Las dádivas del general corrupto de la Guardia Civil en el ‘caso Mediador’

 ""¿Aquí qué hay? ¿Mil, no?” “Sí, coño [...]”. “Acepto, tiene 2.000, o sea 1.000, 20 billetes [de 50 euros]” “Vale, ¿cuánto tiene ahí?”. “Hay 20”. “Tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve y diez. 1.500”. “Venga, perfecto”. El 26 de enero de 2021, Marcos Antonio Navarro, integrante confeso de la trama de corrupción desmantelada en el caso Mediador, se reunía con uno de los presuntos cabecillas, el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Navarro, sin que lo supiera su interlocutor, estaba grabando con su teléfono móvil el sonido de aquel encuentro en el que, tras contar los billetes, le entregaba al alto mando del instituto armado una supuesta comisión de 1.500 euros por las gestiones que el general supuestamente había hecho para favorecer a un empresario, según destaca un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil incorporado al sumario y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El mismo documento policial, fechado el 8 de febrero, poco antes de las primeras detenciones, destaca que aquel dinero no fue la única dádiva que presuntamente recibió el general Espinosa. Las pesquisas recogen el pago de billetes de avión, estancias en hoteles, tarjetas prepago, quesos canarios e, incluso, una caja de puros que el alto mando mandó ir a recoger al aeropuerto a uno de los agentes a sus órdenes.

El general Espinosa es uno de los 12 detenidos en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción asentada en varias islas que se dedicaba a cobrar comisiones a empresarios, principalmente del sector ganadero, a cambio de evitar inspecciones sanitarias, de agilizar y desbloquear expedientes de ayudas europeas o facilitarles la consecución de contratos. Espinosa ―ya fue investigado en 2010 en otro caso de corrupción en Canarias, el llamado caso Unión, pero finalmente se archivó la causa contra él― es el único de los arrestados al que la jueza del caso Mediador ha enviado a prisión provisional. Sobre él pesan acusaciones de cohecho y organización criminal, bajo la sospecha de haber cobrado comisiones por, entre otros motivos, el supuesto amaño de cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros financiados con fondos europeos.

Según el relato contenido en los documentos policiales, el modus operandi del general era recibir a los empresarios en su despacho oficial en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, para “seducirlos” de su capacidad de influencia, para posteriormente almorzar en un restaurante cercano en el que “en ocasiones” estos le entregaban algún presente “como parte del engrasamiento hacia el funcionario [para facilitar su colaboración]”. Los investigadores destacan que a partir de ese primer encuentro los empresarios incrementaban “el gasto de los supuestos sobornos” al general que, junto al pago de vuelos, hoteles y otras comidas, incluía la entrega de dinero en efectivo y de tarjetas prepago. Las pesquisas han revelado que Espinosa pidió o recibió en tres ocasiones, entre noviembre de 2020 y enero de 2021, uno de estos modos de pago que hace muy dificultoso identificar a quién la utiliza.

El informe de la Guardia Civil detalla que el alto mando se integró presuntamente en la trama en septiembre de 2020 ―cuando ya era el director del Proyecto GAR-SI Sahel, financiado por la Comisión Europea para reforzar la seguridad en Mauritania, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Chad― y permaneció en ella aproximadamente un año, hasta que “los empresarios comenzaban a advertir que a pesar de haber efectuado los pagos exigidos no veían prosperar el resultado prometido”. En ese tiempo, las pesquisas lo vinculan con cuatro empresarios y, sobre todo, con el mediador de la red de corrupción, Navarro Tacoronte, también con antecedentes policiales que datan de hace 20 años. Este, tras su detención en enero del año pasado acusado de estafar 2.575 euros, comenzó a colaborar con la justicia y delató al resto de integrantes de la trama, entre ellos al general, al que situó en su epicentro al asegurar que actuaba “como mediador de las negociaciones llevadas a cabo a cambio de una comisión”. Navarro acompañó sus acusaciones con documentos, fotografías y audios de las visitas que tanto él como los empresarios hicieron al despacho que el alto mando tenía en la sede principal de la Guardia Civil en Madrid. Los investigadores recalcan en sus informes que el testimonio del arrepentido ha sido corroborado con numerosos documentos durante las pesquisas.

