Las farmas inyectan más de 103 millones de euros al año entre los profesionales sanitarios... Un estudio demuestra la “red de intereses” que tejen las multinacionales farmacéuticas a través de los pagos que realizan a los profesionales sanitarios... En 2022, 2.789 profesionales sanitarios recibieron cantidades superiores a 5.000 euros de una única empresa

"Lo llaman “transferencias de valor” cuando podrían llamarle “red de intereses”. Un nuevo estudio, realizado por Ángel María Martín Fernández- Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), demuestra cómo, con "precisión quirúrgica”, las 18 principales farmacéuticas que operan en el Estado reparten dinero a profesionales sanitarios con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud.

En total, y sirviéndose de los datos de 2022 que hace públicos Farmaindustria, estas empresas repartieron 103 millones de euros entre más de 90.000 profesionales sanitarios por conceptos como la asistencia a congresos o pagos por servicios realizados que, “en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional y el valor que tenga ese profesional para su interés terapéutico estratégico”, varían desde el coste de una comida hasta decenas de miles de euros por servicios que le haya realizado.

Y, detrás de estos pagos, unas figuras: los líderes de interés, conocidos como KOL (su acrónimo en inglés), personajes con “influencia, prestigio y credibilidad”, normalmente médicos, que expanden los mensajes entre sus compañeros, en palabras de Martín. Son “referentes” que extienden su capa de influencia entre los más de 90.000 profesionales que viven en casi 2.000 localidades que abarcan el 74% de las zonas de salud, donde vive el 87% de la población de España, tal y como se recoge en el estudio.
“En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales que reparten de manera muy selectiva”

“Las multinacionales farmacéuticas tienen una extensa red social trabajando a pleno rendimiento en función de su interés terapéutico y para ello se sirven de toda una red de más de 90.000 profesionales”, explica a El Salto el autor del estudio. Este análisis demuestra que en España hay 2.789 profesionales sanitarios líderes de opinión que recibieron pagos superiores a 5.000 euros de alguna de estas multinacionales. Además, 856 profesionales sanitarios recibieron más de 15.000 euros de todas las multinacionales farmacéuticas hay nueve que cotizan por encima de los 100.000 euros que reciben un pago medio de las farmas de 147.614 euros.

El autor del informe contextualiza qué significan estas cifras: “En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros, según el INE en 2022. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales, igual al salario anual de 2.750 profesionales sanitarios que reparten de manera muy selectiva”.
Obligación de transparencia

Pero, ¿de dónde parten estas cifras? En junio de 2013, y con la intención de mejorar en transparencia en este área, se aprobó el Código de divulgación de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) que obliga a todas las empresas miembro de la EFPIA a divulgar las transferencias de valor y los pagos realizados a profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias en concepto de donaciones, actividades formativas, prestación de servicios e investigación y desarrollo correspondientes al año anterior. En 2016, la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reconoció el interés general de la publicación de las transferencias de valor de forma individual, estableciendo que ya no será necesario que cada profesional firme un consentimiento.

“En España, las 18 empresas pertenecientes a Farmaindustria publican el montante que han destinado a pagar a cada médico, dando los datos del médico, nombre completo, lugar de trabajo, dirección, localidad y país”, explica el vicepresidente de AAJM, quien ha cruzado los informes de las 18 farmas para elaborar la investigación.
En cuanto al montante aportado a los líderes de opinión, destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones

Con respecto al montante aportado a los líderes de opinión por estas empresas destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones. Entre las cuatro acumulan el 42% del importe total que reciben los líderes de opinión que se embolsaron más de 15.000 euros al año.

Y, en cuanto a especialidades, los pagos se realizan con una precisión quirúrgica, siendo las áreas más remuneradas oncología médica, hematología, dermatología y reumatología, las cuales representan solo el 6% de los especialistas del Sistema Nacional de Salud, pero aportan el 50% de los líderes de opinión. “¿Alguien puede creer que sea fruto del azar que el 18,5% del gasto farmacéutico hospitalario sea en oncología y el 11,5% en hematología, y que la inversión de las multinacionales farmacéuticas en líderes de opinión de oncología y hematología sea también del 18,6% y el 11,6%?”, se pregunta el autor del estudio.

Otro dato que demuestra la dirección de sus dádivas: solo 22 enfermedades concentran el 74% de los líderes de opinión que han ganado más de 15.000 euros al año, mientras que la clasificación internacional de enfermedades CIE11 de la OMS recoge 17.000. “Eufemísticamente lo llaman transferencias de valor, pero es evidente que es una inversión en valores, acciones de un mercado de valores muy selectivo que les reporta un suculento beneficio económico”, asegura Martín.
Desde la AEMP hasta los hospitales públicos

Una red de influencias que llega hasta la propia AEMP, tal y como analiza el informe. “El 10% de los asesores externos de la AEMP, que son 311 expertos, son líderes de opinión y han recibido más de un millón de euros en un año”, explica Martín.
El análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen

Además, el análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen. El Hospital Clínic, el Vall de Hebrón, el Ramón y Cajal, el Doce de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón encabezan la lista, dos de Barcelona capital y cuatro de Madrid capital, que con 189 profesionales acumulan el 22% de todos los líderes de opinión que han recibido pagos superiores a 15.000 euros y, con 6,1 millones de euros, el 24% de los pagos.

No en vano, según el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre el estado de la Atención Especializada, el gasto farmacéutico es la partida que más ha aumentado en los servicios hospitalarios. Así, entre el 2014 y 2019 el aumento fue de 44,3%, y entre 2014 y 2023 del 86,19%. Entre los factores detrás de este gran aumento, desde FADSP apuntan al envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la introducción de nuevos fármacos con un alto precio.

Para Martín, la clave está en mejorar la transparencia mediante declaraciones de intereses: “El Ministerio de Sanidad debería exigir a los profesionales que declaren todos los intereses y hacerlos públicos. Y esta labor no la debería de hacer la industria farmaceútica, tendría que ser una labor pública. Así, cualquier ciudadano podría conocer los pagos que la industria le está haciendo al médico que quiera y no tendría que hacer una minuciosa labor de recopilación como la que he hecho yo”, zanja."                 (Sara Plaza, El Salto, 22/06/24)

Pruebas del COVID-19, un fraude de más de 2.000 millones... Los fraudes de empresas y laboratorios a fondos públicos de lucha contra el Covid-19 superan ya los 57.000 millones de dólares sólo en Estados Unidos

 "A medida que la pandemia de COVID-19 continúa, el gasto de dinero público de muchos países en pruebas del virus continuó aumentando en 2022 y, sorprendentemente, está superando incluso a los momentos más duros de la pandemia.

Hasta el 31 de octubre del pasado año, en Estados Unidos, Medicare ya había gastado 2.000 millones de dólares en pruebas de COVID-19 en 2022, una cantidad que superará el total del año pasado a medida que se presenten reclamos. Así lo indican los datos hechos públicos por CareSet, una organización de investigación que trabaja para hacer que el sistema de salud norteamericano sea más transparente.

La cantidad gastada hasta octubre de 2022 se compara con los 2.000 millones de todo 2021 y los 1.500 millones en 2020, según datos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El fraude y el gasto excesivo están contribuyendo este incremento del gasto porque el dinero público para las pruebas de COVID-19 no está sujeto a algunas de las mismas restricciones financieras y reglamentarias que otras pruebas cubiertas por Medicare, el programa de seguro del gobierno para personas con discapacidad y para los mayores de 65 años.

Los costes crecientes preocupan porque la necesidad de incentivos financieros para expandir la disponibilidad de las pruebas ha pasado.

Al principio de la pandemia, las pruebas eran críticas para frenar la propagación del virus y escaseaban. Entonces, el gobierno de Estados Unidos promulgó medidas para que fuera más rentable ingresar al negocio de las pruebas de COVID-19. 

Estas medidas incluyeron una generosa tasa de reembolso de Medicare, requisitos para que el seguro privado cubra las pruebas, incluso obligar a los planes de seguro a pagar cualquier precio en efectivo que exigieran los proveedores fuera de la red, laboratorios, y un fondo considerable para evaluar a aquellas personas que no tenían seguro.

Esas medidas lograron atraer laboratorios nuevos y existentes al negocio de COVID-19 y ayudaron a garantizar que la mayoría de las personas tuvieran acceso a las pruebas, incluso si algunas enfrentaban esperas excesivas para obtener sus resultados. 

