000 vidas en España, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado este escándalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene varios casos en investigación y analiza estos días otros 12 contratos de distintos organismos de la Administración central que suman 300 millones de gasto público para decidir si abre diligencias.

Tras año y medio de pesquisas secretas, Anticorrupción destapó y denunció el martes los “injustificados” beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño: ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero que ambos dieron al dinero rapiñado —un piso de un millón de euros, un velero, relojes de lujo, coches deportivos— se ha convertido en el símbolo de un escándalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.

Las administraciones públicas españolas gastaron entre marzo y mayo de 2020 casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material imprescindible en China, convertido entonces en un “mercado persa”, según los empresarios consultados por EL PAÍS. “Exigían el pago por adelantado, había una especulación galopante con los precios, todo era volátil en relación con mascarillas, guantes, test de antígenos o equipos de protección individual”, alega uno de ellos.

El gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (más de la mitad a cargo de las comunidades autónomas) para la compra masiva de material anticovid se convirtió en un colosal botín de dinero público del que se aprovecharon muchos “pillos”, según la denominación utilizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luceño, se hicieron multimillonarios en unos pocos días a costa de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años.

Contratación sin reglas. El Gobierno aprobó en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de muertos al día en España y contagiaba a decenas de miles de personas, un decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayoría de las normas de contratación. “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”, rezaba el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Se podían adjudicar a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva desencadenó la avaricia de determinados intermediarios que hicieron negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situación.

Un empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 años importando material desde China recuerda cómo aquel negocio, sin normas rígidas que lo regulasen, se llenó de oportunistas: “Cuando vimos la desesperación, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de protección individual] venía de empresas privadas y de administraciones. En aquellos días cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un contactillo mediaba en estas actividades. Lo podía hacer cualquiera. Algunos eran gente en ERTE que no tenía otra ocupación esos días. Pedían comisión o compraban la mercancía y la revendían. Era muy normal aquellos días”.

En circunstancias normales, aquellos espabilados no habrían podido ni acercarse a las ventanillas de la Administración para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros meses de pandemia no había filtros ni medidas de seguridad para evitar el saqueo.

 El alcalde de una de las 20 ciudades más pobladas de España cuenta a EL PAÍS: “En mi ciudad no teníamos EPI ni para los policías municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que acudían a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos”. “Pero el problema”, añade, “no reside en que la empresa o intermediario que nos ofrecía material de China careciera de experiencia en el sector sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada”.

Los sucesivos decretos de alarma permitieron durante 422 días, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres primeros meses, los cargos públicos compraban el material apremiados por una situación trágica e incontrolada. No podían pararse a comparar precios para elegir las mejores ofertas ni podían poner condiciones a las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrecían el material.

 El precio era lo de menos; el mismo día, una administración pública podía contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a nueve euros, diferencias abismales que solo se podían justificar por la caótica situación que vivía el mundo y por la falta de escrúpulos o el exceso de avaricia del intermediario que imponía las condiciones de la venta.

Gasto público desenfrenado y descontrolado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compró a finales de marzo de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5 euros por unidad. Este contrato está denunciado ante la Fiscalía por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposición de izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció otro contrato —1,5 millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad— que benefició al hermano de la presidenta, quien cobró al menos 55.000 euros por unos días de gestiones para conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo Daniel Alcázar. La Fiscalía Anticorrupción puede conocer por cuánto compraron los intermediarios en China y a cuánto vendieron. La diferencia dará en cada caso la medida del escándalo. En ese mercado sin apenas controles legales, los más escrupulosos cobraron por sus gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos llegaron hasta el 300%, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el análisis hecho por EL PAÍS tras consultar a decenas de implicados.

Mercado caótico. Ninguna administración ni organismo público se libró de aquel mercado caótico, según comprobó el Tribunal de Cuentas en una investigación aleatoria. El Banco de España pagó 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña conseguía idéntico material por 4,87 euros y RTVE las adquiría todavía por menos, entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero pasado, señala más desproporciones: “En lo que respecta a la adquisición de mascarillas quirúrgicas, los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación Especial de Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de Cataluña, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de Galicia, con una diferencia de algo más del 50 % entre el contratista más barato y el más caro.

Los guantes higiénicos fueron adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a los 2,42 en la Delegación Especial de Andalucía, esto es, más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo. La Delegación Especial de Cataluña llegó a pagar un precio de hasta 14,38 euros por litro de gel hidroalcohólico, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegación Especial de Madrid se pagó 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020″, explica el informe del órgano fiscalizador. Este gasto público tan desequilibrado no tendrá sanción penal. Las normas de contratación en pandemia perdonaban todas estas anomalías.

El Ayuntamiento de Valladolid logró en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35 euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno, 200.000 mascarillas quirúrgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato que costó al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acabó en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos días; y las mascarillas KN95, justo el doble.

Las mordidas de los piratas. Nunca nadie ganó tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de material a las administraciones públicas. Pero nunca antes se vivió una situación tan excepcional. ¿España es un país de pícaros?

Un empresario que vendió material aquellos días responde: “A mí me parece lícito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas mordidas. Ten en cuenta que había mucha gente sufriendo. Había intermediarios de buena fe, que eran la mayoría, y pedían un 5%, pero luego había piratas que pedían hasta el 40% y trabajaban para administraciones públicas. Yo rechacé ventas en las que me llegaron a pedir un 30% de comisión. Quería que el material llegara a un precio razonable”.

El jefe de compras de un hospital público madrileño cuenta que en los primeros días (tras la centralización de las compras por parte de la Consejería de Sanidad) se llevó una sorpresa: “Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se quedaban sin vender. Lo que pasó es que los proveedores ordinarios no tenían dinero en mano así que se compró a empresas poco habituales, empresas que ni siquiera tenían empleados, sin actividad. Cantaba por todos lados. A mí me escandalizó todo. Se buscaban una sociedad para facturar y hacían las compras por ahí”.

 El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer “en su momento, prospecciones del mercado”.

Un gestor público que firmó la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido: “En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escrúpulos haciendo caja. Hubo quien se dedicó a rapiñar con la muerte de la gente. Y también hubo gente ejemplar”.

Los agujeros negros de una respuesta de emergencia. La respuesta de las administraciones públicas para proteger la salud de la población, contener la expansión del virus y reforzar el sistema de salud pública ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos aspectos; desde la gestión puramente sanitaria del problema hasta el control del dinero público empleado en combatir la pandemia.

El enriquecimiento no es delito en pandemia

El Código Penal y la contratación de mascarillas. El decreto de alarma que aprobó el Gobierno para hacer frente a la pandemia introdujo en su artículo 16 la posibilidad de aplicar contratos de emergencia a las compras de material antiCovid. Esa excepcionalidad, justificada por la gravedad de la situación, evita ahora que la Fiscalía Anticorrupción pueda considerar delictivos los precios inflados que muchos intermediarios impusieron a las administraciones públicas para importar material de China.

Imputados por material defectuoso, no por beneficio exagerado. Los primeros imputados en España por un contrato de venta de mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron de acuerdo para obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico” y lo consiguieron (seis millones de los 11 que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material), según relata la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Pero no están imputados por ese enriquecimiento, sino porque el material entregado fue defectuoso, no correspondía al comprometido, era de una calidad inferior y, por tanto, se produjo una supuesta estafa. Los guantes no tenían las medidas prometidas y la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid llegó a fotografiar el mismo material de un supermercado a 0,08 euros mientras que el entregado por Medina y Luceño costaba dos dólares (1,62 en comisiones).

Blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción también atribuye a Luis Medina y Alberto Luceño un delito de blanqueo de capitales —introducir las ganancias ilícitas en el circuito económico legal— por la compra de un velero, un piso en Pozuelo, numerosos coches y relojes de lujo o la estancia en un hotel de lujo con el dinero obtenido de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es confusa respecto a este punto y señala que no se puede atribuir blanqueo de capitales cuando se trata de “autoconsumo”, como pagar viajes o el alquiler de una vivienda con el dinero procedente del delito pues no puede apreciarse el objetivo de ocultar o encubrir bienes. Los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid dedicaron gran parte de sus ganancias a comprar bienes de lujo. Medina adquirió un velero, mientras que Luceño se compró media docena de coches: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast, un Mercedes AMG GT 63S, un Mercedes SCL 300, un Range Rover Sport, un KTM X BOW y un BMW I8 Roadster.

Tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recuerda que no había ningún procedimiento reglado para la adquisición de material sanitario en pandemia. Por tanto, explican, es muy difícil acreditar que hubo tráfico de influencias en el hecho de que una empresa para la que trabajaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fuera contratada para conseguir 250.000 mascarillas FPP2. No obstante, quienes participaron en la gestión, tanto la parte contratante como la parte contratada, serán llamados a declarar por Anticorrupción. En la causa abierta por el contrato del Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía relata la participación indirecta de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que supuestamente puso en contacto a los comisionistas con el personal municipal encargado de las compras de material. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que en esa gestión pueda haber tráfico de influencias y nadie del Ayuntamiento de Madrid está imputado en la causa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.

Malversación de fondos públicos. La Fiscalía Europea reclama para sí la investigación del contrato de las mascarillas que benefició a una empresa, Priviet, que a su vez pagó al menos 55.000 euros al hermano de Díaz Ayuso. El argumento para reclamar esa competencia es que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para abonar los 1,5 millones de euros por las 250.000 mascarillas que consiguió traer de China el hermano de la presidenta madrileña proceden de fondos europeos. 

Delitos de Corrupción. La Fiscalía, que sigue adelante con su propia investigación, sostiene que el caso solo se puede examinar desde la perspectiva de los delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios u otros relacionados con la corrupción. Pero en ningún caso se ha producido una malversación de fondos públicos. “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas”, señalan fuentes fiscales, “Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”, añaden estas mismas fuentes."                (José Manuel Romero , Fernando Peinado , El País,  10/04/22)

Núria Marín, la concejal que denunció el desvío de fondos del Consell Esportiu de L'Hospitalet: "Tú haz lo que tienes que hacer"

 "La declaración la semana pasada ante la Policía Nacional de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, provocó una réplica del terremoto en la agrupación local del PSC que causó el estallido del caso antes del verano. 

En una tensa asamblea, a cuya grabación ha tenido acceso elDiario.es, las dos partes enfrentadas solo llegaron a una conclusión: la alcaldesa no puso trabas a que el concejal de Educación, el socialista Jaume Graells, denunciara las irregularidades presuntamente cometidas por dos compañeros de partido y de consistorio, el segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, y el concejal adjunto de Deportes, Cristóbal Plaza.

Una jueza de L'Hospitalet investiga si Plaza, Alcázar y otros representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 para pagar gastos personales. El caso del Consell Esportiu, destapado por Nació Digital, llegó a los tribunales tras una denuncia de Graells, y acumula de momento trece investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. 

 La jueza ha permitido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona a llevar a cabo varias pesquisas, entre ellas el interrogatorio en comisaría de Marín, y espera recibir un informe de la Policía antes de decidir los próximos pasos. En la declaración, que se alargó tres horas, los agentes insistieron en saber si Marín conocía las irregularidades investigadas. La jueza todavía no ha imputado formalmente a la alcaldesa, que también es presidenta de la Diputación de Barcelona.

A la espera de la evolución judicial de la causa, el vídeo de la asamblea telemática del PSC de L'Hospitalet del pasado martes constata el enfrentamiento entre Graells y Alcázar. Éste último llega a tildar a su compañero de partido de "impresentable".

La asamblea empieza con una cronología de Marín sobre el caso. Tras recibir en febrero versiones "contradictorias" de denunciantes y denunciados y constatar que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente porque el Consell es un ente privado, Marín explica que a finales de febrero decidió que sería la propia entidad la que encargaría una auditoría. Unos días después, continúa la alcaldesa, Graells fue a verla a su despacho y le trasladó que, por recomendación de su abogado, iba a denunciar las irregularidades detectadas.

"Tú haz lo que consideres que tienes que hacer", fue la respuesta de Marín a Graells, según la alcaldesa, una versión que el concejal corrobora en la asamblea minutos después. "Lo que ha apuntado la alcaldesa responde plenamente a la realidad", indica Graells en dos ocasiones, para a renglón seguido justificar a sus compañeros de partido la denuncia ante la Policía que interpuso el mes de mayo: "Si no denunciaba podría entrar en delitos de prevaricación y tal, cualquier cargo público que detecta irregularidades tiene la obligación de denunciarlo, que es lo que yo he hecho". La alcaldesa también explica a la militancia que remitió "a la autoridad judicial" un correo con documentación del Consell que le envió Graells.

La auditoría encargada por el Consell quedó frenada por la judicialización del caso. Graells no esconde su enfado y decepción con el PSC, que considera que no le ha apoyado en su denuncia contra la corrupción de sus compañeros. "A mí no se me ha dado credibilidad y en muchos ámbitos se ha tomado en broma el tema", lamenta el concejal. Las irregularidades en el Consell que denunció, abunda Graells en la asamblea, son "inadmisibles políticamente y éticamente". "Tendrían que tener ya unas responsabilidades políticas evidentes", apostilla, sin mencionar a los otros dos concejales.

Tras la publicación de esta información, Graells se ha puesto en contacto con elDiario.es para indicar que, además de por recomendación de su abogado, informó a Marín de que iba a denunciar porque el Consell no arrancaba la auditoría, y que finalmente sí denunció los hechos unas semanas después. El concejal ha agregado que dio la misma versión ante la Policía.

 La asamblea continúa con alusiones veladas a que la denuncia de Graells se explica por el proceso de primarias para liderar el PSC de L'Hospitalet, que venció Alcázar el pasado mes de febrero por un estrecho margen frente a su suegro, Fran Belver, y por cuestiones "personales" que afectan a la familia del concejal denunciante. Graells ha dimitido como teniente de alcaldía pero no ha dejado su acta de concejal. Quien sí dimitió el pasado fin de semana fue Cris Plaza, investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad.

Graells desmiente todas las tesis alternativas y remarca que la denuncia solo tiene que ver con las "irregularidades" que observó cuando entró durante el actual mandato en la dirección del Consell, una entidad privada pero que se nutre de subvenciones públicas y cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

La caja de los truenos se destapa definitivamente con la intervención de Alcázar. "No voy a dimitir porque no hay motivos", empieza Alcázar, quien afirma que se apeará del cargo si observa que es un "obstáculo" para que el PSC mantenga la alcaldía de L'Hospitalet y obtenga un buen resultado en las elecciones catalanas de febrero. Alcázar llega a valorar su eventual dimisión como "una herencia del 'podemismo' que ahora gobierna con nosotros en España" consistente, a su juicio, en "pagar una parte de la culpa antes de saber si eres culpable o no". "No estoy de acuerdo con esa presunción de inocencia", remacha.

"Pues tienes muy poca visión política porque te tienes que ir", replica Graells, a lo que Alcázar responde tildando a su compañero de partido de "impresentable" y pidiéndole que corte el micrófono. "Estoy hablando yo, esto no es Telecinco", lanza Alcázar.

Alcázar tilda las razones expuestas por Graells para denunciar el caso de "excusa". Ante la interpelación, Graells quiere replicar, pero Alcázar prosigue con su intervención y asegura que la segunda denuncia ante los tribunales del caso, que presentó ERC, eran "fotocopias guarrillas y seleccionadas" de papeles del ente y "una carta de supuestos familiares del Consell con distintas tipologías de letras como si estuviéramos en una película de la mafia".  

