Escándalo en las oposiciones en Infraestructures.cat: denuncian movimientos de ERC para colocar a afines

 "Trabajadores anónimos de la empresa pública Infraestructures.cat ponen en tela de juicio la pulcritud y la transparencia de sus oposiciones. Parte de la plantilla de la entidad, dependiente del Departamento de Territorio de la Generalitat, denuncia públicamente supuestos movimientos de la cúpula para favorecer a miembros de Esquerra Republicana (ERC) en la consecución de una plaza fija.

Militantes y simpatizantes han sido admitidos para participar en varios procesos de estabilización de la plantilla sin cumplir con los requisitos descritos en las bases, aseguran. Una denuncia que se produce pocos días después de que la justicia suspendiera dos contratos públicos del Govern por supuestas irregularidades en su adjudicación, hecha con prisas por la celebración de elecciones anticipadas el 12 de mayo.

Cuatro procesos, 154 plazas

Apremiada por la normativa europea que llama a reducir el número de empleados interinos, la entidad encargada de ejecutar las obras encomendadas por la administración publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) la convocatoria de cuatro concursos el 29 de diciembre de 2023.

Las pruebas de los procesos ICATFIX, pendientes desde el periodo de 2020 a 2023, se han celebrado el 13, 19 y 20 de junio y servirán para transformar contratos temporales en indefinidos en la cobertura de 154 puestos de trabajo. En concreto, 79 plazas de técnico superior, 46 de técnico medio y 29 de administrativo, con sueldos a la orden de 45.770,67 euros los más elevados y 29.750,94 los más bajos.

Titulación requerida

El apartado 2.2 de las bases de las citadas convocatorias de selección exige "estar en posesión o en condiciones de obtener el título académico requerido -títulos universitarios superiores, licenciaturas o diplomaturas, así como arquitecturas o ingenierías superiores o técnicas- en la fecha en que acaba el plazo de presentación de solicitudes".

Sin embargo, los órganos técnicos de selección han aceptado la solicitud de algunos trabajadores temporales que incumplían este punto, y lo habrían hecho con la intervención del presidente de Infraestructures.cat, Oriol Güell.

Intervención de Oriol Güell

Este ingeniero -vinculado a ERC y firmante del manifiesto que pide la renovación de la cúpula del partido- habría emitido y firmado un certificado para beneficiar a dichos empleados, que serviría para convalidar la falta de titulación oficial, siempre según los denunciantes. Las mismas voces alertan de que el nombramiento a dedo de los miembros de los órganos de selección ("personal de máxima confianza personal y política" del presidente") ha ayudado a la admisión de los participantes.

En un comunicado al que ha tenido acceso este medio, los trabajadores movilizados contra este supuesto trato de favor recuerdan que Güell "carece de la mínima competencia legal para acreditar, homologar o convalidar experiencia profesional con titulaciones universitarias oficiales". Y advierten de que podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y de falsedad de documento público; también de haber vulnerado las bases de las oposiciones.

Dos contratos tumbados

El Confidencial informó la semana pasada del varapalo que el Govern de la Generalitat ha recibido por parte de los jueces por actuar con prisas e intereses escondidos. El Tribunal Catalán de Contratos Públicos ha anulado dos adjudicaciones por presuntas irregularidades, formalizadas sobre la bocina antes de los comicios al Parlament.

Una de ellos benefició a Giny Comunicació, propiedad del empresario Guillem Carol -también cercano a ERC- y ascendía a 471.972 euros. Los servicios contratados consistían en la creación de contenido para la cuenta de la red social TikTok de la Generalitat para acercarse a los jóvenes. Una de las empresas que competían por el contrato denunció el proceso y la justicia encontró "incongruencias" y falta de argumentos, por lo que anuló el procedimiento el 6 de junio.

El segundo traspié judicial lleva la firma del Instituto Catalán de la Salud (ICS), cuyo contrato de un lote de material de ventilación y respiración por 2,8 millones de euros acaba de ser anulado también por graves irregularidades. La empresa Férmon-Indis denunció vulneración de las normas legales en los pliegos del concurso y alteración de las condiciones del concurso en una ampliación del plazo, entre otras cuestiones apreciadas por el tribunal."             (Crónica Global, 24/06/24)

Joan Carles ‘El Texas’: el empresario que ha hecho caer al Ayuntamiento de Sitges

"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido a 11 personas por su presunta vinculación con irregularidades en la adjudicación de subvenciones y contratos menores del Ayuntamiento de Sitges a la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, entidad creada en 2014 por Joan Carles N. F., un empresario de la localidad que también ha sido arrestado.

