Manos Limpias: génesis de la querella como arma política de la ultraderecha

 "Ruiz-Mateos fue pionero en presentar demandas y personarse como acusación particular en causas judiciales sobre la corrupción del PSOE. Manos Limpias y Miguel Ángel Rodríguez, como portavoz en el Gobierno de Aznar, sofisticaron el ‘modus operandi’ de las cloacas del Estado mediante bulos vertidos desde “pseudomedios” digitales.

La querella como herramienta política está instigada desde las facciones más ultraderechistas situadas en los márgenes del bipartidismo. Casi siempre se ejerce apelando a la supuesta corrupción de cualquiera que amenace la unidad de la patria. Es básicamente una de las patas de El Estado feroz, como lo describe Pablo Elorduy en un libro de próxima publicación, que se mueve entre el ultracatolicismo y el falangismo, personándose contra la alternativa progresista a través de jueces neoconservadores afines. Además, cuenta con medios de comunicación digitales propios que publican las informaciones sostenidas después desde distintas organizaciones, algunas de ellas incluso se presentan con banderas contra la corrupción, para iniciar casos contra adversarios políticos.

Este modus operandi comenzó a finales de los años 80, después de una de las intentonas de la ultraderecha española para formar un partido político fuera de lo que ahora conocemos como PP. Entre los ideólogos de este movimiento estaban dos nombres que trataron de capitalizar el descontento del imaginario social más reaccionario con el proceso de reforma del Régimen.

De un lado, Miguel Bernad, fundador del ahora conocido como ‘pseudosindicato’ Manos Limpias, exmiembro del otrora ‘sindicato’ Fuerza Nacional del Trabajo, y entonces secretario general del Frente Nacional. Si bien este fue disuelto en 1993, el primero sigue en activo y actualmente está estudiando transformar su denuncia contra Begoña Gómez en querella para estar personados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno.

De otro, Jesús Gil, cuya condena por estafa se extinguió en 2004, por fallecimiento. El entonces edil en Marbella y presidente del Atlético de Madrid estaba conspirando para crear un partido político con el fundador del grupo empresarial Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, cuyos seis hijos se enfrentan a día de hoy a 16 años de prisión por estafar a miles de inversores con la emisión de pagarés. El nuevo partido también iba a contar con el apoyo del industrial vasco Luis Olarra, que en los 70 participó en Unión Foral del País Vasco (UFV), una coalición que integró a Manuel Fraga Iribarne y Jaime Mayor Oreja.

La periodista Gloria Benítez escribió en Cambio 16 que a todos les unía “una desconfianza radical en los valores de la democracia”, si bien su comunión se torció cuando Olarra abandonó la idea. El resto de personajes acudieron a las elecciones por separado, cada uno bajo su propia sigla: Grupo Independiente Liberal y Agrupación Ruiz-Mateos. El propio Bernad se lamentaba en 1989 del fracaso de esta iniciativa política, señalando sobre la candidatura de Ruiz-Mateos que “200.000 de sus votos eran, en realidad, nuestros”.

Con las formaciones políticas de extrema derecha en horas bajas, algunos de los jugadores más trileros, como Ruiz-Mateos, siguieron otra década intentando erosionar a sus enemigos políticos, el Gobierno del PSOE, a través de información judicial recabada desde los propios juzgados y filtrada a los medios. Entre las figuras que participaron en estos procesos destacó un abogado de las cloacas del Estado, Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de los policías imputados por el “caso Nani” en el juicio que comenzó a finales de los 80.

MAR y las cloacas del Estado

Tras el asalto al poder del autodenominado centro-derecha liberal, el PP comenzó a sofisticar la utilización de la querella como arma política. De hecho, el Secretario de Estado de Comunicaciones y portavoz del Gobierno de Aznar (1996-1998), Miguel Ángel Rodríguez, más conocido por MAR, y el autodenominado Sindicatos de Funcionarios Manos Limpias, creado en abril de 1995, iniciaron una campaña de desgaste contra el PSOE utilizando la desinformación y la querella judicial como herramienta política. Eran tiempos en los que desde la portavocía del Gobierno de José María Aznar, el ahora asesor de Isabel Díaz Ayuso llegó a amenazar al PSOE con desclasificar papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y con difundir información sobre los Fondos Reservados.

Paralelamente, Miguel Ángel Rodríguez estaba alimentando, con sus declaraciones en Moncloa y ante los medios de comunicación, una campaña judicial y mediática contra la gestión de los responsables de Hacienda del anterior Gobierno socialista, encabezado por Felipe González. Esta se centró en poner bajo sospecha una iniciativa de 1991, promovida por el entonces ministro de Economía Carlos Solchaga, para regularizar dinero negro de evasores que El País denominó como “caso Amnistía Fiscal”. Así, el PP, sofisticando el modus operandi de Ruiz-Mateos y Rodríguez Menéndez, denunciaba un presunto trato de favor a determinados contribuyentes. Pero el recorrido judicial de la denuncia concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 1996.

Pero a raíz de una nueva denuncia del sindicato Manos Limpias, la Fiscalía General del Estado ordenó a la Fiscalía Anticorrupción que abriera diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Estas fueron remitidas al juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, encabezado por Baltasar Garzón tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta por el pionero de la querella como arma política, Ruiz Mateos. Finalmente, el exsecretario de Estado rechazó la personación en el “caso Amnistía Fiscal” de Ruiz-Mateos, así como la de Manos Limpias, y archivó finalmente la causa en diciembre de 1997. 

Caso Roldán del PSOE

Aún podría mencionarse otro precedente en la sofisticación de la querella como estrategia política. En 1995, coincidiendo con la constitución del sindicato Manos Limpias, la Audiencia de Madrid desestimó el recurso de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el partido que gobernaba en la Comunidad Foral, contra su personación en el caso que involucraba, en una trama de comisiones ilegales, al anterior director de la Guardia Civil, Luis Roldán, así como al expresidente del Gobierno navarro Gabriel Urralburu, a su vez secretario general del Partido Socialista Navarro.

Aunque UPN intentó personarse en el sumario de “la trama navarra del caso Roldán” como acusación particular, finalmente el juzgado nacional instó al partido político que concurría electoralmente con el PP a ejercitar la acción popular a través de Ruiz-Mateos, ya personado en la causa.

En el “caso Roldán” también estaba intentando personarse el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo hacía en nombre de la Asociación de Estudios Penales, la misma organización con la que el abogado se había querellado por tráfico de influencias contra el hermano del vicepresidente socialista Alfonso Guerra en 1990 y con la que consiguió personarse años más tarde en el juicio por la malversación de los Fondos Reservados

Rodríguez Menéndez llegó a ser director de Ya, revista relacionada con la difusión del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y fundador del medio Dígame, donde acusó de pedófilo al periodista Fernando Jáuregui. Al igual que el Ruiz-Mateos, el abogado Rodríguez Menéndez utilizaba las personaciones en macro-jucios para sacar información que bien filtraban a los medios o utilizaban para tratar de chantajear. En las siguientes décadas, la implicación de los medios en la estrategia de la querella como arma política ha enfangado aún más las decisiones judiciales y pervertido la profesión del periodista. (...)

Hasta entonces, la guerra sucia en el frente mediático se había centrado en las filtraciones procedentes de espías como Juan Alberto Perote, del fuego amigo del exbanquero Mario Conde, y de los intereses lucrativos de empresarios como Javier De La Rosa, por citar algunos casos sonados. En los últimos años, las filtraciones han cambiando ligeramente, teniendo como epicentro al excomisario José Manuel Villarejo, y han estado acompañadas del fuego aliado del extesorero Luis Bárcenas, así como de los intereses corporativos del empresario Juan Villalonga, por señalar algunos actores importantes de un estilo que se mantiene en el tiempo. Y han coincidido con los prolegómenos de la creación del partido ultraderechista VOX.