Pero los incentivos también atrajeron a especuladores de precios, estafadores y personas sin experiencia en el negocio de los laboratorios. El resultado fue un enfoque caótico que iba desde programas de prueba fallidos y confusión sobre los nuevos requisitos hasta un fraude total.

Un laboratorio con sede en Chicago, Northshore Clinical, usó conexiones políticas en Nevada para acelerar la concesión de licencias y generó un gran volumen de facturación a través de acuerdos con distritos escolares, universidades y gobiernos locales. También se produjeron prácticas de facturación cuestionables que peritos en seguros describieron como fraudulentas. Un estudio de las pruebas de Northshore en el campus de la Universidad de Nevada en Reno encontró que la compañía pasó por alto el 96% de los casos de COVID-19 durante diciembre de 2021.

La compañía presentó 600 páginas de documentación a los reguladores estatales para respaldar su afirmación de que arregló las deficiencias detectadas por los inspectores, pero finalmente le pidió al estado que cancelara su licencia y se retiró de Nevada antes de que terminara la investigación. 

El 20 abril de 2022, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra personas en ocho estados que supuestamente enviaron más de 149 millones de dólares en facturas falsas de COVID-19 a programas federales. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud también realizó análisis de los datos de Medicare, incluso para un informe publicado recientemente, al que Diario16 ha tenido acceso, que encontró que 378 laboratorios habían facturado a Medicare por costosas pruebas complementarias en «niveles cuestionablemente altos» después de evaluar a las personas para detectar COVID-19.

 Los fiscales generales en un puñado de estados han tomado medidas contra los laboratorios por falsificar resultados, cobrar tarifas por «resultados acelerados» que llegaron días después y prácticas de marketing engañosas.

Los programas para pagar las pruebas de COVID-19 no son los únicos fondos de asistencia para la pandemia que han atraído a personas que buscan obtener ganancias rápidas. Los préstamos del Programa de Protección de nóminas se destinaron a negocios falsos o se gastaron en artículos de lujo en lugar de mantener a las personas empleadas. Los programas estatales ampliados de desempleo también vieron un fraude sin precedentes que una contabilidad parcial del gobierno estadounidense estima en 57.300 millones de dólares. 

Según los datos de CareSet, más de 2.300 nuevos laboratorios se han inscrito como proveedores de Medicare desde que comenzó la pandemia y han estado facturando por las pruebas de COVID-19, prueba de la mayor capacidad generada por las medidas federales."                 (J. A. Gómez, diario16, 07/01/23)

La farmacéutica Teva es declarada culpable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos... El veredicto del jurado establece la responsabilidad de la compañía por su papel en la crisis sanitaria que ha causado “la muerte y destrucción” de casi medio millón de ciudadanos

 "La farmacéutica Teva fue declarada el jueves responsable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos en un juicio que se alargó medio año en Nueva York y que fue pionero por llevar ante la Justicia a las grandes empresas implicadas, después de que todas las demás acusadas pactaran acuerdos multimillonarios para abandonar el banquillo.

 El jurado del proceso, que comenzó el pasado junio en la Corte Suprema estatal, emitió ayer un veredicto de culpabilidad para Teva Pharmaceuticals USA y varias de sus subsidiarias, que habían sido acusadas por la Fiscalía General de los cargos de “perjuicio público” por su papel en una crisis sanitaria que ha costado la vida a casi medio millón de estadounidenses en las últimas décadas.

La fiscal demócrata Letitia James, que ha encabezado el caso, se adjudicó una “victoria” y dijo que el jurado había atribuido la “responsabilidad” a ese fabricante de productos opiáceos por “la muerte y destrucción infligida sobre los estadounidenses” a los que “engañó sobre los verdaderos peligros de los opioides”, según un comunicado. En marzo de 2019, James presentó la demanda más extensa del país para responsabilizar a más de una decena de fabricantes y distribuidores por la epidemia de los opioides, incluyendo a Purdue Pharma, la fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, y a sus propietarios, la familia Sackler.

No obstante, ya antes de comenzar el juicio las acusadas empezaron a negociar y firmar acuerdos con la Fiscalía, la primera de ellas Johnson & Johnson, que se comprometió a pagar 230 millones de dólares y a suspender en todo el país la producción y las ventas de sus productos opiáceos para resolver la demanda. Hace un mes se produjo el último pacto, el de Allergan -subsidiaria de AbbVie y conocida por fabricar el Botox-, que acordó pagar 200 millones y dejar de producir, vender y promover opioides para librarse del juicio.

En total, la Fiscalía recabó en total unos 1.500 millones de dólares que se destinarán a paliar la devastación de la crisis de los opioides en Nueva York, con tratamientos para la recuperación de los adictos y programas educativos. Buena parte de ese monto, en torno a unos 1.000 millones aportados por las grandes distribuidoras McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen y Johnson & Johnson, forma parte de un acuerdo global de 26.000 millones que firmaron las cuatro empresas para poner fin a miles de demandas impulsadas por numerosos estados y ciudades del país contra ellas.

 Teva, la única farmacéutica que quedaba en pie en el juicio, calificado de “maratón” por el juez, tendrá que someterse ahora a otro proceso que determinará cuánto debe pagar por alimentar crisis de los opioides en EE UU, según determinó hoy el jurado con su veredicto después de unas dos semanas de deliberaciones."                      (El País, 31/12/21)

Casi todos los miembros del comité de la Asociación Española de Pediatría que tomó la decisión de recomendar vacunar a los niños contra la gripe reconocen relaciones económicas con los fabricantes de los fármacos

 "La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha dado este otoño un salto cualitativo importante en sus recomendaciones sobre la vacunación de la gripe. Por primera vez, la sociedad científica llama a vacunar a todos los niños de entre seis meses y cinco años de edad, una decisión que ha sido recibida con sorpresa por algunos sectores médicos y que llega cuando los organismos reguladores evalúan si aprobar o no la vacuna pediátrica frente al coronavirus.

La propuesta de la AEP va más allá de la posición del Ministerio de Sanidad, que solo considera necesario (y financia) la vacunación de los menores con patologías de riesgo o que conviven con personas que las sufren. Las familias que deseen inmunizar a sus hijos deberán recibir de su pediatra la receta y asumir el coste de la vacuna. Las disponibles cuestan unos 15 euros por dosis y el primer año se requieren dos, aunque en los siguientes basta con una. La población diana asciende a unos 2,3 millones de niños. Sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) no comparten la recomendación de la AEP y siguen los criterios del ministerio.

Sobre el debate médico, abierto desde hace años acerca de esta vacuna, planea la controversia en torno a los conflictos de interés que surgen cuando sociedades científicas emiten recomendaciones que tienen importantes repercusiones económicas mientras reciben cuantiosas aportaciones de las empresas farmacéuticas beneficiadas por sus posicionamientos. La AEP y su fundación recibieron en 2020 un total de 363.000 euros de dos de los mayores fabricantes de vacunas pediátricas contra la gripe, GSK y Sanofi. Las dos compañías destinaron también el año pasado otros 253.000 euros a otras asociaciones de pediatras regionales y de atención primaria.

En este caso, además, los 12 miembros del Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) que ha aprobado la recomendación también admiten haber percibido pagos de la industria en los últimos cinco años, según la declaración de intereses incluida en la recomendación. Los datos publicados por el sector ofrecen detalles más precisos y actualizados: seis de ellos percibieron el año pasado entre 5.000 y 14.000 euros de GSK y Sanofi, otros tres cantidades menores (menos de 1.000 euros) y tres más ningún importe.

De los 12 miembros del Comité, todos declaran haber cobrado en los cinco años anteriores por participar en “actividades docentes subvencionadas” por los fabricantes de vacunas; ocho forman o han formado parte de consejos asesores de las farmacéuticas (en su mayoría de GSK); seis han contribuido a ensayos o estudios clínicos de las compañías; y en cuatro casos la relación con la industria se limita a haber sido invitados a eventos o cursos de formación. Solo uno de ellos deja claro en la declaración de intereses que “desde que es miembro del CAV-AEP no ha aceptado patrocinio directo alguno de ningún laboratorio farmacéutico para ninguna actividad”.

Ildefonso Hernández, portavoz de Sespas, defiende que “como norma general, no es bueno ni deseable que las sociedades científicas hagan recomendaciones de este tipo que van más allá de lo establecido por las autoridades sanitarias porque es algo que genera confusión entre los ciudadanos y que puede acabar provocando una presión innecesaria e interesada sobre el sistema sanitario”. Este especialista destaca que el asunto “adquiere especial relevancia cuando existen conflictos de interés en las personas que elaboran estas recomendaciones”.

