Almeida está siendo investigado por una presunta estafa vinculada a la Iglesia. Se trata de una trama inmobiliaria relacionada con la venta de dos fundaciones ligadas a la archidiócesis de Madrid

 "La presunta trama inmobiliaria que ha salpicado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida estaría relacionada con la venta de dos fundaciones ligadas a la Iglesia: Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio.

Almeida se vería salpicado por partida doble: por una parte, por el puesto de patronato que ocupa en la primera fundación y, por otra parte, por la solicitud de un plan parcial que abriría la puerta a un pelotazo urbanístico en unos terrenos situados a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu.

En el caso de Fusara, la magistrada Carmen Rodríguez-Mendel ha detectado elementos suficientes para abrir diligencias por un presunto delito de estafa. Tal y como señalaba El País, se sospecha que el patronato de la fundación está deficientemente constituido y que el adjudicatorio de la compra no ostentaría un poder válido para tal operación, por lo que la compraventa ha quedado suspendida en el Registro de Propiedad.

En este caso la compraventa estaría relacionada con unos edificios residenciales en el centro de Madrid y adjudicados a fondos buitre. Sin previo aviso se avisó a los vecinos mediante una carta de que podían ser desahuciados.

Almeida aparece como miembro del patronato de la fundación, quien afirmó no haber aceptado el cargo de patrono, y este fue uno de los motivos que impidió registrar la operación.

Sin embargo, en la página web de Fusara aparece el nombre del alcalde de Madrid como uno de los miembros del patronato.

En relación a la Fundación de la Santísima Virgen y San Celedonio, hace dos años llegó a un acuerdo con una sociedad ligada a la Universidad Antonio de Nebrija para vender los terrenos situados cerca del Santiago Bernabéu, donde se encuentra la parroquia de San Jorge, un asilo de ancianos y unos jardines.

Anticorrupción ha remitido una querella a la Fiscalía de Madrid, tal y como adelantó El Confidencial, al comprobar que existían consultas previas para la aprobación de un plan por el Ayuntamiento de Madrid que permitiera recalificar el suelo y casi triplicar su edificabilidad.

Según ha confirmado el citado medio, la gran beneficiada sería Residencias Nebrija SL. El presidente de la fundación Nebrija y su familia aparecen como los compradores de los terrenos de San Jorge.

Los propios feligreses de esta parroquia, que pertenece a los terrenos vendidos, afirman que se reunieron con el vicario episcopal Juan Carlos Vera a quien le preguntaron sobre el tema y que les respondió que no podía contestar a esas preguntas porque son cláusulas confidenciales, por lo que sospechan que la venta está condicionada a lograr esa aprobación.

Fuentes del entorno del Arzobispado niegan que la venta esté condicionada a conseguir la luz verde del equipo de Almeida aunque reconocen que se quiere llevar a cabo el plan especial.

La Iglesia estaría dispuesta a revertir las operaciones si no se respeta el carácter fundacional de Fusara y FSVSC dirigido a cuidar de niños y ancianos."                 (Spanish Revolucion, 18/011/20)

La huella eterna del ‘caso Malaya’ en Marbella. Los desmanes urbanísticos de Jesús Gil dejaron 16.500 casas fuera de la ley, que dos décadas después siguen en pie y sin una solución

 "A finales de los años noventa Marbella era el salvaje oeste. Su alcalde, Jesús Gil, promovió la construcción de miles de viviendas por puro interés especulativo. Se levantaron bloques y urbanizaciones en suelos destinados a escuelas, centros de salud, una estación de autobuses o numerosas zonas verdes. 

El urbanismo desenfrenado tenía como base un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin redactar, que terminó aprobándose en un pleno celebrado de madrugada en 1998 y fue anulado años más tarde por los tribunales. A Gil le siguieron Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones en la alcaldía, quienes mantuvieron la frenética actividad que acabó con todos en la cárcel y el Ayuntamiento disuelto tras la Operación Malaya. En el macroproceso judicial hubo cientos de piezas separadas que fueron anulando, una a una, todas aquellas licencias urbanísticas.

 La ciudad se topó entonces con unas 18.000 viviendas irregulares que unos creen deben derribarse y, otros, mantener en pie. Solo un puñado han caído en dos décadas. El resto, ahí sigue.

