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11.9.24

Los empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial... De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos

 "Los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad no irán a la cárcel. De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos. Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.

Los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el fin de rebajar las penas de prisión y eludir la celebración del juicio, a cambio han reconocido los hechos. Entre los argumentos para reducir la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: en otras palabras, la demora del proceso judicial, que ha tardado 10 años en celebrarse.

Aquellos con penas de 5 meses de prisión para cada una de las víctimas tienen garantizado no entrar a prisión. Queda por confirmar la situación de los investigados con penas de 2 años: “Es lo que pretendemos [la suspensión de penas], pero es algo que tiene que considerar la Sala”, ha explicado Paola Marcela Suarez, una de las letradas de la defensa.

Todos los investigados eran conscientes de que las víctimas, que por aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación. La trama se destapó en 2014, y las víctimas han tenido que esperar una década para que comience el juicio.

Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran empresarios de renombre en la Región, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2014 cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados, que pedían que les trajeran niñas al despacho.

Los acusados eran conscientes de que estaban contratando a niñas, pidiéndolas a propósito. La Fiscalía menciona cómo uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”. El Ministerio Fiscal relata como a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: “Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 ó 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo”.

Las captaban en discotecas y colegios

Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses, que luego incluían en un catálogo. En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas. “Captaban a chicas en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad y vulnerabilidad”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.

El documento explica cómo los organizadores de esta red engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos de masajista, siempre con ánimo de introducirlas en su negocio de ofrecimiento sexual a personas mayores. De la cantidad que recibían los proxenetas, las víctimas solo percibían poco más de la tercera parte.

“La había conocido en una discoteca donde había muchas chicas menores, en horario vespertino de cinco a diez de la noche, a fin de embaucarla para que ejerciera la prostitución para ella, sin que esta antes se hubiera en ningún momento planteado esa posibilidad”, relata el Ministerio Fiscal sobre una de las captaciones.

Además de los implicados que captaban a las niñas, la red también contaban con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía esta explotación infantil a cambio de parte de la recaudación. Cuatro taxistas furtivos, que también fueron detenidos, las movían por la capital del Segura entre pisos particulares y pensiones."               (Elisa S. Almagro, eldiario.es, 11/09/24)

2.5.24

El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)


"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

24.5.23

Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal... Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, los facilitadores siguen actuando con total impunidad

 "Los gobernantes democráticos y los jueces se han convertido en una parte fundamental para que las grandes corporaciones y las grandes fortunas continúen evadiendo o eludiendo el pago de sus impuestos y para el lavado de dinero.

 uando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

Es cierto que las entidades bancarias realizan operaciones de blanqueo de capitales. No hay más que recordar casos como JP Morgan, HSBC, Banco Santander o BNP. Cuando los bancos son pillados, tienen que pagar multas nada ejemplarizantes pero de varios miles de millones de dólares.

Sin embargo, en los procesos de blanqueo o de evasión fiscal que realizan los millonarios o las grandes corporaciones, hay otros actores que no tienen supervisión. Son los llamados facilitadores, un sector que está formado, principalmente, por grandes despachos de abogados de todo el mundo, consultores, tratantes de arte o agentes financieros que no tienen ningún tipo de supervisión.

En este punto es donde la clase política de las principales democracias se coloca en una situación de complicidad necesaria para que el lavado de dinero o la evasión se sigan produciendo. Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, sobre todo en Reino Unido, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, los facilitadores siguen actuando con total impunidad.

Los políticos están evitando que sus respectivos países o unión de estados legislen para la supervisión de los grandes despachos de abogados, las consultoras o los agentes financieros. Para mantener su impunidad, este sector ejerce una dura estrategia de lobby en las instituciones legislativas y en los gobiernos. Invierten decenas de miles de millones de dólares, libras o euros para que a nadie se le ocurra abrir una puerta que ni a las grandes corporaciones ni a los multimillonarios les interesa que se abra.

Por otro lado, los jueces y los fiscales, cuando se encuentran con operaciones en la que los facilitadores se encuentran en una situación en la que deben decidir si mantener la impunidad o dar pasos valientes para generar jurisprudencia utilizando las regulaciones antiblanqueo que sí se aplican a los bancos. No obstante, los jueces se colocan normalmente en la aplicación estricta de la ley, en vez de retorcerla para generar doctrinas como sí hacen cuando es necesario proteger a los poderosos. Este es otro tipo de complicidad.

