Dos de los
documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el
imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del
área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es
portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos
expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del
organismo, en el centro de Barcelona.
La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su
epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus
concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están
imputados en la causa.
El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido
sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol,
cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la
División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.
Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo
investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en
la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes
de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el
número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la
alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.
El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores
corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores
y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha
que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la
adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a
un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus
colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también
una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un
despacho de abogados.
Garrido y otros decidían,
presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación
de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las
pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y
cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo
sucedido.
Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a
ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de
Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa).
En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.
Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de
licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden,
supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo
sospecha.
Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de
Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más
grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por
el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto
total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede
ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.
El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la
investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora
no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de
forma irregular a partidos políticos.
El exconcejal del Partido Popular
en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como
intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos
años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.
También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía
local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso,
el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en
ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de
la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y
amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció
como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007,
antes de llegar a Sabadell.
En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y
otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la
custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y
omisión del deber de perseguir delitos.
Está previsto que hoy empiecen a
declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos,
que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un
comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”. (
El País, 30/11/2012)
