La absolución de Camps en el ultimo juicio vivo del ‘caso Gürtel’ deja sin castigo en los tribunales a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos. Aznar, Rajoy y Aguirre salen también ilesos de los escándalos a cuenta de sus mandatos... nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b... La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales... “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano Rajoy”

 "Este político del PP anda metido desde hace años en un camino de la vida donde todo son curvas peligrosas. La ruina se le echó encima a cuenta de la corrupción y en breve se sentará en el banquillo amenazado de cárcel. Con la experiencia del tiempo que lleva atrapado en los juzgados, cuenta ahora a EL PAÍS que la justicia no es igual para todos: “Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis] Bárcenas que a Mariano [Rajoy]”.

Es solo una opinión, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que los gobiernos más corruptos del PP comenzarán a sufrir las consecuencias de sus actos -2018, primera sentencia del caso Gürtel-, todos los jefes-presidentes de esta formación política han salido ilesos del calvario judicial.

La Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos intocables. “Los jueces deberían preguntarse a quién beneficia la corrupción en los partidos y en los gobiernos. Y llegarían a la conclusión de que los principales beneficiados son: candidatos en campaña primero y presidentes del Gobierno después”, señala el político procesado por corrupción.

El PP, sentenciado en dos ocasiones como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la misma trama, acumula en los últimos seis años numerosas condenas por la corrupción de sus cargos públicos. Pero ningún fallo judicial ha golpeado todavía a sus principales líderes.

La última sentencia conocida sobre un caso probado de contratos amañados a favor de la red Gürtel absolvió el pasado miércoles a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario beneficiado, y condenado, confesó los hechos -”Yo le pedí a Camps que me ayudara y él me ayudaba”- el tribunal no encontró la prueba definitiva del delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firmó ningún documento que le pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps sí han sido condenados por estos hechos.

Muchos años antes (2012), Camps ya salió absuelto en otro juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4. Y eso pese a que la investigación acreditó con facturas y testimonios que la trama corrupta pagó los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no logró demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, Víctor Campos, confesó los hechos, devolvió los trajes que le regaló la trama corrupta y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama corrupta se enriqueció durante años a cuenta de decenas de contratos amañados por el Gobierno de Camps, quien dimitió antes de enfrentarse al juicio de los trajes.

Desde aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos públicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps. Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con la culpa.

Sobre esta cuestión elaboró una curiosa teoría Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra una sentencia que rebajó la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, exponía las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupción política: “En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, más próximo suele estar a la materialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica (…) Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor”.

Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sufre las consecuencias que denunció el magistrado Barreiro. Gallego está procesada en el caso Púnica por prevaricación y malversación. “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)”, indicó Gallego en el recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente entre 2007 y 2011 a través de una caja b alimentada por empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de sus presidentes.

Un dirigente autonómico, compañero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo cuenta así: “La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa está en su casa”.

Las dos fiscales que investigaron durante años el caso Púnica se negaron a firmar el escrito final de Anticorrupción, redactado por un compañero que llegó después y exculpó a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid se libró así de un sumario donde la Fiscalía pide también cárcel para el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos trabajadores a las órdenes de Aguirre.

La expresidenta madrileña ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio González pasó ocho meses en prisión preventiva y está a la espera de juicio. Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pasó 33 meses preso y está a la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, está siendo juzgado por la gestión de la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica empantanada tras una inversión de más de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, fue condenado a 27 años de cárcel por el caso Gürtel, una trama que se enriqueció con cientos de contratos amañados de la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados o imputados en diversas causas.

Es un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del Ejecutivo que presidió. El resultado de su gestión se puede seguir a través de una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho años de corrupción acreditada en casi todas las áreas del Ejecutivo valenciano que dirigía Camps. La cúpula de su Gobierno -un vicepresidente, varios consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por corrupción. Campañas electorales con Camps de candidato superaban con creces los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas falsas o pagos en b que asumían empresarios contratistas del Gobierno que presidía Camps; algunas consejerías y empresas públicas adjudicaban contratos amañados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se usó desde la televisión pública valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps -condenado también a cárcel- para enriquecer a la red Gürtel. Pero Camps “nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”, escribió el juez José Manuel Vázquez Honrubia, ponente de la sentencia que castigó con penas de cárcel a 18 personas entre políticos y empresarios por la financiación ilegal del PP valenciano.

El juez Vázquez Honrubia sospechó de Camps pero nada pudo hacer: “Es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta”.

Tampoco nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b: “Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo”. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, también negó conocer esa caja b que alimentó al partido durante casi 20 años: “Es absolutamente falso”.

Pero los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La última, de la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pagó parte de las obras de su sede central, será confirmada en los próximos días por el Supremo. El único condenado en esa causa ha sido Luis Bárcenas, el extesorero que declaró al juez que aquella caja b funcionó con el conocimiento y consentimiento de los presidentes del partido.

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, el juez condenó a quien era secretario general, Ricardo Costa, al que consideró “el hombre que está detrás”, definido como la persona que “sin intervenir en la ejecución tiene un claro dominio de la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerla cesar en cualquier momento”.

El hombre que está detrás no siempre es visible para los jueces. El Tribunal Supremo aceptó hace unas semanas la imputación por terrorismo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con el argumento de que tenía el poder suficiente para controlar los movimientos independentistas y evitar así la manifestación violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del procés. Para argumentar esta decisión, cinco magistrados del Supremo también hicieron referencia a la teoría del hombre que está detrás: “No se necesita probar la orden de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser acusado por la omisión de controlar al aparato de poder, pudiendo y debiendo hacerlo”.

Aznar y Rajoy, presidentes de un partido que funcionó con una caja b y ocho millones de euros no declarados durante 20 años, afirmaron que entre sus funciones no estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teorías, aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpación.

La cúpula política y policial del ministerio del Interior ejecutó entre 2012 y 2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales consistentes en la persecución del adversario político sin autorización judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que nunca se cometieron. Entre esas operaciones también estuvo el espionaje a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en prácticas ilegales. Por todo ello, el juez Manuel García Castellón, ha procesado a media docena de comisarios de policía, algunos ya jubilados, al exministro del Interior, Jorge Fernández; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Rajoy, jefe de Jorge Fernández durante el tiempo que la cúpula policial hizo trabajos sucios a favor del Gobierno que presidía, nunca estuvo investigado en esta causa. El expolítico del PP que se juega su futuro en un juicio próximo lo tiene claro: “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano”.             (José Manuel Romero, El País, 02/06/24)

Juez y parte: el interventor de la Generalitat Valenciana que exonera a Camps de la Fórmula 1 fue auditor delegado cuando se hizo el circuito

"Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha dado un vuelco inesperado a la investigación sobre los sobrecostes en el circuito urbano de la Fórmula 1. Cuando la jueza instructora había decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación y prevaricación por estas obras, el informe del auditor público entregado recientemente provocó que el fiscal Anticorrupción solicitara el archivo de la causa por prescripción de los delitos al no haber suficiente perjuicio económico para el agravante. 

