Premio para candidatos maltratadores, agresores y que se saltaron la cola de las vacunas covid ... ¿Está el listón moral de la ciudadanía mucho más bajo de lo que estamos dispuestos a reconocer?

 "Gonzalo Pérez Jácome, edil de Democracia Ourensana se vio atacado en campaña por la filtración de unos audios que muestran su presunta corrupción. A la vista de los resultado, es evidente que el público ha interpretado que Jácome ha sido víctima de lo que él tilda de mafia orquestada por el Partido Popular, la prensa local y algunas constructoras. El veredicto es claro y Jácome tiene la sartén por el mango para decidir el gobierno provincial y el local, con tres actas más en el Ayuntamiento y una más en la Diputación.

Tampoco Manuel Baltar se ha visto excesivamente castigado por las noticias de sus reiterados excesos de velocidad al volante. Bien es cierto que el presidente de la Diputación de Ourense no es cabeza de cartel en estos comicios, sino que su elección como líder provincial es indirecta, a través de los concejales que a su vez escogerán diputados provinciales.

Con todo, casi ningún orensano que votase al PP puede alegar que no sabe que su sufragio puede servir para perpetuar al baltarismo y mantener como líder a una persona que se salta reiteradamente los límites de velocidad a bordo de coches públicos, al menos una vez cometiendo un presunto delito contra la seguridad vial por el que será juzgado esta semana.

Aun así, el PP de la Provincia de Ourense ha sido el partido más votado con más del 40% de los apoyos. Ahora bien, todos los analistas preveían que Baltar lograse la mayoría absoluta y no lo ha conseguido, repitiendo resultados y quedándose a un acta de la victoria directa. Por lo tanto se puede decir que Baltar sí puede que haya recibido alguna penalización por parte del electorado, aunque de ser así, sería de carácter leve.

EL PP DIJO QUE NO CONOCÍA LAS CONDENAS DE SUS CANDIDATOS

Otro político conservador salpicado por el escándalo fue el candidato del Partido Popular en A Illa de Arousa, Matías González Cañón. Esta persona fue condenada hace varios años por pegarle a la que entonces era su compañera, rompiéndole un diente. Incluso el PP, al saltar la noticia, indicó -tras alegar ignorancia de la condena- que le había pedido su renuncia.

Cañón se negó a prometer que no recogería su acta, arropado por sus compañeros del partido conservador local. El agresor se defendió argumentando que lo sucedido había pasado hace muchos años y había sido de carácter leve, saldado con una pequeña multa y unos días de trabajos socios. Además el político dijo que su pueblo era pequeño y que todos se conocían por lo que confiaba en que los vecinos tendrían claro que él era una persona digna de ostentar un cargo público.

El tiempo le dio la razón pues su candidatura ganó los comicios, con bastante ventaja además. Su lista consiguió casi 1.500 votos, que son unos 500 más de los que lograron las listas de socialistas y de nacionalistas gallegos. Gracias a estas cifras, el Partido Popular de Illa de Arousa crece de cuatro a cinco concejales. Sin embargo es una victoria pírrica para González -que no milita en el PP- pues entre PSOE y Bloque suman seis diputados y, salvo gran sorpresa, el PP continuará en la oposición insular. 

Este caso no fue el único de un condenado por lo penal que ocupó un lugar destacado en la lista de un municipio bajo las siglas del Partido Popular de Galicia. José Manuel Barreiro Jardón es el número 3 en la candidatura conservadora en el pequeño municipio de Os Blancos en Ourense. Su partido le concedió este puesto, cuando era público y notorio que hace unos años fue condenado por pegarle a su padre discapacitado.  El político golpeó a su progenitor quien dijo ante el juez que pensaba que su hijo lo iba a matar.  Fue condenado por maltrato en el ámbito familiar.

La pena contra Barreino no fue menor, como se puede alegar en el caso de Illa de Arousa. Rozó los dos años de prisión, aunque finalmente el condenado no ingresó en la cárcel por carecer de antecedentes. Al confirmarse la sentencia, hace unos años, su partido lo apartó del grupo de gobierno pero este año lo repescó como número 3, alegando que el delincuente ya había cumplido su pena. Algo que no era cierto del todo, porque sobre Barreiro aún pesa una orden de alejamiento de su padre. 

El Partido Popular alegó que desconocía que aún estaba vigente esta orden de alejamiento y al saltar el escándalo pidió a Barreiro que renunciase a su acta, en el caso de ser elegido. Además los conservadores prometieron que no integrarán a Barreiro en su grupo de gobierno. En breve tendrán la oportunidad de cumplir esta promesa, pues han vuelto a ganar las elecciones locales en Os  Blancos. Sus vecinos no han castigado la polémica selección del candidato, más bien al contrario, han castigado al partido que denunció públicamente la circunstancia. Así el PSOE ha perdido uno de los dos concejales que conquistó en 2019. Esa acta ha ido a parar precisamente al Partido Popular, que amplía su mayoría de 5 a 6 concejales.

El escándalo en Boimorto no llegó en campaña sino durante la pandemia y fue sonado. La alcaldesa del Partido Popular María Jesús Novo tuvo que renunciar a la militancia en el PP cuando se supo que había recibido la vacuna contra el coronavirus en la primera ronda. Por entonces sólo estaba autorizada para personal sanitario y de residencias. La mandataria alegó que visitaba a diario la residencia pública del municipio para atender las necesidades del centro durante la crisis, por lo que entendía que sí tenía derecho a recibir aquella dosis. Su argumento convenció al Partido Popular sólo a medias medias. Preocupada por la pésima imagen que transmitía Novo en un momento que morían docenas de gallegos cada día sin haber podido vacunarse, el PP forzó su salida de la formación, pero no tomó ninguna medida para desalojarla de la alcaldía. Siguió gobernando como independiente, con el apoyo de los concejales conservadores.

Dos años después, el PP la repescaba como cabeza de cartel y el electorado acaba de recompensar la jugada.  Novo continuará al frente del consistorio de la comarca de Arzúa,  al conseguir seis ediles, por los tres del PSOE y los dos del BNG. El Partido Popular mantiene el mismo número de concejales y la oposición retrocede en actas y porcentaje. Por el contrario, Novo, la que se vacunó de las primeras pese a no ser sanitaria ni personal sociosanitario, conquista más proporción de votos. Hace cuatro años logró el 53% y ayer casi el 65%, unos 100 más aproximadamente. El veredicto popular, en este caso, también está claro."                      (Manuel Vilas López  , Galicia Press, martes, 30 de mayo de 2023)

La mafia colombiana y el gobierno colombiano

"Un teléfono intervenido, una llamada y una presunta compra de votos en medio de la campaña presidencial de 2018 en Colombia. Son los ingredientes que han desatado una tormenta política que azota al Gobierno del presidente Iván Duque, que ganó esas elecciones en segunda vuelta.

 Detrás de este caso, que la Fiscalía ya está investigando, hay un narcotraficante, fallecido el año pasado, y sus presuntos vínculos con el uribismo, el ala más radical de la derecha colombiana agrupada en torno al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Todo empezó con una investigación periodística que dio a conocer la transcripción de una llamada en la que José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe y una mujer hablaban de presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. Hernández, que fue asesinado en un atraco en Brasil, era un narcotraficante que usaba como fachada negocios minoristas y la ganadería. Por entonces, estaba siendo investigado por un homicidio. En el marco de esas pesquisas, una de esas conversaciones sobre corrupción electoral quedó registrada.

El ñeñevirus, como también ha sido llamado en el país andino en referencia al coronavirus, hizo temblar los cimientos del partido que sostiene al Gobierno, el Centro Democrático, que llevó a Duque a la presidencia. El mandatario ha rechazado las acusaciones y se ha desmarcado de su relación con Hernández. Sin embargo, decenas de fotografías en eventos de la campaña publicadas por el propio narcotraficante en sus redes sociales muestran que los supuestos vínculos vienen de tiempo atrás. 

La prensa local, de hecho, llegó a publicar una parte del álbum privado del Ñeñe, donde aparece fotografiado junto al hoy presidente y a Uribe, entre otros políticos. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Y agregó: “Nunca supe que había investigaciones contra él y, si las hay, que las autoridades esclarezcan y rápido”.

