La ex eurodiputada Maria Arena, acusada de pertenecer a una organización criminal

 "Los cargos, que Arena ha negado, son los últimos de las acusaciones del Qatargate, según las cuales grupos de presión extranjeros intentaron comprar influencia en el Parlamento Europeo.

Maria Arena, ex eurodiputada socialista, ha sido acusada de pertenencia a organización criminal, según ha confirmado a Euronews el fiscal federal belga.  

La medida se produce tras el escándalo Qatargate, que sacudió el Parlamento en 2022 y que ha supuesto la imputación de varios eurodiputados y miembros de su personal por corrupción y blanqueo de dinero.

Los cargos se confirmaron tras las revelaciones del diario La Libre, pero el portavoz declinó hacer más comentarios sobre la investigación de la supuesta compra de influencias por parte de actores extranjeros como Qatar.

Arena ha negado las acusaciones, al igual que otros ex eurodiputados implicados Eva Kaili, su pareja de hecho Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino y Marc Tarabella.

Arena, que hasta julio de 2024 fue eurodiputada por la región francófona de Bélgica, dimitió de su cargo de presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara tras revelarse que no había declarado viajes pagados a Qatar.

Hasta ahora había evitado ser acusada directamente, aunque a principios de la investigación la policía belga había precintado el despacho de su asistente.

Arena declaró a La Libre que había sido «acusada porque conozco a otras personas que a su vez están acusadas de corrupción».

Es la última vuelta de tuerca en un caso que cada vez se extiende más.

 En junio de 2023, Michael Claise, el juez que dirigía la investigación, dimitió tras las acusaciones de conflicto de intereses. El abogado de Tarabella alegó que Claise no podía ser imparcial, ya que su hijo y el hijo de Arena eran socios comerciales.

La noticia significa que cuatro personas más han sido acusadas en relación con la investigación, además de las seis personas que fueron acusadas en los meses posteriores a la apertura del caso en diciembre de 2022.

A principios de enero, Le Soir informó de la imputación de otros tres sospechosos, entre ellos dos asesores y un asistente de la agrupación socialista.  

Más de dos años después, el caso se enfrenta a nuevos escollos. La juez de instrucción Aurélie Dejaiffe dejará en breve su puesto en el sistema judicial belga, y el caso de Kaili se ha retrasado aún más por las dudas sobre si la información facilitada por los espías belgas era lícita.  "                  (Jack Schickler & Maria Psara , Euronews, 20/01/25, traducción DEEPL)

Cestas de navidad, aguinaldos y donativos: los regalos de BBVA a policías en el caso Villarejo

 "Una de las cuestiones que se han analizado durante la instrucción del caso Villarejo es si el BBVA hizo regalos a policías a cambio de un “trato de favor”, algo que estaría prohibido en el código de conducta del banco. En el sumario de la investigación sobre las relaciones entre la entidad y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se inició en octubre de 2018, constan archivos sobre gratificaciones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que partían del departamento de seguridad corporativa que dirigía Julio Corrochano, investigado por ser el nexo de unión entre el BBVA y el agente encubierto. El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro ha retomado este asunto y en su último informe, en el que solicita al juez instructor Manuel García Castellón que proponga juzgar a la entidad y a una docena de ex altos cargos de la entidad, entre ellos el expresidente Francisco González, ha incluido las pruebas documentales que acreditarían el pago de donativos con motivo de sus fiestas patronales, algunos enmascarados en facturas “por la compra de juguetes”, o el envío de cestas, vinos y aguinaldos por Navidad.

Según el fiscal Cabaleiro, estos regalos tenían como objetivo mantener una “buena colaboración” entre el banco y la Policía e incluso garantizar un “trato de favor o de confianza” ante determinados favores que el BBVA pedía a altos cargos policiales. También era una forma de recompensar las “relaciones privilegiadas con importantes mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, señala. El representante de Anticorrupción enfatiza que esta actitud era “conocida tanto por la alta dirección como por el propio consejo de administración”.

Para justificar estas afirmaciones, el fiscal expone en el escrito con fecha del pasado 17 de mayo los indicios que probarían que todos los investigados a los que pide poner a un paso del banquillo de los acusados, entre ellos el BBVA como persona jurídica, son responsables de la comisión de un delito cohecho y una pluralidad de ellos relacionados con descubrimiento y revelación de secretos por los encargos de espionaje que hicieron a Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo. Pero también por todos los pagos extraordinarios que se hicieron llegar a policías del entorno del comisario jubilado.

En este sentido, Cabaleiro dedica 16 páginas de su informe —de más de 240 folios— para reproducir los correos electrónicos de empleados del BBVA y directivos, como Corrochano o el actual responsable de auditoría interna, Joaquín Gortari, y en los que se ponía en copia, en algunas de las ocasiones, al exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano, para tramitar los regalos. En ellos se solicitan “instrucciones oportunas” para “atender necesidades del servicio surgidas en el área de seguridad especial que presta sus servicios a Presidencia y la alta dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Este mensaje iba seguido de la solicitud de autorización de “donativos” de miles de euros con motivo de actos conmemorativos de la Guardia Civil o la celebración de la fiesta del Día de la Policía en honor a su patrón, los Santos Ángeles Custodios.

Uno de los mensajes incorporados es el enviado el 19 de septiembre de 2011 por parte de un empleado del banco a Gortari para comentarle que con motivo de la fiesta patronal de la Guardia Civil se habría realizado un donativo “en efectivo mediante el pago de la factura correspondiente por la compra de juguetes por parte de esta institución”. En los cruces de correos también figuran los trámites para enviar cestas de Navidad, en las que se incluían vino, o “aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función”, según reza uno de los emails destacados.

Listado de policías

De hecho, el fiscal afirma que era una práctica habitual que el departamento de seguridad corporativa del BBVA realizara un listado anual sobre los policías que recibían atenciones por Navidad, “algunos destinados a la sede oficial y otras a domicilios particulares”. “El grado de detalle del personal del Cuerpo Nacional de Policía, así como la reiteración en los regalos se prevé como constante”, subraya el escrito. En ese grupo de policías se encontraban comisarios cercanos Villarejo, algunos de ellos imputados en la macrocausa, como Carlos Salamanca, quien fuera responsable de fronteras en el aeropuerto madrileño de Barajas, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel; o Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), conocido como El Gordo, que ha sido excluido de la causa por su estado de salud.

También el comisario Santiago Sánchez Aparicio, ex jefe de la Policía Judicial, que declaró como testigo en la línea de investigación centrada en el BBVA y admitió su relación de amistad con el exresponsable de seguridad del banco; o José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue interrogado para aclarar si el BBVA estaba detrás de la denuncia anónima que motivó la investigación judicial contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc.

El cohecho, que es el delito que sustenta toda la macrocausa, castiga tanto al funcionario público que ha recibido una dádiva o retribución de un tercero, como al particular que ha ofrecido o entregado dichas recompensas. Precisamente este ilícito ha estado durante un tiempo en el aire debido a que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el primer juicio del caso Villarejo absolvió a todos los acusados por esta conducta ilegal, si bien la Sala de lo Penal ha ordenado corregir este extremo, lo que ha hecho que vuelva a ser un elemento de cargo para Anticorrupción.

Algunos investigados afirmaron ante el juez García Castellón que desconocían si se hicieron “entregas de dinero en efectivo” a policías para patrocinar sus festejos, ya que no existían partidas específicas en los presupuestos para ello, como señaló Nazario Campo Campuzano, directivo del área de seguridad del BBVA, para quien el fiscal ha pedido el archivo de la causa; o el expresidente Francisco González, que aseguró que dichos pagos no encajaba dentro de su código de conducta, el conocido en el sector bancario como Código FG, una guía de buenas prácticas que instauró en el banco. Sin embargo, el fiscal considera que existen numerosas pruebas acerca de que “de forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación [desde 2004 hasta 2017], desde la alta dirección y con expreso conocimiento del gabinete de Presidencia [entonces dirigido por Joaquín Gortari], se hacían regalos, tanto en metálico como en productos a miembros destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos”.

Información sobre problemas internos en el Banco Santander

Asimismo, el fiscal apunta que estas gratificaciones no son solo atenciones en fechas concretas, sino también “contrapartidas” a algunos mandos policiales por determinados favores a altos cargos policiales, como la gestión de visados de allegados a directivos y consejeros del banco o información sobre personas que querían reunirse con altos cargos del BBVA. De hecho, el fiscal incluye uno de los correos que Enrique García Castaño envió a Julio Corrochano sobre las denuncias de trabajadores del Banco Santander por “acoso laboral” contra la dirección de seguridad corporativa de la entidad, incluso una carta que el entonces jefe de dicho departamento, el teniente coronel de la Guardia Civil Juan Salom Clotet, envió al fallecido presidente del banco Emilio Botín sobre este asunto.