Este informe del auditor público clave cambió la versión del Ministerio Público al pasar en tres meses de acusar al expresidente de la Generalitat y a otros imputados a pedir el archivo por prescripción de los delitos. La Abogacía de la Generalitat pedirá con casi total seguridad la apertura de juicio y la Conselleria de Infraestructuras ya prepara un ampliación del informe pericial porque, aseguran fuentes conocedoras del caso, que el interventor se ha dejado más de 40 millones por cuantificar de costes del circuito. Además, señalan, nadie ha acreditado que se hayan reintegrado los más de 90 millones de euros que costó el circuito urbano.

El autor del informe que ha puesto patas arriba la segunda causa de la Fórmula 1 -la primera también fue archivada a petición de la instructora y sin recurso del fiscal- es Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financiero y Auditoría de la Generalitat. Según su propio currículum vitae, Pérez López fue interventor delegado de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y posteriormente de la Conselleria de Infraestrcuturas en los momentos clave de la construcción del circuito. Es decir, era quien supervisaba los gastos y la consecución de préstamos entre los años 2007 y 2009 en estos departamentos. 

Según la información en poder de eldiario.es, Ignacio Pérez López era auditor en Hacienda cuando se aprobaron los créditos extraordinarios para la construcción del circuito urbano que concluyó en el verano de 2008. Esos préstamos, como ha venido contando este periódico, se continúan pagando en la actualidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con Pérez López pero ha declinado contestar las preguntas propuestas sobre una posible incompatibilidad o sobre si se tenía que haberse abstenido de elaborar el informe para el juzgado y ha remitido al gabinete de prensa. Así, según han explicado, desde Intervención General consideran que Ignacio López Pérez "está totalmente legitimado para formar parte del equipo redactor del informe enviado al juzgado, tal y como ha considerado la jueza y las partes implicadas en el caso". "Intervención le propuso a la jueza un equipo de trabajo formado por un interventor y unos peritos seleccionados todos ellos en función de la materia que se trata", ha argumentado.

El viceinterventor de Control Finaciero y Auditoría de la Generalitat ha sido una pesadilla para la mayoría de izquierdas de las Cortes Valencianas. Pérez López fue el compareciente que en la comisión de investigación sobre el agujero millonario en la empresa Ciegsa -la empresa de construcción de colegios- desmintió las cifras denunciadas por PSPV, Compromís y Podemos. Esta declaración fue la que dio alas al PP para defender los argumentos de que Ciegsa nunca tuvo un agujero de mil millones. 

Pérez López inició su carrera profesional como auditor público en la Intervención del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. De ahí y gracias a una administración controlada por el Partido Popular consiguió su entrada en el cuerpo autonómico siendo interventor delegado de la Conselleria de Medio Ambiente. En la actualidad tiene uno de los mayores rangos dentro de la Generalitat."                       (Sergi Pitarch, Adolf Beltrán, eldiario.es, 22/05/19)

El Gobierno valenciano paga 128 millones a los bancos por avales públicos fallidos a empresarios en la etapa Camps

"El agujero que los distintos gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana, sobre todo de Francisco Camps, todavía lo están pagando los valencianos en la actualidad. Entre 2014 y 2018, la Generalitat ha tenido que abonar a los bancos 128 millones de euros por avales públicos con los que su Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) apoyó a empresarios afines a principios de la primera década del 2000 y que no pudieron devolver por falta de garantías. 

El descontrol absoluto por la administración y el aval de proyectos sin ninguna garantía económica privada provocaron que, con el hundimiento económico, la Generalitat valenciana haya sido la que tenga que asumir el agujero. De hecho, es un rescate encubierto, puesto que los bancos prestaron el dinero a los empresarios y autónomos amigos que fueron avalados por la SGR.

Así, según la información facilitada por la actual SGR, rebautizada como Afín SGR, en 2014 el dinero público pagado por las arcas públicas a los bancos fue de 4,3 millones; 20,4 millones en 2015; 23,9 millones en 2016; 75, 2 millones en 2017 y 4,3 millones en 2018.

Aunque la sangría para la administración valenciana todavía no ha terminado y, según el presidente de Afín SGR, Manuel Illueca, el total en avales que devolver a los bancos puede superar los 140 millones de euros cuando se saneen todos los activos. De momento, la propia SGR no ha podido recupera más de 35 millones: 28 a través de la venta de un paquete de activos que se se adjudicó a un fondo buitre, otros tres por la venta de sus sedes y un número indeterminado de activos comercializados a través de Valencia Urbana.

Unos valores que se han quedado muy lejos del precio real y, sobre todo, del desembolso público que ha tenido que hacer la Generalitat para tapar este fiasco. También por la decisión del Consell del Botànic de salvar Afín SGR. Illueca justifica su apuesta de haber inyectado capital público porque la Sociedad de Garantía Recíproca es un "instrumento fundamental" para ayudar a pymes y autónomos". "En el primer trimestre hemos avalado la misma cantidad -7 millones- que en la mitad de 2018", ha revelado.

Respecto a las entidades más beneficiadas por esta asunción de responsabilidades de la administración autonómica, han sido Banco Sabadell y Bankia los que han percibido alrededor del 50 % de estos pagos. Estas dos entidades son las que mayores reavales de la SGR tenían comprometidos al ser los que asumieron Bancaja y la CAM, las dos cajas de ahorros valencianas fallidas y que también sirvieron como instrumento de financiación de empresarios amigos del poder.

En el pool bancario que ha ingresado importantes cantidades de la Generalitat están CaixaBank, por ser la entidad que adquirió Banco de Valencia, Banco Santander -por haber asumido el Banco Popular- y en menor medida BBVA. 

Illueca se comprometió a principio de la legislatura a encargar una auditoría forense para depurar responsabilidades penales entre los responsables administrativos y empresarios que participaron en las operaciones. Según el presidente de Afín SGR, ya ha trasladado a la directora de la entidad que entregue el documento a la Conselleria de Hacienda, que debe ser la que junto a la Abogacía de la Generalitat los que evalúen las acciones legales a emprender.

De momento, es un documento guardado bajo siete llaves que puede comprometer a cargos de los anteriores gobiernos y a empresarios. Silencio absoluto."                  (Sergi Pitarch, eldiario.es, 25/03/19)

Costa, ex-secretario general del PP valenciano, afirmó que José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcciones, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 euros en su despacho. Y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2008 del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy

"Ricardo Costa ha confirmado este jueves ante el juez el pago de comisiones por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. El que fuera secretario general del PP de la Comunidad Valenciana ha mantenido que José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcciones y hermano del exvicepresidente del Gobierno Jaime Mayor Oreja, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 euros en su despacho.

 Y que parte de ese dinero fue utilizado para financiar la campaña de las elecciones de 2008 del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Costa ha ratificado en el juzgado lo que adelantó hace unos días ante la Fiscalía Anticorrupción, en lo que constituyó una declaración demoledora para su antiguo jefe, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que implicó en la caja b del partido, que se guardaba bajo llave en un cajón lleno de sobres con dinero en efectivo. El expresidente siempre ha negado las irregularidades.

Condenado el lunes a cuatro años de cárcel por financiación ilegal, un delito que reconoció en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Costa ha comparecido este jueves como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, que investiga la construcción del trazado urbano de Fórmula 1. Las obras fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas de la que formó parte Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Costa ha relatado que Jaime Mayor Oreja se presentó en su despacho a finales de 2007 o principios de 2008 —las primeras carreras tuvieron lugar en agosto de ese año— y le indicó que estaba en Valencia "por la Fórmula 1". Según Costa, el empresario se metió la mano en la chaqueta, sacó un fajo de billetes de 500 que sumaban 150.000 euros y se los entregó diciendo que eran para ayudar al PP en las elecciones generales de 2008. Parte de ese dinero negro, sostiene Costa, se utilizó para montar actos en los que participó Rajoy.