 Carmen Suárez tiene 87 años y es una de las víctimas de aquellos años. Gil promovió una torre de 12 plantas frente a su casita familiar con huertas y vistas al mar. El edificio fue declarado ilegal, pero Carmen sigue sufriendo las consecuencias. Hoy ya ni se atreve a tender la ropa en la azotea, harta de colillas, botellas y toda la basura que le lanzan desde las alturas.

“Ganamos todos los juicios, pero no sirve de nada”, dice. Su abogada, Inmaculada Gálvez, lleva batallando junto a ella 23 años, sin éxito, en el denominado caso Belmonsa. “La situación es vergonzosa y desesperante. Las sentencias de desahucio se ejecutan con rapidez y estas, que conllevan demolición, quedan olvidadas”, asegura la letrada, que libra la que es ya una lucha personal contra el sistema. Cree que hay “desobediencia” clara por parte del Ayuntamiento marbellí, dirigido por Ángeles Muñoz (PP). “Jamás han querido solucionar el problema, tampoco la Junta de Andalucía, que no asume la ejecución subsidiaria”.

La Ley dice que un acto administrativo que es consecuencia de un delito es nulo y, por tanto, centenares de licencias fueron declaradas irregulares. La Administración andaluza —que publicó en otoño de 2019 un decreto que podría regularizar más de 327.000 viviendas en toda la comunidad— asegura que ha requerido “sistemáticamente” al Ayuntamiento de Marbella “la debida ejecución de sentencias”. Sin embargo, recuerdan que en 2010 el municipio aprobó sus nuevas normas urbanísticas que servían para legalizar la inmensa mayoría de estas viviendas. El texto sustituía las demoliciones por compensaciones por parte de propietarios y promotoras, una idea rechazada por el Supremo, que en 2015 tumbó el documento porque entendió que un plan general no podía usarse para regularizar actuaciones ilegales previas. El urbanismo marbellí sigue desde entonces regido por el plan urbanístico de 1986. Las viviendas irregulares continúan ahí.

Al fiscal delegado de Medio Ambiente de la fiscalía provincial de Málaga, Fernando Benítez, le conocen como Demolition Man porque la mitad de su trabajo lo dedica a que se ejecuten las sentencias de demolición. Es obstinado y pertinaz, pero la mayoría de ayuntamientos se niegan: solo han derribado dos viviendas en tres años en toda Málaga. Con suerte, Benítez consigue su objetivo tras 10 o 15 años de insistencia. El fiscal explica que en Marbella probablemente nada acabe en el suelo porque la mayoría de condenas urbanísticas son por prevaricación y están dictadas según artículo 320 del Código Penal, que contempla prisión, multa e inhabilitación, no el derribo de lo construido. “Por razón de estricta legalidad, no se pueden tirar esas viviendas”, dice. “Pero hay más”, añade. “Sería un disparate demoler todas esas urbanizaciones donde viven cientos de personas sin que sea el propio Ayuntamiento el que considere qué se puede sostener, cambiar o tirar desde el punto de vista puramente urbanístico”, afirma Benítez, que opina que derribarlas causaría más perjuicio que de mantenerlas en pie. “Quien debe gestionar el urbanismo es el Ayuntamiento de Marbella, no el juzgado”, añade el responsable de Medio Ambiente, que cree que todo seguirá en su sitio salvo que la vía contenciosa o el consistorio lo decidan.

Indemnizaciones

Esa decisión conllevaría una responsabilidad patrimonial para el municipio, que debería indemnizar a los perjudicados, según varios juristas consultados. “Sería la ruina total para Marbella”, afirma un letrado. Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica de la ciudad durante ocho años, cree que mucho de estos edificios quedarán como asimilados fuera de ordenación: “No se tiran, pero tampoco son legales”, asegura. Por su parte, Inmaculada Gálvez sigue defendiendo que “la consecuencia inherente a la nulidad de la licencia es la demolición”. Por eso, cada mes, escribe a los tribunales para que den el paso. “¿Respuesta? Cómo el que oye llover”, dice. Marbella defiende que trabaja en la solución. En 2019 comenzó a redactar su nuevo Plan General, que buscará “encajar” las viviendas irregulares en “el nuevo modelo de ciudad”, según dijo su director general de Urbanismo, José María Morente, que en 2019 hizo un paréntesis en su trabajo municipal para dirigir durante unos meses las riendas urbanísticas de Andalucía para, más tarde, volver al Ayuntamiento. El municipio confía en que la aprobación inicial del documento —cuyo avance fue refrendado esta misma semana— se produzca a lo largo de 2021 bajo el paraguas de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), donde aseguran que agilizará y simplificará la tramitación urbanística. Expertos jurídicos, por el contrario, creen que su casi segura aprobación tras el verano servirá para ponerse al servicio del mercado inmobiliario.