Con todo ello, Anticorrupción concluye que el BBVA y sus altos cargos incumplieron su propia norma interna sobre “entregas de regalos y organización de eventos promocionales”, que establecía que, además de tener que rellenar un anexo, los regalos tenían que ser “de carácter promocional o detalles de cortesía”, cuyo valor no podía superar los 150 euros. El fiscal Cabaleiro se acoge a este reglamento porque, según indica, no ha podido analizar el contenido de la normativa especial del banco sobre “atenciones especiales de Navidad” porque “la defensa del BBVA, en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, ha preferido no aportarla.” Por este mismo motivo, añade, tampoco ha podido revisar la norma de la entidad sobre la contabilización y pago de facturas recibidas en vigor durante los años investigados, pero aun así señala que la de 2018 (año que ya no es objeto de las pesquisas) prohíbe las donaciones al “Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos del Estado y las entidades autónomas de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las entidades locales”.                (Nuria Morcillo, Cinco Días, 10/06/24)

POLITICO: Gran Bretaña se está volviendo más corrupta. ¿Ayudará echar a los conservadores? Tras 14 años de gobierno conservador, el Reino Unido ocupa el puesto más bajo de su historia en el índice mundial de corrupción... mientras que la confianza pública en las instituciones políticas ha alcanzado mínimos internacionales. Los escabrosos titulares sobre contratos de Covid concedidos a empresas con conexiones políticas, y los legisladores de todo signo que se comportan mal han contribuido a crear una sensación de malestar ético en el Reino Unido

 "Los laboristas han prometido vaciar el pantano de Westminster si ganan las elecciones en el Reino Unido el mes que viene. Buena suerte.

Tras 14 años de gobierno conservador, el Reino Unido ocupa el puesto más bajo de su historia en el índice mundial de corrupción -un estudio anual sobre el soborno realizado por Transparencia Internacional-, mientras que la confianza pública en las instituciones políticas ha alcanzado mínimos internacionales.

Los escabrosos titulares sobre contratos de Covid concedidos a empresas con conexiones políticas, los partidos del antiguo gobierno de Boris Johnson que incumplen las normas y los legisladores de todo signo que se comportan mal han contribuido a crear una sensación de malestar ético en el Reino Unido, que se prepara para las elecciones del 4 de julio.

Los laboristas, que van camino de derrotar ampliamente a los conservadores el mes que viene, han denunciado la "sordidez" de los tories.

Pero bajo la superficie ya están apareciendo grietas.

El partido de la oposición, liderado por Keir Starmer, tiene puestas sus esperanzas en una nueva y amplia Comisión de Ética e Integridad. La idea es reunir la confusa red de reguladores de Westminster -a menudo tachada de desdentada- en un organismo poderoso que pueda exigir responsabilidades.

 Pero los detalles del proyecto sugieren que los laboristas ya han suavizado partes de su gran plan para atajar el amiguismo.

En su día, el partido prometió prohibir que los parlamentarios tuvieran un segundo empleo, con "excepciones muy limitadas", a raíz de los numerosos casos de legisladores que trabajaban para empresas externas mientras ocupaban su escaño en la Cámara de los Comunes.

Sin embargo, en el programa electoral laborista se suavizó esa promesa y se limitó a prohibir "las funciones remuneradas de asesoramiento o consultoría", con la posibilidad de imponer más restricciones posteriormente.

 Una promesa anterior de introducir una prohibición general de cinco años para que los ex ministros acepten trabajos de consultoría o de lobby una vez que dejen el gobierno también se ha suavizado para prohibir tales funciones sólo si están "relacionadas con su antiguo trabajo".

Así pues, mientras los laboristas se preparan para la victoria, los defensores de la lucha contra la corrupción se mantienen alerta. El gobierno de Starmer tendrá que demostrar rápidamente que da prioridad a la limpieza de Westminster, afirman, o se arriesga a perder la confianza de los votantes.

Daniel Bruce, director general de Transparency International UK, afirma que Starmer debe conseguir victorias "fáciles" para marcar la pauta. En primer lugar, los laboristas deben cumplir su promesa de dotar de un verdadero poder al asesor ético del primer ministro, que actualmente sólo puede investigar a los ministros si el primer ministro está de acuerdo.

"[Los laboristas] se han comprometido a hacerlo en su manifiesto", señaló Bruce. "Pueden hacerlo desde el primer día. Eso no requiere cambios en ningún instrumento. No es una disposición legal. Es sólo una cuestión de procedimiento".
Perros nuevos, trucos viejos

Los partidos de la oposición tienen fama de prometer medidas drásticas contra el amiguismo, una promesa fácil de hacer cuando no se es quien ostenta el poder.

Por ejemplo, el ex Primer Ministro laborista Tony Blair presentó su aplastante campaña de 1997 como un antídoto contra años de escándalos conservadores, afirmando que su partido sería "más puro que la pureza".

En 2010, el flamante líder conservador David Cameron prometió importantes reformas en materia de transparencia y gobernanza cuando un escándalo protagonizado por legisladores que reclamaban gastos desorbitados financiados por los contribuyentes hundió la confianza pública.

Sin embargo, una vez en el Gobierno, cada uno de los antiguos agitadores de la oposición se vio pronto acosado por sus propios escándalos, y algunas de sus promesas más valiosas se vieron desbaratadas por los acontecimientos y la inercia.

Los cambios iniciales de Cameron -mejorar el acceso público a los datos de la Administración, endurecer las normas de contratación pública y presentar el primer registro británico de grupos de presión- se vieron eclipsados por su propia implicación en un gran escándalo de grupos de presión. El registro de grupos de presión que en su día promocionó ha sido tan ridiculizado que los propios grupos de presión han pedido normas más estrictas para evitar que los políticos manchen la reputación de su sector.

La postura de Blair de "más santo que tú" se vio pronto puesta a prueba por sus propios escándalos de dinero por acceso. Tras dejar el gobierno, se maldijo a sí mismo como un "ingenuo, tonto e irresponsable papanatas" por haber introducido la pionera Ley de Libertad de Información del Reino Unido.

"La tentación de los partidos políticos es hablar con dureza de ética cuando están en la oposición, pero dejar pasar las cosas cuando están en el gobierno", afirma Alex Thomas, director de programas del Instituto de Estudios Gubernamentales.

"En los últimos años hemos visto cómo unas normas éticas estrictas ayudan a los gobiernos a trabajar bien y a no meterse en líos", añadió. "Será importante que cualquier gobierno entrante se tome en serio esta agenda y aplique la reforma".

El dilema del reparto

En la actual campaña electoral, los laboristas han insistido en que realmente introducirán grandes cambios en la forma en que Westminster vigila los malos comportamientos.

La semana pasada, durante la presentación del manifiesto de su partido, Starmer fue preguntado por su compromiso con el programa y dijo que pondría en marcha las reformas "de inmediato". El líder laborista pareció reconocer el profundo cinismo de los votantes ante las sucesivas promesas de hacer las cosas de otra manera: "Sé que nadie creerá que ha cambiado hasta que vea la acción que sigue".

 La jefa de gabinete de Starmer, Sue Gray -retirada del corazón de la función pública, donde trabajó como temida jefa de ética y decoro de Whitehall- al menos conoce el terreno. Pero no está claro si impulsará el cambio o simplemente perpetuará un sistema que ha marcado sus propios deberes durante demasiado tiempo.

Una persona que la ha visto en acción en el gobierno, y a la que se le ha concedido el anonimato para hablar con franqueza, cree que Gray querrá realmente mejorar el régimen de ética y normas en el gobierno, pero que hacerlo no será una de sus prioridades.

"Es una de sus aficiones y algo que le preocupaba cuando estaba en el gobierno", dijo la persona. "Si hay cambios, querrá participar en esas conversaciones. Pero también es pragmática y habrá cosas mucho más importantes que necesiten atención, al menos al principio".

 "Está en una posición tan poderosa", dijo Sue Hawley, directora del grupo de campaña Spotlight on Corruption. "Ella podrá pensar en formas de hacerlo más eficazmente".


En cualquier caso, la erradicación de la corrupción tiene la extraña costumbre de bajar en la lista de prioridades cuando un nuevo gobierno -de repente abrumado por los retos nacionales e internacionales- toma posesión.

Un conjunto radical de promesas normativas presentadas por los demócratas liberales de centro-izquierda -tradicionalmente el tercer partido de Gran Bretaña, que parece que esta vez aumentará su número de diputados- da a los activistas algunos motivos para el optimismo. Hawley sostiene que la previsible afluencia de nuevos diputados liberaldemócratas creará un entorno político "constructivo" para ampliar las ideas laboristas y mantener la honradez de la nueva administración.

Sea cual sea la composición del próximo Parlamento, los observadores de la corrupción en Westminster sostienen que la inacción ya no es una opción.

"Estas cuestiones deben estudiarse detenidamente con los expertos pertinentes", dijo Bruce. "Pero poner las cosas en marcha... en los primeros 100 días es lo correcto".

( John Johnston , POLITICO, 20/06/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

¿Quién enseñó a los principales dirigentes deportivos y políticos sudafricanos corrupción de primer orden; concretamente, cómo comprar los derechos de organización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA? Uno de los principales sospechosos es el gran centrocampista Franz Beckenbauer

 "¿Quién enseñó a los principales dirigentes deportivos y políticos sudafricanos corrupción de primer orden; concretamente, cómo comprar los derechos de organización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA?