El ex número dos del PP valenciano afirma que Mayor Oreja le dijo que estaba allí por indicación de Vicente Rambla, entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, al que Costa describe como "recaudador" de la formación. Rambla fue absuelto este lunes en sentencia de la financiación.

La colaboración de Costa con Anticorrupción está sirviendo para que los fiscales completen varias de las investigaciones abiertas en torno al PP valenciano, al que los sumarios retratan como un partido corrupto hasta la médula. Parte de su reciente declaración ante la Fiscalía ha sido incorporada a la investigación sobre la construcción del circuito de Fórmula 1, que es sobre la que ha declarado este jueves y uno de los tres procedimientos en los que está imputado Camps.

 Otra, en cambio, se inserta en el caso Taula, la macrocausa que ha destapado las presuntas redes de financiación ilegal que operaron en el PP de la ciudad de Valencia que encabezaba Rita Barberá y el PP de la provincia que dirigía el presidente en la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

Competencia entre las tramas

Por chocante que resulte, los investigadores han llegado a la conclusión de que las diversas tramas populares que funcionaron entre finales de los años noventa y la gran derrota electoral de 2015 en Valencia, Alicante y Castellón estaban relacionadas, pero actuaban con mucha autonomía, pasando por episodios de competencia por la captura de las comisiones. 

Uno de esos escenarios de fricción fue Ciegsa, la empresa pública dedicada a construir colegios, que Costa ha confirmado en su reciente declaración ante la Fiscalía como fuente de mordidas.

Costa afirma que el primer gran "recaudador" del PP regional que conoció fue Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat, muy cercano al entonces líder del PP de Castellón Carlos Fabra. Y que Campos le dijo que mientras estuvieran al frente del Gobierno autonómico, a él no le faltaría dinero para el partido.

Según la versión de Costa, Campos, preocupado por su estado de salud, lo citó un día en su despacho del Palacio de Castellfort y le dijo que por si a él le pasaba algo iba a enseñarle el lugar donde guardaba el dinero para "los gastos del partido". A continuación, sacó una llave, abrió un cajón y le mostró una colección de sobres que, dijo, eran aportaciones de empresarios beneficiados por adjudicaciones públicas. 

Campos también le dijo que el cometido de recaudador le había sido encomendado por Camps y por el dirigente del PP valenciano y ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino. Cuando Campos se retiró de la política, su función pasó a ejercerla su sustituto en la vicepresidencia, el también castellonense Vicente Rambla.

Costa ha revelado a la Fiscalía una conversación directa sobre la financiación irregular que supuestamente mantuvo con Camps. Según su declaración, estando reunido con los cabecillas de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, que querían cobrar actos electorales pasados, él telefoneó a Camps para decirle que no quería participar en la elaboración de facturas falsas para encubrir los pagos de empresarios, a lo que el expresidente le contestó "que a él le habían dicho que esa era la única manera de hacerlo".            (Ignacio Zafra, El País, 15/06/18)

Costa especifica que, por orden de Francisco Camps y Juan Cotino, se encargó de las relaciones con los empresarios que financiaban el PP

"La declaración del ex secretario general del PP valencianoRicardo Costa este miércoles en el juicio de la rama valenciana del 'caso Gürtel' ha puesto de manifiesto que la financiación ilegal de los gastos generales y en particular electorales de la formación conservadora era ya en 2005 una práctica habitual: "Era un sistema preestablecido", reconoció el que fuera hombre fuerte del PP de esta Comunidad al juez.

"Yo me entero de que la campaña autonómica se financia con dinero de los empresarios y no hice nada por impedirlo y asumo la responsabilidad", declaró Costa que confesó la financiación ilegal de la formación política valenciana, al mismo tiempo que destacó que las decisiones más importantes las tomaba el presidente Francisco Camps, que también era el candidato", aunque sus presuntos delitos cometidos ya estarían prescritos.

La campaña autonómica de 2007, según la declaración de Costa, corrió a cargo de un equipo de personas coordinado por Vicente Rambla, que sin embargo negó tener cualquier responsabilidad en la gestión económica del partido en Valencia.

En concreto, Costa declaró este miércoles que se enteró de la financiación ilegal del partido en 2005, cuando la gerente del partido en Valencia, Cristina Ibáñez, que ejercía "una función meramente de trabajadora", ya que estaba contratada por la dirección nacional del partido, le comunicó que el vicepresidente valenciano, Víctor Campos, "le hacía entregas en efectivo de empresarios e iba ingresándolos en sucesivas sucursales del Santander en Valencia, con un limite máximo de 3.000 euros", la suma por encima de la cual no se permitían las donaciones anónimas.

Diferentes sucursales

"Lo que me comentó [Cristina Ibáñez] a mí y a la secretaria general, Adela Pedrosa, es que no iba a ir el mismo día a la misma sucursal a hacer una donación anónima. En ningún caso ella solicitaba sumas a ningún tipo de empresario", completó Costa.

En la declaración, el ex secretario general del PP valenciano narró que para las autonómicas de 2007 "no había un presupuesto cerrado. La decisión de encargar la campaña a [la empresa de Correa] Orange Market la toma Camps, y a mí me lo comunica Álvaro Pérez 'El Bigotes", sostuvo Costa, que resaltó que el presupuestono se aprobó por ningún órgano del partido: 

"Cada acto tenía un coste y en función del mismo los responsables de Orange Market harían su ajuste de cuentas, por lo que el importe total se supo al final".

Según este testimonio, los actos electorales se pagaban, "en el caso del PP, con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en las elecciones autonómicas de 2007, con donaciones en efectivo de los empresarios", completó Ricardo Costa en su declaración.

"Tampoco hice nada para impedirlo y omití la denuncia", admitió Costa, que aseguró después que el vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, le llamó a su despacho para mostrarle "unos sobres": "Y me dice que hay dinero en efectivo de los empresarios que tienen relaciones con la Administración o quieren ayudar al partido".

Orden de Camps y Cotino

El testimonio de Costa especifica que Campos le encargó, por orden de Francisco Camps y Juan Cotino, las relaciones con los empresarios que financiaban el partido. Y antes de la campaña electoral de 2007, el vicepresidente le citó a su despacho para informarle de que se había planteado una nueva forma de financiar los actos, en este caso mediante la emisión de facturas por parte de la empresa Orange Market, de Francisco Correa, a empresarios para pagar actos del PP.

"Yo, a esa petición de Victor Campos, me niego. Pero al final de la campaña recibí una llamada de Álvaro Pérez, y la deuda rondaba el millón de euros. Y no tenía dinero suficiente para pagar ese importe", reconoció el declarante, que recordó entonces que en junio de 2007 Víctor Campos le informó "del dinero en efectivo que habían aportado los empresarios y que dejaba la política".