Engrosan la lista de detenidos junto al empresario la alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC); uno de los regidores de su partido, Jaume Monasterio; el secretario municipal, Oriol Buxeres; la técnico de Playas, Marta Almirall; y el jefe de Servicios Urbanos, Juli Sales, además de otros investigados de los que no ha trascendido la identidad. Todos ellos, excepto dos que pasarán en las próximas horas a disposición judicial, han salido en libertad con cargos tras declarar en dependencias policiales.

'El Texas', conocido en el pueblo

Los vecinos del municipio, que se han mostrado “sorprendidos” con la detención de la alcaldesa, han trasladado a Crónica Global que el empresario es “muy popular” en la localidad costera, donde su familia regentó el Texas, un bar que cosechó cierta popularidad en pleno centro de Sitges. Fue precisamente este local, ubicado en la calle Jesús, el que le dio el apodo por el que todavía hoy se le conoce, pese a que lleva cerrado aproximadamente dos décadas.

De hecho, los vecinos apuntan a que el establecimiento echó el cierre después de que el empresario asumiera su gerencia. “No ha tenido suerte en los negocios, ni siquiera en el extranjero”, precisan. Desde hace unos años, Joan Carles participaba de forma activa en las actividades del pueblo y gestionaba la Mesa del Tercer Sector Sitges-Garraf, regada con las subvenciones del ayuntamiento, ahora objeto de investigación de la UDEF.

Precisamente, los vecinos se preguntan cómo el consistorio colaboró desde 2014 con esta entidad, pese a que el empresario no tenía experiencia en el ámbito social. Además, tras su clausura el año pasado, el consistorio mantuvo relaciones con la cooperativa que fundó y que también está bajo la lupa de los investigadores.

 
Consternación en Sitges

La detención de 11 personas ha consternado a este municipio de 31.222 habitantes en el que, a pesar del turismo, la mayoría se conocen. Aunque coinciden en que debe investigarse el destino de los casi 600.000 euros del erario que deberían haber ido a parar a personas en riesgo de exclusión social, critican la actuación policial.

Aseguran que les parece “excesivo” que los políticos salieran esposados del consistorio, porque “no son gente violenta ni peligrosa”. De hecho, en Cataluña la otra actuación policial que dejó una imagen similar fue la salida de los furgones policiales ante la Audiencia Nacional de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, los otora hombres poderosos de los gobiernos de Jordi Pujol que fueron condenados por corrupción en el caso Pretoria. También hubo imágenes del entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz (PSC), entre otros. Ese caso fue investigado por si hubo una exposición excesiva ante los medios y se archivó.

13 años más tarde, la actuación de la Udef ha causado un gran revuelo en la población costera. "Nos hemos quedado anonadados", aseguran los vecinos, aunque exigen explicaciones sobre lo que ha pasado. "No nos hace ninguna gracia todo esto, espero que todo haya sido un malentendido" apuntan en relación a las indagaciones que instruye el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

 
Las reacciones de la oposición

Tras la celebración de una junta de portavoces extraordinaria durante la tarde del miércoles en el Ayuntamiento de Sitges, Mónica Gallardo, regidora de Junts per Sitges, reconocía estar “muy preocupada” por la compleja situación. Eso si, pidió la “presunción de inocencia” para todos los investigados.

“Queremos tener los detalles y todos los datos para poder aclarar esto lo antes posible, ya no por nosotros sino por Sitges, que está convulsionado tras la detención de la primera autoridad del municipio”, expresaba. Afeaba también, como la mayoría de vecinos consultados por este medio, la decisión de la Policía Nacional de esposar a los investigados. “Creemos que estas no son las formas deseables de hacerlo, pienso mucho en su familia y en todos los trabajadores públicos que mañana tendrán que levantarse e ir a su puesto de trabajo”.

Eva García, regidora del Partido Popular, confirmaba que su formación ya ha solicitado los contratos y expedientes que son objeto de la investigación, además de las anotaciones que se hicieron tanto por parte de la Secretaría General como desde el propio consistorio. “Analizaremos la información detalladamente y actuaremos en consecuencia”, avanzaba. “Nos preocupa muchísimo ver un gobierno municipal que ya empieza con una alcaldesa detenida por una presunta trama que viene del gobierno anterior de CiU y el PSC”, en referencia a la legislatura de Miquel Forns. 

