"El todopoderoso empresario, promotor y constructor de Alicante, Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa que lleva dos años imputada y que se niega a dimitir
por hacer un plan de urbanismo acorde con los intereses de Ortiz,
aparece esta vez como socio de la familia Cotino, cuyo representante más
famoso es Juan Cotino, actual presidente de las Cortes valenciana y ex
director general de la Policía con Aznar. Los negocios y la fortuna de
la familia Cotino dan para mucho.
Dentro de la Operación Brugal la policía grabó una serie de
conversaciones que ahora han sido desveladas y que revelan un nuevo
negocio que se traían entre manos: conseguir que la Generalitat dejara
de pagar a las familias con dependientes para llenar las residencias
propiedad de la familia Cotino y de Ortiz.
Se da la circunstancia de que Juan Cotino también fue
conseller del Gobierno valenciano, nada más y nada menos que de
Bienestar Social. Impensable que este dirigente del PP crea que la
Dependencia es un derecho y un servicio público cuando su familia
participa en un negocio de residencias.
En las conversaciones, cuyo contenido desveló El Mundo, se escucha a tres personas: Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario, director de las residencias Savia-Gerocentros. Vicente Cotino es sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas y uno de los hombres más poderosos del PP valenciano.
Está grabada una conversación entre el empresario Enrique
Ortiz y Vicente Cotino el 12 de febrero de 2009. El ‘sobrinísimo’ estaba
en el Caribe y en esa conversación Ortiz le dice que hay que “presionar” a Joaquín Martínez, número dos de la consejería de Bienestar Social. Ortiz explica que
“el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras
residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da
lo mismo llenar nuestras residencias que las del tío de la boina”.
Cotino le responde que verá a Martínez y se lo dirá, pero Ortiz no se
conforma y recomienda a Vicente Cotino que le llama “alguien relevante”
“otro conseller” y que le diga “que se tome en serio lo de esta
empresa”. Es decir, que entre el sobrino de Cotino y el constructor
Ortiz tienen la influencia suficiente para mover a varios consejeros
autonómicos.
Ese mismo día, Ortiz habla por teléfono con el gerente de las residencias, Arturo Alario. El director gerente le explica que han pedido un informe jurídico con el que se demostraría que pagar ayudas a familiares cuidadores es ilegal.
Y además que ese informe lo ha pagado la patronal:
“Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de
accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a
cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a
Uría Menénez (un prestigioso bufete, por cierto), además a iniciativa
mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares”. (...)" (Público, 03/07/2014)
"Enrique Ortiz, empresario sospechoso donde los haya, íntimo
amigo de los líderes del Partido Popular de Alicante, de los que
supuestamente obtenía pingües beneficios, como lo prueba su imputación
en los casos Brugal y Gürtel (está en todos los fregados
mafiosos), se le ha ido la mano, la decencia y la dignidad en el
penúltimo episodio de su escalada deshonesta.
Ahora sabemos por
grabaciones policiales que este individuo pedía a sus amigos del PP,
entre los que se encuentra la alcaldesa de Alicante (aún sin dimitir),
diputados, consejeros y altos cargos del Gobierno Valenciano, que
retiraran la ayuda a los cuidadores personales y profesionales “para
poder llenar nuestras residencias”, reconoce en la cinta que obra en
poder del juez, como si las personas con necesidad motoras y
fisiológicas fueran una pura “y puta mercancia”, reconoce a ELPLURAL.COM
uno de los afectados.
Como ya ha informado nuestro periódico, Ortiz ha pataleado todas las líneas rojas; se ha pasado un millón de pueblos…y el portavoz de la Coordinadora Estatal de las Plataformas en Denfensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña, no duda en catalogar en declaraciones a este periódico de “flagrante comportamiento mafioso la conversación mantenida entre el constructor Enrique Ortiz y el director de Savia Gerocentros, Arturo Alario”, repartiédose el negocio de la Dependencia. “Lo que se manifesta en esa conversación es de extrema gravedad, lo que nos produce la más absoluta repulsa y desprecio”, concreta.
Gómez-Ocaña recuerda a estos corruptos que las “personas en situación de dependencia no son trozos de carne ni material de almacén con la que llenar los bolsillos de nadie”, al mismo tiempo que recuerda que la conversación grabada por la policía entre estos dos individuos, “no hace sino confirmar lo que venimos denunciando desde hace tiempo que es entregar el pastel del negocio de la dependencia a la empresa privada”.
El portavoz dice también que una vez que se ha terminado el
“negocio del ladrillo” se está intentando “trasladar el chiringuito”
hacia las necesidades de las personas dependientes como se demuestra la
implicación del constructor Ortíz .
José Luis Gómez-Ocaña tiene claro que la demonización de los cuidadores en el entorno familiar no tiene otro fín que acabar con esta figura y entregar la dependencia al “negocio privado”. La situación extrema a la que se está llevando a las personas en situación de dependencia no sería posible sin la “complicidad del Ejecutivo de Rajoy y de los Gobiernos Autonómicos de su mismo color político, entre los que se encuentra a la cabeza la señora Cospedal, al abrir los caminos legislativos que hacen posible situaciones como las que se ponen de manifiesto en las aberrantes grabaciones que han salido a la luz”.
Lo cierto es que, siempre según Gómez-Ocaña, si tanto interés tiene Rajoy y Cospedal en “profesionalizar” los servicios a las persona dependientes, de sangrar hasta el último familiar, les ”sugerimos que insten a las empresas de servicios profesionales a la dependencia a ofrecer a los grandes dependientes prestaciones similares en intensidad y coste a las que están prestando los cuidadores en el entorno familiar, es decir, tarifas de 380 euros al mes por un servicio de 24 horas al día, todos los días del año, sin alta en seguridad social, sin vacaciones ni derecho a bajas por enfermedad y sin la seguridad de cobro de forma puntual”, como es el caso de la presidenta de Castilla-La Mancha, tal vez la gran morosa en el pago a la dependencia de toda España." (Público, 03/07/2014)
