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21.6.22

Aznar y Arias Salgado, detrás de la adjudicación a FCC y Florentino Pérez del viaducto que se derrumbó

 "El viaducto de O Castro de la A-6 se hundió seis meses después de que el AVE llegase a Galicia, marcando un curioso contraste entre dos grandes infraestructuras que llegaron con retraso a la comunidad y se presentaron con la virtud de acercarla a Madrid, en el sentido radial en el que ha entendido España tradicionalmente las comunicaciones. La Autovía del Noroeste se completó en 2002, tras nueve años de obras para unir Tordesillas con A Coruña, hito que rubricó el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con la inauguración del último tramo entre Ambasmestas y Villafranca del Bierzo.

Fue el Gobierno de José María Aznar el encargado de repartir los contratos que permitieron enlazar Galicia y Castilla y León por una vía de alta velocidad que tenía como gran reto superar las dificultades orográficas de la frontera, en el puerto de Pedrafita. La última parte de la autovía, describen los documentos del Ministerio, requirió de siete túneles y 42 viaductos, que dispararon el coste de las obras. Entre ellos estaba el que construyó FCC y que acaba de derrumbarse.

 La empresa que capitanea ahora Carlos Slim y entonces Alicia y Esther Koplowitz se hizo con el contrato en el año 1997, concurriendo en una UTE en la que estaba también OCP Construcciones, germen de la ACS de Florentino Pérez tras su fusión con Ginés Navarro. La adjudicación se publicó en el BOE el 26 de junio de ese año y el nuevo Ejecutivo, que había logrado desalojar a Felipe González un año antes, puso en marcha la licitación en diciembre de 1996, meses después de la llegada de Aznar a Moncloa. El ministro de Fomento era entonces Rafael Arias-Salgado.

Al departamento del también exministro de UCD le correspondería firmar la cascada de contratos que completaron la vía en su trazado de mayor dificultad y que tendrían como adjudicatarias a las grandes constructoras del momento. FCC no solo se hizo con el viaducto de O Castro, sino que también construyó los túneles de San Pedro y los de Pedrafita, en ambos casos también en alianza con el grupo de Florentino Pérez, un ex de UCD al igual que Arias Salgado. Los primeros tuvieron un coste de 6,1 millones y los segundos, tres veces más largos, de más de 25 millones.

Las constructoras del IBEX

ACS también se encargaría de otros dos túneles, el de Vilafranca –16 millones– y el de Trabadelo –7,1 millones–, ambos en alianza con Necso (Acciona). La propia Necso, junto a Ferrovial y Dragados, que entonces no formaba parte de ACS, se encargarían de los túneles de Cereixal y Doncos, que supusieron una inversión de casi 40 millones.

En el caso de los puentes, Fomento destinó a su construcción 542 millones y las adjudicatarias se repiten. Además de ACS y FCC se encargaron de las obras OHL, Sacyr, Acciona y Ferrovial, es decir, las seis constructoras que formaron parte del IBEX 35."                     

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27.4.20

La sustituta de Lara zanja en 2 meses 7 años de investigación por corrupción en Santiago

"Siete años de investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Santiago han tardado exactamente dos meses en recibir carpetazo. Es el tiempo transcurrido desde que el caso, que instruyó la juez de Lugo Pilar de Lara, recayera como pieza separada en los juzgados de la capital gallega.

Allí, la magistrada Ana López Suevos ha decretado el archivo de la causa, en un auto en el que critica con dureza la instrucción de De Lara, inhabilitada desde el 31 de enero precisamente por la demora en la instrucción de distintos sumarios.

El caso Pokemon afecta al mandato del alcalde Gerardo Conde Roa, del PP, que gobernó Santiago entre junio de 2011 y abril del 2012. Aborda cuestiones como un concurso de ayuda en el hogar, regalos a autoridades, la licitación de la ORA y la grúa y la retirada de sanciones a vehículos en Santiago, así como los concursos de limpieza en varios institutos y en la propia casa consistorial, entre otras.

De Lara abrió la causa como consecuencia de las investigaciones generales de la Operación Carioca, iniciada en 2011. Pocos días antes de que se consumara la sanción a De Lara, auténtico látigo desde su juzgado número 1 de Lugo de políticos de distinto signo durante la última década, la Fiscalía de Lugo propuso que el sumario se repartiera entre los distintos ayuntamientos afectados, iniciativa que fue respaldada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en un auto firmado el pasado 23 de abril. Su titular deja sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a los 11 investigados, entre ellos el exalcalde Conde Roa, junto a varios concejales y funcionarios municipales, en un auto en el que sostiene que le resulta imposible “determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuye a cada uno de los sospechosos” o “conocer la línea de investigación” llevada a cabo en Lugo.

La magistrada santiaguesa recuerda en su auto que ya en mayo de 2018 había recibido la causa, después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, que el pasado mes de febrero le fue atribuido por el alto tribunal gallego.

López Suevos explica que durante los cuatro años transcurridos desde que se decretó la inhibición, en Lugo se continuaron practicando diligencias. Por ello, considera que su juzgado “se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados”.

