La huella eterna del ‘caso Malaya’ en Marbella. Los desmanes urbanísticos de Jesús Gil dejaron 16.500 casas fuera de la ley, que dos décadas después siguen en pie y sin una solución

 "A finales de los años noventa Marbella era el salvaje oeste. Su alcalde, Jesús Gil, promovió la construcción de miles de viviendas por puro interés especulativo. Se levantaron bloques y urbanizaciones en suelos destinados a escuelas, centros de salud, una estación de autobuses o numerosas zonas verdes. 

El urbanismo desenfrenado tenía como base un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin redactar, que terminó aprobándose en un pleno celebrado de madrugada en 1998 y fue anulado años más tarde por los tribunales. A Gil le siguieron Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones en la alcaldía, quienes mantuvieron la frenética actividad que acabó con todos en la cárcel y el Ayuntamiento disuelto tras la Operación Malaya. En el macroproceso judicial hubo cientos de piezas separadas que fueron anulando, una a una, todas aquellas licencias urbanísticas.

 La ciudad se topó entonces con unas 18.000 viviendas irregulares que unos creen deben derribarse y, otros, mantener en pie. Solo un puñado han caído en dos décadas. El resto, ahí sigue.

 Carmen Suárez tiene 87 años y es una de las víctimas de aquellos años. Gil promovió una torre de 12 plantas frente a su casita familiar con huertas y vistas al mar. El edificio fue declarado ilegal, pero Carmen sigue sufriendo las consecuencias. Hoy ya ni se atreve a tender la ropa en la azotea, harta de colillas, botellas y toda la basura que le lanzan desde las alturas.

“Ganamos todos los juicios, pero no sirve de nada”, dice. Su abogada, Inmaculada Gálvez, lleva batallando junto a ella 23 años, sin éxito, en el denominado caso Belmonsa. “La situación es vergonzosa y desesperante. Las sentencias de desahucio se ejecutan con rapidez y estas, que conllevan demolición, quedan olvidadas”, asegura la letrada, que libra la que es ya una lucha personal contra el sistema. Cree que hay “desobediencia” clara por parte del Ayuntamiento marbellí, dirigido por Ángeles Muñoz (PP). “Jamás han querido solucionar el problema, tampoco la Junta de Andalucía, que no asume la ejecución subsidiaria”.

La Ley dice que un acto administrativo que es consecuencia de un delito es nulo y, por tanto, centenares de licencias fueron declaradas irregulares. La Administración andaluza —que publicó en otoño de 2019 un decreto que podría regularizar más de 327.000 viviendas en toda la comunidad— asegura que ha requerido “sistemáticamente” al Ayuntamiento de Marbella “la debida ejecución de sentencias”. Sin embargo, recuerdan que en 2010 el municipio aprobó sus nuevas normas urbanísticas que servían para legalizar la inmensa mayoría de estas viviendas. El texto sustituía las demoliciones por compensaciones por parte de propietarios y promotoras, una idea rechazada por el Supremo, que en 2015 tumbó el documento porque entendió que un plan general no podía usarse para regularizar actuaciones ilegales previas. El urbanismo marbellí sigue desde entonces regido por el plan urbanístico de 1986. Las viviendas irregulares continúan ahí.

Al fiscal delegado de Medio Ambiente de la fiscalía provincial de Málaga, Fernando Benítez, le conocen como Demolition Man porque la mitad de su trabajo lo dedica a que se ejecuten las sentencias de demolición. Es obstinado y pertinaz, pero la mayoría de ayuntamientos se niegan: solo han derribado dos viviendas en tres años en toda Málaga. Con suerte, Benítez consigue su objetivo tras 10 o 15 años de insistencia. El fiscal explica que en Marbella probablemente nada acabe en el suelo porque la mayoría de condenas urbanísticas son por prevaricación y están dictadas según artículo 320 del Código Penal, que contempla prisión, multa e inhabilitación, no el derribo de lo construido. “Por razón de estricta legalidad, no se pueden tirar esas viviendas”, dice. “Pero hay más”, añade. “Sería un disparate demoler todas esas urbanizaciones donde viven cientos de personas sin que sea el propio Ayuntamiento el que considere qué se puede sostener, cambiar o tirar desde el punto de vista puramente urbanístico”, afirma Benítez, que opina que derribarlas causaría más perjuicio que de mantenerlas en pie. “Quien debe gestionar el urbanismo es el Ayuntamiento de Marbella, no el juzgado”, añade el responsable de Medio Ambiente, que cree que todo seguirá en su sitio salvo que la vía contenciosa o el consistorio lo decidan.

Indemnizaciones

Esa decisión conllevaría una responsabilidad patrimonial para el municipio, que debería indemnizar a los perjudicados, según varios juristas consultados. “Sería la ruina total para Marbella”, afirma un letrado. Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica de la ciudad durante ocho años, cree que mucho de estos edificios quedarán como asimilados fuera de ordenación: “No se tiran, pero tampoco son legales”, asegura. Por su parte, Inmaculada Gálvez sigue defendiendo que “la consecuencia inherente a la nulidad de la licencia es la demolición”. Por eso, cada mes, escribe a los tribunales para que den el paso. “¿Respuesta? Cómo el que oye llover”, dice. Marbella defiende que trabaja en la solución. En 2019 comenzó a redactar su nuevo Plan General, que buscará “encajar” las viviendas irregulares en “el nuevo modelo de ciudad”, según dijo su director general de Urbanismo, José María Morente, que en 2019 hizo un paréntesis en su trabajo municipal para dirigir durante unos meses las riendas urbanísticas de Andalucía para, más tarde, volver al Ayuntamiento. El municipio confía en que la aprobación inicial del documento —cuyo avance fue refrendado esta misma semana— se produzca a lo largo de 2021 bajo el paraguas de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), donde aseguran que agilizará y simplificará la tramitación urbanística. Expertos jurídicos, por el contrario, creen que su casi segura aprobación tras el verano servirá para ponerse al servicio del mercado inmobiliario.

