El superjuez, el fiscal evangélico y la ONG Transparencia Internacional... La organización alemana fue clave en la operación ‘Lava Jato’ contra Lula, que allanó el camino a la extrema derecha. Ahora se desmarca de sus impulsores, el juez Moro y el fiscal Dallagnol, aliados de Bolsonaro... TI no condenó a Moro y Dallagnol ni tan siquiera cuando The Intercept denunció, en 2019, la complicidad criminal entre juez y fiscal, confirmada con miles de mensajes de whatsapp y telegram entregados por el hacker Walter Delgatti Neto... Habría que pedir una declaración de condena también a Harvard Law School y a todas las facultades de derecho internacionales y medios de comunicación que elogiaron a Moro y Dallagnol

 "Llegó el momento en el que hasta la oenegé alemana Transparencia Internacional (TI), cuyo ranking de países corruptos es la referencia para medios grandes y pequeños, tuvo que decir basta para proteger su credibilidad.

TI era una de los garantes más importantes de la investigación anticorrupción en Brasil conocida como ‘Lava Jato’. Colaboraba estrechamente con Sergio Moro, el juez que encabezaba la investigación desde sus oficinas en Curitiba y sentenció a Lula a nueve años de cárcel en el año electoral de 2018, tras un juicio posteriormente anulado por graves irregularidades. Moro solía dejarse fotografiar con un manual anticorrupción de TI debajo del brazo.

También el inimitable Deltan Dallagnol, el fiscal evangélico que se recordará en los catálogos de charlatanes por aquel famoso PowerPoint en el que identificó a Lula como “cabeza de la trama de corrupción más grande de la historia”, solía citar a Transparencia Internacional para respaldar la credibilidad de sus polémicas actuaciones judiciales.

El premio anticorrupción que otorga TI era la pieza estrella de los fiscales de ‘Lava Jato’ en Curitiba, en el estado conservador de Paraná, y estaba expuesto junto a otros galardones procedentes de facultades de derecho internacionales y diarios como O Globo.

 Transparencia Internacional había defendido su papel de dar legitimidad a Moro y Dallagnol hasta el pasado 5 de octubre, cuando publicó una crítica a las declaraciones del juez y el fiscal –ambos elegidos al Congreso en las elecciones generales del 2 de octubre– por vincular su apoyo al presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro con la lucha contra la corrupción.

“Transparencia repudia las declaraciones del juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol que aluden a la lucha contra la corrupción para expresar su apoyo a la reelección de Jair Bolsonaro (…) Relacionar el apoyo a Bolsonaro con la lucha contra la corrupción perjudica la causa”, declara la oenegé en un comunicado.

TI destaca la corrupción del propio ejecutivo de Bolsonaro: “Partidos afiliados al llamado bloque Centrão han promovido, en connivencia con el Gobierno de Bolsonaro, el mayor proceso de institucionalización de la corrupción jamás registrado en el país, a través del saqueo de fondos públicos en el esquema ‘Presupuesto Secreto’”, constata quizás como una licencia poética.

 Luego, desglosa los presuntos delitos de corrupción en los que Bolsonaro y su familia han estado involucrados. “Hay amplia evidencia de que la propia familia Bolsonaro, además de sus estrechos vínculos con el crimen organizado, ha malversado recursos públicos y participado en el enriquecimiento y lavado de dinero ilícito”, destaca TI.

“Transparency International Brasil lamenta profundamente que agentes judiciales que alguna vez actuaron de manera efectiva para luchar contra inmensos entramados de corrupción corporativa y política, con ramificaciones en decenas de países, estén prestando su imagen a la promoción de fuerzas políticas corruptas y autoritarias en Brasil”.

Quizá, en la decisión de TI de distanciarse –ya era hora– de Moro y Dallagnol, tuvo algo que ver el cuestionario que remití horas antes a su jefe de comunicación en el que pedía aclaraciones sobre el apoyo de Moro y Dallagnol a Bolsonaro y, concretamente, sobre esta declaración de Dallagnol, ya diputado electo en la Cámara Baja:

“Mi voto va a ser Bolsonaro contra Lula y el PT”, tuiteó el fiscal, que reconoció orgullosamente en su día que las acusaciones contra el expresidente del PT respondían “más a la convicción que a las pruebas”. El diputado Dallagnol continuó en su tuit: “Tenemos que unir el centro y la derecha en el Congreso en torno al combate contra la corrupción”.

Por su parte, Moro anunció su apoyo a Bolsonaro tras ser elegido senador por Paraná en las elecciones generales. El exjuez iniciaba así una fase de reconciliación con el presidente de ultraderecha cuyos frutos se verán en el resultado electoral.

 Pocos meses después de condenar a Lula, que pasó, a los 73 años de edad, 19 meses en un calabozo de 15 metros cuadrados, Moro se incorporó al Gobierno de Bolsonaro en 2019 como superministro de Seguridad y Justicia. Fue un favor devuelto por el presidente de extrema derecha. Ya pueden quedar pocas dudas de que Lula –que en la primera vuelta electoral del 2 de octubre sacó 26 millones de votos más que que el candidato del PT en 2018, Fernando Haddad– habría ganado aquellas elecciones de no estar en la cárcel, salvando a Brasil y a la Amazonia de los estragos de cuatro años de Bolsonaro.