La juez insiste en que procesalmente “se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación”, pues sostiene que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo. También resalta que a los denunciados se les causó una “total indefensión”, ya que estuvieron sometidos “a medidas preventivas que restringieron su libertad personal”.

 La magistrada afirma que se les ocasionó “incertidumbre y angustia”, “por encontrarse inmersos en un proceso judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos delictivos se les atribuyen a cada uno de ellos”.

En la pieza santiaguesa de la Pokemon, De Lara apuntaba a una presunta financiación irregular del PP de la capital gallega en el año 2011, cuando logró a la alcaldía. Gerardo Conde Roa, su sucesor, Ángel Currás, y el que fuera concejal de Seguridad, Albino Vázquez, eran cuestionados por la juez de Lugo por el origen de casi 27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi en su totalidad durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara citó como investigados a los 11 implicados en el caso, aunque no llegó a atribuirles ningún delito en concreto.

Conde Roa no dimitió como alcalde de Santiago por la Pokemon, sino por una condena por fraude fiscal de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Fue sustituido por Ángel Currás, que abandonó la alcaldía dos años después por su implicación en el caso ahora archivado y en otro de supuesto acoso a un policía local. La condena colectiva de otros siete concejales del PP en aquella corporación obligó a dejar la alcaldía en manos del entonces conselleiro de la Xunta de Feijóo Agustín Hernández, que se había presentado en el puesto número 25 de la candidatura.

Después de instruir durante 12 años los sumarios más sonados de corrupción en Galicia, De Lara fue destituida el pasado 30 de enero y separada de sus macrocausas contra políticos y empresarios, para cumplir la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “retrasos injustificados”. La sanción lleva aparejada la pérdida de destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, a pesar de la alegación presentada por la juez ante los “graves e irreversibles” perjuicios que causaría.

A De Lara se le atribuyó una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, debido al “abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal”.

La resolución denuncia “un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción”. Según el CGPJ, se aprecian en las causas que tramitaba la magistrada “paralizaciones o largos períodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción o ausencia de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables”.

También se le atribuyeron procedimientos “prospectivos y por ello inadecuados”, como recopilación ingente de documentos, desorden cronológico en la formación de autos o falta de exigencia al personal del juzgado del oportuno cumplimiento de sus obligaciones."             (Pablo López, El Confidencial, 24/04/20)

3.10.17

A juicio el alcalde de Barreiros por autorizar 2.966 viviendas en un año con licencias ilegales

"En un sólo día, el 5 de septiembre de 2006, el gobierno local de Barreiros, en la costa de Lugo, con su alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga a la cabeza, concedió licencias para construir 616 viviendas. 

En aquel año, en un municipio rural de solo 3.200 habitantes, autorizó un total de 2.966 nuevas viviendas dispersas por terrenos que carecían de cualquier tipo de servicio urbano. “¿Que tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, justificaba el regidor en referencia a la villa turística de las Rías Baixas en la que veranea Rajoy y que se compara con Marbella. 

Su juicio ya tiene fecha, el próximo febrero, doce años después, y en él Fuente Parga, otros cinco concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada Arca, se sentarán en el banquillo para hacer frente a una petición de la fiscal para cada uno de ellos de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El juicio analizará el otorgamiento en 2006 de un total de 45 licencias que suman 2.966 nuevas viviendas así como otras instalaciones comunes como piscinas. Fueron las licencias que el gobierno municipal llegó a autorizar antes de que a comienzos de 2007 la Xunta bipartita de PSdeG y BNG interviniese el urbanismo local con un procedimiento posteriormente anulado por el Tribunal Supremo por no exponerlo previamente al público

Pero antes de esa intervención del urbanismo local, la Xunta ya había avisado a Barreiros de la ilegalidad que estaba cometiendo por considerar como suelo urbano terrenos que no lo eran porque no contaban con ningún tipo de servicio público.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el 14 de marzo de 2006 el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, remitió una comunicación al Ayuntamiento informándolo de que la ley impedía desde comienzos de aquel año otorgar licencias para esos terrenos no urbanos a los municipios como Barreiros que carecían de plan de urbanismo actualizado. 

A pesar de ese aviso directo y explícito, en los meses posteriores y hasta la intervención del urbanismo por la Xunta, “los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barreiros concedieron [...] 45 licencias para la construcción de edificaciones, pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal, de que prescindieron, pese a ser preceptivo, en parte de los procedimientos que siguieron”, dice la fiscal.

Porque mientras la arquitecta municipal, también acusada, obvió las irregularidades, la secretaria municipal no lo hizo y advirtió expresamente de ellas. El escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de las diversas ilegalidades urbanísticas que se pueden cometer.

 Los terrenos afectados, muchos dedicados a la agricultura o la ganadería, dice la fiscal, “distaban, en términos irreconciliables, de lo que podría ser una malla urbana, ya que carecían de acceso rodado público y de servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, red de saneamiento y suministro de energía eléctrica con iluminación pública”. En algún caso las edificaciones ocupaban suelo protegido. 