Costa relató que sus jefes en el PP valenciano le encargaron que recogiera el dinero que había en efectivo, al mismo tiempo que Camps le informó, en junio de 2007, de que esas cuestiones las tenía que hablar con Vicente Rambla que iba a ser nombrado vicepresidente del Gobierno valenciano.

En julio de 2007 Costa informó a 'El Bigotes', el hombre de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, de que los dirigentes del PP valenciano estaban pensando en financiar las deudas de Orange Market con "facturas falsas" de empresarios.

Y Costa recordó que en agosto de 2007 tuvo que ir a recoger cantidades en efectivo de las empresas Hormigones Martínez y Pavelsa, pero también a otras sociedades: "Acepté recoger el dinero o mandar a gente a recogerlo", confesó el ex secretario general del PP que llegó a enviar a "una segunda persona", cuya identidad no facilitó, a recibir 150.000 euros de Rover Alcisa, 15.000 euros de Cicopsa y 350.000 euros del empresario Enrique Ortiz.

De esta forma, con el dinero en metálico existente en el partido y con las sumas recibidas por los empresarios, que según Costa primero se contó para que nadie se quedara con una parte, y se saldó la deuda con Álvaro Pérez, que la trama había cifrado en un millón de euros sólo para la campaña autonómica de 2007."                (Tono Calleja, Vox Populi, 25/01/18)

El Gobierno de Camps destinó pagos encubiertos a periodistas de varios medios por hablar bien de la sanidad en una revista

"El Gobierno de Francisco Camps a través de la Fundación del Hospital General de Valencia realizó pagos encubiertos a periodistas de medios de comunicación privados para que "hablaran bien de la sanidad" del PP en la revista del hospital en la que no aparecían sus firmas. Las facturas, las transferencias y tiques de cenas en restaurantes aparecieron después de que la policía nacional registrara el centro hospitalario dentro de la Operación Osvaldos y se llevara abundante documentación.

De la documentación en poder de eldiario.es se desprende que una fundación hospitalaria del Gobierno de Francisco Camps estuvo pagando a periodistas de medios privados durante años -2005 a 2007 y, en algunos casos, 2008- para que "hablaran bien de la sanidad" en una revista. Periodistas que en sus medios eran los responsables de informar de los propios políticos que les pagaban o que les habían recomendado y con artículos que no se firmaban, por lo que era imposible que públicamente quedara en evidencia la ética profesional. En uno de los casos la periodista acabó trabajando para el político.

El cerebro de la operación fue Sergio Blasco, sobrino del exconseller ahora en prisión Rafael Blasco y detenido también en la Operación Osvaldos junto a otras ocho personas por haber presuntamente saqueado con empresas de afines y familiares las arcas del Hospital General de Valencia. Sergio Blasco montó el equipo "Transversal de Comunicación", en el que pretendía involucrar a los periodistas que en los medios privados cubrían diariamente la información sanitaria. Era el año 2005.

La propuesta soliviantó a algunos periodistas a los que se les ofreció participar en el proyecto y se negaron. Otros, como el responsable de sanidad de El Mundo en la Comunitat Valenciana sí que aceptó. Al no poder reclutar un número suficiente de periodistas sanitarios se amplió el campo y se propuso la entrada de periodistas que realizaban información política o de territorio, esta vez sí solo en medios conservadores como la edición valenciana de La Razón y Las Provincias.

 Las dos periodistas del periódico del grupo Vocento que estuvieron en el grupo del Hospital General ya no trabajan en la empresa. Una de ellas acabó empleada por el propio Blasco en el Grupo Parlamentario del PP en las Corts.

La persona que recomendó a esta nueva hornada a la que se sumó un periodista de delegación territorial de Televisión Española fue el propio Rafael Blasco, que fue conseller de Territorio, primero, y Sanidad, después, entre 2003 y 2007. Los años en que el grupo Transversal de Comunicación estuvo en funcionamiento."

El acuerdo entre Sergio Blasco y los periodistas era elaborar la revista mensual Fem Salut, una publicación de 16 páginas que se repartía por los centros dependientes de la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana. Cada artículo se pagaba a 300 euros al mes, aunque en un principio los pagos fueron de 467,50 euros mensuales. A estas mensualidades se añadían otros proyectos encargados por el Hospital General que podrían hinchar la factura particular de cada interesado si deseaba participar. Siempre en el anonimato.

"Era un escándalo, había meses que tenía que llamar para enviar el artículo porque ni me lo pedían. Eso sí, pagaban religiosamente", explica una de las personas que trabajó en este grupo. Los artículos no iban firmados por los periodistas y se elaboraban para loar las virtudes de las políticas del PP en materia sanitaria. Como se observa en dos de las portadas que se reproducen en la información de meses antes de las elecciones de 2007, Fent Salut era una revista hecha a mayor gloria de los políticos del PP. 

En total, los periodistas que participaron durante los más de dos años que la Fundación del Hospital General editó la revista percibieron entre 8.000 y 13.000 euros limpios. Las dos redactoras de Las Provincias abandonaron a principios de 2006 con unos ingresos de poco más de 3.000 euros, según las facturas y las transferencias en poder de eldiario.es. 

La elaboración de la revista y los pagos a los periodistas se llevaban en máximo sigilo ante la intervención pública, puesto que los pagos se realizaban a través de la caja fija de la Fundación del Hospital General, ahora investigada por corrupción en la etapa del PP. Una manera legal de pagar pero más opaca. Además, no mediaba ningún contrato, sino pago por servicios puntuales pero que eran recurrentes. Era el propio gerente Sergio Blasco -que manejaba un presupuesto anual de unos 270 millones de euros- el que firmaba personalmente las transferencias al "equipo transversal de comunicación".

Sergio Blasco también invitaba a los miembros del equipo a cenas. Un ejemplo es la celebrada el 20 de octubre  de 2005 en el restaurante la Abadía d'Espí de Valencia y que costó 950 euros. A la velada también acudieron médicos que habrían colaborado en la revista. En total, 14 personas a casi 70 euros el cubierto.

El grupo se deshizo después de las elecciones de 2007 y una empresa externa se hizo cargo de la elaboración de la revista."                    (Sergi Pitarch, eldiario.es, 02/02/18)

El banco público de la era Camps prestó 3,3 millones al 0,5% de interés al líder del PP en Gandía

"El empresario y expolítico del PP Arturo Torró recibió un gran espaldarazo público a sus negocios privados cuando ya era un referente del PP valenciano de Alfonso Rus y Francisco Camps. El Instituto Valenciano de Finanzas -el banco público de la Generalitat- prestó 3,3 millones de euros a una de las sociedades del exalcalde de Gandia en condiciones muy ventajosas (Euríbor + 0,5 %), prácticamente fuera de mercado. Torró todavía adeuda a las arcas valencianas esos 3,3 millones que le han sido reclamados.

Arturo Torró, que está investigado en la trama de corrupción Púnica, ha vuelto a aparecer públicamente con sus negocios. De hecho, ha vuelto al sector de la óptica con la empresa Ángels Visions. El político y empresario está en concurso de acreedores como persona física y tiene varias de sus empresas también en suspensión de pagos. Es la presentación de esa sociedad lo que provocó que sus deudores -en este caso el IVF- hayan reclamado los 3,3 millones que no devuelve.