Abel Novoa, coordinador del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), recuerda que “el objetivo no es impedir la colaboración con la industria, sino que exista un buen gobierno es este ámbito”. “Hay muchos ejemplos de instrumentos para que los distintos actores puedan relacionarse sin conflictos de interés que puedan poner en duda su imparcialidad. Revistas de prestigio como JAMA, por ejemplo, no dejan que quienes firman los artículos donde se establecen los protocolos e indicaciones para el manejo de enfermedades tengan conflicto alguno. Otro ejemplo son los comités de evaluación de posibles conflictos que muchas sociedades científicas han desarrollado en otros países, pero no todavía en España”, concreta.

 En una respuesta por escrito, la AEP defiende que sus recomendaciones “están basadas siempre en el criterio científico” y que “evita el respaldo de las actividades de la industria en las que no se aprecia otro interés que el puramente comercial”. Sobre los cobros de los miembros del Comité Asesor de Vacunas, la AEP sostiene que la relación de sus miembros con la industria “está sujeta al Marco Ético de la sociedad”, aunque estos especialistas “en el ejercicio de su libertad profesional, pueden participar en otras actividades en calidad de expertos en su materia y a título personal”.

La AEP asegura que ya tenía previsto recomendar la vacunación universal de los niños de seis meses a cinco años el año pasado, pero que decidió esperar porque entonces priorizó “la vacunación de personas mayores y de grupos de riesgo”. Pese a ello, la sociedad pidió el pasado febrero al Ministerio de Sanidad incluir a los niños en el calendario vacunal. Una petición que no ha sido atendida, pero que la AEP seguirá “solicitando hasta que lo sea”.

Un portavoz de GSK considera que “no tiene sentido deducir que estas colaboraciones condicionan el criterio clínico de los profesionales sanitarios” y destaca que “la colaboración entre la industria farmacéutica, profesionales sanitarios y sociedades científicas y médicas es particularmente importante” para “la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, y su uso adecuado”. Por su parte, Sanofi sostiene: “Creemos que las interrelaciones entre industria farmacéutica y profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias son indispensables y benefician a todos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2012 la vacunación de los niños contra la gripe, aunque esta medida —adoptada poco después de la amenaza pandémica de la gripe A— no ha sido seguida por muchos países y las coberturas logradas en los que sí lo han hecho son en general bajas.

Aunque la AEP asegura que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) también recomienda esta medida desde ese año —algunos documentos técnicos de esas fechas evaluaban si podía ser útil en algunas situaciones—, un portavoz del organismo no lo confirma. “La Unión Europea y los Estados miembros no han acordado una recomendación conjunta sobre la vacunación de los niños”, expone por escrito. Dinamarca, Finlandia, Letonia y algunos Estados alemanes son los únicos de la Unión Europea —además del Reino Unido, que la abandonó en febrero de 2020— que tienen programas de vacunación universal para la infancia.

Según la AEP, “existe evidencia científica suficiente para recomendar la vacunación antigripal universal en los niños de 6 a 59 meses”. Las razones son que esta medida “proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria”, ya que “los niños preescolares y escolares son los principales difusores de los brotes de la gripe”. La tasa de hospitalización de niños sanos es de “uno de cada mil casos”, añaden los pediatras.

 El Ministerio de Sanidad y otras sociedades científicas, por el contrario, piensan que la vacunación infantil de niños sanos no presenta un balance coste-beneficio favorable dada la escasa gravedad de los cuadros clínicos desarrollados por los menores. “Es una vacuna con una efectividad reducida, que protege a cerca de la mitad de quienes la reciben. Está indicada en personas para las que la gripe es realmente un riesgo, pero este no es el caso de los niños”, concluye José Tuells, coordinador del grupo de trabajo de vacunas de Sespas."               (Oriol Güell, El País, 08/10/21)

Las farmacéuticas se han gastado en 3 años más de 2.000 millones en comisiones a médicos

 "Todo el mundo sabe o sospecha que las empresas farmacéuticas basan parte de su estrategia comercial en el pago a los médicos para que receten sus productos y no los de la competencia. En la serie The Big Bang Theory una de las protagonistas, tras fracasar en su carrera de actriz, se convierte en vendedora y realiza visitas a los médicos en sus consultas vendiendo los medicamentos de su empresa farmacéutica.

Algo habitual, algo conocido pero que puede tener consecuencias legales, porque el pago de dádivas o de comisiones a los médicos por recetar productos podría ser catalogado como un fraude. El inspector general del Departamento de Salud de los Estados Unidos ha emitido un informe confidencial, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que activa, precisamente, una alerta de fraude por este tipo de actividades.

 «Esta Alerta Especial de Fraude destaca los riesgos de fraude y abuso asociados con la oferta, el pago, la solicitud o el recibo de remuneración relacionada con programas de oradores por parte de compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos», afirma el informe que indica que esos programas de oradores son como eventos patrocinados por la compañía en los que un médico u otro profesional de la salud hace un discurso o presentación a otros colegas de profesión sobre un medicamento o dispositivo en nombre de la empresa farmacéutica que paga al médico orador un suculento honorario y, a menudo, también remunera a los asistentes.

 El documento señala, además, que, en los últimos tres años, las compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos han informado que han pagado 2.000 millones de dólares a médicos por servicios relacionados con este tipo de eventos.

El cobro por parte de los profesionales de estas importantes remuneraciones podría estar tipificado por el delito de comisiones ilícitas, algo que en Estados Unidos está regulado para proteger a los pacientes de las derivaciones o recomendaciones de los profesionales sanitarios que pueden verse influenciados por incentivos económicos inapropiados.

 El estatuto contra las comisiones ilícitas tipifica como delito el solicitar, recibir, ofrecer o pagar, a sabiendas y deliberadamente, cualquier remuneración para inducir o recompensar, entre otras cosas, remisiones u órdenes de artículos o servicios reembolsables por un programa federal de atención médica. Cuando la remuneración se paga intencionalmente por la farmacéutica para inducir o recompensar las referencias de artículos o servicios pagaderos por un programa federal de atención médica, se viola el estatuto antisoborno.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud inició una serie de investigaciones que han revelado que, a menudo, los médicos reciben una compensación económica muy generosa por hablar en programas que se ofrecen en circunstancias que no conducen al aprendizaje o para hablar con miembros de la audiencia que no tienen una razón legítima para asistir. Tales casos, según indica el informe, señalal que el principal propósito de la remuneración del médico orador es inducir o recompensar las referencias. 

Además, los estudios han demostrado que los profesionales sanitarios que reciben una remuneración de una empresa tienen más probabilidades de recetar u ordenar los productos de esa empresa, lo que pone en riesgo la salud dado que esos incentivos económicos pueden condicionar la toma de decisiones clínicas a favor de los intereses financieros del médico y, por extensión, de la empresa farmacéutica que le paga, en lugar de los mejores intereses del paciente.

El Departamento de Salud indica en su informe un listado de las actividades que realizan las farmacéuticas para la captación de estos médicos que revela que se podría estar violando «el estatuto antisoborno. Las compañías de medicamentos y dispositivos que organizan o pagan por dichos programas de conferencias y los médicos que hablan o asisten a dichos programas podrían ser responsables» de sobornos por recibir remuneraciones prohibidas. Ese listado de actividades recoge los siguientes comportamientos investigados:

• La compañía patrocina programas de conferencias donde, en realidad, se presenta poca o ninguna información sustancial;
• Hay siempre alcohol disponible o se proporciona una opulenta comida que a los asistentes al programa;
• El programa se lleva a cabo en un lugar que no propicia el intercambio de información educativa;
• La empresa patrocina una gran cantidad de programas sobre el mismo tema o producto, especialmente en situaciones que no implican ningún cambio sustancial reciente en la información relevante;
• Los eventos se realizan cuando no ha habido un período de tiempo significativo sin nueva información médica o científica ni una nueva indicación aprobada o autorizada por la FDA para el producto;
• Los profesionales sanitarios asisten a programas sobre el mismo o sustancialmente los mismos temas más de una vez, ya sea como un asistente repetido o como un asistente después de haber sido un orador sobre el mismo tema;
• Los asistentes incluyen a personas que no tienen una razón comercial legítima para asistir al programa, incluidos, por ejemplo, amigos, personas significativas o familiares del médico orador o asistente; empleados o profesionales médicos que sean miembros de la propia especialidad médica del orador; personal de las instalaciones en las que el orador es director médico;
• Las unidades comerciales de ventas o marketing de la empresa farmacéutica influyen en la selección de oradores o la empresa selecciona oradores o asistentes en función de los ingresos pasados o esperados que los oradores o asistentes generen o generarán al recetar u ordenar los productos de la empresa;
• La empresa paga a los médicos oradores una cifra muy superior al precio de mercado del servicio de oratoria o paga una compensación que toma en cuenta el volumen de los negocios pasados generados o los potenciales negocios futuros generados por médicos.