Fuentes de Ecologistas en Acción recuerdan además que Marbella se rige por un plan de hace 35 años y, sin embargo, “jamás ha parado de construir a pesar de las carencias en infraestructuras públicas”. El consistorio, de hecho, anuncia regularmente la concesión de licencias millonarias para nuevas construcciones —esta semana días confirmaron dos por 13 millones de euros— sigue apostando por las recalificaciones de suelos no urbanizables. “El urbanismo salvaje continúa. No hemos aprendido a hacer un ejercicio de sostenibilidad, solo a retorcer las normas para terminar haciendo legal lo ilegal. Hacer borrón y cuenta nueva con otro PGOU es muy peligroso”, concluyen las mismas fuentes conscientes de que la palabra demolición, en Marbella, no existe."                 (Nacho Sánchez, El País, 02/08/21)

Condenada la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros por aceptar un soborno de 100.000 euros de un constructor

 "La Audiencia de Lugo ha condenado por un delito de cohecho cometido en 2007 a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y medio.

 El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La sentencia también le impone al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, el tribunal optó por la tipificación más beneficiosa para él porque no se ha podido acreditar si el pago de 100.000 lo hizo por solicitud de la secretaria o lo ofreció el acusado.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación razonable que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

También el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que por aquel entonces ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. La sentencia da por acreditado que la acusada intervino en la aprobación de un expediente promovido para la construcción de 51 viviendas, para lo cual realizó una anotación favorable para el promotor. No obstante, los magistrados hacen constar en el fallo que se desconoce quién le indicó a la entonces secretaria “la conveniencia” de añadir la citada anotación, por lo que se han inclinado por absolverla del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

El fiscal solicitaba para la principal acusada una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial, así como una multa de 300.000 euros, mientras que para la auxiliar administrativa la condena solicitada era de 3 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 720 euros. Para el promotor de las obras, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y multa de 300.000 euros."              (Elisa Liis, El País, 29/04/21)

Coalición Canaria pagó un millón de euros a la empresa que dio uso comercial a la finca de Ana Oramas usando el Plan de Protección de La Laguna

 "El 27% del pago se transfirió durante la alcaldía de la actual diputada en el Congreso. El resto del dinero fue recibido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L. durante el mandato del expresidente canario Fernando Clavijo 

 — La diputada Ana Oramas utilizó el Plan Especial de Protección de La Laguna para dar uso comercial a su finca familiar

 La necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico de La Laguna se planteó durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. El documento, elaborado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., recalificó una finca familiar de la actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso para darle uso comercial, a pesar de que no fuera el propósito final del Plan. Esta entidad recibió, según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, casi un millón de euros entre 2006 y 2010 por la ''gestión técnica del PEP del casco histórico". El 27% del dinero se transfirió durante la alcaldía de Oramas. El resto, con el expresidente canario Fernando Clavijo al frente del Ayuntamiento. 

De los 17 pagos registrados en esos cuatro años, nueve son por una cantidad de 22.800 euros. El resto de ingresos oscila entre los 7.000 y los 500.000 euros. El pago más alto fue autorizado en 2010 por el entonces alcalde Fernando Clavijo, cuando AUC S.L. recibió 547.200 euros de una sola vez.

La elaboración del Plan Especial de Protección fue encargada en 2005 a esta sociedad limitada, de la que forma parte María Luisa Cerrillos, también directora de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección de San Cristóbal de La Laguna. De esta manera, la elaboración y la ejecución del documento se concentraron en la misma persona.

 El PEP, elaborado para proteger el casco histórico después de que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1999, incluyó como espacios protegidos determinadas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural. Entre ellas, la finca de uso residencial de los Oramas ubicada en la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega, que durante un tiempo funcionó como cochera de guaguas de la empresa Transportes de Tenerife S.L., a quien el abuelo de la alcaldesa, Leoncio Oramas, cedió el terreno. 

