La Audiencia Nacional investigará a los cónsules que avalan los vientres de alquiler

"La Asociación L’Escola AC, dirigida por la abogada especializada en Derechos Humanos, Núria González, presentó hace una semana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se abriesen diligencias para investigar el entramado que se esconde tras las agencias que promueven la gestación mediante vientres de alquiler y los cónsules que validan las inscripciones registrales. Ésta no era ni mucho menos la primera denuncia que la abogada interponía ante la Fiscalía, pero sí que ha sido la primera vez que ha recibido una respuesta favorable. 

Según ha confirmado González a eltaquigrafo.com, y según ha podido comprobar este medio, la Fiscalía General del Estado habría remitido dicha denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como órgano competente para su investigación. Ahora, todo parece indiciar que la Audiencia abrirá diligencias para investigar, como se solicita, a varias agencias de vientres de alquiler que podrían estar cometiendo posibles delitos contra la filiación familiar y pertenencia a una organización criminal. 

En dicha denuncia, L’Escola AC también señalaba a los cónsules que, presuntamente, han validado las inscripciones en los consulados de España en el exterior, después de que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2014 considerara que los contratos de gestación subrogada eran nulos de pleno derecho y, por lo tanto, inaplicables en el derecho español. A estos cónsules, González los presenta como autores de un presunto delito de prevaricación. Llama la atención, pues, que aun ser una práctica prohibida en nuestro país, existan estas presuntas artimañas legales entre los cónsules que permiten la inscripción de estos bebés. 

Años de investigación personal 

Tras años de investigación, González y su equipo han podido constatar que las agencias de vientres de alquiler, a pesar de ser una práctica prohibida por la legislación española, operan con total impunidad en nuestro país. Es más, González tuvo acceso, en primera persona, al hacerse pasar por una cliente en una de estas agencias, a toda una serie de procesos de posible falsificación y gestión irregular —subvirtiendo las reglas establecidas en la Ley 14/2016, sobre técnicas de reproducción asistida—, así como respecto a opciones de financiación de los costes de la reproducción. Para ello, la abogada ya ha presentado en varias ocasiones, ante la Fiscalía, los documentos que dicha agencia le facilitó y un audio en el que ella se hace pasar por una posible interesada, para que se abra una investigación acorde a los indicios presentados. 

Es por ello que, junto con la última denuncia presentada hace escasos días, la abogada pudo adjuntar documentación suficiente para que se abra una investigación sobre varias agencias de vientres de alquiler y los cónsules españoles que avalan los registros. Dicha denuncia, fue presentada aprovechando que la recién nombrada Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se pronunció el pasado verano en contra de los vientres de alquiler, asegurando que la práctica debía ser investigada. 

Cónsules en el punto de mira 

González recalca la mala praxis de los Cónsules Generales de España residentes en todos aquellos países que han permitido la inscripción de menores nacidos por gestación subrogada, «contraviniendo, presuntamente y a sabiendas, la legislación española». Es por ello, por lo que en la misma denuncia también se insta a que inicien los trámites necesarios para lograr la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y Notariado,que permite la inscripción registral de los bebés nacidos mediante un vientre de alquiler, en los consulados de España en el extranjero, a través de un posible fraude de ley. 

Así pues, desde L’Escola AC se esperaba con cierto optimismo que la voluntad expresa y pública de la exministra en contra de la explotación reproductiva de las mujeres, se tradujera en una respuesta afirmativa a las instancias que en la denuncia se le presentaban. La asociación de González queda a la espera de nuevas informaciones, ahora de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y se ofrece, una vez más, para resolver y participar en los procesos que sean necesarios para que la investigación sea efectiva y real."                (Miriam de Saint Germain, el taquígrafo, 24/01/20)

La Fiscalía de Barcelona llama a declarar como testigo a la abogada que destapó el negocio de los vientres de alquiler

"Una maniobra de acoso y derribo”, así define la abogada Nuria González haber tenido de declarar como testigo ante la Fiscalía de Barcelona en la mañana de este lunes, después de que la organización Son Nuestros Hijos, le interpusiera una denuncia por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental por parte de una agencia de gestación subrogada. Al acudir como testigo, la abogada no ha podido tener acceso a la denuncia.

Sin embargo, tal como afirma González a Público, el objetivo de su declaración no era el de aclarar las prácticas de dichas empresas que los propios denunciantes conocen a la perfección, sino el de intentar achacarle a la autora de la publicación  Vientres de Alquiler el conocimiento de la comisión de delitos que no habría denunciado e imputarle un delito de encubrimiento.