Esta alerta de fraude se ha activado durante la emergencia pandémica, que necesariamente está restringiendo muchas actividades presenciales. Si bien las empresas farmacéuticas pueden haber reducido la remuneración relacionada con el programa de médicos oradores en eventos presenciales durante la pandemia, los riesgos permanecen siempre que se ofrecen o se hacen pagos los profesionales de la salud que generan el programa federal de atención médica.

Para el Departamento de Salud «los riesgos asociados con los programas de oradores serán más pronunciados si las empresas los reanudan tras la pandemia o aumentan la remuneración de los médicos relacionada con los programas de oradores. Las empresas deben evaluar la necesidad de programas presenciales dados los riesgos asociados con ofrecer o pagar la remuneración relacionada y considerar medios alternativos menos arriesgados para transmitir información a la comunidad médica. Asimismo, los profesionales sanitarios deben considerar los riesgos de solicitar o recibir una remuneración relacionada con los programas de oradores de las farmacéuticas si se dan otros medios disponibles para recopilar información relevante para brindar el tratamiento adecuado a los pacientes», concluye el informe."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 26/12/20)

Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los opioides en EE UU

"En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. 

Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.

En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales de este caso, el Estado informó de que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.

Balkmam explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de márquetin falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis". El juez sostuvo que los acusados se embarcaron en una gran campaña para difundir los mensajes de que "había un bajo riesgo de abuso" de los opioides para tratar el dolor. "Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas", apuntó. La propia junta de asesoría científica contratada de los acusados les informó de que muchos de los mensajes de campaña "eran engañosos y no debían difundirse", reza el fallo.

El juez afirmó que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en el Estado. Oklahoma esperaba una multa de 17 mil millones de dólares para financiar programas de prevención y tratamientos para superar la adicción durante los próximos 20 años. "El Estado no presentó pruebas suficientes de la cantidad de tiempo y costos necesarios, más allá del primer año, para mitigar la crisis de los opioides", escribió Balkman. Las acciones del gigante farmacéutico avanzaron este martes cerca de un 2% porque esperaban un castigo mayor.

Lisa Baldwin, parte del equipo legal, explica por teléfono desde Cleveland que aunque no se consiguió la suma que estaba buscando, el fallo representa un “éxito para Oklahoma” que va a poder recuperar ese dinero para invertirlo en programas de prevención, asesoría a las familias afectadas y a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios de ayuda. “Las víctimas están tremendamente agradecidas porque sienten que por fin se ha hecho justicia”, afirma.

"Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides", dijo este lunes Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó.

En 2017, el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, demandó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) por causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de márquetin agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó que J&J era la compañía “líder” del engaño, actuando motivada por “la codicia”. Según el fiscal, entre 2015 y 2018 se otorgaron 18 millones de recetas de opioides en un Estado con una población de 3.9 millones.

Las otras dos compañías farmacéuticas demandadas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente. 200 millones de la multa de Purdue se destinarán a financiar un centro de estudios de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.

Los abogados de J&J defienden que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante el juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días.

La abogada Baldwin no se atreve a afirmar que este fallo histórico servirá de precedente para los que vienen porque cada cual tiene un contexto diferente y argumentos que desconoce. Pero está segura de que el hecho de que J&J tenga que hacerse responsable de sus acciones es un espaldarazo para el resto de las demandas.

El primer juicio federal por opioides

La decisión del juez Balkman llega solo dos meses antes de que comience el primer juicio federal por opioides. La batalla judicial del 21 de octubre es el resultado de 2.000 demandas pendientes en un tribunal federal en Cleveland, Ohio, presentadas en gran parte por gobiernos locales que buscan responsabilizar a varios fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias por la mortal crisis de opioides, declarada emergencia nacional por la Casa Blanca. 

A los fabricantes los acusan de comercializar engañosamente opioides con mensajes que minimizan sus riesgos y a los distribuidores de no detectar y detener las órdenes sospechosas. Algunas de las compañías que participarán en el juicio sin precedentes son Purdue Pharma LP, Teva Pharmaceutical Industries Ltd y Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos McKesson Corp, Cardinal Health Inc y AmerisourceBergen Corp.

Un informe de la Administración de Control de Drogas presentado en la demanda colectiva revela que las compañías distribuyeron en Estados Unidos 76.000 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona entre 2006 y 2012. En seis años, la prescripción de los analgésicos para aliviar el dolor ha aumentado un 51% en el país: en 2006 fueron 8.400 millones de pastillas y en 2012 alcanzaron un total de 12.600 millones.

En Estados Unidos 66 millones de personas consumen opioides. Un sexto de esa población abusa de los narcóticos. Pero cada vez son más los políticos y ciudadanos que quieren cambiar esa realidad enfrentándose con la industria farmacéutica en los tribunales. A nivel nacional existen más de 2.300 demandas pendientes de los gobiernos estatales y locales."                (Antonia Laborde, El País, 28/08/19)

Investigadores de centros públicos cobran "honorarios" de las farmacéuticas cuyas vacunas promocionan

"Dos doctores de sendos centros públicos de investigación de Galicia y la Comunidad Valenciana han cobrado miles de euros de las farmacéuticas cuyas vacunas para la meningitis promocionan en medio del proceso por el que Sanidad, de momento, ha rechazado incorporarlas de manera generalizada al calendario oficial. Esa medida implicaría mayor financiación pública. Los pediatras Federico Martinón Torres y María Garcés cobraron individualmente casi 100.000 y 36.000 euros cada uno de las compañías Pfizer y GSK, las dueñas de esos sueros, entre 2017 y 2018.

Martinón Torres, que coordina el grupo de Genética, Vacunas, Infecciones y Pediatría del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), ingresó 71.800 euros de Pfizer y otros 24.500 de GSK en los dos últimos años, según los datos publicados por las propias farmacéuticas. Garcés Sánchez está adscrita al área de vacunas de Fisabio (la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana) y figura en el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Ingresó 30.346 euros de Pfizer entre 2017 y 2018 más 5.830 euros de GSK, según los mismos documentos. El grueso del dinero se refiere a "honorarios" por prestación de servicios distintos a los programas de I+D que Farmaindustria consigna en otros capítulos.

La meningitis y sus vacunas presentan el siguiente panorama: la británica GSK es la dueña del suero para la meningitis B Bexsero al habérsela comprado a la suiza Novartis en 2014. Tras convertirse en producto de libre acceso con receta en las farmacias en 2015 (antes era de uso exclusivamente hospitalario), no ha conseguido aún entrar entre las vacunas obligatorias según la última decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad. La estadounidense Pfizer sacó en 2018 su versión para esta patología: Trumenba.

Además, ambas compañías comercializan vacunas denominadas tetravalentes contra la meningitis A, C, W e Y: Menveo y Nimenrix respectivamente. En 2017, la Agencia Española del Medicamento permitió su comercialización en farmacias. Ambas sí serán financiadas públicamente para adolescentes, pero no se extienden a los lactantes como pedía la Asociación Española de Pediatría ni con la velocidad que demandaba esta organización.

Rechazo de Sanidad y reacción

Al poco de conocerse las decisiones de la Comisión de Salud Pública, que seguían la recomendación técnica del grupo de expertos, ambos reclamaron en el Congreso Nacional de Pediatría en junio pasado. Martinón Torres adujo que "las tasas más altas de enfermedad meningocócica se dan en lactantes Por lo tanto, sean muchos o pocos casos, es importante recalcar que es prevenible mediante la vacunación". Hacía referencia a las razones esgrimidas por los evaluadores de la Comisión de Salud sobre la baja incidencia de la enfermedad y su alto precio de comercialización: 100 euros por dosis de Bexsero.

Este pediatra ya había intentado desmontar los argumentos del grupo de trabajo público antes de que se hiciera oficial la postura de Sanidad. Anteriormente, Martinón Torres dirigió un estudio para simplificar la pauta de aplicación de Bexsero de cuatro a tres dosis utilizado por la Agencia Europea de Medicamentos para cambiar las indicaciones del suero. El pediatra declaró que este avance haría más factible la financiación pública.

