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13.4.18

Banca Catalana, con depósitos por valos de 300.000 millones de pesetas, pasó a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, Jordi Pujol. Fué absuelto. La causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños

"(...) Un mago cuyas maravillas llevan dejándonos boquiabiertos desde hace décadas. Lo mismo desde el escenario del poder político, en el que fue protagonista principal durante muchos años, que desde las bambalinas de su dorado retiro, no ha dejado desde entonces este personaje de alterar a su antojo las reglas de la Justicia y las normas de la razón. El Sr. Jordi Pujol i Soley.

Este, que ahora podría parecer a simple vista un acomodado e inofensivo tendero jubilado, empezó su carrera de taumaturgo con un espectáculo de magia titulado Banca Catalana, allá por los años 80 del pasado siglo, no sé si lo recuerdan. 

La cosa, para los olvidadizos, iba de una pequeña entidad bancaria que había fundado el padre de nuestro personaje y que el joven Jordi convirtió en gigante financiero cuando se puso manos a la obra, después de una temporadita avecindado en Zaragoza (en la prisión de Torrero, para ser más precisos).

Con una red de 352 oficinas, más de 5.000 empleados y depósitos por valor de casi 300.000 millones de las pesetas de aquella época, Banca Catalana pasó casi de la noche a la mañana a no valer un duro, convenientemente saqueada por sus gestores. Entre ellos y de forma destacada, el vicepresidente ejecutivo y mandamás del invento. Jordi Pujol. 

Después de varios intentos de procesarle (a él y a unos cuantos más), la Audiencia de Barcelona falló el sobreseimiento definitivo del sumario. No encontraron indicios de delito, aunque los jueces afirmaron que «se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa». Este Sr, que a la sazón redondeaba sus ingresos con un pluriempleo como Molt Honorable President de la Generalitat, salió limpio de polvo y paja, como suele decirse.

Entre medias hubo numerosas maniobras en la oscuridad, sobre las cuales se hablaba en voz baja, que hicieron encanecer prematuramente a los fiscales Mena y Jiménez Villarejo. Como buenos profesionales, se habían empapado los 65.000 folios del sumario y veían los delitos con claridad. Muy instructivo leer sus declaraciones sobre este asunto.

Yo entonces era más joven y no podía creerlo, cuando alguien susurraba a mi oído que la causa de la obnubilación sufrida por los jueces había que buscarla en ciertas conversaciones secretas que mantuvo el mago Pujol en palacios madrileños. Unas conversaciones, se decía, que hubieran servido de modelo a los guionistas de El Padrino.

La amenaza de tirar de la manta, que tantos otros (desde Bárcenas a Granados) han usado después con fanfarronería de principiantes para quedarse en agua de borrajas, define a la perfección lo que debió de suceder. Pero entonces debía de ir en serio. Y, aterrorizados ante lo que pudiera aparecer bajo la manta, los poderes del Estado se plegaron a las exigencias de inmunidad (sería mejor decir de impunidad) del pequeño y astuto mago catalán.

Entonces no me lo creía. Sobra decir que ahora, puedo creerme cualquier cosa.

Porque ya me dirán ustedes si no es cosa de magia que la plana mayor del partido que fundó, y la del soberanismo catalán que Jordi Pujol patrocinó (y sigue patrocinando) esté entre rejas o a punto de estarlo, acusados de gravísimos delitos económicos y políticos, mientras que el Sumo Pontífice apura su vejez tan tranquilo. Sin que ningún juez se atreva a molestarle, más allá de pedirle por favor algunas declaraciones, siempre muy respetuosos.

Así pues, lo ha vuelto a hacer. ¿Lo de los millones en Andorra, desconocidos para Hacienda? Nada, una cosilla del abuelo que los dejó por ahí y quién iba a acordarse de ellos. ¿Lo del tres por ciento? Pregúntele usted al señor Mas, o al señor Millet, o al señor Alavedra… a mí, que me registren. 

¿Que la familia Pujol-Ferrusola (padre, madre y los numerosos retoños) actuaba literalmente como una familia (de las de la mafia bajo el disfraz de orden religiosa, con Madre Superiora, párrocos, misales y Papa Negro? Bueno, señor juez, esos son secretos del convento,
Lo que quiere decir que el conjuro, las palabras mágicas (ojo, que tiro de la manta) solo funcionan cuando el que las pronuncia está de verdad en el secreto. 

Cuando tiene mucha y muy sensible información de su exclusiva propiedad.Esa información que garantiza inmunidad. E impunidad."                (Antonio Plazuelo, El Periódico, 08/04/18)

5.12.17

35 años de silencio: el libro perdido sobre la cuenta B de Banca Catalana

"La historia interminable. Hace unas tres décadas dos ya exsupervisores decidieron escribir un libro sobre la crisis de Banca Catalana. Por qué surgió, por qué terminó afectando al bolsillo de todos los españoles, y por qué Jordi Pujol nunca fue inculpado por la caída de lo que hasta 1982 fue el décimo grupo bancario del país.

Los dos exsupervisores, que conocían al detalle las cuentas de Banca Catalana, elaboraron un único borrador de lo que iba ser el primer libro de esta entidad financiera, y lo que fue el primer gran fracaso de un banco catalán. El proyecto estaba en marcha.

 Las consecuencias de ese libro podrían haber cambiado el rumbo de alguno de los protagonistas del independentismo catalán, como es el caso de Pujol. “Ahora es demasiado tarde, el caso está prescrito”, reconoce uno de los protagonistas que no quiere dar su nombre. De hecho, no sé si le gustará tan si quiera que se conozca este frustrado proyecto.

La mala suerte hizo que este borrador quedase enterrado entre cajas. Uno de sus autores murió repentinamente. El otro dejó España. Hace unas semanas, y en esta ocasión por casualidad y con el don de la oportunidad, el borrador fue desenterrado, pero ya no tomaría la forma de un libro.

Pero antes de que ese borrador con la contabilidad de Banca Catalana, incluida su caja B, terminase en la basura, alguien decidió que sus conclusiones podrían ver la luz justo 35 años después de que se celebrara la junta extraordinaria de accionistas en la que se decidió aprobar una operación acordeón, ante unos 5.000 accionistas. Al final, fue el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) el que tuvo que hacerse cargo de la inyección de 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros).

El descubrimiento de este borrador coincide con las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol.




Los administradores de Banca Catalana en noviembre de 1982, encabezados por Juan Antonio Ruiz de Alda (fue secretario general del FGD y subgobernador del Banco de España), y otros representantes del FGD tuvieron que salir escoltados por la puerta de atrás del Palacio de Congresos en aquella junta. “Los accionistas estaban histéricos. Comprensible”, asegura uno de los protagonistas de esta historia.

La crisis de Banca Catalana se desencadenó a raíz de una información periodística que el 11 de junio de 1982 derivó en una caída de la confianza del grupo, formado por siete marcas (Banca Catalana, Banco de Barcelona, Banco Industrial del Mediterráneo, Banco Industrial de Cataluña, Banco de Gerona, Banco de Alicante y Banco de Crédito e Inversiones).
En total, el Estado tuvo que hacer frente a 345.000 millones de pesetas de 1982 (2.073 millones de euros, en un año en el que el PIB per capita era de 4.996 euros).

Pero este grupo de entidades, encabezado por Banca Catalana y vinculado a Jordi Pujol (presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003 y líder del nacionalismo catalán), contaba, según los papeles del Banco de España recogidos en este borrador, con una cuenta B. 

“Hasta el 31 de octubre de 1982 Banca Catalana mantenía la práctica de incorporar en el activo de su balance oficial operaciones, generalmente de crédito, que no respondían a transacciones financieras generadas con ortodoxia en el negocio bancario y carecían de entidad patrimonial. 

El importe de estas operaciones en el activo del balance oficial justificaba una salida de fondos (pasivo en la cuenta B) cuya aplicación (activo en la cuenta B) no tenía reflejo en la contabilidad oficial”, recoge este borrador redactado por los supervisores del Banco de España y del FGD, en el que se detallan las partidas de esta cuenta paralela a la oficial. 

"La fecha de comienzo de las operaciones en cuenta B fue el año 1968, estableciéndose el primer balance en 1969”. Su objetivo era la “adquisición de inmovilizado, adquisiciones de participaciones accionarias bancarias y remuneraciones extraoficiales de los depósitos de los clientes”. 

Este documento añade que en la cuenta B había créditos simulados y cartera comercial ficticia. Y se documenta que, excepto una pequeña cantidad, “la totalidad de los créditos que sirvieron para nutrir la cuenta B son fallidos”.

Otra parte del borrador, descrito como datos de una crisis, dice: “Se puede afirmar que los ajustes que afectan a las cuentas de periodificaciones y otros conceptos tuvieron su origen y motivo contable en el arreglo de la cuenta de pérdidas y ganancias para que presentara periódicamente saldos positivos, es decir, que corresponden a activos inexistentes sin contrapartida real alguna”.