 Graells se queja de que le están cerrando el micrófono, a lo que Alcázar agrega: "Sí, es que hay un orden de palabras y esto es un partido político". El teniente de alcalde acaba su intervención apelando a la "unidad" del PSC y con un llamamiento a "desterrar los temas que nos han tenido entretenidos este año" y centrarse en ganar las elecciones catalanas y reeditar la alcaldía de Marín en 2023. La asamblea finaliza sin que Graells pueda volver a intervenir. "                     (Oriol Solé Altimira / Neus Tomàs , eldiario.es, 17 de diciembre de 2020)

Villarejo y Guinea Ecuatorial: "negocios" desde los 90 al calor de sus grandes reservas de gas y petróleo

 "La pasada Nochebuena, el diario digital Vozpopuli avanzaba la detención en Dubai, donde residía desde el año pasado, de Cándido Nsue Okomo, hermano de Constancia Mangue Nsue Okomo, actual mujer de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial desde 1979 y madre de su teórico futuro sucesor Teodorín. 

El juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el Caso Villarejo (Caso Tandem) había cursado una orden de detención internacional. Cándido Nsue y su sobrino Crispín Edu Tomo, en 2012 respectivamente director general y director de Marketing de Gepetrol, la empresa pública de Guinea Ecuatorial que gestiona sus yacimientos de gas y petróleo, figuraban como investigados en el Caso Villarejo desde el primer momento junto a su hombre en España, Francisco Menéndez Rubio, abogado, profesor de la UNED y socio y administrador único sobre el papel de la sociedad Framen Consultores y Asesores SL.

A Nsue y Edu se les investiga por desviar, ocultar y blanquear con ayuda de Menéndez y Framen Consultores y Asesores SL, cerca de 30 millones de euros  de Gepetrol entre al menos 2010 y 2013. Se prevalían de sus puestos directivos para suscribir contratos ficticios y admitir facturas ficticias entre Gepetrol y una red de empresas, entre las que figuraba Framen, a nombre de testaferros o terceros. 

Asimismo, el juzgado investiga las razones por las que, en 2012, Nsue contrata con Villarejo a través de Menéndez y se le hace entrega, en mano y vía transferencia de al menos 3,2 millones de euros. También se indaga en una pieza separada del Caso Tandem, la primera, los servicios prestados a cambio de una contraprestación a ciudadanos guineanos vinculados a Gepetrol por el exjefe del puesto fronterizo de Barajas, el comisario Carlos Salamanca con relación al franqueo de la frontera de Barajas y trato "Vip" de pasajeros y equipajes.

 Los hechos investigados se centran en 2012 para Villarejo y para los guineanos en el periodo en el que el dinero es desviado de Gepetrol. Sin embargo, el sumario y los archivos incautados a Villarejo apuntan a múltiples interacciones en asuntos relacionados con Guinea Ecuatorial que se remontan a los años 90, cuando se descubren en el Golfo de Guinea una de las mayores reservas de gas y petróleo de Africa.

Es el dinero de Gepetrol lo que fundamenta la querella que abre el Caso Villarejo en la Audiencia Nacional 

La trama de saqueo y ocultamiento del dinero de Gepetrol usando la española Framen Consultores y Asesores SL de "puente" para el dinero, había sido descubierta por la Agencia Tributaria tras iniciar una inspección a Framen en marzo de 2014. La inspección concluye tres años después, en junio de 2017 con una querella en el juzgado 27, tras atarse la investigación en noviembre de 2016 con la recepción, rogatoria mediante, de información bancaria de detalle del paraíso fiscal de Malta. Tal como consta en sus informes, dos años antes, en enero de 2015, el equipo de inspección del fisco ya proponía informar al Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales). 

Por las manos, empresas y cuentas off shore de Villarejo pasaron en 2012 al menos 3,2 millones de euros procedentes en última instancia de Gepetrol. Francisco Menéndez atribuyó las entregas a una forma de ayudar a los guineanos a "sacar" el dinero de Gepetrol y definió como "parapeto" (cobertura) el "Proyecto King" contratado por Villarejo por el que supuestamente se le entregó dicha millonada: esto es, una contratación tapadera con la que justificar los dineros que iban a pasar por las cuentas del comisario. 

Este "Proyecto King" (el parapeto según Menéndez) es el que centra la denuncia anónima que llega a Anticorrupción en abril de 2017 adelantándose oportunamente a la querella de la Agencia Tributaria de junio de 2017 con relación al saqueo y blanqueo de fondos de la pública Gepetrol. En dicha denuncia anónima se atribuye al Proyecto King la totalidad de lo cobrado por Villarejo de los guineanos, describiéndose dicho proyecto según la documentación aportada en la denuncia y otra incautada al comisario como servicios de comunicación de crisis con una doble orientación y con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros:

 a) El "Proyecto King" propiamente dicho, dirigido a desprestigiar al hermanastro y supuesto rival de Teodorín, Gabriel Mbega Obiang Lima en las fechas anteriores a su nombramiento como ministro del petróleo que significaba el fin del mandato en Gepetrol de Cándido Nsue y su equipo.

b) El proyecto complementario llamado indistintamente "Guin" o "Líder" junto al "Blog Hablemos de Guinea", orientado supuestamente a la mejora de la imagen de Teodorín y su familia, que se encontraba muy perjudicada por el desarrollo judicial de dos denuncias, una en España y otra en Francia, interpuestas contra los Obiang casi a la vez en 2008 pero admitidas a trámite con tres años de diferencia. La denuncia española había sido impulsada en septiembre en 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España de Manuel Ollé recayendo en un primer momento en el juzgado de su amigo Baltasar Garzón (apodado "Balta" por Villarejo) y derivada en 2009 por temas competenciales a un juzgado de instrucción de Canarias el cual instruye el caso desde entonces bajo las DP 737/2009. La denuncia francesa se interpone en diciembre de 2008 por la asociación Transparencia Internacional representada por Daniel Lebègue y no es admitida hasta 2011. Fue a raíz de esta última denuncia en Francia que en 2012 le fueron embargados a Teodorín sus propiedades en Francia. 

No obstante el enfoque de la denuncia anónima, la querella de la Fiscalia Anticorrupción que abre el caso Villarejo en Noviembre de 2017 abrazó el hallazgo de Hacienda tal como se puede ver en la misma portada de la querella y que figura en el folio 3 del primer tomo de todo el Caso Tandem:

 "...un grupo de individuos nacionales de Guinea Ecuatorial comenzó a invertir en España fondos que tenían su origen último en negocios ilícitos del sector del petróleo, prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol, desviando los fondos ilícitamente obtenidos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar a otros países de la Unión Europea, utilizando otras empresas pantalla y testaferros mediante los cuales realizaron inversiones de grandes capitales, entre otros, en el sector inmobiliario".

Fue, por tanto, la trama de desvío de fondos de Gepetrol descubierta por la Agencia Tributaria lo que abrió el Caso Villarejo y no tanto el asunto del "Proyecto King" de la denuncia anónima (y definido como parapeto por el propio Menéndez) que se situaba al borde de la prescripción y con limitado castigo caso de inferirse delito. No obstante, no fue hasta finales de 2018, que la Audiencia Nacional pidió la inhibición del juzgado 27 para instruir la querella de Hacienda bajo el Caso Villarejo.

Menéndez: “El informe King es un  parapeto para enmascarar la salida de dinero ”

Según Anticorrupción, por las cuentas y las manos de Villarejo pasaron al menos 3,2 millones de euros procedentes en ultima instancia de Gepetrol y los recibió de dos formas: mediante transferencias desde una cuenta suiza a nombre de Boway Holdings Ltd, con sede en Hong Kong y controlada por los guineanos; y mediante entregas en efectivo por parte del abogado Francisco Menéndez Rubio, bajo las instrucciones de sus clientes. Los fondos de Boway Holdings LTD tenían origen en Gepetrol según los hallazgos de la Agencia Tributaria durante la inspeccion que realizó en Framen Consultores y Asesores SL desde marzo de 2014 a junio de 2017 sobre los ejercicios 2011 y 2012.

 En palabras del propio Francisco Menéndez ante Anticorrupción en octubre de 2017 (fase prejudicial del caso), no se pagaron esos millones por esos informes "King"  y dichos informes tenían en mucha parte una función de "parapeto" para "enmascarar la salida de dinero" .