Es paradigmática la imagen recogida años después en una publicación de la Xunta de un cartel ofreciendo la venta de chalés “con agua y luz” como algo extraordinario ya que muchas de las edificaciones que se hacían entonces en Barreiros carecían de aquellos servicios.

Con aquellas licencias que ahora se juzgan, así como con las que se habían concedido en años anteriores de la burbuja inmobiliaria e incluso posteriores, cuando ésta ya había explotado pero el gobierno local de Barreiros seguía confiando en su modelo de urbanismo, ha pasado de todo. Una parte de las viviendas se finalizaron, pero no todas lograron venderse a pesar del intento de los promotores de deshacerse de ellas con ofertas como un apartamento de dos habitaciones por 36.000 euros.

 En otros casos nunca se llegó a mover una piedra mientras que, en un punto intermedio, abundan en Barreiros las estructuras de hormigón a medio levantar. Hoy, en el municipio de 3.200 habitantes hay 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.

A pesar de ese resultado, el gobierno local consideró la intervención urbanística de la Xunta como un ataque político. En los últimos años inició por dos veces la redacción de un plan de urbanismo, pero empeñado nuevamente en apostar por el aumento del parque de viviendas, con hasta 2.000 más, a pesar de que las existentes están vacías. 

En un análisis incluido en los documentos previos de ese nuevo plan, el propio equipo redactor relata cómo en el momento de la burbuja, por el simple hecho de ser considerados por el Ayuntamiento como suelo urbano, terrenos agrícolas o ganaderos sin servicios valorados en 3 euros el metro cuadrado pasaban a convertirse en solares de 600 euros el metro.

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que en 2013 dijo que “las feministas dejan de serlo cuando se casan”, reeditó la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015 y dejó el PP pero no el cargo unos meses después, cuando finalizó la instrucción del caso y se abrió contra él el juicio oral que ahora acaba de ser programado para febrero. En él, junto con el regidor, se sentarán en el banquillo cinco concejales y la arquitecta municipal. 

La fiscal considera al alcalde, la arquitecta y tres de los ediles autores de un delito continuado de prevaricación urbanística y pide para cada uno de ellos dos años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración. Los otros dos concejales sólo están acusados de un delito puntual de prevaricación administrativa porque sólo participaron en la aprobación de una de las 45 licencias del caso.

La fiscal dice del alcalde y de los concejales que “votaron unánimemente a favor de la concesión de las licencias referidas, siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad de Barreiros, y de la imposibilidad de dar repuesta a las necesidades de infraestructuras precisas para la ejecución de dichas licencias y de los informes contrarios de la secretaria” o incluso de la inexistencia de esos informes. De la arquitecta, la fiscal dice que “en casi todos los expedientes citados emitió informes como arquitecto municipal favorables a la concesión de las licencias, pese a la problemática expuesta”.                       (  , eldiario.es, 02/10/2017)

3.11.16

Pablo Crespo, de hombre del maletín del PP gallego a cerebro de Gürtel

"Según qué bando cuente la historia, la carrera política de Pablo Crespo Sabarís (Pontevedra, 1960) la truncó una auditoría o las viejas guerras intestinas del Partido Popular en Galicia. Puede que hubiera un poco de todo en su salida apresurada del PP en 1999.

Hasta entonces, durante casi un lustro, este exdirector de sucursal de Caixa Galicia en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) había ejercido como secretario de Organización de una maquinaria electoral infalible. La siguiente época, cuando el PP dejó de ser su partido para convertirse en su mejor cliente, fue todavía fue mejor para él: como lugarteniente de Francisco Correa en la trama que ahora juzga la Audiencia Nacional llegaron los yates, los chalés, los coches y la colección de relojes.

Hagamos un poco de memoria.  A finales de los 90, el PP se había convertido en Galicia en una réplica del PRI mexicano que arrasaba en todos los procesos electorales, gobernaba la Xunta y las diputaciones e impregnaba la mayor parte del tejido social.  Ya fueran clubes de fútbol, asociaciones vecinales, comisiones de fiestas o cofradías de pescadores, siempre había un hombre del partido al frente.

El PP, el Gobierno y lo que se ha dado en llamar sociedad civil se confundían y en ese contexto hasta parecía comprensible que el hombre fuerte de la Xunta, el eterno delfín de Fraga, Xosé Cuiña, compatibilizase la secretaría general del PP gallego y la cartera de Obras Públicas en el Gobierno regional.

Fue precisamente en esa era, en plena orgía de inversiones en carreteras, puertos y autopistas con los fondos llegados de Europa, cuando Cuiña buscó a alguien de confianza para ocuparse de las cosas del dinero. Eligió a Crespo, un dirigente discreto con cuyo padre había trabajado en la Diputación provincial, de una buena familia de Pontevedra. Un hombre sin pasado político, con escasa formación –apenas un año de Derecho– pero acostumbrado a tratar desde la caja con empresarios de la península del Salnés en las Rías Baixas, conocida por el turismo, la pesca... y también el contrabando de tabaco y el tráfico de drogas.