El último ejemplo de ello se tuvo a finales de 2022 en Estados Unidos. El Senado bloqueó un proyecto de ley crítico para frenar el crimen financiero y la corrupción, un revés para la reforma más significativa de las leyes contra el blanqueo de dinero en 20 años.

La Ley de facilitadores exigía por primera vez que las empresas fiduciarias, los abogados, los comerciantes de arte y otros investiguen a los clientes, así como la fuente del dinero y otros activos que se mueven al sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los republicanos la bloquearon por lo que los facilitadores podrán continuar ofreciendo sus servicios para que las grandes corporaciones y los multimillonarios utilicen sus servicios para evadir impuestos y blanquear capitales."                    (J. A. Gómez, Diario16, 05/01/23)

16.2.23

Expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales por prácticas restrictivas de la competencia

 "El Consejo General de los Procuradores de los Tribunales habría elaborado documentos con los honorarios que deberían percibir los miembros del propio Consejo y los colegios de procuradores adheridos por prestar sus servicios en subastas extrajudiciales. El Consejo habría publicitado su actividad de intermediación como si se tratara de un servicio público dotado de garantías adicionales. Las conductas podrían reducir la competencia en el sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos en España por medios electrónicos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales (CGPT) por prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en los artículos 1 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Estas prácticas afectarían al sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos por parte de personas o entidades especializadas, a través de medios electrónicos en España. En concreto, se han detectado dos posibles conductas ilícitas.

En primer lugar, el posible establecimiento de precios fijos, mínimos y máximos que percibirían el CGPT y los colegios de procuradores por su intervención en la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos a través del portal www.subastasprocuradores.com. Estos precios habrían aparecido fijados en documentos elaborados por el CGPT, lo cual podría constituir una decisión de una asociación de empresas o una recomendación colectiva.

En segundo lugar, la eventual publicitación de los servicios de intermediación que ofrece el CGPT, a través del portal www.subastasprocuradores.com, como si ofrecieran unas garantías adicionales por su condición de corporaciones de derecho público, cuando en realidad en este tipo de actividades intervienen como meros agentes privados.

Según ha podido comprobar Diario16, la carta de presentación del presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en la web corporativa, cita textualmente: «con independencia de poder realizar en la misma el traslado de copias, podremos informarnos y visitar el Portal de Subastas Procuradores. También podemos acceder a la Plataforma de Certificación de Envíos, así como a la Institución de Mediación de este Consejo General».

Denuncia de la entidad Activos Concursales S.L.

Este expediente tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte de la entidad Activos Concursales S.L. A la vista de dicha denuncia y de la información recabada en el marco de la fase de información reservada, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión por parte del CGPT de una infracción de los artículos 1 y 3 de la de la LDC, así como del 101 del TFUE.

A partir de este momento, el periodo máximo de instrucción y resolución del expediente es de 18 meses. La incoación de este expediente en ningún caso prejuzga el resultado final de la investigación."                      (  juan Carlos Ruiz, Diario16, 01/01/23)

21.3.22

Un juez dicta orden de detención para unas hermanas denunciantes de corrupción en Tarragona... Judith y Nathalia Martínez Velasco alegan que el juez, al que recusaron, demuestra una "manifiesta enemistad" por haber denunciado ellas una presunta trama de corrupción relacionada con embargos y subastas irregulares.

 "Sobre las hermanas Nathalia y Judith Martínez Velasco, pediatra y economista respectivamente, pesa en estos momentos una orden de búsqueda y detención dictada por el juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell (Tarragona). Estas hermanas catalanas no salen de su asombro y achacan la grave medida en su contra a "represalias" por su condición de denunciantes de una supuesta trama de corrupción instalada precisamente en el entorno de los juzgados de esa localidad catalana. 

El origen de la causa por la que las hermanas son requeridas en el juzgado de El Vendrell se enmarca en la guerra judicial que la familia emprendió en 2009 cuando, en el proceso de divorcio de Nathalia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de Catalunya retiró a la madre la custodia de la hija en común, de ocho años. Fueron muchos años los que esta pediatra estuvo sin poder ver a su hija, culpabilizada por los Servicios Sociales, en un principio, de influir en el retraso en el habla de la pequeña. Es un caso paradigmático de los muchos expedientes de desamparo que dictan injustamente-- y sin necesidad de requerir orden judicial-- los Servicios Sociales en todo el Estado y que acaban destrozando a menores y a sus madres principalmente.

