"La investigación de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en
distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura
empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos
y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según
la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en
comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos
europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75%
de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se
ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la
luz.
La corrupción estructural: una trama normalizada
El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema.
Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la
administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de
cargos políticos que, en el caso del PSOE,
traicionan no solo la confianza pública, sino los principios
fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores
y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una
crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.
Como decía Antonio Gramsci,
“la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de
los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es
solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba
descarnada.
Por si fuera poco, los audios interceptados,
filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles
explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga
contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a
Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo
lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que
son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con
AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán
haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación
de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo
frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.
Nombramientos estratégicos y empresas pantalla
En
una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que
Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el
directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos
—como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos
adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada
será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.
La
trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000
SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en
Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—,
canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado
pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y
526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de
testaferros como recompensa por influencia política.
Varias de
estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o
favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música,
donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de
contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE
ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de
financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines,
demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.
Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político,
con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias
recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los
partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a
menudo en la subordinación a los intereses privados.
El control empresarial sobre las decisiones públicas
Las
relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca
neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que
trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan
estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen
un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando
proyectos y adjudicaciones a su favor.
Este mosaico de
evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos
dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas—
constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.
Las
grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la
administración pública a su medida, con la ayuda de cargos
colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu,
“el capital político se transforma a menudo en un instrumento al
servicio del capital económico, cuando las élites políticas se
convierten en agentes de los intereses dominantes”.
La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la
hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia
social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas.
Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el
PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras
con promesas de redistribución y equidad.
Sin embargo, su
implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la
hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada."
"La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio
Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama,
consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la
declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía
Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo
García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un
caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14
detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión
madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.
Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de
diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política
demandan.
Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento:
pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes
secundarios.
Así, aparecieron en la primera parte además de
sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el
presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la
oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por
el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy
Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.
Pero desde el
punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este
jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales
en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la
organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de
influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir:
declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a
Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por
venderse.
Y como creador del entramado para la concesión de
negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y
aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno,
titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y
el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía
judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde
2022.
“Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y
esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente
judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus
cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un
pico de años” añadió.
Entre esas “novedades” hay dos: la
presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la
vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos
Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía
pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de
imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de
Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto
con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a
la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a
Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.
El primero de los
cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a
Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.
Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer
cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra
de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.
Se hace la
gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los
dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno
que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a
tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan
el sobre.
El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000
euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País
Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.
Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.
También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.
¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?
Las
fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó
a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y
2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una
chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un
piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos)
cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000
euros.
Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por
la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama
Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.
Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.
El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2
millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.
Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una
comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar
250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.
Ese fue el acuerdo.
En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:
-Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas
se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al
señor Koldo, unos 200.000 euros más.
-Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?
-Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.
-Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.
-Sí.
Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos
realizado por la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.
Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los
datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama
indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.
Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos
los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos
pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000
para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.
Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:
-Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad
de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal
del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya,
sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar
siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el
juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?
-Manifiesto mi disposición y colaboración
Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez
Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de
octubre en la trama de los hidrocarburos.
El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la
libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al
investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la
prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y
comparecer semanalmente.
Aldama
se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el
rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo
de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este
asunto.
Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.
Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez
a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se
preocupe, tendrá pruebas”."
"(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la
moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en
nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro
Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel
-según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un
auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos,
decíamos, se puso al servicio del rey de las coimaso mordidas, Victor de Aldama.
Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en
la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-,
valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La
Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un
apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le
enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa
particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le
reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.
La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios
ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los
gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para
lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de
hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone
Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela,
Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
Aldama ignoraba que esa
presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que
había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela,
siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.
El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por
Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió
en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana
para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.
Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en
efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró
la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y
se cubrió las espaldas.
¿Cómo?
Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp,
como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para
fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas
en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.
Sánchez contestó con un lacónico “bien”.
Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”-
porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro,
por así decir.
Aldama consiguió a través del asesor para todo, el
jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras
premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades
autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario:
mascarillas y pruebas de PCR para detectar el virus.