De aquellos polvos estos lodos. Mientras, junto a la Cope y Trece TV como mecanismos de esparcimiento de bulos, se desplegaban, dirigidos por el empresario navarro y exmiembro del PP catalán Julio Ariza, otros pseudomedios digitales como Radio Intereconomía, Toro TV y La Gaceta. Tas décadas de monopolio comunicativo y varios cierres judiciales de periódicos y revistas, comenzó a proliferar la amenaza de la desinformación con la creación de otros digitales como Ok Diario, Vozpópuli, The Objective, El Debate, El Cierre Digital, EDATV o 7NN. Todo ello mientras periodistas de Ahotsa, Argia y Hala Bedi eran víctimas de la Ley Mordaza. (...)

El rol de las asociaciones contra la corrupción

Sea como fuere, en los intentos de movilizar la querella como técnica de la ultraderecha ha tenido un papel fundamental el asociacionismo en la lucha contra la corrupción. A principios de los 90, la querella que desembocó en la investigación por el “caso Filesa”, ligado a la financiación del PSOE, fue obra de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), promocionada por Pedro J. Ramírez. En 2018, siguiendo el ejemplo de Manos Limpias, se creó la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Tras ser promocionada por Javier Negre y Alvise Pérez en distintos espacios mediáticos, la organización pasó a especializarse en lanzar bulos. 

En cambio, las organizaciones que tenía un fin distinto al de la desinformación y la personación particular en juicios políticos corrieron una suerte distinta. Por ejemplo, la Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes Kontuz! en el caso del saqueo de Caja Navarra, o la asociación Gidari en el caso Bidegi en Gipuzkoa. Ambas, sin ningún ánimo de lucro y tratando de velar por el bien común, sufrieron infinidad de obstáculos judiciales para poder personarse como acusaciones. Algo similar le ocurrió a la plataforma Nunca Máis, obligada a depositar una fianza de 3.000 euros para poder personarse en el “caso Prestige”.

En 2003, mucho antes de las denuncias de Podemos contra las cloacas del periodismo y contra la policía patriótica liderada por el ministro de Interior Jorge Fernández, hijo de militar navarro y casado con la hija de una raquetista de Mallabia, toda la oposición del Congreso de los Diputados en bloque criticó la orden del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de investigar a Nunca Máis por un presunto delito de estafa a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.

Aunque la investigación fue archivada, la entidad ultraderechista, con la máquina de generar bulos bien engrasada, llegó a acusar a la plataforma gallega de destinar a fines políticos el dinero entregado por personas que pretendían colaborar de esta forma a reparar los daños causados por el vertido del buque Prestige.

Recordemos que antes de su nombramiento como Fiscal General en 1997, el juez Cardenal, quien junto al exsubsecretario de Justicia y exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, hijo de un barítono de Mallabia y una soprano navarra, había protagonizado la tarea de ilegalizar Batasuna. Cardenal había sido profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco, fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao y juez de menores de Bilbao. Allí nació precisamente el fundador del autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad.

Conexiones vascas

El asesor jurídico de Manos Limpias, Ramiro Grau, presentado en los mentideros como “el primer denunciante del caso Koldo“, un asunto que debe su nombre al exescolta vasco ascendido a edil socialista en Nafarroa y más tarde asesor del Gobierno español Koldo García, colabora habitualmente en “pseudomedios”, entre ellos, Alerta Digital. El citado “pesudomedio” promociona al expresidente de Falange Vasca, Santiago Fontenla, fundador de Minuto Digital y Alt News, director de Radio Cadena Española.

Fontenla está casado con la exsecretaria de Falange Vasca, Yolanda Couceiro, fichada por el PP tras liderar en Euskadi la Plataforma España y Libertad. De hecho, la Plataforma España y Libertad acompañó al PP y a Manos Limpias en distintas denuncias judiciales, como en el ”caso OPA sobre Endesa» en 2008 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias imputados a altos cargos del Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2018, el xenófobo Partido por la Libertad-Manos Limpias, liderado en Euskadi por Couceiro, trató de integrarse en VOX, formación política que ejerció la acusación en el juicio del 1-O catalán, dirigida por un exedil de Laudio, exjuntero alavés y exparlamentario vasco, Santiago Abascal. El de Amurrio fue miembro del PP, al igual que un correligionario suyo en VOX, el exfalangista Jorge Buxadé.

Asimismo, la constitución de VOX no podría entenderse sin María San Gil, expresidenta del PP vasco que hizo de celestina entre Abascal y el exfalangista Javier Ortega Smith, ni sin Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y cuyo hijo llegó a ser consejero de la productora de televisión vasca 3 Koma. (...)"                  (Ahoztar Zelaieta  , El Salto, 06/05/24)

La Audiencia condena a Luis Pineda a 8 años de cárcel por extorsión y estafa a bancos por medio de Ausbanc, y a 4 al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard

 "La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

En una sentencia, de 195 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Pineda una pena de cinco años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa, mientras que a Bernad le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de tentativa.

 En concepto de responsabilidad civil, Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con 904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918 euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750 euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con 406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701 euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302 euros, y a Banca March, con 38.115 euros.

La Sala también condena a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc Ángel Garay y a seis meses a María Mateos, directora del departamento jurídico, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad.

 Por contra, la Audiencia absuelve a los otros seis acusados (la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana) de todos los delitos de los que estaban acusados, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

Pineda y Bernad también resultan absueltos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del presidente de Ausbanc de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de los dos primeros delitos y, además, de amenazas.

 La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena para Pineda de más de 118 años de cárcel y de más de 24 años para Bernad, mientras que para el resto de acusados había pedido imponer penas de entre 66 y 11 años de cárcel.

Los hechos probados de la sentencia detallan la creación de Ausbanc en 1986 y cómo, con ocasión del ejercicio de acciones colectivas y como fórmula para obtener sumas dinerarias en el afán de lucro que movía a Pineda, a la vez que presentaba demandas, Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos, unos jurídicos relacionados con el objeto de la demanda y otros económicos, planteándose de forma conjunta.

 El ejercicio de la acción colectiva, dicen los jueces, era un mero instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras fórmulas. En el caso de que aceptasen suscribirlo, aun cuando se iniciase o se siguiera el trámite por los letrados de las delegaciones territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación. 

De darse la circunstancia de que las entidades no se avinieran a los requerimientos económicos efectuados generalmente por Pineda -ya fuera porque el acuerdo publicitario supusiera un desembolso desmedido o porque el jurídico era inasumible- podía conllevar una repercusión negativa reputacional de distinta índole, bien a través de publicaciones de noticias que no respondían a la realidad o por la “difusión hiperbólica” de un acontecimiento aislado en la entidad en cuestión, incluso con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede de la sede bancaria.

 Las campañas de ataque a la marca o a sus directivos se modulaban en función de si finalmente se rendían a sus pretensiones económicas, suscribiendo los convenios o retomando los que se habían dado por concluidos.

 La sentencia indica que los pagos que hacían efectivos se enmascaraban, bien como publicidad en las revistas de Ausbanc, cuyos ejemplares se distribuían de forma gratuita salvo un 2 por ciento que se vendían, bien como “estudios de mercado” que elaboraba la entidad con las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias judiciales, bien mediante patrocinios y otros eventos.

 El Tribunal explica que la relación entre Luis Pineda y Miguel Bernad se inició a finales de 2012 y duró hasta 2016, cuando se cortó con motivo del procedimiento judicial que ahora se enjuicia.

 Según la Sala, como Ausbanc Consumo copaba la actuación en el orden civil contra las entidades bancarias, Pineda advirtió de que otra manera de obtener copiosas sumas de dinero era a través de los procesos penales. Para ello, estableció la fórmula aparente de colaboración con Manos Limpias que, como acusación popular, instaba o se personaba en distintos procedimientos con gran repercusión mediática.