Uno de los principales sospechosos es el gran centrocampista Franz Beckenbauer, fallecido el domingo 7 de enero en Salzburgo (Austria), no lejos de su Múnich natal. Le vi jugar de líbero en el Cosmos de Nueva York a finales de los años 70, cuando él y otras leyendas como Pelé, Chinaglia y Cruyff -seducidos por el dinero yanqui (y desde luego no por la calidad de los competidores estadounidenses)- acudían a Washington, DC, donde yo vivía entonces, para derrotar periódicamente a los Diplomats. El equipo local pronto quebró, dos veces. Pero era un placer ver a Beckenbauer, que a menudo dominaba todo el campo.

Su campo de juego se amplió aún más, hasta ocupar un puesto de liderazgo en la FIFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol con sede en Suiza que organiza la Copa Mundial cuatrienal. Sepp Blatter se convirtió en Director Ejecutivo de la FIFA en 1998, y dimitió (en desgracia) 17 años más tarde. A mediados de 2000, cuando se elegía la sede de la Copa Mundial de 2006, el impacto de Beckenbauer en Sudáfrica fue profundamente corrosivo, provocando que el entonces Presidente Thabo Mbeki, primero, invocara amargamente el término "apartheid global" - y después, cuando los sudafricanos no pudieron vencer a los tramposos de talla mundial, él junto con el líder del Comité Organizador Local de la FIFA, Danny Jordaan, se unieron a ellos, cuatro años más tarde.

 La estrategia del equipo alemán incluía sobornar a los delegados de la FIFA con un fondo para sobornos de 6,7 millones de euros creado por el director ejecutivo de Adidas. (Anteriormente, el principal accionista de la misma empresa había sobornado a la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, para obtener un importante rescate de los contribuyentes. Más tarde, a pesar de su condena en 2016, llegó a dirigir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo).

Beckenbauer necesitaba actuar con rapidez, porque "a principios de 2000 Sudáfrica parecía llevar la delantera a Alemania en la pugna por los votos en el ExCo de la FIFA", especialmente después de una ronda que eliminó la candidatura británica de Tony Blair, según el crítico más destacado de la FIFA, el periodista Andrew Jennings:

    "Uno de los votos de Inglaterra fue emitido por el neozelandés Charlie Dempsey. Su confederación regional de Oceanía le había encomendado que votara a favor de Inglaterra y, cuando ésta se retirara, que respaldara a Sudáfrica". Incluso si Alemania recogía el otro voto flotante, el resultado seguiría siendo un empate, Blatter tenía que respaldar a los africanos. El resultado era obvio. Nos vemos en Ciudad del Cabo en 2006".

Compra de votos alemanes

Pero no fue así, como cuenta Jennings: "Votaron por última vez: Alemania 12 votos, Sudáfrica 11 votos. Nos vemos en Múnich en 2006. Pero sólo fueron 23 votos. Alguien no había votado. ¿Quién fue? Era Charlie Dempsey. Se había ido entre rondas. Estaba en el aeropuerto de Zurich, cogiendo un avión a casa. Charlie esquivó a los periodistas como pudo, pero cuando se le acorraló, balbuceó sobre la 'intolerable presión' en vísperas de la votación".

Dempsey fue sobornado con 250.000 dólares para que se abstuviera, admitió el expresidente de la federación alemana de fútbol Theo Zwanziger -que junto con Beckenbauer y otros dos directivos del fútbol alemán, fueron procesados por las autoridades suizas entre 2016 y 21-. De forma reveladora, tanto la investigación penal como una investigación interna de la FIFA sobre la corrupción alemana fueron abortadas porque llevaron demasiado tiempo, según las autoridades, en parte porque Covid resultó ser perjudicial para los fiscales en octubre de 2020.

Apenas unas semanas antes de la votación, Dempsey se reunió con Beckenbauer. La posterior violación del mandato de Dempsey de apoyar a Sudáfrica fue considerada por el Ministro de Deportes neozelandés, Trevor Mallard, una "vergüenza nacional" tal - "El Sr. Dempsey ha dañado la reputación internacional de nuestro país"- que la Primera Ministra, Helen Clark, se vio obligada a llamar rápidamente a Mbeki para disculparse.

 Mientras Beckenbauer y los alemanes lo celebraban, y los países de la Commonwealth británica se sentían traicionados por Dempsey, según Jennings, "Blatter tuvo que consolar a África". La Asociación Sudafricana de Fútbol estaba tan enfadada que se habló de llevar a arbitraje la decisión, a todas luces fraudulenta. Blatter les disuadió y les prometió que en el futuro la Copa Mundial rotaría por los continentes, y que África organizaría el torneo de 2010".

¿Cómo se había convencido a Dempsey, y cómo se habían decantado otros votos de ejecutivos de la FIFA por Alemania?

Según la revista Spiegel en 2015, "el comité de candidatura alemán creó un fondo para sobornos en su esfuerzo por conseguir los derechos para albergar la Copa del Mundo de 2006. Se cree que altos funcionarios, incluido el héroe del fútbol Franz Beckenbauer, conocían el fondo. En lo que podría convertirse en la mayor crisis del fútbol alemán desde el escándalo de los sobornos en la Bundesliga en los años 70, Spiegel ha sabido que la decisión de conceder el Mundial de 2006 a Alemania se compró probablemente en forma de sobornos".

El fondo para sobornos fue, insiste Spiegel, "llenado en secreto por el entonces consejero delegado de Adidas, Robert Louis-Dreyfus" y fue "utilizado para asegurar los cuatro votos pertenecientes a los representantes asiáticos en el Comité Ejecutivo de la FIFA, compuesto por 24 personas". Aún se desconoce la fuente del soborno concreto a Dempsey.

Aunque negó el soborno explícito, Beckenbauer admitió que existía un fondo para sobornos: "Yo, como Presidente del Comité Organizador en aquel momento, asumo la responsabilidad de este error".

 Los sudafricanos aprenden a jugar al estilo FIFA-Beckenbauer

Después de recibir una lección aleccionadora sobre el modus operandi de la FIFA, en 2004 Mbeki puso en marcha un programa de 10 millones de dólares denominado "Programa del Legado de la Diáspora Africana", recurriendo a lo que debería haber sido un fondo de la FIFA para construir el fútbol de base sudafricano. Y no existía tal programa para ayudar al fútbol continental africano, porque por entonces era bien sabido que el competidor de Sudáfrica por la organización de 2010, Marruecos, ya había comprado demasiados delegados, que luego votaron en contra de Sudáfrica en la votación de la FIFA de ese año por los derechos de organización de 2010.

El secreto salió a la luz en 2015. Aunque el ministro de Deportes, Fikile Mbalula, posó entonces incoherentemente sobre la atención prestada a los chanchullos de su equipo, era obvio que el fondo de la "diáspora" estaba destinado únicamente a influir en el líder de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociado (Concacaf), Jack Warner, y en su aliado estadounidense Chuck Blazer. Este último recibió 750.000 dólares, pero en 2011 comenzó a cooperar con la Oficina Federal de Investigaciones, lo que llevó en 2015 a procesar a dirigentes de la FIFA, incluido Warner.

Lo que había sucedido, informó el Sunday Times en 2015, citando las palabras de un funcionario de la FIFA de Botsuana que fue grabado subrepticiamente, fue que ya en 2004, "Warner 'abandonó' Marruecos porque los sudafricanos le ofrecieron un soborno mayor." (La misma fuente, un dirigente de Botsuana en el seno de la FIFA, afirmó que, en realidad, Marruecos ganó la votación, pero Blatter se la dio a Sudáfrica de todos modos).

 En aquel momento, según amaBhungane, la principal red sudafricana de periodistas de investigación, "Sudáfrica era muy consciente de la necesidad de conseguir los tres votos que la Concacaf controlaba en el ejecutivo de la FIFA y se esforzó al máximo para presionar a Warner. Si hubo un compromiso secreto del gobierno sudafricano, como se alega en la acusación de EE.UU., entonces podría explicarse por qué Jordaan está tan enfadado por haberse quedado con el bebé de 10 millones de dólares".

La profunda falta de honradez y el abuso de los recursos públicos por los que la FIFA se hizo tan conocida también dejaron tras de sí un desprestigioso daño a la reputación. Y, sin embargo, veinte años después del soborno de Warner por parte de Sudáfrica, las tres figuras clave -Mbeki (un entrometido político a menudo incómodo en su propio partido desde su expulsión del poder en 2008), Jordaan (desde 2013, jefe de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica) y Mbalula (desde 2021, jefe operativo del partido gobernante)- siguen siendo influyentes y extremadamente polémicas, y siguen negando las implicaciones del gasto de los 10 millones de dólares en Warner y Blazer.

Beckenbauer cayó enfermo poco después de las acusaciones de Spiegel en 2015, y luego se recluyó, en parte por la dolorosa muerte de su hijo, pero también por el escándalo de la FIFA. Su fallecimiento ha generado un sincero y merecido agradecimiento por su liderazgo futbolístico en el campo, y simpatía, sin duda, pero no suficiente autorreflexión por parte de los alemanes sobre su fraude fuera del campo, y sobre su propio papel en el mundo.

¿Otro genocidio?