Puede que este proyecto de libro, realizado por dos de los supervisores que inspeccionaron Banca Catalana aportase hoy poco, o tal vez no, nunca se sabrá. Pero es cierto que en el momento en que se iba a publicar, entre 1988 y 1989, podía haber sido muy aclaratorio de hechos que sucedieron o se conocieron después.

Uno de los coautores del borrador, que insiste en que ya no tiene sentido terminarlo ni facilitar su nombre, asegura que si los abogados de entonces hubieran tenido más conocimientos económicos “a lo mejor se hubieran hecho otras preguntas en el proceso de Banca Catalana y el final de este caso también hubiera sido otro. Nunca se sabe”.

 También dice que desde entonces este colectivo ha mejorado en estos conocimientos económicos, y está convencido de que ahora las conclusiones serían muy distintas, pero eso es una teoría que no se podrá demostrar.

Banca Catalana fue creada en marzo de 1959 por Florenci Pujol Brugat, su hijo Jordi Pujol y Francesc Cabana i Vancells, cuñado de Pujol, con la compra de Banca Dorca de Olot. En 1961 trasladó su sede a Barcelona y cambió su nombre por el de Banca Catalana.

En 1984 pasó a manos de un consorcio formado por los grandes bancos españoles. Un año después Banco de Vizcaya se hizo cargo del grupo catalán, e integró más tarde sus activos en la firma vasca, hoy BBVA, haciendo desaparecer la marca de Banca Catalana.

 Ese año, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena presentaron una querella contra directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba Jordi Pujol, por supuesto desvío de fondos y cobro de dividendos cuando el banco estaba en pérdidas, pero no se logró demostrar.

Un libro del periodista Pere Rios, Banca Catalana: caso abierto, escrito en 2015, es el último testimonio de lo que pasó en la entidad."                 (Ángeles González Alconada, Cinco Días, 27/11/17)

22.9.17

El dinero que se llevaron los Pujol

"La justicia ha desempolvado esta semana la quiebra de Banca Catalana, la entidad de la que Jordi Pujol fue consejero ejecutivo de 1974 a 1976 y principal accionista hasta 1982, cuando ya llevaba dos años en la Generalitat. El expresidente negó el miércoles que el origen de su fortuna que investiga la Audiencia Nacional guarde relación con aquella época, pero los informes que redactó entonces el Banco de España certificaron que Pujol y diversos familiares se lucraron como accionistas de la entidad o con operaciones reservadas a los directivos.

Las auditorías del Banco de España tras intervenir Banca Catalana sirvieron de base para la querella que en 1984 presentaron los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra Jordi Pujol y 24 directivos, a los que acusaron de apropiación indebida y falsedad por enriquecerse con el dinero de los clientes y su nefasta gestión.

Aquella querella provocó una enorme seísmo en la sociedad y la política catalana, que Pujol utilizó para culpar al Gobierno de querer laminar la autonomía, primero durante la tramitación de la causa y posteriormente tras su exculpación, por 33 votos a ocho, en noviembre de 1986. Sin embargo, durante el proceso judicial nunca se cuestionó la veracidad de los informes del Banco de España, que detallan el beneficio económico que lograron los Pujol.

El expresidente aseguró en su confesión del 25 de julio de 2014 que el origen de la fortuna era un legado que le dejó su padre Florenci al morir en septiembre de 1980, cuantificado en el equivalente en equivalente en dólares a 140 millones de pesetas (más de 840.000 euros). El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo sostiene, sin embargo, que el enriquecimiento de Pujol al frente de Banca Catalana puede ser el origen de su fortuna, al margen del supuesto cobro de comisiones en su mandato. Estas son las principales operaciones que relató el Banco de España con la documentación entregada por la propia entidad.

Accionista principal. Pujol fue el principal accionista de Banca Catalana de 1973 a 1982. Un año antes tenía 22.749 títulos de la serie A y 76.010 de la de la serie B, que quedaron reducidas a una milésima parte de la noche a la mañana. Para entonces, Pujol ya se había desprendido de las acciones o las había puesto a buen recaudo, según el relato que entonces hizo la fiscalía.

El pago del impuesto de sucesiones con acciones. El 19 de enero de 1982, cuando Pujol llevaba casi dos años en la Generalitat vendió 1.057 acciones de la serie B a HOE SA, una sociedad instrumental para vaciar la caja de Banca Catalana que emplearon los directivos. La hermana del expresidente vendió ese mismo día 1.100 acciones y la madre de ambos, Maria Soley, otros 11.157 títulos. Se les abonó más de 25 millones de pesetas (unos 150.000 euros), que sirvieron para pagar en unos 22 millones de pesetas el impuesto de sucesiones por la transmisión de la herencia del padre Florenci.

 La peculiaridad de la operación es que HOE SA compró las acciones a los Pujol con un crédito de Banca Catalana a sabiendas de que no lo devolverían, pues la sociedad estaba técnicamente quebrada. La fiscalía decía entonces que Pujol era consciente de que el precio de las acciones estaba inflado a causa de la inminente quiebra y que en el mercado libre nunca hubieran podido percibir esa cantidad.
Medio millón de euros en dividendos ilícitos.

El Banco de España certificó también que entre 1974 y 1980, Jordi Pujol percibió 84,3 millones de pesetas (más de medio millón de euros) por dividendos que la fiscalía consideró ilícitos y delictivos, pues Banca Catalana arrastraba pérdidas desde hacía años y no estaba justificado ese reparto. Entre los 13 querellados de entonces que también cobraron esos dividendos ilícitos estaba Francesc Cabana, cuñado de Pujol, que percibió 20,7 millones de pesetas (124.00 euros).

Donación ficticia de acciones. El 14 de mayo de 1982 Pujol donó 22.749 acciones de la serie A y 74.953 acciones de la serie B a la Fundació Catalana, entidad cultural. La donación tenía una condición suspensiva para las acciones de la serie A, porque debían ofrecerse primero a los accionistas. Ese trámite nunca se cumplió, con lo que la donación no se materializó, pero Banca Catalana la dio por buena y lo comunicó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat.

 El Banco de España acabó desenmarañando la operación. La donación fue inscrita por 188 millones de pesetas (1,3 millones de euros), cuando quedaban unos meses para que las acciones se redujeran a una milésima parte tras la quiebra de la entidad. El pasado miércoles el fiscal Bermejo preguntó a Pujol por esa donación, pero el expresidente negó cualquier ilegalidad, la misma versión que describe en sus memorias.

Venta suculenta. La tesis de la fiscalía es que en realidad Pujol conservó la titularidad de esas acciones, que la donación fue ficticia y que cuando al cabo de unos años recuperaron su valor, se acabó desprendiendo de ellas por una gran suma de dinero. Banca Catalana fue comprada el 17 de mayo de 1983 por un grupo de 13 bancos, que encargó al Vizcaya su gestión.

 La comisión de investigación contra la corrupción del Parlament intentó aclarar esa donación y venta y el año pasado reclamó al BBVA, la entidad que absorbió al Banco Vizcaya, las actas de las sesiones de los consejos de administración de Banca Catalana entre 1982 y 1985. El BBVA se negó y argumentó que “albergan frecuentes referencias a personas físicas y contenidos que merecen la calificación de datos de carácter personal”.

Depósitos para familiares. Esta fue una práctica que benefició especialmente a los Pujol y a los directivos de la entidad, que percibieron un interés superior al del mercado y que pudieron recuperar su dinero porque cuando llegó la descapitalización de Banca Catalana ya había recuperado los fondos. Así, Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola suscribieron el 8 de marzo de 1982, dos años después de convertirse en presidente, un depósito a un año de diez millones de pesetas (61.000 euros) a un interés del 13%.

Ferrusola también formalizó otros tres depósitos en las mismas condiciones entre 1981 y 1982 por importe de 3,2 millones de pesetas (casi 20.000 euros). Del mismo modo, la esposa de Pujol contrató otros depósitos con su hermano Josep y la hermana del expresidente hizo lo propio por importe de un millón y medio de pesetas (más de 9.000 euros), unas cantidades que ahora parecen pequeñas, pero que hace más de 30 años no estaban al alcance de la mayoría de la población.

Créditos ficticios a empresas. Otra práctica que benefició a Jordi Pujol y sus familiares fueron los créditos ficticios a clientes, sociedades instrumentales de Banca Catalana o empresas vinculadas a ellos. Como Túneles y Autopistas de Barcelona, de la que fue consejero ejecutivo Jordi Pujol entre 1973 y 1976. O Chasyr 1879 SA, de la que el luego presidente fue administrador entre 1974 y 1978.