Fuentes de Ecologistas en Acción recuerdan además que Marbella se rige por un plan de hace 35 años y, sin embargo, “jamás ha parado de construir a pesar de las carencias en infraestructuras públicas”. El consistorio, de hecho, anuncia regularmente la concesión de licencias millonarias para nuevas construcciones —esta semana días confirmaron dos por 13 millones de euros— sigue apostando por las recalificaciones de suelos no urbanizables. “El urbanismo salvaje continúa. No hemos aprendido a hacer un ejercicio de sostenibilidad, solo a retorcer las normas para terminar haciendo legal lo ilegal. Hacer borrón y cuenta nueva con otro PGOU es muy peligroso”, concluyen las mismas fuentes conscientes de que la palabra demolición, en Marbella, no existe."                 (Nacho Sánchez, El País, 02/08/21)

Gil y Gil, La Púnica, la Gürtel, el Caso Cursach, los casi 800 imputados del PP

"Plano general. Hombre entrado en carnes, poco pelo en la cabeza y gruesa cadena de oro en pecho peludo habla desde un jacuzzi de azulejos. Le acompañan a remojo cuatro mujeres jóvenes. Tres se sientan detrás también en traje de baño. Alrededor y en perfecta simetría, se despliegan otras cuatro mujeres en bikini, dos plantas y un plato de cerámica.

“Yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya.”

Primer plano. Cuando se cierra el cuadro sobre el rostro del varón se ven detrás dos torsos de mujeres sin cabeza: tres tetas y un ombligo. 

“Y no sé qué hacer con ellos. Y tengo mi barco…”

El hombre, por si no lo han adivinado ya, es Jesús Gil y Gil, el constructor que le puso su propio nombre al partido que le llevó a la alcaldía de Marbella entre 1991 y 2002. El hombre de cadena de oro en pecho, que llegó a decir que se hizo alcalde para defender su patrimonio. 

Gil y Gil, también expresidente del Atlético de Madrid, generó en Marbella el perfecto laboratorio político del neoliberalismo municipal construido sobre la base de la especulación inmobiliaria y la corrupción. Todo un ejemplo. La democracia española arrastró desde el principio estas formas corruptas que ya se originaron durante la dictadura vinculadas al lanzamiento del boom turístico de los 60 –el milagro económico español. 

El ladrillo significaba financiación para los municipios e instituciones pero también, para los partidos y sus intermediarios. Esta actividad ha sido el núcleo del PIB español, el corazón del modelo. Poco a poco, los casos estallarían en sedes judiciales, el de las corruptelas marbellís fue conocido como el “caso Malaya”.

 “Malaya fijó la pauta estética y folclórica del corrupto a la española, que se parecía mucho a la vaticinada por el dúo Luna/Bardem: hombre hecho a sí mismo inicia una enloquecida escalada por la pirámide social en tres actos: business inmobiliario, trapicheo con la autoridad competente y actitud de ir por la vida con la mano en el paquete”, explicó el periodista Carlos Prieto en un artículo.

 La Púnica, la Gürtel, el Caso Cursach, los casi 800 imputados del PP… nos hace interrogarnos por la descomposición del PP. ¿Es irreversible? ¿Se van a llevar consigo la corrupción o ya es un problema estructural? ¿Y la estética del machirulo con poder? Es cierto que la imagen de los señores del ladrillo ha cambiado algo con respecto a la era Gil y Gil, al menos públicamente. Ya no suelen hacer ostentación de sus cacerías, sus megalujos, ni exhiben descaradamente mujeres como posesiones, símbolos de estatus y poder, reto al resto de varones: mira los bienes de consumo a los que tengo acceso. 

Sin embargo, los relatos recogidos en los informes policiales nos hablan de un mundo con estética de mafia kosovar. Sistemáticamente, además, cada vez que emerge un caso de corrupción, cada vez que hay escuchas de conversaciones privadas, aparece, tarde o temprano, el consumo de prostitución, o mejor, el pago de favores con sexo.

Pagar con sexo, pago en especie

Del celebrarlo con un “volquete de putas” –desafortunada metáfora de constructores enunciada por un ex alto cargo de la Comunidad de Madrid– al “ojalá yo pudiera hacer esas cosas pero estoy muy mayor“, del senador valenciano del PP Pedro Agramunt. (Estas cosas: caviar y putas en hoteles de lujo sobre lechos de billetes de 500 que refleja el informe.) 

En los sumarios de las investigaciones vemos que no van a un lugar cualquiera a pagar por sexo, sino que el consumo de prostitución se hace casi de forma ritualizada. Por sexo no se paga, las putas te las regala el constructor o el empresario como parte del intercambio de favores. El secretario del alcalde de Baena, por ejemplo dijo en una de estas conversaciones: “A mí es que me da cosa gastarme mi dinero en estas cosas".

Por su parte, Francisco Granados, mano derecha de Aguirre y capo del PP en Madrid, pedía “putitas de confianza” para pasar la noche. Pero su sumario es bastante jugoso: visitas a clubes, un picadero, boxes para caballos, joyas Cartier, cabezas de toros Miura. Sexo de pago que pedía para cerrar las largas jornadas de cacería donde celebraban una ceremonia de iniciación en la que acababan cubriendo al novato con la sangre de las piezas que mataban. Cubrir al novato con sangre. 

Cubrir al novato con putas

Un amigo sindicalista me contaba que cuando empezó a viajar a Madrid para las negociaciones, su sindicato pidió a la empresa el dinero del alojamiento para alquilar habitaciones en una pensión. ¿Pensión? La empresa les pagaba directamente un hotel de cinco estrellas. En uno de los bares del hotel, a todas horas, podía encontrar trabajadoras sexuales. Hoteles de lujo y mujeres. Mujeres y lujos sirven para subir de estatus, para sentirse parte la élite. 

¿Quieres corromper a alguien? Lujo y mujeres. Cuando además se montan orgías –de esto también hay muchas noticias– las mujeres sirven para sellar pactos de silencio. En España la vida sexual no penaliza mucho políticamente –por suerte– pero cuántos vídeos en cajas fuertes estarán sirviendo hoy para cerrar algunas bocas. Siempre hay compañeras, madres de tus hijos que proteger de los deslices: no todas son comprensivas con las reglas de la fratría masculina.

 Las complicidades masculinas gestadas en el consumo de sexo implican que se comparte algo que te une, pero también que todos tienen algo que ocultar. Por eso hay espacios donde no es fácil que penetren compañeras de trabajo. Están vedados a las mujeres porque estas no pueden ser corrompidas tan fácilmente con sexo, y los espacios de consumo de prostitución están separados por géneros. 

A veces, los negocios también se aceitan con prostitución. En ciertos sectores, en algunas ferias y congresos como el Mobile World Congress de Barcelona, las mujeres no son seleccionadas para hacer de chófer y tienen que conformarse con ser azafatas –peor pagadas en peores trabajos–. Y esto es así porque al acabar las jornadas muchos ejecutivos son conducidos a locales de alterne por esos mismos chóferes. Una mujer rompería la presupuesta complicidad masculina. 