 Cuando el borrador fue sometido a información pública, los consejeros delegados de Transportes de Tenerife S.L., Lorenzo Hernández y José Luis Hernández-Francés, presentaron una serie de alegaciones el 26 de febrero de 2004. Entre ellas, la propuesta de asignar a la parcela el uso comercial, "admitiendo como usos complementarios el residencial, hotelero, cultural y de ocio". Finalizado el plazo de información pública, el 16 de septiembre de 2004 los propietarios de la sociedad limitada presentaron un escrito a la alcaldesa Ana Oramas. En él, reconocían que habían mantenido varias reuniones con la directora y el equipo redactor del PEP en las que habían alcanzado un principio de acuerdo para formalizar las alegaciones planteadas.

Las peticiones se concedieron, y el PEP incluyó el solar como parcela con ordenanza especial para conseguir "equipamiento público y superficie comercial en una zona necesidad de este uso, así como amplios aparcamientos". La Memoria de Ordenación justifica que la ampliación de la zona protegida al espacio donde está la antigua cochera de guaguas está respaldada por la"necesidad de proteger un determinado sector de manzanas del camino de San Benito", por ser uno de los accesos históricos tradicionales más importantes y consolidados

El papel de Clavijo

Para tratar de cumplir con este objetivo de "conseguir equipamiento público" con el que se dio uso comercial a la finca de la familia Oramas, Fernando Clavijo -entonces concejal de Urbanismo de La Laguna- acordó la cesión al Ayuntamiento de 18 plazas de garaje en esta parcela.

El pacto fue suscrito en julio de 2008 entre Clavijo y Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L. Esta empresa fue fundada en Lanzarote en 2004 y su administrador único era Bodegas Stratvs - propiedad del influyente empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa-. En 2007, la entidad pasó a tener el pleno dominio de la parcela.

 La finca de los Oramas

La finca recalificada de la familia Oramas ahora alberga las obras para la construcción de un nuevo Mercadona. Pero antes de ser propiedad de esta cadena de supermercados cambió de manos hasta en tres ocasiones. En 1977, Leoncio Oramas, abuelo de la diputada de Coalición Canaria, aportó la finca a Transportes Tenerife S.L. En abril de 2007, cuando el PEP ya estaba aprobado, la compañía se disolvió en favor de siete empresas diferentes. El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote).

 Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas. Dos meses después, todas las sociedades pasaron sus porcentajes a la entidad mercantil Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L.

Las obras de Mercadona

Las excavaciones para construir el nuevo Mercadona han provocado una grieta en la carretera, anexa a la red de saneamiento. Como medida cautelar, el pasado 19 de febrero la Gerencia de Urbanismo ordenó la desviación del tráfico en ese tramo de la Avenida Lucas Vega, de modo que los vehículos circulen por el margen derecho de la calzada. Para ello, ha sido necesario eliminar la banda de aparcamientos en ese lado de la vía "hasta la finalización de los trabajos ordenados''. El plazo para la realización de los trabajos ordenados, "debido a la complejidad de su ejecución", será de un máximo de dos meses."          (Natalia C. Vargas, eldiario.es, 23/02/21)

Condenada una exdiputada del PP por falsear firmas para lograr licencias municipales

"El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a María José Caldelas, exdiputada del PP y esposa del presidente de la Diputación y del PP ourensano, Manuel Baltar, a un año de prisión, a una multa de cinco euros diarios durante doce meses y al pago de las costas procesales, por dos delitos de falsedad en documento oficial durante la etapa en la que estuvo al frente de un pub en la ourensana Plaza de As Mercedes.

El caso se refiere al pub que adquirió Caldelas en la céntrica Praza das Mercedes y que regentó entre 2008 y 2011. Los antiguos propietarios denunciaron que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales que le permitirían acometer la reforma de las instalaciones.
En relación a un documento presentado el 24 de marzo de 2009, la sentencia le impone seis meses de prisión y otros tantos de multa a razón de cinco euros diarios

En el caso de que no satisfaga la sanción, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria que le supondría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

También ha condenado a Caldelas por falsedad en documento oficial en relación a un segundo documento, presentado en el registro del Ayuntamiento de Ourense en fecha de 11 de abril de 2011.