“Todo parte del reportaje publicado en Público el pasado mes de septiembre, que bajo el título Cuando lo que te compras es un bebé, denunciaba una práctica ilegal en nuestro país como es la de los bebés comprados por vientres de alquiler y en el que, de todas las irregularidades que se denunciaban, solo una les ha parecido irrespetuosa: cuando hablaba de cómo estas agencias pueden llegar a hacer informes falsos sobre el estado de salud de la compradora de bebés para hacer la compraventa. El resto les parece fabuloso”, comenta la jurista.

Los denunciantes afirmaban que González había encubierto esta práctica con el único fin de lucrarse con la publicación de su libro Vientres de Alquiler (Editorial LoQueNoExiste). Sin embargo, ella afirma que no hay nada más lejos de la realidad. “Es curioso cómo el reportaje que se publica en septiembre no les molesta hasta el mes de febrero, que es cuando interponen la demanda. Justo un mes después de que salga a la venta el libro en el que se publica el mismo reportaje y en el que, además, denuncio los intereses ocultos detrás de términos asépticos como maternidad subrogada, padres comitentes, producto final, donaciones o compensaciones. En el libro hablo sin tapujos de la realidad de los vientres de alquiler, padres contratantes, bebés cosificados y mercantilizados y el pago del precio estipulado por una práctica ilegal en España y permitida en solo 12 países de todo el mundo”, añade la abogada.

“Está claro que han querido ir a por mí porque denunciar la realidad que ellos intentan edulcorar les molesta y mucho. Intentan con la coerción callar las voces de quienes conocemos y denunciamos esta flagrante violación contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”, añade la jurista.

“Madre es solo la que la pare”

Sin embargo, en palabras de la afectada, su testificación “ha sido como el tiro por la culata para los surropapis y surromamis. Hacía meses que yo misma había presentado denuncia por la actividad empresarial de seis agencias de gestación subrogada y de varios Cónsules Generales de España y en mi declaración me he ratificado en lo ya denunciado”, afirma.

Por todo ello, advierte, el resultado es que la denuncia presentada por Son Nuestros Hijos muy probablemente será archivada. “Su único objetivo era meterme en un brete cuando la realidad es que la Audiencia Nacional se quita el tema de encima y a sabiendas de que se están cometiendo delitos e irregularidades en lugar de perseguirlos y llamar a declarar a quienes los cometen. Sin embargo me encuentro con la situación de declarar yo”, continúa González.

“Además, tal y como la propia Audiencia apunta en su Auto 14 de este año, en el que afirma que la única madre que se puede llamar como tal, porque lo es, es la que pare. La Audiencia se quita el tema de encima porque son actos que se comenten fuera de nuestras fronteras, donde no puede actuar, y en lugar de llamar a declarar a quienes cometen el delito me citan a mí”, señala. 

Por otro lado, la abogada catalana señala que llamarla a testificar tiene un único fin: “Es una manera de querer meterme miedo y de hacer que no tuviera acceso a la denuncia presentada. Siendo testigo no se puede acceder a nada. No tienes copia de la demanda”, prosigue.

Para esta reputada feminista “es muy indignante que haya hombres y mujeres que llegan a los aeropuertos con niños que han sido comprados y que no se les detenga nada más pisar territorio español y que quienes somos decentes y defendemos la dignidad, tanto de esas madres que son obligadas por pobreza a perder su dignidad como de sus bebes, tengamos que ir a testificar a un juzgado”, comenta la autora de Vientres de alquiler.

Por último, González se hace una pregunta que lanza al aire y deja caer a los órganos judiciales competentes. “¿Cómo es posible que haya altos cargos que son miembros de esas organizaciones que me denuncian, mientras que han comprado y traído a sus hijos a España, cuando el país de origen prohibía hacerlo en las fechas en la que lo hacen? A todos ellos les mando un mensaje en mi nombre y en el del colectivo feminista: que sigan perdiendo el tiempo".

"Nosotras no vamos a parar hasta lograr que sean reconocidos como lo que son, como autores de un ilícito penal de delitos contra la familia y alteración de la filiación, tal y como recoge nuestro Código Penal, y de la mercantilización de sus madres a través de un contrato. Les seguiremos tratando como lo que son: compradores de bebés y explotadores de mujeres. No vamos a parar hasta que no ceje la violación de los derechos humanos de quienes no adoptan sino que compran”, finaliza Nuria González."                    (Nuria Coronado, Público, 08/07/19)