 “Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel Bernad dio entrada al acusado Pineda para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y otro”, señala.

 En esa línea, continúa, Bernad, en nombre de Manos Limpias, articulaba denuncias y en la sombra, Luis Pineda, le daba las directrices sobre el devenir de aquellas con el fin de mantener los acuerdos publicitarios o para que sus víctimas comprobasen su capacidad de actuación a fin de amilanarlos, tantos a las personas físicas como a miembros de corporaciones.

La Sala examina con detalle la treintena de actuaciones de los acusados encaminadas a obtener un beneficio de las distintas entidades con las que se ponían en contacto, algunas de las cuales se consideran como extorsión consumada por haberse llevado a cabo, otras como intento de extorsión cuando no obtenían los resultados esperados y otras que no se han considerado como delito.

 Así, el texto refleja la actuación de los acusados con la mayoría de las entidades bancarias del país (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas y procedimientos judiciales con gran repercusión mediática como el Caso Noos.

En relación con este último procedimiento, la Sala considera probado que en octubre de 2015 Miguel Bernad se reunió con el director general de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, actualmente consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, con motivo de la retirada de la acusación de Manos Limpias a la Infanta Cristina a cambio de dos millones de euros.

Posteriormente, Pineda se reunió con el directivo del Banco Sabadell Gonzalo Barretino y le hizo llegar la posibilidad de retirar la acusación contra la Infanta a cambio de tres millones de euros. El directivo denunció los hechos ante la Policía.

 No consta que los acontecimientos, dice el Tribunal, “se desenvolvieran en un clima de presión del que se valieran los acusados Luis Pineda y Miguel Bernad”. Por este episodio concreto, la Audiencia absuelve a ambos y a la abogada Virginia López Negrete, que ejercía la acusación en nombre de Manos Limpias.

En su sentencia, ponencia de Teresa Palacios, la Sala descarta la mayor parte de las acusaciones de estafa y rechaza también la existencia de una organización criminal. Se trata, según el tribunal, de un delito de extorsión en donde los sujetos pasivos no tienen el perfil de persona física a los que se puede ocasionar desasosiego, angustia o temor con la puesta en peligro de su libertad o seguridad. En su caso se activaba la vulnerabilidad ante la protección “el valioso activo que representa el riesgo reputacional” .

 La Sala explica que las entidades en general y las bancarias en particular, se ven en la necesidad de tener que gestionar la reputación de la entidad, dado que es un activo con gran repercusión económica, pudiendo suponerles publicidad negativa el mero hecho de la publicación de una sentencia adversa.

 “Evidentemente, lo han de soportar dado el derecho a la información y en aras de proteger al consumidor frente a sus prácticas. Pero cuando el ejercicio de las acciones judiciales se modula según sean atendidos los requerimientos dinerarios, aparte de que revela quien así actúa que no parece que le importe mucho ni sublima al consumidor que supuestamente ha de defender a través de la interposición de demandas, se puede estar configurando una práctica extorsiva en las que las entidades se vean abocadas a sufragar unos servicios publicitarios que no requerían, a los que se pliegan concertándolos, en evitación del descrédito a que se les podía someter en ese uso desmedido del ejercicio de acciones, y lo que de repercusión pública podía representar con la incidencia negativa antes apuntada a su reputación ,que se recrudecía en los medios de publicidad de AUSBANC, indica.

 El tribunal descarta el delito de estafa en la mayor parte de los casos por cuanto se puede comprobar que en algunas situaciones se llegaba a acuerdos extrajudiciales donde por AUSBANC CONSUMO se imponían condiciones a las entidades bancarias para que cesasen en la práctica que había dado lugar a la formulación de demandas y a sentencias condenatorias, y con ello, se estaban neutralizando tales prácticas delatadas tanto en relación al procedimiento donde se llegaba a dichos acuerdos, como de futuro, y todo ello, beneficiaba al cliente de la entidad condenada.

Tampoco aprecia el delito de organización criminal en cuanto que los escritos de acusación del fiscal y de la acusación ejercida por Podemos en relación con el papel criminal de cada uno de los miembros, excepto Pineda, “son ciertamente insuficientes, a no ser aludir al conocimiento y la puesta en práctica de las distintas parcelas en las que estaban los acusados ubicados en la estructura interna de AUSBANC, siendo que cuando se aborda cada uno de los hechos que se verán más adelante, la referencia a los acusados, en varios de los supuestos es nominal, sin más añadido que haber participado o intervenido, no describiéndose los elementos fácticos de una conducta típica que hubiera podido contribuir en pro de la acreditación de la estructura criminal, solo sustentada en las funciones propias de cada uno en el organigrama de AUSBANC, incluso hasta no aparecer citados en el relato acusatorio”.

 A lo largo de la sentencia se detalla cómo, en relación con las colaboraciones con Ausbanc, se trasladaba al destinatario la idea de que, de no atenderse a dicha petición, la publicidad para la entidad no sería positiva, lo cual opera como factor inquietante en lo que a la imagen de la entidad supone, al margen de que a su pesar la entidad bancaria se mantuviera en su decisión.

 Pineda, según el tribunal, disponía “como arma arrojadiza de los medios publicitarios de AUSBANC modulando la información a su antojo, según se avengan las entidades requeridas a sus lucrativas pretensiones, distanciándose del mero papel ilustrativo e informativo de lo noticiable, para adornarlo positiva o negativamente según interese en función de que se acceda a sus demandas económicas”.  

El Tribunal fija para Pineda la pena mayor posible por el delito de extorsión, cinco años de cárcel por su actuación prolongada en el tiempo en la que se valió de la asociación sin ánimo de lucro en lo que su objeto era la defensa y protección de los consumidores para su interés lucrativo.

 “Para esa depredación, -subraya- las acciones en pro de aquellos las trasmutó en arma arrojadiza a fin de presionar a las entidades a las que demandaba o en el seno de los procesos judiciales en marcha, modulando su ejercicio, además de valerse de los medios de publicidad de AUSBANC que también atemperaba, orientando la información para desacreditarlas y con ello hacer por doblegar su voluntad, trasladando esa misma forma de operar a causas penales en las que se personó como acusación popular, que venía ejerciendo MANOS LIMPIAS, movido por ese afán lucrativo que presidía su conducta”.

 El tribunal resalta “la carencia más absoluta de las más elementales normas que debe presidir la sana conducta del que enarbola (sin éxito) actuar exclusivamente en defensa de los consumidores y usuarios, denotando más bien, que su fin primordial no es otro que, a costa de los anteriores, engrosar su propio peculio”.               (F. Sanz, Cinco Días, 09/07/21)

El autor del 'tamayazo' reaparece como imputado junto al líder de Manos Limpias en una red de extorsión a empresarios gallegos

 "Eduardo Tamayo, protagonista del golpe parlamentario que frustró la presidencia de Rafael Simancas (PSOE) en la Comunidad de Madrid y abrió la era Esperanza Aguirre, ha vuelto a reaparecer envuelto en una trama de extorsión a empresarios en Galicia en la que aparece en la nómina de imputados junto al que fuera secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard. La Guardia Civil ha bautizado a la operación, 'Domine Cabra', en referencia a uno de los personajes de El Buscón de Quevedo, una de las primeras novelas del género picaresco, cuya escritura se data entre los años 1603 y 1608.