 
La Taula del Tercer Sector se desmarca

 
Por su parte, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya se ha desvinculado completamente de la entidad investigada, que ni siquiera forma parte de su red pese al parecido de su nombre. "No hemos mantenido ninguna relación con ésta y hasta este momento tampoco hemos tenido conocimiento de su origen y su funcionamiento", han expresado en un comunicado."                      (Sara Cid, Crónica Global, 21/06/23)

Las mascarillas sospechosas de Catalunya... Silencio independentista sobre Ayuso... CaixaBank y Banc Sabadell paralizaron una operación de 35 millones para la compra de mascarillas y batas en China, por desconfiar del proveedor contratado, ya que nunca antes había gestionado ingresos tan altos ni contaba con un historial conocido sobre operaciones similares... la Generalitat retiró la denuncia

 "Los partidos políticos catalanes han decidido mantener un silencio sepulcral respecto a la guerra interna en el Partido Popular entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Casado acusó al hermano de Ayuso de haber cobrado una comisión de 280.000 euros por la adjudicación de un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid. "Una comisión de 300.000 euros es suficiente para ser investigada", dijo.

La crisis ha pasado, en cambio, relativamente desapercibida en Cataluña donde no ha sido utilizada ni siquiera por los partidos independentistas para desgastar al PP o cuestionar al Estado. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una visita oficial este sábado a Arbeca (Les Garrigues) anunció ayudas al sector del aceite por importe de un millón y advirtió que los avances en la comisión bilateral del día antes son , en su opinión, "muy pequeños", pero no en vano fe ninguna alusión. Tampoco Esquerra, Junts o la CUP.

En Cataluña hubo un caso también de compra de mascarillas al principio de la pandemia que llamó la atención. El Gobierno realizó la compra de material de protección -mascarillas y batas- a través de la proveedora Basic Devices por un importe de 35 millones de euros, después de que la Generalitat retirara una denuncia por estafa contra la propia empresa el 23 de marzo.

Las entidades financieras CaixaBank y Banc Sabadell paralizaron la operación económica para desconfiar del proveedor contratado, ya que nunca antes había gestionado ingresos tan altos ni contaba con un historial conocido sobre operaciones similares, según informó El País.

La Generalitat presentó el 20 de marzo una denuncia ante los Mossos d'Esquadra por presunta estafa, pero tres días después la retiró. El entonces director general de Política Territorial, Josep Maria Sánchez, acompañado de dos altos cargos de la misma dirección general, retiró la denuncia alegando los datos que le proporcionó por mail el, en ese momento, secretario general del Departamento de la Presidencia, Economía y Hacienda, Albert Castellanos Maduell.

"Los responsables de la empresa Basic Devices SL nos han aportado los detalles operativos referentes a logística, operaciones y toda la operativa financiera nacional e internacional". "La información aportada es suficiente para refutar los indicios de estafa que habían motivado la denuncia presentada el pasado 20 de marzo", recoge la declaración que el alto cargo de la Generalitat realizó ante los Mossos el pasado 23 de marzo."                      (e-notícies, 20/02/22)

Anticorrupción investiga a ERC por colar intrusos como falsos prejubilados en el ERE de Caixa Catalunya

"El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Fernando Maldonado, ha iniciado una investigación sobre el presunto fraude del ERE de Caixa Catalunya, que se aprobó en 2010 y que coló intrusos como falsos prejubilados, según la denuncia presentada por un grupo de trabajadores de la entidad financiera.

Tal como publicó en exclusiva Okdiario, los empleados acusan a la entidad de incluir como falsos prejubilados al menos once delegados sindicales y dos miembros de alta dirección. El mecanismo fue diseñado e impulsado por la caja de ahorros con la ayuda del sindicato SEC, cercano a los independentistas de ERC.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, que decidió remitir el caso a Barcelona. Según confirman fuentes jurídicas, Maldonado ha iniciado las pesquisas para investigar si efectivamente se ha producido un fraude en el citado ERE, aprobado cuando el presidente de la caja de ahorros era Narcís Serra.

Maldonado también es el encargado de investigar operaciones irregulares en la entidad financiera, cometidas presuntamente entre 2005 y 2008, según los informes presentados ante Anticorrupción por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) creado por el Estado para rescatar a las cajas de ahorros en quiebra.