Navarro aseguró que el general, al que la trama se refería con los alias de Papá y Viejo, era “mucho más prudente” a la hora de recibir “regalos” que el otro presunto cabecilla de la trama, el entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, aunque detalló que ello no impidió que los empresarios a los que prometía ayudar le pagaran todo tipo de regalos. También aseguró que Espinosa pidió a uno de ellos que contratase como comercial, con un sueldo de 3.000 euros al mes, a una mujer con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, y a la que el propio alto mando se refería en sus conversaciones por WhatsApp con otros miembros de la trama como “el chocho volador”. Navarro añadió que el general justificó precisamente su intervención en la trama en que “tenía que buscarse un futuro económico porque se iba a jubilar [pasó a retiro en enero de 2021] y tenía que buscar un porvenir” tanto para él como para esta mujer.

En su declaración, el mediador aseguró que él entregaba en mano al general un sobre con dinero ―entre 1.500 y 3.000 euros ― cada vez que se veían y que estos fondos eran aportados por los empresarios, uno de los cuales llegó a pagar a lo largo del tiempo cerca de 20.000 euros para entregárselo a Espinosa. El informe de la Guardia Civil destaca que Navarro aseguró ante la jueza que Espinosa llegó a prometer a uno de estos empresarios ayuda para conseguir un contrato para la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por un valor de 35 millones de euros, gestión por la que el general pretendía cobrar supuestamente un 10% “por gastos de representación”.

El mediador también afirmó ante la jueza que, en cierta ocasión, Espinosa le facilitó la numeración de una cuenta bancaria de una entidad belga para que le ingresase allí el dinero, pero que, como estaba “un poco borracho”, le mandó horas después un mensaje para pedirle que no transfiriera nada “porque faltaban números”. El mediador aseguró que, finalmente, nunca envió dinero a esa supuesta cuenta. La magistrada ha pedido ayuda a las autoridades belgas para intentar localizar esa cuenta, cuya existencia revelaría, según el informe de la Guardia Civil, “un evidente afán [...] en ocultar o encubrir las ganancias que ilegítimamente obtuviera”. La investigación también rastrea posibles bienes que Espinosa pudiera tener en los países del Sahel donde operaba el proyecto que dirigió durante casi cuatro años como general de la Guardia Civil.

Ascendido por los ministros Fernández Díaz y Zoido

El general Francisco Espinosa, al que los investigadores sitúan como cabecilla de la “rama empresarial” de la trama de corrupción, medró en la Guardia Civil durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy encausado en el caso Kitchen, y el de Defensa, Pedro Morenés, lo ascendieron a general de brigada en 2012 y le destinaron como segundo jefe del Estado Mayor del instituto armado. Sus sucesores, Juan Ignacio Zoido, hoy europarlamentario del PP, y María Dolores de Cospedal lo volvieron a ascender en diciembre de 2016 al nombrarlo general de división tan solo cinco días antes de que pasase a la reserva, lo que permitió a Espinosa seguir en activo, según detallan fuentes del instituto armado. Gracias a esta decisión, el general, del que algunas fuentes destacan su cercanía personal con Zoido —ambos son sevillanos—, pudo permanecer en activo hasta 2021. En esos años ocupó, primero, la jefatura de Cooperación Internacional y, desde 2017, la dirección del Proyecto GAR-SI Sahel, un proyecto financiado por la Comisión Europea en esta zona de África. Pese a que pasó a la situación de retiro en enero de aquel año, en este último destino permaneció operativo unos meses más, según refleja las nóminas que recibió y que obran en el sumario. Según la investigación, la supuesta implicación del general Espinosa coincide en el tiempo, precisamente, con su permanencia en este cargo. De hecho, la jueza investiga si desde ese cargo amañó cuatro contratos públicos valorados en más de 260.000 euros."                (Óscar López-Fonseca , Guillermo Vega , El País, 24/02/23)

Caso Serrano: el juez estrella de Vox, a un paso del banquillo por el fraude

 "El juez que investiga el caso Serrano, la investigación de los posibles delitos cometidos por el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta Francisco Serrano durante su etapa como empresario, ha colocado al también juez en excedencia a un paso del banquillo. En un auto de 18 de enero, el juez Juan Gutiérrez, del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, procesa tanto a Serrano como a dos antiguos socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones, ratificando la investigación realizada por este periódico, que desveló los hechos y dio origen al caso [ver aquí el dosier con las informaciones publicadas].