Un año después del expediente de desamparo que provocó la retirada de la custodia y la entrega de la niña al padre, la DGAIA tuvo que retractarse de su informe, al constatar que la pequeña continuaba con sus problemas en el desarrollo del habla sin haber tenido contacto con la madre, pero, en vez de enmendar la situación, continuaron sin permitir las visitas maternas. Un despropósito que no corrigieron los juzgados de Tarragona hasta mucho tiempo después. Nathalia estuvo cuatro años y medio sin ver a su hija y después pudo hacerlo en un punto de encuentro durante dos años hasta que recuperó la patria potestad y la custodia compartida con el padre. 

Más complicaciones: la casa no se vende

La lucha judicial se complicó porque el exmarido de Nathalia perdió el uso exclusivo de la casa donde vivía con la niña, y que era propiedad también de la madre, al establecerse la custodia compartida. Una sentencia obligaba a vender la casa pero el exmarido pretendía que saliera a subasta con el fin de poder adquirirla él a bajo precio a través de la interposición de un testaferro, según denuncian Nathalia y su hermana. 

Es a partir de ahí cuando estas hermanas en sus acciones judiciales para que se ejecutara la sentencia que obliga a vender la casa --que a día de hoy aún no se ha vendido--, se toparon a partir de 2018 con una presunta trama formada por letrados de la Administración de Justicia en El Vendrell y un bufete de abogados que acabaría realizando "estafas procesales", según consta en varias demandas interpuestas por Nathalia y Judith Martínez que han llegado hasta la Audiencia Nacional, con el objetivo de ganar dinero a costa de subastas y embargos presuntamente irregulares. 

Mientras todo este asunto se cocía en los juzgados, la madre de Judith y de Nathalia presentó una denuncia por presunta agresión contra el exmarido de esta última. En las diligencias constan como testigos las dos hermanas, aunque nunca llegaron a declarar, porque la causa se archivó ante el informe de la forense por no percibir lesiones.

El exmarido presentó entonces una denuncia por denuncia falsa contra las dos hermanas y su madre, pero Nathalia y Judith no fueron denunciantes, sino testigos por lo que no habrían podido cometer un delito de denuncia falsa. Pese a ello, el juez admitió la denuncia. Se trata del juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell, donde recayó la denuncia que ha derivado en la orden de detención contra estas hermanas catalanas. 

El juez, recusado

En las diligencias abiertas por el juez Moreno Bolumar, Judith y Nathalia figuran como investigadas por un presunto delito de denuncia falsa. "Nosotras en un recurso de reforma le dijimos al juez que revisara el procedimiento inicial y se daría cuenta de que figuramos en calidad de testigos. Pero el juez respondió que nada tiene que ver ni importa el procedimiento previo [diligencias previas 43/17]; lo cual es una presunta prevaricación porque pretende imputar un delito sin estar tipificado", explica a Público Judith Martínez Velasco. 

Las hermanas presentaron una querella contra el juez y le recusaron por "enemistad manifiesta y un claro interés directo en el pleito".  "Pero el juzgado no tramitó la recusación porque dijo que había un defecto por no estar firmada la recusación por mi hermana --explica Judith --. Se aportó recurso demostrando que sí estaba firmada. El juzgado nunca ha resuelto este recurso".

Las hermanas han presentado hasta en tres ocasiones la recusación contra el juez, pero este ha seguido dictando autos y providencias en relación con la causa, haciendo caso omiso a su recusación, según denuncian ellas. El artículo  60 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que cuando el juez recusado "no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa alegada para la recusación, se mandará formar pieza separada. Esta contendrá el escrito original de recusación y el auto denegatorio de la inhibición. Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con arreglo a la Ley". 

Según los recursos de estas hermanas, a los que ha tenido acceso este medio, nada de lo que dice el anterior artículo se ha cumplido en este caso. "La Ley también dice que si el juez recusado es un juez de instrucción puede practicar, bajo su responsabilidad, aquellas diligencias urgentes que no puedan dilatarse hasta que su sucesor se encargue de continuar la instrucción --dice Judith-- pero hace nueve meses que le recusamos, ha tenido tiempo de trasladar la causa a  un sustituto y no lo ha hecho". 