O Infraestructuras SA, Laboratorios Martín Cuatrasas y otras. El fiscal preguntó el miércoles al expresident por alguna de estas operaciones y la respuesta fue siempre la misma: negarlo todo e insistir en la tesis de que el origen de la fortuna en Andorra es ajeno por completo a Banca Catalana."            ( , El País, 14/02/16

10.11.15

El 'clan Pujol' es... una 'trama faliliar delictiva', obviamente... o sea, una mafia

"El golpe policial asestado ayer contra los Pujol parte de una premisa: la familia del expresidente catalán ha operado durante décadas como una “trama delictiva”. Los Pujol, según la tesis de los investigadores, han acumulado fondos de origen ilícito en cuentas en el extranjero —sobre todo, en Andorra— que han sido repartidos entre algunos de los siete hermanos. 

 El director de orquesta de esa “caja única” fue Jordi Pujol Ferrusola. Los agentes registraron el domicilio del primogénito y de sus hermanos Pere y Josep, que fueron imputados por blanqueo de capitales.

El mazazo policial más contundente a los Pujol comenzó a las ocho de la mañana y tuvo como escenario principal la casa del expresidente Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola. Los agentes no tenían previsto registrarla. Pero lo hicieron tras comprobar que Jordi Pujol Ferrusola, Júnior, estaba pasando allí unos días: acaba de ser operado de una lesión en el hombro provocada por un accidente de esquí y se recupera en el hogar que le vio crecer. (...)

 La operación se enmarca en la causa abierta contra Jordi Pujol Ferrusola por blanqueo de capitales y fraude fiscal. El caso vio la luz con la denuncia de su exnovia Victoria Álvarez. La mujer explicó que Júnior traía a España “bolsas con billetes de 500 euros” desde Andorra. Las indagaciones posteriores revelaron que el primogénito había recibido hasta ocho millones de euros entre 2004 y 2008 por supuestos trabajos de asesoramiento. 

Los investigadores consideran que esas asesorías no existieron y que se trata, en realidad, de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. Para probar esos pagos, la policía también practicó registros en casas de los empresarios Carles Sumarroca, Carles Vilarrubí, Jaume Ferrer y Luis Delso. (...)

Uno de los documentos de la comisión rogatoria es un manuscrito que Jordi Pujol Soley envió a Andbank en 2001, cuando aún era presidente de la Generalitat. En ese escrito hizo constar que, aunque la cuenta estaba formalmente a nombre de su hijo mayor, el dinero era en realidad suyo. 

Fuentes de la defensa afirman que se trató solo de una estratagema para que la exmujer de Júnior, Mercè Gironés —cuya casa también fue registrada— no estuviera al corriente de la existencia de esas cuentas.

Sea como sea, la operación lanzada este martes por la UDEF entronca con la causa abierta por un juzgado de Barcelona sobre el origen de la fortuna familiar. El 25 de julio de 2014, el exmandatario confesó que su familia mantuvo una cuenta oculta a Hacienda en el extranjero durante 34 años. 

Unos días antes, tanto Marta Ferrusola como cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) habían regularizado las cuentas. Pero eso no impidió que la juez les imputara por fraude fiscal.

Pujol explicó que el dinero —cuatro millones de euros— procede de un “legado” que su padre, Florenci Pujol, dejó a su nuera y a sus siete hijos al morir, en 1980. El primogénito admitió que gestionó e hizo crecer ese patrimonio para sus hermanos hasta el año 2000. La familia, sin embargo, no ha aportado documentos que avalen la tesis de la herencia. La juez cree que el dinero puede proceder de la “corrupción política”, pero no ha podido avanzar en la causa, entre otras cosas, porque en el caso de Barcelona Andorra no ha colaborado. 

Para desatascar el caso y arrojar luz sobre el origen y alcance de la fortuna familiar, la fiscalía ha pedido a la juez que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, lo que previsiblemente ocurrirá en los próximos días. Los fiscales creen que Júnior “dirigió y gestionó durante décadas” los “negocios” de la familia. (...)"              ( /   , El País, Barcelona / Madrid 28 OCT 2015)


"Los Pujol, el caso que empezó hace treinta años.

El ‘espectáculo' –utilizando el término empleado por la vicepresidenta del Govern, Neus Munté– que estamos viviendo los últimos días, con los registros en las sedes de Convergencia Democrática, domicilios de la familia Pujol y empresas vinculadas a financiadores del partido, nos lo podríamos haber ahorrado, seguramente, si la justicia hubiera actuado de forma diferente hace 30 años cuando se inhibió en la querella por el caso Banca Catalana.

En octubre de 1984, el magistrado Ignacio de Lecea tomó declaración al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su domicilio oficial, en la casa dels Canonges, por su papel en la quiebra de aquella entidad bancaria. Medio año antes, Pujol, tras ser reelegido presidente, había salido al balcón de la plaza de Sant Jaume y había lanzado una frase para el recuerdo. 

"Dejadme que os diga una cosa, que es la última vez que la digo pero quiero que quede clara: ¡el Gobierno de Madrid, el Gobierno central concretamente, ha hecho una jugada indigna. Y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos!", gritó.

Dos años más tarde, el Pleno de la Audiencia Nacional se pronunció contra su procesamiento. 33 jueces sobre 41 consideraron que no había motivos para ello. Ni estos jueces, ni los 8 que creían que se le debía procesar, ni los periodistas que informaban del caso, ni ningún político catalán sospechaba que Jordi Pujol -el mismo Jordi Pujol que otorgaba la exclusividad a la hora de dar lecciones de ética- tenía una fortuna no declarada escondida en el extranjero.

Algunos medios de comunicación sí iban denunciando los negocios que los hijos del presidente hacían con la administración que él presidía y con otras gobernadas por su partido. Pocos. Parecía que publicar o hacerse eco de estas denuncias era hacer el juego a los anti-catalanistas. 

Algún periodista que pedía explicaciones sobre los contratos de la Generalidad o de ayuntamientos convergentes con miembros de la estirpe Pujol había escuchado la respuesta indignada de algún funcionario o dirigente de CDC: "¿Es que los hijos de Pujol tienen que marcharse de Cataluña para poder trabajar?". La propia Marta Ferrusola lo comentó en más de una ocasión.

Por los pasillos de la política catalana circulaba el rumor de que Jordi Pujol nombró a un secretario de la Presidencia y le encargó que evitara que sus hijos hicieran negocios turbios con la Generalitat. La historia terminaba con la renuncia del secretario a poner trabas al afán negociador de los jóvenes Pujol, sobre todo del primogénito.

La justicia no pudo detener la carrera política de Jordi Pujol a pesar de su responsabilidad en la crisis y el oscuro final de Banca Catalana. Él mismo no supo o quiso detener el incremento patrimonial de sus hijos gracias a la relación privilegiada que tenían con la administración pública catalana. 

Y la bola fue creciendo. Un buen día de verano de 2014, el ya ex-presidente se descolgó por sorpresa confesando su fortuna oculta en el extranjero. Lo hizo cuando la justicia acorralaba a su familia, tras destaparse que habían regularizado millones de euros que tenían en cuentas andorranas. 

¿Cómo se había acumulado esa fortuna? ¿De dónde habían salido tanto dinero? El ex-presidente explicó, sin documentarlo, que era un legado de su padre que nunca había encontrado el momento de regularizar. Después de hacer exhibicionismo de ética en mayo de 1984 era muy difícil encontrar ese momento, claro.

Nunca es buen momento para según qué cosas. Para registrar domicilios de la familia Pujol, tampoco. Muchos, como la vicepresidenta del Gobierno catalán, ven al Gobierno del PP detrás de las espectaculares acciones judiciales de estos días. Artur Mas se debe aguantar las ganas de salir al balcón de la plaza de Sant Jaume y acusar a Mariano Rajoy de estar detrás de una nueva jugada indigna. La historia se repite.

"¡Somos una nación, somos un pueblo, y con un pueblo no se juega!", dijo también Pujol aquella tarde de 1984.

Si Jordi Pujol hubiera sido apartado de la política por su actuación en el caso Banca Catalana, si hubiera renunciado hace treinta años tras reconocer que había escondido el dinero en el extranjero, si sus hijos no hubieran tenido carta blanca para hacer negocios amparados en el apellido y el partido, ¿habríamos llegado a 2015 con un proceso independentista en marcha y una presidenta del Parlamento lanzando vivas a la República Catalana? 

Quizás sí. Pero seguro que a la cabeza de este movimiento no estaría un presidente, el actual, que se reunía clandestinamente días atrás con Jordi Pujol en casa de un empresario que fue incluido, también, en la querella de Banca Catalana, Joan Martí Mercadal.