La antropóloga, Rita Laura Segato, habla de la “cofradía masculina”. Lo hace para explicar las violaciones o las formas más extremas de violencia contra las mujeres. Pero no es necesario que medie violencia para que operen estos pactos entre varones, porque son inherentes a como se ha construido tradicionalmente la sexualidad masculina hegemónica. 

 Desde una cierta forma de narrar las conquistas a los amigos hasta ir de putas juntos pueden formar parte de la exhibición que te constituye como hombre ante otros hombres. El mandato de masculinidad implica un espectáculo ante los demás varones que son los que reconocen tu hombría y eso conlleva exhibición de poder. Pagar por sexo, o mejor, que te regalen sexo y además se haga con los cómplices, puede formar parte de esa exhibición. 

En el caso Cursach, que implica a políticos del PP y policías de Baleares, estamos hablando de algo mucho más grave. Según algunos testigos, estos policías y políticos estaban dando soporte a una probable red de trata cuando evitaban la inspección de determinados locales a cambio de sexo, drogas y Viagra. 

Los testigos aseguran que había orgías constantes bañadas con champán francés en compañía de prostitutas del este. Un testigo ha declarado que a estas mujeres les quitaban el pasaporte y las obligaban a prostituirse –o a hacerlo en condiciones de esclavitud–.

 Volviendo a Segato, a cierto nivel de corrupción, de infiltración del crimen organizado en el Estado o del Estado en el crimen organizado, la trata –la violencia contra las mujeres– se puede leer como un signo de una transformación económica y política más amplia relacionada con el desarrollo de la economía criminal y con la descomposición del Estado. Cuánto más corrupto es un país, menos derechos y más violencia sufren las mujeres.

Después de la crisis económica hemos asistido a una crisis política generalizada que todavía está latente. 

El sistema se está reconfigurado con la marea de fondo de los casos de corrupción vinculados fundamentalmente al ladrillo. No parece haber una salida a medio/largo plazo para el modelo económico español y por tanto, esto tendrá que reflejarse de una u otra manera en el tipo de corrupción inherente al sistema. El gran peligro, que de Jesús Gil y Gil al PP de Baleares haya verdaderamente un salto cualitativo y que sea este último modelo el reflejo más acabado de las formas corruptas que corresponden a un sistema que se descompone.

 Cuánto más corrupto es un país ¿por qué no se protege de verdad a las mujeres que denuncian ser víctimas de trata como señalan las ONG que trabajan con ellas? ¿Por qué nadie parece tener interés real en poner algo de luz y control en el trabajo sexual? ¿No importan porque la mayoría son migrantes y mujeres o esas tramas están ya infiltrándose en el Estado? Tan importante como respondernos estas preguntas es articular la fuerza necesaria para hacer frente a este sistema corrupto que pasa sobre la vida y sobre los derechos de las mujeres."                 (Nuria Alabao, CTXT, 15/05/18)

El FMI pone cifras a la corrupción: 1,75 billones de euros al año en sobornos en el mundo

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado este miércoles de que anualmente se pagan entre 1,5 y 2 billones de dólares (1,31 y 1,75 billones de euros) en sobornos en el conjunto de economías desarrolladas y emergentes, una cantidad que representa aproximadamente el 2% del PIB mundial.

Así lo ha señalado la institución presidida por Christine Lagarde en su informe 'Corrupción: Costes y Estrategias de Mitigación' donde estima que los costes económicos y sociales de la corrupción podrían ser potencialmente mayores.

El fondo ha alertado de que los "altos niveles de corrupción pública", evidenciados tras los recientes escándalos desvelados en numerosos países, afectan sobre todas las fases de desarrollo de la economía.

"Mientras los costes económicos directos de la corrupción son bien conocidos, los costes indirectos podrían ser incluso más sustanciales y debilitadores, provocando un menor crecimiento y mayor disparidad en los ingresos", comenta la presidenta del FMI, Christine Lagarde, quien añade que la corrupción "debilita la confianza" depositada en los Gobiernos y "degrada los estándares éticos" de los ciudadanos.

El informe detalla que la corrupción debilita la capacidad recaudatoria de los estados, ya que perjudica la cultura del cumplimiento e incrementa la evasión fiscal. Además, al inflar los costes de las licitaciones públicas, disminuye la cantidad y la calidad del gasto público.

Asimismo, como consecuencia de la menor recaudación, los países tienden a solicitar una mayor financiación a los bancos centrales, lo que tiende a provocar "sesgos inflacionistas" y a debilitar la supervisión y estabilidad del sector financiero.

Además, el FMI señala que la corrupción también genera un impacto negativo sobre el conjunto de la sociedad y el medio ambiente, al provocar que las partidas presupuestarias destinadas al gasto social y medioambiental sean más reducidas.

Cita la 'Operación Malaya' entre sus recomendaciones

Entre sus recomendaciones para combatir la corrupción, el FMI ensalza la efectividad del marco regulatorio español contra el lavado de dinero, ya que durante la 'Operación Malaya "ayudó a identificar muchas empresas establecidas para el blanqueo de dinero".

"Sin embargo, donde los marcos regulatorios son débiles, como en Ucrania, los líderes corruptos pueden transferir grandes cantidades al extranjero", afirma en el informe.

Por ello, dice que "se deben establecer nuevas instituciones especializadas" en aquellos lugares donde se haya demostrado que las existentes son corruptas y pide marcos legales "efectivos" contra el lavado de dinero.

Además, el fondo insta a los diferentes gobiernos a adoptar estándares internacionales en lo que a transparencia financiera y fiscal se refiere, algo que considera como un "pre-requisito" para acabar con la corrupción.

"Teniendo en cuenta el impacto potencial de la corrupción sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, el FMI ha estado activamente comprometido en ayudar a sus miembros para diseñar e implementar estrategias anticorrupción", concluye Lagarde."       (Público, 11/05/16)

La Kutxa y el caso Malaya

"(...) ¿Por qué la sentencia del “caso Malaya”, el principal escándalo de corrupción inmobiliaria que hasta la fecha ha tenido lugar en España, afirma, textualmente, en el folio 377 de su Tomo 2, lo siguiente: “En las cuentas bancarias de la entidad Promonagüeles (empresa implicada directamente en el proceso “Malaya” como títere de Juan Antonio Roca, ex alcalde de Marbella) existen varios ingresos de la entidad la Kutxa, mediante transferencia, sin que se sepa el motivo al que obedecen?”. 