El actual presidente de Colombia, Iván Duque, ganó en junio de 2018 las elecciones en segunda vuelta frente al izquierdista Gustavo Petro con un discurso centrado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El año pasado, el mandatario incluso llegó a apoyar —a diferencia de su mentor, Álvaro Uribe— una consulta contra la corrupción impulsada por la Alianza Verde y la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, el político adoptó un estilo de gobierno que evita el tradicional intercambio de favores entre formaciones políticas y el clientelismo, conocido como ‘mermelada’. 

Lo ocurrido demuestra que la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que lleva décadas en política y tiene el control de las redes de poder, contradice el discurso público del mandatario. Y eso sucede en una etapa en la que la sociedad colombiana, que ha dejado atrás la guerra con las FARC aunque todavía convive con el problema de la violencia, busca renovarse y tiene cada vez menos tolerancia hacia la corrupción.

Primer paso

El escándalo ha ido creciendo poco a poco a medida que aparecen pruebas que muestran como el difunto narcotraficante se movía con soltura en círculos de poder. Una de ellas es que Hernández se trasladaba en aeronaves del Ejército. Las fuerzas militares emitieron un comunicado en el que admitieron este hecho, aunque se escudaron en que “para la fecha el señor Hernández era conocido como empresario del sector ganadero y miembro de una familia tradicional del Cesar (norte de Colombia)”. 

Se trata del mismo argumento al que recurrió el expresidente Uribe, que, cuando Hernández fue asesinado en Brasil, expresó su lamento a través de Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

Uribe, en cualquier caso, tuvo que reconocer que la mujer con la que habla Hernández en esa conversación intervenida era María Claudia Daza, una integrante de su equipo en el Senado. Poco después de que el expresidente admitiera el hecho, ella renunció y salió del país. Mientras tanto, los periodistas que destaparon el caso, Julián Martínez y Gonzalo Guillén, denunciaron ser víctimas de espionaje y seguimientos.

Ante estas circunstancias, en las que aún hay muchas dudas que despejar, la justicia ya ha dado el primer paso. La Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, que es amigo personal de Duque, decidió abrir una investigación preliminar y envió copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral. El objetivo, de momento, es que estos organismos, “según sus competencias, indaguen sobre el contenido de varias interceptaciones hechas a un número telefónico vinculado a la investigación”.

La Procuraduría también abrió una investigación a propósito de los desplazamientos de Hernández en aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, Duque, sobre quien arrecian las acusaciones de la oposición, acaba de volver de una gira internacional por Nueva York y México y trata de centrar la agenda en otros asuntos urgentes. Su Gobierno tiene que afrontar la emergencia del coronavirus y cabe esperar que en los próximos días toda la atención pública se concentre en esa crisis."                            (Catalina Oquendo, El País, 12/03/20)

La Guardia Civil certifica que Indra pagó 566.000 euros para las campañas electorales de Aguirre. La UCO reitera que la expresidenta madrileña pudo participar en reuniones con la empresa beneficiaria de los pagos...

"La Guardia Civil ha remitido un informe al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, en el que certifica que la empresa Indra abonó un total de 566.497 euros para la campaña del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, en las que venció Esperanza Aguirre.

 Los fondos supuestamente acabaron en la consultora Swat SL, dirigida por Óscar Sánchez Moyano y Juan Miguel Madoz, que asesoraba a la formación conservadora en temas de estrategia y comunicación política. 

 La salida del dinero, según los investigadores, se camufló como pago, por parte de Indra, de unos servicios de formación interna realizados por otra empresa, Formaselect. Sin embargo, estos servicios “no habrían sido efectivamente acometidos” y el dinero acabó en manos de la consultora Swat.

El documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, vuelve a salpicar en estas maniobras, si bien de manera indirecta, a la propia Esperanza Aguirre. La Unidad Central Operativa (UCO) reitera en su informe que Isabel Gallego, exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid, 

manifestó que Aguirre, al igual que Francisco Granados, Ignacio González o Cristina Cifuentes, llegó a participar en reuniones con Swat, tanto en la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol, como de la empresa, en la calle Velázquez. Gallego relató que en esos encuentros los consultores de Swat “planteaban la estrategia política y de comunicación, asesorándolos en ciertos mensajes de campaña”. Sin embargo, no hace mención a que se hablara de la financiación de esos servicios.

La UCO señala que Madoz, responsable de Swat, se reunió en marzo de 2012 (meses después de las elecciones) con el exviceconsejero de Vicepresidencia Borja Sarasola en la sede de la Comunidad de Madrid de la Puerta del Sol y en la de Indra de Alcobendas (Madrid). 

En esos encuentros supuestamente se pactó la contratación por parte de Indra de la empresa de formación Formaselect para que hiciera labores formación interna por valor de 566.497 euros –en dos pagos trimestrales de 324.497 y 242.000 euros–. Los fondos que recibió Formaselect de Indra se transfirieron "casi inmediatamente a otras sociedades" controladas por Madoz y por otro de los empresarios proveedores del PP, Oscar Sánchez Moyano.

“Los fondos aportados por Indra a petición de altos cargos de la Comunidad de Madrid habría[n] servido para retribuir los trabajos que dicho entramado [el de Swat] había prestado para el Partido Popular de Madrid”, concluyen los agentes en su informe.

 Los investigadores recuerdan que para recaudar los fondos de la empresa tecnológica, el expresidente de la Comunidad y antiguo jefe de campaña de Aguirre, Ignacio González, pidió en 2012 al consejero delegado de la empresa pública Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, un millón de euros para sanear las cuentas del partido.

Este pago de más de 566.000 euros no es el primer servicio que Indra supuestamente prestaba bajo cuerda al PP madrileño. En informes previos, la Guardia Civil explicó la juez cómo la compañía accedió en 2012, a requerimiento de ICM, a subcontratar a la mercantil Eico, dedicada a la reputación online y que también había participado en la campaña de 2011, para realizar trabajos de medición de impacto en redes sociales. Los agentes recuerdan que Indra tampoco fiscalizó los trabajos de Eico y “se limitó a sufragar las facturas presentadas” por su principal responsable, Alejandro de Pedro."                    (Óscar López-Fonseca, Fernando J. Pérez , El País, 21/06/19) 

Ciudadanos silenció el fraude en las primarias hasta que los críticos amenazaron con ir al juzgado. Rivera es el responsable directo: trae gente de fuera y los hace ganar

 "A Javier Carpio le llamó la atención lo que leía en la web de Movimiento Ciudadano, la plataforma que Albert Rivera lanzó en octubre de 2013 para relanzar a su partido a nivel nacional. 

Por eso, meses después se afilió a Ciudadanos e incluso participó como apoderado en una mesa durante las elecciones europeas de mayo de 2014. Poco a poco se fue interesando por la vida interna del partido y pronto detectó “algunos movimientos” que no le gustaban.

Estalló cuando vio “que no había posibilidades reales de elegir” entre quienes optaban a liderar el partido. Lo comprobó en las primarias de julio de 2018 en Málaga y, con el plazo aún abierto para la votación, se presentó en el juzgado de guardia. Denunció la falta de transparencia en la votación telemática. “Fueron elecciones que no estaban garantizadas ni auditadas. Dejan muy claro que los que eligen son los de arriba”, subraya Carpio.

Carpio recuerda perfectamente cuando acudió, en verano de 2018, a un acto en el que los tres candidatos a las primarias por Málaga -Emilio Utrabo, David Santos y Javier Imbroda, actual consejero de Educación de la Junta de Andalucía- iban a contar sus propuestas. Imbroda había anunciado el 5 de julio (diez días antes de la votación) su aterrizaje en Ciudadanos y quería escucharle. 

En el turno de preguntas agarró el micro y cuestionó a las tres candidaturas por las garantías de la votación electrónica. Se llevó una sorpresa. “Me dijeron que habría que fiarse del sistema, que nadie les había garantizado nada”, recuerda Carpio, que tras esa respuesta fue directamente a los tribunales.

Informático de profesión, hoy está fuera del partido. Su denuncia fue archivada, pero le significó primero la apertura de un expediente disciplinario y, más tarde, la expulsión. La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos le echó el pasado mes de octubre por “menoscabar el buen nombre del partido” y porque sus manifestaciones públicas acerca de la denuncia “pueden ser consideradas desleales o contrarias a los interesas” de la formación naranja.

Carpio ahora observa “con una sonrisa de satisfacción” lo ocurrido en Castilla y León, donde el partido ha tenido que dar la victoria en las primarias a Francisco Igea frente a Silvia Clemente - candidata de Rivera- por un fraude en la votación. “Sabía que iba a pasar”, destaca.