El auto detalla que en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, estos dos últimos también afectados por la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla", que era el objeto de los fondos solicitados. 

 El auto del caso, derivado de la denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros "con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.

Serrano se querelló contra infoLibre, contra su periodista Ángel Munárriz y contra Sánchez, de Facua, por una supuesta revelación de secretos y violación de secretos e información privilegiada en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial. Los tres, en cambio, solo fueron citados por el primer delito.

Así, el pasado 28 de septiembre, Daniel Basteiro, director de infoLibre –en representación del medio–, Munárriz y Sánchez prestaron declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla. Basteiro y Munárriz defendieron el interés público de las informaciones, que afectan a una persona de incuestionable relieve político que se presentó ante el electorado andaluz como garante del buen uso de los caudales públicos. También defendieron la diligencia profesional seguida en la elaboración de las noticias, tanto por su soporte documental como por su exposición objetiva y por la oportunidad dada a los aludidos de ofrecer su versión. Munárriz se negó a desvelar la identidad de ninguna de sus fuentes.

En su querella, Serrano se presentó como víctima de un "juicio paralelo" en el que los denunciados, para desprestigiar su figura por un "odio manifiesto por razones ideológicas", habrían lesionado sus derechos fundamentales con la publicación de información incluida en el sumario.

Dinero del préstamo para "pagar deudas de las empresas"

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además "se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus".

El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".

Más pagos "con cargo a Reindus"

El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".

"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

El juez acuerda finalmente el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones respecto a Álvaro Sánchez Fernández al no considerar acreditado que "hubiese participado directamente, ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor de ninguno de los actos relacionados en el relato de hechos".                    (InfoLibre, 20/01/23)

Un diputado de Junts recibió 1,2 millones en subvenciones... "¿El que gestionaba todas estas subvenciones de muchos organismos, del Departamento de Presidència, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Diputación, ¿era el señor Dalmases?"... "Sí"

 "Las entidades Catmón e Igman recibieron más de 1,2 millones de euros entre 2012 y 2017, según apunta El Periódico en palabras del juez Joaquín Aguirre, durante la declaración de Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC y miembro del entorno de Carles Puigdemont que está siendo investigado por la presunta financiación del proceso.

El Periódico recoge que el juez afirmó hace una semana que "entre los años 2012 y 2016 o 2017, Catmón e Igman recaudaron 1.236.000 euros". Terradellas contestó "si usted lo dice, me lo creo". A lo que el magistrado insitió que "lo que le pregunto es quién se encargaba de gestionar la obtención de todas estas subvenciones".

Terradellas apunta directamente al actual diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases. "A partir de 2012, yo no estoy presente en la organización. Quien lo lleva todo es Francesc de Dalmases, porque es presidente de Acció Solidària Igman y es el director de la revista. Yo me dedico de lleno a ser secretario de asuntos exteriores de CDC, y mi presencia en las sedes de Igman o Catmón es nula", aseguró.

Dalmases, anteriormente a su entrada en política, fue responsable de Catmón y de Igman. En julio del 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó investigar al parlamentario, aunque el juez Aguirre le ha ofrecido personarse en la causa.

Catmón e Igman recibieron numerosas subvenciones de instituciones públicas, entre ellas de la Diputación de Barcelona. Sobre este hecho, Terradellas afirma que "yo nunca presenté ningún proyecto, ni justifiqué ningún proyecto". "¿Entonces fue el señor Dalmases quien tuvo todas las relaciones con la Diputación de Barcelona?", preguntó Aguirre. "Sí, él era el encargado de llevar todos estos temas como presidente de la organización", replicó el exdirectivo de CDC, de nuevo señalando al diputado de Junts.