Moro dimitió unos meses después por una supuesta cuestión de “principios” relacionada con la investigación judicial a un hijo de Bolsonaro, acusado de corrupción. Ahora Moro y Bolsonaro vuelven a ser aliados. “El pasado es el pasado”, dijo el presidente el pasado 3 de octubre.

Habrá que felicitar a Transparencia Internacional por su decisión de alejarse de los dos hombres que, gracias en parte a sus elogios y premios, se convirtieron en héroes internacionales y allanaron el camino a la extrema derecha. Si algo prueba la infamia de estos dos ambiciosos políticos disfrazados de hombres de ley, que usaron el sistema de justicia como una plataforma hacia el poder político, es el giro de 180 grados que acaba de anunciar Transparencia Internacional.

 La oenegé alemana ha tardado mucho tiempo en cambiar de postura. TI no condenó a Moro y Dallagnol ni tan siquiera cuando The Intercept denunció, en 2019, la complicidad criminal entre juez y fiscal, confirmada con miles de mensajes de whatsapp y telegram entregados por el hacker Walter Delgatti Neto. Cuando pregunté a TI si –a la luz de las pruebas– retiraría el premio concedido a los fiscales de ‘Lava Jato’, respondió: “No nos arrepentimos de haber entregado el premio y tampoco lo vamos a retirar porque seguimos creyendo que ‘Lava Jato’ realizó relevantes aportaciones a la lucha contra la corrupción en Brasil y el mundo”. Entonces publiqué este post.

Habría que pedir una declaración de condena también a Harvard Law School y a todas las facultades de derecho internacionales y medios de comunicación que elogiaron a Moro y Dallagnol en aquellos años de criminalización del PT. Como, por ejemplo, a Matthew Stephenson, de la Escuela de Derecho de Harvard, autor de Global Anticorruption Blog. Tan convencido estaba Stephenson de la integridad de Dallagnol, su amigo brasileño, que incluso llegó a criticar al Intercept por publicar las conversaciones entre Moro y Dallagnol. “Los que robaron los mensajes del celular de Dallagnol actuaron motivados por su ideología, el deseo de desestabilizar la política y para proteger a los corruptos”, dijo Stephenson entonces en un entrevista concedida a la revista Crusoé. Dallagnol utilizó el apoyo de su colega de Harvard para justificar una conspiración.

 Más tarde, Stephenson criticó de forma tímida a Dallagnol en unas declaraciones para la BBC brasileña. Pero, en vista de la gravedad del asunto, y el prestigio que el inestimable apoyo de Harvard ha supuesto para Dallagnol, habría que pedir una condena algo más firme al fiscal y una disculpa dirigida a The Intercept.

A fin de cuentas, la decisión de Glenn Greenwald y sus colegas del Intercept brasileño de investigar y publicar el contenido de estas grabaciones, probablemente, ha salvado la democracia brasileña. Con Lula en la cárcel y Moro y Dallagnol aún retratados en las portadas como heroicos luchadores contra la corrupción, Bolsonaro seguramente ganaría estas elecciones.

Los verdaderos garantes de Moro y Dallagnol han sido los medios de comunicación nacionales e internacionales. Casi todos fueron cómplices de la criminalización de Lula y la conversión de los fiscales y jueces de ‘Lava Jato’ en héroes al estilo de Eliot Ness. Pero dado que The Economist acaba de anunciar su apoyo a Lula esta semana, centremos el repaso histórico de la hipocresía de la prensa en la revista británica.

A mediados de la década pasada, The Economist elogiaba “la cruzada contra la corrupción” de Moro y Dallagnol, mientras que preparaba la famosa portada de Dilma Rousseff con aquel título “Time to go” ( ya es hora de que te vayas) –un chiste irónico muy británico y muy golpista– publicada en 2016 poco antes de la destitución de Rousseff por un delito fiscal que jamás cometió. Ahora, la misma revista ha tenido la desfachatez de instar a Lula a desplazarse hacia la derecha para prevenir una victoria de Bolsonaro y así salvar la democracia brasileña."                 (Andy Robinson  , CTXT, 8/10/2022)

Enrique Martínez, 'padre' de 67 niños : 'El dinero de los menores tutelados se lo quedan gestores que administran el hambre ajena'

"Podría decirse que Enrique Martínez Reguera tiene 67 hijos. Entre ellos hay historias de éxito y fracaso con un denominador común: todos tuvieron una oportunidad gracias a él. La vida ha dado muchas vueltas desde que Enrique decidió consagrar su hogar y su vida a cuidar a niños desfavorecidos, en situación de calle, conflictivos, huérfanos, nacionales y extranjeros. A sus 83 años, él se mantiene crítico y activo, pero es consciente de que, aunque quisiera, hoy el sistema no le permitiría ayudar como lo hizo.