 Concretamente, la sentencia cita un ingreso de 522.880 euros, que Kutxa, hoy Kutxabank, realizó el 29 de septiembre de 2000, y otro traspaso de dinero, de 601.012 euros, que la Caja Guipúzcoa San Sebastián, Kutxa, hoy Kutxabank, realizó el 23 de abril de 2001.

¿Por qué algunos miembros de la trama de empresarios y asesores vascos directamente vinculados con el caso “Malaya”, continúan manteniendo sociedades inmobiliarias con Kutxabank?

¿Quién se va a hacer responsable de las pérdidas, cercanas a los 1.000 millones de euros, que Kutxa, hoy Kutxabank, tuvo por sus fallidas inversiones inmobiliarias en lugares como Murcia, Madrid o la Costa del Sol, especialmente bajo la presidencia de Fernando Spagnolo de la Torre?

¿Cuántos altios directivos de Kutxa, hoy Kutxabank, se reunieron con Juan Antonio Roca, ex alcalde de Marbella, condenado por el “caso Malaya” de corrupción en la Costa del Sol a 11 años de prisión y al pago de una multa de 240 millones de euros? ¿Cuántas reuniones mantuvieron estos directivos de Kutxa, hoy Kutxabank, en las oficinas del Ayuntamiento marbellí para hablar de sus negocios inmobiliarios, meses antes de que la corporación fuera intervenida por la Justicia?

¿Por qué Montserrat Corulla, condenada a cuatro años de prisión y a 30 millones de multa por el “escándalo Malaya” de corrupción en la Costa del Sol, se paseaba por Madrid con una VISA Oro emitida por Kutxa, hoy Kutxabank, y financiada por un empresario socio inmobiliario de la entidad?

¿Cuánto dinero perdió Kutxa, hoy Kutxabank, con la venta de Banco Madrid a la Banca Privada de Andorra, principal entidad financiera receptora de los maletines cargados de dinero negro transportados por la familia Pujol, entre otros muchos presuntos delincuentes financieros?"              (Euskadi Información, 02/11/2014)

Kutxa ingresó más de un millón de euros en las cuentas de una empresa de un directivo de la Hacienda Foral de Guipuzcoa y de Juan Antonio Roca, el de Marbella

"Entre los años 2000 y 2001, la Caja Guipúzcoa San Sebastián, kutxa, hoy Kutxabank y entonces presidida por Fernando Spagnolo, ingresó un total de 1.123.892 euros en una cuenta bancaria de Promonagüeles, entidad vinculada con las actividades de blanqueo de dinero llevadas a cabo por Juan Antonio Roca, ex asesor del Ayuntamiento de Marbella, recientemente condenado por el “Caso Malaya” a 11 años de prisión y una multa de 240 millones de euros por cohecho y fraude.

La sentencia del “Caso Malaya”, en el folio 377 de su Tomo 2, explica, textualmente, lo siguiente: “En las cuentas bancarias de la entidad Promonagüeles existen varios ingresos de la entidad la Kutxa, mediante transferencia, sin que se sepa el motivo al que obedecen”. 

Concretamente, la sentencia cita un ingreso de 522.880 euros, que Kutxa realizó el 29 de septiembre de 2000, y otro traspaso de dinero, de 601.012 euros, que la Caja Guipúzcoa San Sebastián realizó el 23 de abril de 2001.

Se da la circunstancia de que Promonagüeles, empresa entonces radicada en la calle Loistarain, 2 de San Sebastián, tenía como administrador único a Jesús Jiménez Oruna, ex responsable de la Sección del Impuesto de Sociedades de la Hacienda Foral de Guipúzcoa cuando el director de la misma era el ex senador del PNV Víctor Bravo Durán. 

Este ex alto cargo nacionalista se encuentra en el  centro del que se conoce como el caso “Glass Costa”, protagonizado por la empresa tarraconense del mismo nombre. Esta compañía, cuyo máximo responsable es Fernando González Enfedaque, habría conseguido importantes beneficios fiscales de manera ilícita al lograr radicarse en Guipúzcoa, presuntamente gracias a la intervención de Víctor Bravo. 

 

Glass Costa se inscribió en la sede de la consultoría Alt Norte (hoy, Cialt Norte) en la Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián, fundada y presidida por el mismo Jesús Jiménez Oruna administrador de Promonagüeles y entonces, a la sazón, responsable de Impuestos de la hacienda guipuzcoana.

A cambio de estos favores, el propietario del grupo Glass Costa habría de entregar el 7,1% de las acciones a Víctor Bravo Durán y a Rufino Eizaguirre, jefe de la oficina técnica del diputado general de Guipúzcoa (entonces, del PNV), que a su vez era socio de Bravo en la empresa matriz Ekialde 4021, SL. Las oficinas de Ekialde 4021 también estaban situadas en la sede de Alt Asesores (Cialt Asesores) de Jesús Jiménez Oruna.

(Hay que recordar que Víctor Bravo es también hermano de José María Bravo, ex jefe de la oficina de la Hacienda de Irún José María Bravo que hace unos meses fue condenado a 11 años de prisión, a varias penas de inhabilitación y a devolver a la Hacienda foral de Guipúzcoa.

 La sentencia dejó probado que José María Bravo se apropió de forma ilegal de diversas cantidades de dinero de contribuyentes morosos para saldar las cuentas de éstos con Hacienda. Estos pagos iban a parar a sus cuentas particulares. En la mayoría de los casos, el condenado exigía el pago en metálico, a cambio de rebajas en las deudas fiscales contraídas, que posteriormente eran dadas de baja del sistema por "insolvencia").

La empresa Promonagueles, que según la reciente sentencia del caso Malaya recibió 1.123.892.60 euros de Kutxa (Kutxabank), también tenía en sus órganos de dirección a los hermanos González Sánchez Dalp, imputados y absueltos de un delito de blanqueo del capital a favor de Juan Antonio Roca."            (La Tribuna del País Vasco, 04/11/2013)

La “corrupción generalizada” de Marbella se va de rositas. Roca cumplirá 3 años de cárcel... a lo sumo

"Marbella pasó este viernes no una, sino 5.774 páginas de putrefacción política en su Ayuntamiento. La Audiencia Provincial de Málaga hizo pública la sentencia del caso Malaya, la causa más sonada contra los desmanes urbanísticos del gilismo, y que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia.

 Los magistrados, presididos por José Godino, muestran en el fallo su “firme convicción” de que en el consistorio marbellí se había instaurado un “sistema de corrupción generalizada”.