Las acusaciones no cesan solamente en la Diputación. El juez preguntó a Terradellas si "el que gestionaba todas estas subvenciones de muchos organismos, del Departamento de Presidència, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, de la Diputación, ¿era el señor Dalmases?". "Sí", contestó de nuevo Terradellas."           (e-notícies, 21/05/22)

Giro en el fraude en los cursos de formación: al banquillo una academia y una fundación de UGT por cobrar mordidas a un profesor

"La lucha contra el fraude a gran escala que se continúa produciendo con el cobro de mordidas a los profesores que imparten cursos de formación financiados con fondos europeos puede tener un impulso inesperado gracias a un docente de Logroño. 

Una denuncia de este profesor por pagos irregulares a los que obligan algunas academias ha conseguido que el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño -con el apoyo de la Audiencia Provincial- siente en el banquillo por estafa a dos empresas y a la fundación de UGT Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) por haber cobrado presuntamente estas "mordidas".

Este juicio es muy importante para centenares de docentes que han tenido que devolver parte de su sueldo a las academias, como ha acreditado eldiario.es en grabaciones y documentos, porque les abre una vía para reclamar el dinero si la justicia lo acaba considerando una estafa. Hasta la fecha, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Valenciana Antifraude y la Intervención General del Estado investigan este presunto fraude por la vía de los posibles delitos de fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos combinados con falsedad documental o delito fiscal. En estos casos el docente nunca recuperaría el dinero que factura y que le obligan a devolver para seguir trabajando.

Así, el juzgado de Instrucción número 3 de Logroño sienta en el banquillo a los empresarios Hipólito Merino y Salomé Torres; al exsecretario general de UGT La Rioja y exdiputado autonómico del PSOE José María Buzarra y a la empresa Cenformadu SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del sindicado. Los ya acusados se enfrentan cada uno a ocho años de cárcel y les han fijado una fianza de responsabilidad de 203.000 euros. Estas penas las pide el abogado del profesor Roberto G. B., mientras la Fiscalía ha propuesto el sobreseimiento a última hora después de haber acusado por malversación durante todo el proceso. La Abogacía del Gobierno de La Rioja también ha pedido el archivo.

El caso del docente riojano es muy similar a otros casos publicados en este periódico. Los hechos se remontan a los años 2008 a 2012 cuando el profesor impartía cursos de formación financiados por la UE para el Servicio Riojano de Empleo a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT. La fundación a su vez subcontrataba a la academia Cenformadu. En uno de los cursos de soldadura que impartió el docente se le contrató para 955 horas y las dio. Pero solo cobró por 409. Las otras 546 las facturó y cobró el empresario de la academia ahora procesado Hipólito Merino con "la anuencia" de Buzarra, que es quien habría autorizado los pagos ocultándoselo al docente. Este modus operandi se realizó en otros cursos similares, según se desprende del escrito de acusación del profesor.

En otra ocasión, para conseguir las mordidas al profesor en los cursos de la fundación de UGT, la academia Ceformadu cobró al docente por el "uso del local y los equipos de soldadura". Este espacio y herramientas a su vez habían sido arrendados previamente a través de la fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales para justificarlos ante la administración pública. Un modus operandi similar al que investiga la fiscalía de Alicante en algunos centros de la provincia denunciados por la Agencia Valenciana Antifraude para poder recuperar las presuntas mordidas. Estos pagos de alquileres se acompañaban de la correspondiente reducción de horas en el contrato, que no de las que realmente impartía el profesor.

En otro caso fue el empresario el que cobró directamente la mordida al profesor para mediar con Buzarra y la fundación de UGT para que volviera a ser contratado. El docente era contratado a 18 euros la hora pero en realidad tenía que facturar entre 40 y 50 euros, que es el precio oficial que se pagaba a los docentes en estos cursos para parados cofinanciados por la UE.

Desde UGT la Rioja han mostrado su sorpresa por la apertura de juicio oral porque consideran que "el sindicato no ha hecho nada mal" y que el caso es "una denuncia entre un profesor y la academia que lo contrataba". Las mismas fuentes han expresado que están a disposición de la Justicia y "entregarán toda la documentación que se les reclame". 