 “Y lo sabía porque hay muchas posibilidades para hacer trampas con el sistema de votación electrónico que ofrece la web de Ciudadanos”, añade Carpio, que dice que la formación naranja conoce “las claves de todos sus afiliados” y que el sistema informático marca “a qué candidato votó cada cuál, para saber quiénes son del aparato y quiénes no”. 

Además, recalca que se pueden mover votantes de una circunscripción a otra, “de ahí esos 82 votantes de más en Castilla y León”. “Ya ocurrió también en Molina del Segura (Murcia), donde había afiliados traspasados desde Mollina (Málaga)”, dice.

El exmilitante apunta directamente a Albert Rivera como máximo responsable. “Es el responsable directo puesto que no hay otro jefe supremo que esté introduciendo candidatos. Trae gente de fuera y los hace ganar. Es bastante claro que es Rivera quien controla todos estos procesos. Cualquier cosa que no le gusta del partido, no ocurre”, relata.

“Yo solo quiero que las elecciones sean democráticas, con una urna de cristal y sin posibilidad de manipulación”, afirma Carpio, hoy desengañado por aquel partido “joven, que se presentaba honesto y que iba a limpiar la política”. “No han hecho nada de eso y es una vergüenza. Ciudadanos es hoy un partido antidemocrático y antiliberal”, concluye."                    (Nacho Sánchez, El País, 14/03/19)

"Ciudadanos conoció las irregularidades en la votación de las primarias de Castilla y León el sábado a última hora de la tarde tras proclamar vencedora a Silvia Clemente. 

Sin embargo, no fue hasta las cuatro de la tarde del domingo cuando el partido hizo público que se paralizaba la candidatura de Clemente. 

Un lapso de casi 24 horas de silencio tras las que el equipo del candidato crítico, Francisco Igea, llegó a dirigirse a un juzgado de guardia de Valladolid para interponer una denuncia. Solo entonces hubo reacción en Madrid.

El relato del fraude destapado en Castilla y León comienza en Burgos. Tres jóvenes militantes detectan que el número de votos recogidos en el acta de participación no coincide con la suma de los resultados anunciados por Ciudadanos. Hay un desfase de 82 votos. Son las tres de la tarde del sábado y apenas dos horas antes Ciudadanos había anunciado que Clemente se había impuesto a Francisco Igea por una diferencia de apenas 35 votos.

La expresidenta de las Cortes por el PP, fichaje estrella del partido de Albert Rivera, se convertía así en la candidata oficial de Ciudadanos en Castilla y León y salvaba la cara del líder, que le había dado su aval en la batalla más reñida del partido.

Igea comía en Valladolid con unos 80 militantes después de conocer su derrota cuando les llegó el aviso desde Burgos de que algo no cuadraba. En ese momento, varios militantes se levantaron de la mesa y se encerraron para descargar todos los certificados de votos, a los que puede tener acceso cualquier afiliado y en los que se detalla la hora de cada uno. De ahí se elaboraron dos gráficas para explicar el patrón de participación.

El sistema telemático de votación, al que se accede a través de la intranet del partido con un usuario y una contraseña simple, permaneció abierto hasta las diez de la mañana del sábado. La sorpresa fue en la madrugada. Entre las dos y las tres y entre las ocho y las nueve del sábado hubo un pico de participación con casi todos los apoyos para Clemente.

El primer aviso de un posible fraude llegó a la dirección nacional el sábado a última hora de la tarde, según fuentes del partido. Miembros de la ejecutiva aseguraron que se iba a mirar lo que había ocurrido y la comisión de garantías del partido se puso a trabajar en ello. Mientras tanto Silvia Clemente seguía siendo candidata oficial del partido.

Al día siguiente, lo que acabaría siendo el mayor escándalo de Ciudadanos desde su fundación en 2005, aún no había salido a la luz. El equipo de Igea preparó entonces una denuncia para presentar ante el juzgado de guardia de Valladolid. Allí se dirigieron varios miembros del equipo a las dos y media de la tarde del domingo.

Pero la denuncia nunca se llegó a presentar. Ciudadanos emitió finalmente un comunicado a las cuatro de la tarde en el que anunciaba que había recibido “un requerimiento” de uno de los candidatos y que mientras se hacía una comprobación de la denuncia “se paraliza la proclamación definitiva de los candidatos”.

El resto del relato, con la proclamación de Igea como vencedor final de la contienda el pasado lunes, es la historia de la mayor crisis interna del partido. Ciudadanos busca ahora cómo cerrar la polémica, que se ha extendido a otras comunidades como Murcia, Cantabria o Madrid, que también han pedido una comprobación de sus procesos de primarias.

La semana más negra del partido naranja llega a seis semanas de las elecciones generales del 28 de abril y con el partido en caída libre en todas las encuestas. El líder Albert Rivera todavía no se ha pronunciado. Este miércoles, en un acto de precampaña, se negó a contestar a los medios de comunicación a su llegada y evitó encontrarse con ellos a la salida."                (Inés Santaeulalia, El País, 14/03/19)

Un alcalde confiesa que empadronó a parientes y amigos para seguir en el cargo

"Algo no va bien cuando es el alcalde el que elige a los vecinos. Tanto chirría una situación de ese tipo, que el edil puede acabar condenado por un delito electoral, como le ha ocurrido este lunes a Francisco Pardillos Marín, del Par, que ha confesado cómo unos meses antes de las municipales de mayo de 2015, en las que revalidó la alcaldía a la que había accedido tras ser inhabilitado por prevaricación su primo Jesús, aprobó el empadronamiento de once parientes, amigos y empleados en Manchones (Zaragoza) "con el fin de que constasen como electores” y “a sabiendas de que no residían" allí.

Pardillos eludirá la prisión pese a la condena. La confesión forma parte de un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones que reduce su pena a seis meses de cárcel (sustituidos por una multa de 1.080 euros) y una multa de 540, con una pena accesoria de medio año de inhabilitación para el sufragio pasivo que conllevará su cese.

Al tratarse de un concejo abierto de cinco concejales Pardillos será relevado por el sexto candidato más votado en 2015, en este caso el candidato de IU Ángel Vicente, que será el segundo edil de la oposición junto con la socialista Natividad Badules aunque el Par mantendrá una mayoría suficiente de tres para elegir al nuevo alcalde.

¿Revisar las municipales de 2015?

La duración de la condena no impedirá que pueda volver a presentarse en las municipales de 2019. Sin embargo, esa sentencia, firme desde el momento en que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza la dictó de viva voz este lunes, abre una vía inédita a la eventual repetición de unas elecciones por la manipulación del censo, algo que ocurre con relativa frecuencia en el mundo rural. 

PSOE e IU denunciaron ante la Junta Electoral que en las municipales habían votado más de una decena de personas que no residían de manera habitual en el pueblo

En mayo de 2015, las dos formaciones que se consideran perjudicadas por la manipulación del censo, PSOE e IU, denunciaron ante la Junta Electoral de Daroca que en las municipales habían votado más de una decena de personas que no residían de manera habitual en el pueblo. Los once empadronamientos irregulares confesados por el alcalde suponen casi la décima parte del censo, formado por 128 votantes y en el que solo se abstuvieron catorce, cuatro más que en 2011. 

Según explicaron fuentes de ambas formaciones, la junta rechazó la impugnación alegando que ese asunto es competencia de la Oficina del Censo. Ahora se plantean reabrir esa reclamación a partir de la sentencia, que confirma que una parte de los votantes inscritos no debían haber emitido su sufragio.

Más demandas por el padrón

Donde sí va a ir la sentencia es a los juzgados de lo Contencioso. El propio magistrado anunció que la remitirá al que tramita el pleito en el que ocho personas críticas con la gestión del alcalde y que residen en el pueblo con frecuencia han demandado al ayuntamiento por denegarles la inscripción en el padrón, precisamente en las mismas fechas en las que Pardillos tramitó las altas cuya ilegalidad ha confesado ahora. 

Ese tipo de procesos administrativos contemplan la posibilidad de inhabilitar a cargos y empleados públicos cuando sus decisiones afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos.

El relato de hechos admitido por el alcalde recoge cómo este, entre noviembre y diciembre de 2014, "como quiera que tenía la intención de presentarse a su reelección", aprobó la incorporación al padrón de su hermana, dos primos de Valencia, seis amigos y primos de su padre y dos empleados suyos, en este caso con su propio domicilio como dirección. Varios de ellos figuran como residentes en señas que no existen o que corresponden a casas deshabitadas.