Trabajando desde las sombras

Durante su etapa de  número 3 del PP gallego no dio ruedas de prensa, no hizo trabajo parlamentario, apenas trató con los alcaldes. En lenguaje corriente: era el hombre del maletín. Corrieron leyendas atroces sobre la financiación de aquella época de mayorías absolutas del PP en casi todas las instituciones gallegas.

El partido concentraba cada año a 30.000 personas en la cima de un monte para comer pulpo, empanada y escuchar un mitin, sin que nadie preguntase quién pagaba la factura. Pocas fotos han representado mejor una exhibición de poder que la del presidente José María Aznar hablando por teléfono con George W. Bush desde la caseta de una de esas romerías.

La prensa gallega nunca escarbó demasiado en aquellos excesos y las denuncias de la oposición fueron aplastadas sistemáticamente por el rodillo parlamentario. Si alguien hubiese investigado, no habría sido difícil concluir que aquellas fiestas las montaba un dirigente espigado, peinado hacia atrás y con pinta de pijo madrileño, llamado Paco Correa.

"El 65% del dinero de las campañas, en negro" 

Tuvo que pasar una década larga y tres años de cárcel para que Crespo, acusado de una lista interminable de delitos como uno de los cabecillas de Gürtel, develase los secretos económicos del PP de Fraga en 2013 a Jordi Évole en el programa Salvados: "Declarábamos que en las campañas se gastaban 1,2 millones de euros, cuando en realidad costaban tres o cuatro. Recibía donativos que no se declaraban. 

Cada año, al menos unos 300.000 euros, lo cual se incrementaba muchísimo en campaña. Entre un 35% del dinero era regular y el 65% era irregular, no declarado, por así decirlo. Se metía en unas carpetas de cartón azul con gomas que había hace años. Era dinero no declarado. Era parte de mi trabajo, yo tenía que cuidar que esos donativos que llegaban no se perdieran por el camino. La organización por dentro funcionaba así y hasta hace poco seguía haciéndolo. Mi trabajo era conservar la estructura a flote, que la gente cobrase a fin de mes y los proveedores cobrasen a fin de mes. Yo era consciente de que eran métodos irregulares”.

Gracias a ese engranaje perfecto, Crespo pudo entregar 21 millones de pesetas al entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, tal y como dejó escrito Luis Bárcenas en sus papeles.

Todo el sistema se vino abajo en 1999 como consecuencia de la eterna batalla interna que pese a los éxitos –o tal vez por ellos– libraban las dos facciones históricas del PP gallego: el sector del birrete, encarnado por dirigentes conservadores de la Galicia urbana como Mariano Rajoy y José Manuel Romay Beccaría; y la facción de la boina que encabezaban políticos como el propio Cuiña o José Luis Baltar que controlaban gran parte del territorio rural y las diputaciones e incluso presumían de ser caciques buenos preocupados por sus vecinos.

A finales del milenio, Fraga decidió que Cuiña había acumulado demasiado poder y decidió apartarlo del control del partido. En la secretaría general el presidente fundador del PP colocó a otro hombre de su confianza, Xesús Palmou, quien nada más llegar solicitó un informe sobre las cuentas.

Ahí empezaron las sorpresas. Pese a las generosas aportaciones de los empresarios de la obra pública, el partido estaba en números rojos. Y entre las supuestas deudas acumuladas figuraba una declaración jurada de Pablo Crespo en la que advertía que se debían 300.000 euros a Special Events, la empresa de Francisco Correa.

Palmou contó entonces a Fraga que no había documentación que respaldase ese pago y exigió el despido de Crespo, que –cosas de la vida– se mudó a Madrid a trabajar en Special Events de la mano de Correa. "Me lo presentó Cuiña, me dijo que era oro molido", contó Correa al juez este mes en otra de sus medias verdades. 

La trama ya no volvió a operar con el PP gallego. El último trabajo fue una campaña de promoción de la carne, tras la crisis de las vacas locas, que financió la Xunta a través de la Consejería de Agricultura en el año 2000.

Cuando estalló el caso Gürtel, en 2009, Fraga advirtió desde su retiro en el Senado: "A la persona que ha mencionado, la he cesado inmediatamente  y eso que había sido propuesto por un gran hombre de Galicia como fue el señor Cuiña. El tendría todo el conocimiento, yo no, y en cuanto supe algo lo eché", despejó las preguntas de los periodistas.

Llamadas de Bárcenas a Galicia

En la sede del PP gallego todavía algunos trabajadores recuerdan las llamadas de Bárcenas a principios de 2000 preguntando por qué se había roto la relación con Correa y sus empresas, que ya entonces campaban a sus anchas por la sede madrileña de Génova 13.

El resto de la historia está escrita en un sumario que acumula decenas de miles de páginas y por el que desfilarán como testigos los representantes de la plana mayor del PP en los años 90, a excepción de Aznar.

Para Crespo, el dirigente que esta semana apenas recordaba nada en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el hombre que atribuyó la macrocausa a un invento del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba "y unos policías amigos", la Fiscalía solicita 85 años de cárcel por una ristra interminable de delitos: "fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuada, delito continuado de malversación en concurso con delito de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, delito continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones".