Los investigadores han puesto a Tamayo y Bernard a disposición del juzgado número 8 de Vigo, encargado de la investigación, bajo la acusación de haber participado en el intento de extorsión a un empresario de Vigo, dedicado al sector pesquero. Las investigaciones arrancaron el pasado mes de noviembre tras denunciar el empresario que estaba recibiendo amenazas por negarse a pagar una deuda a Tamayo que él declaraba como inexistente. Según el denunciante, las amenazas surgieron cuando varios juzgados archivaron las demandas presentadas desde Madrid intentando reclamar esa deuda que, según asegura Tamayo a eldiario.es, se generó por gestiones empresariales con el Gobierno de Guinea Ecuatorial realizadas por el exdiputado socialista. A partir de entonces empezaron a llegar las amenazas a través de terceras personas advirtiéndole de los serios riesgos que correría su reputación profesional si no cumplía con el pago de 400.000 euros.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, las primeras informaciones las adelantó La Voz de Galicia, concluyeron con la identificación de los mediadores para exigir el pago: dos personas afincadas en Madrid, uno relacionado con el ámbito sindical y el otro, con el mundo de la comunicación. Ambos han sido notificados penalmente como imputados por un presunto delito de extorsión.

En total se investiga a seis personas, entre las que se encuentran Eduardo Tamayo y Miguel Bernard. Tamayo pasó a la historia por su espantada durante la frustrada investidura de Rafael Simancas (PSOE) a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones de 2003. La abstención de este diputado socialista y la de su compañera María Teresa Sáez abrió la era de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a Miguel Bernard, su imputación por esta supuesta extorsión se suma a los problemas que acarrea con la Justicia por prácticas similares. En 2016 fue detenido por la Policía, acusado de extorsiones impulsadas desde Manos Limpias consistentes en exigir dinero a cambio de retirar querellas previamente interpuestas desde el pseudo sindicato. Ingresó en prisión preventiva ese mismo año por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. A principios de año arrancó el juicio en el que la fiscalía pedía la pena de 24 años de cárcel para Miguel Bernard. Ahora, su nombre reaparece junto al de Eduardo Tamayo en una causa que impulsa un juzgado de Vigo."              (Gonzalo Cortizo, El País, 13/10/20)

Las cloacas de Interior. El BBVA contrató a la empresa de Villarejo en 2014 para hacer frente al chantaje de Ausbanc

"Sin empresas con necesidades de gestión de crisis, el Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT) del comisario ahora jubilado y en prisión, José Manuel Villarejo, no tendría quién le contratara. Sin empresas con información comprometida, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, no podría haber chantajeado al BBVA, según consta en el sumario de la Operación Nelson por la que fue enviado a la cárcel de Estremera junto con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad. 

Las relaciones entre el BBVA, Ausbanc y Manos Limpias eran de guerra abierta. En la junta de accionistas de 2013, la abogada al servicio del sindicato ultra, Virginia López Negrete, había tomado la palabra porque, según contó ella misma en un escrito:

"Puesto que soy accionista del BBVA, desde hace más de 20 años, y con títulos propios suficientes como para poder acudir a la Junta General de Accionistas, el Secretario General del Sindicato Manos Limpias me pidió que asistiera a la misma con el objeto de solicitar al BBVA que aclarara en concepto de qué se abonó dicha cuantía [cerca de medio millón de euros] al Instituto Nóos". Y en la junta de 2014 se iba a producir un espectáculo similar.

La Dirección de Seguridad de la entidad bancaria, que ostentaba el excomisario Julio Corrochano, contrató de nuevo al comisario Villarejo para que mediara en ese acoso. Había dos motivos fundamentales para hacerle a él encargo y que él aceptase: Villarejo y sus empleados tenían estrechas relaciones con Manos Limpias y Ausbanc, y allí se movía información importante sobre la Casa Real a la que el comisario también pretendía extorsionar.

Sin duda, el comisario de las cloacas de Interior estimó que meterse en esa crisis, de la que él tenía información privilegiada por sus propias gestiones al margen de la Policía sobre el rey emérito Juan Carlos I, era un negocio prometedor. Así que no lo rechazó aunque supusiese un delito de cohecho, como se investiga actualmente en la Operación Tándem, en la que fue detenido el multimillonario policía en 2017. 

El ahijado de Manuel Cerdán, periodista 'espía' y amigo de Virginia López Negrete

La entrada en Ausbanc y Manos Limpias era sumamente fácil. El periodista "infiltrado" del comisario desde hace 30 años –Manuel Cerdán, en la actualidad empleado de Eduardo Inda– tiene un ahijado con el que comparte profesión y que tenía estrechas relaciones profesionales con la abogada encargada de atizar públicamente y en los tribunales al BBVA: Virginia López Negrete. 

"Fue este conocido periodista y tertuliano, ahijado de Cerdán, quien con cámara oculta entraba a las oficinas y ruedas de prensa que se organizaban en Ausbanc y mantenía un contacto fluido y directo con la letrada. Sus informaciones pensábamos que nos servían para presiones, pero en realidad estaba haciendo un doble juego muy bien pagado", aseguran a Público diversas fuentes de Ausbanc y de Manos Limpias. Cerdán y su ahijado siguen manteniendo relación con esos miembros de ambos sindicatos incluso después de la Operación Nelson, en la que fueron imputados. 

En diferentes sumarios y procedimientos aparece acreditada esta relación entre la abogada que ejecutaba la campaña contra el BBVA por orden de Luis Pineda y Miguel Bernad, según su propia declaración, y el ahijado de Manuel Cerdán, debido a que un cliente llegó incluso a denunciarla por suministrarle al periodista toda la información sobre la causa laboral que tenía con su empresa y que López Negrete debía proteger dentro de la confidencialidad entre abogado y cliente.

Público se ha puesto en contacto con portavoces oficiales del BBVA, quienes han precisado que el excomisario Julio Corrochano abandonó recientemente su puesto de jefe de Seguridad de la entidad bancaria, al jubilarse por razones de edad en este mismo trimestre. En cuanto a los contratos con la empresa CENYT del comisario Villarejo citados en esta información, uno de esos portavoces subrayó:

"El BBVA tiene relaciones contractuales con sociedades legalmente establecidas y con cláusulas muy específicas sobre la prestación del servicio dentro de la más estricta legalidad".

Pero, por supuesto, Villarejo no sólo trabajó –a través de su trama empresarial– para esa entidad bancaria mientras estaba en activo en la Policía, sino que lo hizo para muchas otras grandes empresas, como ha ido revelando Público en sucesivas exclusivas.

Y hay otras muchas pruebas de la existencia de esa policía paralela para multimillonarios y grandes empresas que sacaremos a la luz próximamente."          (Patricia López, Carlos Enrique Bayo, Público, 27/05/18)

Ausbanc recaudó 40 millones de euros con su extorsión a los bancos durante una década. El 30% de estos pagos procedían del Santander

"El negocio de Luis Pineda con la extorsión a los principales bancos del país le reportó ingresos de casi 40 millones de euros en una década. Esta es la conclusión a la que llegan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que está incorporada al sumario de la investigación en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso eldiario.es.

 Los policías concluyen que Ausbanc Empresas recaudó de las entidades bancarias 37,03 millones de euros entre 2005 y 2014 y que Ausbanc Consumo obtuvo, por la misma vía, 1,93 millones.

El 13 de noviembre de 2015, el fiscal Daniel Campos dirigió un escrito al juez Santiago Pedraz por el que solicitaba la intervención del teléfono del presidente de Ausbanc y adjuntaba la cifra de la recaudación por extorsión. Para entonces, la UDEF había entregado varios informes sobre "las exigencias de pago de publicidad a las entidades financieras, bajo amenaza de iniciar una campaña de desprestigio contra ellas", a través de sus propias publicaciones o con querellas en los juzgados.

Los bancos pagaron casi 4 millones anuales a Ausbanc entre 2005 y 2014

El fiscal Campos alude al comienzo del caso con una denuncia anónima recibida el mes de febrero anterior y las investigaciones posteriores que motivó, entre ellas los testimonios de responsables del BBVA, Credit Services, Caja Madrid y Novagalicia Banco, entidades que en algún momento dejaron de ceder al chantaje de Pineda.