Francisco Pardillos se enfrentaba inicialmente a peticiones de condena de hasta dos años de cárcel y quince de inhabilitación, más multas de hasta 7.200 euros, por un delito electoral de alteración del censo y otro de prevaricación. Sin embargo, el acuerdo, formalizado tras una breve vista a puerta cerrada, considera que la prevaricación se encuentra subsumida en la infracción electoral.

Segundo alcalde condenado en cuatro años

La sentencia, en cualquier caso, no zanja la tensión que se vive en este pequeño municipio zaragozano, cuyos dos últimos alcaldes han sido condenados en menos de cuatro años por asuntos relacionados con la gestión municipal.

La Audiencia de Zaragoza inhabilitó durante nueve años a Jesús Pardillos, antecesor de Francisco, por las trabas ilegales que puso durante meses para impedir que una familia pudiera ampliar la granja de pollos con la que se gana la vida.

La resolución, que condenaba al anterior alcalde a indemnizar con 137.614 euros a las víctimas, fue emitida en mayo de 2014 y confirmada en abril del año siguiente por el Supremo, que describió la conducta de aquel como "lo que en lenguaje coloquial se conoce como una 'alcaldada'", por su "abuso de autoridad" y su "intención de perjudicar en todo momento" a los afectados."                (Eduardo Bayona, Público, 08/01/18)

¿La corrupción sale gratis en España? Sí, y en todo el mundo

"Los votantes no castigan la corrupción. La investigación académica mundial está de acuerdo en que el voto no es una herramienta satisfactoria de control político. A los españoles les puede parecer que su país es lamentable por haber dado la victoria a un partido lleno de casos de corrupción, pero pueden estar tranquilos: en todas partes ocurre igual.

 “No somos un país raro. El nivel de penalización de la corrupción aquí es similar al de otros países”, dice Elena Costas, profesora de Universidad Autónoma de Barcelona. Estos son los motivos:

 1. Solo tienes un voto y quieres decir muchas cosas. La corrupción no se castiga porque nos afecta poco. Cuando un ciudadano decide su voto valora su ideología, sus impuestos, los candidatos alternativos o quién va a construir un carril bici. La corrupción puede ser un factor, pero es difícil que sea el principal y seguro que no es el único.

“El voto es ideológico y partidista -dice Gonzalo Rivero, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Esa decisión te pone unas gafas ideológicas”. Las elecciones del 26-J tenían un panorama claro. Había habido elecciones seis meses antes y después de las largas negociaciones de la legislatura, los papeles eran evidentes: “La división estaba entre un gobernado liderado por el PP o por Podemos”, dice Rivero.

Era obvio que el votante del PP iba a dejar de lado la corrupción para evitar un mal mayor. “Si han protegido tu pensión y tus ahorros, lo agradeces votando”, dice Víctor Lapuente, profesor en la Universidad de Gotemburgo y coordinador del reciente La corrupción en España. 

 "El principal obstáculo para el castigo tiene que ver con el partidismo: los seguidores de un partido tienden a ver la corrupción de ese partido como menos grave", dice Jordi Muñoz, profesor de la Universidad de Barcelona.

2. Aunque si la corrupción es extraordinaria, sí se castiga un poco. Las estrategias de racionalización de los votantes son infinitas. Solo hay que entrar en Twitter un rato para comprobarlo. “Tampoco es para tanto”, suele decirse cuando algo malo afecta a uno. O el penalti siempre es más injusto en el área propia. 

Hay veces sin embargo en que la corrupción se impone, pero son casos extraordinarios: necesita intervención judicial y una cobertura total de los medios.

 “La publicación se ha sesgado mucho y los ciudadanos daban por descontados los escándalos en determinados medios porque se veían como un instrumento político”, dice Lapuente. Solo los casos que reciben una cobertura total, empiezan a ser injustificables para los votantes. Aunque no suele ser definitivo: "Los políticos corruptos pierden votos, pero no como para dejar de gobernar", dice Costas.

Una racionalización habitual es equiparar con cinismo la corrupción en todos los partidos: para que estén otros corruptos, que estén los míos. Los votantes del PP tienen una solidez especial, según los estudios: “En el PP hay un suelo de votantes súperideologizado. Este votante incluso viendo casos de corrupción, no solo no cambia su voto, sino que su percepción de corrupción cambia y dice que no hay”, según Costas.

3. Pero en el fondo quizá sí ha pasado algo de factura. Dentro del Partido Popular creen que en el 20-D sí les afectó: “Nosotros pagamos la corrupción el 20-D”, dice Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP. No hay datos académicos que lo corroboren, pero es posible. El 26-J el PP creció más de 600.000 votos. Según Levy, esos votos venían de Ciudadanos y la abstención.

La abstención era el refugio del votante que quería castigar la corrupción en épocas bipartidistas. “Los datos dicen que allí donde hay corrupción repetida en distintos mandatos, hay más abstención. Sobre todo crece en los votantes que no son muy partidistas”, dice Costas. Las dos expresiones más importantes en esa cita son “repetida” y “no muy partidistas”. La corrupción municipal se castiga cuando ocurre y se repite y lo hacen los votantes moderados. (...)

4. El sistema político español era ideal para la corrupción. El sistema de elección mayoritario elige a personas. Son los modelos británico y norteamericano. “Ahí cada político se juega su reputación”, dice Lapuente.

España tenía un sistema proporcional con listas cerradas y solo dos partidos. En los países multipartidistas como los nórdicos, un votante de derechas o izquierdas tiene más de una opción con posibilidades de estar en el Parlamento. Un porcentaje pequeño de voto garantiza representación: ¿cuánta gente más habría votado a VOX o el PACMA si hubiera sido segura su aparición en el Congreso?

En España hasta 2014 solo había dos opciones cerradas. Era un sistema ideal para tener un votante cautivo a pesar de la corrupción. Ahora las opciones se han ampliado a cuatro en la mayoría de provincias, pero no en todas. El bipartidismo aún sobrevive en algunas.

El voto es en suma un instrumento insuficiente para eliminar la corrupción de las instituciones públicas. Las reformas son un remedio mejor para castigar la corrupción. Para los votantes, es una prioridad solo cuando les preguntan por los problemas de España, no ante la intimidad de la urna."              (Jordi Pérez Colomé, El País, 28/06/16)

¿Por qué en España no se castiga la corrupción en las urnas?

Entre 2000 y 2010 un total de 676 municipios españoles se vieron afectados por diferentes casos de corrupción, un 8,3% del total, según el estudio Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España (Dialnet), elaborado por profesores de la Universidad de La Laguna.

 Una magnitud del fenómeno que parece ya de por sí preocupante, y eso que en el informe se reflejan sólo los escándalos vinculados a las administraciones locales y en concreto en materia urbanística, dejando al margen otras irregularidades en gobiernos regionales o en la Administración central. Y sin embargo, las consecuencias electorales de los casos de corrupción son cuando menos limitadas.

En las elecciones municipales de 2007 casi un 70% de los candidatos implicados en casos de corrupción consiguió la reelección. En los comicios locales de 2011 el panorama no cambió demasiado: en el 59,5% de los municipios con un alcalde 'tocado' por la corrupción volvió a ganar el mismo partido (en 60 de 106 localidades) y en el 58% de los casos fue reelegido el propio candidato implicado (40 de un total de 69 candidaturas), según datos de la Fundación Alternativas. 

Unos resultados electorales que confirman la relativa tolerancia con que se relacionan los españoles con los problemas de corrupción. En el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de abril, un 39,3% de los encuestados citó la corrupción como uno de los grandes problemas del país. Y un 29,4% también señaló como problema a los políticos en general.

 La preocupación de los españoles por la corrupción y por la deriva de la política ha ido creciendo durante la crisis, y ahora ya está cerca de los máximos que marcó a mediados de los noventa, en pleno boom de escándalos en el último gobierno de Felipe González. Pero aunque la corrupción se ve como un problema para el país, el castigo en las urnas parece inexistente. 

 En la ciencia política la paradoja de la corrupción se ha convertido ya en un concepto clásico: mientras que la corrupción en sí misma se considera un comportamiento reprobable y vergonzante, algunos políticos corruptos mantienen intacta (o casi) su popularidad. Un fenómeno que tiene un reflejo fiel en la escena política española.