 Este régimen operaba bajo el “poder de hecho” ejercido por Juan Antonio Roca, el exasesor urbanístico que a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil y hasta marzo de 2006 compró voluntades de concejales, funcionarios e incluso jueces para amasar un patrimonio de origen ilícito tasado en 101,7 millones de euros, que ha quedado incautado.

Tras cinco años de instrucción, dos años de juicio y 13 meses de redacción, la sentencia considera probado que Roca recibía dinero de promotores con intereses urbanísticos en la ciudad más cotizada de la Costa del Sol. A cambio, él se encargaba de manejar como marionetas a los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento en su beneficio. 

Roca ocultó las enormes riquezas obtenidas –eran los años del boom inmobiliario— en un entramado de 71 sociedades pantalla gestionadas por un despacho de abogados de Madrid. Todos esos extremos han quedado plenamente ratificados en la sentencia conocida este viernes.

 Sin embargo, el fallo, pese a su contundencia formal y a que recoge el fondo de las tesis de la acusación, deja un cierto sabor a levedad en las penas. El fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, había pedido al tribunal una condena de 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa para Roca. 

Los jueces dejan el castigo al exasesor urbanístico en 11 años de cárcel y sanciones económicas por 240 millones de euros. Parte de esta rebaja deriva de que se le ha aplicado una atenuante de confesión y del hecho de que el tribunal no ha visto demostrada la ilegalidad de algunas operaciones urbanísticas. 

Además, 43 de los 95 acusados inicialmente han resultado absueltos, en especial empresarios. El ministerio público estudia la opción de recurrir el fallo.

 El caso Malaya podría denominarse sin problemas el caso Roca. El exasesor urbanístico es el protagonista absoluto; y el resto, personajes secundarios y figurantes que orbitan en torno a él. Roca reconoció en el juicio que recibió los pagos de los empresarios y que repartió una parte de esas mordidas entre los ediles para “mantener la cohesión” del gobierno tripartito del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PSOE y el Partido Andalucista que derrocó en agosto de 2003 al exalcalde Julián Muñoz, en una moción de censura que marcó el principio del fin del gilismo.

 En la vista oral, el exasesor trató de convencer al tribunal de que las dádivas tenían por objeto financiar la campaña electoral del tripartito. El exasesor buscaba convertir un presunto cohecho en una falta administrativa de financiación de partidos.

El tribunal echa por tierra este argumento y vincula los pagos a la concesión de licencias y otras resoluciones municipales. “Ningún empresario entrega tan elevada suma de dinero altruistamente, gratis et amore, a quien no es nada menos que el gerente de Urbanismo de Marbella, paradigma de emporio urbanístico”, escribe el tribunal, que compara los abonos con un “impuesto revolucionario”. 

Las entregas monetarias “no tenían como finalidad la de financiar una inexistente campaña electoral, sino simplemente la de comprar voluntades de políticos para garantizar resoluciones administrativas afines a sus intereses”, insisten.

La sentencia avala las pruebas clave recopiladas durante la instrucción. El elemento más determinante ha sido la contabilidad paralela de Roca hallada en unos archivos informáticos en la sede de Maras Asesores, la oficina ajena al Ayuntamiento por la que desfilaban los promotores para hacer sus negocios con el auténtico hombre fuerte del consistorio.

 En esos apuntes, calificados en su día como una “ganga” por el fiscal López Caballero, figuraban los ingresos realizados por los empresarios y su distribución entre los concejales con responsabilidad de gobierno. El contable de Roca, Salvador Gardoqui, reconoció la autenticidad de las anotaciones.

También avalan los jueces las escuchas telefónicas ordenadas por el juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres. Consideran “sumamente significativas” las que se intervinieron a la exteniente de alcalde Isabel García Marcos, en la que la exedil socialista manifestó: “Para trabajar necesito dinero, en la primera plusvalía que se genere necesito dinero, y si se le da el pase, quiero dinero de mi pase, y si se desarrolla, quiero dinero de la construcción”. (...)

En el epílogo de la sentencia, el tribunal acuerda que los bienes y el dinero decomisados sean utilizados para abonar las deudas del consistorio por los “perjuicios morales y económicos” derivados de ese “ambiente generalizado de corrupción”.    (El País, 04/10/2013)

‘Caso Malaya’: todos a la cárcel por blanqueo… menos Isabel Pantoja

La tonadillera Isabel Pantoja, que ha sido condenada hoy a dos años de cárcel por blanqueo de capitales, es ayudada a entrar a su vehículo tras salir de la Audiencia Provincial de Málaga y sufrir zarandeos, abucheos y gritos de “ladrona”, y “delincuente” por parte de las personas que aguardaban a la artista en la calle. EFE

"La cantante Isabel Pantoja ha sido condenada este martes a dos años de prisión y al pago de un 1.147.148,96 de euros por un delito de blanqueo de capitales. De esta manera, a priori, la tonadillera se libra de la cárcel, al no tener antecedentes penales. La sentencia para la exmujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, ha sido más dura. Ha sido condenada a tres años, tres meses y un día de cárcel y 2.400.000 de euros.

 Mientras el exalcalde de Marbella ha sido condenado a siete años de prisión y seis meses de cárcel y el pago de 3.648.000 de euros de euros por blanqueo continuado de capitales y cohecho pasivo. A los pocos minutos de hacerse pública la sentencia, la Fiscalía de Málaga ha solicitado formalmente ante el Tribunal el encarcelamiento inmediato de Muñoz.

La expectación ha sido máxima, tras más de cuatro meses del juicio que ha llevado a Isabel Pantoja al banquillo. El juicio, celebrado en 27 sesiones desde el pasado 1 de octubre, parte de una pieza separada de la investigación principal del caso Malaya.  

Además de Pantoja, Muñoz y Zaldívar han sido juzgados el cuñado del exalcalde de Marbella, Jesús Zaldívar, el empresario José Miguel V. y sus tres hijos –sobre los que finalmente se retiró la acusación–, el exresponsable de una oficina de Cajamar y un intermediario ante la banca suiza.

Todas esas personas están acusadas de haber participado de alguna manera en el blanqueo del dinero obtenido de manera ilícita por Julián Muñoz durante su etapa en el gobierno en el Ayuntamiento de Marbella, entre 1991 y 2003. Según la acusación pública, esos fondos llegaron a sumar 3,5 millones de euros, y fueron desviados a cuentas en el extranjero.