Desde el sindicato señalan que desde 2015 ya no imparten formación y que tanto la fiscalía como la abogada de la comunidad autónoma han pedido el archivo del caso. "La fundación IFES subcontrataba a la academia, por lo que no entendemos por qué después de tantos años nos vemos inmersos en este proceso", manifiestan."                    (Sergi Pitarch, eldiario.es, 18/11/19)

De la esposa de Arias Cañete a los dueños de las pipas Facundo: beneficiarios de la amnistía fiscal que cobran subvenciones

"El aristócrata y terrateniente Juan Pedro de Borbón no es el único beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 que en los últimos años ha cobrado subvenciones públicas. 

 El listado de acogidos a esa polémica medida (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) nunca se ha difundido (según el Gobierno, sería ilegal hacerlo) y apenas ha trascendido el nombre de un centenar de beneficiarios gracias a investigaciones periodísticas y procedimientos judiciales.

La información pública disponible en diferentes registros permite identificar algunas de las ayudas públicas que han recibido las empresas de varios beneficiarios de esa medida de gracia, declarada inconstitucional en junio de 2017 (aunque sin efectos prácticos).

Los hermanos Gallardo

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo son los principales accionistas de los laboratorios Almirall y dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas). Aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones, la mayor cifra conocida hasta ahora, que ocultaban en varios paraísos fiscales, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Su farmacéutica, que hace unos meses recibió un préstamo de 120 millones de la UE en condiciones ventajosas para desarrollar nuevas terapias dermatológicas, aparece como beneficiaria en la base de datos de subvenciones del Ministerio de Hacienda de unos 340.000 euros en ayudas del Estado y la Generalitat de Catalunya.

Más relevantes son las ayudas que han recibido las residencias de ancianos Domus VI (antigua SARQuavitae), de las que los Gallardo son socios a través del fondo de inversión G-Square, especializado en el sector sanitario. Varias de sus filiales aparecen como receptoras de subvenciones a la contratación de varias comunidades autónomas en el portal de Hacienda, que solo cubre los últimos cuatro años.

Entre ellas, Geriatros, con cerca de 1,1 millones en subvenciones, la mayoría de la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia; Quavitae Servicios Asistenciales (cerca de medio millón), SAR Residencial y Asistencial SAU (unos 393.000 euros, sobre todo de Baleares y Madrid) y otras como la Fundación Sarquavitae (95.445), Geriátricos del Principado (74.130 euros), Azul Centros Residenciales SAU (65.880 euros), Servisar Servicios Sociales SL o Casta Salud SL.

También figuran como receptoras de ayudas la panificadora catalana Bellsola, de la que los Gallardo son accionistas a través de su holding Grupo Corporativo Landon (un gigante con 1.126 millones en activos en 2018), y que recibió en 2018 un total de 169.000 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para actuaciones de eficiencia energética.

El grupo Vithas, además de haber suscrito en los últimos años convenios sanitarios millonarios con diferentes comunidades autónomas para aliviar sus lista de espera, también figura como receptor de unos 17.000 euros en ayudas a la eficiencia energética de la Comunidad Valenciana para un hospital en Alicante. El fabricante de cartuchos monomando para grifería Sedal, 100% propiedad de Landon Investments SCR, sociedad de capital riesgo de los Gallardo, aparece como receptor de otros 36.000 euros en subvenciones del Estado y la Generalitat.

Los Gallardo también tienen inversiones en hoteles (Sercotel), inmobiliario y de las energías renovables. En el sector público, controlan el 51% de Catalana de Infraestructuras Portuarias, dueña de una concesión administrativa (hasta 2035) en el Puerto de Barcelona.

Micaela Domecq Solís-Beaumont

La terrateniente y esposa del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que se acogió a la amnistía fiscal mientras su marido se sentaba en el Consejo de Ministros, es la administradora única de Cabaña de Vejer SL, que en la base de datos de Hacienda aparece como receptora de 10.094,11 euros en subvenciones agrícolas recibidas entre agosto de 2016 y noviembre pasado. 

La mayor parte son "subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales" que concede la Agencia Estatal de Seguros Agrarios.

