"Los miembros de la mafia rusa detenidos esta semana en Alicante contaban con una red de apoyos entre las fuerzas de seguridad y la política local, concretamente del Partido Popular.
Les facilitaban el trabajo a la hora de acceder a licencias, agilizar
trámites burocráticos o incluso retirar multas de tráfico a cambio de
sobornos, según informan a Vozpópuli fuentes de la investigación.
Entre la lista de investigados y detenidos
figuran un total de once ciudadanos españoles. Hay un abogado de
Vitoria, un testaferro de Sabadell, un asesor fiscal alicantino... Pero
lo que más llama la atención es la presencia de varios concejales
‘populares’, policías y guardias civiles. Su nexo con la trama era un ciudadano ruso llamado Alexei Shirokov afincado desde joven en España.
El
papel de Shirokov era clave para facilitar el trabajo a la
organización, dedicada a invertir en negocios por Alicante el dinero de
los líderes del crimen organizado exsoviético. Compraban y construían
casas, hoteles, discotecas... Los investigadores describen a Shirokov
como “militante y pretendido lobbysta del Partido Popular de Altea”. Se valía de su don de gentes para nutrirse de una red de contactos importante a nivel local.
En sus redes sociales se le ve en fotos repartiendo mascarillas y material de protección a los cuerpos policiales
o incluso en una gala siendo homenajeado por la Guardia Civil. También
en un acto de campaña del PP en La Nucía. Difundía las imágenes y no
escondía esa relación. Sus padres también se encuentran investigados en
esta causa.
El cuarto nivel
La mayoría de los españoles detenidos figuraban en un cuarto nivel de la pirámide de relaciones y contactos de esta mafia rusa en cuya cúspide están los líderes mafiosos que invertían en España el dinero procedente de actividades ilícitas.
En ese escalón figura un Inspector de la Policía Nacional
llamado Antonio Romero. Los investigadores le consideran un colaborador
habitual de la trama y su papel consistía básicamente en facilitarle a
Shirokov los trámites para obtener documentación para ciudadanos extracomunitarios.
A cambio, el ciudadano ruso pagaba por estas gestiones entre 200 y 500
euros aproximadamente. En la causa constan pinchazos telefónicos en los
que se les escucha conversar a ambos.
Una función parecida jugaba Borja Fernández, un teniente
de la Guardia Civil nacido en Ourense al que la Policía y la Fiscalía
anticorrupción incluyen también en la red clientelar de Shirokov. En
este caso, le servía para tener conocimiento de posibles investigaciones que se estuvieran gestando
en torno a él o a los miembros de la organización. Marcos Rodríguez es
otro guardia civil que le servía a Shirokov información de bases de
datos policiales, entre otros favores.
Siempre según
las pesquisas policiales y de la Fiscalía, este ciudadano ruso afincado
desde su juventud en España tenía contacto en el plano político con
Lorenzo Martínez Sola, de 48 años de edad. Es concejal de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Playas por el PP en el Ayuntamiento de Benidorm.
Los
investigadores le acusan de recibir regalos o favores de Shirokov a
cambio de gestiones administrativas que facilitaban a los clientes de la
mafia la inversión de sus fortunas en la región. En ocasiones Shirokov timaba a sus compatriotas:
les decía que sus contactos españoles en la administración le pedían
una cantidad mayor de la que realmente les daba después. La diferencia
se la quedaba él.
Jaime Selles, de 60 años, es otro expolítico del PP que
desempeñó el papel de concejal de Escena Urbana, Tráfico, Seguridad
Ciudadana y Empresa Pública de Altea. La Policía sostiene que le
facilitaba a Shirokov sus actividades mediante el tráfico de
influencias. Aún hay una persona más del ámbito local dentro de este
entramado del cuarto nivel. Se trata de Atonio
Oliver, técnico municipal del Ayuntamiento de Altea encargado de aprobar
las inspecciones técnicas de las viviendas que construyen en la zona
los miembros de la organización.
Shirokov acudía a este técnico para favorecer los negocios de los clientes de la organización y en ocasiones de él mismo.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que en términos de
infraestructura y dinero invertido en España, se trata de la operación
más relevante contra la mafia rusa de los últimos diez años." (Alejandro Requeijo, Vox Populi, 19/12/20)
"Siete años de investigación y 23 detenidos.
La operación que
investiga a una presunta red de blanqueo de capitales de la mafia rusa
se ha saldado con la detención del edil de Seguridad de Benidorm Lorenzo
Martínez y del expresidente del PP de Altea Jaime Sellés. El
dispositivo, coordinado entre la Policía Nacional y Europol, que ha
desplazado a España agentes y una oficina móvil para la operación, ha
realizado 18 entradas y registros en varias localidades de Alicante,
Madrid, Tarragona e Ibiza.