 ¿Por qué los votantes españoles muestran una preocupante tolerancia con los candidatos implicados en casos de corrupción? ¿Por qué el previsible castigo electoral tiene un alcance más que limitado? Son varias las posibles causas de esta permisividad. Explicaciones que no son excluyentes ni alternativas, sino que se complementan para perfilar los porqués de la manifestación de esa paradoja en la política española.

NO TODAS LAS CORRUPCIONES SON IGUALES.

 Los ciudadanos no tienen la misma percepción en torno a la gravedad de todas las irregularidades cometidas por un político. Diversos estudios internacionales confirman que el votante censura los casos de corrupción que implicaban simplemente un enriquecimiento ilícito del político, pero no si la irregularidad cometida conllevaba algún tipo de beneficio para la comunidad (ya sea mediante la construcción de infraestructuras, la creación de empleo a través de proyectos ilícitos...).

 No es lo mismo, en definitiva, repartir sobresueldos ilegales entre los miembros del partido que recalificar irregularmente un terreno para levantar un polideportivo. Esto es, no hay castigo electoral si la corrupción no tiene ningún coste (o incluso tiene un beneficio indirecto) para el ciudadano. En Brasil incluso se ha popularizado la expresión "rouba mais faz" (roba pero haz).

"No todos los actos de corrupción son percibidos como inequívocamente negativos por el electorado que se supone que tiene que juzgarlos en las elecciones. De hecho, en algunos casos, los votantes incluso podrían beneficiarse de tener un político corrupto en el cargo dado que algunas de sus actividades podrían implicar un incremento a corto plazo de su bienestar", sostienen los profesores Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero, investigadores del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York, en un reciente estudio [aquí, en inglés].

 Un informe que concluye que en las elecciones municipales españolas de 2011 los candidatos implicados en casos de corrupción sólo tuvieron de media un 2% menos de apoyo que los políticos honestos (lo que desde un punto de estadístico es virtualmente cero). Pero el castigo electoral se eleva hasta más del 4% si el escándalo no implica ningún beneficio para el municipio o incluso perjuicio por afectar a las arcas públicas.

 "No es que los votantes premien a un corrupto porque sea un buen gestor económico", subrayan los investigadores, sino que "el candidato es reelegido porque un amplio espectro del electorado tuvo la oportunidad de disfrutar indirectamente de los beneficios de su conducta ilegal", indican. 

Otro estudio también reciente, éste de los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego [aquí, en inglés], abunda en esta conclusión y apunta que ese efecto positivo de la corrupción para el elector eleva en 14 puntos porcentuales la probabilidad de votar a un político corrupto.

 SI TODOS SON CORRUPTOS, ME QUEDO CON LOS MÍOS.

 "Son todos iguales". Es el estribillo que muchos ciudadanos utilizan para afear a la clase política en su conjunto, para achacar sin matices comportamientos particulares ilegales a los representantes de todos los partidos políticos. 

Esta suerte de cinismo político conlleva una generalización de la sospecha sobre todos los cargos públicos, aplicar una presunción de culpabilidad sin hacer distingos entre trayectorias intachables y largos historiales judiciales. Y este cinismo democrático, además, también se convierte en freno para aplicar un castigo real en las urnas contra candidatos implicados en casos de corrupción.

 Si cunde el convencimiento de que todos los partidos y todos los candidatos comparten actuaciones irregulares, los incentivos que podría tener el electorado para cambiar el voto prácticamente desaparecen. Si todos los candidatos son igualmente corruptos, ¿por qué no seguir votando al partido al que siempre lo hice y con el que me siento más identificado ideológicamente? 

Un efecto que explicaría el interés de los partidos que se ven implicados en una irregularidad en airear y recordar todos los escándalos que han sufrido el resto de formaciones políticas (y tú más, vaya)."       (Expansión, 27/05/2013)

“Tamayo está avisando al PP, quiere seguir cobrando o hablará”

"El diputado socialista Rafael Simancas cree que el tránsfuga que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid en el verano de 2003, Eduardo Tamayo, está enviando al PP el mensaje: “quiero seguir cobrando o, si no, tendréis problemas, porque hablaré”.

Simancas ha dicho en una entrevista con EFE que el “paseo infame de Tamayo por la Puerta del Sol hace unos meses -cuando pidió ser recibido por la presidenta Esperanza Aguirre y ella se negó- era una amenaza en toda regla” y que los “papeles que han surgido casualmente diez años después supuestamente manuscritos por Tamayo son evidentemente un nuevo toque de atención”.

“Todo parece indicar que se trata de una estrategia parecida a la del señor Bárcenas, un aviso al PP para que paguen”, apunta el que fue durante siete años líder de los socialistas madrileños, en referencia a los papeles de Tamayo.     (...)

Sobre quiénes podrían acabar en el banquillo, Simancas señala a los que se lo han “ganado a pulso”: los exsocialistas Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez y José Luis Balbás, el que fuera secretario general del PP de Madrid (2001-2004) Ricardo Romero de Tejada, los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez y el empresario Dionisio Ramos.

Subraya que Romero de Tejada era la “mano derecha de Miguel Blesa en la Ejecutiva de Caja Madrid” y que, por tanto, “no es una presa menor”.

Simancas sostiene que la “sentencia ciudadana está dictada” y que “ocurrió lo que parece, y es que una banda de delincuentes, entre dirigentes del PP y detentadores de negocios en el suelo madrileño, con el concurso de dos diputados traidores del PSOE, fraguaron un golpe institucional que doblegó la voluntad democrática de los madrileños”. Añade que “todo el mundo sabe” que las razones de la traición de Tamayo y Sáez fueron “contantes y sonantes”, es decir, “que se les pagó y que cobraron”. 

... el entonces fiscal jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo -luego ministro de Justicia- “recibió una instrucción clara y directa del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a las órdenes del Gobierno de Aznar de que no se investigara en absoluto y se enterrara todo”. Según Simancas, “hicieron bien su trabajo, pero la porquería siempre acaba saliendo a flote”.           (El Plural, 08/06/2013)

El tamayazo...

 Los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, juran su cargo durante el pleno para elegir la Diputación Permanente, en junio de 2003. / GORKA LEJARCEGI

 ESPECIAL Toda la información sobre el 'tamayazo'

"Tamayo es hoy un directivo de la empresa constructora Prefabricados y Obras Zarza, con proyectos en Venezuela y Guinea Ecuatorial, donde colaboran en el Plan Horizonte 2020, proyecto del dictador Teodoro Obiang para diversificar la economía del país. En agosto del año pasado, la Cámara de Comercio del país africano le entregó una placa tras la inauguración de su sede en la zona de Timbabe, en Malabo.

 En cuanto a Sáez, la mujer sigue donde estaba, en Orcasitas, su barrio de toda la vida, trabajando en el hospital 12 de Octubre y levantándose todos los días a las 6.30. Las incógnitas del caso continúan y nunca fueron despejadas judicialmente. (...)

Ese día se constituía la Asamblea de Madrid, el paso previo a la investidura de Rafael Simancas. El político, un tipo de origen humilde nacido en Alemania, era desconocido en el resto de España. Se había bregado como concejal en el Ayuntamiento de Madrid y durante la campaña había eclipsado en algunos mítines a Trinidad Jiménez, la candidata del PSOE al Ayuntamiento. 

De Simancas se decía que era un político serio, con capacidad de maniobra. Se alababa especialmente su capacidad para pacificar la revuelta casa de la Federación Socialista Madrileña (FSM, hoy PSM), una formación con demasiadas familias que nunca remaban en la misma dirección. (...)

Todo parecía distinto en aquella ocasión. Simancas se había comprado una docena de trajes para convertirse, a sus 36 años, en el presidente más joven de la Comunidad. Estaba hecho. Aun así, había un pequeño grupo de la FSM que no parecía estar del todo contento. Se trataba de los balbases o renovadores de la base, dirigidos por José Luis Balbás, abogado y político conocido por sus maniobras en la sombra.

 En cualquier caso, según Simancas, aquel descontento no se concretó en nada. Ni siquiera minutos antes de entrar en el Parlamento regional. Simancas reunió a los suyos y no hubo reproches. “Y ahora, todos a votar meaditos, ¿eh? Que no se despiste nadie”, les recalcó el líder de los socialistas madrileños.

 Y los diputados socialistas entraron al hemiciclo. Hay testimonios que vieron dentro de la Cámara a Tamayo (13 en la lista de 47 parlamentarios del PSOE) y Sáez (46). Días antes, en el 20º aniversario de la Asamblea de Madrid, la política se quejaba de haber sido incluida tan abajo en la lista.