Citación para declarar

El juez indica en su auto de orden de búsqueda y detención, de fecha de 16 de diciembre pasado, contra Judith y Nathalia Martínez Velasco que estas no han comparecido al llamamiento judicial efectuado en cuatro ocasiones, desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre pasado. Sin embargo, las hermanas tienen otra versión. "Nosotras no vivimos en Catalunya, mi hermana vive en Ávila y yo en Francia. El 5 de octubre y el 20 de noviembre ya le dijimos, mediante recursos presentados en el juzgado, dónde tenía que enviar los exhortos para que los juzgados de nuestras ciudades nos citasen. O sea, que antes de la orden de detención ya tenía nuestros domicilios, pero ha hecho caso omiso para acabar dictando orden de detención", dice Judith

Esta economista cree que el juez está tratando de evitar a la Audiencia Nacional, competente en cuanto a euroórdenes. "Pretende, instruyendo y ejecutando una orden de detención ilegal, eludir la competencia de la Audiencia Nacional, y no enviar la euroorden fundamentada a ese organismo para que ningún otro órgano judicial conozca lo que está pasando en su juzgado con nuestro caso". Al vivir ella en Francia, el exhorto para declarar debe dirigirse a los tribunales franceses a través del Ministerio de Justicia, y la orden de detención debe ser una euroorden.

Las hermanas consideran que son víctimas de represalias porque "somos denunciantes de corrupción institucional y pese a haber una ley europea que nos protege en el feudo de El Vendrell nada de eso se cumple"."                  (Ana M. Pascual, Público, 27/12/21)

2.12.21

La corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho.

 "Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo... si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa. 

 Los policías, ficales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. 

Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo. El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. 

Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari. Las opciones que le dejaron a Magu para defenderse fueron escasas. Durante varias semanas le impidieron acceder a las pruebas en su contra, y en reiteradas ocasiones le negaron la autorización para dirigirse al grupo de investigación y hacer repreguntas a los testigos. 

 Además, nunca se revelaron las instrucciones, los términos de referencia ni el cronograma que debía respetar el grupo de investigación. Esto no solo impidió a Magu —quien supervisó el enjuiciamiento exitoso de numerosos políticos de alto rango por cargos de corrupción y la confiscación de millones de dólares de activos obtenidos ilícitamente— seguir haciendo su trabajo, sino que además lo dejó expuesto a un incesante proceso de intimidación. Olanrewaju Suraju, uno de los activistas anticorrupción más famosos de Nigeria, enfrenta actualmente un patrón de ataques de persecución judicial similar. 

Este año, el ex fiscal general nigeriano Mohammed Adoke acusó a Suraju de forjar evidencia para un juicio por corrupción en Milán, Italia, que involucra a las multinacionales Shell y Eni. Las acusaciones contra las empresas —que finalmente fueronabsueltas— se relacionaban con la adquisición de un bloque petrolero nigeriano en alta mar conocido como OPL 245.

 Después de las acusaciones de Adoke, una unidad policial dedicada a investigar negligencias policiales y supervisada directamente por el líder de las fuerzas policiales nigerianas detuvo a Suraju para interrogarlo, quien demostró que había obtenido los documentos en cuestión de las autoridades italianas, gracias a una solicitud de asistencia legal mutua al Reino Unido. (Los documentos se habían hecho públicos en un caso en los tribunales de Londres que Nigeria había iniciado contra JP Morgan Chase, el banco que se ocupó de los pagos por la adquisición del campo OPL 245). Gracias a eso se desestimaron las acusaciones de falsificación contra Suraju, pero sus problemas distaban de haber terminado. 

En los meses siguientes la unidad policial lo obligó a viajar reiteradamente 300 millas (480 km), desde su casa en Lagos hasta la central en Abuja, para interrogarlo nuevamente. El hostigamiento continuó incluso después de que Suraju obtuvo una orden judicial para impedirlo. Actualmente Adoke enfrenta cargos criminales en Nigeria por acusaciones de delitos durante el acuerdo del OPL 245, pero eso tampoco ayudó demasiado a Suraju, que ahora enfrenta otras acusaciones: el acoso cibernético a Adoke y su difamación. La demanda señala que Suraju hizo circular un correo electrónico falso y manipuló conversaciones telefónicas para implicar a Adoke en el asunto del OPL 245. 

De hecho, lo único que hizo fue difundir documentos que se habían publicado durante el juicio en Milán y repetir declaraciones realizadas por el gobierno nigeriano en un tribunal abierto. Las nuevas acusaciones contra Suraju forman parte de una cláusula de una ley contra delitos informáticos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de Estados de África Occidental instó a Nigeria a revocar o enmendar porque infringe el derecho a la libertad de expresión. Y el gobierno nigeriano prometió hacerlo. Mientras tanto, en Italia, Fabio De Pasquale —el fiscal en el juicio de Milán contra Shell y Eni— y su colega Sergio Spadaro enfrentan acciones judiciales porque supuestamente no compartieron evidencia con la defensa. La evidencia en cuestión incluye una filmación cuya transcripción, según los registros del tribunal, Eni tuvo en su poder durante años. 