 La condición de "parapeto" del proyecto "King" para justificar los dineros cobrados se pone también de manifiesto con una simple y rápida comprobación de la documentación que produjo Villarejo de justificante.

a) Párrafo estándar sobre recursos necesarios. Los grandes recursos que relaciona (vehículos, etc) en la propuesta para justificar el importe de honorarios (en un principio más de 5 millones de euros) conforman un epígrafe párrafo estándar, idéntico al que Villarejo inserta en muchísimas "propuestas" para diferentes clientes.

b) Los informes "King" no ofrecían novedades. Ni a sus clientes, ni a la prensa. Se trataba de un conjunto de chismes sin prueba alguna de soporte, mezclados y fusionados con datos ya conocidos y republicados de cuando en cuando procedentes del eterno sumario del caso salido de la denuncia de Ollé de 2008. 

c) Los informes de carísimas consultoras presuntamente subcontratados por cuenta del cliente eran producciones simuladas de Villarejo. Así, puede verse con facilidad que, aunque Menéndez escriba que destina 250.000 euros a un informe USA (en referencia a un supuesto informe que Villarejo subcontrata con la famosísima y carísima consultora Strategic Forescasting Inc "StratFor" , es imposible que fuera así. El supuesto informe de Stratfor requisado al comisario es un montaje al mejor estilo Pequeño Nicolás, producido por Villarejo haciendo corta y pega: en el pie de página de cada hoja aparece como copyright la palabra "Stratford" con "d" al final. Poner un copyright incorrecto permitía al comisario jugar con la sugestión, y lo burdo del asunto evitar una acusación de falsificación. Jugando en favor de la sugestión estaba el hecho de que en febrero de 2012 se publicaba que Stratfor había sufrido un hackeo de su correo y que los difundía Wikileaks. 

Stratfor es una de las consultoras más conocidas del planeta. Pero, de forma inexplicable, Asuntos Internos (al mando del Jefe de Grupo III) no supo ver al momento el copyright incorrecto, tal y como se comprueba en su oficio de septiembre de 2018 (que para más inri adjunta el falso informe en un anexo). A cualquier persona mínimamente familiarizada con consultoras de investigación y de análisis financiero le hubieran dolido los ojos al ver ese pie de página. Pero es que, además, en los dispositivos de memoria requisados al comisario se comprueba cómo buscó en internet datos de Stratfor y... también el logo para insertar en el documento.

 Aunque el proyecto contratado fuera "parapeto" se le dió apariencia de realidad: hubo campaña mediática.

Aunque el Proyecto King fuera según el propio Menéndez un "parapeto" y el alcance de los servicios y calidad del trabajo sin duda no justifique la millonada cobrada, la coincidencia en tiempo y contenido entre los informes producidos y simulados por Villarejo y los artículos publicados durante el mismo periodo, indican que los servicios descritos en el Proyecto King y comentados en conversaciones grabadas entre Villarejo y Menéndez, tenían una parte de realidad. Porque aparentemente sí se produjeron. 

-La campaña contra Gabriel Mbega Obiang Lima se produjo en las semanas antes de su nombramiento como ministro del Petroleo. Diversos medios reprodujeron el contenido del falso informe StratforD, (atribuyéndolo a una filtración del "CNI"), que acusaba a Mbega de favorecer a empresas chinas en detrimento de Repsol, lo que provocó un comunicado oficial del Gobierno guineano, así como también se publicó contenido de los dosieres salidos de la fértil pluma del comisario en los que se decía que Gabriel Mbega pidió dinero a Repsol y Caixa (que ambas compañías negaron) o que favoreció a empresas americanas como Exxon Mobil, también a cambio de dinero. Asimismo, en sus dosieres, Villarejo le acusaba de reunir "pruebas falsas" para perjudicar a Candido Nsue y su sobrino (aun quedaba año y medio para que el ejército de la Agencia Tributaria desembarcara en Framen).

-Con relación a la campaña para mejorar la imagen de Teodorín en detrimento de la de su rival se identifican artículos que reproducen la estrategia a seguir que Villarejo explica a sus clientes: equiparar el comportamiento de su rival Gabriel Mbega al de Teodorín porque según decía no sería creíble dibujar de primeras a Teodorín como un santo con el frente judicial que tenía en Francia. 

Varios artículos que reprodujeron contenido de estas Producciones Villarejo citaron de fuente "notas policiales". La mayoría de las notas e informes de Villarejo solo eran policiales en la medida que él era policía en activo, ya que no solían ingresar en las bases policiales. Tal es así que, por ejemplo, tuvo que llevar previamente a un notario para dar fe de que eran suyas, las cuatro notas (entre ellas la wikinota del pantallazo de las cuentas de Pujol) que aportó a la querella de los hermanos Cierco: si las hubiera ingresado en una base policial no hubiera tenido que hacerlo. Este tipo de notas eran suyas y solo suyas, pero tenían una utilidad: daban cobertura a su ejército mediático. No son pocas las veces que determinados periodistas han esgrimido "fuentes policiales" en los juzgados cuando han sido denunciados por los artículos que publicaban. Esta es la razón por la que Villarejo dice que vuelve de la excedencia, "para que sus informes tuvieran validez".

Fue la Agencia Tributaria la que descubre  la trama

La trama en Gepetrol junto a la titularidad de las empresas off shore que se usaban (entre ellas de la que salió el dinero para Villarejo) fue descubierta mucho antes de que Anticorrupción abriera diligencias de investigación (abril de 2017) por el implacable, eficiente, preparado y trabajador ejército de inspectores y del equipo de delitos de la Agencia Tributaria durante la inspección de los ejercicios 2011 y 2012 que realizó tanto a Francisco Menéndez como persona física como a la sociedad que éste administraba Framen Consultores y Asesores SL.   

En un extenso análisis de 800 folios, la Inspección fiscal analiza y destripa cada asiento contable y movimiento bancario, y concluye que Framen funcionaba como un túnel opaco de dinero con el que, mediante un juego de facturas ficticias, se saqueaba la tesorería de Gepetrol y se canalizaba el botín hacia sus corruptos directivos. 

Hacienda ata sus pesquisas en noviembre de 2016, con la información bancaria de detalle que por fin le llega, requerimiento mediante, del paraíso fiscal de Malta, donde tanto Menéndez como Framen tenían cuentas y en las que recibían la mayor parte de los fondos que tenían origen directo o indirecto de la petrolera pública guineana. Hacienda no inspecciona de incógnito y Menéndez fue informado de los descubrimientos de la inspección lo que explica el nerviosismo de Villarejo y sus cómplices durante los meses siguientes a noviembre de 2016. Una preocupación que subió varios grados cuando Público coloca en portada el 6 de febrero de 2017 la exclusiva de un informe de Asuntos Internos que llevaba un año guardado en un cajón y que describía mucha parte del inmenso patrimonio del comisario encarcelado. No es de extrañar que, en dichas fechas, el comisario redoblase la presión para que Jose Luis Olivera fuese nombrado Director Adjunto Operativo de la Policía, que el 9 de febrero de 2017 comentase en Nueva York que se había temido que el " ef bi ai" (FBI) lo detuviese nada más aterrizar y que planease "partir las piernas y cortar la cara" a los periodistas que tenían el valor de contar en detalle sus andanzas tal y como también informó Público en exclusiva.

La actuación del fisco terminó en junio de 2017 con la interposición de una querella por fraude fiscal, falsedad documental, delito contable y blanqueo de capitales, contra Framen y contra su administrador y socio único Francisco Menéndez. La Agencia Tributaria solicitó además que su gestoría, Orión Consultoría y Gestión SL (administrada por Isabel Escrig), fuera "llamada en calidad de investigada como coautor o al menos como cómplice". En sus informes, la Agencia Tributaria señaló a todos los directivos corruptos de Gepetrol participantes: Cándido Nsue (director general) y su mujer; Crispin Edu (director Comercial y marketing y sobrino del anterior) y su mujer; Jonás Nsue (director de Asuntos Jurídicos y Contratas);  Leoncio Abeso (asesor); y Eliseo Nzeng  (director Financiero).