Los agentes han intervenido seis armas de fuego cortas, dos
escopetas de combate, un rifle de francotirador con silenciador y miles
de cartuchos de distintos calibres, más de 300.000 euros en efectivo,
cajas de seguridad en bancos, monederos virtuales con criptomonedas,
diamantes y 16 vehículos de lujo. Entre los detenidos hay un inspector
de la Policía y dos agentes de la Guardia Civil, uno de ellos teniente, según ha informado el diario Abc.
La operación, realizada por orden de la Fiscalía Especial
Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada con la autorización
del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, es el mayor golpe
contra la mafia rusa en la última década, según la Policía Nacional. Los
presuntos mafiosos estaban completamente integrados en la sociedad
española y mantenían numerosos negocios inmobiliarios y en el sector de
la hostelería.
La investigación se inició hace siete años cuando los
especialistas de la Policía detectaron que la mafia rusa había
intensificado su actividad en España, en cuyas zonas de costa hay una
amplia presencia de comunidades de origen ruso, como punto de entrada
para el blanqueo de capitales obtenidos de actividades criminales en
todo el globo. La Policía apunta a discotecas, restaurantes y el sector
inmobiliario de la costa como ámbitos del presunto blanqueo. La
investigación ha detectado que los hampones usaban ingentes cantidades
de dinero para corromper e infiltrarse en las instituciones públicas.
Los líderes criminales detenidos mantenían, a través de una red
de testaferros, numerosas inversiones con operativas sospechosas a ojos
de la Policía. Además del uso de hombres de paja y sociedades pantalla,
la investigación, que se ha llevado con el máximo sigilo para evitar
filtraciones dado el grado de penetración de los mafiosos en las
instituciones del Estado, también transfirieron fondos con origen poco
claro y transportaron grandes cantidades de dinero en metálico tanto en
España como en el extranjero. Las ramificaciones de la red mafiosa se
extendían en Europa y Sudamérica y los beneficios de sus actividades
delictivas se reinsertan en negocios del sector del ocio e inmobiliario a
través de empresarios rusos.
Uno de los empresarios detenidos, el joven abogado Alexey
Shirokov, figura como administrador solidario y apoderado de varias
empresas: Almar Altea Europromociones SL, dedicada a la promoción
inmobiliaria; Marmedel SL, una intermediaria de comercio de
embarcaciones y aeronaves; Mikhand Ineria Group SL, especializada en
construcción de edificios residenciales; y Complejo Urbanístico de Altea
SL, del sector de los camping. Todas las mercantiles, según los datos
consultados por este diario en el Registro Mercantil de Alicante, son
propiedad de Igor Shchegolev.
La Policía Nacional destaca la "potente red clientelar dentro de
la Administración española" que pusieron en marcha para infiltrarse en
las instituciones públicas, recurriendo al cohecho y al tráfico de
influencias. El alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, ha defendido
al concejal detenido en la operación. El edil Lorenzo Martínez ha
vuelto a las dependencias municipales al haber quedado en libertad con
cargos.
Los socialistas critican "actuaciones oscuras" del PP
El PSPV-PSOE ha pedido "explicaciones urgentes" al presidente de
la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por las detenciones de los dos
cargos municipales del PP. "Ante una noticia tan alarmante, y que nos
retrotrae a actuaciones oscuras del PP en la Comunitat Valenciana y en
la provincia de Alicante, no hemos escuchado ni una sola palabra ni de
Carlos Mazón, presidente del PP en la provincia, ni de Toni Pérez,
Alcalde de Benidorm y número dos provincial del PP", lamenta el
secretario general de los socialistas de Alicante, José Chulvi.
Desde las filas socialistas consideran que Mazón "no puede
permanecer callado por más tiempo" por lo que exigen explicaciones
públicas. "La ciudadanía de Benidorm y de la Marina Baixa tienen derecho
a saber en qué situación quedan ambos cargos, qué decisión se va a
tomar desde el partido ante una situación tan alarmante, especialmente
la del actual responsable de la seguridad de una ciudad como Benidorm",
ha subrayado. "Nuestra provincia sufre todavía los coletazos de las
tramas de corrupción, y lo que esperamos es que la vinculación de Carlos
Mazón con el zaplanismo no le impida ofrecer explicaciones y actuar con
determinación ante las alarmantes noticias que nos llegan", ha señalado
el secretario provincial de los socialistas alicantinos." (Lucas Marco, eldiario.es, 17/12/20)