 La oficina del fiscal de Milán y la República Federal de Nigeria están presentando una apelación en el caso contra Shell y Eni, pero debido a las acusaciones que enfrenta es probable que De Pasquale —quien previamente logró enviar a la cárcel a dos primeros ministros italianos acusados de corrupción— sea retirado como fiscal principal en la apelación. También hay motivos para desconfiar de la legalidad del primer juicio: Desde la absolución, la prensa italiana se llenó de acusaciones que, de confirmarse, plantean serias dudas sobre la integridad del fallo judicial. Las primeras dudas sobre la probidad del juicio surgieron en febrero de 2020.

 De Pasquale trató de incluir una declaración de Piero Amara —ex abogado externo de varios gerentes de Eni— que confirmaba que la empresa había vigilado a los fiscales, jueces y testigos clave. Su pedido fue rechazado. Amara supuestamente afirmó también que los abogados de Eni tuvieron acceso «preferencial» a los jueces durante el caso del OPL 245, algo que Eni rechaza. Pero quien por entonces dirigía la fiscalía de Milán, Francesco Greco, confirmó que tanto De Pasquale como Spadaro sufrieron «intimidaciones» y que hubo intentos por «deslegitimar al fiscal de Milán».

 Claramente, la corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan para mejorar sus chances, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho."                    (

29.9.20

Concursos de acreedores: un nido de corrupción

 "En estos días ha entrado en prisión la administradora concursal Antonia Magdaleno Carmona, condenada a cuatro años de cárcel por la comisión de un delito de estafa de 4,6 millones de euros según la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Según la decisión judicial, la estafa se produjo por la administradora concursal al despacho del que formaba parte, Broseta Abogados, por los honorarios profesionales desviados de los concursos de Martinsa-Fadesa y Urazca.

La pregunta que podría surgirle a cualquiera es la siguiente: si un administrador concursal estafa a su propio despacho de abogados en el que trabaja, ¿qué habrá podido hacer con los bienes de las entidades concursadas y los créditos de los acreedores, a los que no conoce de nada, en los concursos en los que se administran miles de millones de euros?

La gran mayoría de las quejas de sociedades quebradas, en suspensión de pagos o concursadas y sus acreedores se centran en que los administradores alargan los procedimientos y prefieren llevar a las empresas a la liquidación antes de llegar a un convenio de acreedores, porque de la liquidación los administradores pueden obtener más honorarios, pese a que ello perjudique a los acreedores que, en muchas ocasiones, no cobran sus créditos y las empresas terminan cerrando en vez de ser reflotadas.

La primera cuestión que causa sospecha sobre la bondad de los procesos concursales es que el juez tiene la potestad de designar a los administradores que consideren oportuno en los concursos de gran tamaño, según se indica en el artículo 27.5 de la Ley Concursal (LC) y en el 62.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Varias entidades o sociedades concursadas han relacionado esto con el hecho de que los grandes despachos inviten a muchos jueces a impartir conferencias remuneradas en lujosos hoteles con los gastos pagados para que después les designen en los mejores procesos concursales. Téngase en cuenta que la retribución de los administradores concursales se calcula en relación con el activo de la entidad concursada. Entre el selecto grupo de jueces de lo Mercantil que participan en las conferencias y congresos se puede mencionar, entre otros, a Luis Seller Roca de Togores, Víctor Fernández González, José María Tapia López, Juan Manuel de Castro Aragonés, Santiago Senent, Andrés Sánchez Magro o Carlos Nieto Delgado.

El manejo de los concursos llega hasta el extremo de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tuvo que llevar a cabo una investigación por denuncia del Grupo Inmobiliario Luxender SL contra el economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón por la presunta ocultación en su informe de 23 millones de euros que adeudaban varias entidades bancarias. La investigación, que se extendió a otros procesos concursales, también destapó que Pedro Bautista Martín Molina había sido designado como administrador concursal por decenas de jueces de lo Mercantil, con lo que se había convertido en la persona que acumulaba más concursos de toda España (175 como persona física y 32 a través de su sociedad) por formar parte presuntamente de una red corrupta que, al parecer, actuaba en connivencia con jueces de lo mercantil y que incluía abogados, economistas y peritos.

Pero anteriormente, en la década de 1990, ya fueron investigados por el Consejo General del Poder Judicial otros administradores concursales por denuncia del Juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger, por acaparar las quiebras y suspensiones de pagos de entonces.