Su defensa, que se ha desmarcado de la estrategia de Correa de admitir las mordidas de los empresarios a cambio de contratos y la mayor parte de ilegalidades que recoge el escrito de Anticorrupción, solo reconoce el fraude fiscal. Tal y como dijo el propio Crespo a Évole: "Hemos sido un poco laxos en materia tributaria y no hemos pagado cosas que teníamos que haber pagado”.

El antiguo cerebro de las finanzas del PP gallego da por hecha la condena en la Audiencia Nacional, pero guarda la esperanza, según ha contado a los suyos, de que el Tribunal Supremo pueda tirar abajo el caso.

De las guerras fratricidas del PP gallego, que se cerraron en 2006 con la proclamación de Alberto Núñez Feijóo como líder del partido en sustitución de Fraga –el triunfo definitivo de los birretes– no quedan rescoldos. Solo un corrillo de dirigentes en horas bajas, convencidos de que si Crespo quisiese, tendría mucho que contar. Por ejemplo, los sobresueldos que reconoció haber pagado a varios políticos del PP gallego "con el conocimiento de la dirección del partido", cuando Rajoy era secretario general. De momento, Crespo ha decidido callar. Y Cuiña, su mentor, falleció en 2007.

Tampoco habla la caja de seguridad que guardaba en un banco de Pontevedra. Cuando la fiscal le preguntó esta semana a Crespo qué había en ella,  el guardián de las finanzas del PP gallego en los noventa respondió que papeles de las empresas de Correa y una colección de relojes. Ah, "y algo de dinero".                        (José Precedo  , eldiario.es, 30/10/2016)

12.5.11

El juez de ‘Gürtel’ investiga contratos que firmó Negreira con Feijóo de conselleiro

"El actual candidato del PP firmó adjudicaciones en Portos por cuatro millones de euros a Constructora Hispánica, que pagó a la trama posibles comisiones

Esta investigación, como pudo comprobar Xornal, afectaría al menos a cuatro contratos por valor de casi cuatro millones de euros firmados por Carlos Negreira, ahora candidato del PP coruñés, en su etapa como presidente de Portos de Galicia.

El organismo portuario dependía entonces de Política Territorial, con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como conselleiro. Precisamente en esa etapa, el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, en prisión provisional, figuraba como vocal de la consellería de Feijóo en el consejo de administración de Portos.

Las al menos cuatro adjudicaciones firmadas por Carlos Negreira como presidente de Portos que ahora levantan las sospechas de la Brigada de Blanqueo fueron a favor de la empresa Constructora Hispánica, presidida por el imputado en la trama Alfonso García Pozuelo.

Se da la circunstancia de que, hasta el nombramiento de Negreira en el ente portuario, la Xunta no le había dado ningún contrato a esta sociedad desde 1999. Fue a los pocos meses de su llegada, en octubre de 2003, cuando Constructora Hispánica comenzó a recibir adjudicaciones, casi todas formando parte de una UTE con otra empresa. (...)

Todos estos contratos fueron otorgados además justo en la etapa de Feijóo como conselleiro de Política Territorial, ya que estuvo en ese cargo desde 2003 hasta 2005. Como informó Xornal en exclusiva en su día, en esta misma etapa de Feijóo y Negreira, Pablo Crespo figuraba como vocal del consejo de Portos.

Además lo hacía como representante de la consellería de Política Territorial. Este consejo de administración cesó oficialmente con la llegada del bipartito, como consta en el Diario Oficial de Galicia del 30-12-2005. A pesar de esto, tanto Feijóo como Negreira siempre han sostenido que no tuvieron relación con Crespo y que este presentó su dimisión en diciembre de 2003.

Documentos del sumario de la trama que fueron publicados por Xornal demuestran que Crespo llegó a cobrar de Portos con Negreira y Feijóo en la Xunta, a pesar de desvincularse en 1999 del puesto de secretario de Organización del PPdeG." (Xornal.com, 12/05/2011)

1.2.11

Os tres alcaldes da Costa da Morte foron detidos tras un ano de investigación policial

(traductor gallego-español)

"Sorpresa e expectación na Costa da Morte. Os alcaldes de Cee, Fisterra e Mazaricos pasaron onte a noite na comisaría da Policía Nacional da Coruña logo de ser detidos pola mañá por axentes da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais xunto con dous concelleiros e tres empresarios da zona.

As oito persoas resultaron detidas no marco da denominada operación Orquesta, ordenada pola Audiencia Nacional en colaboración co Xulgado de Instrución número 2 de Corcubión, e que investiga unha presunta trama de corrupción urbanística para a adxudicación de obra pública. (...)

Os tres rexedores detidos son José Manuel Traba (PP), alcalde de Fisterra; José Manuel Santos (PP), alcalde de Mazaricos, e Ramón Vigo (IxCEE), alcalde de Cee, independente e que goberna co apoio do PSdeG.