Para el rey de las coimas era
solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios,
según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante
largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría
Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis
(Claude Rains)
Su primera operación de venta de
mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio
de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios
departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4
millones para suministrar material a Correos), porque contó con
información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro
Koldo García.
Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.
De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para
colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un
desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y
sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de
octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180
millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la
UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo
fuera de España.
Otro eslabón del informe solicitado por el
juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del
gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia
de la situación creada por la pandemia.
Según señala, Aldama,
que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese
rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a
reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de
carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también
obtuvieron inyecciones de fondos públicos.
Eso sí, si la UCO
tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría
fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de
Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su
presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo
de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.
Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el
rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las
indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso
traido y llevado rescate de la aerolínea.
El reciente auto de
la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva
incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales,
indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún
caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir
la causa”, señala una fuente judicial.
La doble condición
de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo
posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García,
se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el
partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.
Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del
17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol,
contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el
teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez,
campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje:
“Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del
informe de la UCO)
El juez Moreno, según información
recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda
del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado
Ábalos.
La Sala tendrá que pasarla por el proceso de
admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá
primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.
¿Adónde nos lleva esto?
A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.
Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que
pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas
bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).
¿Por qué?
Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado
a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado,
lleva su tiempo.
Y esto no era inevitable.
Porque el
informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera
resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la
situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.
Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe.
Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al
concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción
por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.
Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.
Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.
Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y
porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo
renunciar a el como le exigía el PSOE.
Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?
"Fue un verdadero terremoto político y social con epicentro en el
Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo. En el año 2011, en plena crisis económica internacional y cuando los recortes presupuestarios amenazaban las cuentas públicas a todos los niveles y el paro seguía disparado, la jueza Pilar de Lara lanzaba la llamada operación Pokémon.
El nombre de la operación vino dado por uno de los lemas del
manga y videojuego japonés: "¡Hazte con todos!". Esa sería la intención
de las empresas del grupo empresarial Véndex sobre contratos públicos
con ayuntamientos gallegos de todo signo político, a
los que en aquellos años de crisis e indignación social la instrucción
de la jueza De Lara retrató como administraciones propicias para la
corrupción, desde las alcaldías a los despachos del funcionariado.
Ha pasado ya casi media década y media. Y más de cuatro años
desde que Pilar de Lara perdió su plaza en Lugo –actualmente ejerce en
Ponferrada– a consecuencia de la sanción que le impuso el Poder Judicial
porretrasar y acumular macrocausas. La principal de ellas era precisamente Pokémon, con
sus incontables ramas que convulsionaron la política gallega. La
considerada pieza principal o central, la que dio origen de uno o de
otro modo a las demás, quedó resuelta finalmente a finales de junio con
condenas relativamente menores pactadas con los acusados y escaso eco
más allá de Lugo.
La pieza en cuestión fue la que enjuició la concesión ilegal del
servicio de la grúa municipal del Ayuntamiento de Lugo en el año 2005 a
la empresa asturiana Cechalva a través de un concurso público que,
según quedó acreditado en el procedimiento, estaba amañado. El entonces
concejal socialista y teniente de la alcaldía, Francisco Fernández Liñares era
la pieza clave de la operación. Junto a él, un funcionario y un
empresario lucense que contrataba habitualmente con el consistorio;
ambos pasaron a ser copropietarios de Cechalva hasta controlar el 50% de
la compañía y guiarla por un proceso hecho a medida.
Siempre según el relato de hechos probados incluido en la
sentencia y aceptado por los condenados mediante conformidad, la
contrapartida por el concurso amañado era "abonar en efectivo a cantidad
de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades
del Ayuntamiento como gratificación por la adjudicación del servicio".
El funcionario implicado, Javier R., mantenía que "irían destinados al alcalde de Lugo", entonces el socialista Xosé López Orozco, pero "realmente, las cantidades iban destinadas" a Liñares.