Que ella y Tamayo, dos renovadores de la base, aparecieran en ella fue una exigencia de Pepe Blanco, es decir, de Ferraz a Simancas. Y justo en el momento más necesario ya no estaban. “¡Nos faltan dos, nos faltan dos!”, exclamaron algunos diputados.

Las imágenes televisadas en directo mostraban un desconcierto nunca visto en un Parlamento desde el 23-F. “Señor presidente, hemos tenido un pequeño percance”, intentó pedir un receso la socialista Helena Almazán. Simancas hablaba con unos y con otros, con Fausto Fernández, de IU, con Manuel Cobo, con Alberto Ruiz-Gallardón. “Nosotros no hemos tenido nada que ver en esto”, recuerda Simancas que le dijo Cobo. 

Desconcertados, los socialistas buscaban a los dos desertores en la calle. Nada. Se habían marchado. Un guardia civil los vio salir. Consciente de la traición, Simancas se acercó a Esperanza Aguirre y le informó: “Mis disculpas. No sé por qué, pero nos faltan dos diputados. En estos momentos tenéis la mayoría”. El PP tenía 55 escaños, por los 47 del PSOE y 9 de IU.  (...)

La versión de Tamayo y Sáez no tardó en llegar a los medios. La oficial, la que da el propio Tamayo, es que el pacto entre PSOE e IU, negociado días antes, no les gustaba y que es Simancas el que les ha traicionado a ellos al irse con los “comunistas”. La versión no oficial también corre rápido entre los corrillos políticos de Madrid. Tamayo estaba enfadado porque no le habían dado la Consejería de Justicia que tanto deseaba. Simancas siempre ha asegurado que Tamayo nunca se lo hizo saber.

 La otra versión del caso, la que ha quedado como sospecha, no llega hasta el día después. Esa mañana en la FSM, en la calle de Santa Engracia, están muy alterados. Carmen Salamanca, la jefa de prensa de Simancas, dice ese día: “Aquí hay mucho más. Pronto sabremos cosas y desde luego no es lo que parece”. Se filtra que los dos diputados están en el hotel Los Vascos y que quien les está pagando la estancia allí es el constructor Francisco Vázquez Bravo. 

Tamayo ya se ha ido al mediodía, pero Sáez sigue en la habitación 209. Los periodistas llaman a la puerta y la ven con los labios pintados, dispuesta a salir del hotel. Un coche con escoltas le espera abajo. Ya con ella en el vehículo, se juega al gato y el ratón, primero en las inmediaciones del hotel y luego en plena carretera. Unos reporteros les persiguen a toda velocidad por la autopista hasta que les pierden a la altura de San Agustín de Guadalix.

No hay rastro de ellos en los días siguientes, pero ya empieza a fijarse una teoría cabal sobre lo que ha pasado y que se sostiene gracias a las llamadas desde el teléfono de Tamayo y facilitadas por unos trabajadores de Telefónica. Esas llamadas sirven para tejer una red que llega hasta el Partido Popular. 

En los días previos a la traición, e incluso ese mismo día, Tamayo ha tenido contacto con el abogado y militante del PP José Esteban Verdes. También con el constructor Bravo, el que paga el hotel. Este a su vez ha ido a visitar a Génova, el mismo día del escándalo de la Asamblea, a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid.

Todos esos nombres y algunos más salen en unos papeles llenos de garabatos, desvelados por Infolibre, supuestamente elaborados por Tamayo. Ese documento probaría que junto a Balbás y un nombre más, Dionisio Ramos, habrían puesto en marcha un complot para quitar el Gobierno a Simancas y salvaguardar así unos intereses urbanísticos no muy especificados en La Cabrera y Pelayos.

 El resultado ya es conocido. Diez años de Aguirre. Para los socialistas, lo que pasó fue un golpe de Estado. “De aquellos polvos, estos lodos”, comenta la exdiputada Ruth Porta, “ahí está el origen de todo lo que está pasando en la región”. 

Lo que siguió a esos días terminó de apuntalar el esperpento en el que se había convertido la política madrileña. La investidura de Simancas no contó con los votos de Tamayo y Sáez, que esta vez sí aparecieron por la Asamblea. No habían renunciado a su acta de diputado y entraron en el grupo mixto. Ese día tuvieron que ser escoltados, en un dispositivo especial. Por los pasillos, diputados del PSOE e IU les tiraron monedas a su paso al grito de “¡Judas!”.   (...)

Las nuevas elecciones, en octubre, dieron la mayoría al PP. Simancas eligió en la campaña la canción No es lo mismo, de Alejandro Sanz. Una estrofa resumía su estado de ánimo: “Vale... Que a lo mejor me lo merezco / Bueno... Pero mi voz no te la vendo / Puerta... Y lo que opinen de nosotros... / Léeme los labios, yo no estoy en venta”.

Nunca se investigó judicialmente lo que pasó. EL TSJM no admitió la querella para hacerlo por tres votos contra uno, argumentando que no estaba bien fundamentada. El voto particular sí veía indicios para abrir una investigación. Se apuntó al fiscal general del Estado de José María Aznar, Jesús Cardenal, como el hombre que la terminó de cortocircuitar.

Al igual que Tamayo, el resto de personajes no ha querido aportar datos nuevos que desvelen la trama. Balbás hace su vida en la calle de Alcántara con Ayala, en apenas unos pasos, entre su domicilio, su consultora Helvia y el restaurante La Flor de Galicia, al que acude prácticamente a diario. Sigue siendo un tipo pegado a un móvil y con negocios en Argelia, Libia y Emiratos Árabes Unidos. (...)

Mientras, Sáez sigue en el hospital 12 de Octubre. En los últimos días ha hecho algunas declaraciones. Sirven para poner los mismos nombres en la trama, aunque no para explicar lo que ocurrió. Por lo demás, el caso amenaza con convertirse en uno de esos en los que por más que se investigue, nunca se sabrá lo que ocurrió.

 Como la muerte de JFK, o los crímenes de Jack el Destripador, cada libro que se publica, cada artículo que sale en la prensa, enmaraña aún más la madeja. Al menos sirve para recordar que, una vez, en Madrid, hace 10 años, los ciudadanos eligieron un Gobierno de izquierdas. Fue un espejismo."            (El País, 09/06/2013) 

‘Operación tamayazo’: mucho más que una espantada

"Ahora sabemos que cuando se convocaron las elecciones 2003 en Madrid estaba en marcha una maquinaria de intereses políticos, financieros y mediáticos de grueso calibre. Los sobres o las “donaciones” interesadas ya formaban parte del escenario político general con derivaciones madrileñas muy importantes.

En este marco los resultados electorales eran mucho más importantes de lo que en aquel momento se podía percibir, precisamente las donaciones para esta campaña se multiplicaron en el año del tamayazo y la fundación del PP recaudó el triple que el año anterior rozando el millón de euros.  

Especialmente generosos fueron el jefe de la patronal madrileña Gerardo Díaz Ferrán – hoy en Soto del Real, su cuñado Arturo, hoy también sometido a investigación por sus negocios que han crecido exponencialmente al calor de lo público.

 Por la misma cárcel pasó también Correa -cabecilla de la trama Gürtel que ya tenía sus tentáculos en la organización de la campaña 2003 del PP. El último, de momento, en pasar por Soto del Real ha sido Blesa Ex Presidente de Caja Madrid. Además su sucesor ha pasado ya por los juzgados junto con los Consejeros.

Todos estos personajes y muchos más merodeaban entorno al PP, y de los hechos posteriores se deduce que todos ellos se jugaban mucho. Aquellas elecciones eran una bomba de relojería que estalló en el mismo momento que los resultados dieron la victoria en las urnas a la izquierda madrileña. Muy poca gente era consciente de que eran unas elecciones de alto riesgo en el que las expectativas de demasiados sectores estaban a expensas de aquellos resultados.

El espectáculo de la traición de Tamayo y Sáez, no se puede leer ya únicamente en clave de “espantada “ con motivaciones personales y políticas o como descontento ante la alianza entre el PSOE e IU. 

A todas luces, y en función de lo que hemos ido conociendo, hay base sólida para pensar que aquello fue una trama organizada de la que se beneficiaron muchos y a la que no llegó suficientemente la investigación política, mediática o judicial .El entonces Fiscal anticorrupción solicitó abrir una investigación de urgencia, pero el Fiscal General del Estado no la cursó. Después de su cese, al tema se le dio carpetazo.