La pena es idéntica: seis meses de prisión y otros tantos de multa por importe de cinco euros al día, más la responsabilidad civil. La acusada deberá afrontar, asimismo, el pago de las costas procesales. La acusada podrá interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense en el plazo de diez días hábiles.

La acusación particular reclamaba un año y nueve meses de prisión y una multa de nueve meses con una cuota de 20 euros diarios por cada uno de los dos delitos de falsedad documental de los que la consideraba responsable cuando se hizo cargo del pub 'Seven', entre 2008 y 2011.

La mujer de Baltar compró este negocio el 1 de octubre de 2008 a los anteriores propietarios y socios. Medio mes más tarde, presentó en el Ayuntamiento la instancia de apertura y obra en el establecimiento. Sin embargo, a inicios de marzo de 2009 se denegó el cambio de titularidad. El 24 de ese mismo mes se registró en el Ayuntamiento un documento para pedir la instalación de diez veladores en la Plaza de As Mercedes, figurando como solicitante uno de los antiguos propietarios, que denunció los hechos.

El 11 de abril de 2011, el Registro del Ayuntamiento recibió otro documento, también firmado por el denunciante, para pedir una prórroga y acondicionar el local para cambiar su categoría de café bar especial a café bar. La causa se abrió después de que el hombre a nombre del cual se presentaron los escritos negase haber firmado ninguno de los dos documentos.

El denunciante aseguró haberse enterado después de que se le embargara por el impago de los veladores que había solicitado. La sentencia reconoce la "verosimilitud" de la declaración del denunciante, sin que en su testimonio se aprecien contradicciones esenciales ni resentimiento o venganza con la acusada.

Además, señala que la firma que aparece en el documento fechado en marzo "se asemeja, pero no coincide" con la del denunciante, mientras que la firma del documento de 2011 "no guarda ningún tipo de semejanza".                (El País, 30/10/17)

La Policía irrumpe en el Ayuntamiento de Lloret de Mar en una operación contra la mafia rusa

"La ‘Operación Clotilde’ acaba de desmantelar a la mafia rusa instalada en Lloret de Mar (Girona). La Guardia Civil acaba de detener a cuatro personas, entre ellas el líder de la organización, Andrei Petrov, un empresario que se ha hecho millonario gracias a las adjudicaciones irregulares que le ha facilitado el ayuntamiento de la localidad.

Los otros tres arrestados son el padre de Petrov, Boris; la secretaria del empresario, Jessica Holguin; y la arquitecta del consistorio, Pilar Gimeno. Según fuentes de la investigación, varios agentes, junto con la propia Fiscalía Anticorrupción, están en estos momentos dentro del Ayuntamiento, a través de un requerimiento de información, para solicitar los expedientes de urbanismo, adjudicaciones, permutas y exenciones tributarias de las que se ha podido beneficiar Petrov. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación está bajo la supervisión del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien les tomará declaración una vez que la Guardia Civil les interrogue, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho. 

El actual alcalde es alcalde de la localidad es Romá Codina (CiU), aunque los tejemanejes del empresario ruso se desarrollaron en la etapa de su antecesor en el cargo, Xavier Crespo, del mismo partido.

Según la investigación, Petrov llegó a España y pasó de trabajar como churrero a amasar más de cien millones de euros, gracias a los tratos de favor recibidos por el consistorio. A través de sus contactos en Rusia, podría estar protegido bajo el paraguas del gigante ruso Gazprom, quien podría tener registrado como contratista.

Entre todos sus negocios, uno de los más ambiciosos fue la asignación a Petrov en 2009 de la licencia para construir un centro comercial (La Selva) a través de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC). Tenía muchos otros negocios y también operaba en el sector inmobiliario a través de Vikser Finkas Management, dedicada al alquiler de inmuebles.

El Ayuntamiento, liderado por Crespo en ese momento, le concedió  para levantar el centro comercial, con un parking subterráneo, los terrenos que había en la antigua playa de Lloret de Mar. La promotora obtuvo el 50 por ciento de bonificación en el impuesto de obras al calificar el proyecto de interés social. Su empresa llegó a patrocinar al club de fútbol local cuyo presidente, Josep Valls, era el concejal de Urbanismo y Hacienda. 