A su salida, Isabel Pantoja ha tenido que abrirse camino entre la multitud escoltada por la Policía y se han podido oír gritos de “choriza” o “ladrona” mientras sus fans la aplaudían. Al entrar en el vehículo ha sufrido un desvanecimiento."            (El Plural, 16/04/2013)

Roca reconoce en el juicio por 'Malaya' que compró billetes de lotería premiados

"El juicio por el caso Malaya se ha reanudado hoy con una sorpresa. Sobre las 13.30 y después de asegurar que su colección de arte no es tan valiosa como la Policía cree,Juan Antonio Roca, máximo imputado en la trama de corrupción, ha reconocido que compró billetes de lotería premiados por 646.000 euros para no pagar impuestos.

El ex asesor marbellí ha exculpado a su mujer (María Rosa Jimeno), su hija (María Roca) y su cuñado, también procesados en un juicio que se inició el pasado 27 de septiembre y tiene 95 imputados.

Según su versión, los adquirió para no pagar impuestos de un "dinero en caja" que tenía en su casa, y de 198.000 euros que recibió en b por la venta de una casa de su mujer." (El País, 05/09/2011)

Los hijos de Gil, condenados a pagar 105 millones al Ayuntamiento de Marbella

"Los cuatro hijos y herederos del fallecido Jesús Gil deberán reintegrar al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 66,5 millones de euros que se volatilizaron de las arcas municipales entre 1994 y 1999, años en los que su padre fue alcalde.

Además, los descendientes del controvertido regidor tendrán que abonar otros 39,15 millones por los intereses que habría generado hasta hoy la cantidad evaporada. En total, los vástagos de Gil deberán devolver 105,65 millones al consistorio marbellí.

El Tribunal de Cuentas considera en una sentencia reciente que los hijos de Gil, al haber aceptado expresamente la herencia de su padre, son responsables contables del "menoscabo real y efectivo" sufrido por las arcas públicas debido a la "conducta gravemente negligente" del exalcalde. (...)

Parte del patrimonio que Gil legó a sus hijos lo constituyen las acciones del Atlético de Madrid, club de fútbol que presidió el fallecido regidor marbellí. Estos títulos fueron puestos a disposición del Tribunal de Cuentas por parte de la Audiencia Nacional, que los tenía embargados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de Gil por el llamado caso Saqueo.

El grueso del dinero detraído de las arcas públicas corresponde a las transferencias realizadas entre 1994 y 1999 desde el Ayuntamiento de Marbella a cuatro sociedades del entramado ideado por Gil y su entonces abogado de confianza, José Luis Sierra, para impedir la fiscalización de las cuentas municipales.

En su demanda ante el Tribunal de Cuentas, presentada en 2005, la Fiscalía detectó que en ese periodo un total de 66,37 millones de euros salieron del Ayuntamiento "pero no hay constancia [...] de que los fondos hayan entrado en la sociedad municipal a la que iban destinados".

La cantidad detectada por la Fiscalía era inferior a la detectada por la propia juez del Tribunal de Cuentas, que elevó a 71,24 millones de euros el dinero que se evaporó en las transferencias desde el Ayuntamiento a las sociedades municipales. Sin embargo, la juez recuerda en su sentencia que no puede imponer el pago de una cantidad superior a la reclamada por el ministerio público.

Para fijar la cantidad desfalcada, los inspectores del Tribunal de Cuentas debieron recurrir a analizar las transferencias declaradas por el Ayuntamiento a las sociedades, ya que la contabilidad de esta sigue siendo un misterio.

En la sentencia, la juez recuerda la "escasa colaboración e incluso obstrucción de las autoridades municipales" durante el periodo de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento y las sociedades. Además, pone de relieve que durante la inspección salió a la luz la existencia de seis mercantiles "no comunicadas por el Ayuntamiento, que solo dio cuenta de la existencia de 25".

Además de las transferencias a las sociedades, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha analizado pagos de obras y servicios sin justificar del Ayuntamiento por valor total de 135.850 euros. Entre estos abonos figuran 6.000 euros para la celebración del certamen Linda de España de 1996 o 36.060 euros para los festejos de Navidad y Reyes de 1998.

En la causa, además de Gil, se investigó la responsabilidad contable de los exconcejales gilistas Julián Muñoz, Antonio Luque, Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá, Pedro Román y Dolores Zurdo. Todos estos exediles, excepto Zurdo, cuya responsabilidad ha prescrito, deberán devolver a las arcas públicas un total de 197,65 millones, entre el principal y los intereses generados en los últimos 17 años." (El País, 03/05/2011, p. 26)

"Patrimonio amasado en Marbella"

"El imputado por corrupción al que los jueces atribuyen los negocios urbanísticos ilegales más lucrativos en la historia de España se llama Juan Antonio Roca, tiene 57 años y ha pasado los últimos cinco en una celda. En este tiempo, el supuesto cerebro del caso Malaya, la trama de corrupción en Marbella (Málaga) no ha perdido nada de su talante controlador. (...)

Lo que sigue es un resumen de su declaración.

- "A mí me nombra Jesús Gil a dedo". El interrogatorio arrancó con la llegada a Marbella en 1992. "A mí me nombra Gil a dedo gerente de Planeamiento 2000, pero en el mismo día en que se me nombra gerente de la sociedad el alcalde nombra un arquitecto director de la revisión del plan, Eugenio Sánchez Moro. Yo no me encargo de revisar el plan, soy ingeniero, no arquitecto. Yo no he redactado un plan en mi vida".

- 31 años en la "actividad inmobiliaria". El exasesor sostuvo que ya era rico antes de entrar a trabajar para la sociedad municipal marbellí. "Llevo en la actividad inmobiliaria desde los 26 años, primero en Murcia y luego en Marbella. Entre 1991 y 1997 liquidé la sociedad Marbella Inversiones [germen del entramado societario] con unos activos de 500 millones de pesetas [tres millones de euros]".

- 12.000 euros netos al mes, dos días de trabajo a la semana. Roca percibía una nómina de 12.000 euros mensuales como gerente de Planeamiento 2000. Eran sus únicos ingresos declarados y, según confesó, explican su alto nivel de vida: "Le puedo garantizar que con 12.000 euros netos mensuales después de impuestos se puede vivir muy bien. Me refiero a llevar a los niños a un colegio bueno o permitirse algún viaje".

Además de bien pagado, el trabajo no era absorbente: "Desde 2002, cuando le comunico al alcalde que quiero ir dejando el Ayuntamiento y dedicarme a mis negocios inmobiliarios, yo voy al Ayuntamiento dos días a la semana, lunes y martes, nada más. El resto de los días estoy dedicado a mis empresas".