Os outros cinco que durmiron en comisaría son dous concelleiros de Fisterra –o responsable de Urbanismo e o tenente de alcalde–, ademais do dono da construtora Daniel Ogando e o seu fillo, e mais 
J. M., un empresario de espectáculos musicais que tamén compra e vende terreos, de aí o nome que a Policía elixiu para a operación. (Xornal.com, 01/02/2011)

"La empresa investigada en el marco de la operación Orquesta por supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas, Construcciones Daniel Ogando SL, es una constructora de carácter familiar –de hecho la sede de la firma en la parroquia de Senande, en Muxía, también es empleada como vivienda unifamiliar–.

Pero pese a sus dimensiones destaca por el importante volumen de contratos públicos que ha venido logrando en los últimos tiempos. Así, solo en el último año, durante 2010, los tres concellos implicados de momento en la investigación –Fisterra, Cee y Mazaricos– adjudicaron al menos 1,85 millones de euros a dicha empresa por una docena de obras distintas.

Varias de esas actuaciones son fruto de convenios con la Diputación de A Coruña así como producto del Plan E del Gobierno central. Igualmente, el actual Gobierno gallego adjudicó a la misma empresa una obra de 700.000 euros mientras que en su último año el bipartito le entregó otras cuatro actuaciones por 550.000 euros." (Xornal.com, 01/02/2011)

"A Xunta adxudicou á construtora da Operación Orquesta coa 11º peor oferta entre 49.

En Xuño de 2010 a Consellería de Medio Ambiente anunciaba a adxudicación a esta empresa da "estación de bombeo e impulsión de augas residuais" do Sardiñeiro, en Fisterra, por 700.000 euros máis IVE.

A Xunta deulle a obra a D. Ogando, malia que a súa oferta económica foi a undécima peor das 49 puntuadas, como se pode comprobar nos resultados da mesa que abriu o "sobre C", aos que tivo acceso GC (ver PDF).

A construtora logrou superar a mala puntuación pola oferta económica, que se barema automaticamente, ao lograr a máxima puntuación no "sobre B", que se barema máis subxectivamente. D. Ogando logrou 46 de 49 puntos no "sobre B", mentres que ningunha das outras 48 compañías superaba os 34 puntos.

Que contiña o "Sobre B"? Segundo as bases do concurso, a "documentación da oferta acreditativa dos criterios de valoración non cuantificables de forma automática" como, por exemplo, a memoria ambiental e a de execución." (Galicia Confidencial, 31/01/2011)

4.12.10

Una nueva prueba reafirma los pagos en negro del PPdeG a Special Events en los comicios autonómicos de 1997, con Fraga en el poder

"En la nueva parte del sumario del caso Gürtel, destapada ayer, aparecen nuevas pruebas que reafirman el vínculo de la trama con la organización de las elecciones gallegas en la etapa de Manuel Fraga, cuando el número dos de Francisco Correa, Pablo Crespo, era secretario de Organización del PPdeG. (...)

Dichas siglas se refieren al imputado José Luis Díez Berrendo, persona que presuntamente llevaba la contabilidad de las empresas de la trama Pasadena Viajes y Special Events, entre otras. Esta última empresa organizó todas las campañas del PP de Galicia entre 1996 y 1999, de las cuales, según se refleja en el sumario, el partido gallego pagó al menos la mitad en dinero negro. La formación política autonómica manejó unos seis millones de euros de la red durante este período, según desvelan las conversaciones entre Pablo Crespo y su abogado.

Como adelantó en su día Xornal, la Diputación de Pontevedra, que encabezaba Rafael Louzán, mantuvo relaciones profesionales con Pablo Crespo en fechas posteriores a 1999, cuando el PPdeG rompió relaciones con el que fuera su secretario de Organización. Los populares de Pontevedra contrataron en 2001 a Special Events para la realización de un sondeo sobre la opinión pública en la provincia. Del trabajo se encargó personalmente la mujer de Francisco Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano.

Un año más tarde, en 2002, el conselleiro de Agricultura de la Xunta de Manuel Fraga, Juan Manuel Diz Guedes, también siguió ese camino y adjudicó a Special Events la instalación de stands en ferias del sector por 246.414 euros y la “consultoría y asistencia en la organización de catas” por una suma de 1.202.024 euros. Se trataba de eventos en defensa de la carne gallega después de toda la polémica de las vacas locas.

En una de las cuentas de la red, abierta en Caja Madrid y que manejaban Luis Bárcenas y Francisco Correa, figuran varios pagos bajo el encabezamiento Cobro Elecciones Gallegas. Entre los movimientos, figuran 1,9 millones de pesetas del año 1997, un millón de 1998, quince millones de 1999 y 30.000 euros de 2002.