Los administradores denunciados eran Miguel Guijarro Gómez, Joaquín Lluch Rovira, por un lado y Alberto Grande García y Carmina Soler Balaguero. Entre 1990 y 1992 Lluch Rovira intervino en 72 expedientes concursales con un pasivo de 439 millones de euros y Guijarro Gómez en 64 con pasivo de 465 millones. Estos dos solían formar pareja de administradores. Por su parte, y a mucha distancia, Grande García intervino en 26 concursos con un pasivo de 131 millones de euros y Soler Balaguero en otros 26 con pasivo de 128 millones.

La participación del resto de administradores concursales era simbólica, lo que provocó la investigación por el CGPJ que remitió el caso a la Fiscalía. En el curso de la investigación se conoció que los administradores solían dejar tarjetas de presentación a los secretarios judiciales y que se entrevistaban con los jueces para ser designados en los concursos más golosos.

Miguel Guijarro Gómez y Joaquín Lluch Rovira fueron, junto a Ricardo Rama Villaverde, los administradores concursales de la suspensión de pagos de Inversión Hogar que, presentada en 1991, todavía se encuentra sin resolver ante el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid. Fuentes cercanas a aquella suspensión de pagos manifiestan a Diario16 que «la intervención de dichos administradores concursales dejó mucho que desear ya que, existiendo patrimonio sobrado para pagar a todos los acreedores, muchos de ellos siguen esperando cobrar sus créditos habiendo transcurrido ya casi 30 años. 

Los acreedores tuvieron que denunciar en 2015 el fraude en un contrato autorizado por aquellos administradores concursales a través del cual “el Banco Santander se apropió en fraude de los acreedores de cuatro fincas, cuyo valor supera los 80 millones de euros, incumpliendo sus obligaciones e impidiendo que los acreedores pudieran cobrar sus créditos”».

La propia Inversión Hogar tuvo que solicitar en 2019 la nulidad de actuaciones de la suspensión de pagos «porque los administradores concursales, para favorecer al Banco Santander y en perjuicio del resto de acreedores, ocultaron el mencionado contrato y el pago privilegiado del crédito del Banco Santander, con la colaboración del Secretario Judicial, sin que los acreedores conocieran ni aprobaran el contrato ni se enterasen del incremento y pago privilegiado del crédito del Santander» imposibilitando que pudieran oponerse a dichas decisiones de los administradores concursales. Los afectados manifiestan que van a reclamar la responsabilidad de los administradores concursales y del secretario judicial por la ocultación a los acreedores.

Otras entidades se han querellado contra sus administradores concursales, como NOZAR que, en 2014, solicitó su cese en el concurso y denunció su conducta obstructiva que perseguía que no se aprobase el convenio de acreedores y la continuidad de la empresa pese a la adhesión al mismo de los acreedores que representaban el 73% de los créditos, incluida la Agencia Tributaria. 

Los administradores llegaron a desistir de reclamaciones judiciales contra entidades bancarias imposibilitando la entrada de fondos para el pago de los acreedores, impidiendo la superación del concurso prolongándolo para seguir percibiendo sus honorarios «forzando la liquidación y consiguiente extinción de NOZAR». En dicho concurso uno de los acreedores planteó otra querella contra los administradores concursales por beneficiar a las entidades bancarias en perjuicio del resto de acreedores.

Los afectados de diversas quiebras, suspensiones de pagos y concursos se quejan y denuncian como práctica habitual de los administradores concursales el beneficiar a los bancos en perjuicio del resto de acreedores.

En algunas ocasiones los acreedores se han visto obligados a formar asociaciones para formular acciones judiciales en reclamación de sus derechos y contra los administradores concursales. Así ocurrió en el caso del concurso de Grupo JALE. Aquí los acreedores ordinarios tuvieron que asociarse porque el administrador concursal designado por los acreedores y representante de los mismos, el Banco Santander, no se reunió con ellos ni les informó durante seis años. Este hecho les obligó a solicitar al juzgado que el Banco Santander les informase de su actuación que, según los acreedores, colaboró con las ilicitudes ya que «no se opuso a lo ocurrido, sino que también participó y a veces lideró aquellas actuaciones perjudiciales para el concurso y los acreedores».

Entre las actuaciones a las que el Santander dio su «beneplácito» en contra de los intereses de los acreedores ordinarios de Grupo Jale, se encuentra la no presentación de demandas de retroacción con las que se hubieran podido recuperar 130 millones de euros o el rechazo del convenio de acreedores presentado pese a que tenía el apoyo de los acreedores medianos y pequeños y el mayor acreedor ordinario, lo que provocó la liquidación y que los acreedores no cobrasen pese al superávit de 300 millones de euros de los activos sobre las deudas.