De acuerdo con el Registro Mercantil, Framen ingresó más de 30 millones de euros de 2010 a 2013 que muy probablemente a tenor de los hallazgos de Hacienda para los ejercicios que inspecciona (2011 y 2012) procedían de Gepetrol en su practica totalidad. Del estudio de las cuentas de Framen se aprecia también la salida inmediata de los dineros que entran y que Hacienda hace corresponder con el pago de facturas recibidas de sus directivos, de atenciones y regalos para terceros (entre ellos policías según la investigación posterior del juzgado del Caso Villarejo) y de una remuneración para Menéndez.

 Los 30 millones se extraían de Gepetrol e ingresaban en cuentas bancarias de Framen (mayormente en las abiertas en Malta) por dos vías:

1. Vía directa: Emisión directa de facturas ficticias por Framen a Gepetrol por asesorías (al menos 12 millones entre 2011 y 2012 según la Agencia Tributaria).

2. Vía indirecta: Emisión de facturas por Framen a cinco sociedades pantallas controladas por los directivos corruptos que previamente a su vez habían emitido facturación falsa a Gepetrol: Geoex International Limited, con sede en Seychelles; BHP Engineering Construction, con sede en Estados Unidos; Xuan Energy Limited y Falconara Limited, de Guinea Ecuatorial; Moswen Resources, de Islas Vírgenes Británicas (vinculada a la trama de Hanny Tagher); y Boway Holdings Limited, creada en Hong Kong en marzo de 2011, y que fue la que nutrió, además de a Framen, a las empresas panameñas y uruguayas de Villarejo.

En un segundo paso, los guineanos directivos retiraban el dinero de Framen girándole facturas ficticias en concepto de asesoría para el contrato de Framen con Gepetrol que Framen les abonaba haciendo pagos por su cuenta (incluidos pagos por compra de viviendas). Es decir, en palabras de la Agencia Tributaria "se llegaba al absurdo": los directivos corruptos eran clientes como directivos de la petrolera que contrataban a Framen y a la vez proveedores como subcontratados por Framen para prestar los servicios contratados con Gepetrol).

Todo lo que ingresaba Framen iba a los directivos, salvo un remanente para agasajar a personas de su interés (entre ellas policías) y una cantidad para remunerar a Menéndez por la gestión. A pesar de los múltiples requerimientos, los inspectores de Hacienda no lograron saber el destino de joyas, relojes y otros objetos de lujo adquiridos en 2011 y 2012 y contabilizados en la cuenta de gasto "Relaciones Públicas" por casi 2,6 millones de euros.

 La inspección se demoró tres años, de 2014 a 2017, por, según hace constar la Agencia Tributaria en sus informes, la renuencia de los inspeccionados a entregar documentación solicitada, lo que obligó al fisco a realizar más de 100 requerimientos de información a terceros. También se observa parsimonia en la instrucción de la querella que la Abogacía del Estado pone en nombre de la Agencia Tributaria y que recae en el juzgado 27, que no se inhibe en el juzgado de Tandem hasta finales de 2018. Su titular era el juez Enrique Berges de Ramón con Enrique Remón firmando los primeros escritos de la fiscalía.

 Orión, la gestoría de Framen. Relación con Luis Oliver y Mario Conde

Orión Consultoría y Gestión SL es la gestoría y asesoría fiscal de Framen, a la que Hacienda pedía considerar como cómplice en la trama junto a su administradora, Isabel Escrig Juan, señalando los múltiples lazos mercantiles de ésta con Framen y otras empresas -algunas administradas por Menéndez- que también  movían dinero de Framen y por tanto dinero con origen en Gepetrol (Tucane Inversiones y Estudios SL,  Inversiones Llavanera SL, Guttengroup Estudios y Proyectos SL y Laima Export SL).

Otro detalle que remarca el Equipo de Delitos de la Agencia Tributaria, y que confirma el Registro Mercantil consultado por Público, es la estrecha vinculación que mantienen Orión e Isabel Escrig Juan con el polémico Luis Oliver Albesa, amigo y socio de Mario Conde en algunos proyectos o negocios según ellos mismos. La relación es también comentada por Francisco Menéndez  en una conversación con Villarejo el 7 de marzo de 2012 en la que discuten la estrategia fiscal del primero y en la que éste afirma que su  gestoría y su administradora Isabel Escrig trabajaban tanto para Oliver como para Conde. La transcripción obra en el sumario Tandem y se ofrece al lector a continuación:

- Villarejo: Vente un día, nosotros... nosotros tenemos aquí, dos abogados expertos en fiscal muy buenos, aparte de que Rafa es un número uno en tema fiscal y tal se lo sabe todo y bueno.
- F. Menéndez: ¿También eres abogado fiscal y todo?
- Redondo: No, yo solo me sé, de no ir a la cárcel. [se ríen].
- F. Menéndez: Ya
- Villarejo: No, en serio.
- Francisco: Porque Isabel [Isabel Escrig administradora de Orión] estuvo trabajando y está trabajando con gente, como Luis Oliver, ¿ sabes que Luis Oliver tiene mucho que callar, mucho que y..?
- Villarejo: Bueno, pero Paco [Paco es Francisco Menéndez] se trata...
- F. Menéndez: y con Mario Conde y con gente así.
- Villarejo: Pues fíjate, pues me has dado unas referencias menos [ininteligible] de puta madre.
- F. Menéndez: Pero de Mario Conde, estamos hablando de miles de millones eh, no estamos hablando de…

A su vez, Francisco Menéndez, también muestra vinculación directa con Luis Oliver. La Agencia Tributaria los identifica como los dos únicos socios de Swat Systems Europa SL, un proyecto en el sector de la seguridad en el que Menéndez participa con dinero procedente, en última instancia, de Gepetrol. Tres años más tarde, en 2015, el propio Menéndez dice por mensaje al comisario Carlos Salamanca (su "compadre" y presunto colaborador del comisario jubilado) estando éste en Madrid y Menéndez en Malabo, que ese día Oliver llega a la capital de Guinea "a ver si hacen algo" [se entiende que "a ver si les sale un negocio"] .

El Equipo de Delitos de Hacienda hace constar asimismo en su informe que, según sus bases, Orion Consultoría y Gestion SL es miembro de una "red de opacidad" junto a otras sociedades que han facturado a Framen. Una "red de opacidad" es una "marca" interna que pone el fisco a personas físicas y jurídicas sospechosas de conformar redes de pantallas para ocultar fondos según explican a Público fuentes de Hacienda. En este punto el informe fiscal refresca la vinculación de Orion y Luis Oliver en el caso de la insolvencia del Betis (concretamente con respecto de Bitton Sport SL, la sociedad de Oliver en el centro del caso).  Precisamente, este mes de enero, Oliver será juzgado en la Audiencia de Sevilla con relación al traspaso de jugadores cuando ocupaba la presidencia del club. Para rizar el rizo de vinculaciones de Oliver y Orión con otros personajes del mundo de Villarejo, Público observa que Bitton Sport SL cuelga de otra firma comprada como sociedad urgente a Affirma (la firma de sociedades urgentes preferida de Villarejo y sus amigos) y que además tuvo sede en Plaza de Salamanca 11, el edificio propiedad de la primera mujer de Ignacio Lopez del Hierro que, con la intermediación de éste, se vendió el año pasado a Blas Herrero y un grupo de inversores.

Pero las casualidades no terminan aquí. Curiosamente, el fiscal Enrique Remón, presente al inicio de la instrucción de la querella de Hacienda a Framen, fue fichado hace veinte días por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Este despacho tiene de socio a César Albiñana, casado con Virginia Arroyo, hermana de la fallecida primera mujer de Conde y por tanto, cuñado de éste.