La pista del dinero escondido en Andorra por Jordi Pujol sale de su estafa en Banca Catalanaa en banca

"Hace 29 años, la víspera de Navidad de 1986, ocho destacados magistrados de la extinta Audiencia Territorial de Barcelona, pidieron procesar y embargar las cuentas de Jordi Pujol i Soley tras descubrir que supuestamente se había apoderado de al menos 85 millones de las antiguas pesetas (507.000 euros) de la entidad Banca Catalana, S. A. 

Ahora que el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata indaga el origen de la fortuna del clan de los Pujol, fuentes judiciales relacionadas con aquellas pesquisas afirman no albergar dudas de que ahí nace parte de la explicación del dinero escondido en Andorra por esta familia.

El auto, con múltiples detalles, no prosperó ante el voto mayoritario del pleno de la entonces Audiencia Territorial. Uno de los jueces firmantes del auto recuerda hoy las presiones políticas que llegaron, incluso desde Madrid, para que se archivase la causa, a lo que ellos se opusieron, y cuya apertura Pujol enmarcó como un ataque del Estado español a su persona y, por extensión, a Cataluña.

Las diligencias fueron archivadas, pero los ocho magistrados lo tenían claro: en el auto revelan el entramado de sociedades, un total de 27, creadas por Banca Catalana para desviar dinero desde esta entidad a los bolsillos de sus gobernantes, entre ellos Jordi Pujol i Soley. Y cómo estos descapitalizaron la entidad hasta dejarla en la ruina. 

El auto describe el supuesto saqueo, y sitúa al expresidente Pujol como uno de los ideólogos y ejecutores en la sombra de las decisiones que llevaron a la entidad a su posterior quiebra.

Los ochos jueces (el entonces presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Doñate, otros dos presidentes de secciones penales de esa ciudad, José Presencia y Ángel de Prada, y otros cinco magistrados de esta instancia judicial, entre ellos la hoy magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles) dan por sentado que Pujol se incorporó en 1965, con Franco en la jefatura del Estado, "a la dirección de Banca catalana".

Según este auto, este “grupo dirigente” de Banca Catalana tomó decisiones “que nunca fueron plasmadas en documento alguno”, entre ellas, “crear una caja B” en la entidad opaca al fisco. Y desviar desde ella dinero a sociedades ficticias al frente de las cuales colocaron testaferros para conducir el destino de los millones de pesetas desaparecidos (entonces la moneda oficial de España).

 Los ocho jueces sostuvieron que “el señor Pujol i Soley” tenía “un papel esencial en la dirección oficial del banco”, hasta el punto de que fue “su principal impulsor”. Y si bien dimitió como consejero de la entidad el 5 de abril de 1977, mantuvo su condición “de principal accionista hasta la última operación de venta de acciones a la firma HOE, S. A., el 19 de enero de 1982”, así como a "la posterior donación de 96.000 acciones de la entidad a la denominada Fundación Catalana”.

El grupo dirigente de Banca Catalana encabezado por Pujol tomó decisiones en “beneficio propio y de terceros” en detrimento de las arcas del banco. Es decir, en 1968 “constituyó una caja B también conocida en la jerga del banco como Cane o Mon K” que les permitió “tener una doble contabilidad oculta a los accionistas y a las autoridades monetarias”. Para desviar fondos de Banca Catalana a esa caja B, el citado grupo encabezado por Pujol otorgó “numerosos créditos ficticios a favor de personas físicas y jurídicas”. 

Los jueces acreditaron la entrega de al menos 300.000 pesetas a varios testaferros que ayudaron a sacar dinero de Banca Catalana por la puerta trasera. Entre “1974 y 1981”, añade el auto, el grupo dirigente extrajo “la suma total de 78,5 millones de pesetas" (470.000 euros de ahora), un 11 % “de los recursos totales" de la entidad durante "los años 1974/1977", periodo en que era "consejero ejecutivo el señor Pujol i Soley”, subrayaron los ocho magistrados. 

Para sacar dinero de Banca Catalana, el grupo que encabezaba Pujol “creó sucesivamente hasta 27 sociedades instrumentales, con un exiguo capital que ni siquiera fue desembolsado, y cuyos accionistas y administradores eran ordinariamente funcionarios de la propia Banca Catalana”. Por ejemplo, hubo “desvió de importantes fondos de la caja B” para la compra de acciones de “Chasir 1879”, firma en la que Pujol i Soley “era administrador”. 

También salió dinero de Banca Catalana con destino a una sociedad presidida por el padre del expresidente catalán, Florencio Pujol Brugal. Precisamente, Jordi Pujol confesó el pasado enero en un juzgado de Barcelona que su fortuna oculta en Andorra procede de una herencia de 140 millones de pesetas que le dejo su ascendiente y que procedía de sus actividades clandestinas durante el franquismo.

En el auto se añade que "el grupo dirigente" sabía que con sus chanchullos Banca Catalana se estaba “empobreciendo”, y que por eso tuvieron “buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones” ante de que trascendiera su estado contable real. En el auto consta el siguiente hecho: “Pujol vendió 1.057 acciones de la serie B de Banca Catalana a HOE, S. A., el 19 de enero de 1982. 

El precio fue concertado por el aforado, como vendedor [Pujol ya era presidente de la Generalitat], a través del departamento de valores de Banca Catalana, y ello pese a conocer [los dirigentes] que HOE, S. A., a la que se había concedido un crédito para pagar [el importe de las acciones] jamás podría hacer frente a sus obligaciones [al crédito] dado que su situación patrimonial era de -1.714 millones de pesetas”.

Los ocho jueces destacan cómo el citado grupo de Banca Catalana “propuso a la Junta General de Accionistas, durante los ejercicios económicos 1974/1980, un reparto de dividendos por importe de 1.903 millones de pesetas [10,8 millones de euros], de los que Pujol obtuvo 84,3 millones de pesetas [507.000 euros]”, y todo ello pese a la situación de la entidad, que ellos “conocían”. Y añade que, por ejemplo, en 1979, Pujol se repartió 13,9 millones de pesetas en dividendos, “contribuyendo así, de forma singular, a la ruina de la entidad”.

El auto revela toda la trama que urdió el grupo encabezado por Pujol para que las autoridades monetarias ignoraran el estado financiero de la entidad y, de camino, lucrase personalmente con los fondos de la entidad. Fruto de esta gestión (se concedieron casi 15 millones de créditos ficticios a sociedades creadas por ellos mismos y que nunca fueron recuperados porque sus destinatarios “eran absolutamente insolventes”.

 El Fondo Nacional de Garantía de Depósitos bancarios tuvo que hacer frente, con el dinero de todos, a otros 19 millones de pesetas de la época.

Estos ocho jueces exigieron, sin éxito, procesar a Pujol y otras 17 personas por el saqueo de Banca Catalana. Para el jefe del clan pidieron que prestase una fianza de 35.000 millones de pesetas como garantía del desfalco y que le fueran embargadas sus cuentas si no lo hacía. 

La mayoría del pleno de la Audiencia Territorial de Cataluña, la antecesora del actual Tribunal Superior, optó por no seguir investigando a Pujol y cerró el caso. "Es increíble todo lo que sucedió, y las presiones que recayeron sobre el presidente del tribunal para que, como sucedió, se archivase el caso", recuerdan un magistrado que intervino en las deliberaciones.

Las pesquisas que desarrolla ahora el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata, quien recientemente ordenó registros en casa de varios hijos de Pujol, entre ellos el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, acreditan que este cobró a través de sociedades instrumentales 11,5 millones de euros de empresas de la construcción por servicios que nunca se prestaron. 

El juez cree que responden a comisiones a cambio de contratos públicos, y que ese dinero corresponde a todo el clan familiar. "No hay que ir muy lejos para deducir que parte de la fortuna en Andorra de Jordi Pujol padre procede de Banca Catalana; los ocho jueces que firmamos el auto lo vimos muy claro", añaden las citadas fuentes judiciales."         (   , El País,  10 NOV 2015)

5.11.15

El arma secreta de Jordi Pujol: informes secretos de toda la corrupción española que encargó durante años

"El Gobierno y los centros de poder han entrado en pánico ante la posibilidad de que Jordi Pujol haga uso de los dossiers que guarda si los miembros del Clan Pujol pisan la cárcel. 

El ex president de la Generalitat dispuso de un servicio de inteligencia conocido como los “Pata Negra” formado por ex agentes del entonces CESID que elaboraron informes durante años sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. La filtración de los dossiers haría tambalearse la democracia.

El ex molt honorable, Jordi Pujol, ya hizo un amago durante su comparecencia en el Parlament catalán, el 25 de septiembre de 2014, cuando al ser interpelado sobre el origen de su fortuna que atribuía a la herencia de su padre, y ante las dudas de algunos diputados, manifestó que si ponía en marcha el ventilador se iba a armar gorda.

Lo que pocos conocen, pero sí el Gobierno Rajoy, la oposición y los centros de poder, es que tras el escándalo de Banca Catalana, Pujol lo tuvo claro. Logró que los miembros del tribunal que le juzgaba fueran convenientemente tocados. Sorprendentemente salió absuelto.