 Esto quedó especialmente patente el 12 de enero, cuando el gobierno de coalición socialdemócrata/verde/liberal anunció que apoyaría formalmente a Israel contra la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, convirtiéndose en el primer país que se une formalmente a Tel Aviv en el histórico caso que pretende detener la matanza de más decenas de miles de palestinos. Entre los aliados de Sudáfrica se encuentran Brasil, Malasia, Pakistán, Turquía, Bolivia, Colombia, Jordania y la antigua colonia alemana Namibia, víctima de un genocidio en 1904-08. Esta promoción abierta de una Nakba2.0 se produce ahora tras el exterminio nazi de seis millones de judíos por parte de la propia Alemania entre 1933 y 1945 y, en el país vecino de Sudáfrica, el casi exterminio de los pueblos nam y herero.

En una protesta en Berlín a la que asistí el 13 de enero, ondeaban varias banderas sudafricanas junto a la de Palestina. Un cartel hacía la pregunta obvia: "¿De verdad Alemania. ¿Apoyando otro genocidio? Qué original".

Asimismo, el médico sudafricano Tlaleng Mofokeng, relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, observó: "El Estado (Alemania) que cometió más de un genocidio a lo largo de su historia intenta socavar los esfuerzos de un país (Sudáfrica) víctima del colonialismo y el apartheid, para proteger otro genocidio y a una potencia nuclear ocupante (Israel)."

 El presidente de Namibia, Hein Gage, se mostró furioso: "Alemania no puede expresar moralmente su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, incluida la expiación del genocidio en Namibia, mientras apoya el equivalente de un holocausto y un genocidio en Gaza".

Una cultura de codicia y corrupción empresarial

Todo esto recuerda cómo en la Sudáfrica anterior al Apartheid de 1994, los prolíficos beneficios de las empresas de Alemania Occidental -incluidos los fabricantes militares Daimler-Benz y Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Deutsche Bank, CommerzBank, Hermes Kredit-Versicherungs y Siemens- se remitían a la Bolsa de Fráncfort, mientras el núcleo de la dirección política conservadora del país -especialmente Helmut Kohl y Franz-Joseph Strauss- apoyaba abiertamente a los fascistas blancos en la década de 1980. (El Estado alemán oriental era muy diferente, al igual que los progresistas de la sociedad civil alemana).

 En la era posterior al apartheid, el ataque más decisivo de la clase dominante alemana a los sudafricanos -y al resto del mundo- fue cuando Angela Merkel lideró la oposición europea a un intento en la Organización Mundial del Comercio de aceptar exenciones de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19. La campaña, liderada por Pretoria y respaldada por más de 100 países, duró desde octubre de 2020 hasta junio de 2022, pero a mediados de 2021 en un enfrentamiento en EE.UU. Merkel se negó a ceder, protegiendo el poder corporativo en general, pero en concreto, como denunció la ONG Health Global Access Project en 2021, "alaba con orgullo y nacionalismo las vacunas de ARNm BioNTech y Curvax, supuestamente de producción propia de Alemania."

Y todavía hoy, en el espíritu de la especulación del apartheid y del papel de Franz Beckenbauer en la FIFA, la Alemania empresarial sigue estando plagada de corrupción, que sigue filtrándose regularmente a Sudáfrica:

    La semana pasada, la importante empresa alemana de software SAPS fue procesada con éxito -y pagó 220 millones de dólares de multa- por sobornos a políticos y funcionarios principalmente africanos, incluidos sudafricanos.
    El peor caso de soborno en la empresa sudafricana de energía paraestatal Eskom se produjo a través de una empresa de recaudación de fondos del partido gobernante en 2007, y fue coordinado por un ciudadano alemán (Klaus-Dieter Rennert) que aún dirige Hitachi Power Europe, la incompetente constructora de las dos mayores centrales eléctricas de carbón del mundo.

 Los fabricantes de automóviles VW, BMW y Mercedes hicieron trampas en las emisiones de gases de efecto invernadero durante la década de 2000, y cuando esto se descubrió en 2015 se desplomó el precio del platino -con Sudáfrica controlando el 85% del metal, utilizado en los convertidores catalíticos-, lo que llevó a un fuerte colapso del sector minero.
    El mayor caso de fraude empresarial de la historia de Sudáfrica, Steinhoff, reflejó las raíces alemanas de la empresa y la inadecuada supervisión de su fundador, así como la mala gestión empresarial alemana durante la década de 2010.
    Un facilitador alemán del genocidio israelí en Gaza, el proveedor de equipamiento militar Rheinmettal, sigue asociado con la paraestatal sudafricana de armamento Denel, lo que da lugar a continuas controversias éticas y catástrofes en la producción de Ciudad del Cabo.

Todas estas (y otras) empresas alemanas han causado terribles desaguisados en Sudáfrica, contribuyendo a que la élite empresarial local de Johannesburgo-Durban-Ciudad del Cabo haya sido clasificada como la más propensa del mundo a "delitos y fraudes económicos" durante la década de 2010, según PwC.

Junto con el legado de fondos para sobornos de Franz Beckenbauer y el apoyo de Berlín al genocidio israelí, las élites alemanas recuerdan continuamente al mundo por qué una cultura de clase dirigente tan duradera y rancia merece, por parte del resto de nosotros, una implacable tarjeta roja."

( Patrick Bond, profesor de sociología en la Universidad de Johannesburgo, CounterPunch, 16/01/24; traducción DEEPL)

Álvarez-Cascos cobró 4,7 millones de instituciones y empresas a las que benefició como ministro... El departamento de Fomento que dirigía el ex del PP, adjudicó obras del AVE a compañías de las que ha recibido pagos, al menos hasta 2018

 "Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento durante el Gobierno de José María Aznar, cobró 4,7 millones de euros provenientes de instituciones y empresas a las que benefició en el ejercicio de su cargo público a través de contratos. El departamento de Fomento que dirigía el exmandatario del PP adjudicó obras a compañías de las que ha recibido pagos al menos hasta 2018, incluyendo su etapa como presidente del Principado de Asturias, y desde 2004, año en el que abandonó la política institucional de ámbito nacional, según lo publicado por el diario ABC.

El también vicepresidente durante la etapa del primer gobierno de Aznar hizo uso de dos empresas propiedad de su entonces esposa, María Porto, y de las que tenía el control directo, Aqualium Spain y Cinqualim, con el fin de realizar los cobros a través de ellas. El dinero recibido por Álvarez-Cascos provenía de empresas a las que él mismo adjudicó contratos públicos mientras ejercía el cargo de ministro de Fomento.

Dichos pagos contenían conceptos que no guardan ninguna relación con las actividades de las sociedades cuyo control directo ostentaba el exdirigente del PP. Según la documentación consultada por el mencionado periódico, estos trabajos de las compañías de Álvarez-Cascos consistían en difusas asesorías, ventas de obras de arte e incluso supuestas labores de reputación online, pasando por intermediación en venta de maquinaria, además de alquileres de despachos de tan solo 10 metros cuadrados, por los cuales llegó a percibir hasta 7.700 euros al mes procedentes de empresas “que no aparecían por allí”.

Pagos de empresas a Álvarez-Cascos

Cuando el expolítico del PP se retiró de la política institucional a nivel nacional en 2004, en aquel mismo año creó la sociedad Aqualium Spain S.L., cuya propietaria era oficialmente Porto, quien fuera su esposa. Sin embargo, la investigación del citado diario ha arrojado que quien controlaba directamente las actividades de la empresa era el propio Álvarez-Cascos.

La compañía del exministro de Fomento con Aznar tenía dos vías de negocio principales: cobraba de cajas de ahorros controladas por el PP por organizar exposiciones en ciudades con ayuntamientos gobernados por la misma formación y vendía obras de arte a constructoras a las que había adjudicado cientos de millones de euros durante su etapa de ministro de Fomento. Uno de los ejemplos que refiere ABC es la empresa valenciana Rover Alcisa, que pagó 95.900 euros entre 2004 y 2006 a la del exmiembro de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo y a la que el propio Álvarez-Cascos otorgó adjudicaciones públicas en tres megacontratos por valor de hasta 35,6 millones de euros.

Según traslada el mencionado periódico, ni Francisco Álvarez-Cascos ni María Porto ni las 22 empresas beneficiadas a través de contratos recibidos por el exministro del PP de Aznar han querido responder a preguntas sobre este caso. Tan solo Construcciones Sando ha declarado que no poseen “ya las facturas impresas en el archivo” tras “un ciberataque en junio”, pero sí que han confirmado que “en los últimos 50 años se han adquirido por parte de la compañía distintas obras de arte”.                  (J. RICO, El Plural, 6 de enero de 2023)

El ‘Qatargate’ sacude a la casta de vividores de Bruselas... Continúa la redada policial contra los altos cargos de la Unión Europea por los supuestos sobornos en la organización del Mundial... La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue

 "Avanza la redada policial contra altos cargos de la Unión Europea acusados de cobrar comisiones a cambio de hablar bien del Mundial de Catar. De momento ha sido detenida la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, pero por Bruselas corre el intenso rumor de que en los próximos días pueden caer más burócratas enfangados en el mayor caso de corrupción de la historia de la UE. 

A más de uno no le llega la camisa al cuello y hay quien ya se está curando en salud en las redes sociales ante lo que pueda estar por venir. Así, el eurodiputado José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares, expolítico del PP y hoy eurodiputado por Ciudadanos (encuadrado en el grupo parlamentario Renovar Europa), ha tenido que salir al paso en Twitter tras haber sido señalado como uno de los que en su día hicieron buena propaganda de un emirato infecto que no respeta los derechos humanos. “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Catar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha escrito el expresident balear en la red del pajarito azul.