Xavier Crespo, que dimitió como alcalde aunque en la actualidad es diputado regional por CiU, ya fue investigado por numerosas irregularidades que acabaron beneficiando al político y su esposa con dinero público de la Corporación de salud del Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y Calella. Un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas, organismo fiscalizador de las Administraciones catalanas, alertaba sobre pagos sin justificar de más de 350.000 euros, realizados por una filial de la corporación, Centros Médicos Selva y Maresme (CMSC), en parte pagados por Crespo, su mujer y dos empresas, una de las cuales era propiedad del matrimonio. A pesar de estos indicios, finalmente este informe quedó archivado y no se pidió responsabilidades al dirigente catalán.

 El ayuntamiento de Lloret de Mar ya se vio envuelto en otra investigación con la concesión de licencias urbanísticas para la concesión de una mansión en la playa de Cala Canyelles, propiedad de una familia de las altas esferas políticas de Kazajistán. En este caso, los Mossos d´Esquadra solicitaron la imputación de Crespo por las numerosas irregularidades en la concesión de la obra pero el fiscal no lo consideró pertinente."    (El Confidencial, 25/01/2013)

El Ayuntamiento de Sabadell exigía un depósito del 3% del importe de las obras

 "Del alcalde ‘capo’, el presunto colocador y la gestión del Plan E.

 Aunque la operación Mercurio sigue bajo secreto judicial, se van conociendo pasajes de la supuesta trama de corrupción cuyo epicentro se centra en Sabadell (Barcelona). Al alcalde de la ciudad se le conocía como el capo, Daniel Fernández (PSC) podría haber intercedido para colocar a una conocida en el Ayuntamiento de Moncada y Reixach (Barcelona) y parte del desvío de dinero podría proceder, también, del famoso Plan E que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Varios diarios han publicado este jueves filtraciones de la investigación que se está llevando a cabo bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d’Esquadra. La operación Mercurio sigue abierta y cada día que pasa se va conociendo algún nuevo imputado más.

En este contexto, este miércoles se ha sabido que el ex concejal de Urbanismo de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Antonio Jiménez, también ha sido imputado en la operación Mercurio. Jiménez (ex concejal del PP) estuvo relacionado en al caso Pretoria, aunque posteriormente fue exculpado. Hasta ahora hay doce detenidos y 26 imputados.

“Lo que diga el capo“

La investigación de los Mossos d’Esquadra se ha centrado, durante una buena parte del tiempo, en identificar quién era el capo. Según ha publicado El Periódico, las alusiones al capo aparecían en numerosas conversaciones de teléfono intervenidas tras la autorización del magistrado de Sabadell Ramón González García. “Lo que diga el capo“; “pregúntaselo al capo“; “si al capo le parece bien”.

¿Quién era el capo? Según las investigaciones de la policía autonómica era Manuel Bustos (PSC), alcalde de Sabadell. Cabe recordar que el líder del PSC, Pere Navarro, ha avalado todo su futuro político a que tanto Bustos como Fernández, secretario de Organización del PSC y congresista, son inocentes de la imputación que ha caído sobre ellos.

Sin embargo, los Mossos han recopilado suficiente información como para que el juez instructor haya considerado oportuna la imputación de Bustos. La policía autonómica tenía suficientes indicios como para solicitar al juez la intervención telefónica del móvil personal del alcalde.

En estas conversaciones intervenidas, empresarios que han sido detenidos -ya están declarando ante el juez- relatan las extorsiones a las que eran sometidos para poder acceder a cualquier concurso de adjudicación pública que se realizaba en la ciudad, según han explicado fuentes de la investigación al diario del grupo Zeta.

Algunos de estos empresarios podrían haber sufrido, además, alguna presión extra para que aceptaran las cuotas de hasta 120.000 euros que se exigían y que se ingresaban en una cuenta común, que después se repartía entre los implicados en la trama. A esto hay que añadir el presunto cobro de un 3% del coste final de la obra concedida, debido a un ‘pacto implícito y apalabrado’.

En algunas de las llamadas intervenidas a los empresarios, estos pronuncian de manera reiterada frases como “esto te lo arregla el alcalde“. Frases que revelan una manera de actuar que, según los investigadores, se había convertido en una práctica “sistematizada” en algunos departamentos del Ayuntamiento.