El Gobierno de Felipe González había ordenado a los fiscales que dejaran en paz al molt honorable. Y ahora que uno de los fiscales, Villarejo, no tiene inconveniente en airear la orden que le dieron, debemos recordar el párrafo de Salvador Sostres en “El Mundo” contando cómo se enterró el caso Banca Catalana:

“Piqué Vidal hizo una lista de los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona que tenían que decidir si procesaban o no a Pujol y visitó uno a uno a los que calculaba que estaban más dispuestos a dejarse convencer. Y a cada uno de ellos les hizo una oferta que no pudieron rechazar”.

Jordi Pujol salió libre del caso de Banca Catalana después de que fueran visitados los 41 magistrados de la Audiencia de Barcelona

“No una oferta genérica -prosigue Sostres- sino perfectamente personalizada: ayudas al hijo yonqui, el puesto de trabajo de la esposa con problemas, cantidades económicas para las situaciones desesperadas, etcétera. Todo ello, naturalmente, con cargo al erario público. Un día antes de la votación, en 1986, Piqué Vidal estuvo en condiciones de anunciarle a Pujol: ‘Presidente, ganaréis por 33 a 8’, que fue exactamente el resultado de la votación del día siguiente”.

Se investigó las debilidades de los magistrados

Por supuesto que para llegar a cambiar la voluntad de 33 jueces hubo una minuciosa labor de inteligencia que investigó las debilidades de cada uno de los magistrados.

A partir de esa experiencia y para extender el control a jueces, fiscales, políticos, empresarios y otras personalidades, desde la Generalidad Pujol montó un servicio secreto de agentes conocidos como los “Pata Negra”.

Algunos de ellos eran agentes de la “antena” (oficina) del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) en Barcelona, que en su momento fueron utilizados por el ministro de Defensa Eduardo Serra para investigar las andanzas de Javier de la Rosa, entre otras misiones impropias.

CiU exigió desmontar la “Antena” del CESID para apoyar la investidura de Aznar en 1996

Parte de los agentes pasaron al servicio de Pujol cuando se desmontó la “antena” del CESID en Cataluña, una de las exigencias de CiU para apoyar la investidura de José María Aznar en 1996 tras ganarle las elecciones a Felipe González, pero sin mayoría absoluta.

En estos días la sociedad española comprueba como el escándalo Pujol es tratado con algodones por jueces, fiscales y el propio Gobierno que no se atreve a que el ex-molt honorable pase la pena del telediario.

Orden de no detener al Clan Pujol

En el despliegue policial del pasado martes los doscientos agentes que intervinieron en los registros de las viviendas y oficinas del Clan Pujol en Barcelona debían tener sumo cuidado. Habían recibido órdenes taxativas de no realizar ninguna detención, fueran cuales fueran los resultados de los registros.

Incluso cuando acudieron al domicilio del matrimonio Pujol-Ferrusola donde se encontraba convaleciente de una operación quirúrgica en el hombro el hijo mayor, las indicaciones eran muy precisas: sólo debían acceder a la habitación de Jordi junior. No podían buscar pruebas en otras dependencias de la vivienda.

La explicación es sencilla: el Gobierno tiene miedo de enfadar a Jordi Pujol y que empiece a tirar de los dossiers elaborados por los “Pata Negra” y salgan a relucir decenas y decenas de escándalos.

Parece que las visitas de Artur Mas a don Jordi guardan relación con la estrategia sobre dichos dossiers que, aseguran fuentes conocedoras de los mismos, recogen pormenorizadas informaciones sobre las redes de corrupción, escándalos y sus ramificaciones en todo el Estado español. Dossiers que, de hacerse públicos, harían tambalearse la democracia.

La información es poder

Se confirma, una vez más, que la información es poder. Si Soraya Sáenz de Santamaría es tan poderosa, intocable por los Medios escritos y respetada por la clase política, se debe a la información que el servicio secreto, que todo lo escucha y todo lo ve, le ha proporcionado en estos cuatro años que lleva como jefa de los espías.

Pujol lleva más de treinta años acumulando informes, muchos de infarto y sorprendentes. De ahí el pánico del poder a que se mosquee y ponga en marcha el ventilador para salvar al clan de la cárcel."                   (Somatemps, 01/11/15)

13.7.15

El patrimonio de los Pujol se empezó a forjarse con Banca Catalana

"El periodista de El País, Pere Ríos (Sant Boi de Llobregat, 1962) ha tenido acceso al sumario de la querella que presentaron en 1984 los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra Jordi Pujol y otros directivos de Banca Catalana. A partir de esta información y con entrevistas a varios protagonistas de aquel caso, Ríos ha escrito el libro “Banca Catalana: caso abierto” (Ediciones Península) que lleva un subtítulo que ya avanza la tesis del libro: “Lo que no se contó del escándalo que enriqueció a Jordi Pujol”.

- El libro lo empezó a escribir antes de la confesión de Jordi Pujol. ¿Hacía tiempo que tenía la idea en la cabeza?

Después de hacer información de Tribunales en El País y ahora en la sección de Política desde hace cuatro años, la idea que me movió a escribir el libro es que tenía la sensación de que la idea que había quedado en la sociedad catalana sobre el caso Banca Catalana no se correspondía realmente con lo que había pasado.

 En la sociedad catalana cuajó, y mucho, el discurso que hizo Jordi Pujol con un tono victimista y una patrimonialización del poder. El discurso pujolista de que Banca Catalana fue una jugada del poder, una jugada indigna dijo, y de que el Gobierno del PSOE le quería poner en prisión, y que él no sacó ningún beneficio ni ganancia de Banca Catalana. Creo que esto no se ajustaba a la realidad, pero no podía ser una intuición, necesito datos empíricos y documentos que demuestren que esto no es así.

Empecé a hacer entrevistas con gente y vi que iba por el buen camino. Conseguí el sumario y comprobé que en él esto se explicaba muy claramente en los informes hechos por los inspectores del Banco de España, que nadie cuestionó nunca, y que demuestran con datos el enriquecimiento de Jordi Pujol.

- La tesis del libro es clara: el patrimonio de los Pujol se empezó a forjar con Banca Catalana. ¿Ve posible que esto se pueda demostrar?

Establecer la relación entre el enriquecimiento de Pujol en Banca Catalana y el origen ilícito de su fortuna no me parece nada osado. No será que el supuesto legado o deja no existe, como dice su propio cuñado Francesc Cabana, y que el dinero venía de otro lugar. ¿No podía ser que el dinero viniera de Banca Catalana? 

Yo creo que esto es una sospecha que existe. Desvincular el inicio del enriquecimiento de Pujol de Banca Catalana me parece una estupidez. Jordi Pujol lo tiene muy fácil para demostrar el origen del dinero y es ordenar el levantamiento del secreto bancario y comprobar de donde provienen aquellas cuentas bancarias que se descubrieron.

- Los fiscales que llevaron el caso, José Maria Mena y Carlos Jiménez Villarejo, tuvieron que soportar el rechazo de Pujol y el pujolismo.

La confesión de Jordi Pujol marca un punto de inflexión y empieza a cambiar la historia, o como mínimo el discurso histórico, en el sentido que Mena y Villarejo fueron satanizados por muchas instituciones catalanas. En el libro se explica el rechazo que expresó Jordi Pujol cuando les nombraron Fiscales Jefe de Catalunya en diferentes épocas y como los ignoró por completo. Yo creo que el libro es un ejercicio de memoria histórica para dejar en buen lugar a los fiscales que sólo se dedicaron a hacer su trabajo. 

Ellos pensaban que todo el mundo era igual ante la ley y por eso pensaron que no podían mirar hacia otra lado y que tenían que actuar como Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. Los fiscales si que estuvieron a la altura de lo que requerían aquellos tiempos. Los jueces de la Audiencia Territorial no estuvieron a la altura.

- Explica en el libro que Pujol cobró 84 millones de pesetas en dividendos ilícitos entre los años 1974 y 1980.

Así lo dicen los informes del Banco de España elaborados a partir de la contabilidad de Banca Catalana, no de datos inventados, y nadie los cuestionó nunca, ni la defensa ni el tribunal que analizó el caso de Jordi Pujol. Otra cosa es que la defensa consideró que esto era una cuestión civil y no penal, y que no era delito. 

Pujol era el principal accionista de Banca Catalana, y entre 1974 y 1980 cobró un total de 84 millones de pesetas, que equivaldría ahora a 4 millones de euros. Es una cifra escandalosa, y por este motivo pienso que establecer una relación entre el origen de la fortuna y el enriquecimiento de Banca Catalana no me parece nada osado ni nada suicida.