También aparecen como beneficiarias otras empresas de los Domecq, varias vinculadas a Havorad BV, sociedad holandesa calificada hace años como "sociedad pantalla" por la Agencia Tributaria: Juan Pedro Domecq Solís SL (que en 2017 recibió 1,3 millones de la Junta de Andalucía "para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas") y otras como Invalsur SL (48.115 euros desde 2017) o Monsell Agroganadera (32.472 euros en cuatro años). Otra empresa de los Cañete Domecq, Logiscenter (presidida por un hijo del excomisario europeo de Energía y Clima) ha sido una de las beneficiarias de las primeras subvenciones de la Comunidad de Madrid al autoconsumo eléctrico para empresas.

El rey del cartón ondulado

El consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán, también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), es otra de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, "algunos de los socios y administradores" de esa sociedad, y en concreto, "el fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos", se acogieron a la amnistía "mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros".

Cartonajes Santorromán, radicada en Logroño y dedicada durante cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo productos realizados en cartón ondulado (un producto muy utilizado por la industria alimentaria), aparece en la base de datos de subvenciones como beneficiaria de sendas ayudas concedidas en diciembre y marzo de 2016 por el Gobierno riojano: una de 782.335,52 euros para "Mejora de la Competitividad de las empresas (AFI) 2015" y otra de 14.433,3 euros correspondiente a la convocatoria "Promoción de la Innovación Empresarial (Seguridad en el trabajo)".

Leopoldo Santorromán, cuya empresa fue distinguida en octubre pasado como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar, preside desde 2008 la patronal de este sector. En 2016, se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y hoy máximo responsable de este partido, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO). El acto se celebró unos meses después de que la patronal que preside, su empresa y otras 17 competidoras fueron multadas en 2015 con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La sanción fue anulada en enero de 2019 por la Audiencia Nacional por un defecto de forma. Santorromán no ha querido atender a eldiario.es

Los dueños de Meliá

Varios miembros de la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá, se acogieron a la amnistía, según reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá, aunque en este caso no hay datos sobre la cuantía aflorada.

Solo en 2018, y según explica Meliá en su último anual, "las subvenciones en el ejercicio ascendieron a 515.393,49 € a nivel consolidado y 752.752,87 € a nivel agregado. Por otra parte, se recibieron en el ejercicio, en concepto de bonificaciones para formación 599.860,06 € a nivel consolidado y 712.785,92 € a nivel agregado".

Los Escarrer, como los Gallardo, figuran entre las grandes fortunas que cerraron el año pasado sus sicavs en vísperas del cambio legal que anunciaron en diciembre el PSOE y Unidas Podemos para reforzar los controles sobre estos instrumentos de inversión colectiva, muy utilizados por las grandes fortunas.

Los dueños de las pipas Facundo

La familia Villagrá Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo y que hace unas semanas vaciaba gran parte de la sicav que crearon dos años después de acudir a la amnistía, también ha recibido importantes ayudas públicas tras acogerse a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy bautizó eufemísticamente como "declaración tributaria especial", y que les permitió legalizar un patrimonio de 11,2 millones que ocultaban en Suiza.

El fabricante de las pipas Facundo, Facundo Blanco SA, ha recibido 1,5 millones de la Junta de Castilla y León para "proyectos expansivos de la factoría palentina", según informaba el Gobierno autonómico en octubre de 2014. "La empresa ha recibido dos ayudas por importe global de 1,4 millones de euros para una inversión de 5,3 millones de euros para la mejora, modernización y automatización de la industria de elaboración de frutos secos", explicó entonces la Junta.

El presidente de Facundo Blanco y expresidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, también aparece como receptor a título personal de subvenciones en el portal de Hacienda, que en el caso de las personas físicas solo recopila la información del último año. Villagrá figura como receptor de 4.709,34 euros en ayudas concedidas entre marzo y diciembre de 2019 en concepto de "pagos directos a la agricultura y la ganadería" y "a otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER".

El empresario, que hizo gala durante su largo mandato en la Cámara palentina de un discurso a favor de reducir el gasto público ["Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades", dijo en 2010], bajar impuestos y no tocar la reforma laboral de 2012, recibía este jueves de manos del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, la Medalla de Oro de esta institución en reconocimiento a su trayectoria en la cámara palentina.