A preguntas de eldiario.es, Torró explica que no le pueden requerir nada porque está en concurso y que la empresa Angels Visions no es de su propiedad, "trabajo como consultor". El ya expolítico asegura que estará en suspensión de pagos hasta que el Tribunal Supremo falle en el proceso que tiene abierto contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad bancaria. "En esa operación perdí 30 millones de euros, que con intereses pueden superar los 40 millones", afirma. "No pago porque no puedo y en el IVF lo saben", sentencia.

El préstamo del IVF a Torró tiene una historia más que llamativa, máxime cuando el empresario y expolítico ya era una reconocido miembro del PP y líder de la oposición en Gandia. El banco público prestó el dinero a la empresa de Torró Gestión de Ópticas Locales SA. El político avaló la operación personalmente y a través de otras dos de sus sociedades: Optiverlook SL y Torró Visión Holding SLU.

El primer préstamo del IVF a Torró se formalizó en 2004 y por valor de 1,8 millones a pagar en siete años y con dos de carencia. En plena burbuja inmobiliaria el político consiguió el dinero público con un interés del Euribor más 1,5 %, unas condiciones muy ventajosas cuando los tipos estaban elevado por la buena marcha de la economía.

Tras haber devuelto solo unos 200.000 euros, el empresario y político pidió una renovación del préstamo, que se amplió hasta 2013 y con otros dos años de carencia. 

En 2008 y pese a tener ya una deuda viva importante, el IVF volvió a dar a Torró otro préstamo de 1,5 millones. Pero no fue hasta 2009 que realizó el negocio redondo al volver a renovar ambos préstamos, consiguiendo para los dos unos intereses del Euribor más de 0,5 %. 

Prácticamente sin ningún retorno para la administración valenciana y cuando ya se preparaba para asaltar la alcaldía de Gandia, que ganó en 2011. De hecho, el acuerdo con el banco público le permitía comenzar a devolver el dinero en 2011 y 2012.

Es muy llamativo que Torró pidiera un segundo préstamo en 2008 y se le concediera porque fue el año en que vendió su empresa Mas Visión a el fondo holandés Hal Investments "para centrarse en la política". El empresario recibió un pago millonario por esta operación y además mantuvo su negocio de ópticas en Latinoamérica.

En todo el proceso de negociación con el IVF, el expolítico del PP también consiguió una subvención de la Conselleria de Economía de 128.000 euros para hacer frente a los intereses de los préstamos de la primera operación.

Arturo Torró asegura que en la actualidad no tiene negocios porque no "puede tener nada a su nombre" y que ya ha abandonado la política. Llegó a ser una persona con una fantástica relación con Mariano Rajoy. "Ahora trabajo como consultor y este tipo de informaciones me perjudican a la hora de trabajar", defiende. "Cuando se aclare mi pleito con Bankia podré devolver lo que debo", conluye."                       (Sergi Pitarch, eldiario.es, 10/02/18)

El Bigotes’ dice que Camps obligó a las empresas de Gürtel a cobrar con dinero negro actos del PP

"Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los hombres de confianza del cerebro del caso Gürtel, Francisco Correa, ha situado este viernes directamente al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps al frente de la financiación ilegal del PP en esa región. 

Pérez, en una declaración torrencial, ha manifestado que Camps le dijo a Ricardo Costa por vía telefónica delante de él que si la mercantil Orange Market, de organización de eventos, quería cobrar la deuda de más de un millón de euros que el partido mantenía con ellos, tenía que aceptar que el dinero fuera pagado por empresarios mediante el giro de facturas falsas.

 “Cuando le digo a Costa que es una barbaridad hacer esto, Ricardo llama delante de mí a la persona con la que habla siempre y consulta todo y esta persona le dice que esta es la única manera de cobrar y que si no que lo deje: y esta persona es Francisco Camps”, ha dicho El Bigotes.

Pablo Crespo, el considerado número dos de la trama Gürtel y gerente de las empresas del cabecilla, Francisco Correa, ha reconocido este viernes en la Audiencia Nacional que empresarios valencianos les pagaron los trabajos que realizaron para las campañas electorales y otros del periodo ordinario del PP de la Comunidad Valenciana.

 Los trabajos, realizados entre 2007 y 2008, costaron 3,4 millones de euros. Según su declaración, el encargado de la empresa de eventos Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, reclamó el pago de la deuda al expresidente del PP valenciano y de la Generalitat Francisco Camps.

Crespo también ha manifestado que parte de esos trabajos se los pagó el partido con dinero en efectivo y que esos fondos fueron a parar íntegramente a la caja b de las empresas de Correa. El empresario no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio de la caja b del PP valenciano tras los dos días de suspensión, aunque su abogado aseguró que contestaría "la verdad" a todas la partes que le pregunten y ha apuntado directamente al exdirigente del PP valenciano Ricardo Costa.

El empresario ha afirmado que el principal encargado de la empresa de eventos Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes, estuvo muy presionado por él y por Correa para cobrar el dinero que le debía el PP por las campañas de 2007 y 2008. "El señor Pérez me decía que estaba haciendo gestiones con todos ellos y no sé si gestiones directas o indirectas con el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Camps", ha recordado a preguntas de la fiscal del caso, Myriam Segura.

Crespo ha manifestado que Álvaro Pérez El Bigotes creativo de Orange Market tenía “muchísima relación”, según le dijo, con gente del PP valenciano. “Me hablaba de la relación con el señor [Francisco] Camps [expresidente de la Generalitat], el señor [Ricardo] Costa [ex secretario general del PP valenciano], el señor [Vicente] Rambla [ex vicepresidente regional], la señora [Adela] Pedrosa [senadora y alcaldesa de Elda], con todos los miembros de la ejecutiva del partido, con consellers, con los presidentes provinciales del PP. Su trabajo era la captación de negocio y el PP era el mejor cliente que tenía Orange Market”, ha relatado a preguntas de la fiscal Myriam Segura.

Crespo apunta directamente a Ricardo Costa, antiguo número dos del PP valenciano. Según él, Costa les dijo que se cobraran la deuda que el PP tenía con ellos con facturación falsa a empresarios. “[Costa] nos dijo que no tenían dinero para pagar las facturas y que la única solución era que facturáramos a determinados empresarios en lugar de a ellos, me da la sensación de que ni el mismo Costa sabía a qué empresarios.

 La respuesta fue que a mí la solución no me gustaba, intenté negarme y me dijo que no había otra solución, me dijo que era hacerlo así o no cobrar, hable con Correa y aceptamos hacerlo así, porque la alternativa era el concurso de acreedores y el cierre de la empresa".

Crespo, a preguntas del abogado del Estado Edmundo Bal, ha profundizado en la sugerencia de Ricardo Costa de que los empresarios pagaran la deuda del PP con Orange Market. “No fue una reunión cómoda, la relación entre cliente y proveedor es de subordinación, y tenemos que ser más garantes y cuidadosos de la relación con el cliente, no fue una reunión pacífica pero sí percibí que el señor Costa no sabía cómo ni cuándo ni de qué manera” se debían hacer los pagos.

El empresario ha reconocido, además, que uno de los empresarios que pagaron los actos de campaña en 2007 y 2008 sufragó un acto en periodo ordinario del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra en Alicante. "Estoy seguro que Costa no nos pagaba porque no quisiera, sino porque no podía", ha dicho.

