Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP.

11:16 a. m. · 26 oct. 2022
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 "Sigue el escándalo en la Policía Municipal de Madrid: el hijo y la nuera del intendente señalado aprueban con máxima nota.

Cuatro de las cinco personas con más nota de la prueba están relacionados con la Academia Cronos; el otro es la persona de máxima confianza del presidente suplente del tribunal.

 Miguel Carmona Ordoño y Carolina Hernando Boiso, hijo y nuera del intendente de Policía Municipal de Madrid Miguel Carmona, que aseguraba "conocer" las preguntas que caían en las oposiciones al cuerpo, han aprobado la tercera de las pruebas de las oposiciones de inspector este viernes. No son los únicos. Cuatro de las cinco personas con más notas de la última prueba de las oposiciones están supuestamente relacionadas con la Academia Cronos en la que el mencionado intendente  también es presuntamente profesor.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública la nota del tercer ejercicio, que consistía en desarrollar por escrito un caso práctico y exponerlo después ante el tribunal. Tal y como ha podido conocer ElPlural.com tras hablar con diversos aspirantes a inspector, la prueba se puntúa en un 30% la exposición oral y el 70% restante lo completa el conocimiento técnico. Así, la nota más alta la ha recibido Carolina Hernando Boiso, con un 8,33. A continuación le sigue Oscar García Martínez, conductor personal y persona de confianza del comisario principal Luis Fernando Martín Bernal, que es el presidente suplente del tribunal. Martínez ha obtenido 8,19 puntos.

En tercer lugar se encuentra Jorge Arce Blanco, con un 7,79. El conductor personal del intendente Miguel Carmona y también profesor en la Academia Cronos ha conseguido el tercer puesto en la prueba de las oposiciones. Muy de cerca le sigue el otro Carmona, Ordoño. El hijo del intendente ha obtenido la cuarta plaza en el desarrollo profesional con un 7,75.

En quinto lugar se encuentra Eduardo Narciso Atienza López. Con un 7,26, el profesor de Cronos ha conseguido colarse en lo más alto. Muy por detrás siguen el resto de los opositores hasta llegar a la docena, con notas que van del 5 al 5,75.

Según fuentes presentes en la realización del examen, el presidente del tribunal, José Luis Morcillo, transmitió que él mismo no se iba a dejar "intimidar" por las informaciones publicadas en prensa. "Como presidente del tribunal quiero deciros que ante todas las noticias que están saliendo en prensa, que estéis tranquilos, especialmente aquellos que ha salido su nombre. Este tribunal no se va a dejar intimidar por nadie, así que os pido que confiéis en nuestra labor", recrea un opositor que realizó la prueba a este medio

A pesar de ser un acto público tampoco se permitió el acceso a la lectura de la prueba que realizaron los aspirantes delante del tribunal. Lo mismo ocurrió durante las pruebas físicas que tuvieron lugar la misma semana de la prueba. De hecho, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras quiso acceder a las pruebas con un cronometrador oficial para verificar los resultados y evitar un posible fraude. No obstante, el tribunal impidió acercarse a la meta a la política alegando que los opositores "se ponen nerviosos". Lo mismo ocurrió con las cámaras de Telemadrid, que acudieron a cubrir la acción de Higueras, alegando que se vulneraba la privacidad de los opositores.

Presumir de conocer las preguntas

Tal y como desvelaba ElPlural, Miguel Carmona, presunto profesor de la Academia Cronos, sacaba pecho ante sus alumnos de "conocer a todos los del tribunal" y presumía de que "caen el 80% de las preguntas" que proporciona a sus alumnos. 

En uno de los mensajes a sus alumnos, Carmona explica que en la etapa final de las pruebas es él quien imparte las clases porque es el que "más sabe". Así, explicando que es la "realidad" y no es "falsa modestia", pide que "al que no le guste, se vaya a otro lado y pruebe". De esta forma, Carmona sostiene que lleva cuatro décadas preparando oposiciones y que de los test que proporcione a mes y medio de la prueba a sus alumnos, "caen el 80% de las preguntas". No obstante, agrega que "no es porque nadie sepa nada", sino porque conoce a sus compañeros e intuye "qué temas les interesa".

"Aquí todo es puro egoísmo. Todos nos tenemos que beneficiar. Vosotros y yo", admite. A pesar de que asegura en repetidas ocasiones que no tiene conocimiento de las preguntas del examen y que "la oposición es distinta" en cada convocatoria, en el audio que publica en exclusiva este periódico, Carmona indica que sus pruebas son un "trabajo de campo".

Según podía comprobar ElPlural.com en base a un registro de policías municipales que han declarado otras actividades públicas y privadas, Carmona nunca ha declarado haber dado clase en academia alguna. Pese a ello, en el audio sostiene que lleva "cuarenta años" en la docencia. En este sentido, cabe precisar que en la Policía Municipal de Madrid existe un límite de 80 horas anuales para poder ser docente. Solo es necesario solicitar la compatibilidad si se supera este límite.

La fiscalía investiga la información desvelada por ElPlural

Más Madrid ha elevado un escrito a la Fiscalía alertando del escándalo destapado por ElPlural.com en el que se denuncian presuntas irregularidades acontecidas en las oposiciones en curso para las categorías de inspector e intendente, así como en las de promoción interna de Agentes de Movilidad en su salto al Cuerpo.

De esta manera, la formación municipal que dirige Rita Maestre ha pedido a la Fiscalía que abra las diligencias pertinentes para comprobar si hubo trato de favor por parte de los tribunales calificadores con algunos opositores que tienen acreditada relación con miembros del mismo. También piden que se investigue a la Academia Cronos y a sus responsables en la preparación de las tres oposiciones, así como las posibles responsabilidades que puedan tener las autoridades del Ayuntamiento de Madrid que deberían vigilar el correcto y legal funcionamiento de las oposiciones.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, Carmona "forma parte, según sus propias palabras, del profesorado de la Academia Cronos, afirmando que él imparte las clases en la etapa final de la preparación, ese mes y medio antes en el que proporciona los test que luego clava en un altísimo porcentaje". "Informaciones de medios de comunicación apuntan, no obstante, que no constan en los registros de la policía a los que han tenido acceso que D. Miguel Carmona Gavela declarara en ningún momento el ejercicio de actividad privada", indica el escrito.

Así, y a pesar de que no está disponible en la web, Más Madrid afirma en base a una información de InfoLibre que "Cronos se vio involucrada en presuntas irregularidades de similar naturaleza a la presente cuando el examen psicotécnico de pasada convocatoria (promoción interna de agentes de movilidad a policía municipal 2021) coincidió plenamente con el ejercicio práctico que la academia realizó a sus alumnos la semana previa", provocando "la pertinente denuncia por parte de otros aspirantes a las plazas".

Un juez ordena a la Policía Nacional investigar la información desvelada por ElPlural.com

No es la única investigación abierta. Tal y como ha publicado este martes el diario El Mundo, el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ha acordado iniciar las diligencias previas y practicar las pesquisas para esclarecer si se ha cometido una infracción penal en las pruebas para acceder a altos cargos del cuerpo de policía local tras las informaciones publicadas por este periódico que apuntan al vínculo entre los aspirantes, los miembros del tribunal examinador y una academia dirigida por familiares de uno de los intendentes de la Municipal.

Eso no solo no se ha quedado aquí, sino que el mismo juez ha pedido además a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza Castilla que comiencen sus propias averiguaciones sobre el caso. De esta forma, el cuerpo nacional se suma a la Fiscalía Anticorrupción, que también está investigando estas mismas oposiciones después de que todos los miembros de dicho tribunal hayan declarado en la Unidad de Asuntos Internos, que abrió un proceso de diligencias informativas tras un altercado en un local de intercambio de parejas con algunos de los implicados.