 Esta sólo es una de las cifras, hay otras. Jordi Pujol, su hermana Maria y la madre de ambos pagaron el impuesto de sucesiones (22 millones de pesetas) con dinero de Banca Catalana, de una sociedad instrumental que crearon para pagar la caja B y que se les compró unas acciones que en aquel momento nadie se las hubiera comprado sabiendo que aquel dinero, con el cual compraron las acciones, eran de un crédito de una sociedad en quiebra y que no podían devolver.

- Cuando Jordi Pujol ya era presidente de la Generalitat seguía siendo el principal accionista de Banca Catalana, según argumentaban los fiscales en la querella.

A alguien se le ocurre que el presidente de la Comunidad de Madrid fuera el principal accionista de Caja Madrid o de otra entidad bancaria, o bien que Susana Díaz fuera la principal accionista de un banco. 

¿Nos quedaríamos todos igual de tranquilos? Efectivamente aquello fue un verdadero escándalo que él esconde en sus memorias y que los informes del Banco de España explican: Jordi Pujol en mayo del 1982 era el principal accionista de Banca Catalana, con cerca del 10%, con unas 90.000 acciones. Él se gastó, en teoría, de aquellas acciones, y este es uno de los puntos oscuros que quedan y que él contribuiría a aclarar si lo explicara. Es muy preocupante que el BBVA, que es donde está ahora integrado el Banco Vizcaya, niegue al Parlament las actas de Banca Catalana, entre 1982 y 1986, para poder acceder a esta información.

 La comisión del caso Pujol ha pedido estos datos. Cómo es posible que este banco niegue las actas de Banca Catalana, ¿que tiene que esconder? Mi tesis, que no puedo probar, es que Pujol hizo una donación tramposa de las acciones, pero él siguió manteniendo la titularidad de las acciones.

- Un caso así trasladado a la actualidad, con otro Código Penal y con una visión social de la corrupción más sensibilizada, ¿sería muy diferente?

Pienso que sería absolutamente diferente por varias razones: una porque la sociedad ha cambiado afortunadamente y ahora estamos hablando del caso Banca Catalana y estamos descubriendo cosas nuevas a partir de la confesión de Jordi Pujol, lo cual demuestra la impostura que mantuvo.

 En segundo lugar, porque creo que la respuesta judicial sería diferente porque ya se han producido otros casos y sería un escándalo que los jueces no se miraran el sumario. Y tres, porque ya ha habido precedentes de condenas, como el caso de Mario Conde y Javier De Rosa que entró en prisión por delitos de cuello blanco. Hoy sería intolerable que los jueces actuaran así, no digo que fuera imposible, pero seria bastante intolerable, y la presión social que ellos mismos tendrían les haría actuar de otro modo.

- Ahora que se habla tanto de la caja B que tendría el PP, según la querella de los fiscales Banca Catalana también tendría su particular caja B....

Pienso que es un poco frívolo argumentar, como hacen en el libro algunos de los entrevistados, que todos los bancos lo hacían. Se dice que todo el mundo lo hacía y cuando han enganchado a alguien del PP que tenía una caja B se considera que es delito. Lo más grave de la caja B es como se desvió el dinero, concretamente entre 1974 y 1981, se desviaron 83.715 millones de pesetas a través de la creación de sociedades instrumentales para desviar este dinero. 

Una cantidad que suponía hasta el 11% de los fondos de la entidad. Son sociedades que ellos crean, ajenas a todo el control de la Junta de Accionistas y del Banco de España. Una vez han desviado el dinero la nutren a través de créditos ficticios y cuando tienen una contabilidad opaca al margen de la junta de accionistas y de los mecanismos de control es cuando lo utilizan en beneficio propio. 

Ellos dicen que todo el mundo tenía sociedades instrumentales, nadie lo discute que todo el mundo las tiene, pero lo que no puede ser es que las sociedades instrumentales que utilizas para desviar el dinero de la caja B no estén reflejadas en los libros de contabilidad.

- La gestión de Banca Catalana también provocó discrepancias entre Pujol y su cuñado, Francesc Cabana. ¿Sabe muchas cosas de lo que pasó y está protegiendo al ex presidente?

Aquí hay dos personas fundamentales que no hablarán. Son Francesc Cabana y Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia Pujol. Cabana es la persona que conoce mejor que nadie la historia de Banca Catalana desde su nacimiento en 1958 con la compra de la Banca Dorca.

 Es la persona que administra el patrimonio de la familia cuando Pujol es encarcelado por los Fets del Palau, y es la persona que mejor conoce lo que pasó. Cabana tiene discrepancias con Jordi Pujol, pero por encima de todo guardará su secreto. Yo sí que me lo creo cuando Cabana dice que él no se enriqueció con Banca Catalana, cuando explica que todo lo que ganaba lo volvía a invertir. Pero también cobró dividendos ilícitos y esto también es delictivo.

- Y el papel del asesor Sánchez Carreté también es clave en este caso....

Es otro personaje mucho más turbio. Es el asesor fiscal de la familia Pujol hasta el año 83 y conoce como nadie todas las argucias legales para camuflar el dinero. Sánchez Carreté no tenemos que olvidar que es un delincuente fiscal porque ha sido condenado en dos ocasiones e indultado por el gobierno del PSOE, seguramente por su relación con el dirigente de Unió, Josep Sánchez Llibre. Carreté es el señor que mejor conoce los secretos y no tengo ninguna duda de que será fiel a sus amos y seguirá guardando silencio.


- De los 41 magistrados que formaban el pleno de la Audiencia Territorial, tan sólo 8 votaron a favor de procesar a Jordi Pujol. Algunos de estos magistrados que ha entrevistado afirman que la mayoría no se estudió el sumario.

Es absolutamente escandaloso e intolerable que los jueces miraran el techo en vez de mirar el sumario. Los jueces iban con una posición predeterminada a favor de la exculpación de Jordi Pujol. El entonces abogado de Pujol, Joan Piqué Vidal, jugó muy bien sus cartas e influyó mucho en el tribunal. 

Hubo 8 jueces que votaron a favor del procesamiento y 33 que votaron a favor de la exculpación. Sorprende mucho la aplicación que hicieron estos jueces del Código Penal, teniendo en cuenta que en aquel momento se trataba simplemente de procesar a Jordi Pujol, que quiere decir seguir investigando y si llega el caso sentarlo en el banquillo de los acusados. ¡No se estaba discutiendo si iba a prisión! 

Lo más importante es que el Código Penal de la época si que servía para haber condenado y procesado a Pujol llegado el caso, pero ellos dijeron que no, que no figuraba en el Código Penal. Esto es falso, porque el mismo código sí que sirvió después para condenar a Mario Conde por el caso Banesto.

- El libro también desmiente la tesis explicada durante muchos años de que fue el Gobierno del PSOE el principal impulsor de la querella....

En el libro el ex ministro de Justicia en aquella época con Felipe González, Fernando Ledesma, explica claramente que el gobierno del PSOE respiró tranquilo cuando se exculpó a Jordi Pujol.

- ¿La confesión de Pujol también ha servido para romper muchos mitos sobre la intencionalidad política de la querella?

El caso Banca Catalana es el inicio, ya no de una revisión histórica, pero si de una manera de entender lo que pasó. El detonante de todo esto es la confesión del ex presidente de la Generalitat. Él mismo hace caer el mito y la figura que había construido y a partir de aquí es más fácil que se empiecen a escribir libros como este, a pesar de que había empezado a escribirlo antes. 

Y es más fácil empezar a repensar si todo aquello que nos habían explicado durante tanto tiempo era realmente así o es una falsedad y impostura que compró la sociedad catalana. Es muy saludable y edificante que la sociedad se vuelva a plantear si realmente no ha sido engañada durante tanto tiempo por una concepción patrimonialista del poder.

- Si el caso Banca Catalana hubiera acabado de otro modo, con un procesamiento de Jordi Pujol, ¿la historia política de Catalunya sería diferente?

No tengo ninguna duda de que la historia política de Catalunya hubiera podido cambiar si Jordi Pujol hubiese sido procesado. Él mismo dice en sus memorias que si hubiese sido procesado entonces hubiera dimitido y que ya tenía pensado el nombre de su sustituto y que no lo dirá nunca. 

El procesamiento del entonces presidente de la Generalitat habría cambiado a buen seguro el rumbo de la historia catalana reciente. También es verdad que el no procesamiento pesó como una losa durante muchos y muchos años en la política catalana. Él patrimonializó la querella, y convirtió lo que era una querella personal en una querella contra Catalunya y esto es intolerable. ¿A alguien se le ocurre que una querella contra el presidente de La Rioja o contra el presidente de la Comunidad de Madrid sea una querella contra los madrileños?

