"(...) Aguirre, paella, chocolate y la Púnica
Todo empieza en 2006,
cuando Esperanza Aguirre anuncia un nuevo trazado de la línea 7B de
metro, cuyas obras habían comenzado en 2004, que incluye dos paradas no
contempladas en el original: Henares y Hospital del Henares. En 2020,
cuando este medio entrevistó a Antonio Rus, trabajador de metro del
sindicato Solidaridad Obrera, no dudó en afirmar que “Aguirre utilizó la
estación de Hospital del Henares para ganar votos en las autonómicas de
2007”. La estación se inauguró con una paella, chocolate y conciertos a
los que acudieron 2.000 personas menos de un mes antes de las
elecciones.
La licitación de estas obras dependía de la empresa
público privada Mintra, creada por Gallardón para licitar obras en el
Metro y evaluar los impactos. A pesar de que ya no existe, Mintra se
encuentra bajo investigación en el sumario de la Púnica. Las obras de la
ampliación 7B fueron concedidas a Dragados, la constructora de
Florentino Pérez. Un año después de la inauguración, en 2008, empiezan a
surgir las primeras grietas en algunas de las viviendas.
Para entender lo que está sucediendo bajo el suelo de San Fernando, Escribano recurre a la imagen de un queso gruyere.
“San Fernando tiene una serie de acuíferos que recorren el subsuelo.
Con la ampliación de la línea 7B hubo que desviar un gran acuífero.
Imaginemos que el subsuelo es como un queso gruyere, lleno de
agujeritos que están llenos de materiales hipersalinos. Si no los tocas
no pasa nada, pero al desviar el agua, que está cargada de sales, estas
capas salinas comienzan a degradarse junto al metro”. La solución que
comenzaron a aplicar los técnicos de la Comunidad de Madrid fue usar
colectores de agua, que son como pajitas que succionan el agua de los
alrededores del metro y la arrojan a otras zonas. “Pero la presión con
la que corría el agua era mucho mayor de la que esperaban y acabaron
reventando los colectores, inundando de agua que era muy salina, casi un
disolvente, todas las zonas de alrededor del tramo del metro”, continua
Escribano.
Otra de las soluciones que han aplicado varias veces
durante estos últimos años han sido las ya mencionadas inyecciones de
cemento para tratar de solidificar el terreno y desplazar el agua de las
zonas afectadas. “En 2011 se hacen las primeras acciones de inyección,
se repiten en 2013, 2016, 2018 y ahora, lo cual siempre provoca el mismo
resultado, que nuevas áreas se vean afectadas. El agua es como una
gigantesca mancha de aceite expandiéndose por debajo de todo el
municipio y hundiéndolo”, cuenta Escribano.
En 2008 se publica un Estudio de seguimiento hidrogeológico de la Línea 7 de Metro de Madrid
por un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid en el que los profesores
Pedro Martínez y Eugenio Sanz afirman que “la presencia de agua o de
humedad detrás del revestimiento del túnel [...] conlleva una reducción
del 28% del volumen, y por tanto la creación de huecos, ocasionando
riesgo de colapso”.
"Estudio de Seguimiento Hidrogeologico de La Linea 7 Del Metro de Madrid. 2008"
Entre las conclusiones y recomendaciones del informe destacan que “es
importante tener en cuenta que con el tiempo estos materiales
sulfatados van a seguir alterándose por lo que es imprescindible el
anteriormente citado estudio geotécnico, así como la vigilancia a largo
plazo de la zona [...] La naturaleza kárstica del sistema subterráneo
impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos”.
Manolo
Fernández, maquinista de metro desde hace 40 años y miembro del
sindicato Solidaridad Obrera, que ha llevado durante estos años los
conflictos laborales ligados a la seguridad en este tramo, se pregunta
por qué nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra
debido a la composición del suelo y los acuíferos. Hasta 2016 no llega
el primer informe propio de la Comunidad de Madrid que señala que,
efectivamente, “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se
manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y
degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente
reversibles”.
“Hasta los propios operarios de las obras reconocen que no pueden
saber hasta dónde llega el cemento que están echando con las inyecciones
ni a dónde desplazan el agua”, comenta Escribano. “Las licitaciones de
estas obras se hacen a través de la empresa público privada Tragsa, que
se los está adjudicando a la empresa Kronsa. Las obras han provocado
numerosos cortes de luz y agua a los vecinos. Han dañado tuberías de gas
con los vecinos dentro de las viviendas. Y han tenido que ser los
propios vecinos quienes han tenido que avisar a las autoridades porque
olía a gas en sus casas”.
“Después de siete cierres desde su
apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que
abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar
dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de
nada”, comenta Fernández. Desde Solidaridad Obrera reclaman que las
estaciones del tramo se cierren para siempre y que, en caso de que fuera
necesario se hiciese un metro ligero en la superficie. “Estábamos
moviendo trenes con viajeros en estaciones que se hundían”.
Daños y secuelas en el cuerpo
Nines ha tenido que ir a
urgencias por el estrés y la ansiedad por no saber cuándo tendrá una
casa propia a pesar de haber pagado la suya. También se le complicó un
posoperatorio del ojo por la falta de reposo. Ansiedad es la palabra que
repiten casi todas las vecinas entrevistadas.
De las familias
desplazadas hay personas de más de 80 años que han tenido que
aclimatarse a su nueva vida en el apartahotel del polígono industrial.