Martinón Torres explica a eldiario.es que estos pagos "se corresponden con actividades personales como consultor técnico o ponente en mi área de conocimiento y experiencia investigadora. En estas actividades siempre expongo, y así lo exijo sin ningún otro tipo de condicionante, mi visión científica personal que desarrollo tanto a nivel nacional como internacional y que se sustentan en más de 24 años de ejercicio profesional".

El pediatra añade que "siempre se declaran pertinentemente en cada una de las situaciones que pudiesen llegar a interpretarse potenciales conflictos de interés". Sin embargo, en estas apariciones públicas no quedan reflejadas las vinculaciones contractuales con GSK u otra empresa (cosa que sí se incluye al pie de los artículos científicos). De manera similar, firmó en 2018 como jefe de servicio hospitalario e investigador una "información esencial sobre vacunas para padres y familias" que enumera las "vacunas recomendables adicionales" sobre enfermedades y sueros. No hay referencias a posibles conflictos de intereses.

Sánchez Garcés, por su parte, insistió en que se extendiera la vacuna contra los serotipos ACWY a los niños (ahora está incorporada para adolescentes): "Sería importante vacunar a niños pequeños por el hecho de que son los que más riesgo tienen de contraer la enfermedad". Un poco antes, en mayo de 2019, esta doctora participó en la reunión de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas Pediátricas para comentar los nuevos datos sobre la inmunidad aportada a lo largo del tiempo por esas vacunas. Se presentaban sendos estudios (en los que la pediatra no participaba) sobre las marcas Menveo (GSK) y Nimenrix (Pfzer). Cada uno estaba financiado por su compañía fabricante. La investigadora fue presentada como "científica de FISABIO" sin alusión a los pagos anuales de las compañías.

María Garcés Sánchez ha contestado a eldiario.es que como experta "nos solicitan asesoramiento y consultoría científica a través de nuestra experiencia. Como profesional sanitaria, mi obligación es tratar de trasladar cuantos avances basados en la evidencia científica se produzcan en este campo y cuyos datos, soportados tanto en estudios en vida real como en ensayos clínicos, hayan demostrado mejoras en materia de prevención de las enfermedad prevenibles por cualquier patógeno que pueda producir enfermedad en el niño".

Mercado creciente

La vacunas de la meningitis están protagonizando un periplo comercial de altos vuelos en los últimos años. GSK compró la línea de vacunas de Novartis en la que estaba Bexsero por 7.000 millones de euros a finales de 2014. La decisión de la Agencia del Medicamento de convertirla en producto de acceso en farmacias con la receta del médico disparó sus ventas a partir de 2015. Las tetravalentes también han tenido un proceso similar. Pfizer compró Nimenrix a GSK por algo más de 100 millones en octubre de 2015. Dos años después, Sanidad también admitió que se comprara en farmacias. 

En 2019 las dos vacunas tetravalentes han pasado al calendario oficial para sustituir el suero específico de la meningitis C a partir de los 12 años de edad. Eso implica la financiación pública: en consecuencia, la Comunidad de Madrid compró en abril pasado 100.000 de estas dosis por 3,35 millones de euros. Castilla y León anunció poco antes lo mismo: 50.0000 viales por 1,57 millones.

La farmacéutica Pfizer ha contestado a eldiario.es que "cada acuerdo con un profesional establece y deja claro que para Pfizer está prohibido incentivar o recompensar a los profesionales sanitarios por la utilización o apoyo a nuestros medicamentos". GSK no ha respondido a las preguntas de este diario.

"Entiendo que contrapuestas las cifras recibidas y mi firme posición de recomendar la vacuna se pueda plantear una duda sobre un posible conflicto de intereses", admite la doctora Garcés Sánchez quien insiste en que lo hace "desde la más firme convicción científica. Si los resultados de los últimos estudios clínicos no fueran los que son, mi posición cambiaría completamente".

El médico gallego se queja de que "en los últimos tiempos, desde movimientos antivacunas y afines, así como desde otros intereses, se ha pretendido, con cualquier pretexto, poner en cuestión a la inmensa mayoría de los profesionales que actúan bajo criterios únicamente de evidencia científica y promoción de la salud". Considera que es positivo que se conozca el dinero que recibe cada uno de la industria. Y luego insiste en que hay " intereses contrarios a la salud de niños que defendemos la práctica unanimidad de los pediatras".

Ambos profesionales sanitarios del sistema público no solo aparecen en los listados de Pfizer y GSK. En 2017 y 2018, Martinón Torres ingresó 29.474 euros de MSD y 23.231 de Sanofi. Garcés Sánchez añadió otros 32.382 euros en ese tiempo de la estadounidense MSD. Esta compañía asegura que "la recurrencia en la contratación de un mismo profesional sanitario obedece a aspectos como la experiencia, cualificación, prestigio profesional, el conocimiento sobre una determinada materia por encima de la media, actitudes docentes o comunicativas". Sanofi no ha querido entrar en "información detallada" sobre sus transferencias de valor."                (Raúl Rejón, eldiario.es, 16/07/19)

El líder de la diálisis logró 21 millones con sobornos a médicos de la sanidad pública

"La multinacional alemana Fresenius, líder mundial en productos para diálisis, logró aumentar sus ingresos en España en 21,1 millones de euros entre 2007 y 2014 gracias a los pagos irregulares que la compañía ha reconocido haber hecho a médicos de la sanidad pública, según consta en un documento hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El informe, que resume siete años de investigación interna de la empresa junto a las autoridades de EE UU, detalla cómo Fresenius consiguió información privilegiada de concursos públicos, influir en la redacción de las especificaciones técnicas y la derivación de pacientes a sus centros, entre otras prácticas.

La compañía, según el Departamento de Justicia, no mantuvo “controles internos sensatos, lo que permitió que los pagos improcedentes a los facultativos se prolongaran hasta 2014”. En total, “Fresenius ingresó aproximadamente 23,8 millones de dólares [21,1 millones de euros] gracias a estos pagos”, concluye el informe.

Entre los facultativos beneficiados figuran el jefe de sección de diálisis del Hospital Clínic de Barcelona, Francesc Maduell, y seis nefrólogos del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, según ha confirmado este diario a partir de la información contenida en el informe (que no cita el nombre de los implicados). Estos facultativos se suman a los ya publicados el pasado 24 de mayo: la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), María Dolores del Pino, y el jefe del servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, Antonio Galán.

El documento del Departamento de Justicia aporta más información de los casos ya publicados por este diario el pasado 24 de mayo. Uno es el del jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, que recibió de Fresenius entre 2008 y 2011 “más de 81.000 euros sin que exista un acuerdo de consultoría ni un contrato” que justifique los pagos. Galán, que ha declinado responder a este diario, recibió en total unos 150.000 euros de la compañía, con la que intercambió información confidencial sobre un concurso público de 1,7 millones.

Sobre María Dolores del Pino, presidenta de la SEN e identificada como “jefa de Nefrología” de un “hospital público localizado en Torrecárdenas” (Almería) —cargo que ocupó hasta el pasado 12 de abril—, el Departamento de Justicia señala que Fresenius le propuso en 2014 “cómo debía ser redactado un concurso” a celebrar al año siguiente y en el que la compañía ganó un lote de 2,7 millones. “Fresenius entregó dinero y [otros] beneficios” a Del Pino, detalla el documento, algo que Del Pino niega.

Fresenius cerró en marzo un acuerdo de no enjuiciamiento con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El pacto exime a la compañía de responsabilidades penales y civiles a cambio de una multa (208 millones de euros por varios conceptos), medidas de control (un supervisor durante dos años) y colaborar en las investigaciones.

Los hechos se refieren a España, México, Serbia, Bosnia, China, Turquía y otros 11 países de África y Asia. El acuerdo considera probado que la filial española de Fresenius “hizo pagos a médicos y profesionales sanitarios relacionados con concursos públicos”. La forma de llevar a cabo estos pagos fue mediante “contratos fraudulentos de consultoría”, “regalos u otros beneficios como viajes” y “donaciones para financiar proyectos de los médicos”.

El Departamento de Justicia pone como ejemplo el caso de Maduell, con el que firmó “entre 2008 y 2014 varios contratos de consultoría” por “340.000 euros, además de viajes a congresos médicos, otro a los Estados Unidos y un curso de inglés de dos semanas de duración”. El Hospital Clínic, que tiene a Fresenius entre sus proveedores, defendió ayer la legalidad de los pagos a su jefe de diálisis. “Los contratos de consultoría no son ilegales, como tampoco financiar los viajes a congresos. Fue en una de estas reuniones en Atlanta que Maduell visitó el Renal Research Centre de Fresenius en Nueva York”.