La historia de Enrique permite entender cómo ha cambiado la suerte de los menores de edad que por una razón u otra están bajo tutela del Estado. A su juicio y tras más de 50 años de experiencia -y rebeldía- en la materia, el trato de las instituciones hacia los niños que están solos se ha ido deshumanizado y mercantilizado. Desde el franquismo, cuando el monopolio asistencial estaba en manos de Falange y Auxilio Social, el sistema se ha transformado en una especie de “negocio en el que no priman los más vulnerables”, asegura.

Corrían los años 70. Por entonces el maestro Enrique compaginaba la dirección del Colegio Mayor Universitario Pio XII con sus estudios de filosofía y psicología. Pero hacía tiempo que en su fuero interno sentía ganas de trabajar con chavales vulnerables. Pasó de las palabras a los hechos en el barrio chabolista de La Celsa, por entonces uno de los puntos más conflictivos y damnificados por la droga de Madrid, del que ya solo queda el recuerdo (fue demolido en 1999). Allí se ofreció para ayudar en el colegio público. 

Poco a poco fue labrándose la confianza y el reconocimiento de las familias payas y gitanas que allí sobrevivían. Rápidamente las Juntas de Protección de Menores, entes provinciales que se encargaban de las labores de tutela, se fijaron en su capacidad para trabajar y organizar excursiones, partidos de fútbol y otras actividades en aquel entorno difícil.

A pesar de las limitaciones, en aquella época el sistema era más flexible y cercano, “y eso que de origen esto era una cosa absolutamente falangista”, recuerda. A Enrique primero le propusieron cuidar en su casa a niños internados y rebeldes. Aceptó y, casi de inmediato, comprobó que con paciencia, hogar y cariño; los pequeños se transformaban.

El trabajo de Enrique llegó a oídos de un juez de menores, y este le propuso cuidar también a niños de reformatorio. Enrique aceptó, pero estableció la condición de que en su casa, por entonces un piso de Vallecas (Madrid). Era él quien establecía las normas, requisito que hoy las instituciones públicas no admitirían. Probaron y el resultado fue un éxito. Le decían que aquellos eran niños “peligrosísimos”, pero la situación nunca se desbordó. 

Pronto fueron surgiendo nuevos grupos y hogares de acogida para niños con situaciones similares a las de los “hijos” de Enrique.

Después de la Transición, la Democracia. “Recuerdo que la gente que estaba en estos temas decía ‘¿y ahora qué van a hacer con todos los de Falange y Auxilio Social?", rememora.

 

La trampa

Llegaron los años 80, y con ellos la heroína y los cambios en la legislación de menores. Los chicos de Enrique empezaron a engancharse. Por su casa pasaron “chiquillos muy conocidos en la época” -por su historial de robos- como El Guille, El Gasolina y El Mosque, interpretado por Luis Martínez en el filme Perros callejeros. “Sentían que nadie estaba con ellos en la vida, pero en cuanto veían que alguien se ponía de su parte, empezaban a cambiar”, explica.

 Aquellos chavales llegaban “totalmente rotos”, pero él veía en ellos “gente prodigiosa”. No pocos murieron de sobredosis, en medio de tiroteos, enfermos de sida o en accidentes de moto. “Un mes de enero enterramos a diez niños de en torno a 15 años. Me desanimé mucho, pensé que ya no podía soportarlo más”.

A esos días difíciles se le sumaron turbulencias en materia legal. Hasta ese momento, “las instituciones habían reconocido nuestra labor, jueces, fiscales y Juntas de Protección nos lo ponían fácil”, asegura Enrique. El Gobierno de Adolfo Suárez empezó a ensayar el Estatuto del Menor, promulgado una década después bajo el nombre de Ley de Protección Jurídica del Menor. “Esa ley puso todo en manos de la administración de las Comunidades Autónomas”, explica.

Enrique y otras personas con experiencia en el cuidado de niños desfavorecidos participaron en la elaboración del Estatuto del Menor. Durante un año acudieron de forma regular al Ministerio de Justicia. Pero aquel esfuerzo fue en vano: el gobierno de Felipe González hizo caso omiso de sus recomendaciones y lo sometió a los dictados de Interpol, similares para todos los países de la Unión Europea. Años después, el Gobierno socialista promovió la implantación de esa misma ley entre los países de América Latina -“en Argentina y Brasil incluso utilizaron los mismos carteles de propaganda que aquí sobre el estatuto del menor”-, pero esa es otra historia.

 

El "negocio" de los niños conflictivos

La atención a niños en situaciones difíciles “se convirtió en un tremendo negocio”, un asunto rentable para políticos, empresas y organizaciones supuestamente no lucrativas, sostiene Enrique. “Se han ido creando intereses, se han multiplicado las organizaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas que se dedican a este asunto, y todas tienen intereses”.

A Enrique y otras personas en su situación les impusieron la firma de un convenio con 17 puntos. Enrique los aceptó todos, menos tres. En primer lugar, se le exigía tener un número fijo de plazas, pero él prefería supeditar esa cifra a la situación en casa. "A veces, con seis niños se podía estar bien, otras veces con tres niños ya era difícil", se explica. En segundo lugar, se le obligaba a expulsar a los chavales al cumplir 16 o 18 años, pero Enrique pedía supeditar la decisión al "momento en el que el niño encuentre una salida”.