Como informó este diario, una de las principales preocupaciones de Crespo era que este posible caso de financiación ilegal afectase a Alberto Núñez Feijóo en las elecciones autonómicas de 2009. El 24 de febrero del año pasado confesaba a su letrado: “Si lo sacasen esta semana, el lío que se puede montar es morrocotudo”. El 5 de marzo, Crespo se congratulaba en otra conversación de que no se hubiese destapado antes de los comicios." (Xornal.com, 04/12/2010)

4.6.10

Un ex concejal confiesa que cobró comisiones a promotores para el PP

"El cohecho se destinaba a financiar un partido independiente formado por concejales procedentes del grupo socialista, Move Gondomar, y la campaña del PP local en Montevideo. Así lo testificó ayer José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Gondomar, en el juicio oral que comenzó en Vigo por tres delitos de cohecho que se les imputan a él, al ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez y al arquitecto Borja Ramilo.

Los dos ex concejales y el arquitecto tenían previsto recaudar 960.000 euros, según el fiscal, por la calificación del suelo incluido en tres convenios que se iban a incorporar al plan general de urbanismo que a la sazón tramitaba el Ayuntamiento. El soborno se dirigía, en un caso, para que tuviera vía libre la edificación de un supermercado; en otro, para que su titular obtuviera una edificabilidad análoga a la del vecino, y en el tercero, para garantizar que la tramitación para construir en el solar llegara a buen término. Fue en este último caso donde los promotores, A Pousa SL, pusieron los hechos en conocimiento de la policía, que así inició las investigaciones a finales de 2006.

Mosquera rebajó las expectativas del cohecho a 540.000 euros (180.000 por cada convenio) y atribuyó a su compañero de grupo, Alejandro Gómez, de quien exaltó su experiencia y conocimientos en materia urbanística, la idea y dirección de toda la operación, en la que el concejal de Cultura, según su propio testimonio, habría actuado como mero "recadero" entre Gómez y el arquitecto Ramilo, quien ejercía de intermediario con el único interés de mantener su estatus profesional (encargos y cobros) en la zona.

La operación, según Mosquera, fue ideada ante la amenaza de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones locales de 2007, tesitura en la que los independientes escindidos del PSOE podrían jugar un papel determinante de apoyo al PP. Gómez, a su vez, personificaba la garantía que recibían los promotores de que los acuerdos serían respetados por la siguiente corporación, en la que seguiría como edil de Urbanismo." (El País, ed. Galicia, Galicia, 01/06/2010, p. 2/2)


"Financiaremos la ruptura del PSOE para que no impugne el plan general"
"Garantizamos que el PSOE no impugna [el plan general de urbanismo], financiamos la ruptura de los que se van y sólo les queda un concejal", afirma José Luis Mosquera, el ex concejal de Cultura de Gondomar, en una de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil con el arquitecto Borja Ramilo, que le hace de intermediario. A cambio de los "35 ó 40 millones de pesetas" que propone requerir a los promotores inmobiliarios, Mosquera señala a Ramilo que tienen asegurada la incorporación de un convenio al plan general de urbanismo cuya aprobación inicial "está pactada" con una parte de los socialistas, así como "el cambio de cromos para que no voten en contra". (...)

En la medida que la recalificación del suelo -de rústico a urbanizable- de los tres convenios que se incluirían en el plan general no presentaba ninguna irregularidad, los requerimientos de los cohechos sólo se sustentaban en las garantías de que su tramitación culminaría sin trabas en la construcción prevista, según declaró en su turno el arquitecto Borja Ramilo. "A Vicente Alborch [cliente suyo que impulsaba otro de los convenios para instalar un Mercadona] me daba mucha vergüenza pedirle lo que me decían. Lo interpretó como un pago al Ayuntamiento", explicó el arquitecto. "Su interlocutor era Alejandro Gómez, no Mosquera", precisó el arquitecto. (...)

La novia de Mosquera, Belén Fernández, relató su cita con él en Vigo, el 14 de febrero de 2007. En un bar, Mosquera se entrevistó con alguien y le metió en el bolso un sobre. Ella volvió al aparcamiento donde había dejado su coche para volver a Gondomar, a la casa del concejal, pero en el aparcamiento irrumpieron la policía y Mosquera, absolutamente demacrado y descompuesto, sólo acertó a decir "¡el dinero, el dinero, el sobre!"... "Me pasaron 200.000 cosas por la cabeza. Pregunté qué estaba pasando y nadie me respondía". Los dos fueron detenidos." (El País, ed. Galicia, Galicia, 02/06/2010, p. 1/2)

7.4.10

Swat, implicada en ‘Gürtel’, hizo la campaña de Feijóo

"La consultora madrileña Swat, especializada en márketing y publicidad e implicada en el caso Gürtel, hizo la campaña con la que Alberto Núñez Feijóo se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo de 2009. De su equipo creativo salió el eslogan FEIJÓ09. (...)

Núñez Feijóo aseguró asumir con “tranquilidad absoluta” la investigación de la supuesta trama de financiación ilegal, pero advirtió de que es necesario “cuidar las formas” puesto que en democracia, recalcó, la forma “es la garantía”. (Xornal.com, 07/04/2010)

4.2.10

A CIG destapa a existencia de tratos de favor a empresas vinculadas ao PPdeG

(traductor gallego-español)

“Mentres o Goberno pregoa un embusteiro discurso de austeridade, está a externalizar moitos dos servizos que debería ofrecer a Xunta para beneficiar a empresas afíns”. Así o denuncia a CIG- Autonómica, da man do seu responsábel Manuel Gallardo Canitrot, quen engade: “estamos comprobando a existencia dunha inxente cantidade de contratos coa Administración pública que se asinan con diferentes empresas, mais co mesmo denominador común, que son compañías creadas por ex-altos cargos do Partido Popular”. (...)