Esta decisión judicial se produce después de que la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) presentara una denuncia contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid a raíz de las informaciones y pruebas publicadas por ElPlural.com al respecto de unas supuestas irregularidades en las oposiciones de turno libre para inspectores e intendentes del mismo órgano. 

AMPU acusó de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias al Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y a su comisario principal, Oskar de Santos, así como al también comisario José Luis Morcillo y los intendentes José Rodríguez Vacas y Miguel Carmona. Todos ellos implicados en estas oposiciones, tal y como ha desvelado este diario.

En concreto, la justicia investiga los audios y documentos a los que ElPlural.com ha tenido acceso y ha publicado en las últimas semanas. En uno de ellos, Carmona, que es profesor de la Academia Cronos, reconoce ante sus alumnos -en unos audios datados en noviembre 2021- que tiene contacto con todas las personas que conforman el tribunal calificador para oposiciones de Policía del Ayuntamiento de Madrid.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el intendente Miguel Carmona, que asegura que "no tiene nada que decir". Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado que tanto Asuntos Internos como la Justicia invesigan el caso y aseguran que "hy que esperar las conclusiones de dicha investigación".               (J. M. Sánchez, El Plural, 25/10/22)

Escándalo en las oposiciones de Policía Municipal de Madrid: los vínculos entre el tribunal y aspirantes

 "Las oposiciones a inspectores de la Policía Municipal de Madrid tienen un nuevo capítulo. Tras destapar las palabras del intendente Miguel Carmona durante una de sus clases en la Academia Cronos, ElPlural.com ha podido comprobar los vínculos entre las diferentes personas que más nota tienen del tribunal y que, además, guardan relación con los miembros del órgano.

Hace dos semanas conocíamos que el intendente de la Policía Municipal de Madrid, José Rodríguez Vacas, presentaba su dimisión como miembro del citado tribunal al destaparse que acudió a un local de intercambio de parejas incurría en una irregularidad ya que precisamente su acompañante es uno de los opositores a las pruebas de inspector. Según ha podido saber este medio, se trata de un oficial de la Policía Local de Alcalá de Henares, José Valverde Turiegano.

En concreto, el pasado 3 de septiembre, la carrera policial de Rodríguez Vacas se truncaba en un nuevo escándalo al acudir a un local de intercambio de parejas con José Valverde Turiegano. El intendente acudió junto al oficial y su chófer al club vestido de paisano. Tras un minuto dialogando con la recepcionista, donde, siempre según el local, se les informó del precio de la entrada y la hora de abandono del local puesto que a partir de la diez de la noche solo podían entrar parejas. Vacas enseñó la placa y dijo: “Ahora sí voy a pasar”.

El suceso provocó que Asuntos Internos abriera un proceso de diligencias informativas con el fin de depurar las “responsabilidades disciplinarias que pudieran existir” en el altercado que derivó en un expediente disciplinario. Cabe recordar que Rodríguez Vacas es una de las personas que elaboraban las preguntas del examen junto con el presidente del tribunal, el comisario José Luis Morcillo. Actualmente, José Valverde Turiegano tiene una nota en las oposiciones de 7.74.

Más relaciones con el tribunal

Aparte de la relación con José Valverde Turiegano, este medio ha podido constatar un listado de nombres que sorprenden por su vinculación con diferentes miembros del tribunal en el que se encontraba Rodríguez Vacas. La persona que más nota tiene en estas oposiciones es Óscar García Martínez. Hasta diciembre de 2021, donde inició la academia de ascenso a subinspector, trabajaba directamente a las órdenes del presidente del Tribunal, Luis Fernando Martín Bernal. García Martínez es una de las personas de confianza de Martín Bernal e incluso fuentes consultadas por ElPlural.com indican que fue trasladado a su comisaría por amistad.

No solo Vacas y Martín tienen vínculos con opositores. Miguel Carmona, intendente del cuerpo municipal y profesor en la Academia Cronos, cuenta en las oposiciones con su nuera Carolina Hernando Boiso, con una nota de 7,65 y su propio hijo, también docente en la mencionada escuela, Miguel Carmona Jr. Ambos pertenecen a la Policía Local de Arganda del Rey.

Con notas más discretas se encuentran otros dos profesores de la Academia Cronos y, de nuevo, policías municipales en Madrid. Se trata de Eduardo Atienza (6,48) y Jorge Arce Blanco (6,40). Fuentes consultadas en el cuerpo de policía explican que el segundo ha sido el chófer personal de Carmona en el distrito de Barajas y que acaba de obtener recientemente la plaza de oficial.

Además, sorprende que varios de ellos obtuvieron un 10 en la prueba de inglés, consiguiendo incluso más nota en la misma que la aspirante Ana Padilla Beltrán, la cual es docente de este idioma. Cabe destacar que esta última es la pareja del director del Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, que también tiene relación en esta historia en lo relativo a la conexión de los agentes y las academias de preparación de oposiciones destapada este lunes por este medio. Y es que uno de sus conductores, Javier Mateo, da clases en una academia, concretamente en la Academia Spartamcops. Tampoco consta que sea profesor en las compatibilidades de trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid.

La última prueba: la deportiva

La última prueba del proceso para ser inspector se trata de la prueba física. En circunstancias normales, y al ser eliminatorias, suele realizarse en primer lugar para así descartar a aquellas personas que no cumplen con uno de los requisitos básicos para ejercer la labor. No obstante, en esta ocasión la prueba ha sido retrasada hasta realizarse en último lugar con todos los exámenes hechos.

La prueba se ha celebrado este lunes por la mañana y pese a que se trata de un acto abierto al público, se ha impedido entrar a los medios de comunicación por "privacidad de los opositores" y se han tenido que conformar con captar imágenes desde fuera del recinto. Además, la zona de la meta estaba acotada impidiendo que un cronometrador oficial comprobara de manera objetiva el proceso junto a la concejala Marta Higueras, que denunció irregularidades en el proceso, bajo el pretexto de que los opositores "se ponen nerviosos".                     (José m. Sánchez, El Plural, 11/10/22)

La investigación de las filtraciones en las oposiciones médicas, el seísmo que ha sacudido al Servicio Vasco de Salud

"En la primavera de 2018, algunas academias ofrecían sus servicios a los opositores que querían lograr una plaza en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) con carteles en las calles que ofrecían "futuro". Llegaba la gran OPE para cubrir vacantes de 2016 y 2017, también en las especialidades médicas. 

En el mes de marzo, un anestesista del hospital de Mondragón visitó la redacción de eldiarionorte.es y aseguró tener constancia de que los exámenes de su disciplina y de otras se iban a manipular para beneficiar a candidatos muy concretos, habitualmente los interinos de la confianza de los jefes de servicio. Este periódico contrastó la grave acusación con una fuente de otro centro y de otra especialidad.

 "Debe de estar manipulada porque algunas preguntas las ponen los jefes y las suelen filtrar a quienes ellos quieren que se queden", respondió a los pocos minutos. Muchos otros testimonios van en la misma línea. En mayo se celebraron esos exámenes médicos y el mismo día en que Pedro Sánchez ganó la moción de censura saltaron todas las alarmas. También se ha extendido la indignación entre los suspendidos, que ha ido a más al escuchar de boca de algunos aprobados que sus excelentes resultados se basan en que están "supercualificados" y que han estudiado más que sus rivales.

A pesar de que todavía hoy la versión oficial del Departamento de Salud es que no hay "elementos objetivos" que demuestren la existencia de filtraciones y trato de favor, la crisis se ha llevado por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable más directo de la OPE en su calidad de director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. También se han planteado cambios de calado para evitar que en el futuro pase lo que según la versión oficial no está claro que pasara en el pasado.