El hospital también asegura que “en horario fuera de su actividad en el hospital, Maduell hizo una gira de conferencias para la empresa, motivo por el que recibió el curso de inglés”. Francesc Maduell fue entre 2006 y 2010 secretario de la Sociedad Catalana de Nefrología (SCN) y ha publicado en los últimos años al menos dos artículos científicos relevantes relacionados con la compañía.

El Departamento de Justicia sostiene que “Fresenius también hizo pagos impropios a nefrólogos a cambio de que estos derivaran a pacientes a sus clínicas”. “En otras ocasiones, Fresenius compró negocios [clínicas de diálisis] a los médicos y luego les siguió pagando por el uso de los edificios en los que estaban localizados”, sigue el texto.

El documento destaca el caso de seis facultativos, que este diario ha identificado como miembros del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, a los que la compañía pagó “cinco millones de euros” por una clínica de diálisis situada en el centro empresarial Zoco Gran Santander. A esta cantidad, “debe sumarse el 5% de la facturación de la clínica durante los siguientes cinco años”. Según las cuentas de las empresas implicadas depositadas en el Registro Mercantil, la operación se cerró en 2004 y la cantidad extra abonada asciende a unos 750.000 euros hasta 2009.

Uno de estos facultativos es Ángel Luís de Francisco, ex jefe de Nefrología en el Marqués de Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) entre 2002 y 2008. Otro, Manuel Arias Rodríguez, que ocupó el mismo cargo en el hospital, fue vicepresidente de la SEN en los años 90 y en 2014 fue nombrado por esta sociedad como vocal de Comisión Nacional de la Especialidad, órgano asesor de los ministerios de Educación, Ciencia y Sanidad en la formación y acreditación de esta disciplina. Un tercer nefrólogo es Julio González Cotorruelo, excoordinador de trasplantes de Cantabria.

Este diario ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de los facultativos a través del hospital Marqués de Valdecilla y la SEN. El centro sanitario informó de que los seis facultativos se han ido jubilando en los últimos años. Pese a ello, “cualquier información relativa a supuestas actividades o prácticas irregulares realizadas dentro del sistema sanitario público sobre la que se tenga conocimiento será investigada”, contestó por escrito el hospital, sin querer entrar en más detalles.

Los Gobiernos de Andalucía y la Comunidad Valenciana anunciaron tras la primera publicación del caso Fresenius sendas investigaciones para aclarar los concursos adjudicados en sus hospitales. Hasta donde ha podido saber este diario, el caso no está siendo investigado por ninguna fiscalía o juzgado español.

La SEC y la oficina del Departamento de Justicia en Massachusetts, que ha participado en las investigaciones, se han remitido “a los documentos hechos públicos” hasta la fecha y han declinado ofrecer más detalles del caso. Fresenius, por su parte, ha informado de que ha “apartado de sus cargos a los responsables” de su filial española durante los años investigados. La compañía también ha declinado ofrecer más información sobre los médicos involucrados.

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) solicita en una nota remitida a EL PAÍS que Fresenius “aporte a las autoridades sanitarias españolas toda la documentación” que ha compartido con las autoridades de Estados Unidos y muestra su disposición a apoyar “las investigaciones que Administraciones y hospitales” puedan llevar a cabo sobre el caso. Para la entidad, esto pondría fin a la peculiar situación de los profesionales delatados por la compañía en Estados Unidos, que ven puesta “en duda su honorabilidad” sin que hayan sido citados a declarar en Estados Unidos ni tampoco esté abierto ningún “procedimiento judicial” en España.

En su nota, la SEN contradice a las autoridades de EE UU y a Fresenius cuando afirma que no ha quedado acreditado “que ha habido pagos inapropiados”, algo que la propia compañía ha admitido y tanto la SEC como el Departamento de Justicia consideran demostrado.

La SEN también afirma erróneamente que “toda la información publicada por este periódico se basa en un documento hecho público por la SEC”.                (Oriol Güell, El País, 05/06/19)

El líder mundial de la diálisis sobornó a médicos de la sanidad pública

"Nefrólogos de hospitales públicos de Valencia, Almería y Barcelona, entre otros centros sanitarios, recibieron entre 2007 y 2015 millones de euros en “pagos inapropiados”, contratos de “consultoría sin control”, “regalos” y “viajes”, entre otras prebendas, de la multinacional alemana Fresenius. 

El objetivo de la compañía, líder mundial en productos para diálisis, era lograr que los facultativos les adelantaran información confidencial sobre concursos públicos, “enviaran a pacientes a sus clínicas” y “utilizaran los productos más caros de la compañía”.

Así consta en un documento hecho público el pasado marzo por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos. El texto informaba del acuerdo alcanzado por la SEC, el Departamento de Justicia y Fresenius por el que la compañía pagará 231,7 millones de dólares (207,6 millones de euros) para evitar ser procesada por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero en 17 países, entre ellos España.

Al tratarse de un acuerdo entre las partes, sin embargo, el documento omitía el nombre de los médicos. EL PAÍS, de acuerdo con la información conocida, documentos a los que ha tenido acceso y varias fuentes del sector, ha podido identificar a varios de los facultativos delatados por Fresenius. Uno de ellos es la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología, María Dolores del Pino, hasta hace unas semanas jefa de servicio de Nefrología en el hospital de Torrecárdenas (Almería).

La SEC detalla cómo directivos de Fresenius discutieron en correos electrónicos de diciembre de 2014 “sobre cómo influir” en un concurso público que el centro iba a convocar al año siguiente. La empresa “logró el apoyo” de Del Pino —identificada como Doctor B— “para obtener el 60% del contrato”, correspondiente a uno de los dos lotes en liza y valorado en 2,7 millones de euros. La SEC, basándose en documentos aportados por Fresenius, recoge cómo la facultativa “recibió pagos, viajes y obsequios”.

Del Pino fue destituida como jefa de Nefrología del hospital el 12 de abril, solo dos semanas después de que la SEC hiciera público el documento. La facultativa niega haber cobrado o recibido regalos de la empresa y que su cese esté relacionado con lo ocurrido. “Este caso es muy desagradable y me siento indefensa. No sé lo que les han dicho a las autoridades de EE UU, pero no es cierto. Cualquiera que conozca el sistema de adjudicaciones en Andalucía sabe que mi poder era nulo”, relata. Un portavoz de la Junta de Andalucía informó de que “se ha abierto una investigación interna”, sin aportar más detalles.

Antonio Galán, jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, es otro de los jefes de servicio sobre los que Fresenius ha informado a las autoridades de EE UU. El documento hace mención a un “hospital público de Valencia” que en 2011 “sacó a concurso un contrato de dos millones de dólares” que fue ganado por la empresa. 

El General de Valencia es el único que reúne estas características. Según la SEC, Fresenius entregó a Galán “un borrador sobre las prescripciones técnicas y mejoras, otros sobre el sistema de puntuación y una propuesta de resultados para ganar el concurso”. “El médico utilizó su cuenta de correo personal para mostrar su acuerdo con algunas de estas propuestas recibidas”, recogen investigaciones.

La relación entre Galán y la compañía, sin embargo, venía de lejos. El facultativo recibió de la empresa “114.000 dolares entre 2008 y 2011” y otros “51.000 entre 2012 y 2014”, además de viajes y regalos. Galán no ha contestado a los mensajes que le ha hecho llegar este diario. El hospital asegura que desconocía el asunto y ha declinado informar sobre si ha abierto una investigación interna.

Un chivatazo en 2012

Otro de los casos en el foco de los investigadores son los centros de diálisis propiedad de médicos de los servicios de Nefrología de hospitales públicos que fueron adquiridos por la empresa, que a su vez era proveedora de estos centros. “Fresenius hizo pagos impropios y benefició a seis médicos públicos comprando su clínica y pagando posteriormente el 5% de toda la facturación [de pacientes derivados de la pública], además de alquilar a los facultativos los locales de su propiedad”, destacan los investigadores. En total, Fresenius pagó 2,7 millones de euros a los médicos de un hospital.

Solo en Barcelona, este tipo de operaciones se han producido en al menos dos grandes hospitales públicos, el del Mar y el Clínic, aunque solo en el primer caso los facultativos siguen percibiendo ingresos vía el alquiler de su antiguo negocio. Los implicados consultados, hoy ya jubilados, restan importancia a lo recogido por la SEC. “En España, los centros de diálisis nacieron así. Éramos los médicos los que invertíamos porque no lo hacía la sanidad pública y los hospitales nos remitían los pacientes”, sostiene uno de estos facultativos, que trabajó en el Clínic.