Por último, el punto más delicado: le explicaron que él tendría todos los deberes de padre, pero los derechos sobre el niño recaerían sobre un funcionario ajeno a su casa y a la vida del menor. “Si asumo los deberes de un padre, necesito los derechos de un padre para representar a los nenes si van a la comisaría, al juzgado, al hospital o a la escuela”.

 

Acusaciones de secuestro de niños

Enrique se declaró en rebeldía. No acató las exigencias y amenazaron con expulsarle de su casa y denunciarle por secuestro de niños, pero su buena fama y el apoyo de la Coordinadora de Barrios lo impidieron. Enrique siguió ayudando, pero tuvo que hacerlo en condiciones más precarias, sin apoyo económico del Estado.

 En los 90, mientras él proseguía con su labor, el Gobierno aprobó también dos normas esenciales en esta historia. La primera, la Ley Penal de Menores, que determina que a los niños no se les detiene, sino que se les “retiene”; no se les interroga, sino que se les “explora”.

Ninguna de las dos figuras está contemplada en el ordenamiento jurídico, por lo que su interpretación es “libre” -y no siempre la más favorable al menor-. La segunda, el Decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. A juicio de Enrique, se trata de una norma “perversa” porque “suplanta la pedagogía por el derecho penal”. “La esencia de la pedagogía es la comunión de intereses entre padres, educadores e hijos; se suprime eso y se sustituye por derecho penal: los educadores se convierten en vigilantes”.

 

El negocio

"Lo que ha fallado es la legislación, que ha permitido y promovido todo esto. Curiosamente, la sociedad lo ha aceptado plenamente, yo creo que por ignorancia”. Actualmente el Estado paga a las Comunidades Autónomas más de 3.000 euros por cada niño bajo tutela. Al mismo tiempo, los Centros de Menores registran algunos de los sucesos más vejatorios del presente, con ejemplos como el Centro de Menores de Hortaleza (Madrid), conocido por sus casos de malos tratos y suicidios, o el de La Purísima (Melilla), en el que un educador fue detenido por apuñalar a un menor, entre otros problemas.

A ojos de Enrique, el principal problema está en que “prevalecen los intereses económicos”. La legislación española concede a jueces y fiscales de menores la potestad para intervenir ante casos de abandono o maltrato, por ejemplo. Sin embargo, debido a que no siempre la Justicia actúa con rapidez, las Comunidades Autónomas tienen autoridad para decidir qué hacer con estos niños y jóvenes menores de edad.

 “Deberían asistir y después poner esa autoridad en manos de los jueces, pero la ponen en manos de fundaciones, organizaciones, empresas públicas y privadas con notorio afán de lucro”, opina Enrique en alusión a la gestión autonómica. “Estos niños no necesitan encierros inútiles, sino papeles que reconozcan su existencia legal (…) Los niños son materia de consumo de todas estas instituciones”, sentencia.

 

Otro de los problemas que enfrentan estos menores reside en la doble función de la Fiscalía de Menores, contemplada en la Ley de Protección Jurídica del Menor. La Fiscalía se encarga de defender los intereses de los niños, al mismo tiempo que ejerce de parte acusadora. Tras varias décadas implicado en el cuidado de niños y jóvenes desfavorecidos, Enrique afirma que el talante del fiscal de menores resulta determinante en estos casos, para bien y para mal. A veces la suerte está de parte del menor, opina Enrique, y cita el caso del fiscal Félix Pantoja, “un hombre entrañable muy interesado por los niños, que defendía sus intereses”. 

Como ejemplo contrapuesto, menciona el idilio de 13 familias a las que conoció recientemente en Mallorca y que han perdido la custodia de sus hijos. “Estas familias tachaban las decisiones del fiscal de mafiosas, le tenían pánico, y yo no puedo dar esa opinión, pero creo que en el Estado alguien tiene que investigar. ¿Y si fuera cierto lo que dicen esas familias?”, concluye.

Cada cierto tiempo, los medios se hacen eco de imágenes que muestran el estado de hacinamiento y desprotección de niños y jóvenes bajo tutela del Estado, a pesar de los recursos públicos que se destinan a los centros de menores, tanto gastos fijos como gastos variables en función del número de niños atendidos. “Puedo estar equivocado”, reconoce Enrique, antes de afirmar que esta aparente contradicción “se debe fundamentalmente a que los recursos que el Estado dice que dedica a los niños, en realidad terminan engrosando los intereses de estos gestores y empresas que administran el hambre ajena”. La otra cara de esta moneda la componen numerosas personas y grupos anónimos que trabajan al margen de los cauces oficiales, sin visibilidad mediática y sin apoyo del Estado.

 

La historia no termina

Enrique sigue viviendo en el mismo piso de Moratalaz por el que han pasado sus 67 hijos, que de vez en cuando le visitan solos o acompañados “incluso de nietos y biznietos”. Es autor de varios libros, uno de ellos de reciente actualización, Por si llegas a leernos, querido Walter (Editorial Popular), sobre la desesperada y kafkiana batalla legal de unos padres cameruneses a los que el Gobierno de Cantabria les quitó la custodia de su hijo por error, y que llevan nueve años sin poder verle.