La sustituta de Darpón es una cardióloga de larga trayectoria en la casa, Nekane Murga. Es ella quien continúa lidiando con las consecuencias de estas oposiciones. En la declaración de una testigo que obra en poder de la juez de Vitoria que investiga esta causa, Yolanda Varona -que en julio será relevada por Ana Jesús Zulueta-, se da a entender que ella también conocía este problema sistémico del Servicio Vasco de Salud. La testigo es Izaskun Obieta, miembro del tribunal de Cardiología de la actual OPE, y contó una anécdota de cuando ella era opositora y Murga solamente una colega. Estaban en Mallorca, en un congreso médico. Y, según Obieta, la "doctora Murga" le felicitó por su buena nota.

 "Para no tener el examen, lo has hecho muy bien", cuenta que le dijo. "Es 'vox populi' que las oposiciones de especialidades médicas sufren filtraciones siempre desde hace años", añadió.

La grabación con la frase la difundió este periódico dentro de la serie 'Los papeles de Osakidetza', con toda la documentación de la investigación judicial de este caso. Murga tardó 72 horas en dar explicaciones. Lo hizo el viernes, en el Parlamento Vasco y presionada por la oposición política, que ha estado muy activa en el último año. Murga, sin levantar la vista de un papel previamente escrito que leyó en la tribuna, insistió en que "nunca" realizó ese comentario y lamentó que haya quienes quieran "manchar el buen nombre" de Osakidetza.

Días antes, tras conocerse la noticia, el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, fue más duro y lanzó un dardo a Obieta, quien desde que accedió al tribunal denunció la existencia de irregularidades. "Una persona que precisamente accedió a Osakidetza, si eso era 'vox populi' y lo conocía todo el mundo, pues a lo mejor tiene motivos para explicar cómo accedió. 

A lo mejor tiene información de primera mano si esto era evidente. Si toda persona, toda persona, que accedía a la función pública en Osakidetza lo hacía a través de filtraciones, ella que accedió en esas condiciones tendrá información", soltó. También los anestesistas denunciantes han afirmado haber sufrido "represalias" hasta el punto de que se anunció que iban a ser denunciados a la Fiscalía por "tentativa de actuación fraudulenta" durante los meses en los que intentaron recabar pruebas.

La línea argumental de Murga es la misma que usó Darpón. Y a su vez es la misma que se empleó en 1996 ante denuncias similares y que le tocó gestionar al consejero Iñaki Azkuna. "Si hace lo mismo que el anterior consejero, acabará igual", le retó en la Cámara la representante de EH Bildu Rebeka Ubera. "Hay personas valientes que no se van a callar", apostilló la portavoz de Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga. El PP también ha sido crítico con el proceso, pero no apoyó la creación de una comisión de investigación y dio oxígeno político al Gobierno de PNV y PSE-EE.

En medio del debate político, avanza la investigación judicial, que fue promovida principalmente por los sindicatos ESK y LAB. Acudieron a la Fiscalía y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, determinó en primera persona que había indicios de delito en hasta once especialidades médicas. Envió el caso a los juzgados de Vitoria, que es donde tiene su sede central Osakidetza y donde se celebraron las oposiciones médicas.

 El propio Gobierno ha admitido que no entregó toda la documentación de su investigación interna al ministerio fiscal y que ha tenido que hacerlo tras un requerimiento de la instructora. Alegó que el material era "ingente" y que se seleccionó lo "esencial". El problema es que se privó a Adán de todas las grabaciones de las comparecencias de los implicados -opositores y miembros de tribunales-, ya que se le enviaron informes de conclusiones en los que las transcripciones estaban editadas y omitían comentarios de relevancia que apuntaban en una misma dirección: filtraciones.

Este periódico ha publicado ya algunos de ellos y quedan más. Estos son algunos ejemplos: El doctor José Luis Fonseca hablaba a las claras de "tongo" en Angiología. Varios vocales del tribunal de Anestesia, en medio de los exámenes, descubrieron que había resultados anómalos y hablaron de "debacle". 

Además de Obieta, otro cardiólogo, Ángel Loma Osorio, aseguró que sus compañeros de tribunal querían repartir las plazas entre sus afines ("En el tribunal de Cardiología se comprometieron para que los que tenían que sacar la plaza la sacaran"). Loma Osorio y Obieta denunciaron incluso antes de que se celebrara la OPE. No tuvieron éxito. También justo después, y Osakidetza dio carpetazo al asunto hasta que saltó a los medios de comunicación y se vio obligada a actuar. "                        (Iker Rioja, eldiario.es, 15/06/19)

El sumario del Servicio Vasco de Salud: así se filtraron los exámenes de las oposiciones... “las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”

 "Las sospechas de filtraciones desataron una rebelión en el tribunal de Anestesia en plenas oposiciones de la Sanidad vasca: "¡Debacle, debacle!"

 Las sospechas de filtraciones de los exámenes de las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se extienden a una veintena de categorías. Una de las más polémicas es Anestesia, especialidad en la que tres opositores del hospital de Mondragón dieron el paso de denunciar públicamente el pucherazo hasta el punto de que 'adivinaron' ante notario y antes de la celebración de la prueba que varias colegas del hospital vitoriano de Txagorritxu iban a lograr la plaza.

 En realidad, el tribunal de la OPE tuvo esas mismas sospechas el mismo 19 de mayo de 2018, nada más terminar la primera de las dos pruebas de las que constaban los exámenes, la teórica. Eso sí, a pesar del amago de rebelión por parte de algunos vocales del tribunal al tener estas dudas, la OPE continuó con normalidad y sólo después de que a partir del 1 de junio el caso estallara en los medios de comunicación se abrió una investigación interna que ahora está judicializada.

Concretamente, según la documentación judicial que obra en poder de este periódico, minutos antes de empezar la parte práctica, en el receso entre examen y examen, el presidente del tribunal, Julen Ballestero, constató una "debacle", con un 89% de suspensos ante un test tremendamente complicado y rebuscado y, a la vez, con varias notas descollantes, justamente las de las anestesistas de Vitoria. Como se supo después, éstas eran compañeras de trabajo del autor del teórico, el doctor César Augusto Valero. 

"Tiendes a pensar que han podido ser favorecidas por algo", admite el propio Ballestero, aunque se cuida -como el resto de miembros del tribunal de ésta y de otras categorías salvo algunas excepciones- en no dar nombres ni detalles concretos de estas posibles filtraciones. Así las cosas, la conclusión de las comisionadas por Osakidetza para analizar lo ocurrido en esta especialidad, María Natividad Saénz Zubiaga y Beatriz Gelbenzu, fue que "no ha habido pruebas de irregularidades" y que "la dirección de Osakidetza sigue confiando en el tribunal".

El tribunal se constituye con aviso contra filtraciones

Ese tribunal de Anestesia se constituyó el 22 de marzo de 2018, dos meses antes de la OPE. Se da la circunstancia de que en esa primera reunión, la secretaria, Rosario Peñín, hizo constar en acta la siguiente reflexión: "La filtración de acuerdos, preguntas o respuestas de exámenes puede acarrear responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso constituir ilícitos penales como el delito de revelación de secretos". 

Ya el día del examen, el tribunal se reunió a las 7.30 horas y recibió del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) el sobre con la primera de las dos pruebas, la teórica. La gran novedad de esta OPE, para preservar su transparencia, había sido despojar a los tribunales de todo o parte del cometido de elaborar las preguntas. 

Sin embargo, el IVAP no dispone de especialistas médicos y fue Osakidetza quien le recomendó a facultativos de cada área. En este caso, el elegido para la primera parte fue el doctor Valero, del hospital universitario de Álava, cuyo servicio de Anestesia tiene tres sedes, las consultas externas, Txagorritxu y Santiago. La segunda prueba de casos clínicos prácticos la retuvo el tribunal.