Fuentes de la investigación aseguran que el primero en romper el silencio fue el BBVA y que, a partir de ahí, Fiscalía y Policía buscaron testimonios en otras entidades. En el caso de Caja Madrid buscaron a directivos de la época de Miguel Blesa, aunque evitando a éste por los casos judiciales en los que se encuentra imputado.

En el otro lado, las entidades que más favorecieron la caja del presidente de Ausbanc. Según aparece en el citado sumario, de esos casi 38.972.496 millones de euros de ingresos en una década, 11.566.493 procedieron del Banco de Santander, un 29,7%.

El 30% de los pagos de los bancos procedían del Santander

Con la investigación ya en su fase final, la Policía hace una referencia a este banco en un informe de febrero de 2016. Los teléfonos de los investigados ya han sido intervenidos con autorización judicial. Entre ellos, el del adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, y el delegado de la organización de usuarios de banca en Sevilla, Pepe Marín.

 Ambos están “muy enfadados” porque ha salido en prensa la información de que su propia organización ha ganado un caso a Caja Rural del Sur, a pesar de que ésta colabora con Ausbanc.

Es el 19 de enero pasado y Garay le dice a su interlocutor que va a llamar a Madrid para decir: "No me jodáis con Caja Rural del Sur. Esto es como el Banco del Santander". Según los investigadores de la UDEF, de esto "se desprende que la entidad Banco de Santander es, en cierto modo, intocable en Ausbanc, siendo además una de las entidades que tiene acuerdos de colaboración y patrocinio" con la organización dirigida por Pineda.

El presidente de Ausbanc fue alertado por un responsable de Unicaja, una de las entidades que colaboraba activamente con su organización, de una investigación de la UDEF y la Audiencia Nacional en su contra, aunque no logró concretarle en qué se centran las pesquisas. En otra conversación, ya en marzo, Garay y Marín hablan de ello en otro pinchazo telefónico. El adjunto a la Presidencia de Ausbanc se extraña de que la información no haya llegado por el Santander.

A esto, Marín contesta: "También comentó algo (Pineda), que él ahora con el Santander está la cosa un poco más floja, o no sé qué dio a entender". Y añade más adelante: "Ana Patricia Botín no le soporta”. Por su parte, Garay aporta: "Claro, porque antes Emilio Botín le cuidaba, y Ana Patricia Botín, vamos…".

Angel Garay: "Ana Patricia Botín no le quiere ni ver. Lo que pasa es que la ventaja es que, como hay, ha habido mucha, mucha, mucha relación, pues ella tampoco creo que corte así”

Pepe Marín: "De buenas a primeras…".

La estrategia de Pineda lograba pelotazos casi instantáneos. Unicaja, por ejemplo, pasó de contratar publicidad con Ausbanc por 126.082 euros en 2013, o los 171.518 de 2014, a 517.974 en 2015. Como asegura en sus autos el propio juez Pedraz, el incremento “puede estar vinculado” a que en mayo de 2014 se produjo la imputación del presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE, donde Manos Limpias ejercía la acusación popular. 

Según consta en la causa, la maniobra para facilitar el archivo le costó a Unicaja un millón de euros en dos pagos a Ausbanc.

El juez Pedraz envió a Pineda el pasado 18 de abril a la cárcel acusado de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude de las subvenciones y pertenencia a organización criminal."                  (Pedro Águeda / Raúl Sánchez  , eldiario.es, 25/05/16) 

La Audiencia Nacional juzgará a Manos Limpias y Ausbanc por organización criminal

"El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otros responsables de Ausbanc, serán juzgados por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. 

El juez Santiago Pedraz ha acordado dirigir el procedimiento contra la directiva de las dos organizaciones en la Audiencia Nacional. En el auto, el juez da un plazo de En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado el magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, Pedraz estima que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”, bajo la cobertura de una “defensa de los consumidores”. El juez describe conductas de presión a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores.

Según ha destapado la investigación del juzgado, el dinero que recaudaba Ausbanc se obtenía, en gran medida, de entidades financieras con las que se firmaban acuerdos publicitarios. Un dinero que no redundaba en el beneficio de la asociación sino que gran parte del mismo, explica Pedraz en su escrito, “se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente”.

El juez también ha detallado que la organización realizó coacciones a algunas entidades financieras enmascarados en esos acuerdos publicitarios y que llegó a utilizar el sindicato Manos Limipas como instrumento para ejercer y reforzar dichas coacciones. 

Según Pedraz, Ausbanc financiaba al sindicato para ejercer la acusación popular en distintos procedimientos judiciales, valiéndose para actuar de tal manera “de los recursos propios del sindicato, contando con el apoyo y beneplácito del Secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba”.

Ambos contaban, añade el juez, con el apoyo de la letrada Virginia López Negrete. Esa connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias destaca en al menos ocho procesos judiciales que recoge en su escrito, como los llamados “caso Sevilla”, “caso Palma”, “caso Sabadell”, “caso Facua”, “caso Volkswagen” o “caso Banco Santander”, entre otros.

El caso en el que está implicada la Infanta Cristina de Borbón, el “caso Noos”, en el que Manos Limpias ejercía la acusación popular, el juez indica que Luis Pineda “utilizaría la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros”.              (El Salto, 30/10/17)

La UDEF acusa a ex altos cargos de Aguirre de 'trocear' ayudas para favorecer a Ausbanc

"La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros. 

  Según el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.

El informe se refiere, en concreto, a los años 2006 y 2007. Correos intervenidos en los registros de las sedes de Ausbanc han revelado que el entonces subdirector general de Coordinación de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Mariano Sánchez-Ortiz, se concertó con Hermenegildo García, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la falsa asociación de Pineda, para fraccionar dos ayudas por importe de 30.000 euros cada una y evitar de ese modo que la trama tuviera que concurrir a una “convocatoria pública” para poder conseguirlas.

 El fraude se tapó mediante facturas falsas giradas por asociaciones y empresas de Pineda. De las comunicaciones analizadas por los agentes de la UDEF encargados del caso, también se desprende que el entonces consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el político del Partido Popular Manuel Lamela, fue el responsable de pactar con Ausbanc la entrega de esas subvenciones, aunque los contactos se articularon a través de Sánchez-Ortiz. 

Los movimientos de las cuentas bancarias de la falsa asociación han confirmado que recibió las ayudas por los importes acordados. Siempre en transferencias inferiores a 12.000 euros para no levantar sospechas.

 Lamela asumió el cargo de consejero en la empresa Essentium, del grupo Assignia, tras dejar la política en 2008. Desde 2013 trabaja en sus propias empresas. Por su parte, Sánchez-Ortiz ocupa en estos momentos el cargo de subdirector general de Juventud en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Esas ayudas tenían como supuesto objetivo financiar actos de promoción de los derechos de los consumidores, pero Ausbanc también recibió ayudas para la contratación de desempleados y para la formación de trabajadores.

 Los investigadores señalan en este nuevo informe remitido al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que Ausbanc fue adaptando su estructura para crear una vasta red de supuestas asociaciones sin ánimo de lucro para poder captar subvenciones públicas en instituciones nacionales y autonómicas. 

Una vez que recibía el dinero, Pineda lo desviaba para pagar las nóminas de sus empleados, los alquileres de sus oficinas y, en la mayoría de ocasiones, engrosar simplemente su abultado patrimonio personal, oculto tras una maraña de mercantiles.

Red de captación

Para poner en marcha esta estrategia de captación de fondos públicos, Pineda optó en 2002 por segregar su organización, señala la UDEF. Por un lado, creó Ausbanc Empresas, que supuestamente se encargaría de centralizar el negocio editorial y jurídico de Ausbanc.