En otras suspensiones de pagos y quiebras los acreedores han manifestado que habría desaparecido dinero como, por ejemplo, en las suspensiones de pagos de Ciudalcampo S.A. y Viajes Ceres.

En la suspensión de pagos de Ciudalcampo SA, tramitada en su día por el hoy magistrado de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Pablo Quecedo Aracil, se produjo un gran escándalo en el que, según indican fuentes cercanas al caso, desaparecieron 71 millones de pesetas, y los acreedores afectados llegaron a presentar una queja ante el entonces Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, en la que denunciaban «falta de imparcialidad» del juez del caso y haber «soportado durante años todo tipo de irregularidades procesales en perjuicio de los acreedores».

Las quejas de los afectados alcanzaban también al fiscal. En la denuncia al Ministerio de Justicia se manifestaba que acontecía un vergonzoso anuncio «que podría denominarse crónica de una prevaricación anunciada» y ponían en conocimiento del Ministro que el juez no había resuelto sus escritos en dos años, lo que representaba, según el escrito, «una clara prevaricación».

Por su parte, en el proceso concursal de Viajes Ceres, la acreedora ENATCAR presentó una querella contra los administradores concursales, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch, por irregularidades y la desaparición de miles de millones de pesetas vaciando una parte importante de su patrimonio que la habría llevado a la insolvencia definitiva.

Pese a todas estos comportamientos, que se repiten desde tiempo inmemorial y que provocaron la reforma de la legislación concursal, los administradores concursales siguen realizando actuaciones presuntamente ilícitas a las que no se ha puesto coto por el Ministerio de Justicia ni el de Economía, con el perjuicio causado a miles de empresas que han desaparecido y a sus miles de acreedores que no han cobrado sus créditos y, que en la mayoría de ocasiones, ven como sus denuncias contra una especie de organización/trama concursal se quedan en agua de borrajas. 

Ante la avalancha de concursos que se aproximan como consecuencia de la crisis del COVID19, se debería agudizar la vigilancia sobre los administradores concursales, al que muchos acreedores y empresarios han calificado de «mafia», para que no se produzcan más casos como los descritos que causan la desaparición de infinidad de empresas con el perjuicio de sus acreedores y el único beneficio de los administradores concursales corruptos y sus colaboradores abogados, economistas, peritos, jueces y magistrados que se enriquecen sin escrúpulos a costa de aquellos."                      (José Antonio Gómez, Diario16, 27/09/20)

10.4.19

Impunidade Carioca: “Atopámonos cunha fiscalía que defende aos agresores e grupos de poder”

"O desfile de entroido lucense contou neste 2019 cunha participación especial. Entre bandas de música rock, dragóns chineses, animais ou máquinas de coser as dependentas da Carnicería Carioca chamaron a atención do público, coas súas ofertas e descontos. 

A performance da plataforma cidadá Impunidade Carioca paseou polas rúas a súa denuncia á deriva dos xuízos da Operación Carioca. Esta macrocausa, en torno a unha rede de trata e explotación sexual forzosa de mulleres, estalou no 2009 no Xulgado nº 1 de Lugo.

 Hoxe atópase na súa recta final, e a plataforma denuncia que moitas das pezas nas que foi dividida foron arquivadas, ou derivaron na impunidade dos acusados: proxenetas, empresarios e membros das forzas de seguridade do estado. María Barba é unha das integrantes de Impunidade Carioca.
Como nace a plataforma Impunidade Carioca?
A plataforma naceu no momento en que a Fiscalía fai un escrito en relación a peza sobre o club Liverpool. Nesa peza relata unha serie do que nós entendemos que son abusos, proxenetismo, tratos de favor, tráfico de información, prostitución de menores. A Fiscalía vainos relatando á vez que explica que non se perciben delitos, exculpando á vez que describe os actos. 

Isto fixo saltar as nosas alarmas, porque quedaban outras pezas da Operación Carioca en trámite e tiñamos medo de que sucedese o mesmo. Coa plataforma buscamos organizarnos para informar do que está a acontecer. E tamén para deixar claro que isto importa, que hai unha cidadanía que está preocupada porque se desmantele este rede mafiosa e proxeneta. 

 Alén da peza do club Liverpool, poñedes o foco noutras pezas da Operación, nas que considerades que a Fiscalía procedeu dun xeito similar.
Na do Liverpool a labor da Fiscalía obrigou a que a peza fose arquivada. A propia xuíza elaborou un escrito de arquivo moi revelador co que está a acontecer. Sinala o que se considera delito, que non poderá ser xulgado pola inacción da Fiscalía.