Al ver el cuestionario, el tribunal constató que la prueba se saltaba el criterio del IVAP porque era "impresentablemente difícil", en palabras de un vocal. Otra compañera, jefa de la especialidad en un centro de referencia, lo hizo y apenas sacó un 40% de puntos. 

Era complejo "en el fondo" y también "en la forma", dado que la propia formulación de las preguntas era enrevesada, con muchas negaciones y formulaciones poco claras. Ante la imposibilidad de anular las preguntas o cambiarlas a esa hora, se decretó dar más tiempo a los opositores para cumplimentar el cuestionario. Pero ni siquiera eso cambió las cosas.

"Alguien de Txago tenía que haber sido"

Al poco de acabar la prueba, en el descanso previo a la parte práctica, ya estaban las notas. "A las 12.40, veinte minutos antes [del segundo examen], viene Julen, el presidente, y nos dice 'Todos p'adentro'. Estaba desencajado, agobiado, ... Le vimos que estaba francamente preocupado. 'Ha habido una debacle, hay muy malas notas, tenemos un problema. Da la sensación de que encima ha habido unas cuantas personas con notas excesivamente altas y el resto está suspendido...'. ¡A 15 minutos! La primera reacción del tribunal fue levantarnos, querer disolver el tribunal y marcharnos", narra Ane Martín, una de las integrantes del comité evaluador.

Su colega Mari Carmen Iturricastillo cuenta lo mismo: "Llegó el presidente y dijo '¡Debacle, debacle! Y encima ha habido tres personas que han salido para arriba'. Empezó a decir los nombres... y del HUA [Hospital Universitario de Álava]". Cuenta esta vocal que, en aquel momento de nerviosismo y revuelo en el tribunal, "todas las miradas" se posaron en ella, jefa de servicio de Anestesia en ese centro. "Yo ese examen ni lo había puesto ni lo había visto", se defiende. El autor comisionado por el IVAP fue su compañero Valero. "Alguien de Txago [por Txagorritxu, en el HUA] tenía que haber sido", abunda Ballestero sobre el autor del examen.  (...)

¿Qué ocurrió entonces? El presidente y la secretaria del tribunal cortaron la rebelión, "templaron gaitas", y optaron por continuar con la OPE a pesar de lo ocurrido. Decidieron rebajar el nivel de exigencia de la segunda prueba práctica cambiando los criterios de corrección. Los explicaron con urgencia en las tres aulas en que se celebraban las pruebas. 

Fueron dos vocales a cada una con el mensaje. Recuerdan las caras largas de los opositores y los llantos de algunos por lo ocurrido horas antes. Las notas más altas apenas pasaban del 5 (50 sobre 100), salvo las excepciones. "Habrían estudiado mucho, pero llamaban la atención", sostiene el vocal Alberto Isla. El resto había suspendido con estrépito.

Osakidetza sugirió maquillar las notas 

También se han sucedido las denuncias de filtración en la segunda prueba, la práctica. Sobre todo ante lo anormal de un caso clínico más relacionado con la Urología que con la Anestesia. Sin embargo, los miembros del tribunal, responsables únicos de la confección de esta parte de la OPE, no aprecian ningún indicio de irregularidades. Es más, insisten en que hicieron hasta cuatro rondas de correcciones para ir repescando suspendidos y poder completar el cupo de plazas en juego tras el fiasco del teórico. "Decidimos flexibilizar. Éramos más favorables a los opositores. Nuestra idea era favorecer el mayor número de aprobados", explica Ballesteros.

Pese a todo, lo más llamativo es la sucesión de ceros entre médicos especialistas en la materia, algo que el tribunal explica alegando que ya se les explicó en aquel tenso receso que varias preguntas en blanco o totalmente equivocadas ya suponían automáticamente el cero en toda la prueba aunque hubiera más generosidad con las notas. Dos de los tres anestesistas denunciantes de la OPE, por otra parte, aprovecharon la ocasión para dejar sendos mensajes de protesta ante el pucherazo del que se sentían actores de reparto. Roberto Sánchez enumeró varios artículos del Código Penal, en concreto los que explican los delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secretos. 

Marta Macho, de su lado, escribió: "Intentaremos rellenar las hojas en la medida de lo posible partiendo del hecho de que no voy a aprobar, no porque no sea una buena especialista a la que además le gusta su trabajo y se interesa por sus pacientes, sino por razones que trascienden a mi control y sobre todo a mi voluntad".

Pero la cosa no quedó ahí. Si el examen fue un sábado, a las 48 horas se volvió a reunir el tribunal. "Se nos transmitía la preocupación de Osakidetza por las notas que había habido. Y se nos sugirió quitar preguntas", explican los vocales sobre el primer examen. Al final desecharon tal posibilidad de retirar aleatoriamente algunas cuestiones para retocar las notas, porque podría resultar más beneficioso para unos que para otros. La cocina se limitó a la segunda prueba.

Los papeles de Osakidetza

Eldiarionorte.es publicará la investigación judicial del caso de la OPE de Osakidetza. Aquí tiene todas las entregas anteriores:
1 - Un año de la crisis de las oposiciones del Servicio Vasco de Salud, un escándalo que tenía haber quedado dentro de la casa
2 - Un miembro del tribunal de las oposiciones a la Sanidad vasca en la categoría de Angiología: "Esto es un tongo"
3 - La acusada de filtrar los exámenes de Angiología: "Los quemé en la chimenea de mi casa del Pirineo"  "                  (Iker Rioja, eldiario.es, 05/06/19)

"Es viernes 1 de junio de 2018 y España mira al Congreso de los Diputados: Pedro Sánchez es el nuevo presidente al derrocar a Mariano Rajoy con una moción de censura. Mientras, en Euskadi, otra polémica empieza a tomar cuerpo: las denuncias de 'pucherazo' en las oposiciones de especialistas médicos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). 

Confluyen tres avisos de que tres exámenes diferentes, los de Anestesia, Angiología y Cardiología, celebrados en mayo, podían haber sido filtrados para beneficiar a opositores muy concretos.

El del fraude en las convocatorias internas de Osakidetza era un secreto a voces en la casa y con un antecedente en la primera OPE del nuevo servicio autonómico hace tres décadas. El matiz en esta ocasión era que las denuncias habían saltado a los medios de comunicación y habían obligado al entonces consejero de Salud, Jon Darpón, a salir en rueda de prensa el 4 de junio para dejar claro que no había "elementos objetivos" que demostraran las filtraciones, aunque al final haya sido este caso el que haya acabado con su estancia en el Gobierno de Iñigo Urkullu tras siete años en el cargo.

El asunto, al parecer, tenía que ventilarse de puertas para adentro. Era importante para el Gobierno el esclarecimiento de unos hechos que, de probarse, serían constitutivos de delito. De hecho, la juez de Vitoria Yolanda Varona tiene abierta ya una investigación penal que ha arrancado 'de facto' esta semana. Pero tenía tanta o más importancia preservar "el nombre y la imagen de Osakidetza", como prueban los documentos internos que forman parte del sumario de este caso, el 301/2019, y que eldiarionorte.es irá difundiendo en los próximos días.

Las sospechas sobre la oposición de Angiología procedían de una carta escrita a la dirección de Osakidetza por el vocal del tribunal evaluador José María de Egaña, jefe de servicio en el hospital Donostia. El doctor mostraba su extrañeza por las notas, ya que era una prueba de enorme dificultad, basada en bibliografía médica obsoleta, pero había un grupo de cinco personas con resultados excelentes, casi perfectos. 

