Él cree que los picapleitos se han ido vendiendo, que alguien les debe de haber ofrecido una suma considerable de dinero...

"(...) Abogados: para llevar su caso, Francisco ha ido de leguleyo en leguleyo, a cuál más caradura. Él cree que los picapleitos se han ido vendiendo, que alguien les debe de haber ofrecido una suma considerable de dinero. Así lo cree.

Los cinco abogados a los que ha contratado (A., B., C., D. y E.):

1. La abogada A. le llamó, a dos semanas del juicio (2011), para anunciarle que se suspendía. “No te tengo que dar ninguna explicación”, se revolvió cuando Francisco le pidió información. Cobraba una minuta de unos cien euros mensuales.
2. El abogado B., con el que se enfrentó a la juez, apenas abrió la boca cuando la parte contraria, que representaba los intereses de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, despotricó contra Francisco y lanzó hacia Su Señoría toda una serie de despropósitos envenenados: que estaba fingiendo, que no había sido para tanto, que con el otro brazo, el derecho, podría hacer exactamente el mismo trabajo que hacía… La juez, en ningún momento, se dirigió al demandante. Falló contra Francisco. La sesión duró unos veinte minutos.
3. El abogado C. lo contrató Francisco después de que el abogado B. le quisiera hacer creer que no se podía recurrir la sentencia hasta pasados dos años. El abogado C. se interesó por el caso:

C.—Pero vamos a ver: ¿te recogieron en ambulancia?

Francisco.—Sí.

C.—¿Vino la policía para tomar nota cuando te caíste?

F.—Sí.

C.—¿Estuviste de baja?

F.—Sí.

C.—Y ¿la empresa te había dado de alta en la Seguridad Social?

F.—Sí.

C.—Entonces esto está chupado.

A las pocas semanas, el abogado C., incomprensiblemente, se echó atrás: “Lo veo muy difícil”.

1. El abogado D. no sabe, no contesta. Francisco desconoce su paradero: “Hace un mes que me pidió los papeles de la Seguridad Social para ver si conseguía la invalidez, pero no contesta mis llamadas”.
2. El abogado E. es un paisano de su tierra: “Tráeme todo, incluidos los partes médicos, que yo estudio esto”. Al menos, en él confía. Hace casi dos meses que Francisco ha solicitado a la mutua los informes del médico de cabecera. No se los hace llegar.

Accidente laboral: en el 2007, Francisco estaba contratado por una constructora para transformar un garaje en una biblioteca.

En un cruce de cuerdas, niveladores y poleas, Francisco se cayó al vacío (“me tragó el vacío”), desde la tercera planta (unos ocho metros). No se mató de milagro. 

Se rompió la pelvis, que se la tuvieron que amarrar durante dos meses, y el brazo izquierdo se espachurró. Le dieron 45 puntos; se pueden contar. “Aún me hace daño, y cojeo de la pierna izquierda”, se duele.

Mes y medio ingresado en el hospital. Mientras se rehabilitaba —lo que duró un año— le despidieron.

En total, entre lo que cobró como indemnización y lo que rascó del Fondo de Garantía Salarial, recibió 1.326 euros.

Denunció a la mutua, Fremap (“Fremap, contigo”). Se calcula que Francisco debería haber recibido uno sesenta mil euros.  (...)"            (Jesús Martínez, La Lamentable, 01/09/2014)

Juicio a un subinspector de Trabajo por ayudar a proxenetas

"Sin vacaciones, ni asistencia sanitaria y sin cualquier otro derecho laboral reconocido. En estas condiciones trabajaban entre 35 y 40 mujeres, la mayoría de procedencia brasileña, en dos locales de alterne de Pontevedra y A Coruña, según el escrito del fiscal. (...)

Las mujeres llegaban a España, tras mediar un contacto de la trama, con visado de turista. Una vez en Vigo, les esperaría el taxista J.L.T.L., que vestía una ropa determinada, normalmente un gorro de cuero y un signo pactado como un periódico bajo el brazo. Accedían a ejercer la prostitución impelidas al recibir 3.000 euros para el viaje, que al pasar la frontera debían devolver.

La organización gestionó la regularización de papeles de algunas de ellas. Para ello, asegura el fiscal, contaron con la ayuda de funcionarios públicos como M.D.R., subinspector de Trabajo destinado en Vigo que asesoraba a los acusados en los procesos de regularización, extranjería y sanciones, extremo que niega el propio funcionario. En correspondencia a esos favores, A.J. se comprometió "a pagar la reforma de la cocina de un piso que M.D. posee en Moaña", valorada en unos 7.000 euros, pago frustrado al salir a la luz la instrucción de este sumario y que también negó el acusado." (El País, ed. Galicia, Galicia, 23/09/2009, p. 5)