 La casa de Enrique es un pequeño museo repleto de recuerdos de Brasil y cuadros que ha pintado a lo largo de los años. Pronto espera encontrar un lugar en el que exponerlos ante el público, una ocasión que quiere aprovechar para reunir a su particular familia. “Estoy muy contento con la aventura que he vivido”, concluye Enrique, consciente de que la aventura no ha terminado."                           (José Bautista, Público, 23/02/19)

La delegación de Amnistía Internacional en Israel estaba (¿está?) a sueldo del gobierno israelí

"En la edición del viernes de Haaretz llamaba la atención un artículo sobre Amnistía Internacional. El texto dice que en 1970, mientras el ministro de la Policía Shlomo Hillel despotricaba desde el podio de la Kneset contra Amnistía Internacional diciendo que Israel “ya no podía confiar en la buena voluntad y en la justicia de Amnistía Internacional”, Israel se había infiltrado en lo más alto de la organización.

 

Resulta que documentos en poder del Instituto Akevot de Tel Aviv sobre los que Haaretz habla por primera vez “revelan que algunas de las personas que dirigían Amnistía Internacional desde finales de los años sesenta a mediados de los años setenta informaban de sus actividades directamente y en tiempo real al ministerio de Exteriores de Israel, consultaban con sus funcionarios y les pedían instrucciones acerca de cómo proceder”.

Eso es lo que hacía Amnistía Internacional mientras el ministro de la Policía de Israel aseguraba cínicamente en la Kneset que “ya no podía confiar en la buena voluntad” de la organización.

Es bastante posible que esa infiltración no terminara a mediados de los años setenta. Viendo lo que ocurre hoy uno tiene la sensación de que el tiempo no ha pasado. Como hacía el ministro de Policía israelí en 1970, las autoridades israelíes de nuestros días también protestan, y lo hacen con las mismas palabras que entonces, pero los informes de Amnistía Internacional no dejan de ser sospechosos.

Para más ironía, Haaretz señala, de acuerdo con los documentos de Tel Aviv, que la oficina de Amnistía Internacional en Israel “contaba entonces con el apoyo de considerables fondos que le transfería el ministerio de Exteriores” israelí, que sufragaba muchos de los gastos de la organización.

En fin, bien podría tratarse de una guasa más si no fuera por los datos tan precisos que apuntan los documentos del Instituto Akevot, que por ejemplo dan cuenta de que incluso la delegación de Amnistía Internacional en Israel estuvo dirigida por el profesor Yoram Dinstein, un infiltrado de Israel que más tarde llegó a presidir la Universidad de Tel Aviv.

Existen numerosos indicios de que aquellos gloriosos tiempos no acabaron a mediados de los setenta."                   (Eugenio García Gascón, Público, 20/03/17)

El escándalo Volkswagen, un fraude dentro de otro... de la justicia norteamericana... dentro de otro de las ONG norteamericanas del automóvil

"Un estudio de la inteligencia francesa expone el caso como un capítulo de la guerra industrial entre Estados Unidos y la Unión Europea, en vísperas del gran acuerdo comercial transatlántico. 

El escándalo del dieselgate  iniciado el año pasado contra Volkswagen y que supuso un colosal golpe en el bajo vientre al mayor fabricante mundial de automóviles, “fue concebido por Estados Unidos como un ataque para fortalecer su posición económica y política ante la Unión Europea”.

 Así lo afirma un estudio que acaba de divulgar la Ecole de Guerre Economique  (EGE) de París, un centro vinculado al Ministerio de Defensa francés que se dedica a la formación de cuadros en inteligencia económica desde hace veinte años.

Titulado “Las interioridades del asunto Volkswagen” el informe de la EGE explica que en el escándalo Volkswagen, la concentración de la atención mediática alrededor de los mecanismos utilizados para organizar el fraude de las emisiones o de la situación financiera de la empresa alemana, “ha ignorado la dimensión estratégica del asunto”. 

Tratándose manifiestamente de un problema global, la investigación se limitó al diesel y no a los vehículos de gasolina, para hacer daño a los fabricantes europeos por la sencilla razón de que el diesel representa el 53,6% de los vehículos en la UE y menos del 5% en Estados Unidos. De lo que se trataba, dice, era, “de atacar una ventaja tecnológica de la industria automovilística europea ante su competidora americana”.

Las inocentes organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos que fueron presentadas como iniciadoras del escándalo, el International Council on Clean Transportation (ICCT) y el Center for Alternative Fuels Engines and Emissions (CAFEE) de la Universidad de West Virginia, autor de los peritajes de las emisiones que ofrecieron la base a la acusación formulada el 18 de septiembre de 2015 por la Agencia Americana del Medio ambiente (EPA), aparecen en el estudio francés como meros instrumentos de la industria del automóvil americana.