 Este discurso cuajó en la sociedad catalana, Pujol usó todos sus medios del poder para extender este discurso, incluso los medios, y así vino la época que vino por la incapacidad de la izquierda de crear una alternativa y un discurso, seguramente en parte por un complejo de culpa que tenía, ya que acabó asumiendo el discurso de que habían sido ellos los impulsores de la querella.

- Mena dice en el prólogo del libro que fueron “escasas las voces críticas” con la identificación que hizo Pujol de la querella con Catalunya, con “pocos periodistas” críticos señala.

El periodismo de aquel momento fue sumiso al poder. Unos porque estaban subvencionados, otros porque eran medios públicos. El periodismo de aquel momento fue tolerante con las prácticas corruptas, cuando menos con el caso Banca Catalana miró hacia otro lado. Y quiero romper una lanza a favor del diario El País que se quedó muy solo en Catalunya y en España publicando las informaciones que estaba aportando la Fiscalía y que estaba llevando a la justicia.

- ¿Hubo represalias por parte del pujolismo contra periodistas que se atrevieron a investigar el caso?

Sin duda. Hay el caso del periodista Enric González, que estaba a punto de ser contratado por TV3 y el día que iba a firmar el contrato el entonces secretario de la Presidencia, Lluís Prenafeta, llamó y no se le contrató. Y este periodista quedó marcado. Los periodistas que se atrevieron a hacer una información diferente de la que quería el poder quedaron marcados.

 Y quiero señalar el caso de Xavier Vidal-Folch, que después fue director adjunto de El País, a Andreu Missé, gran corresponsal en Bruselas y muy buen periodista, y otros como Jaume Reixach y Siscu Baiges. Se crearon listas de periodistas marcados de por vida. Pocos, porque fueron pocos los que se atrevieron a cuestionar el discurso oficial, pero efectivamente se hicieron listas de periodistas marcados por el poder del pujolismo.

- También entrevista en el libro a Joan Piqué Vidal, el abogado de Pujol durante aquel proceso. Explica que era conocido por hacer buenas ‘relaciones públicas’ con los jueces....

Joan Piqué Vidal tenía una gran ascendencia sobre muchos de los magistrados. De hecho, uno de ellos que pide el anonimato explica la leyenda urbana que corría de que fue a su despacho a ofrecerle planos de pisos. Cómo dice el padre del ex fiscal Mena “los jueces no se compran, se regalan”. 

Yo no creo que a los jueces los compraran, pienso que tuvieron una actitud servil, de sumisión al poder político, porque consideraron, con un argumento estúpido, que estaban siendo utilizados para una batalla política. Escuche, usted es juez y lo que tiene que hacer es mirar los papeles y decidir, mirarse las pruebas. Lo que es intolerable es que la mayoría de los jueces no se miraran el sumario.

- Finalmente, ¿cree que la comisión de investigación en el Parlament sobre el caso Pujol servirá de algo o quedará como un gran espectáculo que no sirve de nada?

La comisión servirá de muy poco en la práctica, pero coincido con el razonamiento del presidente de la comisión, el diputado de la CUP David Fernández, de que si sólo sirviera para cambiar el funcionamiento y el reglamento de las comisiones de investigación ya serviría para algo.

 Más allá del espectáculo mediático esto puede servir para remover ciertas ideas y para remover el caso de Banca Catalana, pero si ni los diputados tienen acceso al sumario porque la ley protege el acceso, si ni el BBVA facilita información porque invoca al secreto bancario y seguimos manteniendo este magma de silencio sobre el caso, pues mal. Pienso que ya ha llegado el momento de levantar alfombras y abrir ventanas."          (Una entrevista de Enric Arqués e-notícies, 17/04/2015)

30.6.15

Ciudadanos contra la corrupción

 "Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. 

Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.

González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos.

 Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro.

 “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.

Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”. (...)

las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. 

El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.

Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). 

En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. 

Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.

Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”. (...)

Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana.

 A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.

Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca.

 “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad. (...)

Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores.

 En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.

La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva.

 Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros."         ( , La Marea, 23/02/2015)

9.4.15

El abogado de Pujol en el 'caso Banca Catalana' acepta un año de cárcel por blanquear dinero del narcotráfico

"El ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, imputado por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, ya fue más que salpicado por el escándalo en los años 80, cuando también estuvo imputado, en relación al caso de Banca Catalana.

 Para ese caso, contó con la representación de un prestigioso penalista de la época, Joan Piqué Vidal. Que luego ha tenido problemas judiciales aun más graves que Pujol. Hasta el punto de ser condenado por colaborar con el narcotráfico mexicano.

Piqué Vidal ha recibido una condena de un año de cárcel por el 'caso Tacos', que arrancó hace diez años. Vidal se ha declarado culpable de blanquear dinero para el cártel de Sinaloa, aceptando así la condena de un año de prisión que pidió finalmente la Fiscal, que al inicio de la vista solicitaba una pena mucho más dura, de nueve años de cárcel. El resto de imputados vieron como sus penas se rebajaban de seis años a seis meses.

Las penas inferiores a los dos años no suelen comportar en España ingreso en prisión -si no hay antecedentes penales previos-, aunque en los últimos años los tribunales están ordenando cárcel en ocasiones para penas menores, en casos especialmente mediáticos

Sin embargo, este no es el caso de Piqué Vidal, que ya fue condenado en 2007 a siete años de prisión por prevaricación, soborno y detención ilegal junto al ex juez Lluís Pascual Estevill, ambos cercanos a CDC.

Según algunas interpretaciones y especulaciones, la extraordinaria rebaja en las peticiones de cárcel podría deberse a algún pacto entre bastidores por el que Piqué Vidal, que ha sido abogado de nombres muy destacados en la política y la economía de las últimas décadas, podría haber aportado a la Fiscalia las claves para juzgar a algún peso pesado."             (Crónica Global, 29/03/2015)

26.3.15

"Pujol se llevó más de 84 millones de pesetas de Banca Catalana"... que hoy serían 4 millones de euros

"(...)  A partir de la revisión del sumario y de entrevistas con los protagonistas del caso, Ríos concluye que Pujol se enriqueció con el banco que llevó a la bancarrota y a la ruina a miles de familias catalanas.

Ríos empezó a trabajar en el libro antes de la confesión del expresidente. "No es que tenga una bola de cristal. Tenía la sospecha que del caso Banca Catalana quedó una versión de los hechos que no acababa de encajar", dijo el autor ayer en la presentación del libro, abarrotada por el público.

Ríos, que estuvo acompañado por los dos fiscales del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, definió el hundimiento de Banca Catalana como "el primer rescate de la democracia", una bancarrota que costó al Estado 345.000 millones de pesetas. En el camino, Pujol y su familia se enriquecieron a costa del banco.

El periodista explica cómo el expresidente cobró 84 millones en dividendos ilícitos, cantidad que extrapolada a 2015 serían 4 millones de euros; y cómo la familia vendió unas acciones a una sociedad instrumental para cobrar 25 millones, con los que sufragaron el impuesto de sucesiones. "No es cierto que no le interese el dinero, ganó mucho, y él no se arruinó", concluyó el autor.

El periodista también desmiente en su obra que el Gobierno de Felipe González maniobrara para querellarse contra Pujol para acabar con su carrera política, una tesis que extendió el expresidente cuando, al conocer la acción de los fiscales, salió al balcón de la Generalitat a denunciar que el Ejecutivo había hecho "una jugada indigna". El ministro de Justicia de la época, Fernando Ledesma, explica a Ríos cómo le mostró al fiscal general del Estado su disconformidad con la querella. (...)"       (   , El País, Barcelona 24 MAR 2015)

"El ex fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, ha afirmado durante la presentación del libro 'Banca Catalana: caso abierto' (Ediciones Península) del periodista Pedro Ríos, que el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, "se llevó más de 84 millones de pesetas en concepto de dividendos ilícitos".

Villarejo también ha recordado la decisión del tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona que en noviembre de 1986 archivó la causa abierta contra Pujol, afirmando que los 33 magistrados que votaron a favor del archivamiento "decidieron mirar hacia otra parte, por razones no jurídicas".

Quien fue uno de los impulsores de la querella contra Pujol por el caso Banca Catalana ha asegurado que "no hubo ningún tipo de intervención por parte del Ejecutivo del PSOE a la hora de tirar adelante la querella". "Trabajamos con plena libertad durante todo el proceso", ha subrayado.

El ex fiscal anticorrupción ha calificado al ex presidente catalán como "un gran impostor", comparándolo con quién fue presidente de la Amical Mauthausen, Enric Marco, que se hizo pasar por una víctima de un campo de concentración cuando nunca estuvo ahí.

El otra fiscal que impulsó la querella junto con Villarejo, José María Mena, ha dicho que "hubo enriquecimiento posterior de Pujol y su familia" con Banca Catalana, añadiendo que "el argumento de los 33 magistrados desde el punto de vista técnico y jurídico no se sostiene ".