Fernández, implicado de forma casual

También han sido grabaciones telefónicas las que han llevado a implicar en el caso a Fernández, número dos del PSC. Sin embargo, el móvil de este dirigente socialista no ha estado pinchado nunca. En las charlas intervenidas a los imputados, algunos cargos de confianza de Bustos, se detectaron numerosas alusiones despectivas hacía una mujer denominada “la pija”. María Elena Pérez, alcaldesa de Moncada, según los investigadores.

En mayo, los agentes de la policía autonómica transcribieron varias conversaciones entre la alcaldesa y Fernández, que llamaba a través del móvil de Bustos, este sí, pinchado por la policía. El número dos del PSC pedía a la edil que le ayudara a colocar a Carmina Llumà, ex alto cargo en la Generalidad durante la época del tripartito, como directora del área de política territorial del consistorio.

Pérez se negó. Pero Fernández, según los investigadores, le insistió “con muy malas maneras” advirtiéndola de que no tenía más opción que admitir a Llumà para un cargo del que su antecesor fue cesado el 22 de marzo. Al concurso para ocupar la plaza se presentaron cinco candidatos. Llumà fue la escogida. Los Mossos d’Esquadra se llevaron del Ayuntamiento de Mocada la documentación referente al concurso de la plaza.

Esta información también ha sido denunciada por el PP. Eva García, responsable popular en Moncada y diputada autonómica, ha recordado que Pérez echó de forma “fulminante” y “sin dar explicaciones” al anterior responsable de la política territorial del ayuntamiento. El PSC local ha negado que se cometieran irregularidades en la contratación de Llumà pero la oposición local, según ha sabido LA VOZ DE BARCELONA, considera a Pérez un muñeco de Bustos.

El hermano del alcalde Bustos

En paralelo, según ha publicado La Vanguardia, la investigación también se ha centrado en si hubo fraude de recursos públicos en las partidas destinadas a Sabadell del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocidos como el Plan E.

Los agentes de la policía autonómica que han registrado las dependencias municipales del Ayuntamiento se han hecho con la contabilidad municipal de los años 2009, 2010 y 2011. Según el diario del grupo Godó, durante estos años -fechas en las que desde el Gobierno se transfirieron a los ayuntamientos dinero para aplicar el Plan E- los fondos públicos fueron gestionados por el área de Espacio Público, cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde.

La otra persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo, coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. También están imputados los concejales de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área de presidencia, Montse Costa -que es la pareja sentimental del alcalde-, y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

¿Financiación ilegal de partidos?

Otro de los imputados que podría haber tenido un papel fundamental en la presunta trama corrupta es el ex concejal del PP, Jordi Soriano. Soriano fue expulsado del PP en 2009 por su connivencia con el alcalde Bustos -en dos años solo presentó una moción en el Ayuntamiento- y sospechas de mala gestión económica del grupo municipal del PP, tras una auditoria del partido.

Uno de los objetivos marcado por los investigadores es saber si además de enriquecerse con la supuesta trama de corrupción, los implicados han facilitado, a través del pago de las constructoras, la financiación ilegal de partidos políticos. De momento, todo indica que la operación Mercurio tendrán más ramificaciones y que la instrucción será larga."       (lavozdebarcelona.com, 29/11/2012)


 "Hay una treintena de imputados, entre ellos el alcalde y una diputada del PSC, en la operación ordenada por un juez que lleva más de dos años investigando recalificaciones.

 Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 12.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". 

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.   

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso. 

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.

 

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. (...)

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta. 

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. 

 Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. 

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio."          (Público, 27/11/2012)


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Año y medio de prisión para el alcalde popular de Piélagos por prevaricación urbanística

Bloque de viviendas en el municipio de Piélagos y orden judicial de ser demolidas por constituir "una dentellada al monte" según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

"El juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde de Piélagos (Cantabria), José Manuel Pacheco, del PP, a un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio en la modalidad de prevaricación urbanística. (...)

"Dicen que he dado unas licencias que no debía haber dado. Yo creo que no es así. Yo no me he llevado un euro por todo esto. Voy a recurrir", ha asegurado Pacheco en conversación con este diario. "Soy inocente, pero hay tantos culpables en la calle y tantos inocentes en la cárcel... El juicio fue en junio y la sentencia llega ahora, a dos meses de las elecciones. Ha tardado más que la del 11-M. ¿A quién quieren engañar?". (...)

