Unió Democrática también participó en las mordidas del 3%

"La agenda personal del exdirectivo de la constructora Copisa Francesc Xavier Tauler ha supuesto un verdadero impulso en la investigación del llamado caso 3%.

Según el juez de instrucción número 1 de El Vendrell, Tauler mantuvo al menos cuatro reuniones sospechosas en noviembre de 2011 con el que entonces era secretario general del Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó.

Los autos apuntan que en esas reuniones se establecieron las bases para otorgar a Copisa las obras del Consorcio de Educación de Cataluña y de una parte de las obras del dique de la zona sur del puerto de Barcelona.

Amiguismo

Durante ese mismo mes, Tauler mantuvo también otros contactos con destacados dirigentes de CiU, todos vinculados con el interés del exdirectivo por hacerse con parte del pastel de los contratos de obra publica en manos de administraciones gobernadas por la coalición nacionalista.

Así, el 19 de noviembre del 2011, Tauler contacta con Jordi Vilajoana, exsenador de CiU (2008-2013) y, por aquel entonces, secretario de Govern​. Tauler pretendía desencallar algunos flecos de la participación de Copisa en las obras del puerto.

CiU, salpicada

Y no sólo eso. Un año más tarde, el 21 de noviembre del 2012, Tauler aborda el tema de las obras de la plaza de Les Glòries de Barcelona con el diputado Josep Sánchez Llibre (UDC). Éste le llega a enviar un WhatsApp en el que le informa de que "en diciembre salen los lotes a construcción y Copisa está dentro de las empresas de Les Glòries".

Llama la atención que, por lo que respecta a las reuniones entre este exdirectivo de la constructora y Germà Gordó, sólo unas horas después de las mismas, este se reunió con Andreu Viloca, tesorero del partido, tal y como confirma su propia agenda, también incautada por la Guardia Civil en los registros judiciales."                  ( Carlos Quílez  , Crónica Global, 13/06/17)

El caso Pallerols. El de Durán i Lleida, el de Jordi Pujol... el de toda la derecha catalana

"Es vox populi. Cualquier ciudadano con mínima información sobre los tejemanejes nada ejemplares de la política institucional catalana sabe de las curiosas fuentes de financiación de Unió. No son prejuicios, no es ninguna animadversión hacia el partido democristiano catalán, el partido de Duran i Lleida, el del Palace.

El caso que aparece estos días en prensa se reabrió en noviembre de 2006 tras un recurso de la Fiscalía. (...)

¿De qué va el caso? De lo siguiente: el caso Pallerols es una trama –supuesta, por supuesto- de financiación irregular fechada en los años noventa del pasado siglo, hace más de quince años.

 ¡La justicia es lenta, tiene su tempo! Presuntamente, siempre presuntamente, se desviaba el 10% de las subvenciones que debían servir para cursos de formación ocupacional. El fiscal del caso ha pedido que Unió sea declarado “responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo”. 

El caso se destapó cuando un informe guardiacivilesco reveló que la Conselleria de Trabajo de la Generalitat -entonces presidida por el gran honorable-intocable Jordi Pujol, que por supuesto a pesar de haber sido banquero no se enteró de la misa ni de la lectura del Evangelio- “había otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros (de aquel entonces) a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo”. 

No es imposible que unos 800 mil euros o algo más se sumaran al haber del partido democristiano y social-muy-social.

La petición del fiscal se puede resumir así: nueve años de cárcel para el entonces director de empleo de la Generalitat -y secretario de organización de UDC de 1992 a 1996-, el senyor Lluís Gavaldà, y para la entonces número dos de la Conselleria, la senyora Dolors Llorens, “por malversación de caudales públicos y cohecho”.

 Por otra parte solicita once años cárcel para el empresario andorrano, Fidel Pallerols, “por los delitos de malversación, cohecho y falsedad”; y ocho para su esposa, María de la Cruz Guerrero, por los dos primeros delitos.

 Están imputados también Vicenç Gavaldà, hermano de Lluís Gavaldà (Unió siempre ha tenido muy en cuenta la familia y su bienestar), para quien el fiscal pide once años, y Santiago Vallvé, militante de Unió con antecedentes (fue condenado a algo más de un año de prisión por el llamado caso Turismo, una trama de corrupción vinculado al Consorcio de Turismo de Catalunya en el que se malversaron un millón de euros, sólo 1 millón de euritos), para quien se solicita siete años de prisión.

La Fiscalía (Fernando Rodríguez Rey es el fiscal del caso) reclama a UDC casi 200.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo [2]. En las conclusiones provisionales, pide también que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, “al Departamento de Trabajo con 595.972,61 euros, cantidad que habrían desviado de las subvenciones recibidas por Pallerols para la realización de cursos de formación” [3]. 

El punto nodal: en el proceso tienen que declarar como testigos, entre otros, el gran líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, el diputado en el Congreso (en Madrid se suele decir aquí) Josep Sanchez Llibre, al igual que el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, que entonces formaba parte de Unió (son casi intercambiables). 

Las defensas de los acusados tienen la cara-cemento-armado de esgrimir el argumento que “en la causa concurre la atenuante de dilaciones indebidas, dado el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, que comenzó en 1999 y se remonta a subvenciones cobradas desde 1994”. Sin inmutarse un pelo, sin enrojecer. Son “profesionales” de la justicia. (...)