 “Es verdad que estábamos en los dos lados, y hoy existen incompatibilidades, pero la cosa funcionó así. Fue luego, en los años noventa y a principios de este siglo, cuando empresas como Fresenius compraron los centros”, explica otro facultativo, antiguo trabajador del Hospital del Mar.

La SEC destaca que al menos “entre 2007 y 2014, los responsables de Fresenius recibieron por adelantado información sobre concursos públicos de médicos y gestores de la sanidad pública”. “Algunos de estos facultativos”, sigue el texto, “recibieron pagos inapropiados de Fresenius España, incluyendo acuerdos de consultoría u otras ventajas como viajes a congresos médicos, a Estados Unidos, donaciones para financiar proyectos y regalos”. “Los acuerdos firmados con los médicos como ‘consultores’ iban de los 16.000 a los 187.000 dólares al año”, sigue la SEC, que añade que “Fresenius solicitó a los facultativos que modificaran las prescripciones técnicas antes de que fueran hechas públicas”.

La investigación sobre el caso arrancó en 2012 tras un chivatazo que denunció a directivos de Fresenius hechos comprometedores y amenazó con ponerlos en conocimiento de las autoridades de EE UU. La compañía, con sede en Alemania, cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que está sujeta a las leyes de ese país. “Inmediatamente iniciamos una investigación interna, en la que implicamos a las autoridades de EE UU”, explica un portavoz de la multinacional. Los responsables directos de estas prácticas, incluidos media docena de la filial española, “han sido apartados de la compañía”, añade este portavoz.

 Otros países, en el punto de mira

Marruecos. Fresenius diseñó un complejo esquema societario para hacer llegar 440.000 dólares en sobornos a un oficial del Ejército por “una comisión del 10% de un contrato de diálisis del Hospital Militar de Agadir” y otro en el de Rabat.
Angola. El director de Servicios Militares del país recibió una mordida del 20% de todos los kits de diálisis vendidos a los hospitales militares del país.
Turquía. Entre 2005 y 2014, la filial local de Fresenius entró en cuatro proyectos distintos con médicos públicos del país en los que los facultativos se vieron liberados de pagar por sus acciones, por las que recibieron posteriormente cientos de miles de dólares.
México. La filial local de Fresenius pagó a altos cargos del Instituto Mexicano del Seguro Social comisiones ilegales de 0,2 a 0,4 dólares por tratamiento. Para hacer llegar el dinero, 213.000 dólares en total, la compañía montó un esquema con la complicidad de una tercera empresa.
Serbia Y Bosnia. Entre 2007 y 2014, cuatro médicos recibieron más de 329.000 dólares mientras trabajaban para la sanidad pública por favorecer a la compañía. El dinero tuvo como destino un viaje a Filadelfia (Estados Unidos), con visitas a Nueva York y Cancún (México). Fresenius también pagó un millón de dólares a funcionarios para acelerar la privatización de cuatro centros sanitarios privados.
China. La filial local diseñó y aplicó entre 2007 y 2014 un plan de pago de bonus vinculado a una de sus líneas de negocios. Médicos y enfermeras con cargos de responsabilidad en la gestión de los centros sanitarios.
Arabia Saudí. Entre 2007 y 2012, el distribuidor de Fresenius en el país pagó más de 4,9 millones de dólares en pagos inapropiados a médicos públicos y funcionarios del gobierno para ganar o retener contratos públicos.
África Occidental. Fresenius pagó entre 2007 y 2016 al menos 3,5 millones de dólares en sobornos a médicos y militares en Gabón, Camerún, Benín, Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Níger y Senegal.

Fe de errores

En una primera versión de esta noticia se informó por error de que el nombre del jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia se llama Juan José Galán, cuando en realidad su nombre es Antonio."                      (Oriol Güell, El País, 24/05/19)

A busca de beneficios das farmacéuticas deixa baleiras as farmacias galegas

"As farmacéuticas teñen as patentes dos medicamentos durante un período de dez a quince anos, isto tamén depende da lexislación de cada país nalgúns casos. Pasado ese tempo, o laboratorio que descubriu e comercializou primeiro un determinado medicamento deixa de ter a exclusividade aos dez anos, aínda que pode solicitar unha prórroga de dous máis. 

A teoría detrás deste período de exclusividade está en que a empresa fabricante quere ter beneficios logo de investir tempo e diñeiro en investigación. A partir de aí, o mercado e a capacidade de competitividade serán os parámetros que fagan máis ou menos rendible a produción do composto químico.

A rendibilidade convértese entón nun dos barómetros que incidirá se compensa ou non fornecer farmacias cunha determinada molécula, agora baixo o nome dunha marca comercial. Se non é así, poderase dar o caso de que a empresa implicada deixe de fabricar a menciña ou, como unha medida case de presión, os laboratorios deixarán se subministrar a un mercado concreto, porque noutros lugares do mundo o seu composto multiplica por unha marxe moi ampla os beneficios que poden tirar.

PERCORRIDO

Comezamos un percorrido por distintas farmacias da área sanitaria de Compostela. O noso obxectivo é mercar, baixo receita, un composto químico para combater a ansiedade e estados depresivos. Coma sempre, imos á nosa farmacia de referencia. Nada máis entramos a farmacéutica xa nolo di directamente: “Temos malas novas, nin o alprazolán nin o bupropión das marcas que levades están dispoñibles. Ademais non especifican a data de retorno”. Preguntamos que é a data de retorno “cando se estima que poden volver subministrar o medicamento ás farmacias”.

Ese mesmo día imos a dúas farmacias máis dentro da cidade de Compostela. Dentro da primeira o farmacéutico responde que “non hai desde hai varios días” mentres mira o rexistro no ordenador. “Non, non temos, pero é que ademais non hai en ningún lugar, quero dicir que non os teñen os distribuidores”. Recoméndannos seguir buscando por se pode haber noutro lugar. Iso facemos. Segunda parada e a resposta é a mesma, non hai e tampouco serven os xenéricos. Primeira noticia que había xenéricos.

E por que non os serven? “Hai máis de 500 medicamentos que non se distribúen desde hai tempo”. Preguntamos cal é o motivo, “non sabemos, só que deixan de enviar e nada máis”.
Fóra de Compostela as noticias non son mellores. “Tíñalos apartados? Se chamaches con tempo podíamos terchos apartado e viñas xa por eles, pero se che digo a verdade, só temos unha caixa e xa está apartada desde hai días”.

A auxiliar de farmacia e a farmacéutica buscan tamén no seu rexistro informático “tampouco están dispoñibles os xenéricos”. Preguntamos tamén se saben cales son os motivos da falta dos dous produtos. “Non sabemos, deixan de enviar e normalmente hai xenéricos pero neste caso nin siquera iso”.

Chegamos á última farmacia que visitamos. Pedimos os dous medicamentos. “Non, non temos, nin xenéricos”. Preguntamos os motivos. “Non sabemos, ademais, nos dous casos as patentes están liberadas, pero non hai.

O máis seguro é que as empresas estean vendendo fóra de España estes medicamentos, en Europa valen tres ou catro veces máis, así que envían para alá o que fabrican. Tamén pode ser que haxa un ou dous laboratorios que traballen estas fórmulas e teñan problemas para enviar ou fabricar, non se sabe”.

SOLUCIÓNS?

A recomendación de todas as farmacias consultadas foi pedir cita co médico de cabeceira para buscar un medicamento similar. Concertada a cita, faise un cambio de medicamento sen retirar os que buscabamos. A cuestión é que as fórmulas das novas menciñas por seren distintas deben subministrarse en doses diferentes, por tanto hai que reprogramar os horarios das doses. Preguntamos cal é a causa da falta dos compostos farmacéuticos e a resposta dos facultativos é que “mira, os laboratorios pensan en facer cartos e o máis seguro é que estean vendendo estes produtos fóra de España por un prezo máis elevado”.

 Primeira solución tomada, cambiar o medicamento. A outra solución podería ser que as autoridades públicas, autonómicas ou estatais asumisen a fabricación dos mesmos produtos? “Teoricamente é posible, non habería problema, nalgún momento tamén se falara de que as universidades ou laboratorios militares fabricasen medicamentos” dinos un farmacéutico que non quere dar o seu nome. “O estado pode tomar a iniciativa de fabricar medicamentos, mais leva tempo ademais dos investimentos en infraestruturas”.

 Con todo, “hai cousas a maiores como son unha industria de por medio, uns postos de traballo e por tanto non é tan simple de abordar”. Outras fontes consultadas din que “primeiro o estado tería que preguntar por que debería fabricar eses medicamentos, pois os produtos que faltan dentro do mercado non son os máis doados de fabricar”. Por tanto, máis encarecemento nos custes de produción farmacéutica.