El número dos de la trama ha afirmado no recordar si en esas campañas se dio un presupuesto al PP. “Yo no lo he visto, lo que no quiere decir que no se haya pasado un presupuesto, y lo normal es que el órgano del partido que tuviera que aprobar el gasto supiera” si lo que iba a pagar, ha manifestado Crespo a preguntas del juez José María Vázquez Honrubia.

 “En las campañas políticas la dinámica es que se empieza por un gasto y se acaba con ese gasto multiplicado por 1,5 o por 2, el frenesí de las campañas y las encuestas hace llevar campañas más grandes, con más gastos y más publicidad, y en esos casos hay un encargo verbal, un acto más grande, más cuñas de radio en horario de más audiencia…”, ha explicado.

Acuerdo con la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción había acogido con escepticismo la decisión de Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes, lugartenientes del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, de admitir en el último momento que su empresa de eventos Orange Market recibió 3,4 millones de euros en dinero negro del PP valenciano por actos de campaña electoral y otros en periodo ordinario.

Tras la confesión de Correa, Crespo y Pérez pidieron el miércoles la suspensión del juicio por esta pieza del caso Gürtel para cambiar de estrategia de defensa y reconocer los hechos a cambio de una rebaja en la petición de pena, de 22 y 27 años de cárcel respectivamente, por delito electoral, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía adivirtió de que solo rebajaría la pena si la confesión era completa.

Fuentes del ministerio público aseguraron que la oferta de los procesados era tardía, y que cualquier rebaja en la petición de condena se realizará en todo caso al final de la vista oral. De momento “no existe ningún pacto” de conformidad con Crespo y El Bigotes, en prisión desde el pasado febrero tras la sentencia del llamado caso Fitur, una de las piezas valencianas de las diez que componen el macrosumario Gürtel."                 (Fernando J. Pérez, El País, 19/01/18)

La policía concluye que Camps lideró el gran fraude de la Fórmula 1

"La policía concluye en un informe que ha permanecido secreto hasta este viernes que el expresidente Francisco Camps lideró el gran fraude que presuntamente rodeó la organización del Gran Premio de Fórmula en Valencia. Camps está imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación y ha intentado sin éxito en los últimos meses que se archivara la causa contra él.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que Camps negoció y renegoció las condiciones con el entonces patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, con quien se reunió al menos ocho veces, y financió el coste del proyecto deportivo, que acabó siendo ruinoso para la Comunidad Valenciana.

 La ejecución del plan implicó, además, "la interposición de un promotor privado", la empresa Valmor Sports, que regentaba el antiguo campeón de motociclismo Jorge Martínez Aspar, con quien mantenía "una relación personal de amistad", según afirmala policía citando la declaración un testigo en el procedimiento.

"La Generalitat valenciana, con el presidente del consejo de Gobierno a la cabeza, Francisco Camps, lideró el proceso de negociación" y "esta posición preeminente se mantuvo durante toda la vida del proyecto", resalta el informe policial.

Correos intervenidos por la UDEF que hasta ahora habían permanecido secretos revelan que el expresidente renegoció supuestamente las condiciones del acuerdo entre Ecclestone y Valmor Sports cuando el Gran Premio ya había empezado a celebrarse. El objetivo era "reajustar las condiciones de los contratos iniciales de promoción y de gestión comercial, en el sentido de dotar al promotor (Valmor) de una mayor capacidad de generación de recursos económicos".

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Camps se valió de Valmor para sortear las normas que rigen la contratación de la Administración, cuando en realidad era la Generalitat la que corría con los gastos de organización y negociación. La supuesta empresa pantalla de Aspar era en realidad, según destaca la policía, incapaz de llevar adelante el proyecto "ni de desde el punto de vista organizativo, ni de ejecución material, ni financiero".

El Gran Premio de Fórmula 1 fue una promesa electoral de Camps en 2007. El dirigente del PP afirmó entonces que no costaría un euro a las arcas públicas, pero la factura para la Generalitat se elevó a más de 200 millones.

 Las carreras por el circuito urbano de Valencia se celebraron de 2008 a 2011, cuando el sucesor de Camps, Alberto Fabra, rescindió el contrato por el coste que implicaba anualmente para la Administración autonómica, después de rescatar a Valmor con fondos públicos."            (El País, 06/10/17)

Nueve empresarios confirman la financiación ilegal del PP de Camps

"Todos los empresarios imputados por financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones municipales y autonómicas del año 2007 y en las generales de 2008 han reconocido los pagos en dinero b a cambio de reducciones de condena. 

Seis nuevos empresarios han seguido los pasos del constructor alicantino Enrique Ortiz y de los industriales Alejandro Pons y José Francisco Beviá y han reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción que realizaron abonos bajo cuerda por 1,2 millones a la mercantil Orange Market, del líder de la Gürtel Francisco Correa, que se encargaba de realizar los actos electorales del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps.

 El partido, al mismo tiempo, desde su caja b valenciana, abonó a Orange Market durante aquellas campañas electorales un total de 2,2 millones, según la investigación.

Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, "que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios". 

Según ha adelantado la Cadena Ser, está previsto que este viernes los empresarios acudan a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para rubricar el acuerdo, con el que esperan una reducción de las penas solicitadas inicialmente y que variaban entre los cuatro y los seis años de cárcel, por delitos electorales y de falsedad documental.

La ley de régimen electoral impide que empresas contratistas de la Administración financien campañas electorales y, en todo caso, el importe máximo que cada persona física o jurídica puede aportar a la cuenta electoral de cada partido político es 6.012 euros.

Según el juez De la Mata, "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (...) contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". El magistrado recuerda que en ambos casos "tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

El juez De la Mata abrió el pasado 26 de febrero juicio oral contra cinco altos cargos del PP de Francisco Camps y contra diez empresarios –al décimo, José Enrique Fresquet, solo le acusa el PSOE- por la trama valenciana del caso Gürtel. Ortiz, dueño del 70% del suelo urbanizable de Alicante, se sentará en el banquillo junto con los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros), por pagar a la empresa Orange Market actos de campaña del PP que luego se camuflaban supuestamente con facturas falsas."              (El País, 09/02/17)

La Justicia confirma que había cinco 'cajas b' en el PP valenciano

"El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha señalado en sus declaraciones ante el juez y la Guardia Civil a varios exconsellers del Gobierno valenciano que presidió Francisco Camps, como Víctor Campos, Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora, como supuestos participantes en el cobro de comisiones ilegales. 

Estas acusaciones, según han informado fuentes conocedoras de la investigación tras el levantamiento del secreto de sumario de la pieza principal, estarían fundadas en comentarios que otros investigados en el caso Imelsa, como Máximo Caturla, le habrían realizado a Benavent, y no en un conocimiento directo de los hechos.

Estos hechos relatados por el autodenominado "yonqui del dinero" se enmarcan en el supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de proyectos de construcción de centros escolares por parte de la empresa pública Ciegsa, que según las fuentes consultadas será objeto de una nueva pieza separada dentro del caso Imelsa. 

Esta parte de la investigación se encuentra en una fase incipiente, han explicado responsables de la misma, debido principalmente a que los hechos relatados por Benavent y recogidos en un informe policial no se fundamentan en un contacto directo con las personas a las que señala, sino en testimonios de terceros.

