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7.4.15

Directivos del carbón cotizan como mineros para lograr prejubilarse antes

"José Antonio Lamelas Pombriego es, a efectos del registro, apoderado de la mina de carbón Hijos de Baldomero García SA, en León. Sin embargo, para la Seguridad Social es un minero de primera, según documentos a la que ha tenido acceso este diario. Esto último le permitirá prejubilarse con unos 50 años con cargo al Ministerio de Industria.

José Antonio es hijo de Manuel Lamelas Viloria, presidente de la Cámara de Comercio de León y uno de los mayores empresarios del carbón. Otros dos hijos que han tenido cargos en sus empresas están ya prejubilados de la minería con 50 y 49 años y un cuarto cotiza como trabajador de interior. La empresa justifica que así da más seguridad a sus trabajadores por si hay un accidente.

Lamelas Viloria, un tipo impetuoso, de 79 años y de tradición minera, defiende esta práctica. “Mis hijos han pisado mucha mina. De siempre han estado con el carbón. Claro que tienen derecho”, explica en un despacho de Valladolid. Enseña una leve mancha negra en su mano, “es carbón incrustado”, y saca su carné de manejo de explosivos de 1968: “No todo el mundo viene de una estirpe minera de 112 años”.

El régimen de la minería establece una serie de coeficientes para que los mineros de interior se puedan prejubilar antes que otros trabajadores por trabajar en “circunstancias de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad”. Fue aprobado en 1984 por la dureza del trabajo y para ir reduciendo la actividad minera. 

Al personal de interior con los trabajos más duros —picador, barrenista, ayudante de picador, ayudante de artillero...— se le asigna un coeficiente de 0,5. Por cada año trabajado reduce su edad de jubilación en medio año sobre los 55 a los que dejan de trabajar. Este grupo puede prejubilarse con 45 años si lleva 20 trabajados.

Fernando Óscar Lamelas Pombriego, hijo de Lamelas Viloria, tiene 49 años y es un minero prejubilado. Estuvo dado de alta en la mina Alto Bierzo como personal de interior. Fernando figuraba como administrador de esa mina, de la que su padre posee el 55%. Su sueldo no era el de un minero. Tenía un salario base de 1.024 euros al mes más una “gratificación voluntaria” de 5.825. En total, 7.200 euros al mes, según un informe del administrador concursal que lleva la firma.

Fernando se prejubiló en diciembre de 2012 y es miembro del pleno de la Cámara de Comercio de León. La prejubilación máxima es de unos 2.500 euros al mes. Actualmente es gerente de un parque eólico y consejero de la inmobiliaria Gv Vilomon, del grupo Viloria. El patriarca esgrime que también pertenece al grupo de salvamento de mineros, “donde están los mejores”. “Está prejubilado, como es natural”, justifica: “Uno que nazca en Castilla no puede ser marinero. Fernando es ingeniero y terminó de director pero pisó mucha mina”.

Manuel Lamelas Viloria —Viloria a secas en el mundillo— es junto con Victorino Alonso uno de los grandes empresarios del carbón de León y defiende la herencia familiar. “De guaje yo iba a jugar al pozo y gracias a Dios que mis hijos han salido mineros”.

También está prejubilado el hermano mayor, Manuel, de 50 años, que fue consejero de Alto Bierzo mientras cotizaba como vigilante de primera. Ahora tiene 50 años y figura como apoderado o socio en una veintena de sociedades. “Claro que está prejubilado, ha pisado mina de todo”, recita el patriarca, que no duda en repasar la lista de sus hijos. Tiene siete, y seis han estado dados de alta en las empresas familiares.

En la otra mina del clan, Hijos de Baldomero García, figura como empleado Diego Lamelas Pombriego, que es administrador de varias empresas del conglomerado familiar. Diego, que es ingeniero industrial, también muestra una mancha de carbón en su mano. Sostiene que él tiene un coeficiente de 0,4, “como todos los ingenieros de la empresa”. 

Así puede adelantar su prejubilación en casi cinco meses por año trabajado. Admite que desciende al pozo una o dos veces por semana porque está en otras empresas y que le gustaría bajar más. “Si baja un día a la mina tercia el coeficiente reductor”, afirma el padre.