Guinea Ecuatorial: un filón para Villarejo y conseguidores

No es el primer asunto en el que Villarejo y allegados aparecen interesados o implicados con relación a Guinea Ecuatorial. En los dispositivos móviles que le fueron requisados cuando el comisario jubilado fue detenido figuran antiguas carpetas informáticas referidas a Severo Moto, eterno opositor y líder del Partido del Progreso durante 40 años quien, junto a Armengol Engonga su mano derecha y sucesor, reconocen trato con Villarejo y el uso de un espacio en los años 90 en las oficinas que el expolicía ocupó en el conjunto residencial Las Torres, en la Avenida de San Luis 93 de Madrid hasta 2003, año en el que se traslada a la planta 9 de Torre Picasso, el rascacielos promovido por sus conocidos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos. Asimismo en una conversación grabada por el comisario, hace referencia a Repsol sobre una supuesta ayuda que le ofreció con relación a Guinea.

No es difícil advertir que el interés de Villarejo, sus amigos y sus clientes por Guinea Ecuatorial comienza, sobre todo, cuando a primeros de los años 90 se descubre una de las mayores reservas de petróleo y gas de África en mitad del golfo donde se encuentra la isla que alberga a su capital Malabo. 

Muchas empresas españolas como la petrolera Repsol -presidida de 1996 a 2004 por el hermano de Alberto Cortina, Alfonso Cortina (fallecido en abril de este año a causa de la Covid-19), buscaron posicionarse en la prometedora e incipiente industria y servicios auxiliares (transporte de crudo y de personas y suministros a las plataformas) relacionados con el exploración y extracción del gas y petróleo guineano. Pero se adelantaron las compañías americanas como Exxon Mobil que en 1996 dio con el primer yacimiento. Guinea fue también punto de mira de empresas de construcción e ingeniería por la demanda que surgiría al calor de los petrodólares para dotar al país de infraestructuras de todo tipo (viviendas, infraestructuras de agua, energía y transporte). Un país con mucho dinero para gastar, mucha gran infraestructura por hacer y sin barrera idiomática, porque en Guinea se habla español. Un universo de oportunidades para las empresas españolas pero también para conseguidores de todo pelaje, aventureros y funcionarios corruptos."                        (Pilar L. González Lara, Público, 04/01/21)

La cúpula de Fernández Díaz montó un entramado que propició el saqueo de fondos reservados para lucro personal

 "El escrito de los fiscales que han investigado la pieza Kitchen deja poco lugar a la duda: al menos entre 2013 y 2015, es decir, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, altos mandos de la Policía y de su ministerio dieron un uso ilícito a los fondos reservados y a recursos policiales para el exclusivo beneficio particular de los participantes, ya fuera por la retirada de fondos reservados para lucro personal, ya fuera para financiar subrepticiamente tejemanejes de la organización criminal.

Dicho escrito recoge las primeras —y muy detalladas— conclusiones de la fiscalía a través de las cuales solicita al juez la imputación de dos personas que ocuparon carteras muy sensibles durante el mandato de Rajoy: Jorge Fernández Díaz (Interior) y María Dolores de Cospedal (Defensa); se solicita también la imputación del marido de esta, Ignacio López del Hierro.

Kitchen, la pieza separada nº7 de la Causa Tándem o Caso Villarejo, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, se abrió para investigar un supuesto plan para sustraer información (registros extracontables, recibís con firmas indubitadas y originales de receptores, audios incriminatorios para donantes y receptores, etc.) que pudiera guardar el exgerente y ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, con relación a las entradas y salidas de dinero de la caja B de dicho partido; caja B que afloró con la publicación en El País de los papeles de Bárcenas en enero de 2013.

La apertura de esta pieza se justificó en el hallazgo en domicilios y oficinas del comisario encarcelado José Manuel Villarejo de distinta documentación relevante. Por un lado, recibís con la firma del chófer de Barcenas, Sergio Ríos, que supuestamente había sido captado como confidente de la Policía. Por otro, un conjunto de audios que incluían una conversación de Villarejo con el chófer en agosto de 2013 y otras muchas de febrero de 2017 en las que Villarejo, el empresario Adrián de la Joya y el comisario Enrique García Castaño rememoran aquella aventura —lo que ahora se investiga en Kitchen—, calibrando cómo usarla para protegerse de una futura detención.

En aquel momento, García Castaño, alias El Gordo, acababa de ser destituido por una conversación con una periodista de Público, en la que le contaba los planes de todos para chantajear al CNI y la Casa Real. Villarejo fue detenido el 3 de noviembre de ese año.

Los hallazgos que motivaron la apertura de la pieza sitúan la supuesta investigación a Bárcenas, u Operación Kitchen, entre julio de 2013 y abril de 2015 (por la secuencia temporal de los recibís con la firma de Sergio Ríos) y fechan su comienzo el 13 de julio de 2013, quince días antes de la entrada del extesorero del PP en la prisión de Soto del Real. La fecha de 13 de julio de 2013 como pistoletazo de salida se recoge en una nota que el segundo de Fernández Diaz, el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez alias el Choco-Paco, se prepara en su móvil para enviar advertencias a terceros; nota que la fiscalía incluye en su escrito.

Una operación policial sin investigación oficial

Del escrito de la fiscalía se deduce, como primera conclusión, que desde 2013 hasta 2015 (dos años y medio) la supuesta operación policial Kitchen se realizó sin el aval de una investigación oficial en marcha que quedara registrada en la aplicación Investiga, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Investiga es una aplicación suprapolicial en la que se vuelcan las investigaciones en marcha de las fuerzas de seguridad.

La segunda conclusión es que en 2015 dicha operación se intenta blanquear, es decir, otorgarle apariencia de investigación real y oficial, dándola de alta en dicha aplicación de manera retrospectiva.

Pero, además de esto, la fiscalía concluye, tras explicarlo en detalle, que el equipo de Fernández Díaz incumplió sistemáticamente la ley de 1995 sobre fondos reservados y estableció una metodología que propiciaba el desvío de fondos reservados para lucro personal y, a la vez, la financiación y camuflaje de operaciones ilegales. En la página 24 de su escrito los fiscales califican el sistema con contundencia: "disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales".

Sistema opaco de solicitud y concesión de fondos reservados

El Ministerio Público destaca las siguientes "disfunciones e irregularidades" en la gestión de fondos reservados tras haber llamado como testigos a distintos responsables de la cadena de solicitud, justificación, concesión y registro de uso de estos fondos en la Policía:

1) En el inicio de la cadena; esto es, en la fase de solicitud de fondos reservados por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), liderada entonces por Eugenio Pino. Pino estaba habilitado para solicitar estos fondos porque su superior Ignacio Cosidó, Director General de la Policía, había delegado dicha función en él. Los fiscales destacan que en la solicitud mensual de fondos reservados para la Policía que hacía el DAO a la Secretaría de Estado no se adjuntaba la documentación que exige la la normativa legal que regula la gestión de estos fondos desde 1995 y, además, desde la Secretaría de Estado se libraban los fondos antes de comprobar la documentación.

2) En la gestión interdepartamental. La Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dirigida entonces por Enrique García Castaño, se saltaba a la Comisaría General de Información, de la que dependía, y la mantenía en la ignorancia a la hora de solicitar fondos y de autorizarlos; lo hacía Pino y, además, muchas veces, verbalmente.

3) En el eslabón final: la gestión departamental. En las solicitudes de fondos reservados para investigaciones no se hacía constar para qué investigación se requerían. La fiscalía pidió a la Policía que le enviase todos los fondos reservados usados para la operación Kitchen y obtuvo la nada por respuesta. Y cuando intentó cotejar los 50.000 euros recibidos por García Castaño entre el 1 de julio de 2014 y el 18 mayo de 2015 (periodo que coincide temporalmente con parte de la supuesta investigación a Bárcenas), se encontró con recibos sin detalle.

Además de lo anterior, en el escrito de la fiscalía se aprecian justificantes incongruentes para retirar el dinero o para explicarlo a posteriori. Al menos en el caso de García Castaño.