En el relato del supuesto cobro de comisiones ilegales que Benavent confiesa, y que consta en el sumario del caso cuyo secreto ha sido levantado hoy, también menciona al expresident Francisco Camps como conocedor de la recaudación ilegal que varios altos cargos de su Ejecutivo y del partido que él mismo presidía estaban realizando.

 La investigación judicial tratará de determinar, además, la veracidad respecto a la existencia de al menos cinco cajas "b" controladas por el PP valenciano que Benavent menciona en sus declaraciones y en las que, supuestamente, se recogerían los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegales tras el amaño de contratos. 

En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo y delito electoral.

Hasta la fecha, el caso estaba distribuido en una pieza principal y cinco separadas, una de las cuales permanecía secreta hasta hoy, fecha en la que el magistrado instructor ha decido no prorrogar la confidencialidad de las actuaciones en todo el proceso. En una de las piezas, la primera separada, están imputados por blanqueo y delito electoral nueve de los diez concejales del PP en Valencia, y el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación también a la exalcaldesa Rita Barberá por estos mismos hechos.

En el resto de piezas se investigan la supuesta contratación ficticia de personal y el pago de indemnizaciones injustificadas por parte de la Diputación de Valencia y adjudicaciones, al parecer irregulares, realizadas tanto desde la corporación provincial como desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y empresas públicas de la Generalitat. (...)"       (Público, 15/09/16)

Francisco Camps era el gran "recaudador" del PP valenciano... era el nexo de unión entre las 5 'cajas B' valencianas y la 'caja B' del PP nacional

"El expresidente valenciano Francisco Camps está en el centro de la trama que el juzgado número 18 de Valencia investiga a raíz del caso Imelsa. 

La denominada Operación Taula, por la se ha imputado hasta ahora a 69 personas, ha destapado el funcionamiento del PP valenciano, que habría utilizado hasta cinco cajas B para ingresar fondos procedentes de comisiones ilegales. Así lo revela la cadena SER, a quien el propio Camps ha negado categóricamente esa información.

Según la SER, que asegura que en la investigación se cosidera al PP valenciano "una organización criminal" y a Camps el "recaudador" principal, las grabaciones del exgerente d ela empresa Imelsa, Marcos Benavent, avalan estas sospechas. 

Hasta ahora, solo habrían trascendido cargos intermedios implicados, pero los investigadores apuntan al propio Camps, así como a otros exdirigentes como Carlos Fabra, que cumple 4 años de prisión por delito fiscal, o los exvicepresidentes de la Generalitat Valenciana Gerardo Camps y Víctor Campos.

Con estas informaciones, el caso da un salto cualitativo y vuelve a poner en evidencia algo que ya se investiga en el caso Gürtel: la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana.

Camps asegura en declaraciones a la SER que "nunca" ha recaudado ni ha organizado nada ilegal.

Hasta el momento Camps se ha librado de estar imputado en investigaciónes como la del caso 'Gürtel' en la Comunitat Valenciana, que apunta a que el PP se habría podido financiar con un 80% de dinero negro sus campañas electorales de 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (europeas).

 Esta presunta financiación irregular ha llegado a encausar a toda la cúpula del PP del año 2007, toda excepto el propio Camps que tampoco se ha visto imputado en la pieza separada de Fitur, donde sí se ha imputado a dos de sus exconselleras de Turismo, y pese a ser señalado por la propia Milagrosa Martínez.

No obstante Camps sí se ha visto salpicado por el escándalo de la Fórmula 1, después de admitir el TSJCV la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y malversación."                (eldiario.es, 2202/16)

Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y acusado de practicar abusos sexuales sobre 3 trabajadoras de Canal 9, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos públicos populares...

"(...) ¿En qué momento se fastidió la Televisión Valenciana? (...)

Y en eso llegó Eduardo Zaplana. En su primer viaje como presidente de la Generalitat a Bruselas hizo toda una declaración de principios: “Canal 9 es el último bastión de los socialistas”. Cómo liquidarlo estaba claro. Propuso a un diputado del PP, José Vicente Villaescusa, sin ninguna experiencia en medios de comunicación como jefe de informativos. 

El escándalo le obligó a retirar la propuesta. Pero aquello solo fue un paréntesis. Zaplana iba lanzado. El primer director general que nombró, Juan José Bayona, le duró un suspiro, apenas nueve meses. Recuperó a Villaescusa para el cargo de director general y dio su golpe de mano al colocar en la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, que había sido su jefe de campaña y su jefe de gabinete. Zaplana creó escuela. 

Los futuros directores generales de RTVV y de su cadena televisiva, hasta la llegada de Rosa Vidal, fueron siempre personas muy cercanas a la órbita de la presidencia de la Generalitat. Carrascosa fue sustituido por Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y su directora de comunicación en la Generalitat. Cuando llegó Francisco Camps colocó a Pedro García, que había sido su jefe de campaña y su responsable de comunicación en el Consell, amén de persona de confianza de los principales responsables de la trama Gürtel. 

Tanto que, durante en un registro del despacho de Francisco Correa, apareció una nota que decía: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Dicho y hecho. Tras García, Camps colocó al frente de RTVV al periodista José López Jaraba. 

Hasta Burjassot, donde la televisión tiene sus estudios centrales, llegó la manipulación más descarada, el despilfarro, la corrupción y los escándalos sexuales. Una lista de las trapacerías cometidas en los últimos 18 años desde la televisión valenciana daría para varios volúmenes. Carrascosa puso en antena un programa que definiría por muchos años su programación. Estrenó Tómbola. 

La telebasura arraigó en Canal 9. El espacio de cotilleos fue el estandarte de la cadena. Dinero a espuertas para sus protagonistas —Jesús Mariñas, uno de los contertulios habituales, reconoció recientemente que cobraba 3.000 euros brutos por programa—, escándalos y audiencia garantizada.

Carrascosa no tenía escrúpulos con tal de conseguir el mayor número de espectadores. En uno de sus programas, El juí d'Alcàsser, sobre el asesinato de las tres niñas de esta localidad valenciana, intentó retransmitir en directo el proceso a Miguel Ricart, uno de los asesinos, y al no conseguirlo contrató a amigos, conocidos y saludados de este que pasaron por el programa. 

También participaban el padre de una de las niñas y un presunto periodista. Todos cobraban. Y cuanto más salidas de tono fueran sus afirmaciones, más cobraban. Al final, la Guardia Civil, los forenses y el fiscal del caso denunciaron al programa y a los colaboradores por calumnias con publicidad. La sentencia condenó a RTVV a pagar 430.000 euros como responsable civil subsidiaria. (...)

Hasta hace bien poco el lema de Canal 9 podría haber sido perfectamente una expresión valenciana: Serà per diners? (¿será por dinero?) El despilfarro era absoluto. Se subvencionaron sin tasa los equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana, se pagó lo que no está en los escritos por la retransmisión de las carreras de Fórmula 1, se mandaron equipos de televisión a los confines del mundo para que Francisco Camps pudiera lucir palmito. 

El derroche fue continuo y las sospechas sobre el uso fraudulento del dinero crecieron. Canal 9 nunca ha explicado por qué compró los derechos de emisión de los partidos de fútbol de los equipos valencianos de primera y segunda división durante las temporadas 2003-2008 por 459 millones y los vendió por 299 a una televisión privada provocando un quebranto de 160 millones a las arcas públicas.