“Yo tengo una hija de cinco años que también lo está viendo y viviendo a
su manera, ven la realidad bajo su prisma, y ella me preguntaba que a
dónde iban a llevar los Reyes Magos sus regalos a sus amigos
desalojados”, comenta Casado.
Poner el cuerpo tampoco es
gratuito. Ni económicamente ni en salud. Después de 20 minutos dando
detalles pormenorizados y técnicos de lo que ha sido esta lucha de 15
años, cuando desde El Salto le preguntamos qué tal está, el ceño
fruncido que ha mantenido durante la entrevista se deshace y su voz se
quiebra aguantando las lágrimas. Llora sin ellas, con la voz y la cara,
mientras cuenta que “para entenderlo hay que vivirlo. Te cambia la vida.
Para la parte en la que estamos al público y salimos a pelear te pones
la coraza, pero cuando llegas a casa o a tu portal vas y te rompes, te
cuesta mucho. Cuesta separar lo personal de la pelea”.
Toda la
ayuda psicológica que la Comunidad de Madrid ha brindado a las vecinas
son dos profesionales que les atienden semanalmente en grupo, sin
atención pormenorizada. Igualmente han abierto una oficina pública para
los afectados, “pero no sirve para nada. Llegas cuentas tu problema y te
dicen que pasas a una lista de espera y ya, solo sirve para frustrarte
más”, comenta Casado mientras camina frente a la cristalera transparente
de la oficina.
Víctor Yangüez, vecino de 19 años, también ha
sufrido las consecuencias de poner la cara en la lucha. Vivía en una
casa que derribaron en mayo y ahora está con su familia pagando un nuevo
alquiler además de la hipoteca que pagaban porque aún no han recibido
ninguna indemnización. Víctor apareció en un vídeo de Tiktok que se
viralizó denunciando la situación del municipio. A las horas el medio
subvencionado por la Comunidad de Madrid OKDiario elaboró un perfil señalando al joven, lo cual derivó en un acoso mediático y en redes de miles de perfiles atacándole.
“Nosotros
buscábamos la presión mediática para ver si se ponen las pilas para
poder solucionar este problema y que todo el mundo sepa que no hay nadie
al volante de esta situación”, relata Yangüez a El Salto. “Pero claro
que te afecta, son bulos contra mí, gente criticándome, perfiles
cercanos al Partido Popular. Aunque estoy bien, pero al daño psicológico
de perder la casa se le suma el de que te ataquen”.
“La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve
que no nos puede doblegar descuelgan el teléfono y llaman a sus medios
afines para poner en marcha la máquina del fango”, comenta Escribano.
Para responder toda esa ofensiva de bulos contra el joven, su propia
madre y otros vecinos utilizaron las redes sociales para mandar mensajes
de apoyo y visibilizar que estaban orgullosos de él. “Lo único bueno de
todo esto es la unión que se está generando en el municipio. Vecinos
que hasta ahora no nos conocíamos, somos uno. Vamos a ganar por eso”,
añade Casado.
Un Plan Integral y organización vecinal
El
16 de diciembre de 2021 se aprobó en la Asamblea de Madrid un Plan
Integral para los afectados por las obras del metro de San Fernando. Una
Proposición No de Ley (PNL) hecha a medida que fue diseñada y
consensuada por todos los vecinos de la Plataforma junto con los
partidos de la oposición. Sin embargo, el 23 de diciembre del mismo año,
durante la sesión de apelaciones a la PNL, el PP y Vox votaron en
contra de su aplicación y quedó bloqueada. “Es un cuerpo sin vida, lo
que pedíamos era que si te tiran la casa, haya unas condiciones mínimas
de realojo, si tu casa tiene grietas o sufre otros daños, que se
expedienten debidamente para que se puedan reclamar patrimonialmente,
que se tenga en cuenta en las reparaciones las viviendas devaluadas,
porque al final todo el municipio se ha visto afectado por esto. Que se
restauren los servicios públicos perdidos . Que todos los comerciantes
que han perdido su negocio reciban el dinero correspondiente por lucro
cesante”, reclamen desde la Plataforma.
El Salto ha consultado al gabinete de prensa del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuyo alcalde es Javier Corpa,
del PSOE, y desde el mismo han declarado que denuncian “la total falta
de interlocución política por parte del Gobierno de la Comunidad de
Madrid”. Señalan que el alcalde ha enviado numerosas cartas al Consejero
de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o a la propia Ayuso, sin
respuesta.
La única interlocución entre Comunidad y Ayuntamiento
se dio a través de una Mesa Técnica, montada en 2019 en la que ambas
instituciones enviaron técnicos para tratar de solucionar el problema.
Escribano cuenta que “desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer
la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid
cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están
improvisando. No dan información porque no la tienen”.
Desde el
Ayuntamiento señalan que el propio consistorio no tiene mecanismos ni
herramientas para atajar los problemas derivados de las obras del Metro,
que dependen enteramente de la Comunidad. En apoyo de la Plataforma y
los vecinos afectados están poniendo sus recursos técnicos para la
elaboración de informes propios y ofreciendo las estructuras de atención
y ayuda social para las personas damnificadas.
Mientras tanto, a
falta de soluciones institucionales, los vecinos siguen organizándose y
creando asociaciones para contratar a grupos de abogados que les
permitan pelear por la vía legal las indemnizaciones que no están
llegando." (
Álvaro Lorite,
El Salto, 22 ene 2023)