La Fiscalía investiga ahora el papel de ERC en el diseño de un mecanismo de ajuste de plantilla que realizó  el departamento de Recursos Humanos de Caixa Catalunya en 2010 para solucionar un “conflicto de incompatibilidad” en el seno del sindicato independentista. El problema era la existencia de varios altos cargos del SEC en la caja de ahorros tras la fusión con las entidades financieras de Tarragona y Manresa.

En la integración de Caixa Catalunya se agruparon la Federació Sindicat d’Estalvi de Catalunya (SEC) y el Sindicato d’Empleats de Caixa Tarrgona (SECT). 

“Fue entonces cuando decidió el departamento de relaciones laborales de las tres cajas fusionadas, de forma unilateral, dar una salida generosa y complaciente, evitando un conflicto entre los diversos sindicatos ratificando el buen clima negociador que se había desprendido en las negociaciones del ERE”, explican los trabajadores que han puesto la denuncia.

Por lo tanto, para no hacer distinción entre los sindicatos, y para garantizar el silencio de los participantesde este pacto, todos (CCOO, SEC, SEC-T, UGT y CSICA) aportaron unos candidatos para acogerse al ERE como prejubilados a pesar de no tener los 55 años necesarios, tal como señala el documento de presuntas irregularidades que investiga ahora la Fiscalía.

Según los cálculos que figuran en la denuncia, los sindicalistas lograron salir con una indemnización conjunta de 4,62 millones de euros, lo que supone un pago medio de 420.000 euros por persona. 

Los trabajadores que han puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía estiman que el fraude total alcanza los 20 millones de euros, ya que apuntan a la existencia de más intrusos en el equipo directivo de la caja de ahorros."         (Somatemps, 22/12/15)

La policía investiga el espectacular enriquecimiento de los Junqueras con las obras públicas de Cataluña

"Ya lo anunciábamos hace unos meses. La policía investiga en estos momentos el incremento de facturación de Cespa, propiedad del Grupo Ferrovial, en Cataluña tras promocionar a su empleadoRoger Junqueras, hermano del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). 

Las pesquisas, iniciadas tras una denuncia procedente del entorno del propio partido político, se concentra en determinar la existencia de adjudicaciones irregulares por parte de diversas administraciones catalanas.

Cespa ascendió a Junqueras en enero de 2009 nombrándolo gerente deClientes Públicos de Jardinería y Obras después de haber estado ocho años y cinco meses como jefe de Servicios.

El Grupo Ferrovial lo colocó también como directivo de algunas de las empresas más importantes de su holding como Cespa Jardinería, Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Ferroser Servicios Auxiliares, Ferroser Infraestructuras y Grupisa.

Roger Junqueras

Asimismo, le fue encomendado, entre otros, el denominado proyecto Smartforest que constituye una apuesta del grupo por la obtención de energía térmica a través de calderas que emplean un combustible vegetal. El hermano de Oriol Junqueras, ingeniero técnico en hortofruticultura se había dedicado hasta su ingreso en el Grupo Ferrovial, en agosto de 2000, a la formación de jóvenes con riesgo de exclusión social y pasó, de golpe, nueve años después, a tener importantes competencias en este grupo.

De manera prácticamente paralela al ascenso de Junqueras, el volumen de facturación del grupo Cespa, participado por Ferrovial y dedicado a la prestación de servicios medioambientales y a la gestión y tratamiento de residuos en España y Portugal, se fue incrementando considerablemente, tal y como han podido acreditar hasta el momento los investigadores.

Un enriquecimiento profesional paralelo al crecimiento político de su hermano en Cataluña

Hasta el año 2010 esta división empresarial apenas disponía de contratos en Cataluña. Sin embargo, Cespa comenzó a recibir una cascada de adjudicaciones procedentes de los más diversos organismos públicos catalanes hasta lograr en tiempo récord una espectacular implantación en la comunidad autónoma.

En 2010, Cespa percibió casi 120.000 euros en subvenciones procedentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat para el «fomento de las condiciones de seguridad y la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras medioambientales». 

En 2011 la empresa de Roger Junqueras fue la elegida para hacerse con el servicio de recogida de basuras de los centros penitenciarios de Cataluña, cuyo montante total se eleva a los 3.674.630,97 euros. Durante ese mismo ejercicio, el Grupo Ferrovial resultó ser también el mejor posicionado para recoger durante ocho años los residuos de la localidad barcelonesa de La Garriga.