Bauzá es uno de los eurodiputados que se han situado en el ojo del huracán como presidente del Grupo de Amistad UE-Catar, un organismo que por lo visto tenía la función de estrechar lazos fraternales y favorecer las relaciones bilaterales y el clima de colaboración y entendimiento entre el emirato y la Unión Europea. Nada más estallar el escándalo, Bauzá se apresuró a clausurar el equipo de trabajo con otro elocuente mensaje: “Ante los gravísimos acontecimientos de los últimos días y hasta que lleguemos al fondo del asunto, anuncio la suspensión del Grupo de Amistad UE-Qatar”, escribió. Contundente y elocuente.

Mientras un gélido viento invernal recorre los pasillos del Parlamento Europeo, helando la sangre a más de un político bon vivant que hasta hoy medraba confortablemente en el balnerario de la acogedora Bruselas, la Interpol continúa con sus investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.

 El Qatargate va camino de superar a la mejor novela nórdica, uno de esos relatos negros de Henning Mankell o Stieg Larsson donde las clases pudientes y civilizadas de la Europa rica del norte pierden los papeles, se dejan llevar por la neurosis de la codicia, la ambición y el vicio y se ven arrastradas a una espiral de corrupción y crímenes. Lo de Eva Kaili se veía venir desde aquel día en que la señora (da el perfil exacto de femme fatale) se subió al estrado para soltar que Catar estaba “a la vanguardia en lo que a derechos de los trabajadores de refiere”. 

En ese momento ya se sabía, por los informes de Amnistía Internacional, que más de 6.000 obreros reducidos a la categoría de nuevos esclavos habían perdido la vida en los múltiples accidentes laborales registrados durante la construcción de los estadios del fútbol para el Mundial de la infamia. ¿A nadie en el hemiciclo se le ocurrió que la eurodiputada podía estar untada por los jeques? ¿A nadie le sonó raro que se comportara en público como un peón más del poderoso lobby catarí? Pues por lo visto no. 

Sus señorías hicieron la vista gorda, todos siguieron con sus tediosas y aburridas comisiones sobre cuotas lácteas, agrícolas y pesqueras que tan lejos le quedan al ciudadano medio desafecto desde hace décadas con el proyecto de construcción europea. Nadie removió nada. Nadie reclamó papeles para saber de qué demonios iba todo ese chiringuito o tinglado que algunos se tenían montado con los amos de los petrodólares. Nadie pidió la apertura de una investigación en profundidad para llegar hasta el fondo del pasteleo con la familia Al Thani. 

Algo falló en la que se supone debería ser la institución democrática más avanzada, rigurosa y seria del mundo. Que eso pase en el Congreso de los Diputados, que es la Casa de Tócame Roque, o en la Asamblea de Madrid, donde cada asunto de comisionistas se cierra pertinentemente, vale, pero que ocurra en la sede que encarna el modelo ideal de Estado de derecho es como para hacerle perder la fe al más optimista y creyente de los demócratas.

A veces nos preguntamos por qué la UE es tan odiaba por los propios europeos. No llegamos a entender cómo un invento creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial que ha traído décadas de paz y prosperidad al viejo continente puede ser tan aborrecido entre buena parte de la ciudadanía con independencia de la nacionalidad, edad y clase social. El euroescepticismo se ha extendido de forma alarmante por todos los rincones de la geografía, entre los jóvenes y los ancianos, entre el proletariado y las clases medias y altas, desde Alemania y Francia (padres fundadores de aquella utópica Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951) hasta Rumanía y Croacia, últimos socios en adherirse al selecto el club de los 27. Pocos recuerdan ya aquel célebre discurso que Winston Churchill dio en la Universidad de Zúrich allá por 1946, cuando llamó a los países desangrados tras la contienda mundial a integrarse en un proyecto común de construcción de unos estados europeos.

Bruselas queda demasiado lejos, sobre todo para esa familia marroquí del gueto de Marsella que estos días se emociona más con los triunfos de su selección de fútbol que con la última directiva europea contra el racismo. La Europa del euro, de la banca, de los recortes y la austeridad, de las grandes corporaciones, de las familias nobiliarias y de la corrupción a calzón quitado hace tiempo que deja indiferente a la mayoría de los ciudadanos desencantados con la inflación, con los bajos salarios, con la especulación de las élites y con las políticas ultraliberales, tal como demuestran los elevados datos de abstencionismo electoral y el auge de la extrema derecha en todas partes. 

La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue."                      (José Antequera, Diario16, 14/12/22)

Escándalo de Qatar: ¿Qué acaba de pasar en el Parlamento Europeo? POLÍTICO responde a todas tus preguntas sobre el escándalo de influencias que sacude Bruselas

 "Los organismos de control afirman que podría tratarse del escándalo de corrupción "más grave", "más escandaloso" y "más atroz" que ha sacudido Bruselas en años.

Una serie de al menos 16 registros efectuados por la policía federal belga el viernes permitió descubrir a cinco personas que, según ellos, habían cometido "presuntos delitos de organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales". En los registros efectuados por la mañana se encontraron 600.000 euros en efectivo, además de teléfonos y ordenadores.

En principio, los culpables no eran grandes nombres para los estándares de Bruselas: Un ex miembro del Parlamento Europeo, algunos asistentes parlamentarios y un jefe sindical, todos presuntamente a sueldo del anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar. Pero, ¿con qué fin? Algunos se preguntan si, de ser ciertas las acusaciones, Doha ha hecho realmente una inversión inteligente.
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Por la noche, sin embargo, quedó claro que no se trataba sólo de la historia de unos cuantos aspirantes a la gloria que se llenaban los bolsillos. Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo y firme defensora de Doha, fue detenida por la policía, según informó la policía federal belga. El caso se centra también en una ONG que, hasta hace poco, contaba entre sus miembros con algunas de las mayores luminarias de la política de izquierdas. 

"El Estado de Qatar rechaza categóricamente cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta", declaró un funcionario qatarí en un comunicado enviado por correo electrónico el domingo por la mañana.

Mientras este escándalo potencialmente superlativo sigue su curso, POLÍTICO responde a todas sus preguntas sobre la polémica que sacude a la capital de la UE.

P: ¿Quién es Eva Kaili?

Como una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, Kaili es una de las figuras más poderosas de la institución y, como antigua presentadora de informativos con estatus de celebridad en su Grecia natal, una de las figuras más glamurosas de Bruselas.

Pero Kaili también se ha convertido en una de las más firmes defensoras de Qatar. Recientemente calificó al país de "puntero en derechos laborales" tras reunirse con su Ministro de Trabajo, a pesar de la profunda preocupación internacional por las condiciones de los trabajadores de la construcción del estadio. Miembro del partido de centro-izquierda Socialista y Demócrata (S&D), su cartera incluye responsabilidades especiales relacionadas con Oriente Medio.

Francesco Giorgi, pareja y progenitor de Kaili, también ha sido detenido, según la policía y personas con conocimiento directo. Es asesor sobre la región de Oriente Medio y el Norte de África en el Parlamento Europeo, y fundador de una ONG llamada Fight Impunity, cuyo objetivo es promover "la rendición de cuentas como pilar central de la arquitectura de la justicia internacional".

El presidente de Fight Impunity es Pier Antonio Panzeri, uno de los principales implicados en el caso.

P: ¿Quién más está implicado?

Panzeri, ex eurodiputado italiano también del S&D, fue uno de los detenidos el viernes por la mañana. Por la tarde, su mujer y su hija también fueron detenidas por la policía italiana. Una orden de arresto, vista por POLITICO, acusaba a Panzeri de "intervenir políticamente con miembros que trabajan en el Parlamento Europeo en beneficio de Qatar y Marruecos".
41 Rue Ducale en Bruselas, donde tienen oficinas tanto No Peace Without Justice como Fight Impunity | Eddy Wax

Los antiguos ayudantes parlamentarios, especialmente los vinculados a Lucha contra la Impunidad, también están siendo objeto de escrutinio. Además de detener a Giorgi, la policía ha precintado el despacho de otro asistente parlamentario que trabajaba para Lucha contra la Impunidad, y que actualmente es asesor de la eurodiputada belga del S&D Marie Arena.

Arena, que heredó de Panzeri la presidencia de la subcomisión de Derechos Humanos y colabora estrechamente con Lucha contra la Impunidad, confirmó que el despacho de su ayudante estaba precintado. Arena dijo que ella misma no ha sido interrogada por la policía.

Según el noticiario italiano Ansa, Niccolò Figà-Talamanca también ha sido detenido. Es el director general de otra ONG, No Peace Without Justice. Centrada en la justicia penal internacional, los derechos humanos y la promoción de la democracia en Oriente Medio y el Norte de África, la organización tiene su sede oficial en Nueva York y Roma. Sin embargo, tiene la misma dirección en Bruselas que Fight Impunity, en el número 41 de la Rue Ducale.

Emma Bonino, ex eurodiputada liberal y ministra de Asuntos Exteriores de Italia, fundó No Peace Without Justice. Figura como miembro honorario de la junta directiva de Fight Impunity. Ella y Figà-Talamanca no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios a través de Paz Sin Justicia.