La Fundación Ford responde de más del 90% de la financiación del ICCT en los años 2012 y 2013. Ford y General Motors figuran entre los clientes del CAFEE, información que desapareció de la página web de la Universidad de West Virginia el pasado 8 de febrero. 

¿Es casual esta desaparición?, se preguntan los autores del informe. En cualquier caso la iniciativa de ambas organizaciones fue presentada por los medios anglosajones, y de ahí al resto, como la inocente y ejemplar lucha de un David no gubernamental contra un poderoso Goliat industrial, como anunció el titular de la agencia Reuters del 23 de septiembre de 2015. 

“David Carder, el investigador de la Universidad de West Virginia de 45 años ha desafiado con cuatro colegas a una de las empresas más poderosas del mundo”, fue, con pequeñas variaciones de estilo, el romántico mensaje lanzado en Francia por medios como el diario económico Les Echos o el semanario L’Obs, en septiembre de 2015.

El estudio francés describe, “una utilización de la justicia de Estados Unidos al servicio de los intereses de su economía” y cita un estudio de la OCDE de 2014 según el cual en los últimos diecisiete años la justicia americana ha iniciado la mitad de las sanciones por corrupción transnacional, con tendencia a castigar a la competencia; “de las diez mayores multas impartidas, siete concernían a empresas no americanas”, dice. 

Las multas contra empresas americanas del automóvil, como la de 900 millones de dólares impuesta a General Motors en septiembre de 2015, están claramente por debajo de las impuestas a la competencia, los 1.200 millones impuestos a Toyota en 2014, justo cuando esa industria japonesa arrebató el título de primera compañía mundial del sector a General Motors, por no hablar de los 20.000 millones que se piden contra Volkswagen después de que la empresa alemana realizara grandes inversiones en Estados Unidos con considerables aumentos de ventas en sus coches diesel (33% entre 2012 y 2013) en aquel mercado.

Además de su oportunidad industrial, la sincronización informativa del escándalo Volkswagen fue “perfecta” para “obtener el máximo impacto mediático”: se lanzó al día siguiente de la apertura del salón del automóvil de Francfort, donde los ejecutivos de Volkswagen fueron inmediatamente asediados por la prensa. “Se hizo patente que los objetivos perseguidos no eran solo de orden judicial”, señala el estudio.

Políticamente el escándalo presentaba dos ventajas para Estados Unidos. Cuando la realidad es que las normas ambientales y sanitarias europeas son más estrictas que las americanas, el dieselgate produjo la sensación contraria: que son los europeos los más laxos. 

En el marco de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE (TTIP), cuando según la previsión de los estudios americanos disponibles los constructores europeos podrían embolsarse el grueso de los 18.000 millones anuales de beneficio que el sector obtendría con la liberalización comercial, “la debilitación de Volkswagen es el golpe de gracia a su progreso”.

A dos meses de la Conferencia de París sobre el calentamiento climático (COP 21, diciembre de 2015), en la que se acumulaban los reproches a Estados Unidos por su bloqueo al progreso ambiental global, el efecto del escándalo tiene también una particular lectura. Ante este panorama, la pregunta que se impone es por qué Volkswagen, Alemania, la Unión Europea, no objetaron, pelearon o denunciaron esta situación. 

“Para ellos es muy difícil reaccionar porque están comprometidos y prefieren optar por un perfil bajo”, responde Christian Harbulot, director de la Ecole de Guerre Economique y del estudio sobre el caso Volkswagen. “Los americanos fueron muy astutos al montar una operación para obligar a Volkswagen a reconocer que había mentido”. “No es la primera vez que se asiste a maniobras informativas de este tipo cuyo objetivo es que aparezca la mentira en un aspecto concreto y se provoque una confesión”, dice este experto.

Las empresas francesas han acumulado una larga experiencia punitiva con la justicia de Estados Unidos. “En los años noventa Perrier tuvo que retirar centenares de miles de botellas de agua mineral por omitir en su etiqueta el uso de gas no natural en el producto, lo que hizo perder a la empresa el 25% del mercado cuando estaban en pleno crecimiento en el mercado de EE.UU”, recuerda Harbulot. Antes, el grupo electrónico francés Schneider conoció enormes presiones judiciales en la época en la que era un fuerte competidor de General Electric.

 “Ningún miembro de su dirección podía tomar un avión sin exponerse a ser detenido”, explica el director del estudio. Más recientemente el director de la sección de turbinas de Alstom fue detenido en un aeropuerto americano y le metieron 18 meses en una cárcel de alta seguridad, por no haber revelado una mordida en un país del sudeste asiático. “Nada de todo esto dio lugar a noticias en la prensa francesa, lo que habría sido inimaginable en una situación inversa con empresas americanas”, dice Harbulot sugiriendo la conocida y manifiesta debilidad estratégica de los europeos en estas cuestiones.

En Alemania, asunto de estado

 

En Alemania el escándalo Volkswagen es un asunto de Estado que ha sido cubierto por un casi completo silencio, denuncia la reputada asociación alemana ambientalista y defensora del consumidor Deutsche Unwelthilfe (DUH). Las investigaciones oficiales avanzan a la velocidad del caracol y en el más estricto secreto. DUH afirma disponer de “abundantes indicios” de fraude ambiental en distintos modelos de Opel, Renault, Fiat y Mercedes, además de Volkswagen.