Cespa se encarga del mismo cometido hasta en el municipio de Sant Vicenç dels Horts, cuyo alcalde es precisamente el presidente deERC, aunque la adjudicación es previa a su designación.

De forma progresiva Cespa se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del cinturón industrial de Barcelona, implantándose en municipios como Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Premià de Mar, Premià de Dalt, Tossa de Mar, Sant Boi de Llobregat, Hostalric, Cassà de la Selva, Caldes d’Estrach, Hostalets de Pierola, Sant Jaume dels Domenys, Sant Feliu de Buixalleu o Santa Maria de Palautordera.

A su vez ha sido la beneficiaria del contrato de recogida de residuos sólidos de Begur, en Gerona, por importe de un millón de euros y ha logrado prorrogar los suscritos con la Agencia Catalana del Agua (ACA) para gestionar el vertedero de lodos de la depuradora de aguas residuales de Vic, en Barcelona, que asciende a 374.000 euros. A esta relación hay que incorporar, por citar otros ejemplos, las adjudicaciones para el transporte y la eliminación de residuos del Hospital Sant Pau y el Hospital del Mar de Barcelona. Este último se eleva a 996.000 euros."                     (Somatemps, 09/09/2015)

ERC evita que se vincule a Mas con los negocios de los Pujol

"El pacto independentista para el 27 de septiembre entre Convergència y Esquerra tuvo este martes sus efectos en el Parlament y los republicanos se desdijeron de lo que habían votado en la comisión de investigación del caso Pujol la semana pasada. 

Si entonces se sumaron al resto de grupos de la oposición para reprobar a Artur Mas porque conocía los negocios de Oriol Pujol y del propio expresidente de la Generalitat, ayer cambiaron de posición y en el pleno de la cámara exculparon al líder de CDC de estar al corriente de esas actividades.

Las dos resoluciones que llevaron a Esquerra a desdecirse fueron presentadas por el PP y apoyadas por el resto de grupos, excepto los diputados de Convergència y de Unió Democrática, además de los republicanos. 

Una de ellas decía textualmente que “las relaciones de amistad (muy íntima, en algunos casos) entre los hijos de Jordi Pujol y cargos del Gobierno de la Generalitat, tanto durante la etapa Pujol, como actualmente bajo la presidencia de Artur Mas, pueden haber sido aprovechadas para generar negocios bajo el amparo de los más altos cargos del Gobierno”.

Esquerra votó a favor de ese redactado la semana pasada en la comisión de investigación, pero este martes lo hizo en contra, lo mismo que ocurrió con otra resolución que reza así: “De la comparecencia del presidente de la Generalitat, Artur Mas, se desprendió que tenía conocimiento que su padre tenía dinero sin regularizar en Liechtenstein mientras él ejercía de consejero de la Generalitat”.

Sin embargo, los republicanos cometieron un desliz y se les pasó por alto el contenido de otra resolución presentada por el PSC que sí apoyaron. En ella se alude a los “rumores persistentes que han recogido la política catalana” durante 30 años sobre el pago de comisiones y se concluye que “las dudas han llegado hasta numerosos miembros del actual Gobierno, diversos consejeros e incluso su presidente”, del que se recuerda su condición de beneficiario durante 24 años de aquella cuenta corriente en el extranjero y que no repatrió durante la época en la que fue consejero de Economía de la Generalitat.

 Jordi Terrades, diputado del PSC en la comisión de investigación, considera que “no es verosímil que los altos cargos del Gobierno presidido por Jordi Pujol y del actual presidido por Artur Mas no fuesen conocedores de las actividades descritas, si además se tienen en cuenta las relaciones incluso de amistad entre algunos de ellos”.

El parlamentario socialista se cuestiona si, ante la falta de autocrítica de Convergència por el caso Pujol y su entorno, Artur Mas puede formar parte de la lista independentista. “Ya hemos visto cómo la nueva lista hace cambiar el voto de Esquerra en los indicios de responsabilida del presidente Mas”, asegura Terrades.

Por el contrario, Esquerra sí que se sumó a los grupos de la oposición y, como ya ocurriera en la comisión de investigación, reprobó, a Jordi Pujol por haber ocultado fondos en el extranjero. Los diputados Convergència Democràtica y de Unió votaron ayer en contra, pero sus votos fueron insuficientes para que el pleno concluyera que existen indicios de irregularidades en los negocios de familia Pujol, además de advertir sobre la “connivencia” entre ciertos partidos y el poder económico.