- Sin rendir cuentas a Hacienda. "Cuando Marbella Inversiones hace la liquidación, cuando cobra 200.000 euros, el que cobra es Juan Antonio Roca, que es el propietario y que ha prestado previamente el dinero a la sociedad. Evidentemente, no declaraba esos fondos", admitió Roca.

- "Disfrutar de lo que es mío". "En ningún momento he tratado de ocultar que el patrimonio de mis sociedades era mío. Disfrutaba perfectamente a ojos de todos de lo que era mío. Si tratara de ocultar que era el propietario, no hago en 2005 que se escriture la sociedad a nombre de mis hijos".

- Un padre generoso. "Mis hijos tienen cuenta corriente desde que nacieron. Les iba asignando 3.000 euros un año, 4.000 euros otro. ¿Quién va a financiar la cuenta corriente de un niño de un año hasta los 18? Pues el padre".

- Confianza en los testaferros. Roca puso la administración de sus principales empresas en manos de los abogados Sánchez Zubizarreta, también procesados, aunque sin mediar contrato de fiducia alguno. "No he tenido nunca la más mínima duda de la honestidad de este gabinete. Cuando uno pone unas sociedades administradas por ellos, lo único que existe es la confianza plena en su honradez". (El País, 07/03/2011, p. 16)

"Patrimonio amasado en Marbella"

El fiscal presentó un amplísimo escrito de acusación donde desgranaba las sociedades que Juan Antonio Roca tenía a nombre de testaferros, las obras de arte adquiridas, sus manejos con los políticos y sus prácticas irregulares. Lo que sigue es un resumen de ese escrito.

- 50.000 euros de renta;

200 millones de patrimonio. "Juan Antonio Roca ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante coincidiendo con la época en la que estuvo ligado laboralmente a Marbella. Con la renta disponible de 1997 a 2004 de aproximadamente 50.000 euros al año fue capaz de efectuar adquisiciones y atender gastos por más de 200 millones".

- Testaferros. "Los bienes de Roca aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas con objeto de ocultar su verdadera titularidad, sin que se puedan vincular a su persona, hasta el punto que Roca no figura como socio ni administrador de tales entidades".

- Negocios regados con comisiones. "Roca ha financiado parcialmente sus negocios y propiedades con fondos obtenidos de empresarios que le entregaban dinero como contrapartida por la obtención de resoluciones e informes favorables a sus intereses, sobre todo en el campo urbanístico, con vulneración de la normativa. El dinero obtenido de los empresarios lo aplicaba Roca, si bien solo en una pequeña parte, a corromper a las autoridades de Marbella".

- Reciclaje de dinero negro. "Roca destinó parte de los fondos obtenidos ilícitamente a adquirir obras de arte por varios millones. La adquisición de obras de arte es una modalidad muy usada de cara al reciclaje del dinero ilegalmente obtenido". (El País, 07/03/2011, p. 16)

El hombre que sabía corromper

"La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos". "Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca.

Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. (...)

La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. (...)

Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:

-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.

-Ya. Coger pisos o lo que sea.

-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla. (...)

El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero". (...)

De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono. (...)

Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil.

El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.

Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. (...)

La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho. (...)

Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.

Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad.

Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros. (...)

Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía". (El País, Domingo, 26/09/2010, p. 2/5)

El actor Sean Connery y su mujer, imputados en un caso de blanqueo

"El actor escocés Sean Connery y su esposa Micheline han sido citados a declarar como imputados en la nueva causa que investiga el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Tendrán que declarar en los próximos días en el juzgado número 1 de Marbella junto a cinco abogados, también implicados.

El caso, que se encuentra bajo secreto sumarial, forma parte de una macrocausa en la que se están examinando diferentes convenios urbanísticos firmados durante el mandato del partido de Jesús Gil en la alcaldía de Marbella. Las imputaciones de Connery, su esposa y los abogados, se suman a la de una veintena de personas que ya han declarado por otras operaciones urbanísticas.

La policía registró el miércoles dos de las sedes de la firma DB&T en la Costa del Sol y Madrid en busca de documentación relacionada con este caso, desgajado de la Operación Malaya contra la corrupción en el municipio marbellí y que se instruye en el Juzgado 1 de Marbella.

El juzgado investiga la venta de la finca Casa Malibú, que había sido propiedad del actor escocés Sean Connery, de 79 años, y donde se levantó un complejo de apartamentos de lujo en primera línea de playa.

El actor que encarnó al famoso agente 007 compró la mencionada finca en los años setenta y los puso en venta en por nueve millones de dólares 28 años después a través de la inmobiliaria británica Knight Frank.

La casa tenía una residencia principal, tres estancias para invitados, piscina y jardines. (...)

El despacho DB&T abrió en 1981 sus oficinas en Marbella y tenía entre sus clientes a numerosos extranjeros, entre ellos Connery. Al menos una decena de abogados trabajaron en su sede de la Costa del Sol, pero en los últimos cuatro años la plantilla se había reducido considerablemente.

La parcela donde Connery residió al menos dos décadas con su esposa Micheline está ocupada hoy por una urbanización de lujo habitada, pero ilegal porque se ha construido más de lo permitido. Para regularizarla, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) requiere que el promotor, o los propietarios de los apartamentos en caso de que éste no responda, aporten 5.093 metros cuadrados para áreas libres (parques y jardines). Sus apartamentos están a la venta en varias inmobiliarias por precios que van de 1,4 a 2,2 millones." (El País, 07/05/2010)

El fiscal pide tres años y medio de cárcel a Isabel Pantoja por blanqueo

"La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años y medio de prisión para la cantante Isabel Pantoja por blanquear supuestamente 1,8 millones de euros del ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, del que fue novia entre 2003 y julio de 2006. El escrito del fiscal -74 páginas que engordarán la prensa rosa- describe cómo el ex regidor se sirvió de su entorno más cercano para ocultar una fortuna obtenida a base de sobornos. El fiscal pide para Muñoz siete años y medio de cárcel y multas que suman 7,47 millones de euros por blanqueo de capitales y cohecho pasivo.

Además de la pena de prisión, Pantoja se enfrenta a una petición de multa de 3,68 millones de euros. El fiscal considera que la cantante era "perfectamente conocedora" del origen ilícito de los fondos y bienes que recibió de Julián Muñoz. La misma apreciación hace el ministerio público sobre Mayte Zaldívar, ex esposa de Muñoz, que blanqueó supuestamente 1,3 millones de euros. Parte de este dinero le llegó incluso después de que el matrimonio se separara.