 Los intentos de la organización por realizar sus propias pruebas de emisión han chocado con la negativa de todos los laboratorios capacitados en Alemania, lo que obligó a realizarlas en un laboratorio suizo que “resistió las directas presiones de los fabricantes alemanes de automóviles”, señala la organización.

 El problema fundamental del escándalo Volkswagen es que, como toda operación propagandística, se basa en un hecho cierto: la falta o delito denunciado no es un invento. Al contrario, el fraude industrial es una realidad generalizada en la industria del automóvil, donde todo el mundo tiene algo que ocultar.

Una cronología 

 

Junio de 2012: La Organización Mundial de la Salud declara cancerígenos los gases de escape diesel.

Julio de 2013: Inicio de las negociaciones sobre el TTIP Julio 2015: Volkswagen anuncia su título de primer fabricante mundial de coches

17 de septiembre de 2015: Apertura del Salón del Automóvil de Francfort (17 al 27 de septiembre)

18 de septiembre de 2015:La Agencia de EE.UU para el Medio ambiente (EPA) acusa a Volkswagen de haber equipado por lo menos 11 millones de coches con un software para falsificar las pruebas anticontaminación

20 de septiembre de 2015: Volkswagen reconoce el fraude

25 de septiembre de 2015: Pérdida del 35% de la capitalización bursátil de Volkswagen entre el 21 y el 23 de septiembre. Dimisión de Martin Winterkorn como director.

4 de enero de 2016: la justicia de EE.UU y la EPA reclaman una multa de más de 20.000 millones de dólares a Volkswagen"                      (Rafael Poch de Feliu , La Vanguardia, en Rebelión, 21/06/16)

Las Madres de Mayo no son intocables

"Mucha gente sabía en Buenos Aires que el apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, de 53 años, el hombre con gafas oscuras, siempre al lado de Hebe de Bonafini, andaba en avión privado, tenia un Ferrari e, incluso, paseaba en yate por el río de la Plata.

También que el dinero que manejaba podía estar saliendo de los cuantiosos fondos públicos que entregaba el Gobierno a la asociación para realizar obras sociales.

Mucha gente lo sabía, pero nadie hizo nada, hasta que el escándalo estalló con toda su fuerza y en pocos días alcanzó a la propia Hebe, presidenta de la asociación y el mejor exponente de los problemas que existen en Argentina con grupos de defensa de los derechos humanos, a los que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte de la sociedad, han considerado, hasta ahora, ajenos a cualquier control o crítica. (...)

Hoy, esta mujer de 82 años, que encarnó como nadie la resistencia a la dictadura, tiene que explicar que no conocía los manejos corruptos de sus protegidos y defenderse alegando que es una mujer anciana, engañada y estafada.

Arrastrada por el tumulto, De Bonafini reclama ahora que Sergio Schoklender y su hermano Pablo, que también trabaja en la fundación, sean castigados duramente. "Esos malditos tienen que ir a la cárcel para siempre", se despachó el viernes. Nadie le acusa a ella de haberse beneficiado del dinero sustraído, pero sí de haber permitido tanto descontrol.

Claro que la acusación alcanza también, de lleno, a los ministerios de donde salió el dinero, incapaces de seguirle el rastro.El escándalo Schoklender tiene todos los elementos para pasar por un folletín, pero es una tragedia.

Una historia triste que sucede en una sociedad herida, que todavía no termina de arreglar sus cuentas con la brutal dictadura cívico-militar que padeció de 1976 a 1983. (...)

"Dura, exagerada, inclemente, extrema, caprichosa, injuriosa como solo sabe injuriar quien fue brutalmente dañado, todo eso ha sido la voz de Hebe", escribe el filósofo Ricardo Foster, cercano al oficialismo.

"Pero también ha sido una voz de la memoria, de la recuperación de valores que fueron pisoteados por el odio de los poderosos", agrega.En ese ambiente, y sin que nadie le ayudara a ponerse límites, Hebe de Bonafini fue creciendo y, con ella, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que pasó a desarrollar diversas obras sociales, entre ellas la construcción de viviendas de bajo coste, y a disponer de una radio y una universidad.

Por cosas misteriosas de la vida, esta madre despojada de sus hijos fue a caer en manos de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que, cuando tenían 23 y 20 años respectivamente, asesinaron a golpes a sus padres, Mauricio, ingeniero y empresario, y Silvia, una mujer que se movía en la alta burguesía porteña.

Hebe conoció a Sergio en la cárcel y rápidamente le ofreció trabajo para que pudieran disfrutar de libertad condicional. Nunca quedaron claros los motivos del doble parricidio. (...)

El caso Schoklender, famosísimo en Argentina, tuvo un final feliz, se dijo, porque Sergio se hizo abogado y psicólogo en sus años de cárcel, y porque tanto él como su hermano decían haber encontrado la paz trabajando con De Bonafini, con quien mantenían una relación casi filial.