El alcalde ha sido condenado por 15 licencias de construcción que otorgó entre 2004 y 2005 vulnerando la normativa urbanística vigente y en contra de las advertencias del arquitecto municipal y los servicios jurídicos.

Este no es el primer revés judicial para Pacheco. Los tribunales ya han ordenado la demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco. Esta última fue la quinta sentencia de derribo que afrontó el municipio." (El País, 25/02/2011)

La Fiscalía indagará el cobro de 2,2 millones por la recalificación de Lezama

"La Fiscalía de Vizcaya va a estudiar el caso del cobro de 2,2 millones de euros por la familia de la alcaldesa de Lezama, la peneuvista Alaitz Etxeandia, por recalificar unos terrenos para la construcción de 52 viviendas. (...)

El Ayuntamiento de Lezama recalificó un área de 7.725 metros cuadrados en el centro del municipio, aprobada de manera definitiva desde octubre de 2007. Ocho meses antes, el padre de la alcaldesa, una tía y cuatro primos firmaron un acuerdo con dos constructoras por seis millones de euros, según constata un auto de un juzgado de Bilbao. Dos años después, el acuerdo se cambió y el pago quedó en 5,3 millones, de los que la familia Etxeandia ha percibido ya 2,2 millones. Los 3,1 restantes deberían recibirlos cuando las constructoras tuviesen el terreno disponible para edificar, con todos los trámites administrativos culminados. La fecha límite era el mes de abril de 2011.

Sin embargo, el planeamiento municipal de Lezama, que posibilitó que el solar, catalogado como urbano, pasase a urbanizable, lo que permite construir viviendas, fue anulado en junio pasado por el Tribunal Superior vasco, lo que ha llevado a las constructoras a renunciar al proyecto y, por tanto, al pago de los 3,1 millones pendientes. Ambas empresas reclaman además los 2,2 millones ya abonados a la familia de la alcaldesa.

El llamado solar de Txupetxa es una zona considerada inundable desde 1993 por el Gobierno, calificación que el propio Ayuntamiento no pidió cambiar cuando empezó a tramitar las normas urbanísticas en 2002 e incluso en la aprobación inicial del planeamiento en 2006. Sólo en 2007, pocos días antes de la preceptiva aprobación por el Gobierno, presentó un informe para eliminar la calificación de inundable y convertirlo en urbanizable. En solo cuatro días, la Dirección de Aguas, entonces en manos de EA, modificó su criterio y rebajó la zona inundable,dejando fuera el solar de los Etxeandia. Y ello pese a admitir que el informe municipal "sólo ha podido ser analizado con premura", según rezaba el texto firmado el 20 de junio de 2007 por el entonces director de Aguas, Tomás Epalza." (El País, ed. Galicia, España, 13/03/2010, p. 13)

El ex alcalde de Llíber cobró casi un millón por licencias ilegales. El ex aparejador municipal percibía hasta 25.000 euros por informe

"El principal cerebro del caso Llíber, el constructor Miguel Muntaner pagaba al ex alcalde del municipio José Mas, del PP, 3.000 euros por cada licencia "que informaba favorablemente" y que finalmente se concedía para la construcción de viviendas ilegales en suelo rústico, según declaró ante una juez de Dénia.

Durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Llíber (Alicante) entre 1999 y 2003, Mas dio permisos para edificar 300 casas (por las que percibió 900.000 euros) en una trama por la que permanece en prisión desde diciembre junto al ex aparejador municipal Amadeo Signes. Este llegó a cobrar hasta 25.000 euros por los informes técnicos para habilitar las construcciones. Muntaner está en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros. (...)

En la trama, según Muntaner, también habría desempeñado un papel fundamental el ex aparejador municipal Amadeo Signes. El constructor señaló que, según le dijo al alcalde, "todo había que hacerlo con él, si no, ya no emitía ningún informe favorable".

Muntaner relató que el ex funcionario fue aumentando la cuantía de las dádivas que exigía y que si al inicio de la trama, sobre el año 2000, cobraba entre "200.000 y 300.000 pesetas" [1.200 y 1.800 euros] a cada constructor implicado, percibió ya 25.000 euros por los últimos informes favorables que realizó para las casas ilegales. El promotor declaró que para sus promociones en Llíber abonó a Signes 100.000 euros por 15 licencias." (El País, ed. Galicia, España, 9/01/2010, p. 12)