 Coa peza do club Queens aconteceu algo similar. Na investigación deste club chegaron a estar imputadas dezaoito persoas. Estaban implicados axentes das forzas de seguridade do estado, policías e gardas civís, e empresarios. A Fiscalía deixa a todas estas persoas fora e só quedan catro persoas acusadas de delito, os proxenetas e donos de prostíbulos.

Transcorreron máis de dez anos dende o estalido da Operación Carioca. Como informar á cidadanía que non coñece o caso do que aconteceu neste tempo?
As persoas que coñecen a operación manexan información moi desligada. Chéganlles só píldoras, e as tramas da Carioca son moi complexas. De feito a Operación Carioca, ou algunhas das persoas implicadas nela, relaciónase con outras tramas como a Operación Pokémon. A comunicación destes procesos simplifícaos.
Con esta vocación nace o documental Benvidos ao club, da artista Carmen P. Granxeiro en colaboración coa plataforma (gañadora no 2019 do Premio Especial Biznaga de Plata “Afirmando los Derechos de las Mujeres”).
Carmen fai un traballo de documentación moi interesante, a través de entrevistas e de información documental. O que busca é enlazar, fiar, que se entenda a Operación Carioca. As proxeccións superaron con moito as nosas expectativas, houbo unha acollida moi boa por parte da cidadanía e de distintos colectivos.

 Estamos nun momento social moi bo, no sentido de que a preocupación feminista está moi presente. Pero é certo que a explotación sexual non está moitas veces na axenda feminista coa relevancia coa que debería. Para nós é importante fortalecer este punto na axenda. Mais é certo que moitos colectivos desta liña solicitaron a proxección do documental.
Outra das vosas liñas de traballo foi solicitar á Xunta de Galicia e ao Concello de Lugo que comparezan como acusación popular en varias pezas da Operación Carioca. Como funciona este recurso?
En teoría debería ser a Fiscalía a defensora das vítimas, pero cando atopamos unha Fiscalía que, en vez de defender ás vítimas e atender ás súas realidades, protexe aos agresores e aos grupos de poder, solicitamos ás administracións que comparezan como acusación popular. O custe de presentarse como acusación popular nun xuízo a título individual é moi elevado.

 Sobre todo nunha operación como esta, que é moi complexa e requiriría un equipo completo de avogados. A Administración comparece en certos casos, como por exemplo os homicidios de mulleres, mais non o fan en casos como este. Por iso decidimos procurar o apoio da cidadanía.

 Na procura dese apoio fixestes distintas accións e puxestes en marcha unha campaña de sinaturas.
Nós procuramos mobilizar colectivos afíns e, por outra parte, sensibilizar á cidadanía. Hai traballos de acción directo, como o documental, e outros que levamos a cabo para crear impacto. Nese senso levamos a cabo a performance Agasallos de cortesía este nadal. Con ela quixemos facer referencia a un escrito da Fiscalía nunha das pezas, nas que establecía que os agasallos que facían os proxenetas a axentes das forzas de seguridade, como ceas, copas, ou servizos sexuais gratuítos segundo a propia xuíza do caso, son os propios que realizaría un empresario no noso marco cultura actual. 

Non se vía delito nese tipo de agasallos a persoas que ademais teñen o deber de perseguir precisamente estes delitos! Aproveitamos o decorado de Nadal, en forma de paquete de agasallo, metendo a mulleres dentro.

 Outra acción de impacto é a da carnicería Carioca. Coa carnicería queremos visibilizar como a Fiscalía despezou toda a causa en pezas pequenas, permitindo que prescribisen. Tamén facendo atender de forma parcelada unha operación complexa e interrelacionada. As carniceiras son as fiscais.
Unha reflexión tamén sobre o actual sistema xudicial.
As mulleres parece que desaparecen do panorama, semella que as vítimas desapareceron. Todo o proceso da resposta ás necesidades dos grupos de poder.
No proceso da Operación Carioca chegaron a identificarse en torno a catrocentas mulleres vítimas de trata. Sabedes cal é a súa situación na actualidade?
As súas circunstancias son moi diversas. Houbo mulleres que foron expulsadas, para que non puidesen testificar. Outras recibiron o tratamento de vítimas protexidas, levan unha vida máis ou menos normalizada. E outras continúan nas redes da prostitución."                 (Raquel C. Pérea, El Salto, 06/03/19)