 Y por otro, constituyó Ausbanc Consumo, que teóricamente asumiría la defensa desinteresada de los intereses de los consumidores. Las pesquisas han confirmado que, en realidad, no había separación entre ambas entidades. Compartían trabajadores, sedes y gastos ordinarios, pero Pineda las empleó para generar facturas falsas y trasladar la impresión a las instituciones públicas de que estaba utilizando las ayudas en proyectos sociales.

Se da la circunstancia de que fue la propia mujer de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado Díez, quien inscribió a Ausbanc Consumo en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid en 2002, aprovechando que en ese momento ocupaba el cargo de directora general de Consumo. Antes de llegar al puesto, había formado parte de la plantilla de Ausbanc y volvió de nuevo a la asociación cuando abandonó el Ejecutivo autonómico en 2003.

La inscripción en ese registro no solo permitió a Pineda optar a subvenciones públicas, sino que también le legitimó para ejercer la acusación popular en procedimientos penales en supuesta representación de los intereses de los consumidores. 

Como ya ha quedado acreditado en otros informes, el presidente de Ausbanc habría utilizado esa capacidad de personación en causas judiciales para extorsionar a organismos públicos, aseguradores, bancos y otras grandes compañías. 

Amenazaba con acciones judiciales a quienes se negaban a poner publicidad en sus revistas y, en otras ocasiones, interpuso querellas con la única intención de recibir una suma a cambio de retirarlas. Es el caso de Unicaja, que pagó un millón de euros para que Ausbanc retirara la acusación en el caso de los ERE contra su presidente, Braulio Medel.

Expulsión del registro

Para ampliar la captación de ayudas, Ausbanc Consumo también se inscribió en 2002 en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, en 2005, fue expulsada precisamente por “la realización de publicidad comercial y no meramente informativa” en la página web de la entidad, es decir, por tener un evidente ánimo de lucro. Pineda recurrió y consiguió la reinscripción, pero en 2013 fue expulsada definitivamente por reincidir en la búsqueda de un rendimiento económico.

Los funcionarios de la UDEF recuerdan que, además, Pineda también creó distintas Ausbanc autonómicas para figurar en los registros de asociaciones regionales y cazar aún más fondos públicos. El caso más evidente es el de Ausbanc Madrid, que estuvo operando desde 2009 hasta 2016. 

A pesar de la acumulación de irregularidades, las autoridades madrileñas no instaron su expulsión del registro autonómico hasta que el pasado abril se produjo la operación de la Audiencia Nacional contra Manos Limpias y Ausbanc.

En realidad, todas las subvenciones recibidas por el entramado de Pineda fueron ilegales. Los expertos en delitos económicos de la Policía Nacional han acreditado que Ausbanc falseó sus datos para inflar el número de consumidores a los que representaba y alcanzar así los mínimos necesarios para acceder a la financiación de programas sociales. 

 Además, Pineda habría diseñado los estatutos de Ausbanc para que los asociados —que pagaban una cuota anual de 180 euros— no tuvieran ninguna capacidad de decisión, en contra de lo que fija la ley para este tipo de instituciones. Solo la cúpula tenía capacidad ejecutiva. Es decir, que la red de Pineda no cumplía con ninguna de las condiciones para poder gestionar fondos públicos.

5,1 millones de la Consejería de Empleo y Mujer

Pese a ello, Ausbanc recibió un total de 6.286.772 euros entre 2004 y 2016. De esa cantidad, 322.070 euros fueron adjudicados por el Ministerio de Sanidad; 890.902 euros los recibió de la Consejería de Sanidad y Consumo madrileña (Economía y Hacienda en otro periodo), y 5.105.509 euros los consiguió de la Consejería de Empleo y Mujer de la comunidad.

 El informe apuntala la acusación contra Pineda por un delito de fraude en subvenciones públicas, uno de los que se le imputan desde que fue enviado a prisión el pasado 18 de abril. El juez Santiago Pedraz también le acusa de extorsión, amenazas, estafa, administración desleal y organización criminal. 

El otro presunto cerebro de la trama, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, entró en prisión el mismo día, pero quedó en libertad en diciembre tras el pago de una fianza de 50.000 euros. Pineda también ha pedido salir de la cárcel, pero la Audiencia Nacional se ha opuesto hasta ahora al considerar que, en su caso, todavía existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas."          (El Confidencial, 30/01/17)

El dircom del Santander niega que se sintiera amenazado por las acusaciones de Ausbanc sobre la muerte de Emilio Botín, pero el banco pagaba cerca de un millón de euros anuales por publicidad en sus revistas

" El director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que se sintiera amenazado por Luis Pineda, presidente de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc) y ha defendido que la entidad pagaba publicidad en las revistas del grupo, entre ellas Mercado de Dinero, porque consideraban que lo valía.

Cendoya ha declarado como testigo ante Pedraz, juez central de instrucción número 1, y ha negado pagos para evitar que Ausbanc o su aliada Manos Limpias interpusieran denuncias contra la entidad financiera.

El Banco de Santander pagaba cerca de un millón de euros anuales en contratos de publicidad en las revistas de Ausbanc. A preguntas de la Fiscalía, Cendoya ha defendido estos pagos: porque consideraban que lo valía en virtud de la tirada y la penetración de estas publicaciones de Ausbanc.

Cendoya ha rechazado en todo momento haberse sentido amenazado por Ausbanc o su presidente. También ha rechazado haber sentido sensación de riesgo reputacional hacia el Santander en caso de no pagar estos contratos publicitarios.

Cuando recibieron la carta de Manos Limpias donde exponían sus dudas sobre las causas de fallecimiento de Emilio Botín, este testigo ha reconocido que habló con Luis Pineda porque le conocía desde hacían tiempo, quien frenó a Manos Limpias.

 Los registros policiales han revelado que, al tiempo que ser enviaba una carta a Ana Patricia Botín, hija del financiero fallecido y actual presidenta del Santander, Manos Limpias planificaba una querella para sembrar dudas sobre las circunstancias de dicho fallecimiento.

"El que se la hace a Ausbanc, la paga"

En los registros también se ha descubierto un correo de Luis Pineda dirigido a Juan Manuel Cendoya y fechado en diciembre de 2012, en los que el presidente de Ausbanc dice que iba a intervenir en la acusación contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. Y Pineda concluye así este mensaje: “El que se la hace a Ausbanc, se la paga. Luis Pineda”, según fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional también ha interrogado al responsable de comunicación del banco Mare Nostrum, Alfonso José Cárcamo, que ha confirmado que la entidad dejó de pagar a la asociación de Pineda a su llegada al banco.

30.000 euros por un estudio

Por su parte, el director de Marketing de Skoda del Grupo Volkswagen Alberto García Sancho y la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen-Audi España, Eva Vicente Martín, han asegurado que Pineda les pidió 30.000 euros por la elaboración de un informe que incluía pautas para las marcas sobre una correcta publicidad.

Ausbanc les había demandado, en aquel entonces, por la forma en que se mostraba la letra pequeña en sus spots. El grupo alemán no pagó dicha cantidad.

La nueva ronda de declaraciones sobre el caso en el que se investiga a Ausbanc y el sindicato de Miguel Bernad, Manos Limpias, por extorsión y amenazas, continuará el próximo jueves.

Ese día comparecerán los directivos de Liberbank Ángel Miguel Marcos Maldonado y Carlos Rubio Vallina y el director territorial de Sevilla de Caja Rural del Sur, José María Vera López. La presidenta de Ecologistas en Acción en Talavera de la Reina, María del Prado Salmerón, y otras dos personas -Andrés Sánchez Giménez y María Isabel Salamanca- están citados para el 16 de diciembre.

Además, el juez ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos. Pide, además, que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el banco Sabadell.

Supuesta trama de extorsión a entidades y directivos

El Ministerio Público tiene indicios de que Pineda conformó desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.

La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas.

En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.