A cuestión é que detrás do desabastecemento hai varias causas e a máis poderosa é a económica. Se o beneficio que lle poden tirar os laboratorios a un medicamento en España pode multiplicarse por dous, tres ou máis fóra, a produción irá satisfacer o mercado foráneo. Por outra banda, o estado podería asumir a fabricación deses produtos, mais cun custe elevado que ás veces non compensaría a manufactura, por tanto é mellor mercalos.

De momento non hai datas de solución para varios compostos médicos. Algúns datos apuntan que esta escaseza de remedios xa ven de tempo atrás e que se foi incrementando nos últimos tempos. O recomendable é pedir outra solución farmacolóxica aos médicos de cabeceira ou especialistas."                      (Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 14/05/19)

Dinero de Coca-Cola para desviar investigaciones sobre los efectos de las sodas y otras bebidas azucaradas en la salud

"La firma estadounidense Coca-Cola invirtió ocho millones de euros en Francia para influir en profesionales de la salud y científicos, según una investigación del diario Le Monde. El objetivo era desviar la atención sobre los efectos de las sodas y otras bebidas azucaradas en la salud.

“Desde 2010, Coca-Cola dedicó más de ocho millones de euros a expertos y diversas organizaciones médicas, deportivas y de eventos”, escribió el diario, que asegura que “en Francia y en otras partes, (estas) financiaciones son, en su mayoría, comunicación o puro patrocinio, y no un auténtico trabajo científico”.

Según Le Monde, todo surge de una investigación sobre el lobbying de la multinacional, aparecida en 2015 en The New York Times. Tras el escándalo, la firma promete transparencia y publica en su página web los nombres de los expertos y la lista de actividades que financia en Estados Unidos.

“En Francia, la insistencia de la ONG Foodwatch obliga a Coca-Cola a publicarlas en abril de 2016”. Son estos datos, actualizados desde entonces, que el diario dice haber analizado. “Dietistas, nutricionistas o médicos deportivos: la mayoría de las 18 personas nombradas son profesionales de la salud”, escribe Le Monde.

Las financiaciones de la multinacional, propietaria de Sprite, Fanta o Minute Maid, buscan “hacer olvidar los riesgos vinculados con sus bebidas” azucaradas, poniendo de relieve la falta de actividad física en la cuestión de la obesidad, según el diario.

Además, un estudio de una revista especializada en salud pública,  Journal of Public Health Policy, publicada el 8 de mayo, revela que la firma impone múltiples cláusulas para poder influir en los trabajos científicos que patrocina.

Los autores del estudio, dirigido por Sarah Steele, una profesora de derecho en la sanidad pública en el Jesus College de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), pudieron analizar cinco contratos concluidos entre Coca-Cola y prestigiosas universidades de Estados Unidos y Canadá. La firma, resume Steele, “se reserva el derecho de interrumpir los contratos sin motivo”. Y “las cláusulas y condiciones de estos contratos no son coherentes con las declaraciones hechas por Coca-Cola en su página de Internet”.                  (Página12, 10/05/19)

Multas de la UE de 1.000 millones a las farmacéuticas por retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y por prácticas de reparto del mercado o fijación de precios

"Da empleo a casi 680.000 personas en toda la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, invierte algo más de 28.000 millones de euros en investigación y desarrollo y sus exportaciones rondan los 150.000 millones.

 Sin embargo, no todos los números de la industria farmacéutica europea esconden noticias tan positivas, tal y como expone la Comisión Europea en un informe publicado esta semana en el que cifra en más de 1.000 millones de euros el montante de las multas impuestas en los últimos nueve años a empresas del sector por sus artimañas para frenar la competencia en un ámbito de “importancia social y económica especial;.

Durante el período 2009-2017, el Ejecutivo comunitario ha examinado más de un centenar de casos, ha castigado 29, junto a trece autoridades nacionales de la competencia, y mantiene abiertas una veintena más de investigaciones. El análisis confirma que en 24 de los 29 casos sancionados relacionados con medicamentos el resultado se cerró con prohibiciones mientras que solo en cinco casos las empresas consiguieron librarse de la multa.

Para exponer las malas prácticas y conseguir pruebas, los responsables de la competencia realizaron inspecciones sin previo aviso en el 62% de los casos, en el 90% hubo petición de información y en el 45% entrevistas. La mayoría de las investigaciones a las que siguió una intervención, 17 de ellas, se iniciaron por denuncias.

Trabas más problemáticas

La lista de problemas identificados durante este ejercicio es larga y variada aunque el grueso de los casos se refiere a abusos de posición dominante en el mercado. Entre las trabas: desde conductas excluyentes para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos, hasta prácticas de reparto del mercado o fijación de precios, pactos entre empresas fabricantes de medicamentos originales y de genéricos para no comercializar los segundos y repartir los beneficios logrados por los fabricantes de los productos originales, o simplemente precios excesivos cobrados por medicamentos sin patente.

Por ejemplo, en 2013 Bruselas impuso una multa de casi 94 millones a la empresa danesa Lundbeck y otros 52 millones a otros cuatro fabricantes de medicamentos genéricos por cerrar acuerdos para retrasar la comercialización de las versiones genéricas del antidepresivo citalopram. Según la Comisión, las empresas de genéricos se comprometieron a no competir con la compañía danesa a cambio de dinero y de vender a Lundbeck sus genéricos que después los destruía. El Tribunal General dio la razón a los servicios de la competencia comunitarios aunque las empresas han recurrido la decisión.

Otro caso destapado estos últimos años corresponde a la farmacéutica francesa Servier y a otros cinco fabricantes de genéricos que cerraron acuerdos para proteger el medicamento más vendido por Servier, el perindopril para la presión arterial. Por ello fueron multados con 427 millones en Francia. Además de pagos a las empresas de genéricos, la estrategia de la compañía francesa incluyó la compra de tecnología a sus competidores y acuerdos sobre patentes. Servier recurrió y logró rebajar la multa a 315 millones, que todavía puede ser contestada.

Campañas de desprestigio y precios inflados

Pero más allá de bloquear o retrasar el acceso de genéricos al mercado, que cuando se comercializan son, en general, un 50% más baratos que los originales, algunos fabricantes utilizan estrategias de desprestigio. Por ejemplo, la autoridad nacional de la competencia francesa sancionó en 2013 a Sanofi-Aventis con 40 millones por su estrategia destinada a “engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los mecanismos de sustitución por genéricos”.

A esto se suma la existencia de precios no equitativos en relación a medicamentos sin patentes. El informe está regado de ejemplos por toda Europa. La autoridad italiana de la competencia impuso una multa de 5,2 millones en 2016 a Aspen por abusar de su posición dominante en relación a varios medicamentos contra el cáncer cuyos precios inflaron entre un 300 y 1.500%. En el Reino Unido, la farmacéutica Flynn subió el precio del genérico fenitoina sódica hasta un 2.600%, gracias a una laguna legal.

Mientras, en Dinamarca, la distribuidora CD Pharma, aumentó el precio del syntocinon, administrado a mujeres embarazadas durante el parto, un 2.000% al elevar el coste de 6 a 127 euros. El análisis se hace eco también de la ilegalidad del acuerdo entre una asociación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el servicio de salud regional, confirmado por el Tribunal Supremo.

Todo este tipo de conductas han impedido, según el Ejecutivo comunitario, no solo una rebaja de precios que ha perjudicado a pacientes y sistemas sanitarios, inflando el gasto hospitalario, sino también ha reducido los incentivos a la innovación. “Cuando una empresa ya establecida puede confiar en la exclusividad de sus productos antiguos durante más tiempo del que le corresponde esto puede afectar a sus incentivos para asumir el riesgo de innovar”, alerta el informe.

Ochenta fusiones examinadas

Tras este examen se esconde la preocupación expresada por el Consejo y el Parlamento Europeo ante la posibilidad de que prácticas contrarias a la competencia pudieran impedir el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales, asequibles e innovadores. 

Al hilo de esto, Bruselas ha analizado más de 80 fusiones de las cuáles 19 fueron consideradas problemáticas por el riesgo a inflar precios, especialmente de genéricos. De ahí que solo fueron autorizadas, tras el compromiso de las empresas a desprenderse de parte de sus negocios, como ocurrió en el caso de la operación de concentración entre Teva, el mayor fabricante mundial de genéricos, y Allegan, el cuarto."                 (Silvia Martínez, El Periódico, 03/02/19)