El Gordo ha justificado en el juzgado la retirada de 1.905,82 € con una compra de material informático que le era necesario para un volcado de dos móviles del chófer de Bárcenas. La fiscalía ha localizado facturas de material informático por exacto importe, sí, pero fechadas en noviembre de 2013. Sin embargo, el volcado al que hace referencia El Gordo se realizó un mes antes, según varios audios e incluso según el mensaje de 18 de octubre que Fernández Diaz envía supuestamente a su secretario de Estado informándole del feliz resultado del volcado —empleando la palabra específica "volcado"—. Difícilmente puede usarse un material informático para un volcado cuando en la fecha no se dispone de él.

Los fondos reservados financian la investigación 'Kitchen' desde 2013, pero no hay registro de ella hasta 2015 

El nombre de Kitchen como investigación para localizar información en poder de Luis Bárcenas aparece en la prensa por primera vez en noviembre de 2015 en un artículo de El Español firmado por Esteban Urreiztieta y Daniel Montero, socio fundador con Villarejo de Infosensible.

Y es precisamente en 2015 cuando se registra en la aplicación Investiga del CITCO (dirigido en esos momentos por Jose Luis Olivera alias Oli) una supuesta investigación policial con inicio en 2013 relacionada con Luis Bárcenas. El alta se da con un "parte informativo investiga" (sic) y se motiva, según la fiscalía, con una "nota informativa" (el equivalente policial a un "informe"). En esta aplicación se dan de alta las investigaciones que realizan la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y ahora los Mossos, cuando consideran que han pasado de la fase preliminar de mera sospecha a algo más sólido. Cada cuerpo policial barre para casa y se da toda la prisa posible para que otro cuerpo no se adelante y acabe liderando así la investigación. Sorprende, por tanto, que la Policía Nacional —en este caso Andrés Gómez Gordo, en aquellos momentos destinado en la DAO—, tarde dos años y medio en dar de alta la supuesta investigación en dicha aplicación.

En 2018 Montero volvió a escribir de la Operación Kitchen y citó la fuente de su primer artículo: "nota informativa". Por su parte, el periodista Luis Rendueles —otro de los receptores habituales de información proveniente de Villarejo— explicó en Interviú en octubre de 2016 que la denominación de Kitchen no se le dio a esta operativa hasta casi su término; y se deduce que sucedió en el mismo espacio temporal en que la mencionada "nota informativa" entra en la aplicación Investiga.

Pero hay más indicios que obligan a considerar la autenticidad de la investigación y a preguntarse por el objetivo real de los supuestos seguimientos al entorno del extesorero.

La "nota informativa"  con la que se justifica el alta de Kitchen en el CITCO despertó el estupor del Inspector Jefe n° 81.067 del Grupo n° 21 de la UDEF-BLA y adscrito a la investigación de Gürtel, cuando la fiscalía lo llamó como testigo y le mostró dicha "nota" tras informarle de la existencia de esta investigación con referencia 29/15 en la aplicación Investiga. 

Según el inspector, dicha "nota informativa" (que se remontaba a 2013) era un simple "refrito" de datos previamente obtenidos en la investigación policial [judicializada] del caso Gürtel.

Afirma también que nunca se le informó de la existencia de un local vinculado a los Bárcenas, que era uno de los ejes de la "nota". Sobre este punto, la fiscalía completa en el escrito que en el informe elaborado poco después para transferir la investigación Kitchen desde la aplicación Investiga al juzgado de Gürtel se ocultaron datos "deliberadamente", tales como la existencia del local, las actas de seguimiento sobre el local (que las aporta la DAO al juzgado) y el número de la calle donde estaba (el 32), ya que se hablaba mucho de una calle y un número en ese informe —sin decir nada de un local—, pero con un número diferente (el 11).

El inspector remata diciendo, según los fiscales, que "en el mes de enero de 2013 su unidad policial comenzaba a analizar la documentación remitida en virtud de la Comisión Rogatoria ejecutada por las Autoridades Judiciales de Suiza, por lo que no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales". Como remachan los fiscales, este supuesto "apoyo" a la UDEF para investigar a Bárcenas por blanqueo es la versión —falsa— que sistemáticamente mantienen todos los investigados por Kitchen.

¿Otra investigación fantasma para compensar al 'Gordo'? 

Tras su destitución en la primera semana de febrero de 2017, García Castaño comenta por mensaje su situación al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también investigado en esta pieza Kitchen. Su nuevo destino es un puesto de coordinador zonal de comisarías, fuera por tanto de puestos de responsabilidad y con el acceso cortado a los fondos reservados. Se queda sin la asignación mensual que salía de dichos fondos y sin poder hacer uso de ellos para investigaciones como Kitchen. Y García Castaño dejar caer lo que le gustaría, tras avisar con lo que tiene guardado. Al secretario de Estado y, posiblemente, a su jefe, Fernández Díaz.

Enrique García Castaño: Si saco el pendrive de Bárcenas, ¿qué pasa?
Francisco Martínez: ¿¿Nos matarán a todos??
E.G.C.: A casi todos. López del Hierro se cabreó hoy porque siguen sin dar la cara conmigo. Como no espabile el PP, le van a dar la del pulpo, aunque me dice un amigo de Susana que primero se matarán entre ellos.
​F.M.: Sí, eso es muy probable... Bueno ¿y cómo tienes el distrito? ¿Todo en orden? ¿Criminalidad bajo mínimos? Imagino que nadie te ha llamado para nada... Me suena esa situación...
E.G.C.: Me encontré con la Cospey [sic] y su marido, me dijeron que el tema se tenía que haber arreglado ya, que hablaría conmigo. Según el ses [sic], ya dio orden que me cambiaran y de forma clandestina volviera a montar el tema catalán. No sé si fiarme. 
F.M.: Yo ya no me fio. De "naiden" [sic].

¿Pensaban montar otra "investigación" con documentación paripé, para justificar disposición de fondos reservados y así compensarle la pérdida de emolumentos? El tiempo lo dirá."                  (Pilar G. de Lara, P. López, Público, 11/09/20)

Un miembro de la dirección de Casado desvió 251.000 euros de dinero público de la Diputación de Alicante para financiar el partido

"El Partido Popular de la provincia de Alicante se financió durante los años 2017 y 2018 con fondos públicos de su grupo político en la Diputación de Alicante pese a que la normativa de la institución provincial prohíbe que esta asignación se destine a abonar gastos ordinarios del partido.

 Así lo reconoce la gerente del PP alicantino, Yolanda Murcia, en un escrito adelantado por el diario Información y al que ha tenido acceso eldiario.es. El diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, ha llevado la presunta irregularidad al juzgado.

El presidente de la Diputación de Alicante en esos dos años y también líder del grupo popular era César Sánchez, que en ese tiempo ostentaba el máximo cargo de Transparencia en la ejecutiva de Pablo Casado. Sánchez es ahora diputado en el Congreso, fue número uno por Alicante a las elecciones y tiene responsabilidades en la dirección como secretario ejecutivo de Marketing Electoral, un cargo de vital importancia por debajo de los vicesecretarios.

Compromís ha presentado un contencioso-administrativo que podría acabar en un proceso penal ante la negativa del PP de Alicante de presentar la justificaciones de los gastos del dinero desviado de la Diputación de Alicante. De hecho, el actual presidente de la institución provincial con los apoyos del PP y Ciudadanos, Carlos Mazón, ha cambiado la forma con que se deben controlar estos gastos de los grupos, lo que impide que ese dinero público se utilice de manera inadecuada.

Según la denuncia de la coalición valencianista, César Sánchez llevó a cabo una financiación "encubierta" de su partido con los fondos que se otorgan a los grupos políticos de la diputación alicantina. De hecho, cuando llegó a la institución quintuplicó los recursos para los grupos políticos según representación, al pasar de 105.000 euros a 518.000 anuales.