El caso Pantoja, nombre oficioso de las diligencias previas 3.517/07, es una pieza desgajada del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella. En su escrito, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, cifra en "más de 3,5 millones de euros" el enriquecimiento ilícito de Muñoz entre 1991 y 2003, años en que fue concejal y alcalde de Marbella por el Grupo Independiente Liberal (GIL). En la causa también están procesadas, entre otras personas, Jesús Zaldívar, hermano de Mayte Zaldívar y supuesto testaferro.

En el caso de Isabel Pantoja, el supuesto ocultamiento del dinero de Julián Muñoz se produjo por las vías inmobiliaria, ganadera y financiera. La mercantil Franbel Artis, propiedad de la cantante, adquirió en febrero de 2003 un apartamento en el Hotel Guadalpín de Marbella, propiedad del grupo Aifos. El inmueble, que obtuvo una rebaja del 33%, costó 353.695 euros.

Sin embargo, en las cuentas de la sociedad sólo había un saldo de 15 euros, y de las cuentas personales de Isabel Pantoja no salió el dinero para el pago. Según el fiscal, el lujoso apartamento "fue abonado en su integridad por Julián Muñoz con cargo a fondos ocultos de procedencia delictiva".

También se fija el fiscal en la adquisición del chalé Mi Gitana, de 650 metros cuadrados, en abril de 2004. La casa fue comprada por la sociedad Panriver por 3,36 millones de euros a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, imputados en el caso Malaya. Según el fiscal, la cuenta con la que se pagó la hipoteca se nutre indirectamente de ingresos en efectivo de Julián Muñoz. Tras la detención e ingreso en prisión del ex regidor por el caso Malaya, las cuotas de la hipoteca empezaron a quedar impagadas.

Según el escrito del fiscal, Muñoz inyectó fondos a Franbel Artis para arrendar explotaciones ganaderas y adquirir cabezas de vacuno.

Finalmente, durante los tres años de su relación con el ex alcalde, Pantoja recibió en sus cuentas personales y societarias un total de 1,12 millones de euros. Gran parte de este dinero se ingresó en fracciones de 3.000 euros -técnica bautizada como pitufar o structuring en argot policial- para evitar su control por los servicios de prevención del blanqueo." (El País, ed. Galicia, , /05/2010, p. )

La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca. El 'cerebro' de la trama corrupta de Marbella tenía 26 hombres de paja

"Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del caso Malaya, blanqueó no menos de 671,4 millones de euros desde 1994 hasta su detención en marzo de 2006. La Agencia Tributaria y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía han despejado, por indicación del juez Óscar Pérez, una de las principales incógnitas de la causa sobre la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella. El ex asesor urbanístico, que en la actualidad cumple condena en la prisión granadina de Albolote, se sirvió presuntamente de 26 testaferros para ocultar e introducir en el circuito legal los bienes detraídos del patrimonio urbanístico municipal desde que llegó al ayuntamiento en 1991 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil y Gil.

La cifra de la riqueza amasada ilegalmente por Roca, adelantada ayer por el diario La Opinión de Málaga, equivale a la inversión en Justicia del Gobierno para los próximos tres años o al déficit de la sanidad catalana, por poner dos ejemplos.

El principal centro de blanqueo era el despacho de abogados madrileño Sánchez Zubizarreta, que supuestamente ocultó bienes por valor de 213,4 millones de euros. Este bufete no sólo proporcionaba a Roca sociedades instrumentales para que pudiera disfrutar de bienes como mansiones, fincas, vehículos de lujo o incluso un helicóptero, sin ponerlos a su nombre. Los Sánchez Zubizarreta, además, llevaba la contabilidad y las formalidades mercantiles y fiscales de estas empresas pantalla del "jefe", como llamaban a Roca. Según los agentes, la relación entre el ex asesor urbanístico y el gabinete jurídico "se basa exclusivamente en la confianza".

Los seis letrados del bufete supuestamente establecían relaciones entre las sociedades, como contratos de compraventa o préstamos intersocietarios. Con ello, buscaban generar "capas de cebolla" o "anillos concéntricos" para "proporcionar el anonimato" a Roca. En la mayoría de los casos, las sociedades eran "propietarias de fincas e inmuebles, generalmente en Marbella", cuyos vendedores solían ser promotores que habían recibido un trato favorable de Roca cuando mandaba sobre el urbanismo de la localidad. "En no pocos casos", según los agentes, "los bienes que le son transmitidos a Roca provenían del propio Ayuntamiento de Marbella y habían sido enajenados, adjudicados o entregados de forma irregular".

Otra piedra angular del blanqueo, con 111,3 millones de euros es Salvador Gardoqui, a cuyo nombre se encontraba la sociedad Maras Asesores, desde la que Roca gestionaba sus negocios y su patrimonio. Este testaferro, según la policía, llevaba la contabilidad de Roca bajo la forma de caja única. Desde Maras se repartían los supuestos sobornos a ediles, funcionarios municipales e incluso jueces necesarios para mantener engrasada la gigantesca maquinaria corrupta que obligó a disolver el Ayuntamiento de Marbella tras el estallido de la Operación Malaya, en marzo de 2006.

La cifra total del blanqueo facilitada por los investigadores es la más conservadora posible. En el caso de Julio Blasco, de quien se documenta el lavado de 74,4 millones de "procedencia ilícita". Sin embargo, los agentes consideran que "el importe estimatorio" de las cantidades blanqueadas "supera ampliamente" los 100 millones de euros, cantidad que impuso como fianza el juez Pérez al supuesto testaferro como responsabilidad civil.

Exactamente la misma apreciación hacen los agentes sobre Montserrat Corulla, aunque sólo consiguen acreditar un blanqueo de 44 millones. Esta abogada madrileña administraba, a través de varias sociedades, varios inmuebles de Roca en la capital, como los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, que Roca quería convertir en hoteles de lujo.

Aunque las inversiones de Roca eran principalmente inmobiliarias, el ex asesor no le hacía ascos a los muebles de lujo y las obras de arte. Los dos marchantes identificados por la policía, el uruguayo Beto Pedronzo y el francés Alfred Fournets, suman 26 millones de euros en blanqueo. Roca adquirió obras de Joan Miró, Jorge Oteiza o Manolo Valdés.

Los informes de los investigadores sólo hacen referencia al llamado tronco principal del caso Malaya. Por eso, no tienen en cuenta, por ejemplo, el papel del abogado Juan Hoffmann, considerado "testaferro internacional", cuyo papel se investiga en una pieza separada del caso." (El País, ed. Galicia, 10/10/2009, p. 16)