"Sobre las hermanas Nathalia y Judith Martínez Velasco, pediatra y economista respectivamente, pesa en estos momentos una orden de búsqueda y detención dictada por el juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell (Tarragona). Estas hermanas catalanas no salen de su asombro y achacan la grave medida en su contra a "represalias" por su condición de denunciantes de una supuesta trama de corrupción instalada precisamente en el entorno de los juzgados de esa localidad catalana.
El origen de la causa por la que las hermanas son requeridas en el juzgado de El Vendrell se enmarca en la guerra judicial que la familia emprendió en 2009 cuando, en el proceso de divorcio de Nathalia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de Catalunya retiró a la madre la custodia de la hija en común, de ocho años. Fueron muchos años los que esta pediatra estuvo sin poder ver a su hija, culpabilizada por los Servicios Sociales, en un principio, de influir en el retraso en el habla de la pequeña. Es un caso paradigmático de los muchos expedientes de desamparo que dictan injustamente-- y sin necesidad de requerir orden judicial-- los Servicios Sociales en todo el Estado y que acaban destrozando a menores y a sus madres principalmente.
Un año después del expediente de desamparo que provocó la retirada de la custodia y la entrega de la niña al padre, la DGAIA tuvo que retractarse de su informe, al constatar que la pequeña continuaba con sus problemas en el desarrollo del habla sin haber tenido contacto con la madre, pero, en vez de enmendar la situación, continuaron sin permitir las visitas maternas. Un despropósito que no corrigieron los juzgados de Tarragona hasta mucho tiempo después. Nathalia estuvo cuatro años y medio sin ver a su hija y después pudo hacerlo en un punto de encuentro durante dos años hasta que recuperó la patria potestad y la custodia compartida con el padre.
Más complicaciones: la casa no se vende
La lucha judicial se complicó porque el exmarido de Nathalia perdió el uso exclusivo de la casa donde vivía con la niña, y que era propiedad también de la madre, al establecerse la custodia compartida. Una sentencia obligaba a vender la casa pero el exmarido pretendía que saliera a subasta con el fin de poder adquirirla él a bajo precio a través de la interposición de un testaferro, según denuncian Nathalia y su hermana.
Es a partir de ahí cuando estas hermanas en sus acciones judiciales para que se ejecutara la sentencia que obliga a vender la casa --que a día de hoy aún no se ha vendido--, se toparon a partir de 2018 con una presunta trama formada por letrados de la Administración de Justicia en El Vendrell y un bufete de abogados que acabaría realizando "estafas procesales", según consta en varias demandas interpuestas por Nathalia y Judith Martínez que han llegado hasta la Audiencia Nacional, con el objetivo de ganar dinero a costa de subastas y embargos presuntamente irregulares.
Mientras todo este asunto se cocía en los juzgados, la madre de Judith y de Nathalia presentó una denuncia por presunta agresión contra el exmarido de esta última. En las diligencias constan como testigos las dos hermanas, aunque nunca llegaron a declarar, porque la causa se archivó ante el informe de la forense por no percibir lesiones.
El exmarido presentó entonces una denuncia por denuncia falsa contra las dos hermanas y su madre, pero Nathalia y Judith no fueron denunciantes, sino testigos por lo que no habrían podido cometer un delito de denuncia falsa. Pese a ello, el juez admitió la denuncia. Se trata del juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell, donde recayó la denuncia que ha derivado en la orden de detención contra estas hermanas catalanas.
El juez, recusado
En las diligencias abiertas por el juez Moreno Bolumar, Judith y Nathalia figuran como investigadas por un presunto delito de denuncia falsa. "Nosotras en un recurso de reforma le dijimos al juez que revisara el procedimiento inicial y se daría cuenta de que figuramos en calidad de testigos. Pero el juez respondió que nada tiene que ver ni importa el procedimiento previo [diligencias previas 43/17]; lo cual es una presunta prevaricación porque pretende imputar un delito sin estar tipificado", explica a Público Judith Martínez Velasco.
Las hermanas presentaron una querella contra el juez y le recusaron por "enemistad manifiesta y un claro interés directo en el pleito".
"Pero el juzgado no tramitó la recusación porque dijo que había un
defecto por no estar firmada la recusación por mi hermana --explica
Judith --. Se aportó recurso demostrando que sí estaba firmada. El
juzgado nunca ha resuelto este recurso".
Las hermanas han presentado hasta en tres ocasiones la recusación contra el juez, pero este ha seguido dictando autos y providencias en relación con la causa, haciendo caso omiso a su recusación, según denuncian ellas. El artículo 60 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que cuando el juez recusado "no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa alegada para la recusación, se mandará formar pieza separada. Esta contendrá el escrito original de recusación y el auto denegatorio de la inhibición. Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con arreglo a la Ley".
Según los recursos de estas hermanas, a los que ha tenido acceso este medio, nada de lo que dice el anterior artículo se ha cumplido en este caso. "La Ley también dice que si el juez recusado es un juez de instrucción puede practicar, bajo su responsabilidad, aquellas diligencias urgentes que no puedan dilatarse hasta que su sucesor se encargue de continuar la instrucción --dice Judith-- pero hace nueve meses que le recusamos, ha tenido tiempo de trasladar la causa a un sustituto y no lo ha hecho".
Citación para declarar
El juez indica en su auto de orden de búsqueda y detención, de fecha de 16 de diciembre pasado, contra Judith y Nathalia Martínez Velasco que estas no han comparecido al llamamiento judicial efectuado en cuatro ocasiones, desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre pasado. Sin embargo, las hermanas tienen otra versión. "Nosotras no vivimos en Catalunya, mi hermana vive en Ávila y yo en Francia. El 5 de octubre y el 20 de noviembre ya le dijimos, mediante recursos presentados en el juzgado, dónde tenía que enviar los exhortos para que los juzgados de nuestras ciudades nos citasen. O sea, que antes de la orden de detención ya tenía nuestros domicilios, pero ha hecho caso omiso para acabar dictando orden de detención", dice Judith
Esta economista cree que el juez está tratando de evitar a la Audiencia Nacional, competente en cuanto a euroórdenes. "Pretende, instruyendo y ejecutando una orden de detención ilegal, eludir la competencia de la Audiencia Nacional, y no enviar la euroorden fundamentada a ese organismo para que ningún otro órgano judicial conozca lo que está pasando en su juzgado con nuestro caso". Al vivir ella en Francia, el exhorto para declarar debe dirigirse a los tribunales franceses a través del Ministerio de Justicia, y la orden de detención debe ser una euroorden.
Las hermanas consideran que son víctimas de represalias porque "somos denunciantes de corrupción institucional y pese a haber una ley europea que nos protege en el feudo de El Vendrell nada de eso se cumple"." (Ana M. Pascual, Público, 27/12/21)