"Para tener dinero en efectivo con el que hacer frente a esos
pagos y poder repartir entre ellos otras cantidades de dinero", continúa
la sentencia, desde que Cechalva comenzó a operar en Lugo "diseñó y
ejecutó" un sistema con "dos contabilidades diferentes". Una caja b basada en facturas falsas de múltiples empresas de la ciudad. Así sucedió hasta el año 2012.
En el caso de los pagos de 2.000 euros mensuales, indica el
fallo judicial, fueron realizados desde 2006 y hasta julio de 2010. En
total, 110.000 euros destinados a entregarse a Liñares "sin que exista
constancia de que una parte de esa cantidad estuviera destinada a otras personas diferentes"
–Orozco fue exonerado en este procedimiento en el final de la
instrucción, como en todos los demás que le afectaban–. Además, "no puede descartarse" que el funcionario encargado del transporte del dinero no se "apropiara" cuando menos "de una parte".
Por todos estos hechos, las condenas pactadas alcanzan a once
personas y dos empresas (Cechalva y Sanle). Las encabeza Liñares, actualmente en prisión
por la condena que ya recibió en otra causa, considerado culpable de
violación de secretos (seis meses de prisión), cohecho (un año),
prevaricación (inhabilitación por dos años) y blanqueo (un año de
prisión y multa de 75.000 euros). Según explicó su abogado a la prensa,
esta condena no implicará que pase más tiempo en la cárcel.
El resto de condenas acordadas tampoco implicarán nuevas entradas en la cárcel.
Entre otras razones, esto sucede porque "concurre respecto de todos los
acusados la circunstancia atenuante por dilación extraordinaria del
procedimiento", en su vertiente "muy cualificada", dada la enorme
extensión del caso, durante más de una década.
Todo esto sucede después de que, como ya fue quedando acreditado en otras piezas de la operación, las mismas inconcreciones y dilaciones de la instrucción judicial propiciaron
la exoneración de la empresa señalada como centro de la trama, Véndex.
Del mismo modo, la enorme extensión de las pesquisas lanzadas por De
Lara dio lugar a que uno de los señalados como líder de la trama en su
parte empresarial, Gervasio R., se volviera ininputable por razones de salud." (David Lombao, InfoLibre, 08/07/24)
"El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular.
Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que,
según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro
de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor de la
pandemia), Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) se reuniría con terceras personas “en la sede del partido tal”
para, supuestamente, tratar sobre la reclamación de la Administración
de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que
canalizaba las mordidas.
“Esta afirmación, unida a que Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid],
se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar
del referido asunto”, aseguran los agentes, cuyas pesquisas obran en
poder del sumario del magistrado Ismael Moreno. No obstante, ambos
interlocutores “no muestran mucha esperanza en que este asunto se
solucione, afirmando Cueto: Estamos ya de los nervios no, lo siguiente”, de lo que se vuelve a evidenciar la preocupación del presunto comisionista por el problema de la mercantil Soluciones de Gestión.
“Al hilo de lo anterior, se informa de que por parte de esta Unidad
se realizó un control de actividades sobre Koldo ese día, exponiéndose a
continuación los hechos de interés en relación a los indicios
desarrollados en el presente epígrafe”, asegura el informe policial.
“Adicionalmente, cabe mencionar que, a instancias de esta Unidad, el día
9 de enero de 2024 el magistrado autorizó captación y grabación de las
comunicaciones orales directas mediante un sistema de grabación de
sonido ambiente digital en las reuniones que mantuviesen Cueto, Koldo, Aldama yRodríguez García,
entre ellos y/o con terceras personas que se produjesen desde el día 9
de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2024”. Con estas pesquisas se
trataba de determinar si entre esos terceros había más políticos
implicados.
Así las cosas, a las 08.35 horas del día 10 de enero de 2024, la Guardia Civil observó la llegada de Koldo a la estación de tren de Chamartín de Madrid. Una vez allí, el empresario Ignacio Arjona Morell le recogió en un vehículo Audi Q8”.
Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión en la cafetería
Gallofa&CO ubicada en Paseo de la Habana de Madrid, donde
permanecieron reunidos desde las 09.10 hasta las 09.43 horas. Arjona ha
trabajado para compañías como Sacyr y Ferrovial, que ha tenido a su
cargo proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El
Prat o la construcción de los túneles del AVE en Guadarrama o Pajares.