El colmo del desbarre profesional y empresarial fue la compra a Bernie Ecclestone de los derechos de retransmisión de las carreras de F-1 para la Comunidad Valenciana, cuando se televisaban por Tele 5. TVV pagó 22 millones por las imágenes de Fernando Alonso a bordo de su Ferrari. Se podría pensar que, como en TV3, las retransmisiones se hacían en valenciano. Pero no.

 El responsable de la narración era un periodista argentino, Víctor Seara, quien firmó un contrato en 2010 por el que percibía 120.000 euros al año por la locución de los grandes premios y un programa de motor que realizó entre los meses de enero y marzo. La última directora general de RTVV, Rosa Vidal, lo denunció por no justificar gastos por valor de 18.000 euros.

La lista de despilfarros es tan larga como nulas las responsabilidades políticas asumidas por la gestión de RTVV. Los presidentes de la Generalitat del PP viajaban con sus periodistas de confianza del ente televisivo.

 Tanto daba que su asistencia fuera a una final de la Champions, como Eduardo Zaplana que acudió a Milán a presenciar el Bayern-Valencia, o que se tratara de un costosísimo directo de Francisco Camps en una visita a la Amazonas brasileña, coincidiendo en la época en que el presidente de la Generalitat viajaba al extranjero más que nunca, una vez había sido imputado en el llamado caso de los trajes.

Tampoco importó, ya con el agua de la crisis al cuello, favorecer a las dos adjudicatarias de las únicas TDT de ámbito autonómico, Las Provincias TV (del grupo Vocento) y Popular TV (de la Cope), en el pago del canon por el uso del múltiplex de RTVV. Según el vocal del consejo de Administración por Compromís Rafael Xambó, ambas debían pagar 1,3 millones de euros.

 Pero los exdirectores generales Pedro García y José López Jaraba negociaron unas condiciones, que incluían desde la condonación de la deuda a la compensación por publicidad de Canal 9 en las TDT, de audiencia residual, pasando por la cesión de derechos. Un acuerdo, según Xambó, muy gravoso para la empresa pública. Los contratos de RTVV con ambas adjudicatarias han sido entregados a la fiscalía por si detecta indicios de delito. 

Tras el anuncio del cierre de RTVV, Las Provincias TV y Popular TV son las únicas cadenas de televisión con idéntica implantación que Canal 9.

La obsesión del PP por controlarlo todo en la Comunidad Valenciana le llevó a protagonizar episodios que a primera vista parecían inexplicables, pero que con el tiempo han ido comprendiéndose. Episodios en los que la cadena autonómica ha sido un instrumento muy útil para según qué fines. 

Todavía se recuerda por alguno de sus protagonistas, no sin cierta preocupación y espanto, la escena que se desarrolló en el Palau de la Generalitat, con Francisco Camps de presidente, meses antes de la visita en 2006 de Benedicto XVI a Valencia para el Encuentro de las Familias. En un despacho del edificio gótico del siglo XV se encontraban reunidos representantes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, del Arzobispado de Valencia y del Consell.

 En el orden del día, además de los temas de seguridad, la retransmisión televisiva. Los miembros del Ejecutivo socialista daban por hecho que, al tratarse de una visita de Estado, TVE sería la responsable de la emisión. Pero no. Las palabras fueron primero tensas, después desabridas y al final acabaron a gritos. La Generalitat, con el inestimable apoyo del Arzobispado, impuso que fuera Canal 9 la que se hiciera cargo de la retransmisión.

 Años más tarde, en la investigación de la trama Gürtel, se descubrió que Teconsa, una constructora leonesa propiedad del empresario José Luis Ulibarri, quien había conseguido la mayoría de las licencias de TDT concedidas por Camps, se había hecho con la adjudicación de los equipos de sonorización de la visita papal. La investigación de Gürtel descubrió que RTVV había adjudicado el contrato por 7,4 millones cuando el coste no superaba los 3,2, según la contabilidad de la trama. 

La Audiencia Nacional investiga si Correa se quedó con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el entonces director general de RTVV, Pedro García, con medio millón cada uno. Recuérdese la nota que apareció en el despacho de Correa: “Pedro quiere ser director general de Canal 9”. Y Camps le nombró.

Comprar caro productos basura ha sido una constante en RTVV. En 2011 la cadena adquirió tres documentales de marcado carácter ultra a Triskel, una productora vinculada al que había sido su director de antena Fernando López Quintela. Se acordó pagar 532.500 euros sin IVA por unos reportajes que los propios profesionales de RTVV valoraron en muchos menos.

 La Sindicatura de Comptes (el Tribunal de Cuentas valenciano) constató la existencia de irregularidades en la gestión de este contrato. (...)

 La censura llegó a ser de tal calibre que se llegó a pedir a los responsables de un programa que no se pronunciara el nombre del país de Peter Pan, Nunca Jamás Mai més, en valenciano), por su semejanza con el movimiento gallego Nunca mais. Así se las gastaban. Algunos de estos hechos llegaron a trascender por la existencia del comité de redacción; pero fue por poco tiempo. Desde la Generalitat ordenaron su liquidación.

Una plantilla tan sumisa en líneas generales no se explica sin la red clientelar que se creó desde el despacho del responsable de recursos humanos primero y secretario general de la casa después. Vicente Sanz, exdirigente del PP provincial de Valencia y acusado de practicar abusos sexuales sobre tres trabajadoras de la cadena, contrataba a militantes del PP, concejales, familiares de cargos públicos populares.

 Una red que se fue extendiendo conforme se ampliaba la plantilla, arrinconando a los profesionales de la primera etapa, a aquellos que, según Zaplana, formaban el “último bastión socialista”. Sanz se encuentra a la espera de juicio."              (El País, 08/11/2013)

La trama valenciana en la visita del Papa

"Dos años después de que la policía descubriera un cuantioso pelotazo de la red Gürtel —la trama empresarial corrupta vinculada al PP— con la visita del Papa a Valencia en 2006, la Fiscalía Anticorrupción ha activado la investigación judicial. (...)

El canal autonómico, al cual la fundación organizadora de la visita de Benedicto XVI en 2006 adjudicó la exclusiva sobre la explotación televisiva del acto, convocó un concurso restringido para adjudicar, a su vez, a empresas privadas el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para que fueran retransmitidos los distintos momentos de la estancia del Papa en la Comunidad Valenciana.

El canal público se gastó en el contrato 6,4 millones de euros por un material que, según la documentación incautada por la policía en las sedes de la trama corrupta, costaba menos de la mitad. (...)

Desde que la policía hizo estos descubrimientos, hace dos años, sobre el asunto de las anómalas circunstancias en las que la televisión pública valenciana —gestionada entonces por Pedro García Gimeno— gastó 6,4 millones de euros en un contrato que valía la mitad para beneficiar a la trama corrupta, apenas ha habido avances en la instrucción de esta causa.

Esto ha sido así hasta el punto de que el supuesto autor de los delitos de cohecho y prevaricación, el ex director general de Canal Nou, hombre de confianza del expresidente Francisco Camps, no está imputado hasta ahora en la causa." (El País, ed. Galicia, 29/08/2011, p. 14)