Por su parte, el autor del libro, Pedro Ríos, aseguró que "no es un libro contra ninguna persona, ningún partido ni ninguna idea", señalando que es "para recuperar la memoria". En este sentido, ha manifestado que "Pujol se enriqueció con Banca Catalana, y no se arruinó como miles y miles de ciudadanos".        (e-notícies, 23/03/2015)

13.3.15

Panorama de la corrupción en Catalunya (1990-2014)... del pujolismo, al clan Pujol

"Alguien que hubiera escuchado solo la sesión matutina del debate de Política General de ayer habría llegado a la conclusión de que la corrupción no existe en Cataluña”. Así titulaba un diario de Barcelona el 27 de septiembre de 2013 el clima que se respiró el día anterior en el Parlament de Catalunya durante un debate de política general. El contexto actual no es exactamente el mismo.

Sobre todo, desde la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol el 25 de Julio de 2014 (1) sobre su actividad defraudatoria desde 1980 y la causa penal incoada contra el mismo, Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos.

 Cómo, ciertamente, es de extraordinaria trascendencia, más allá de sus resultados, la constitución de la Comisión de Investigación en el Parlament sobre el fraude fiscal y la corrupción política, mas conocida como Comisión del “caso Pujol”.

Precisamente ante estos hechos y la realidad creciente de la corrupción, consideramos necesario hacer un balance judicial (2) de la misma para ilustrar a la ciudadanía, balance siempre cambiante que ofrece una imagen aproximada de conductas que, si bien no están explicitadas, reflejan a un tiempo abuso de poder, una completa ausencia de ética pública y, cuando concurre, una desmedida codicia.

Nos parece oportuno referirnos a ciertos antecedentes, necesarios para comprender el tratamiento institucional de apoyo que el Gobierno del Estado (PSOE) prestó a la corrupción de los gobiernos de Pujol.

1.- Lluís Prenafeta, investigado por la Fiscalía en 1990 por razón de su incompatibilidad, como consejero de Iberia de Seguros, con el cargo de Secretario General de Presidencia, asesorado por Piqué Vidal. El fiscal general del Estado prohibió el ejercicio de acciones penales. Denunciado por particulares ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el caso, con el asesoramiento del letrado Piqué Vidal, fue archivado por el juez Pascual Estevill.

2.- En el caso Caric (Comisión de Ayuda a la Reconversión industrial de Catalunya), investigada por la Fiscalía, por un delito de malversación de caudales públicos, el fiscal general prohibió el ejercicio de acciones penales contra los responsables del mismo, que entre otros, eran once consejeros de los gobiernos de Pujol.

3.- Proceso contra Lluís Pascual Estevill y Joan Piqué Vidal y otros por delitos de detención ilegal, cohecho y otros. Causa penal 76/1996 del TSJC. Sentencia condenatoria firme.

4.- Proceso por la trama de corrupción y fraude fiscal en la Delegación de Hacienda de Barcelona. Diligencias Previas 4566/1999 del Juzgado de Instrucción nº 33 de Barcelona. Sentencia condenatoria firme. Por delitos, fundamentalmente, de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Los condenados fueron José Mª Huguet, Juan José Folqui, José Luis Nuñez Navarro y José Luis Núñez Clemente, Sanchez Carreté, Eduardo Bueno y otros.

5.- Proceso y condena, ya firme, en el caso Turisme de Catalunya (Unió Democrática de Cataluña). P. A. 468/2003 del Juzgado de Instrucción nº 11 de Barcelona. Delito de malversación de caudales públicos

6.- Proceso por el caso Adigsa (CiU). Diligencias Previas 5864/2005 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Barcelona. Formulada acusación fiscal por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

7.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Pallerols. Diligencias Previas 1219/1999 del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona. Unió Democrática de Catalunya fue condenada como “partícipe a título lucrativo” (al igual que de lo que están acusados el PP en Gurtel y CDC en el caso Palau de la Música). Delitos de Fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

8.- Proceso y condena, ya firme, por el caso Ferrocarrils de la Generalitat. Diligencias Previas 2340/2007 del Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona. Delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

9. -Proceso por el expolio del Palau de la Música, pendiente de juicio oral. Contra Félix Millet, Jordi Montull, Daniel Osácar y Jaume Camps (CDC) y otros. Diligencias Previas 3360/2009 del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona. Embargo judicial de la sede principal de Convergencia Democrática de Catalunya en tanto que “partícipe a título lucrativo”. 

Pendiente de juicio oral. “La financiación ilícita de Convergència Democràctica de Catalunya, pues se ha podido vincular importantes cantidades satisfechas aparentemente como aportación al Palau por la contratista Ferrovial con porcentajes de comisión en la adjudicación de obras públicas muy significativas del gobierno autonómico a dicha entidad cuando estaba ejercido por responsables de CiU, coalición en la que se integra CDC (construcción de la Ciudad de la Justicia, Línea 9 del metro de Barcelona, y algunas adjudicaciones de menor entidad)”.  (3) Pendiente de juicio oral.

10.- El proceso contra el exalcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramanet, Prenafeta y Alavedra y otros por el caso “Pretoria”. Diligencias Previas 372/2009 del Juzgado Central nº 5. Formulada acusación fiscal contra los exconsejeros de Pujol por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

11.- Proceso contra responsables de la “Operación Mercurio” (PSC). Diligencias Previas 470/2010 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Sabadell. En fase de instrucción. Delitos urbanísticos y de corrupción y, además, una Pieza separada contra altos cargos del PSC por la percepción presuntamente irregular de “sobresueldos” en tanto que miembros de la Federació de Municipis de Catalunya.

12.- Proceso por el intento fraudulento de construcción de un hotel junto al Palau de la Música. Diligencias Previas 2613/2010 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona. Dictada Sentencia condenatoria contra Félix Millet y Jordi Montull −por un delito de tráfico de influencias− y absolutoria respecto altos cargos del PSC del Ayuntamiento de Barcelona.

13.- Proceso, en fase de instrucción, por el caso Innova, contra exaltos cargos del Departament de Salut en el actual Gobierno de CiU. Diligencias Previas 121/2012, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus, contra José Prat Doménech, Carles Manté Fors y José Miguel Pérez Segura (PSC), exalcalde de Reus. Por delitos, entre otros, de prevaricación y malversación de caudales públicos.

14.- Proceso contra Assumpta Escarp, concejal del Ayuntamiento de Barcelona (PSC) y otros. Diligencias Previas 940/2012. Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona. Delito contra la ordenación del territorio. Formulada acusación fiscal, pendiente de juicio oral.

15.- Proceso contra altos cargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Diligencias Previas 1334/2013 del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona. Formulada acusación por el Ministerio Fiscal por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Josep Mª Matas y Francesc Xavier Solà (CiU).

16.- Proceso contra el diputado de CiU Xavier Crespo y otros por la relación con la mafia rusa. Querella 2/2013 del TSJC. Formulada acusación fiscal por los delitos de prevaricación y cohecho.

17.- Proceso contra el Diputado del PSC Daniel Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos. Causa penal 4/2013 del TSJC. Delito de tráfico de influencias. Juicio oral celebrado, pendiente de sentencia.

18.- Proceso contra la diputada del PSC Montserrat Capdevila. Por un delito de malversación de caudales públicos. Causa Penal 6/2014 del TSJC.

Las causas contra la familia Pujol:

19.- Juzgado Central nº 5. Diligencias Previas 141/2012, contra Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés Riera por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

20.- Juzgado Central nº 1. Diligencias Previas 78/2014, contra Oleguer Pujol Ferrusola por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

21.- Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona. Procedimiento Jurado 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola y otros por cohecho y falsedad (Caso ITV).

22.- Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona. Diligencias Previas 3163/2014, contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós y Jordi, Marta, Pere y Mireia Pujol Ferrusola por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Y, además de todo esto, están los catalanes de las clases económicamente dominantes, mas los políticos poderosos, que evaden su riqueza para ocultarla en los paraísos fiscales que, antes y después de la lista Falciani, se extienden impunemente por todo el planeta, con inclusión de la Unión Europea, como Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra o Suiza. 

Todos ellos, solo hacen que perjudicar gravemente a sus conciudadanos en cuanto les privan del capital necesario para distribuirlo equitativamente entre el conjunto de la población, impidiendo dolosamente el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos mas justos y mas necesitados.

P.S. En primer lugar, dejar constancia de que no pretende ser exhaustivo pues el acceso a las fuentes no siempre es fácil. Se incluyen los fraudes fiscales, particularmente los cometidos desde el ejercicio de la función pública, en cuanto representan un beneficio económico ilegal en perjuicio de los intereses generales, y los delitos urbanísticos en cuanto expresan un abuso de poder en perjuicio del interés público. (...)"        (Carlos Jiménez Villarejo , Ex fiscal Anticorrupción, La Lamentable, 22/02/2015)