Como muestra de las conexiones de Panzeri, el ex primer ministro francés Bernard Cazeneuve, el ex comisario europeo de Migración Dimitris Avramopoulos, la ex responsable de Política Exterior de la UE Federica Mogherini y la ex eurodiputada Cecilia Wikström también figuran como miembros honorarios de la junta directiva.

Mogherini dimitió del consejo el sábado por la mañana, según un portavoz del Colegio de Europa, donde Mogherini es ahora rectora. Avramopoulos dijo en un correo electrónico el domingo por la mañana que él, Cazeneuve y Wikström también habían dimitido "inmediatamente cuando se nos informó el viernes".

Al parecer, la lista del personal de Lucha contra la Impunidad ha sido borrada; sin embargo, los archivos de la web muestran a Giorgi y a otros asistentes parlamentarios actuales desempeñando funciones clave en enero.

P: ¿Se limita esto al Parlamento Europeo?

No. También está detenido Luca Visentini, que el mes pasado fue nombrado Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Antes de eso, fue durante mucho tiempo jefe de la Confederación Europea de Sindicatos. (No ha tenido que cambiar de puesto: Tanto la organización mundial como la europea tienen su sede en la misma dirección de Bruselas, en la calle Alberto II).

Los sindicatos de la construcción han sido algunos de los que más han criticado la actuación de Qatar en materia de derechos de los trabajadores en el periodo previo a la Copa del Mundo. Pero incluso antes de que Visentini asumiera el cargo, la CSI era una notable excepción. Sharan Burrow, el anterior jefe de la CSI, instó a los críticos externos de la legislación laboral del país a "ir y echar un vistazo al cambio" en un vídeo publicado por el Ministerio de Trabajo qatarí en junio.

P: ¿Por qué querría Qatar ejercer presión?

El emirato del Golfo es el anfitrión de la Copa del Mundo, pero más que un éxito de relaciones públicas, el torneo ha resultado ser un foco de atención negativo para el país. Las acusaciones de soborno en el proceso de licitación y las condiciones de esclavitud de los trabajadores extranjeros pusieron en duda la elección, y los críticos liberales aprovecharon el momento para atacar la postura del país musulmán conservador sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+.

Mantener una buena reputación es crucial, ya que Qatar trabaja para cerrar acuerdos con países de la UE para su gas natural. También avanza en el Parlamento una propuesta para eximir a los qataríes de visado en el espacio Schengen de la UE.

P: ¿Cómo ha defendido Kaili a Qatar?

Podría decirse que Kaili ha sido el decano del (considerable grupo de) defensores de Doha dentro del S&D.

El 24 de noviembre, por ejemplo, mientras el pleno aprobaba una resolución "deplorando la muerte de miles de trabajadores inmigrantes", Kaili tomó la palabra para elogiar la "transformación histórica" de Qatar provocada por la Copa del Mundo. Asimismo, hace 10 días, se presentó a votar a favor de la liberalización de visados para Qatar y Kuwait en la comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a pesar de no ser miembro de la misma.

Kaili también alienó a los eurodiputados de un panel dedicado a Oriente Medio cuando viajó por su cuenta después de que Doha cancelara la visita del grupo. La Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP) tenía previsto viajar a Qatar justo antes de la Copa del Mundo, en noviembre, para visitar las instalaciones del torneo y observar los cambios en la legislación laboral.

Sin embargo, con apenas un mes de antelación, la asamblea consultiva de Qatar, conocida como Consejo de la Shura, pidió aplazarlo. En lugar de ello, Kaili viajó a Qatar la semana en que se suponía que debía estar allí la delegación al completo, y elogió sin reservas las reformas laborales del emirato. Según la prensa local, dijo que estaba allí en representación de 500 millones de ciudadanos europeos que consideran que los avances del país representan valores comunes.

"De alguna manera iba a mis espaldas", dijo la eurodiputada Hannah Neumann, de los Verdes alemanes, al frente del DARP. Doha estaba "desinvitando al grupo que habría tenido una posición equilibrada" y "en su lugar la invitó a ella, sabiendo que sus declaraciones serían menos críticas".

Las repetidas llamadas al teléfono móvil de Kaili el viernes y el sábado no obtuvieron respuesta.

 P: ¿Qué importancia tiene esto?

Los grupos de control coinciden en los superlativos. El escándalo de Qatar podría ser "el caso más atroz" de presunta corrupción que el Parlamento haya visto en años, dijo el jefe de Transparencia Internacional, Michiel van Hulten. Alberto Alemanno, profesor de Derecho en HEC París, lo calificó como el "escándalo de integridad más escandaloso de la historia de la UE".

El eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, copresidente del intergrupo anticorrupción del Parlamento, lo calificó como uno de los "escándalos de corrupción más graves de las últimas décadas en Bruselas".

Van Hulten dijo que el Parlamento ha creado una "cultura de la impunidad... con una combinación de normas y controles financieros laxos y una falta total de supervisión ética independiente (o de hecho ninguna)". Alemmano también predijo que esto no sería más que "la punta del iceberg", con la esperanza de que una acumulación de escándalos creara el impulso político necesario para un sistema de ética independiente.

Q. ¿Qué se puede hacer al respecto?

La Comisión tiene previsto proponer un organismo independiente de ética que se aplicaría a todas las instituciones de la UE, pero es casi seguro que no tendrá competencias de investigación o ejecución.

Freund sostiene que los países que no forman parte de la UE deberían tener que seguir las "relativamente buenas normas sobre grupos de presión ya vigentes" en Bruselas. Por el momento, los países no tienen que inscribirse en el registro de transparencia de grupos de interés de la UE, por ejemplo, y los eurodiputados no necesitan informar de esos contactos. "La UE debe mejorar esto inmediatamente", dijo Freund.

Por cierto, la ONG de Panzeri, Lucha contra la Impunidad, no figura en el registro de transparencia. Se trata de una aparente violación de las normas vigentes para los grupos con sede en la UE que quieren exponer sus argumentos en el Parlamento. Según las últimas directrices del registro de transparencia, las ONG deben incluir información detallada sobre su financiación.

 Arena, actual presidenta de la subcomisión de derechos humanos, ha colaborado estrechamente con Panzeri y Lucha contra la Impunidad, incluyendo a la ONG en conferencias de prensa y viajando con Panzeri para debates sobre libertades civiles.

Aunque defendió su propia independencia, Arena predijo que saldrían a la luz más revelaciones. "Si Qatar lo está haciendo, sé que otros están haciendo exactamente lo mismo", afirmó Arena. "Y por eso tenemos que impedir realmente este tipo de capacidad de influencia".

P: ¿Cómo le va ahora a Qatar?

Las repercusiones de estas acusaciones ya están llegando.

El S&D ha pedido que se suspenda la propuesta de liberalización de visados, y el ponente de los Verdes dijo que votaría en contra de la medida si se somete a votación la próxima semana.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento tenía previsto viajar a Arabia Saudí y Qatar en las próximas semanas. Ahora esta última parte ha sido cancelada, lo que significa que un importante rival de Doha se lleva toda la atención. 

"Cualquier asociación del gobierno qatarí con las afirmaciones denunciadas carece de fundamento y está gravemente desinformada", afirma el comunicado oficial qatarí emitido el domingo. "El Estado de Qatar trabaja mediante el compromiso de institución a institución y opera en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos internacionales".

P: ¿Qué sigue en el Parlamento?

A última hora del sábado, la Presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, suspendió todos los "poderes, deberes y tareas" de Kaili relacionados con su cargo de Vicepresidente. Para revocar completamente el título sería necesaria una decisión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento, y después una votación en el pleno.

Cuando el pleno se reúna en Estrasburgo esta semana, es probable que los eurodiputados revoquen la inmunidad parlamentaria de Kaili. La Izquierda ya ha pedido formalmente que se incluya en el orden del día un debate sobre el incidente, cuya votación está prevista para el lunes por la tarde.

Kaili también ha sido suspendida del grupo S&D y de su partido nacional en Grecia, Pasok."             (Sarah Wheaton  , POLITICO, 11/12/22; traducción DEEPL) 

 

"Una eurodiputada de alto nivel ha sido suspendida de su partido después de que la policía iniciara una investigación sobre presuntas actividades ilícitas de lobby por parte de Qatar, en lo que amenaza con estallar en una grave crisis en el corazón de la Unión Europea.

La policía belga registró 16 domicilios y detuvo al menos a cuatro personas en Bruselas y sus alrededores el viernes, en el marco de una investigación sobre lo que los fiscales denominaron "organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero", según informaron primero los medios belgas y confirmó a POLÍTICO la policía federal belga.

Entre los detenidos figura la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, del partido socialista griego Pasok. Fue suspendida del grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento "con efecto inmediato, en respuesta a las investigaciones en curso", según tuiteó el grupo a nivel de la UE a última hora del viernes. Kaili también fue expulsada del partido de centro-izquierda Pasok de Grecia.

Las redadas provocaron un escándalo en el Parlamento y en el grupo de los Socialistas y Demócratas en particular, que ha sido criticado por su postura blanda hacia Qatar en vísperas del Mundial de fútbol. 