¿Será que todos los políticos institucionales de la derecha conservadora y afines, catalana, gallega o española, están confeccionados con el mismo o parecido patrón?"            (Salvador López Arnal, Rebelión, 09/01/2013)

Otro empresario confirma que Unió le instó a cobrar servicios mediante facturas falsas

"Uno de los empresarios imputados en la presunta trama de financiación ilegal de UDC ha admitido este lunes, ante al juzgado que está llevando la investigación, que cobró varios servicios realizados a Unió mediante facturas falsas emitidas a empresas del grupo IMS, por un valor de más de 117.000 euros, porque así se lo indicaron desde el partido.

El empresario (Jordi C.), que se dedica a la gestión y organización de actos, se puso en contacto con el gerente del partido, José María Núñez Cirera, por indicación del entonces secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre, para cobrar deudas contraídas durante la campaña de Josep Antoni Duran i Lleida de 2004 porque, según ha señalado, estaba “harto de no cobrar”.

Jordi C. ha declarado que Núñez le explicó que tenían varias empresas controladas por ellos y que la forma de cobrar era hacer facturas falsas a nombre de varias empresas del grupo IMS por diversos conceptos. Y así lo hizo. También facturó trabajos realizados a Unió a través de la Fundació Catalunya i Territori por unos 60.000 euros.

Además ha asegurado que Sánchez llibre estaba al corriente de todo, puesto que era con él con quien trató estos asuntos en varias ocasiones y quien le validó la operativa. Núñez lo ha negado todo y ha declarado que Jordi C. tenía un despacho en la sede de Unió, pero este ha negado tener las claves del sistema informático del partido." (lavozdebarcelona.com, 25/10/2010)

El Tribunal de Cuentas pide sanciones a Unió por aceptar donaciones ilegales

"El tribunal explica las razones. Las donaciones recibidas por este partido ascienden a 1.611.800 euros, de los que 60.101,21 corresponden a donativos nominales de personas jurídicas y, el resto, 1.551.698, a donativos anónimos. Todas esas aportaciones se han realizado a través de una cuenta corriente abierta para esa finalidad (es decir, para recibir las donaciones opacas) como obliga la ley. "Se han recibido por caja 260.200 euros, lo que incumple la obligación de que este tipo de ingresos se abonen exclusivamente en cuentas de entidades de crédito específicas".

Dicha cuantía se desglosa en tres partidas registradas en concepto de donativos anónimos, "de la que hay que destacar una por importe de 196.000 euros, que sobrepasa la cuantía de 60.101,21 euros que establece la ley para las aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica". La cantidad de la sanción se obtiene de restar los 60.101,21 euros que permite la ley a los 196.000 recibidos y multiplicar por dos la diferencia. Ése es el castigo.2 (El País, ed. Galicia, España, 28/01/2010, p. 16)

La fiscalía relaciona a Josep Sánchez Llibre con pagos irregulares a Unió. Una fundación próxima al partido recibió 2,5 millones de euros

"La Fiscalía de Barcelona considera que existen indicios de delito en los pagos supuestamente irregulares realizados a Unió Democràtica (UDC) por la Fundació Catalunya i Territori, próxima a ese partido, y por tres empresas que trabajaron para la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida. Desde hace meses, la fiscalía investiga esos pagos y espera concluir las diligencias cuando la policía le entregue un informe definitivo y diversos bancos remitan la información solicitada.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.

El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía." (El País, 18/12/2009)

Las donaciones a la fundación de Unió se multiplicaron por 40 en dos años

"El Congreso de los Diputados prohibió solemnemente en 2007 las donaciones anónimas a los partidos políticos que durante años llenaron las arcas de muchas formaciones, especialmente el Partido Popular, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco. La ley trataba de dar mayor transparencia a la financiación de los partidos y pretendía acabar con las sospechas de que las donaciones anónimas, lejos de ser altruistas, buscaban favores políticos.

Pero algunos hallaron rápidas soluciones a la mengua de ingresos. Así se desprende al menos de las cuentas de la fundación Miquel Coll i Alentorn, vinculada a Unió Democràtica, que vio multiplicados por 40 sus donativos tras la aprobación de la ley. Y es que el texto sólo prohíbe los donativos anónimos a los partidos, no a las fundaciones de éstos.

Así, una fundación con escasa presencia pública, con sólo siete personas en plantilla, y que en 2006 apenas recibía 30.000 euros en donativos particulares vio incrementar sus ingresos por la vía de donativos hasta 1,2 millones de euros. Eso son 40 veces más en sólo dos años. Estas donaciones privadas suponen el 85% del total de los ingresos de la fundación en 2008. El resto procede mayoritariamente de subvenciones públicas. En las cuentas de la fundación aparece a su vez una transferencia de 100.000 euros a Unió Democràtica de Catalunya, el partido de Josep Antoni Duran Lleida. Se da la circunstancia de que 2008 fue año electoral, en el que Duran fue candidato de Convergència i Unió a las elecciones generales.

El caso de Unió es singular entre los partidos catalanes. Convergència, su socio de federación, vio crecer sus aportaciones ya en 2006, un año antes de la prohibición de los donativos anónimos a partidos. Iniciativa per Catalunya, el otro partido con muchas donaciones a su fundación, se justifica recordando que todos sus cargos institucionales donan al partido el 20% de su sueldo." (El País, ed. Galicia, España, 05/13/2009, p. 13)