En ese acto, Bonet definió a Villagrá, según recoge Diario de Burgos, como "una persona ejemplar que ha estado sirviendo de manera generosa al conjunto de la población y a todas las empresas durante los 40 años que ha estado en la Cámara, así como los 22 años como presidente de la misma". Al acto acudieron el consejero de Economía de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, el alcalde de Palencia, Mario Simón (Ciudadanos), y la presidenta de la Diputación, la también popular Ángeles Armisén."                 (Antonio M. Vélez, eldiario.es, 30/01/20)

Los ERE, un caso de corrupción en busca de autor

"(...) Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. 

Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

 

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. 

Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. 

El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan. (...)

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE."                     (Juan Francisco Martín Seco, República, 28/11/19)

Fraude a gran escala en la formación de parados con "mordidas" al sueldo del profesorado en las academias de formación . La Comisión Europea exige a España que intervenga

 "La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.

Pero la petición de la OLAF es una intervención paralela a la de la justicia penal. De hecho, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea ha pedido al Ministerio de Trabajo, que gestiona el Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Hacienda, responsable del gasto de los Fondos Feder y de Cohesión, que investiguen las diferentes informaciones que publicó eldiario.es. Y es que en las noticias publicadas el pasado mes de abril se acreditaba que en la actualidad, las 'mordidas' a los sueldos de los profesores se continúan practicando.

Por parte del Ministerio de Hacienda ha tomado cartas en el asunto el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que ya ha mantenido reuniones para tratar de recabar información sobre las prácticas irregulares de numerosas academias que reciben fondos de la UE. En este sentido, sería interesante, plantean fuentes conocedoras de la investigación, que los centenares de profesores afectados por estas prácticas acudieran a la SNCA a denunciar a las academias que les estén obligado a reembolsar parte de su sueldo, bien sea a través de servicios ficticios o con dinero negro.

La SNCA depende de la Intervención General del Estado, por lo que su intervención puede ser clave en esta macrocausa que se perpetúa en el tiempo, aunque son en última instancia las autonomías las que deben actuar contra una práctica muy extendida y que hasta la fecha, por inacción, omisión o colaboración, se sigue produciendo.

La otra administración a la que la OLAF ha pedido cuentas es el Ministerio de Trabajo, que gestiona las ayudas del Fondo Social Europeo. En este caso, el departamento que dirige Magdalena Valerio ya se ha puesto en contacto con varias autonomías para reclamar información sobre el presunto fraude en los cursos de formación. De momento, los diferentes departamentos autonómicos se han puesto a confirmar las denuncias realizadas por eldiario.es. Hay casos certificados en la Comunitat Valenciana, Extremadura o Catalunya, donde existen incluso denuncias en una juzgado de instrucción. 

El fraude se fundamenta en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representará un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40% para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Como ya contó este periódico el pasado 31 de marzo, Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explicaba a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirmaba este docente.

En otra información se reproducía un audio en el que un empresario directamente planteaba al docente la manera en que debía cometer el fraude: "Pagamos autónomos, más 17 euros brutas la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora". Este periódico continuará revelando audios y documentación que demuestra que, lejos de acabarse, las "mordidas" a profesores continúan. "              (Sergi Pitarch / Adolf Beltran  , eldiario.es, 19/06/2019)

"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es. 

El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

"Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación. 

A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40 % para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma este docente.

Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros". 

Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros". 

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta. 

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector. 

¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura. 

Añade Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

Los centros no desmienten estas prácticas

Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.

Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias". 

En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado", afirma. 

Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.

El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia. 

A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario."            (Sergi Pitarch / Adolf Beltran  , eldiario.es, 31/03/2019)

Rafael Blasco, exconsejero valenciano, admite que saqueó las ayudas a la cooperación...

"Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros.

La confesión de Blasco, que ya ha cumplido cuatro años de cárcel por la primera pieza separada del caso, tiene un precio: la Fiscalía ha aceptado reducir a tres años y medio de prisión la petición de 16 años que formuló inicialmente en su escrito de acusación.