Cuatro de ellos eran de Basurto, el hospital donde trabajaba la autora de las preguntas, María Reyes Vega, aunque De Egaña no conocía este dato cuando formuló su denuncia interna. La quinta, de otro centro hospitalario, es amiga de los cuatro de Basurto.

Cabe matizar que una de las novedades de esta OPE fue precisamente que Osakidetza retiró a los tribunales la potestad de elaborar parte o todo el examen, que constaba de una prueba teórica y de otra práctica. Encargó esa misión al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), experto en selección de personal.

 ¿Cuál fue el problema? El IVAP no tiene especialistas en áreas tan concretas de la medicina y acabó llamando a Osakidetza. La dirección del Servicio Vasco de Salud le dio una lista con nombres y apellidos de quiénes tenían que poner las preguntas, aunque de cara al exterior era el IVAP el garante de la limpieza del proceso. En el caso de Angiología, la elegida fue Vega.

El polvorín del examen de Angiología

Una colega del denunciante fotografió el escrito de De Egaña y lo difundió, dando al asunto una dimensión mucho mayor de la que quería darle el angiólogo. Al día siguiente de la rueda de prensa de Darpón, el 5 de junio, dos altos cargos del área de Recursos Humanos de Osakidetza fueron comisionados para investigar el asunto. Eran Xabier Balerdi y Míriam Aparicio. E interrogaron a De Egaña por espacio de 45 minutos. Por sus preguntas, ya desde el primer momento parecían tener datos suficientes para corroborar las irregularidades.

 Sabían que Vega era la autora del examen supuestamente externalizado al IVAP y que sus colegas en Basurto, todos ellos, estaban entre los que obtienen la plaza. También conocían perfectamente que había "alta coincidencia de los cuatro de Basurto en sus respuestas y fallos". Y, "en los fallos, en la opción elegida". También marcaron lo mismo en las preguntas de reserva, "y curiosamente los cuatro fallan la última". 

Pero en varias ocasiones Balerdi y Aparicio incidieron en que "el hecho de que el escrito se haya extendido ha generado un impacto grande y un enorme daño tanto al proceso de la OPE como al nombre, imagen y profesionales de Osakidetza". No las filtraciones de exámenes, sino la filtración de la denuncia. 

Aparicio, de hecho, logra en un momento de la conversación que De Egaña le diga el nombre de su compañera que fotografió y reenvió la denuncia. Y el propio angiólogo asegura en su declaración interna que hubiera preferido resolver el asunto con una llamada de la cúpula. "Que esto se hubiese quedado dentro del seno de Osakidetza", llega a afirmar el doctor, que define la situación generada como "cataclismo".

Sin embargo, al menos dos médicos que fueron interrogados por Balerdi y Aparicio les dejaron clara su incomodidad por considerar que el "daño" lo provocaba el debate público sobre el asunto. El angiólogo José Luis Higuera, que fue miembro del tribunal, indicó que "el daño verdadero es de quien hace esto", en relación a las filtraciones. Y su compañero Juan Luis Fonseca, también vocal del tribunal, quien apunto que merced a los medios de comunicación el "tongo" no había quedado tapado.

Unas sospechas no recogidas en acta

Hay otro dato de interés. El presidente del tribunal de este examen, el doctor Enrique Gutiérrez, declaró ante Balerdi y Aparicio que existían "sospechas" de filtraciones y que los vocales del grupo hablaron de ello abiertamente una vez conocidas las quejas de De Egaña. "Comentamos que todo apuntaba a filtraciones en favor de los médicos de Basurto. Pero no se recogió en un acta", admitió el presidente de Angiología, quien calificó de "bastante sorprendentes" las notas.

Esas actas muestran también que el resto de miembros del tribunal consideraron una traición el papel de Vega y plantean tanto la repetición de los exámenes como la salida de la sospechosa del 'pucherazo'. La dirección de Osakidetza, en cambio, denegó esta recusación al entender que no se puede modificar el comité evaluador en medio de una OPE. Vega, por su parte, se posicionó rotundamente en contra de la repetición de las pruebas.

Cardiología: críticas por aparecer en los medios

En el caso de Cardiología, Osakidetza logró de algún modo solventar las incidencias de manera interna durante el mes de mayo. Un vocal del tribunal de esta especialidad, el doctor del Hospital Universitario de Álava Ángel Loma-Osorio, alertó antes de celebrarse los exámenes y justo después de la existencia de filtraciones. "Tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado con vistas a una filtración selectiva”, llegó a dejar por escrito el cardiólogo. 

Nuevamente, después de vistas las notas, se apreciaba la existencia de tantos exámenes perfectos, 22, como plazas en juego, 22. Este examen también fue complicado y las notas medias eran muy bajas. A finales de mayo, en cambio, los responsables de Recursos Humanos de Osakidetza dieron carpetazo al asunto.

Pero pasó el 1 de junio y Loma-Osorio volvió a hablar. Lo hizo en una entrevista con este periódico en la que hablaba de irregularidades en general. Como De Egaña, se cuidaba de no dar nombres, pero todo apuntaba en una misma dirección. Pues bien, en las actas del tribunal de Cardiología se puede leer cómo varios miembros de ese órgano reprochan su actitud a Loma-Osorio, incluida la presidenta. 

Los vocales hablan de "molestia y rechazo" por sus apariciones en prensa y la presidenta le llega a echar en cara que lo hiciese cuando Osakidetza ya había zanjado el tema al determinar que "no existían elementos de prueba relevantes que avalen la tesis de una posible filtración". Fuentes sanitarias indican también que otra vocal del tribunal que apoyó a Loma-Osorio, Izaskun Obieta, sufrió también presiones para no denunciar.

Anestesistas acusados de "tentativa de fraude"

En paralelo, meses antes de los exámenes un grupo de tres anestesistas del hospital de Mondragón, Marta Macho, Roberto Sánchez y Manoel Martínez, empezó a moverse para denunciar la "corrupción" en Osakidetza y que “las oposiciones en los hospitales vascos no se aprueban estudiando, se aprueban porque alguien te da el examen”. Macho, que se recorrió sin éxito la Fiscalía y el Ararteko (Defensoría del Pueblo), incluso grabó algunas conversaciones en las que simulaba pedir las preguntas del examen. Entre las pruebas que recopilaron se hallan unas actas notariales en las que 'adivinan' qué facultativos iban a superar la OPE.

El tribunal de Anestesia, reunido el 13 de junio a las ocho de la mañana en la sede central de Osakidetza en Vitoria, deja constancia en acta de varias incidencias en la OPE. Sobre Macho -ya entonces era notorio que era una de las denunciantes- se alude a que ella misma quiso beneficiarse de una filtración y que se la denegaron, cuando en realidad buscaba grabar las pruebas de la existencia de fraude. 

Y, sobre Sánchez, remarcan que rellenó su examen aludiendo a varios delitos del Código Penal que podían encajar con la manipulación de una oposición. La propia exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que dimitió en noviembre arrastrada también por este asunto, llegó a anunciar en sede parlamentaria que llevarían a los denunciantes a la Fiscalía -y no las posibles filtraciones- por "tentativa de actuación fraudulenta". Hasta esta misma semana estos anestesistas han seguido denunciando represalias laborales.

Y todo a pesar de que las dos responsables de Osakidetza comisionadas para investigar estos exámenes admitieron de saque su "mal cuerpo" al ver la 'casualidad' de que dos colegas en el Hospital Universitario de Álava del autor de la prueba teórica, el doctor César Augusto Valero, eran las opositoras más sobresalientes y al comprobar que las actas notariales clavaban el resultado. "Lo que se ha hecho en la notaría es fácil", ironizó Valero, que explicó que bastaba con hacer varias quinielas y esconder las que no resultaran ajustadas. 

El propio consejero Darpón le compró el argumento.