El decreto de prejubilaciones reserva ese coeficiente a “personal de interior que participa en las labores de arranque o avance de forma indirecta, significadamente mediante el manejo de explosivos, labores de carga y transporte del mineral”. Entre las categorías que incluye está la de “técnico o vigilante, en labores de arranque y preparación”. Jesús González Vizuete, abogado laboralista, da otra interpretación:

 “Los coeficientes de 0,5 o 0,4 son para gente que está permanentemente en el interior de la mina”. Diego no entra en eso: “Son interpretaciones de la ley que, obviamente, no voy a discutir”.

Además de los hijos también se han acogido a la prejubilación directivos. José Antonio Balín Taboada es apoderado y representante de Alto Bierzo ante el juzgado de Ponferrada que investiga un fraude millonario en el carbón. Cobraba 6.315 euros al mes y se prejubiló en octubre pasado.

Fuentes conocedoras de la empresa que piden el anonimato por miedo a represalias niegan que sean habituales de la mina. Un sindicalista admite que José Antonio, el que cotiza como minero de primera, baja a la mina cuando acude a Hijos de Baldomero.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, de Industria, paga las prejubilaciones pero apenas controla, según fuentes conocedoras del organismo. Un portavoz de Industria afirma que “el plan se está desarrollando sin incidencias”. Viloria sostiene que no hay fraude porque en el régimen de la minería la cotización es mayor que en el general. Sin embargo, las prejubilaciones corren en parte con cargo a Industria. Solo en el presupuesto de 2015 hay una partida de 271 millones de euros para prejubilaciones."         (   , El País, Madrid 23 MAR 2015)

1.4.14

Eran entes jurídicos los que gestionaban los hospitales de Blanes y Calella cuando desaparecieron 2,4 millones en manos de alcaldes y altos cargos

"(...) Un periodista imprescindible llamado Albano-Dante Fachín, conocido por todos por sus denuncias más que documentadas, ha recordado recientemente una nota de prensa publicada por el Departamento de Salud, el de don Boi Ruiz, el neoliberal sin ningún temblor en el pulso: “El CatSalut ha recibido del Govern el encargo de proponer en un plazo inferior a seis meses el proyecto de unificar bajo la titularidad de un único ente jurídico, de naturaleza pública, propio e independiente de todos los dispositivos asistenciales” de la zona de Lleida. 

Traducción-comentario de Fachín: allí donde Boi Ruiz dice “ente jurídico de naturaleza pública” debería haber escrito, es decir, hay que leer, “entidad opaca y fuera del control democrático y ciudadano”. 

¿Por qué? Porque hay que recordar, no resulta difícil hacerlo, que eran entes jurídicos como ese, de supuesta naturaleza pública, los que gestionaban los hospitales de Blanes y Calella cuando desaparecieron, así, sin más preámbulos ni derechos a decidir sobre el uso de estos bienes comunes, 2,4 millones de euros en manos de alcaldes y altos cargos. Entre ellos, de forma destacada, Xavier Crespo, actual diputado de CiU en el Parlamento de Cataluña (el PSC no estaba alejado de esas prácticas). 

El toque final de Fachín en su artículo: “Es por ello que el silencio de ERC en esta operación no es un detalle”. ERC, prosigue, sería la marca blanca de la corrupción sanitaria.(...)"              (Salvador López Arnal, Rebelión, 29/03/2014)

31.7.12

Sanidad catalana: la cara oscura de un sistema que se creía modélico

"Ante el creciente número de escándalos, cada día se hace más difícil pensar que se trata de prácticas aisladas protagonizadas por individuos sin escrúpulos. Todo indica que nos encontramos ante un problema estructural. Una estructura pensada para favorecer prácticas muy alejadas del interés general. 

A continuación nos referiremos a cuatro casos concretos protagonizados por cuatro personajes muy relevantes en la sanidad catalana. Cuatro casos que nos ayudan a hacernos una idea de la magnitud de la tragedia sanitaria catalana.

RAMÓN BAGÓ
 
La dificultad para ver dónde acaba lo público y empieza lo privado es una constante en la sanidad pública catalana. Un hecho que Ramón Bagó, exalcalde de Calella y alto cargo en la época de Jordi Pujol, encarna a la perfección. Un reportaje publicado en Cafèambllet lo describía como “el hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público”.