Los registros se llevaron a cabo en el marco de una investigación más amplia, dirigida principalmente contra asistentes parlamentarios, según informó la fiscalía federal belga en un comunicado. Los medios belgas Le Soir y Knack informaron de que entre los detenidos junto a Kaili se encontraban Luca Visentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional, y Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado italiano del S&D que presidió la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento.

Kaili, una de los 14 vicepresidentes del Parlamento, calificó recientemente a Qatar de "pionero en derechos laborales" tras reunirse con el ministro de Trabajo del país, a pesar de la profunda preocupación internacional por las condiciones de los trabajadores de la construcción de estadios. No respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios del viernes por la tarde. POLÍTICO intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con Kaili a través de su teléfono móvil, pero estaba apagado.

El país del Golfo ha sido objeto de controversia recientemente como anfitrión de la Copa del Mundo de 2022, durante la cual ha sido criticado por sus políticas regresivas hacia los derechos LGBTQ+ y los trabajadores migrantes.

"Desde hace varios meses, los investigadores de la Policía Judicial Federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo (PE)", añade el comunicado de la Fiscalía.

Qatar está acusado de dirigirse a funcionarios "con una posición política y/o estratégica significativa" en el Parlamento, enviándoles "importantes cantidades de dinero" e "importantes regalos", según el comunicado de la fiscalía.

"Se trata del escándalo de integridad más escandaloso de la historia de la UE", declaró Alberto Alemanno, profesor de Derecho en HEC París y activista declarado en materia de transparencia. "Desvela la insuficiencia del sistema ético de la UE aplicable a sus elegidos, así como la ausencia de cualquier intento de gobernar los grupos de presión extranjeros".

Qatar es un gran productor de gas natural licuado y los políticos occidentales han estado tratando de mantener al país dulce mientras tratan de encontrar fuentes alternativas de energía en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los investigadores belgas están estudiando si Qatar trató de influir en las posiciones del Parlamento de formas que "van más allá del clásico lobby", según Knack. La policía se incautó de "unos 600.000 euros en efectivo", teléfonos móviles y material informático en las redadas.

En un comunicado, el Grupo S&D dijo que estaba "consternado por las acusaciones de corrupción en las instituciones europeas" y que "cooperaría plenamente con todas las autoridades investigadoras".

The statement added, “Given the seriousness of the allegations, until the competent authorities provide relevant information and clarification, we are requesting the suspension of work on any files and plenary votes regarding the Gulf States, particularly visa liberalisation and planned visits.”

The office of an assistant to Belgian S&D MEP Marie Arena was also sealed off. Arena, who succeeded Panzeri as chair of the Parliament’s subcommittee on human rights, said that she herself has not been questioned by the police.

Reached by phone late Friday, Arena said the aide facing scrutiny used to work for an NGO called Fight Impunity, which Panzeri founded after leaving Parliament. “I understand nothing about the situation,” said Arena. “If Qatar is doing so, I know that others are doing exactly the same,” Arena said. “And so we have to really prevent this kind of capacity to influence.”

On Saturday, European Parliament President Roberta Metsola said her institution was cooperating “fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.”

“We’ll do all we can to assist the course of justice,” she said in a Tweet.

The Qatari government did not respond to a request for comment when contacted by POLITICO."         (Sarah Wheaton and Nicolas Camut , POLITICO, 09/12/22)

Caso Déborah: 20 años de "negligencias" y un ordenador manipulado bajo custodia judicial... la familia expresa su convicción de que, más que una mala investigación, han existido "mala fe y sobornos"

 "El pasado 30 de abril se cumplieron 20 años de la desaparición en Vigo de Déborah Fernández. Ya no habrá más investigados relacionados con su muerte que su exnovio, el único imputado judicialmente antes de la prescripción en esa fecha. 

Pero el caso sigue deparando sorpresas. La última, el informe que revela que el ordenador de la joven fue manipulado cuando estaba bajo custodia policial, ha reactivado la indignación de la familia de la víctima y respalda sus tesis de negligencias en la investigación. "Es de una gravedad tremenda", zanja el abogado de los familiares de Déborah.

El análisis del ordenador de Déborah —la joven viguesa que desapareció en 2002 cuando salió a hacer deporte y que fue encontrada muerta en una cuneta diez días después— es una de las últimas pruebas que se incorporaron al caso, reabierto en noviembre de 2019. La jueza que lo instruye tuvo incluso que instar a la empresa que lo inspeccionó a concluir su trabajo con celeridad, por si de sus resultados se derivara alguna nueva imputación. Pero lo más relevante del peritaje ha sido la dudosa custodia de una prueba considerada fundamental. Como se sabía, la computadora personal ha sido manipulada, probablemente para borrar pruebas. Lo que se desconocía es que ese borrado se produjo después de 2016, cuando ya estaba en poder de la Policía. 

 Los familiares de Déborah pedirán al juzgado que instruye la causa, el número 2 de Tui, la apertura de una pieza separada para tratar de aclarar quién hackeó el ordenador de la joven. Pero sus reclamaciones no acaban ahí. Son tantas las "deficiencias" de la instrucción que vienen denunciando, que demandan que se amplíe la investigación a todas esas circunstancias "extrañas" de la investigación policial. Las más relevantes, relacionadas tanto con el ordenador personal como con el análisis del teléfono de víctima. Un teléfono que, al igual que el disco duro, la Policía no reclamó hasta que habían transcurrido cuatro años desde la muerte de Déborah.

La Policía Nacional no requirió ninguno de los dos dispositivos hasta el 19 de septiembre de 2006. Los recogió en la casa de sus padres, donde vivía, y permanecieron tres años bajo custodia policial. Fue 2019, tras la reapertura del caso, cuando su disco duro fue entregado a la juez, que encargó su análisis a la empresa Lazarus Technology, la misma que recuperó los datos del móvil de Diana Quer, después de que el servicio de Ingeniería de la Guardia Civil de Madrid informase de la imposibilidad de extraer su información.

 Tal y como ya había advertido Lazarus, alguien realizó una alteración de fechas y un borrado a conciencia del ordenador que Déborah tenía en su cuarto, lo que ha impedido rescatar conversaciones de Messenger consideradas cruciales. De acuerdo con el peritaje, el ordenador fue alterado poco después de que agentes de la comisaría de Vigo lo recogiesen en la casa de la joven viguesa. El disco duro fue rápidamente enviado a Madrid, por lo que no se ha aclarado si fue en Galicia o en la unidad central donde fue manipulado. El informe pericial es el tercero que emite Lazarus y matiza uno anterior, en el que advertía de una manipulación previa a la entrega del dispositivo a la policía.

La gravedad de la nueva revelación ha llevado a la familia a expresar su convicción de que, más que una mala investigación, han existido "mala fe y sobornos". A través de un comunicado, sostiene su convicción de que alguien se valió de su influencia y dinero para borrar huellas. "Si hay o hubo alguna duda sobre el interés de Policía y juzgados en esclarecer el caso de nuestra hermana, ya tiene la respuesta. A todos los que nos tacharon de locos por afirmar que hay una mano negra, aquí también tienen su respuesta", afirman.

Un trato favorable para el acusado

La tenacidad de los familiares de Déborah consiguió que el caso se reabriera en 2019, 17 años después del crimen y con el plazo de prescripción de los delitos ya próximo. Fue un logro que vino a demostrar, según su interpretación, que la investigación inicial había estado rodeada de circunstancias inexplicables, que a su juicio trataban de encubrir al exnovio, que no fue imputado hasta febrero de este año, cuando fue llamado a declarar como investigado.

Pese a la reapertura del caso, el abogado de la familia mantiene su denuncia de irregularidades. Entre ellas, la propia declaración del exnovio, quien según el letrado, Ramón Amoedo, fue interrogado sin la necesaria "intensidad". "El interrogatorio de la juez y del fiscal fue una conversación entre amiguetes, sin incomodar. Fue una conversación para cumplir el trámite", acusa.

 Antes de eso, la familia y el abogado habían enumerado hasta quince deficiencias en la investigación. Y una de ellas tenía que ver con el trato dispensado al que fue siempre el principal sospechoso para los familiares de Déborah. No fue llamado a declarar hasta nueve días después de la desaparición. Después, se ausentó de España por motivos laborales y no se le volvió a citar hasta diciembre, una declaración que se envió a los juzgados en 2019.

No consta en autos judiciales si se investigaron las cámaras de la zona, ni fueron llamados a declarar hasta 17 años después ni el padre ni la hermana de Déborah. De la declaración de su hermana solo se registró una pequeña parte. La Policía tampoco visitó hasta muchos meses después el campo de fútbol donde, supuestamente, el principal sospechoso estuvo jugando el día que la joven desapareció, cuyo vehículo fue inspeccionado ocho años después.

Pero las principales presuntas irregularidades se centran en el ordenador y en el teléfono de la víctima. Siempre según la versión de la familia, no se investigaron las llamadas efectuadas en aquellos días desde el teléfono del exnovio, como tampoco los de las amigas de Déborah. Cuando en 2020 la familia denunció "negligencias" en la investigación policial, apuntó que el móvil de la joven "se extravió" después de 2006. Recientemente, añadió que en el listado de llamadas entrantes del móvil hay "28 espacios en blanco" que han impedido identificar por quién fueron realizadas.