Seguir el rastro del dinero era el consejo cinematográfico de garganta profunda. En la realidad Wodward y Bernstein realizaron uno de sus reportajes más importantes sobre cómo los fondos donados a la campaña para reelegir al presidente Nixon habían sido utilizados para el robo en el Watergate.

Siguiendo esta lógica y las investigaciones periodísticas posteriores en la política madrileña, las conexiones con la trama Gürtel, Fundescam y las donaciones, los papeles de Bárcenas sobres y donaciones de los empresarios, sería imprescindible una “revisión” del Tamayazo teniendo en cuenta que lo que hoy conocemos establece un posible vínculo entre poderosos intereses económicos y un partido que en Madrid accedió al poder con conexiones muy importantes con estos mismos intereses.

Con la legislatura se pone en marcha el proyecto del PP sobre infraestructuras sanitarias 2004/ 2011, para la construcción y posterior gestión de ocho hospitales. El plan llevaba aparejado la privatización de los servicios no sanitarios y de forma progresiva también de los sanitarios.

Con una inversión de 700 millones de euros en cuatro años con una posterior proyección de hasta 5000 millones en 30 años. Hoy conocemos que la mayoría de las adjudicaciones de las obras de construcción y de la posterior gestión no sanitaria fueron hacia “donantes” que aparecen en los papeles de Bárcenas. A su vez el sector sanitario privado se instalaría en la sanidad madrileña. 

 En otro orden de cosas en julio del 2003 se admitió a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón, en la que estaban involucrados además del Alcalde del PP los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez , el primero precisamente había reservado las habitaciones del hotel de Tamayo y Sáez. 

Posteriormente esta querella quedó paralizada aunque los tribunales dieron la razón a Ecologistas en Acción, en un contencioso administrativo desautorizando las recalificaciones. Estos terrenos, son lo que en la actualidad están reservados para Eurovegas .

En las mismas fechas, se estaba negociando la operación de Arganda del Rey, que aparece en el sumario Gürtel como “el mayor pelotazo de la trama Gürtel” que involucra a Martín Fadesa y que según informaciones las negociaciones e intermediaciones tendrían fechas que van del 8 de diciembre de 2003 al 22 de marzo de 2004. La adjudicación se produjo el 25 de noviembre de 2004.

Las dos operaciones tienen relación, a su vez con Cajamadrid, que es otro de los elementos claves de todo este entramado, la bancarrota de Martinsa de más de 7000 millones de euros provocó, a su vez, un agujero de más de 1000 millones sólo en Caja Madrid .

 Estas y otras muchas operaciones financieras condujeron al rescate financiero de España, para cubrir el desastre de cajas y bancos, al que Bankia ha contribuido hasta el momento en más de 24.000 millones de euros. 

 No olvidemos tampoco que en 2005 se conceden las licencias para las televisiones locales, que recaen también en sectores afines al propio PP. Esperanza Aguirre concedió 30 emisoras privadas en tecnología digital terrestre, la mayoría de las cuales fueron a parar a la Iglesia y a grupos de comunicación afines al PP.

Todo ello junto con las expectativas de privatización de telemadrid, suponía también una reducción drástica del pluralismo informativo a favor del gobierno Aguirre.

La década más convulsa de la política madrileña y específicamente su detonante debería ser seriamente revisado e investigado. Las Instituciones y la política se resienten gravemente de un acontecimiento de este calibre. Demasiadas incógnitas y demasiadas conexiones: Tamayazo y Gürtel, crisis económica y crisis política, recortes y rescates con la crisis y estafa de Bankia y Cajamadrid. 

 Y más allá de lo judicial hasta que el conjunto de fuerzas políticas y sociales hagan su propia catarsis, recuperar crédito ciudadano será tarea difícil por no decir imposible. Las consecuencias de aquello pesan como una losa. Obviamente los grandes beneficiados de todo aquello han sido quienes accedieron al gobierno y sectores que con ello han obtenido importantes beneficios, pero la investigación propia y la trasparencia debió ser el compromiso real de quiénes quedaron más profundamente afectados por todo aquello y que tenían la mayor necesidad de descontaminar la política."             (Inés Sabanés, Info Libre, 10/06/2013)

Los constructores que ayudaron a Tamayo a reservar habitaciones de hotel.

"Diez años del tamayazo. El 10 de junio se cumplen diez años de la traición de dos diputados regionales socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que acabó con las posibilidades del Gobierno de coalición entre PSOE e IU que se estaba trenzando. No fue posible. 

Se repitieron las elecciones y Esperanza Aguirre logró una mayoría absoluta que ha prolongado hasta la fecha la égida 'popular' en Madrid. El tamayazo enterró las aspiraciones de un Gobierno de izquierdas y catapultó a Esperanza Aguirre. (...)

Pero no se ha podido demostrar que Tamayo y Sáez hayan recibido nada.

En ninguna de las maneras. Yo se lo pregunto a Esperanza Aguirre, Rafael Simancas y José Luis Balbás [líder de la corriente socialista Renovadores por la Base], que fue el supuesto autor intelectual de la espantada, según el PSOE. Balbás y Aguirre lo niegan, y dicen que nunca habrá pruebas porque no hubo nada de lo que sospecha y denuncia el PSOE. 

 Los socialistas madrileños no pierden la esperanza de que se descubra lo que ocurrió, y están convencidos de que tal y como sucedió con el caso Gürtel y el caso Filesa, ocurrirá cuando alguien de muy dentro pueda tirar de la manta.

 Pero ha pasado demasiado tiempo como para que este asunto no se hubiera esclarecido del todo. Resulta muy llamativo comprobar que, de alguna forma, ni el PP ni el PSOE, al menos a las direcciones nacionales, no han estado demasiado interesadas en llegar hasta el fondo de la cuestión.  (...)

Lo que sí se pudo aportar es un buen número de coincidencias de llamadas y reuniones entre gente próxima al PP y el entorno de Tamayo y Sáez.

La lista de indicios, casualidades y coincidencias debería tener un límite temporal. Pero aquí hay una confabulación de elementos que apuntan en un mismo sentido, pero no parece que todo ese cúmulo de indicios, coincidencias y casualidades fuera suficiente para alentar una investigación judicial, y tampoco el PSOE fue capaz de poner contra las cuerdas al PP en la comisión parlamentaria de investigación. No fue suficiente con todo eso. Ni entonces ni ahora se ha descubierto la pistola humeante que fuera la clave de aquel asunto.  (...)

En el libro cuenta cómo el entonces ministro de Defensa llama a Simancas para avisarle de que tenía información, para luego desdecirse.

Es muy chocante. Los socialistas madrileños no pueden ocultar su decepción por que llamara Bono para anunciar algo y, al cabo de los días, llama Simancas y Bono dice algo así como  “no he encontrado una actitud muy positiva y el asunto no tiene la dimensión que yo imaginaba”.

También apunta a un plan B en uno de los capítulos.

No es un plan B para hacer fracasar el Gobierno de Simancas propiamente dicho, sino para presionarle. En plena negociación entre IU y el PSOE, IU quería conseguir mayor cuota de poder, y cabe imaginar que el entonces diputado Jorge García Castaño recibió una llamada de José Antonio Moral Santín. Pero más para presionar a Simancas que un golpe civil paralelo al que se estaba orquestando.

 El PSOE a esta idea tampoco le ha dado demasiada relevancia. Este episodio lo sitúo en el contexto de que el funcionamiento de mesa camilla paralela a las instituciones; de cómo personas alejadas en lo ideológico, como los partidos, sindicatos y patronal, se ponen de acuerdo en la recalificación del Real Madrid, Caja Madrid, todos se ponen de acuerdo. 

Simancas tras las elecciones dice que quiere que el presidente de Caja Madrid sea alguien distinto a Miguel Blesa. Luego admite que fue un error anunciarlo, y Moral Santín, que era consejero de Caja Madrid, ha seguido manteniendo a Blesa en el cargo durante todos estos años.  (...)

¿Era un Gobierno que podía amenazar muchos intereses?

El PSOE hizo mucho hincapié en el asunto urbanístico, se quería cambiar la ley del suelo. Desde que Simancas aspira a ser presidente y sabe que puede serlo, recibe numerosas presiones de todo tipo. Había muchos intereses en juego, los financieros de Caja Madrid, los urbanísticos, los educativos por los concertados, los sanitarios por las fundaciones, los comerciales. 

Simancas recibe presiones para evitar que aplicara la política que había comprometido en su programa. Era un factor de riesgo para las enormes expectativas que se habían fraguado algunos.   (...)