El ministerio público también ha rebajado ostensiblemente la cantidad de dinero que exigía al exdirigente del PP. En vez de 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil —que le reclamaba de forma solidaria junto a los otros dos supuestos cabecillas de la trama—, el fiscal se conforma con que el exconsejero entregue dos inmuebles.

Una planta baja situada en L'Eixample de Valencia, una de las zonas más caras de la ciudad, tasado por Blasco en 600.000 euros. Y una finca rústica en el término municipal de Carcaixent, cuyo valor declarado, admiten fuentes de Anticorrupción, no alcanza los 200.000 euros y vale probablemente menos.

Las condiciones del acuerdo fueron consideradas demasiado ventajosas para las otras dos acusaciones presentes en el juicio, la Generalitat, en calidad de perjudicada, y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular. Ambas rechazaron sumarse al pacto y solicitaron a la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que mantenga la celebración del juicio oral, señalado en principio hasta finales de julio. Los jueces decidirán el jueves si acortan o no las vistas, tras examinar los acuerdos de conformidad alcanzados entre la Fiscalía y los 24 acusados.

Orientado al poder

El ministerio público tiene sus razones para cerrar un acuerdo de tales características con Blasco, considerado uno de los grandes estrategas del PP valenciano, protagonista de una larga travesía ideológica con la proa orientada siempre hacia el poder. Ya fue expulsado hace 30 años del PSOE por un caso de corrupción que no llegó a probarse y fue recuperado por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para su Gobierno a finales de los noventa.

 Fuentes de la Fiscalía señalan que el Tribunal Supremo limitó a ocho el número de años a los que Blasco puede ser condenado por los mismos delitos en las tres piezas del llamado caso Cooperación. Como en la primera pieza ya fue sentenciado a seis años y medio por malversar dos proyectos de ayuda al desarrollo en Nicaragua, la pena adicional a la que podría ser condenado en el presente juicio, que abarca las dos piezas separadas restantes del caso, sería de año y medio, salvo que fuera hallado culpable de nuevos delitos.

Y ahí reside la discrepancia con las otras dos acusaciones. La Coordinadora de ONGD y la Generalitat acusan también a Blasco y sus presuntos cómplices de asociación ilícita y organización criminal respectivamente. Unos delitos que la Fiscalía considera difíciles de demostrar, pero que si el tribunal considerase probados supondrían entre cuatro y cinco años de condena.

Es decir, en total hasta siete años y medio de prisión sumando la condena adicional que ambas acusaciones creen que pueden obtener, sin salir de los límites que estableció el Supremo, con una nueva condena, en su versión agravada, de los delitos por los que el exconsejero ya fue condenado en la primera pieza del caso: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Las defensas presionan a las acusaciones

Las defensas presionaron ayer a la Abogacía de la Generalitat y a la Coordinadora de ONGD advirtiéndoles de que si no se suman al pacto que han alcanzado con la Fiscalía solicitarán al tribunal su condena en costas por actuación "temeraria". El abogado de la coordinadora, Raúl Vidal, respondió que si las ONG fueran condenadas a abonar las costas —lo que incluye gastos procesales y las minutas de los 24 abogados defensores—, podrían acabar pagando más dinero del que Blasco y el resto de acusados han acordado con el Ministerio Público devolver. "Sería el mundo al reves", dijo Vidal.

Entre los expedientes que Blasco y los otros condenados reconocieron haber saqueado figuran proyectos para reducir la violencia sexual contra menores y planes para garantizar la seguridad alimentaria en diversos países pobres."                   (Ignacio Zafra, El País, 20/05/19)

Anticorrupción investiga un fraude a gran escala en la formación de parados con "mordidas" al sueldo del profesorado

"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es.

 El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

"Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación.

A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. 

La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

 

Un 40 % para salarios de docentes como mínimo

Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma este docente.

Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. 

Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros".

Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros".

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta.

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. 

Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector.

¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura.

Añade Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. 

De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

 

Los centros no desmienten estas prácticas

Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.

Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). 

En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias".

En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado", afirma.

Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. 

Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.

El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia.

A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario."                ( Sergi Pitarch / Adolf Beltran  , eldiario.es, 31/03/19)