El pasado 30 de abril se cumplieron 20 años de la desaparición en Vigo de Déborah Fernández. Ya no habrá más investigados relacionados con su muerte que su exnovio, el único imputado judicialmente antes de la prescripción en esa fecha. Pero el caso sigue deparando sorpresas. La última, el informe que revela que el ordenador de la joven fue manipulado cuando estaba bajo custodia policial, ha reactivado la indignación de la familia de la víctima y respalda sus tesis de negligencias en la investigación. "Es de una gravedad tremenda", zanja el abogado de los familiares de Déborah."                (Pablo López, El Confidencial, 08/05/22)

La Guardia Civil estrecha el cerco al “patrimonio oculto” de Francisco Granados

 "El cerco al presunto “patrimonio oculto” de Francisco Granados, exconsejero de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP de Madrid, continúa estrechándose en las pesquisas sobre la trama de corrupción Púnica.

 Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han elaborado un nuevo informe donde acumulan toda una batería de pruebas (escuchas telefónicas, correos electrónicos, seguimientos, geolocalizaciones, movimientos de dinero y facturas, entre otras) para demostrar que el exdirigente popular utilizó la “estructura societaria” de un constructor, Ramiro Cid, para esconder parte del beneficio económico que obtenía de la recalificación de terrenos durante su etapa como alcalde de Valdemoro.

Cid no es una pieza más de la trama, sino un empresario que presuntamente obtuvo “ingentes beneficios” por los supuestos amaños urbanísticos perpetrados por el popular desde finales de los noventa a 2014. Los investigadores sospechan, además, que ayudó al político a ocultar fuera de España las comisiones ilegales que engordaron su fortuna en el extranjero. Las pesquisas ya revelaron que, entre 1999 y 2003, al menos 1,33 millones de euros fueron enviados a una de las cuentas en Suiza de Granados, a quien también encontraron 922.000 euros en billetes en un altillo de la casa de sus suegros.

El largo y detallado informe del instituto armado, fechado el pasado 18 de febrero y al que ha tenido acceso EL PAÍS, escudriña la intensa relación que tejieron Granados y el promotor urbanístico durante años. Y, entre otras operaciones detectadas, los investigadores describen cómo el exconsejero madrileño adquirió durante su etapa en el Ayuntamiento de Valdemoro y en el Gobierno regional “diversos inmuebles” de una de las empresas del constructor sin que se haya encontrado ningún movimiento de dinero de sus cuentas bancarias para pagarlos.

A estas sospechas se suman más. Los agentes recalcan que Granados también habría participado en una gran inversión inmobiliaria de otra de las compañías de Cid —sobre 97 viviendas y 97 plazas de garaje localizadas en Rivas-Vaciamadrid (Madrid)—; que el constructor le habría cedido el uso de locales; que una casa adquirida sobre el papel por una tercera persona era realmente del exdirigente popular —“Él tendría el poder decisión” y “podría ser su propiedad de manera velada”, escriben los guardias civiles—, o que “disfrutó” de otras viviendas, fincas y vehículos en manos del entramado.

 “Se concluye cómo Granados impulsó modificaciones urbanísticas que redundaron en un beneficio económico del entramado empresarial de Ramiro Cid por su actividad cómo constructor/promotor urbanístico. Asimismo, se han identificado elementos probatorios que indican que el expolítico habría disfrutado de un patrimonio que no titula formalmente, sino que se encuentra oculto en la estructura societaria de Ramiro Cid”, concluyen los agentes, que exponen toda la batería de indicios acumuladas.

Intervenciones telefónicas. Los agentes transcriben llamadas telefónicas entre los implicados en la trama que, junto a informes anteriores, evidencian presuntamente que Granados “disfrutaba de varios bienes titulados por las empresas del promotor inmobiliario”. Así, en una conversación con una tercera persona, el exconsejero madrileño le dice: “Me parece la polla. O sea, que ya le tengo yo que pedir el favor a Paqui, [pareja de Cid], de que me deje disponer de lo mío… [...] Pero vamos, que voy a llamar a Ramiro: ‘Oye, Ramiro, a ver qué día quedamos tranquilitos, nos sentamos y eh… hablamos cómo resolvemos esto’, Pero así. Y se va a poner tenso, porque Ramiro se pone tenso siempre, porque es muy tímido”.

Análisis de cuentas bancarias. Los investigadores analizan diversa documentación recabada y concluyen que, según un informe de la Agencia Tributaria y escrituras notariales, Granados adquirió en junio de 2012 varios inmuebles a la empresa Nuevo Parque Valdemoro, administrada por Cid: una casa, un garaje y dos trasteros. Para la vivienda constituyó una hipoteca de 84.000 euros. Pero, según destacan los agentes, para las otras tres propiedades (valoradas en más de 20.000 euros sin incluir el IVA) no se especificaba el modo de pago y, tras analizar sus cuentas, “no se han localizado movimientos compatibles con el pago de dichas adquisiciones”.

Una reunión bajo sospecha. El informe de la UCO otorga también importancia a una reunión que se produjo entre Granados, Cid, Ignacio Palacios (supuesto testaferro del político) y Jesús Millán Pradana, administrador de la sociedad El Calderín de Valdemoro. Los investigadores sospechan que la trama falseó la compra de unos terrenos que adquirió esta compañía, pero que realmente seguían en manos del constructor amigo del exdirigente del PP y que se iban a destinar a una vivienda para el popular.

La cita se produce el 25 de julio de 2014 en casa de Millán y, según la Guardia Civil, tenía como objeto abordar este tema. Los agentes sitúan a Granados allí gracias a varias llamadas interceptadas, donde los interlocutores explican que se va a producir el encuentro. De hecho, Palacios telefonea a las 16.43 al político para decirle que “meta el coche” en el garaje de Millán. A las 17.00, Granados le devuelve la llamada:

—Dime Paco —contesta el supuesto testaferro.

—Abridme la puerta. ¿Hola? —afirma Granados.

—A ver, ¿me oyes?

—Sí, sí, que me abráis la puerta.

—¿Qué puerta? Millán, que le abramos la puerta a Paco. ¿Dónde estás?

—En la puerta.

—¿En qué puerta?

—En la puerta del garaje.

A las 19.20, una vez terminada la reunión, ambos vuelven a hablar para comentar el encuentro. Y, según subraya la UCO, Granados dice: “A lo mejor, joder, podemos buscar una fórmula. Además, es una vía para empezar a regularizar algo”. Apenas unos meses antes, la prensa había revelado que el político tenía una cuenta en Suiza.

 Seguimientos. Los agentes también incluyen imágenes de varios seguimientos a Granados. En una de ellas, el exconsejero de Madrid sale de la empresa Obras y Vías S. A., vinculada a Ramiro Cid. En otra, mantiene un encuentro con Gustavo G.-A., supuesto gestor de dos compañías de la trama relacionada con el constructor. Preguntado por si conocía al político, Gustavo G.-A. dijo en un primer momento que nunca había conversado con él; pero, al mostrarle los agentes las fotografías, el sospechoso admitió la cita, aunque eludió dar más explicaciones alegando que “no recordaba” de que habían conversado.

Correos interceptados. El informe de la Guardia Civil incorpora numerosos correos electrónicos —sobre asuntos inmobiliarios— que se cruzaron miembros de las empresas del constructor con Ignacio Palacios, supuesto testaferro de Granados y que acompañó al político a lo largo de su carrera. De hecho, ocupó el puesto de jefe de personal en el Ayuntamiento de Valdemoro, de jefe de gabinete del consejero de Transportes o de director del Centro Regional de Coordinación e Información Municipal.

Los agentes destacan que, al menos, la relación entre Palacios y Cid se remonta a 2005, fecha de uno de los correos localizados. Además, la UCO subraya que el presunto testaferro era el “administrador de hecho” de la empresa Ayjopen Consulting, que estaba a nombre de su pareja y que supuestamente utilizó Granados para hacerse con participaciones en otra compañía y operar así en el “negocio del suelo” de Valdemoro, donde él fue alcalde.

Confesiones. El empresario David Marjaliza, uno de los principales cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde 2015, ya reconoció en varias ocasiones ante el juez que Granados “recibió comisiones por parte de constructores” y que se encuentra detrás de varias empresas bajo sospecha."                  (J. J. Gálvez, El País, 22/04/21)

Condenada la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros por aceptar un soborno de 100.000 euros de un constructor

 "La Audiencia de Lugo ha condenado por un delito de cohecho cometido en 2007 a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y medio.

 El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La sentencia también le impone al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, el tribunal optó por la tipificación más beneficiosa para él porque no se ha podido acreditar si el pago de 100.000 lo hizo por solicitud de la secretaria o lo ofreció el acusado.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación razonable que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

También el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que por aquel entonces ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. La sentencia da por acreditado que la acusada intervino en la aprobación de un expediente promovido para la construcción de 51 viviendas, para lo cual realizó una anotación favorable para el promotor. No obstante, los magistrados hacen constar en el fallo que se desconoce quién le indicó a la entonces secretaria “la conveniencia” de añadir la citada anotación, por lo que se han inclinado por absolverla del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

El fiscal solicitaba para la principal acusada una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial, así como una multa de 300.000 euros, mientras que para la auxiliar administrativa la condena solicitada era de 3 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 720 euros. Para el promotor de las obras, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y multa de 300.000 euros."              (Elisa Liis, El País, 29/04/21)