Desde su nuevo cargo en Grupo Avintia, ha dirigido la división de
Construcción e Industrial, reforzando el área e impulsando nuevas áreas
de negocio como la obra civil, proyectos de infraestructuras y energía.
Además, de los audios interceptados se desprende que “son claras las
advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto.
Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado
‘20 kilos’, a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas
con los contratos investigados”, añade el sumario.
“Continuando con el control de actividades realizado sobre Koldo el
día 10 de enero de 2024, a las 16.32 horas, el asesor de Ábalos abandonó
el establecimiento La Chalana para dirigirse en la motocicleta Suzuki
hasta la calle Conde de Xiquena de Madrid, y entrar junto a Pombo [Jacobo Pombo] al número 10 de la citadacalle”, añade el sumario. La instrucción de la causa sitúa a Pombo –que hace años participó en actos de FAES (el laboratorio de ideas del PP) y de Nuevas Generaciones (los cachorros del partido)– como uno de los contactos de la trama Koldo. Además, el empresario cántabro preside hoy el lobby Global Youth Leadership Forum (GYLF Forum), por donde pasan personajes muy relevantes de la vida política de este país para charlas y conferencias.
Según la Guardia Civil, “cabe mencionar que, analizados los actos
notariales en los que Pombo ha participado, aparece vinculado al
domicilio calle Conde de Xiquena número 10 de Madrid a través de la asociación Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI)”.
Es decir, que los agentes han investigado a fondo a esta persona
íntimamente relacionada con Génova 13. “En relación a esta asociación,
en el informe sobre el análisis de la información laboral, tributaria y
financiera de Koldo y su entorno se detalló que en el año 2021 se
ingresaron en cuentas vinculadas al investigado la cuantía de 438,85
euros procedentes del CEPGRI”, según el sumario. Una relación cuanto
menos comercial que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil
están analizando a fondo." (Marcos López, Diario16, 10/04/24)
Jacobo Pombo aparece como el hombre clave y cabecilla de la trama de comisiones en mascarillas durante la pandemia. Es afiliado del PP de Feijóo, ha trabajado para FAES de Aznar, aparecía en el caso Pequeño Nicolás y había sido recibido por Felipe VI, Ábalos y Margarita Robles.
"Jacobo Pombo, el cachorro que el PP crió en Génova emerge como “intermediario” en el 'caso Koldo'.
La Guardia Civil apunta al antiguo empleado de FAES,
que compartió militancia con Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, y que ha
explotado sus contactos al más alto nivel desde un lobby con sede en
Santander
Jacobo Pombo (Santander, 1983) acumula un álbum al que no falta
ningún cromo importante. Sería la envidia de cualquier coleccionista de
famosos. Un paseo por las redes sociales de este consultor y lobista,
que ha desarrollado la práctica totalidad de su vida laboral a la
sombra del Partido Popular, deja muy claro el alcance de su agenda
personal y de sus contactos al más alto nivel político, empresarial y
social: desde Felipe VI y la reina Letizia hasta la presidenta del Banco
Santander, Ana Patricia Botín; del presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pasando por la
presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ministros de
distintos signos políticos, líderes gubernamentales de varios países de
América Latina o diversos integrantes de la Comisión Europea.
Este 'cachorro' de Nuevas Generaciones criado en Génova, que
trabajó en FAES, fue asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid y
compartió militancia con dirigentes como Pablo Casado o Isabel Díaz
Ayuso –cuando estos todavía no habían llegado a lo más alto–, es
señalado ahora en el sumario como “intermediario” en la vertiente balear de la trama destapada por el 'caso Koldo',
que investiga las comisiones en torno a la venta de mascarillas en el
peor momento de la pandemia de la COVID. En realidad, Pombo lleva más de
una década entre bambalinas presumiendo sin rubor y posando con la
élite de España y Latinoamérica.