El PP acabó el mandato anterior sin aclarar en qué se gastó el medio millón de euros de la asignación al grupo provincial en la legislatura. De ese montante, la gerente reconoció que 251.623 euros fueron a parar a pagar gastos ordinarios del partido, algo que prohíbe expresamente la legislación de la Diputación de Alicante. El ente solo permite abonar actuaciones conjuntas entre los partidos y los grupos políticos y con la obligación de certificar esos pagos y su destino. Compromís considera también irregulares transferencias por valor de 195.167 euros gastada en los años 2015 y 2016 y sospecha que el dinero se podría haber destinado a campañas electorales.

Pero la actuación de César Sánchez no solo vulnera la normativa provincial en lo que podría ser una presunta malversación de fondos públicos, sino que se salta el código ético del PP. La normativa del PP tras el escándalo Gürtel obliga a justificar todos los ingresos del partido, tengan la procedencia que tengan. En este caso, César Sánchez se negó a acreditar las cuentas a la Intervención de la Diputación de Alicante, al pleno y a los demás grupos políticos.

El único informe realizado para acreditar los 251.623 euros utilizados para financiar el partido es un escrito del actual presidente del PP alicantino, Eduardo Dolón. Pero sus afirmaciones contradicen los escritos presentados por la gerente en los años 2017 y 2018."           (Sergi Pitarch, eldiario.es, 23/02/20)

Tarjetas sin control de la Comunidad de Madrid para gastar 15 millones de dinero público

"Una cincuentena de entidades y organismos vinculados al Gobierno de la Comunidad usaron al menos 345 tarjetas bancarias para gastar 15 millones de euros entre 2008 y 2015, sin que consten medidas de control por parte de la intervención general, según un informe de la Cámara de Cuentas. 

El Ejecutivo madrileño, a cuyo frente se sucedieron en esa época Esperanza Aguirre e Ignacio González, no estableció una regulación uniforme para asignar esos medios de pago, ni para definir la naturaleza y el límite de sus gastos, lo que permitió que se usaran con fines diversos: billetes de avión, atenciones protocolarias, comidas...

 La investigación de la Cámara de Cuentas, ejecutada a instancias de la Asamblea de Madrid, deja tres conclusiones sobre cómo funcionaban las tarjetas bancarias para gastar dinero público en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015.

Primera: el sistema era opaco, puesto que el ente fiscalizador desconoce cuántas tarjetas se emitieron en total para su uso en el sector público regional y ha habido organismos que no han respondido a sus peticiones de información. 

Segunda: si algún alto cargo regional mantuvo su tarjeta a partir del 31 de octubre de 2016 —fecha posterior al periodo fiscalizado—, estaría incumpliendo el código ético aprobado en esa fecha, que establece taxativamente que no podrán disponer de esos medios de pago para gastos derivados del ejercicio de sus funciones. 

Y tercera: no hay justificantes para pagos realizados por valor de 173.000 euros (fundamentalmente 98.000 de la Institución Ferial de Madrid y 42.000 de Metro de Madrid).

"No se dispone de relaciones centralizadas de las tarjetas de crédito utilizadas en el ámbito de la Comunidad y tampoco constan actuaciones de control, específicamente dirigidas a la utilización de tarjetas de crédito, realizadas por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid", establece el informe de la Cámara de Cuentas. "La autorización de las tarjetas de crédito, la definición de la naturaleza y límites de importes de los gastos para los que se autorizan, así como la posterior justificación y control de gastos y pagos carece de una regulación uniforme", prosigue el informe del ente fiscalizador, publicado este mes de julio.

 "La ausencia de normativa reguladora acerca de los gastos susceptibles de ser pagados mediante tarjetas de crédito, de la exigencia de autorización formal previa, de los datos y justificantes asociados, la conformación de las facturas, etc., dificulta en muchos casos el establecimiento del vínculo existente entre los gastos efectuados y la actividad de la entidad pública correspondiente", añade.

Gastos en viajes

La enumeración de las deficiencias está en el núcleo de las recomendaciones que le hace la Cámara al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El organismo fiscalizador pide que se regule la utilización de las tarjetas, y específicamente que se establezca "de forma inequívoca el vínculo entre el gasto realizado y los fines de la entidad correspondiente". También, que se haga un inventario centralizado de las tarjetas emitidas. Y que se hagan controles periódicos.

¿La razón? Muchos de los gastos fueron realizados por empleados que no eran altos cargos "pero realizaban viajes oficiales con reiteración, singularmente al extranjero".

Así, un cargo del Consorcio Institución Ferial de Madrid gastó más de un millón de euros con una American Express; un directivo del grupo superó los 100.000 con una tarjeta de Bankia, y otro llegó hasta los 53.000. Con las tarjetas del consorcio, establece el informe, se pagaban vuelos, trenes y hoteles, aunque también hay más de 300.000 euros clasificados bajo la rúbrica "atenciones", que mayoritariamente se destinaban a almuerzos institucionales.

Además, en 2011 se registran gastos por valor de 8.800 euros correspondientes a una persona vinculada con IFEMA con un contrato de colaboración de tres meses a la que se conceden dietas diarias de 100 euros, entregando una tarjeta para esos gastos, que quedan sin justificar.

Del mismo modo, un directivo de Metro sin rango de alto cargo acumuló pagos por valor de 55.000 euros, que fueron 45.000 en el caso de otro. Hoy ya no existiría ninguna tarjeta de crédito a nombre del suburbano.

Ese cambio radical en la política de gastos refleja el doble punto de inflexión que supusieron tanto el estallido de la crisis financiera como la explosión del caso de las tarjetas black vinculadas a Caja Madrid/Bankia.

'Tarjetas black'

Así, entre 2008 y 2015, periodo que abarca el informe, fueron descendiendo tanto el importe de los pagos con tarjeta como el número de entidades que hacía uso de estas.

Si el primer año el gasto ascendió a los 4 millones de euros, el último la cuantía se redujo hasta el millón. En medio se supo que casi un centenar de miembros de la dirección y el consejo de administración de Caja Madrid —luego Bankia— usaban tarjetas opacas sin declarar sus gastos a Hacienda, e independientemente de sus retribuciones y gastos de representación.

La fotografía de los gastos con dinero público es, en todo caso, incompleta.

La Cámara de Cuentas no ha obtenido información sobre las entidades radicadas en el extranjero que dependen del Canal de Isabel II, que se expandió por América mientras alimentaba una trama de mordidas que se investiga en el caso Lezo. El grupo RTVM, que incluye a la televisión y la radio públicas madrileñas, no respondió al cuestionario del ente fiscalizador. Metro proporcionó una relación incompleta de las tarjetas con cargo a sus cuentas, según consta en el informe de la Cámara. Y hasta 13 entidades fueron suprimidas durante el periodo fiscalizado —entre ellas las polémicas Arpegio y Campus de la Justicia de Madrid— lo que ha dificultado acceder a sus datos.

Las claves de los gastos

• Los 15 millones gastados entre 2008 y 2015 con 345 tarjetas se reparten entre 47 entidades (319 tarjetas) y dos consejerías, las de Educación y Presidencia (26).
• Metro de Madrid (3,8 millones de euros), el consorcio institucional ferial de Madrid (3,4), la televisión pública (2,1) y Promomadrid (1,2) son los organismos que más gastaron con estos medios de pago.
• En 2008, las 12 entidades seleccionadas por la Cámara de Cuentas para un análisis pormenorizado de sus gastos llegaron a pagar con tarjeta más de 3 millones de euros. La cifra fue descendiendo progresivamente hasta 2015, cuando acaba el periodo fiscalizado. Así, entre todas sumaron poco más de 2 millones en 2009; 1,6, en 2010 y 2011; 1,2, en 2012, y no llegaron al millón de euros en 2013, 2014 y 2015. En total, sumaron 12,5 millones de euros en esos años. 
• Bankia, Banco Santander, Diners Club, Caixabank, Banco Caja España o American Express eran los emisores de las tarjetas más utilizadas. 
• En 2015, ya solo 17 entidades seguían usando este medio de pago."                (Juan José Mateo, , El País, 31/07/19)