 Por un lado tenemos al Ramón Bagó público, fundador del Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC, ahora CSC), un ente que gestiona decenas de hospitales financiados con dinero público. La otra cara de Ramón Bagó es empresarial: paralelamente a su carrera política y gestora de lo público, Bagó construyó un imperio, el Grupo Serhs, formado por más de 60 empresas, que tienen en los contratos públicos una de sus principales fuentes de ingresos.

 Un ejemplo de esto es la división de catering del Grupo Serhs que da de comer en escuelas públicas, prisiones y hospitales financiados por la Generalitat. El problema llega cuando decenas de millones de euros de estos contratos obtenidos por Bagó llegan desde los hospitales públicos gestionados por el CHC... dirigido por Bagó.

Según el diario El País, Bagó recibió 50 millones en contratos del CHC, 15 de ellos de manera irregular. La Oficina Antifraude, dependiente del Parlament de Catalunya, abrió una investigación hace seis meses a raíz de lo publicado por la revista Cafèambllet, pero aún no sabe nada. Parece que el jefe de esta oficina, nombrado por Artur Mas, se lo toma con calma.

JOSEP PRAT
 
La entrada de David Vidal al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) supuso el principio del fin de uno de los hombres más poderosos de la sanidad pública catalana. El joven regidor de la formación Candidatura d’Unitat Popular rompió el pacto de silencio que a lo largo de décadas permitió a Josep Prat mover los hilos sanitarios sin control. 

A través de la empresa municipal Innova, Prat logró hacerse con el control del 75% del presupuesto municipal de Reus y con el control casi absoluto del hospital de Reus, su gestión y la construcción de su nuevo y espectacular edificio.

Vidal también descubrió que Prat cobraba 27.000 euros mensuales, algo hasta entonces secreto. Pero había más: mientras dirigía el Institut Català de la Salut (ICS), la empresa pública que gestiona la mayor parte de los grandes hospitales públicos catalanes, Prat era vicepresidente de United Surgical Partners, la empresa de hospitales privados más grande de España. Aunque lo que finalmente ha hecho dimitir a Josep Prat de la presidencia del ICS fue lo que se conoce como ‘CasoManté’.

CARLES MANTÉ
 
Pocos meses después de abandonar la dirección de Cat Salut, Carles Manté fundó CCM Estratègies i Salut. Apenas ocho días después de su fundación, la empresa recibía de parte de Josep Prat el primero de los contratos que durante cuatro años reportaron a Manté casi 800.000 euros por “trabajos de consultoría”. Unos trabajos de los que no hay más rastro que unos pocos folios firmados por Manté.

Hasta hace pocas semanas, Manté era el presidente de los hospitales de Blanes y Calella, cuya irregular actividad quedó registrada en el escandaloso Informe Crespo.

XAVIER CRESPO
 
La presión del poder político consiguió que la Sindicatura de Cuentas frenase el Informe Crespo. Este informe detallaba las irregularidades cometidas por Xavier Crespo –entonces alcalde de Lloret y hoy diputado de CiU– como gestor en empresas de los hospitales de Blanes y Calella. Unas irregularidades que, según El País, significaron pérdidas cercanas a los tres millones de euros.

El Informe Crespo, que sólo vio la luz gracias al trabajo periodístico, es un ejemplo, junto a la inoperancia de la Oficina Antifraude, del estrepitoso fracaso de los sistemas de vigilancia y control sobre la gestión de la sanidad pública catalana. Un fracaso que ha permitido que los cuatro casos descritos hayan sido posibles. Un fracaso que, con seguridad, deparará muchos más escándalos."        (Rebelión, 31/07/2012,Albano Dante,Diagonal)

13.4.11

La Junta andaluza pagó al suegro de Arenas con el fondo para los ERE

"La Junta de Andalucía abonó casi 120.000 euros al bufete Olivencia Ballester, propiedad de Manuel Olivencia, suegro del líder del PP andaluz, Javier Arenas, procedente del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones.