Según el fiscal del caso, Daniel Campos, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían "la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero", actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo."              (Público, 12/12/16)

Trillo y Rajoy dieron "caza" al juez Garzón

"(...)  Wyoming, a priori, lo tenía fácil. Tan sólo debía adoptar un rictus más serio que el ofrecido en televisión, y el tema ayudaba: un juez que se atreve a remover el estercolero de la presunta financiación irregular del partido en el Gobierno es acorralado judicialmente con el fin de quitárselo de encima. O sea, que al magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba los crímenes del franquismo lo aparcaron en la cuneta por el caso Gürtel. (...)

De los aquellos maravillosos años de un adolescente del barrio madrileño de Prosperidad a las más de dos décadas de Garzón al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde combatió el terrorismo etarra, la guerra sucia del Estado y a los narcos gallegos. “Ha abarcado tanto, que cabe preguntarse: ¿y los demás jueces qué hacen?, ¿dónde están?

 Encarna a ese hombre en España que lo hace todo, como el de la canción de Astrud”, dijo Wyoming del magistrado, un daño colateral de las cloacas del PP por haber pisado la mina de la corrupción política. “No fue condenado el 9 de febrero de 2012”, pues “la cacería” había comenzado tres años antes, cuando Mariano Rajoy leyó su sentencia.

Entonces, el presentador de El Intermedio amplificó a través de su micrófono las declaraciones del líder del PP: “El PP cree que Garzón debe abstenerse de la causa y pide la recusación del juez. Esto no es una trama del PP, sino una trama contra el PP”.

Era el 11 de febrero de 2009 y Rajoy comparecía ante la prensa rodeado de los suyos: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Y quiero dejar claro también que este partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. Junto a él estaban Soraya, Gallardón, Trillo, Montoro, Arenas, Botella… Tampoco faltaban Aguirre, Mato, Camps o Barberá.

 “Si lo hace el PP, es una foto institucional. Si lo hace Podemos…”, ironizó Wyoming, que describió En el punto de mira como “un mosaico de nuestra historia reciente” en el que Garzón le pega “un repaso al imperio del mal”. 

Sin embargo, el juez que destapó el caso Gürtel fue condenado a once años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo por ordenar que se grabasen las conversaciones entre los detenidos implicados en la trama de corrupción y sus abogados, pese a haber preservado su derecho de defensa. 

“Es difícil sobrevivir entre las intrigas palaciegas si eres independiente. Ese fue el pago que recibió de las personas que dirigen la Justicia, instigadas por el PP”, criticó Monzón, intrigado por saber quién estará cobrando los derechos de autor por haber descubierto la Gürtel. 

“Se lo atribuyó Aguirre”, respondió el abogado, quien denunció que muchos jueces ascienden a la cúpula judicial no gracias a sus “méritos”, sino a “fidelidades, acuerdos y conveniencias que, tarde o temprano, se suelen pagar”.   (...)

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional batallaba contra ETA, los GAL o, años después, la presunta corrupción del PP: “Las personas que me denostaron me besaban la mano cuando les interesó”. Federico Trillo, por ejemplo, lo llamó “juez prevaricador”, recordó Wyoming [cuando encarcelaron a los cabecillas de la Gürtel, en 2009 el responsable de Justicia del PP dijo que el magistrado actuaba "con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley"]. 

Garzón lo tiene claro: “Desempeñó el papel que le marcaron: coordinar la acción contra un juez al que había que tumbar”.

Fue el inicio de “una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo”, sostiene en sus memorias, donde defiende que “el juicio y condena a los que fui sometido obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia”. 

En sus páginas también arremete contra los jueces que demostraron “una animadversión congénita contra mí”, contra Manos Limpias y Ausbanc, así como contra un “determinado sector judicial” que aceptó que un “seudosindicato” y una “extraña organización” convirtiesen la acción popular en “un instrumento de extorsión”. 

La conclusión es desesperanzadora: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo”.  (...)

Si Almudena Grandes había considerado antes de la presentación que estamos ante “un caso de injusticia flagrante”, el abogado Manuel Ollé afirmaba al término de la misma que “ese final jamás se tenía que haber producido”. 

La escritora cree que fue “una medida absolutamente arbitraria y el modo de destrozar la carrera de un juez estupendo”, mientras que el profesor de Derecho Penal Internacional, que ha trabajado como letrado con Garzón, va más allá: “Fue una caza en la que se cobraron su pieza. Cuando investigas, eres absolutamente independiente, te quieren coartar esa libertad y no le gustas al poderoso ni a los que desean controlar el poder judicial, te cortan la cabeza”. (...)"               (Henrique Mariño, Público, 26/11/16)

Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”

"Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. 

Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. 

Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé. (...)

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. 

Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. 

Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. 

Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica.

 No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. 

Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. 

Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. 

No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno."                (Baltasar Garzón, 09/10/16)

'Operación Penicilina': los siete días en los que Pineda y Bernard fraguaron el chantaje a Ana botín por "el asesinato de su padre, Emilio Botín"

"Un acta de manifestación ante notario. El borrador de un denuncia. Una carta. Varios correos electrónicos... El supuesto intento de extorsión más esperpéntico de la trama creada por Manos Limpias y Ausbanc pretendía acusar a mediados de 2015 a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, del "asesinato" de su padre, fallecido de muerte natural en septiembre del año anterior.

 El registro realizado el pasado 15 de abril durante la 'Operación Nelson' por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la sede del sindicato ha permitido conocer ahora todos los detalles y protagonistas de un chantaje que se sustentaba en el dudoso testimonio de un 'editor' salpicado hace tiempo por un suceso similar, los esfuerzos de un 'meritorio' de 62 años de edad y una ficticia arma 'homicida' tan rocambolesca como toda la historia: una inyección de penicilina. Todo ello fraguado en sólo siete días. Los que van desde el 19 al 26 de mayo de 2015.

Así lo recoge un informe policial incorporado al sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz. En el mismo, los agentes dan cuenta al magistrado del análisis de una parte de la abundante documentación intervenida en las oficinas que Manos Limpias tenía en la madrileña calle de Ferraz. 

La UDEF dedica en esas páginas un apartado específico a los "documentos relativos al asunto Banco de Santander" en el que detalla que en el disco duro de uno de los ordenadores encontrados en la sede del sindicato los agentes encontraron cinco documentos y correos electrónicos sobre este supuesto intento de extorsión.

Una información que permite a la Policía elaborar una cronología de los diferentes pasos que había dado la trama presuntamente encabezada por Miguel Bernard y Luis Pineda para presionar a la actual máxima responsable del Santander y, de este modo, que el presidente de Ausbanc consiguiera "ganarse el favor de la entidad [...] para que ésta continuase patrocinando y publicitándose" en la revistas de la asociación. De hecho, meses después el hoy encarcelado cabecilla de la trama ofreció al banco un convenio para que invirtiese en anuncios de sus revistas por valor de 1,15 millones de euros para 2016. 

El primero de esas pruebas es un "documento en formato.doc" creado el 19 de mayo de aquel año. El titulo del mismo es muy significativo: "Denuncia presunto asesinato Emilio Botín.39748". Se trata, en concreto, de un borrador de denuncia preparado para la firma del líder de Manos Limpias y dirigido al "juzgado de Instrucción que por turno correspondía de Madrid". 

Con el mismo, el sindicato iba a denunciar a "los presuntos autores materiales en el homicidio del que fue presidente del Banco Santander, Emilión Botín" y a otros personas como "presuntos colaboradores, cómplices y encubridores" de dicha muerte. Entre ellos citaba a la "esposa", a la "hija" y a un supuesto "amante" de esta última. 

Todo ello sustentado en un "acta notarial de manifestación de un ciudadano" que dicho documento no identifica. Sin embargo, la UDEF señala que la persona "que había relatadado de forma detallada la forma en que murió Emilio Botín" sería supuestamente "un tal Juan Muñoz Bloise", del que los agentes no dan más detalles .