“Koldo García estaría llevando a cabo sus gestiones para que la reclamación de Baleares no prosperase
a través de dos personas distintas. La observación de las
comunicaciones y la actividad operativa realizada por esta Unidad han
permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y
Jacobo Pombo”, señala un informe sobre los avances en la investigación
consultado por elDiario.es y firmado este mes de febrero por la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El atestado menciona por primera vez en el sumario al todavía
presidente del Global Youth Leadership Forum, un foro internacional de
“líderes por el cambio” que se celebra desde hace varios años en el
Palacio de La Magdalena de Santander y cuya página web ha dejado de funcionar tras saltar a la luz la presunta implicación de su fundador en esta trama corrupta.
Hay un nombre que viene a la cabeza recurrentemente a muchos de
los que han coincidido con él en Santander a lo largo de los últimos
años. “Antes de que nadie conociera al Pequeño Nicolás... Jacobo Pombo
ya era el Pequeño Nicolás”, bromea un excompañero de trabajo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), una institución
académica con una docena de sedes por toda España y que celebra sus
tradicionales Cursos de Verano en el mismo Palacio de La Magdalena de
Santander en el que Pombo radicó su foro años después. Se da la
casualidad de que Pombo y Francisco Nicolás Gómez Iglesias tuvieron una
relación de amistad y que Pombo también apareció citado entre los
papeles que la Policía incautó al estafador junto a una cifra anotada de
9.000 euros por unas gestiones con Ferrovial y Eduardo Zaplana.
Carrera fulgurante
Su paso por la UIMP fue meteórico. De tareas relacionadas con el
protocolo saltó a director de Proyectos, Patrocinios e
Internacionalización. Todo ello, tras la llegada a La Moncloa de Mariano
Rajoy en 2011 y con José Ignacio Wert como titular de Educación,
Ministerio del que depende la entidad académica. “Su tarea aquí siempre
fue muy difusa, pero aprovechó bien el tiempo. Nadie sabía muy bien a
qué se dedicaba, pero siempre estaba en el lugar correcto en el momento
indicado, acompañando a un ministro, ejerciendo de anfitrión,
repartiendo tarjetas...”, recuerda una funcionaria de la UIMP que
coincidió con Jacobo Pombo en aquella etapa.
Ese es el hilo conductor de su trayectoria personal y su
currículum vitae: las relaciones públicas, los contactos políticos y su
intensa relación con el Partido Popular. Militante de Nuevas
Generaciones del PP en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, donde
compartió tiempo y espacio con figuras relevantes como Pablo Casado,
Isabel Díaz Ayuso o Antonio González Terol, trabajó en el Departamento
de Relaciones Internacionales en la sede de la calle Génova, pasó por la
Fundación FAES de José María Aznar y por el Ayuntamiento de Madrid, y
en los últimos años ha contado con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Santander para desarrollar en la ciudad las reuniones del Global Youth Leadership Forum, que hace tan solo unos días preparaba junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP).
El levantamiento del secreto del sumario del 'caso Koldo' ha
dejado al descubierto que la trama de corrupción en la que participaba
el exasesor de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista
como “intermediario” –término empleado por el magistrado– para evitar el
pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de Baleares. Koldo
García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo. El juez del caso,
Ismael Moreno, cree que “sus maniobras habrían surtido efecto” porque el Govern del PP que preside Marga Prohens dejó caducar la reclamación.
El informe policial de la UCO refleja los controles de
actividades y seguimiento realizados por esta Unidad de la Guardia Civil
sobre los investigados, dos viajes de Jacobo Pombo y Koldo García este
mismo mes de enero, primero desde México a Madrid y posteriormente desde
Madrid a Perú, con tan solo unos días de diferencia y con asientos
contiguos.
También aparecen visitas del exasesor del Ministerio de
Transportes con el presidente del Global Youth Leadership Forum a la
sede social de este mismo organismo en la capital de España, de la que
constan además varios pagos a Koldo García en años anteriores, con
documentación e imágenes que se alejan del glamour que hasta ahora había
conseguido transmitir el protagonista en su particular álbum de fotos
personal." (Laro García, eldiario.es, 05/03/24)
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre
(Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio
corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de
Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8
millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones
públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta
2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un
euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier
precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes.