En general, la línea argumental de Osakidetza no ha cambiado en estos doce meses. Aquel primer "no hay elementos objetivos" se ha mantenido casi sin alteraciones a pesar de que, al mismo tiempo, el caso se ha llevado por delante a Darpón, a Múgica y al ejecutor de la OPE, el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. "Esto no es Venezuela. 

Hay que probar las acusaciones", llegó a decir un Darpón que, aunque aguantó en el cargo hasta marzo, en realidad había mostrado al lehendakari Urkullu su voluntad de haberse marchado en junio, cuando estalló el caso y ni siquiera se había iniciado la investigación judicial. También mientras se insiste en la falta de pruebas, el nuevo equipo ha decidido hacer algunos cambios en los exámenes pendientes de las oposiciones del pasado año, como que los expertos del IVAP sean realmente externos. 

La nueva consejera de Salud, Nekane Murga, ha señalado esta semana en el Parlamento que el trabajo interno de investigación de Osakidetza ha sido "la base" de las actuaciones judiciales que ahora están vivas. Sin embargo, la juez Varona -que será sustituida el 30 de junio por otra magistrada, Ana Jesús Zulueta- ha denegado por dos veces la personación del Gobierno como "perjudicado" al entender que, en función de las averiguaciones, puede ser corresponsable de lo ocurrido. 

De momento hay tres autores de exámenes imputados (Anestesia, Angiología y Digestivo) y ningún opositor aprobado. Las categorías bajo investigación son 11 aunque sindicatos como ESK o LAB -y hasta el corporativo SME- hablaron de una veintena. El plazo para el final de la instrucción penal acaba el 6 de septiembre de 2020."                    (Iker Rioja, eldiario.es, 02/06/19)

Escándalo en EE UU por los sobornos para acceder a universidades de élite

"El FBI ha elegido como nombre de su operación el título de una película cuya trama nada tiene que ver con lo sucedido en la realidad. En Varsity Blues (se tradujo como Juego de Campeones en España, 1999), un estudiante de Texas se deja la piel jugando en el equipo de fútbol americano de su instituto para lograr entrar en la prestigiosa Universidad de Brown. 

La redada que el FBI ha llevado este martes a cabo con más de 200 agentes en seis Estados diferentes nada tiene que ver con el sudor y las lágrimas con las que se forjan los grandes hombres hechos a sí mismos.

El escándalo es mayúsculo por las fibras que toca. Pero es que además envuelve al siempre jugoso Hollywood. Las dos fotografías que todo este martes circulaban por la web mientras sus nombres se convierten en tendencia en Google son las de las actrices Felicity Huffman (Mujeres desesperadas) y Lori Loughlin (Padres forzosos). Huffman estaba detenida y a la espera de comparecer ante un juez.

Calificada como el mayor escándalo de fraude en las admisiones universitarias que jamás haya sido procesado por el Departamento de Justicia, la conspiración mafiosa implica a más de cincuenta personas entre padres, empresarios y varios entrenadores universitarios que desde 2011 recibieron hasta 25 millones de dólares para que los hijos de ricos privilegiados (actores de Hollywood y otras celebridades) ingresaran en prestigiosas universidades de Estados Unidos como Georgetown, Yale o Stanford, entre otras. Brown no está en la lista del FBI.

Hubo quien en la noche del lunes se acostó en la comodidad de su vida acaudalada y el martes se despertó envuelto en la Operación Varsity Blues, en medio del mayor escándalo sufrido en el sistema de admisiones para la prestigiosa Ivy League y otras renombradas universidades de Estados Unidos, instituciones famosas por admitir solo a los mejores de entre los mejores.

Puede que en la mayoría de los casos los jóvenes beneficiados no sepan que su futuro fue favorecido por un sabroso soborno, como hizo notar el fiscal a cargo del caso, Andrew Lelling. Los que sí pagarán un precio son sus progenitores y quienes dentro del entramado educativo conspiraron para que los jóvenes lograran una plaza cuando no la merecían, siempre a costa de que un estudiante capacitado quedase fuera de juego. Lo que suceda ahora con aquellos que accedieron al sistema a través de la corrupción no está todavía claro.

Los cargos que este martes ha hecho públicos el FBI se conocen dos semanas antes de que las más afamadas universidades anuncien las admisiones para la promoción que se licenciará en 2023. Queda por saber si todos los nombres de las listas seguirán en ellas después de que el rodillo del Departamento de Justicia haya iniciado las imputaciones.

En una rueda de prensa en Boston de más de una hora de duración, el fiscal Lelling apuntó su dedo acusador hacia los progenitores. “Los padres son el principal motor de este fraude”, declaró el fiscal, quien recalcó que esos “padres privilegiados” usaron su riqueza para crear un proceso ilegal paralelo de admisiones que favoreciera a sus hijos. 

Dicho esto, el fiscal dejó claro que lo que no habría en ningún caso sería “un sistema de justicia diferente”. “Las auténticas víctimas de este caso son los estudiantes que se quedaron fuera del proceso para que entraran jóvenes mucho menos cualificados porque sus familias pagaron por su acceso”.

Según el relato de un acusado que ahora colabora con la fiscalía, el modus operandi se basaba en modificar las pruebas académicas de admisión de aquellos hijos cuyos padres habían pagado o crear perfiles falsos de adolescentes que eran atletas en el instituto cuando en realidad no tenían ninguna habilidad deportiva. 

En el caso de Felicity Huffman, la actriz habría abonado 15.000 dólares por el examen modificado de su hija mayor. Lori Loughlin y su esposo, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, también acusado por la fiscalía, habrían acordado pagar medio millón de dólares para que sus hijas fueran incluidas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California. Ninguna de ellas era remadora. Ambas fueron aceptadas en esa universidad."                 (Yolanda Monge, 13/03/19)

"Fotos trucadas y notas cambiadas: así funcionaba ‘La llave’ para entrar en las universidades de élite de EE UU.

Lo llamaban ‘La llave’. Servía para abrir una puerta en las universidades de élite de Estados Unidos, una puerta que solo algunos privilegiados sabían que existía. Mientras la clase media del país se agolpa para entrar por la puerta de delante y algunos casos especiales entran por la de atrás, un hombre llamado William Rick Singer aseguraba haber descubierto una “puerta lateral”. A veces, consistía en un soborno. Otras, había que organizar un engaño que pasaba por trucar fotos y notas. Él tenía la llave y, por supuesto, cobraba por usarla.

Singer se declaró culpable el martes ante un juez federal de Boston de varios cargos relacionados con una conspiración para manipular el sistema de admisión de las universidades más codiciadas del país a través de fraudes y sobornos, cobrar por ello y además camuflar esos pagos como donaciones a la beneficencia. Así ingresó en total unos 25 millones de dólares desde 2011 hasta 2019 de decenas de padres.

Llevaba desde el pasado septiembre colaborando con el FBI. El martes, la policía federal lanzó una operación en todo el país con 50 órdenes de detención, entre ellas las de 33 padres. Los últimos en entregarse han sido la actriz Lori Laughlin (Padres forzosos), este miércoles por la mañana en Los Ángeles, y Douglas Hodge, ex CEO de la empresa de inversión Pimco. Ese era el nivel de los clientes.

La trama se basaba en dos empresas. Primero, The Edge (la ventaja, en español) College and Career Network, una asesoría para preparar la entrada en la universidad con sede en Newport Beach, uno de los pueblos de costa más privilegiados de California, al sur de Los Ángeles.

 La otra era The Key (la llave, en español) Worlwide Foundation, una organización sin ánimo de lucro a través de la cual se canalizaban los pagos como si fueran donaciones altruistas. Las universidades implicadas son Georgetown (Washington DC), Stanford (Palo Alto), Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Universidad de San Diego, Universidad del Sur de California (Los Ángeles), Universidad de Texas en Austin, Wake Forest (Carolina del Norte) y Yale (Connecticut).