Ni Convergència ni Unió secundaron ninguna propuesta inculpatoria o de exigencia de responsabilidades políticas al expresidente. La reprobación del que fuera presidente de la Generalitat de 1980 a 2003 no es la primera que aprueba la cámara. Ya ocurrió el 17 septiembre de 2014, menos de dos meses después de la confesión del expresidente sobre su fortuna oculta en el extranjero durante 34 años. Entonces, la cámara reprobó a Pujol durante el debate de política general “por los actos delictivos reconocidos” por el propio expresidente."                  ( Pere Ríos  , El País,  Barcelona 22 JUL 2015)

La Policía investiga el espectacular enriquecimiento de los Junqueras con las obras públicas de Cataluña

"La Policía investiga en estos momentos el incremento de facturación de Cespa, propiedad del Grupo Ferrovial, en Cataluña tras promocionar a su empleado Roger Junqueras, hermano del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

 Las pesquisas, iniciadas tras una denuncia procedente del entorno del propio partido político, se concentra en determinar la existencia de adjudicaciones irregulares por parte de diversas administraciones catalanas.

Cespa ascendió a Junqueras en enero de 2009 nombrándolo gerente de Clientes Públicos de Jardinería y Obras después de haber estado ocho años y cinco meses como jefe de Servicios.

El Grupo Ferrovial lo colocó también como directivo de algunas de las empresas más importantes de su holding como Cespa Jardinería, Cespa Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Ferroser Servicios Auxiliares, Ferroser Infraestructuras y Grupisa.

Asimismo, le fue encomendado, entre otros, el denominado proyecto Smartforest que constituye una apuesta del grupo por la obtención de energía térmica a través de calderas que emplean un combustible vegetal. El hermano de Oriol Junqueras, ingeniero técnico en hortofruticultura se había dedicado hasta su ingreso en el Grupo Ferrovial, en agosto de 2000, a la formación de jóvenes con riesgo de exclusión social y pasó, de golpe, nueve años después, a tener importantes competencias en este grupo.

De manera prácticamente paralela al ascenso de Junqueras, el volumen de facturación del grupo Cespa, participado por Ferrovial y dedicado a la prestación de servicios medioambientales y a la gestión y tratamiento de residuos en España y Portugal, se fue incrementando considerablemente, tal y como han podido acreditar hasta el momento los investigadores.

Un enriquecimiento profesional paralelo al crecimiento político de su hermano en Cataluña

Hasta el año 2010 esta división empresarial apenas disponía de contratos en Cataluña. Sin embargo, Cespa comenzó a recibir una cascada de adjudicaciones procedentes de los más diversos organismos públicos catalanes hasta lograr en tiempo récord una espectacular implantación en la comunidad autónoma.

En 2010, Cespa percibió casi 120.000 euros en subvenciones procedentes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat para el «fomento de las condiciones de seguridad y la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras medioambientales». En 2011 la empresa de Roger Junqueras fue la elegida para hacerse con el servicio de recogida de basuras de los centros penitenciarios de Cataluña, cuyo montante total se eleva a los 3.674.630,97 euros. Durante ese mismo ejercicio, el Grupo Ferrovial resultó ser también el mejor posicionado para recoger durante ocho años los residuos de la localidad barcelonesa de La Garriga.

Cespa se encarga del mismo cometido hasta en el municipio de Sant Vicenç dels Horts, cuyo alcalde es precisamente el presidente de ERC, aunque la adjudicación es previa a su designación.

De forma progresiva Cespa se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del cinturón industrial de Barcelona, implantándose en municipios como Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Premià de Mar, Premià de Dalt, Tossa de Mar, Sant Boi de Llobregat, Hostalric, Cassà de la Selva, Caldes d'Estrach, Hostalets de Pierola, Sant Jaume dels Domenys, Sant Feliu de Buixalleu o Santa Maria de Palautordera.

A su vez ha sido la beneficiaria del contrato de recogida de residuos sólidos de Begur, en Gerona, por importe de un millón de euros y ha logrado prorrogar los suscritos con la Agencia Catalana del Agua (ACA) para gestionar el vertedero de lodos de la depuradora de aguas residuales de Vic, en Barcelona, que asciende a 374.000 euros. A esta relación hay que incorporar, por citar otros ejemplos, las adjudicaciones para el transporte y la eliminación de residuos del Hospital Sant Pau y el Hospital del Mar de Barcelona. Este último se eleva a 996.000 euros."                (Mediterráneo digital, 22/09/2014)