Precisamente, o último destes contratos "a dedo" foi o asinado para cubrir postos de atención á dependencia.

Segundo denuncia a CIG, a empresa escollida para estes traballos volve ser Plexus S.L, unha compañía que ten de apoderado a Antonio Agrasar Cascallar, quen fora asesor de telecomunicacións da Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) durante o goberno de Fraga. Ademais, a mesma empresa estivo dirixida por Xosé María Sánchez González, quen tamén exerceu como secretario xeral da Consellaría de Cultura de Pérez Varela e como director do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (Igaem). (...)

A CIG recorda que para aplicar a Lei de Dependencia, desde a administración estatal e europea destináronse 70 millóns de euros que tiña que executar a Xunta de Galiza no ano 2009. "A comezos de 2010 atopáronse con que estaban incumprindo o contrato e no canto de tirar das listas de contratación optaron por Plexus S.L", denuncia Gallardo. (...)

Non é a primeira vez que o nome desta empresa se relaciona con contratos irregulares por parte da Xunta. Con este mesmo Goberno, Plexus S.L foi a adxudicataria do desenvolvemento e mantemento da web do Xacobeo, por un importe de 138 mil euros, mediante un acto administrativo ao que non foron convocadas as once empresas que foran admitidas ao procedemento aberto de contratación. Ademais, o propio portal de internet púxose en marcha, cando menos, 20 días antes da propia adxudicación. (...)

Tamén saltou á prensa o nome desta empresa ao ser elixida por adxudicación directa para un traballo de relacións públicas do Porto Exterior da Coruña, por un valor de 764 mil euros en 2006. Do mesmo xeito, a CIG denuncia “innumerábeis contratos” coa TVG, ben a nome de Plexus, ben a nome doutra entidade, Brétema Consulting, tamén vencellada a Agrasar Cascallar.

A maiores, en 2004, a Consellaría de Innovación, Industria e Comercio adxudicou tamén aos mesmos empresarios a elaboración dun plan para a promoción e desenvolvemento da sociedade da información en Galiza. Brétema Consulting obtivo, asimesmo 83.520 euros no mesmo 2004 da Fundación Deporte Galego polo “asesoramento estratéxico na promoción, comunicación e novas tecnoloxías relacionadas coa Volvo Ocean Race”, celebrada en Vigo en 2006. " (Vieiros, 03/02/2010)

26.10.09

La Xunta de Fraga infló un contrato con la promotora de la sede del PP. El destinatario del millón de euros fue el promotor que construía esa sede

"Oficialmente, todo se debió a una simple "corrección de errores". Pero esos errores le costaron al erario público un millón de euros, al elevar el precio de la sede de una fundación de la Consellería de Sanidade de 2,07 millones a 3,07 millones de euros. Corría el año 2003, el mismo en que el PP de Galicia, entonces al frente de la Xunta, se hacía con su actual sede de San Lázaro, ubicada en el mismo edificio que la fundación de Sanidade. Las coincidencias no acaban ahí, ya que el promotor inmobiliario que se benefició de la corrección de los "errores" es el mismo que construyó el local del PP. El valor de escritura de la sede de los populares se corresponde con el sobreprecio abonado a la promotora.

En el plazo de 18 días, los representantes de la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), que depende de Sanidade, y de la inmobiliaria tuvieron que presentarse dos veces ante notario. La primera, para elevar a público un contrato privado mixto, de venta y alquiler con opción de compra, de acuerdo con unas condiciones supervisadas por el patronato de la fundación. Eso fue el 13 de marzo de 2003. El 31 del mismo mes, volvieron a la notaría para dar cuenta de varias incorrecciones. Se eliminó así, y sin dar cuenta al patronato, la exención de materializar abono alguno para ejercer la opción de compra. La operación se encarecía en 1.004.004 euros.

La sociedad vendedora mejoró así sustancialmente unas condiciones de venta que originalmente ya le eran muy favorables. Según un informe de la consultora Tinsa, el valor de tasación del inmueble a fecha de marzo de 2003 era de 1.756.800 euros, esto es, un 53% menos de lo finalmente acordado. La sede fue comprada por 3.073.879 euros sobre plano y sin acondicionar.

Entre una y otra visita al notario, el entonces director de la fundación, Javier Bouzada, eludió someter al criterio del patronato las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento y opción de compra, a pesar de que encarecían la operación en un 50%. Las correcciones afectaban de un lado a cálculos menores. Pero venían acompañadas de una carga de profundidad: la eliminación literal de dos párrafos, en los que se establecía que las cantidades ingresadas como alquiler eximían a la Fegas de realizar "el abono de cantidad alguna" en el momento de ejercer la opción de compra." (El País, ed. Galicia, Galicia, 13/10/2009, p. 1/2)