"Una cantidad mortal de penicilina"

Aunque en el informe policial no consta copia de dicho documento ante fedatario público, el propio borrador de la denuncia hallado en los ordenadores de Manos Limpias sí da algunos detalles de su contenido. Así, aseguraba que la muerte del banquero no fue "por infarto, sino por homicidio, inyectándole una cantidad mortal de penicilina". 

Una circunstancia, esta última, que la denuncia consideraba prueba de la premeditación del hecho ya que considera "el veneno" como el "medio alevoso por excelencia". El borrador, con numerosos espacios en blanco en el apartado de los nombres y escueta en detalles, proponía la práctica de pruebas como una autopsia al cadáver de Emilio Botín y una docena de declaraciones. 

Entre estas últimas, las de la "viuda", la hija, los escoltas, el médico que certificó el fallecimiento y varias personas que supuestamente relacionados sentimentalmente con algunos de los protagonistas. También pedía que testificase el "denunciante" del que no aportaba datos. El borrador estaba fechado para presentarse al día siguiente, el 20 de mayo, pero nunca llegó a los juzgados.

En los ordenadores de Manos Limpias apareció un segundo documento elaborado el 22 de mayo sobre este asunto. En este caso, se trataba del titular "Escrito Fiscal Gral Estado por Tema Botín.39746".

 Preparado también para que Miguel Bernard plasmase la firma en él y fuese enviado a Consuelo Madrigal, el texto recogía que había llegado al sindicato "un acta notarial de manifestación en la que se relatan una serie de hechos presuntamente delictivos y que afectarían a la cúpula de una entidad financiera de primer orden a nivel internacional". Por ello, solicitaba a la Fiscalía que se citase al propio líder del sindicato "para comparecer a los efectos de hacer entrega [de] la citada acta de manfiestación".

Cuatro días después, el 26 de mayo, alguien de Manos Limpias elabora un nuevo documento en el ordenador. Es el titulado "Carta Ana Patricia Botín Oshea.39727", también preparado para que lo rubricase el secretario general del sindicato. En el encabezamiento de la misiva aparece el nombre de la presidenta del Banco Santander y un correo electrónico de la entidad, asuntosespeciales@gruposantander.com. 

En la misma, de cuatro párrafos de extensión, Bernard comunicaba a la hija del banquero fallecido que "ha tenido conocimiento de unos hechos gravísimos que atentan contra la honorabilidad y el buen nombre de su persona" sin más detalles. "Creemos -continúa el texto- que están tratando de utilizarnos como ariete contra usted pretendiendo que el asunto salte a los medios con objeto de que usted quede desacreditada ante su propio banco y la opinión pública en general".

"Como crea y mejor le convenga"

En el documento, el ahora encarcelado aseguraba que Manos Limpias no dudaba de la "recta moralidad" de la máxima responsable de la entidad y se ofrecía a entregarle "a usted o persona de su máxima confianza, la información que obra en nuestro poder para que pueda utilizarla como crea y mejor le convenga, así como pueda conocer las personas que están detrás de la difamación que atenta contra usted".

 La carta declaraba que "por supuesto, que sin esperar nada a cambio". No obstante, insistía que, "al ser muy delicado y confidencial" el asunto, "no tratarlo por correo electrónico o postal", sino "sólo de forma personal con usted o [...] con persona de su máxima confianza". Bernard despidía la carta con un "en espera de sus noticias. Reciba un cordial saludo" junto a su nombre y número de telefóno móvil.

Ese mismo 26 de mayo, un minuto antes de las once de la mañana, desde el correo electrónico de la secretaría del sindicato se envíaba un correo electrónico a la abogado del sindicato, Virginia López Negrete, con el asunto "escrito Fiscal Gral Estado Tema Botín", aunque sin texto. Cuarenta minutos después, se recibía en la cuenta del sindicato otro mensaje. 

En este caso enviado por el que la Policía identifica como Javier Cordero Aparicio, "trabajador y colaborador de Manos Limpias" de 62 años de edad, según el informe. En dicho correo, cuyo asunto era "Ana Patricia BOTÍN", dicho personaje escribía simplemente "carta para Miguel" y adjuntaba la misiva que finalmente se envió a la presidenta del Banco de Santander.

El informe de la UDEF destaca la declaración que prestó como testigo ante los agentes el director de Comunicación de la entidad, Juan Manuel Cendoya, como prueba de que la trama remitió dicha misiva. Éste señaló a los agentes que tras llegar ésta al banco, se puso en contacto con Luis Pineda ya que sabía que éste tenía "cierta relación" con Manos Limpias porque en cierta ocasión le había comentado que estaba colaborando con el sindicato en un caso contra Miguel Blesa. 

 Cendoya aseguró a los agentes que en dicha conversación había pedido al presidente de Ausbanc ahora encarcelado que hablase con Bernard sobre la carta que había enviado por correo electrónico y en el que planteaba una reunión con Ana Patricia Botín "para comentarle la existencia de una carta muy injuriosa". 

 El directivo del Santander aseguró que en aquel momento creía que la misma afectaba a "distintos directivos del Banco Santander" y que, por ello, no quería que se "airease públicamente". Días más tarde, Pineda le dijo al representante de la entidad que ya había hablado con el secretario general del sindicato "y que ambos no daban ninguna credibilidad a tal escrito". La esperpéntica 'Operación Penicilina' parecía haber quedado sepultada ahí... hasta que el presidente de Ausbanc ofreció al Santander un nuevo convenio millonario para sus revistas meses después.

El 'editor' de CONFIDENCIALES y el 'meritorio' de 62 años

Los documentos sobre la muerte de Emilio Botín hallados en el ordenador de Manos Limpias no sólo salpican en el rocambolesco episodio a Miguel Bernard, secretario general del sindicato, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. De hecho, el informe de la UDEF también cita a otros dos personajes desconocidos hasta ahora. 

Uno de ellos es Juan Muñoz Bloise, a quien la Policía cita como la persona que realizó el acta notarial que sirvió de base para elaborar el borrador de la denuncia y la carta que enviaron a Ana Patricia Botín. La Policía no da más datos sobre él, pero un repaso a la hemeroteca muestra que no es la primera vez que este personaje aparece salpicado en un escándalo similar.

 Editor de confidenciales en papel cuando aún no existía la prensa digital, Muñoz Bloise fue detenido a finales de los 90 tras denunciar el financiero Juan Abelló que le había exigido 20 millones de pesetas (120.000 euros) por retirar de la circulación un supuesto informe sobre irregularidades fiscales. Él siempre negó su implicación en los hechos y aseguró que simplemente pretendía "auxiliarle [a Abelló] en lo posible para que no fuese publicada" dicha información.

El segundo personaje es Javier Cordero Aparicio, un ferrolano de 62 años de edad que el 26 de mayo envió a Bernard un 'email' con la carta que finalemnte dirigiría por correo electrónico a Ana Patricia Botín.

 Su nombre no era nuevo para los investigadores ya que en la bandeja de entrada del correo electrónico del sindicato han aparecido "numerosos" mensajes en los que Cordero Aparicio facilita a éste último "diversa información para que Miguel la pueda utilizar para iniciar procedimientos". 

Así, el informe policial le señala como "intermediario" en el llamado 'caso Molinos' que llevó al banquillo a la alcaldesa de la localidad aragonesa de Las Muelas con Manos Limpias en la acusación. También aparece como informador en otros asuntos, entre ellos uno "sobre Villar" para presentar una posible querella. 

En uno de dichos 'emails', Javier Cordero remitía su curriculum para que Bernard se lo entregara a Ausbanc para conseguir que Pineda lo contratase. La UDEF concluye que tiene "cierto papel activo" dentro del sindicato, del que se presentaba "como trabajador y colaborador".                 (Óscar López Fonseca, Vox Populi, 18/09/16)