El bufete asesoró en 2001 a la empresa pública Santana Motor, participada al cien por cien por la Junta, para externalizar algunos componentes de los coches que fabricaba, y por ello facturó 119.828 euros.

Pero la Consejería de Empleo pagó la minuta a través del mismo fondo con el que subvencionó los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que un juzgado investiga ahora, según reflejan las diligencias abiertas.

"El dinero se destinó a pagar jubilaciones millonarias a los amiguetes del PSOE andaluz (...). Sabemos que todas las personas beneficiadas son cercanas al PSOE", censuró el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons,

Al margen de las empresas, Ayuntamientos y asociaciones beneficiadas, la Junta abonó facturas a multitud de bufetes gracias a este fondo. Por ejemplo, Empleo subvencionó con 23 millones el ERE que afectó a 600 trabajadores de Santana Motor en 2001.

El bufete Estudio Jurídico Villasís asesoró a la asociación de los empleados en la negociación del ERE, pero sin embargo la factura de 46.000 euros la pagó Empleo en 11 pagos a lo largo de 2002. Este despacho, donde trabajó el conseguidor detenido por la policía Juan Lanzas, percibió otro ingreso de 20.880 euros seis meses más tarde.

El bufete Garrigues asesoró a la empresa en el ERE de Santana, pero su factura también se pagó con este fondo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), propietaria de las acciones en Santana. "Era imposible saber cómo iba a acabar un conflicto laboral.

Nadie sabía dónde estaba el final. Contratabas con Garrigues un contrato menor por 10.000 euros, pero luego se multiplicaba por diez", alegó un ex alto cargo de Empleo. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 2/2000 establece que los contratos menores no pueden exceder los 30.050 euros ni ser prorrogados.

Garrigues cobró asimismo 162.000 euros por el ERE de Cuerotex, pese a que la empresa contrató sus servicios. La Junta asumió el gasto del bufete en el ERE de 2005. Juan Pérez, cuñado del secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, negoció este expediente como presidente del comité de empresa y se acogió a él tras 42 años como empleado.

"Son servicios prestados a empresas o colectivos de trabajadores y la Junta asumió el pago", señalaron fuentes de Garrigues." (El País, 12/04/2011, p. 18)

21.11.08

Decenas de médicos sicilianos tienen miles de clientes muertos

"La policía de finanzas ha descubierto en la isla una estafa a gran escala que implica a decenas de médicos de familia: 51.287 pacientes que llevaban muertos, en algunos casos, 20 años, continuaban vivos a efectos legales, y sus galenos seguían percibiendo el dinero mensual de la Seguridad Social.

La razón aparente es que el registro civil de la isla tarda un tiempo indeterminado en certificar las muertes de los ciudadanos sicilianos. Los investigadores tratan de discernir si eso sucede por desidia, por corrupción o por un conjunto de causas más complejo cuyo objetivo es que, pese al aumento de la mortalidad, los fondos sigan fluyendo desde el continente hasta Sicilia.

El daño al erario público causado por la estafa se estima en unos 14 millones de euros, aunque diversos medios locales coinciden en señalar que la cifra es sólo la punta de un iceberg que esconde un gigantesco caso de corrupción sanitaria. Un verdadero Sistema Sicilia donde connivencias, descuidos, chapuzas y chorizadas habrían permitido a médicos, políticos, funcionarios, dirigentes, inspectores y casas farmacéuticas realizar un bello negocio a costa de la colectividad.

Entre los casos comprobados ahora, se han hallado pacientes difuntos desde hace dos décadas que seguían siendo teóricamente atendidos por sus doctores, que no reparaban en gastos y análisis para examinar a los cadáveres. (...)

En un solo distrito sanitario de la isla, que cubre la atención de 100.000 pacientes, los medios locales han certificado que sólo en un semestre de 2006 se realizaron 310.000 análisis de laboratorio; 18.300 servicios cardiológicos; 30.000 prestaciones de odontología, y 66.000 curas de fisioterapia. En total, cinco millones de euros de gasto. Según ironiza el combativo blog Observatorio Siciliano, si todas esas pruebas fueran reales, "la isla estaría en plena emergencia sanitaria, porque al menos el 50% de la población presenta patologías". (El País, ed. Galicia, Internacional, 17/11/2008, p. 5)