Sergio se convirtió en un eficiente apoderado, empeñado aparentemente en desarrollar la Misión Sueños Imposibles y construir centenares de viviendas sociales.

Tras las bambalinas, la realidad era mucho más amarga y los hermanos Schoklender pueden haber estado creando un entramado de empresas paralelas que actuaban de intermediario y cobraban de los fondos, unos 300 millones de dólares (210 millones de euros), que proporcionaba el Gobierno y cuyo rastro intentan seguir ahora jueces, fiscales y auditores.

El final, en definitiva, no ha podido ser menos edificante: policías y funcionarios judiciales allanaron esta semana la sede de Madres de Plaza de Mayo, un lugar que hasta hace unos días inspiraba un respeto reverencial, en busca de documentos que den pistas sobre un posible lavado de dinero." (El País, 19/06/2011, p. 2)

El negocio local con la lucha internacional contra el SIDA

“El fondo contra el SIDA investiga un fraude millonario. El Fondo Mundial contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, revisará sus proyectos en la India –valorados en unos 114 millones de euros desde 2003-, después de que el Banco Mundial haya denunciado que muchos de sus proyectos eran fraudulentos. (..)

El informe destapa el pago de salarios inexistentes, fondos dados a ONGs fantasmas; concesiones otorgadas a burócratas o empresas del Gobierno… “El problema se dio en las concesiones para la compra de condones…”. (…)

Según otras fuentes, hubo un problema añadido: el programa de lucha de lucha nacional contra el SIDA se descentralizó y el dinero se esfumó en las ONGs locales, “muchas de las cuales, ni siquiera existen”. (El País, ed. Galicia, Sociedad, 05-02-08, p. 45)

Padrinos despadrinados

“La fiscal acusa a Intervida de desviar fondos por casi 200 millones de euros. El dinero de los padrinos se invirtió en cuentas e inmuebles en Latinoamérica, según la querella.

Una estafa millonaria. Eso es lo que considera la fiscalía que ha venido cometiendo durante años la ONG Intervida y su entramado de empresas y asociaciones, que desde 1999 hasta la actualidad han desviado al cambio actual un total de 193,7 millones de euros procedentes de las aportaciones realizadas para el apadrinamiento internacional de niños a bancos y sociedades en América Latina. (…)

"La única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Privada Intervida es la de captar dinero de los padrinos y transferir los dineros captados a esas asociaciones creadas en los países del Tercer Mundo", se asegura en la querella de la fiscal Carmen Martín Aragón. (…)

Nada de eso se dijo a los más de 300.000 padrinos que realizaron sus aportaciones pensando que ayudaban a mejorar la vida de los niños de aquellos países latinoamericanos.” (El País, ed. Galicia, Sociedad, 25-07-07)

El comercio de niños pobres para adoptar en países ricos genera beneficios para los traficantes

“Adopción internacional de alto riesgo.

Unicef sostiene que las familias que necesiten apoyo para mantener a sus hijos deberían recibirlo y sólo tendrían que considerarse formas sustitutivas de cuidado de los niños en caso de no tener familiares, o de que no estén dispuestos o no sean capaces de hacerse cargo de ellos. En tal caso, lo ideal sería que los niños crecieran en otro ámbito familiar de su país de origen. (…)

En las últimas décadas ha aumentado de forma muy significativa el número de personas de países ricos deseosas de adoptar niños de otros países. Puede hablarse de un fenómeno internacional que ha avanzado de forma paralela al propio proceso de globalización económica. Se estima que anualmente se realizan unas 45.000 adopciones internacionales. Los registros oficiales constatan que España es el segundo país con más adopciones de este tipo, detrás de Estados Unido. (…)

La ONG Casa Alianza, defensora de los derechos humanos, ha denunciado reiteradamente las graves anomalías de muchos procesos de adopción en virtud de los cuales los niños guatemaltecos son separados violentamente, y con todo tipo de engaños, de sus padres. De hecho, varios países europeos, entre ellos España, decidieron ya hace unos años suspender todas las adopciones procedentes de Guatemala. Asimismo, Naciones Unidas, ante las nuevas denuncias de corrupción de abogados y notarios implicados en el lucrativo tráfico de menores con destino a Estados Unidos, ha solicitado recientemente al Gobierno guatemalteco que suspenda todos los procesos de adopción de niños hasta que se modifiquen las reglas de adopción en el país.” (El País, ed. Galicia, Opinión, 22/11/2007, pp. 43)

prueba 4

Las ONG sin "ánimo de lucro" y con "beneficio propio"

La fiscalía investiga los apadrinamientos de niños de la ONG Inservida. Las diligencias señalan un posible desvío de 45 millones de euros a empresas "en beneficio propio". (El País, Sociedad, 04/04/2007, pp. 32)

En todas partes cuecen habas.

"La policía detiene al presidente de la ONG Anesvad por apropiación de fondos" (El País, Sociedad, 10-03-07, pp. 46)

¡Podía ser peor!

INFORME DA FAO: Un terzo dos alimentos que se envían a países en vías de desenvolvemento non chega ao seu destino (Vieiros, 25-01-07)