Los servicios más básicos de Singer costaban entre 15.000 y 75.000 dólares, según la exposición de hechos de la fiscalía en la denuncia hecha pública ayer martes. Por ese dinero, podía manipular a través de sobornos los exámenes ACT y SAT, que las universidades utilizan para valorar el currículum general de los alumnos a la hora de admitirlos. En ocasiones, podía hacer que otra persona hiciera el examen en lugar del alumno. En otras, podía pagar directamente por alterar las respuestas.

 La actriz Felicity Huffman y su marido, el actor William H. Macy, utilizaron ese servicio, según la denuncia. Pagaron 15.000 dólares a la organización para que hiciera trampas en el examen SAT de su hija mayor. La organización de Singer podía corregir las respuestas después de entregar el examen. Huffman fue detenida el martes en Los Ángeles. Macy no está imputado.

Otra “puerta lateral” era conseguir que los alumnos entraran en los programas de deportes de las universidades, algunos de ellos sin capacitación alguna para ser atletas. Se trataba de tramas sofisticadas que costaban mucho dinero. En noviembre de 2017, Singer dio instrucciones a sus subordinados para que se inventaran un perfil de jugadora de fútbol para una chica. 

El objetivo era entrar en Yale. En un email a sus cómplices decía: “¿Podéis crear un perfil de jugadora de fútbol cuanto antes para esta chica? Va a ser una mediocampista en Yale, así que tiene que ser muy buena”.

El trabajo incluyó hacerse pasar por falsos entrenadores que la recomendaban, inventarse premios y reconocimientos, un equipo chino inventado en el que había jugado y por último, una lesión ficticia. 

“Necesitamos una foto de una jugadora de fútbol”, dice, “una chica asiática”. Todo el trabajo costó a los padres 1,2 millones de dólares. De ellos, 400.000 fueron el soborno para el entrenador de fútbol de Yale, que fichó a la chica para el equipo pese a que no tenía experiencia en fútbol de competición.

En la Universidad del Sur de California (USC), una institución privada de Los Ángeles, Singer y su equipo sobornaron con 350.000 dólares a la entrenadora del equipo femenino de fútbol y a su asistente, que admitieron a cuatro chicas en el equipo sabiendo que no tenían nivel de fútbol de competición. Al entrenador de waterpolo lo compraron con 250.000 dólares, además de pagarle los estudios de sus hijos con dinero camuflado como si fuera una beca. A cambio, admitió a dos estudiantes en el equipo para que entraran en USC.

A la directora adjunta de los programas de deportes de USC, Singer le mandaba pagos mensuales de 20.000 dólares. En el periodo investigado, la directiva de la universidad angelina fichó a “más de dos docenas de estudiantes” en los equipos universitarios sabiendo que sus currículums como deportistas estaban falsificados “y algunos ni siquiera practicaban los deportes para los que fueron fichados”, dice la denuncia.

La actriz Lori Loughlin y su marido, Mossimo Giannulli, por ejemplo, están acusados de pagar sobornos por valor de 500.000 dólares para meter a sus dos hijas en el equipo de remo de USC, de forma que se garantizaban la admisión en la universidad.

El FBI se detiene a detallar uno de esos casos. Singer les envió a las entrenadoras un currículum de una chic a ala que tenían que meter en el equipo de remo, aunque no tenía ninguna experiencia. Junto a una lista falsa de regatas en las que había participado, envió una foto de la chica en una máquina de remo de gimnasio. Las entrenadoras le respondieron que tenía que ser una foto en “una barca”. Singer buscó una foto por Internet con las instrucciones específicas de que “fuera difícil verle la cara”. El trabajo costó 250.000 dólares.

En la Universidad de Georgetown, el contacto de Singer era el entrenador de tenis. Entre 2012 y 2018, recibió sobornos por valor de 2,7 millones de dólares. A cambio, el entrenador fichó al menos a una docena de estudiantes para los equipos de tenis, y de esa forma les abría las puertas de Georgetown.

En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), la trama se servía de los entrenadores del equipo de fútbol, a los que sobornaba para que aceptaran solicitudes con perfiles falsos. La denuncia detalla un caso en el que un padre pidió que le aseguraran que le devolverían los 250.000 dólares que iba a pagar si su hija finalmente no entraba en el equipo de fútbol. Finalmente, el pago se hizo en acciones de Facebook."                 (Pablo ximénez de Sanfoval, El País, 14/03/19)

UPyD 'acierta' los aprobados por oposición en Extremadura y lo denuncia ante el fiscal

"Una entre dos millones. Ésa es la posibilidad que existe de acertar los nombres de aquéllos a los que han adjudicado cuatro de las cinco plazas convocadas por la Asamblea de Extremadura (una quedó desierta) y a las que aspiraron 204 ciudadanos en septiembre de 2014.

Una entre dos millones si alguien lo hubiera intentado, que no es el caso, porque UPyD presenta a primera hora de la mañana de hoy (jueves 14 de mayo) un escrito ante la Fiscalía de Badajoz, al que ha tenido acceso Público, para que se investigue a los responsables de la Asamblea de Extremadura por presuntos delitos de "prevaricación", "tráfico de influencias" y/o "revelación de secretos" al haber amañado supuestamente unas oposiciones convocadas hace cerca de ocho meses y resueltas los días 17 y 28 de abril y 6,8 y 11 de mayo, según se recoge en la propia web del Parlamento de Extremadura. La web ha confirmado cuatro de los cinco nombres adelantados por UPyD hace seis meses. El quinto nombre no existe, al quedar la plaza desierta. (...)

Sigüenza, que dará un rueda de prensa esta misma mañana para explicar el caso, sostiene que, una vez convocadas las citadas oposiciones en septiembre de 2014 para ocupar cinco plazas de técnicos de la Asamblea (periodismo, antropología, informática, técnico de gestión y biblioteconomía), se les hacen llegar numerosas "informaciones de ciudadanos anónimos" alertando de que las plazas "están adjudicadas con anterioridad al proceso de selección".

Tras comprobar la credibilidad de las denuncias, en noviembre de 2014, UPyD decide registrar ante notario los cinco nombres de quienes, según los informantes, aprobarán las oposiciones a finales de abril y principios de mayo de 2015. La Asamblea, al tener conocimiento de este hecho, exige a UPyD que retire sus "graves acusaciones" apelando al buen "nombre de la institución, la integridad de los opositores que han concurrido en el proceso de oposición y la labor de los miembros de los tribunales" de la misma.

Como los de Sigüenza ignoran la reivindicación del PP en el Parlamento, la Mesa de la Cámara denuncia a UPyD ante la Fiscalía en diciembre de 2014. Transcurridos seis meses de la denuncia del Parlamento, se confirman las sospechas de UPyD y sus denunciantes anónimos en la propia web parlamentaria. (...)"            (Público, 13/05/2015)

El opositor que predijo ante notario 12 de 14 aprobados

"Acertar la combinación ganadora era tanto como hallar una aguja en un pajar. J. A., un opositor al Tribunal de Cuentas, estuvo a punto de obtener un pleno. Semanas antes de iniciarse en 2010 los exámenes para cubrir 14 plazas de auxiliares de grabación y subalternos en el órgano que se encarga de fiscalizar a todas las administraciones públicas, J. A. se presentó ante un notario y le pidió que levantase acta de un futurible. 

Y le facilitó 14 nombres, de los que el notario dio fehaciente fe. Al terminar los exámenes, cotejó su lista notarial con la de aprobados que figuraban en el BOE: 12 aciertos. Y le extrañó haberse equivado en dos.