En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la
necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García
quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del
Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión,
para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de
contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con
los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre
el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el
Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo
se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del
Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de
la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con
diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo
investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación
alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante
2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción
atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones
ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio
de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los
ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de
origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es
dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de
Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la
pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a
54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio,
según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus
desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la
siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en
su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su
Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del
exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa
en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las
comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y
su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el
pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para
recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado
la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15
vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la
Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los
lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de
guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las
escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes
han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el
esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama:
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo
siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la
inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos
declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno
balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el
PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un
material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia.
La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la
denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía
Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García
con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer.
Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se
duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se
triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros).
Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de
138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación
alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero
que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además,
la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de
2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en
la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija
menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en
estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus
ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus
ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021
(123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra
reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente
por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de
nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó
sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de
tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La
empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia,
hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado
societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa
reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones
intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque
decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de
euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones
de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el
laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear
de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El
Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la
devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la
empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la
reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que
los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar
el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos
socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del
ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución
con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido
acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a
funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo
García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a
los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara
en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se
produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el
que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que
intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido
cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete
supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al
dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José
Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la
apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y
seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí
aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a
fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor.
Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el
exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se
han saldado, de momento, sin resultados claros.
La
acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los
primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con
Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el
exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una
documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo
García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio,
Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un
operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre
Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía
recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de
noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y
averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de
control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de
la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido
por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a
Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero
que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del
vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del
asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo
interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al
litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea
estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien
denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con
el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el
expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre
que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de
fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los
contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese
organismo.
La
Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos:
“Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron
adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación
mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos
relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En
realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4
de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la
demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama
una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos
en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos:
“Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un
precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más
prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos
artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La
Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se
concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para
"mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos
cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos
detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó
cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del
Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y
2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y
Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de
material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios
contratos.
A
cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco
en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en
su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su
mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones
entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el
subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA
Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es
el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las
conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que
los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el
empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de
5,5 millones de euros.
Ambos
tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama
habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con
el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García.
Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría
experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros
entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de
Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición"
de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de
febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se
localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada
en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja
fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer
de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la
titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del
exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es
el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y
2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su
conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es
también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece
como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en
una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de
Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente
Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro
de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto,
aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos
sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la
empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de
Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados,
para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa
instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un
beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones
de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en
2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en
2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670
euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre
las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de
estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de
financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e
instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es
el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas,
aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo
Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la
querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el
juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en
las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta
al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además
de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se
habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en
distintos medios:
José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y
de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha
ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su
partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a
Ábalos como intermediario de la trama
para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las
mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y
actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que
estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
Jacobo
Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y
exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las
"gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la
reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la
empresa de la trama.
Francina
Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de
Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de
Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin
de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones
efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra
de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que
ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
Ángel
Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y
expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa
Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción
en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo
García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha
revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor
de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario”
para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de
Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas.
Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que
llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también
presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz
parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de
buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El
juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern
del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los
investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del
Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las
semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo
García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa
reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió.
Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con
un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de
tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la
causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE)
saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa
instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios
contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros
en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los
implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente
estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga
Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la
reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto,
habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también
empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que
pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que
ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que
estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era
presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones
de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a
esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas
después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva
dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al
Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que
otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había
dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los
investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual
Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría
relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una
tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle
cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de
Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto
de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía
más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al
frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están
dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y
“colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a
un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que
había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la
cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los
periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún
miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de
haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de
enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto
en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil
dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su
sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova
en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a
Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le
transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más
desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis
medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el
asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha
que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales
responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe”
–en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP
que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar
la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los
pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten
“concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería
Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la
sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales.
Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado
enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos
días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de
enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus
conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría
haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa
adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en
consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión
habrían “surtido efecto”.