Durante la comisión de investigación parlamentaria aparece el secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, como un hombre relevante en el asunto.

Es uno de los personajes más peculiares de todo este asunto. Aguirre nunca tuvo una relación estrecha con él, pero se ha mantenido hasta los últimos días de Caja Madrid y Bankia. Era un personaje no demasiado conocido, pero muy poderoso, su padrino era Rodrigo Rato. Recibe a los constructores el mismo día de la espantada por la tarde, los constructores con los que tiene una vieja relación en Villaviciosa de Odón y que ayudaron a Tamayo a reservar habitaciones de hotel. 

Romero de Tejada los recibe en la tarde del 10 de junio, oficialmente para negociar un acuerdo político en Sevilla La Nueva. El día 9 también se reúne con Rodrigo Rato. Es un personaje que sabe mucho más de todo este asunto de lo que dice, es amigo de Verdes, el abogado que asesora a Tamayo, militante del PP. 

El estrambote final es esa pintoresca averiguación que se hace que demuestra que mintió cuando se supo que cotizaba a la Seguridad Social en una empresa de fotocopias. En noviembre de 2004, Aguirre gana el Congreso del PP de Madrid y le releva por Francisco Granados.

¿Sirvió de algo la comisión de investigación?

Mantuvo entretenidos a políticos  y periodistas, el PP tenía la mayoría absoluta en la Cámara, pudo dictar quiénes eran los comparecientes. Básicamente el PP consiguió que el juicio a dos traidores se convirtiera en un juicio al PSOE."        (eldiario.es, 10/06/2013)

“Cambiaremos a Blesa en cuanto podamos”... y vino el 'tamayazo'

 ESPECIAL Toda la información sobre el 'tamayazo'

"Este día 10 de junio de 2013 se cumplen 10 años desde aquel lamentable episodio conocido como el tamayazo, que ha pasado a la reciente historia de España como el golpe más importante ejercido sobre nuestra democracia desde el 23-F, con la salvedad de que este último no triunfó, afortunadamente, y aquél sí lo hizo. (...)

Respecto al origen y el desarrollo de la trama hay poco que añadir a lo que ya ha sentenciado la sociedad española como convicción generalizada. Aquello fue exactamente lo que parece

. Una banda de malhechores formada por dirigentes del Partido Popular y detentadores de importantes intereses económicos en la Comunidad de Madrid, con el imprescindible concurso de dos diputados traidores del PSOE, confabularon y actuaron para robar el Gobierno regional que los ciudadanos madrileños habían votado en unas elecciones libres y democráticas.

¿Cuándo? Desde la misma noche en que se conocieron los resultados electorales, como lo prueban las llamadas telefónicas entre Tamayo y sus cómplices en el PP. ¿Cómo? Mediante la compra de la voluntad de dos diputados electos. 

¿Por qué? Para defender intereses espurios de algunos especuladores del suelo, algunos privatizadores de servicios públicos y ciertos próceres de la caja de ahorros regional, que vieron en el Gobierno que llegaba una grave amenaza. 

¿Quiénes? Varios de ellos aparecieron perfectamente retratados en aquellos días: además de Tamayo y Sáez, los Romero de Tejada (del PP), los Bravo y Vázquez (del PP), los Verdes (del PP), los Ramos (del PP)… ¿Alguno más aún camuflado? Claro que sí, solo hay que seguir el quid prodest, ¿a quién benefició el golpe?  (...)

 

Algunos aún me preguntan: pero ¿qué peligro tenía a aquel Gobierno? Ninguno para la mayoría, desde luego, pero mucho para unos pocos poderosos. Solo hay que releer con los ojos y la experiencia de 2013 lo que algunos leyeron en el programa electoral del PSOE en 2003. 

El “Plan Regional de Estrategia Territorial” iba a frustrar buena parte de los desarrollos especulativos sobre el suelo comprometidos por el PP, y que después generaron plusvalías multimillonarias para sus promotores, algunos de ellos protagonistas y paganos del tamayazo. Prometimos transparencia en las decisiones urbanísticas, que es el antídoto de la corrupción generalizada que entonces reinaba sobre la gestión del suelo madrileño.

 Hablamos de reservar suelo para vivienda barata, para los espacios verdes, para la industria y el empleo, para los servicios a la ciudadanía… Íbamos a reventar el negocio más sucio del siglo, y no lo permitieron. ¿Cuántos parados nos hubiéramos evitado atajando a tiempo el monocultivo del ladrillo, y apostando por la industria y la innovación como modelo alternativo de desarrollo? ¿Cuántas familias hubiéramos salvado del desahucio y la exclusión social?

El programa sanitario que ganó aquellas elecciones descartaba claramente la privatización de servicios públicos, y promovía la atención primaria, los nuevos centros de alta resolución, el atajo de las listas de espera…

 Yo mismo recibí en aquella época a los dueños de las poderosas empresas privadas que hoy gestionan algunos hospitales de Madrid en clave de negocio, y les dije claramente que mi Gobierno no les permitiría poner las manos sobre un solo hospital o un solo centro de salud. Tomaron buena nota, desde luego.

 ¿Cuánto hubieran perdido ellos? ¿Y cuánto han perdido los madrileños con el despido de miles de sanitarios públicos, la rebaja de la calidad asistencial y la multiplicación de las listas de espera?

Un capítulo de aquel programa electoral de 2003, con más de 300 páginas cuidadosamente elaboradas por cierto, despertó especiales reservas en algunos de los cenáculos más exclusivos de la capital. Se titulaba El papel de Caja Madrid. Su contenido era irreprochable, pero aquellos comensales con grandes puros entendieron perfectamente el mensaje.

 Con un Gobierno decente, la caja regional se pondría al servicio del interés general, y dejaría de ser el chiringuito donde el compañero de pupitre de Aznar, el hoy presidiario Blesa, junto a Romero de Tejada, Díaz Ferrán y otros secuaces se repartían créditos insolventes y alimentaban el monstruo criminal del ladrillismo madrileño. Yo lo dije por aquel tiempo abiertamente: “Cambiaremos a Blesa en cuanto podamos”. 

Entonces se me criticó por arrogante, hoy se me critica por imprudente. Yo tengo la conciencia tranquila: dije lo que pensaba hacer. Y ellos lo entendieron perfectamente. ¿Hasta qué punto hubiéramos evitado el agujero de Bankia y el rescate desastroso para la vida de millones de españoles?  (...)

¿Cuándo acabarán en la cárcel los culpables? Tarde o temprano. Estas tramas acaban estallando siempre desde dentro. Ocurrió con Gürtel, con Naseiro, con Filesa… y ocurrirá con el tamayazo. Estuvo a punto hace unos meses con aquel paseo infame de Tamayo por la Puerta del Sol."            ( Rafael Simancas , El País,  8 JUN 2013 )

El PP es percibido como el partido más implicado en casos de corrupción, a pesar de ser el más votado y poder ganar las próximas elecciones

"Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el partido de Mariano Rajoy está en el 6,95, en una escala de 0 a 10 para medir la percepción de implicación en la corrupción. Le sigue Coalición Canaria, con el 6,72, y el PSOE, con el 6,41.

Esa percepción no parece afectar a las expectativas de voto del PP, a pesar de que los españoles consideran que la corrupción y la actuación de los políticos están en los primeros lugares de sus preocupaciones.

La explicación de la aparente contradicción es que, por un lado, es mucho más intensa la sensación de pesimismo sobre la crisis económica y la preocupación sobre sus consecuencias. Es decir, que puede más la preocupación sobre la crisis económica y el desgaste del Gobierno por ello que el rechazo que puedan provocar los casos de corrupción vinculados al PP.

La otra explicación podría ser que el sondeo oficial muestra una cierta resignación de los ciudadanos sobre la corrupción, viéndola como casi irremediable. Así, la mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo con que hay corrupción porque forma parte de la naturaleza humana y siempre existirá y no es algo propio de la cultura española.

Y un 85,9% cree que la corrupción existe porque la Administración la permite y no la persigue lo suficiente, es decir, disculpando a los políticos. (...)

Un 79,4% valora la honestidad en los políticos, pero hasta un 24,8% prefiere un político eficaz, aunque sea más bien corrupto, según los datos del sondeo oficial. Los españoles entienden que las entidades más afectadas por la corrupción son las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, por encima de la Administración central y las instituciones europeas." (El País, 07/07/2011, p. 16)