En realidad, J. A. no era ningún adivino: simplemente tenía alguien dentro del Tribunal que le alertó de que casi todas esas vacantes tenían dueño. Consciente de ello, y de que esas prácticas atentan contra la transparencia e igualdad de oportunidades que fija la Constitución para todos los ciudadanos, emprendió una dura batalla legal.

 Sin éxito. J. A. presentó una cascada de recursos contra la forma en que se iban a desarrollar los exámenes. El Pleno del Tribunal de Cuentas rechazo casi todos sus recursos. Incluso llegó hasta el Tribunal Supremo, que también desestimó su recurso por una cuestión técnica, pero obvió entrar y valorar los detalles de las “escandalosas irregularidades” que le describió J. A., según las define en diferentes recursos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El opositor ha rehusado hablar sobre este asunto. Ahora tiene otro trabajo y no quiere problemas.

A esa oposición concurrieron unas 300 personas y, finalmente, como admitidas para presentarse a los ejercicios, quedaron 225, muchas de ellas personas de la calle, ajenas al tribunal. Entre los aspirantes, había trabajadores eventuales de la institución que pretendían hacerse con una plaza fija. Al final aprobaron siete secretarias de consejeros y la hija del exsecretario general de la institución, José Antonio Pajares.

 El Tribunal de Cuentas sostiene que tanto el acceso de estas secretarias como el de la hija de Pajares se ajustaron a la legalidad y que el hecho de que aprobasen tantas secretarias obedecía, entre otras cosas, a que la institución, antes de los exámenes, habilitó un curso ex profeso de preparación para el personal de la Casa. J. A. consideró un trato desigual que el Tribunal diese cursos específicos para su personal eventual sin contar con el resto de ciudadanos. Y pidió al Tribunal toda la documentación sobre esos cursos.

 “Fue un curso largo y bien documentado, facilitándose a los opositores todo tipo de material relativo a los exámenes a desarrollar, llegándose por parte de los trabajadores a entregar preguntas propias de los exámenes a realizar”, explica J. A. en uno de sus recursos. El tribunal eludió darle esa documentación. Sus recursos cayeron en agua de borrajas.

Según han explicado numerosas fuentes de esta institución, en el Tribunal existe la tradición de, cuando hay renovación de consejeros, cada nueve años, sacar una oposición para buscar puestos en plantilla a eventuales. “Y rara es la que no ha aprobado en los últimos lustros”, señalan estos medios. Las secretarias son cargos de libre designación unidos al mandato de cada consejero (en total 12, elegidos por los partidos políticos).

También se quejó J. A. de que el tribunal examinador estuviese mayoritariamente integrado (tres de sus cinco miembros) por personas de esta institución que dependían del entonces secretario general del Tribunal, cuya hija aspiraba a una de esas plazas (y que la logró: obtuvo la tercera mejor nota de los 14 aprobados). Recusó a tres miembros del tribunal, pero tampoco le hicieron caso. 

Le contestaron con un escrito en el que despachaban las irregularidades denunciadas con una o dos frases sumamente técnicas.

EL PAÍS publicó el pasado julio que, de los algo más de 600 trabajadores que tiene la plantilla de este tribunal, más de un centenar son familiares o allegados de medios y altos cargos, o familiares entre sí. Sólo sus dos actuales máximos mandatarios, el presidente Ramón Álvarez de Miranda y su número 2, suman seis parientes. 

El número dos tiene a una hermana, un hermano, a su esposa y una pariente de su esposa. Por su lado, los dos principales líderes de la sección sindical de UGT suman una docena de parientes y allegados. Tras las informaciones de este periódico, el presidente tuvo que comparecer el pasado julio ante el Congreso para explicar el volumen de parentescos que existen en la institución."                  ( José Antonio Hernández Madrid, El País,  5 OCT 2014)

Oposiciones falseadas. Los de 'Pretoria' también 'apañaban' exámenes

"La transcripción de algunas conversaciones telefónicas que figuran en el sumario del caso Pretoria indican que algunos de los implicados influían -o al menos intentaban influir- en los exámenes para acceder a algunos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

En una de esas conversaciones, de mayo de 2009, el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el director gerente de servicios, Pascual Vela, ambos imputados en el caso Pretoria de corrupción urbanística, hablan sobre los exámenes de unas oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento, y el alcalde quiere garantías de que una determinada persona apruebe esas oposiciones.

El alcalde se interesa por los miembros del tribunal, y Vela le explica quiénes son y le informa que un determinado profesor, que había impartido unos cursos de formación a los opositores, corregirá los exámenes. Entonces, Muñoz pregunta: "A este profesor, ¿quién le paga?". Y Vela contesta: "¿A este profesor quién le paga? Nosotros, nosotros".

Y sobre las posibilidades de presionar a este profesor, Vela dice que "el problema está en que quien corrige los exámenes esta vez es el que les dio las clases, y entonces Muñoz le pregunta: Sí, pero este tío querrá seguir dando clases, digo yo.¿No?".

Muñoz y Vela también analizan las posibilidades de que algunos de los opositores sea suspendido para que su candidato tenga garantizado el puesto, e incluso se refieren, por su nombre, al que debe ser suspendido, pero el alcalde plantea un problema: "Pero este tío estuvo en nuestras listas hace años, ¿no?". Vela contesta: "Sí, pero, bueno. La g ente se estropea de la cabeza, independientemente de donde esté".

En cualquier caso, Muñoz le insiste a Vela para que se ocupe de esta cuestión: "Vigílamelo, vigílamelo". Ante esta petición Vela contesta al alcalde: "Estamos encima. Estamos absolutamente encima". (e-noticìes, 01/06/2010)

Empleados de la sección que prepara pruebas del Sergas lideran las notas

"El sindicato nacionalista CIG ha pedido al Sergas una investigación y que adopte medidas, si realmente hubo filtraciones, o que las desmienta, porque entre los aspirantes de esas pruebas "no se habla de otra cosa". (...)

Los indicios "claros" de filtración apuntan a cuatro categorías. Los aspirantes que obtuvieron las máximas puntuaciones prestan servicios en la Dirección de Recursos Humanos del Sergas y, más concretamente, en la Subdirección Xeral, responsable de la organización de las pruebas.

Así, en la categoría de auxiliar de la función administrativa, para cuyas pruebas se matricularon 10.000 aspirantes, de los que se presentaron casi 6.000 (para 117 plazas), la segunda mejor puntuación (24,661 puntos sobre un máximo de 25) fue para Leonardo Pérez Souto, marido de la subdirectora general Rosario García Villadangos, responsable de la gestión de anteriores pruebas selectivas. El mismo Pérez Souto, ex guarda de seguridad empleado temporalmente como auxiliar administrativo de la Subdirección Xeral, quedó en cuarto lugar (con 23,250 puntos sobre el máximo de 25) en las pruebas para personal de servicios generales, con más de 13.000 aspirantes matriculados (sólo se presentaron unos 7.500) para 299 plazas.

A las pruebas para personal de enfermería se presentaron más de 5.500 aspirantes. El primer lugar, con 57 puntos sobre un máximo de 60, lo obtuvo Jesús Iglesias Castelo, que presta servicios como subalterno en la propia Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas. También está empleado ahí como auxiliar administrativo José Vidal Valiñas, que obtuvo la segunda mejor nota en la categoría del grupo administrativo de la función pública.

Todos ellos tienen en común una relación directa con el departamento que organiza las pruebas y donde se imprimen y custodian los exámenes. Sanidade responde que no entra en sus planes actuar de oficio pero que tanto Recursos Humanos como el tribunal examinador están en disposición de tramitar las denuncias que se formulen "con pruebas y argumentos". De momento, no tienen noticia de que se haya presentado ninguna." (El País, ed. Galicia, Galicia, 05/02/2010, p. 3)