"La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al
presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
(AUSBANC), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos
Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas
para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas
de descrédito en su contra.
En
una sentencia, de 195 páginas, los magistrados de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Penal imponen a Pineda una pena de cinco años de prisión
por un delito continuado de extorsión y otros tres por estafa, mientras
que a Bernad le condenan a tres años por un delito de extorsión en grado
de cooperación necesaria y otro año por el mismo delito en grado de
tentativa.
En concepto de responsabilidad civil, Pineda deberá indemnizar a un
total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con
904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918
euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750
euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con
406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701
euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302
euros, y a Banca March, con 38.115 euros.
La Sala también condena a un año de cárcel al adjunto a la
Presidencia de Ausbanc Ángel Garay y a seis meses a María Mateos,
directora del departamento jurídico, ambos por un delito de extorsión en
grado de complicidad.
Por contra, la Audiencia absuelve a los otros seis acusados (la
abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de
Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano,
Rosa Aparicio y Luis María Jordana) de todos los delitos de los que
estaban acusados, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia
falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.
Pineda y Bernad también resultan absueltos de la mayoría de los
delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del
presidente de Ausbanc de organización criminal, acusación y denuncia
falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que
en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de
los dos primeros delitos y, además, de amenazas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado una condena
para Pineda de más de 118 años de cárcel y de más de 24 años para
Bernad, mientras que para el resto de acusados había pedido imponer
penas de entre 66 y 11 años de cárcel.
Los hechos probados de la sentencia detallan la
creación de Ausbanc en 1986 y cómo, con ocasión del ejercicio de
acciones colectivas y como fórmula para obtener sumas dinerarias en el
afán de lucro que movía a Pineda, a la vez que presentaba demandas,
Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los
conflictos, unos jurídicos relacionados con el objeto de la demanda y
otros económicos, planteándose de forma conjunta.
El ejercicio de la acción colectiva, dicen los jueces, era un mero
instrumento para que las entidades accediesen a las pretensiones
económicas formalizadas a través de convenios publicitarios u otras
fórmulas. En el caso de que aceptasen suscribirlo, aun cuando se
iniciase o se siguiera el trámite por los letrados de las delegaciones
territoriales, se abandonaba cualquier ulterior reclamación.
De darse la circunstancia de que las entidades no se avinieran a los
requerimientos económicos efectuados generalmente por Pineda -ya fuera
porque el acuerdo publicitario supusiera un desembolso desmedido o
porque el jurídico era inasumible- podía conllevar una repercusión
negativa reputacional de distinta índole, bien a través de publicaciones
de noticias que no respondían a la realidad o por la “difusión
hiperbólica” de un acontecimiento aislado en la entidad en cuestión,
incluso con la escenificación de manifestaciones a la puerta de la sede
de la sede bancaria.
Las campañas de ataque a la marca o a sus directivos se modulaban en
función de si finalmente se rendían a sus pretensiones económicas,
suscribiendo los convenios o retomando los que se habían dado por
concluidos.
La sentencia indica que los pagos que hacían efectivos se
enmascaraban, bien como publicidad en las revistas de Ausbanc, cuyos
ejemplares se distribuían de forma gratuita salvo un 2 por ciento que se
vendían, bien como “estudios de mercado” que elaboraba la entidad con
las quejas y reclamaciones de consumidores y reseñas de sentencias
judiciales, bien mediante patrocinios y otros eventos.
El Tribunal explica que la relación entre Luis Pineda y Miguel
Bernad se inició a finales de 2012 y duró hasta 2016, cuando se cortó
con motivo del procedimiento judicial que ahora se enjuicia.
Según la Sala, como Ausbanc Consumo copaba la actuación en el orden
civil contra las entidades bancarias, Pineda advirtió de que otra manera
de obtener copiosas sumas de dinero era a través de los procesos
penales. Para ello, estableció la fórmula aparente de colaboración con
Manos Limpias que, como acusación popular, instaba o se personaba en
distintos procedimientos con gran repercusión mediática.
“Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias que
vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel Bernad dio
entrada al acusado Pineda para que se personase en procesos penales en
la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para
acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la
desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho
proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y
otro”, señala.
En esa línea, continúa, Bernad, en nombre de Manos Limpias,
articulaba denuncias y en la sombra, Luis Pineda, le daba las
directrices sobre el devenir de aquellas con el fin de mantener los
acuerdos publicitarios o para que sus víctimas comprobasen su capacidad
de actuación a fin de amilanarlos, tantos a las personas físicas como a
miembros de corporaciones.
La Sala examina con detalle la treintena de actuaciones de los
acusados encaminadas a obtener un beneficio de las distintas entidades
con las que se ponían en contacto, algunas de las cuales se consideran
como extorsión consumada por haberse llevado a cabo, otras como intento
de extorsión cuando no obtenían los resultados esperados y otras que no
se han considerado como delito.
Así, el texto refleja la actuación de los acusados con la mayoría de
las entidades bancarias del país (BBVA, Cajamadrid, Credit Services,
Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco
Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss,
Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo,
Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o
Citibank), empresas como Gas natural Fenosa, Nissan, Volkswagen o
Europistas y procedimientos judiciales con gran repercusión mediática
como el Caso Noos.
En relación con este último procedimiento, la Sala considera probado
que en octubre de 2015 Miguel Bernad se reunió con el director general
de la Fundación La Caixa, Jaume Giró, actualmente consejero de Economía
de la Generalitat de Cataluña, con motivo de la retirada de la acusación
de Manos Limpias a la Infanta Cristina a cambio de dos millones de
euros.
Posteriormente, Pineda se reunió con el directivo del Banco Sabadell
Gonzalo Barretino y le hizo llegar la posibilidad de retirar la
acusación contra la Infanta a cambio de tres millones de euros. El
directivo denunció los hechos ante la Policía.
No consta que los acontecimientos, dice el Tribunal, “se
desenvolvieran en un clima de presión del que se valieran los acusados
Luis Pineda y Miguel Bernad”. Por este episodio concreto, la Audiencia
absuelve a ambos y a la abogada Virginia López Negrete, que ejercía la
acusación en nombre de Manos Limpias.
En su sentencia, ponencia de Teresa Palacios, la Sala descarta la
mayor parte de las acusaciones de estafa y rechaza también la existencia
de una organización criminal. Se trata, según el tribunal, de un delito
de extorsión en donde los sujetos pasivos no tienen el perfil de
persona física a los que se puede ocasionar desasosiego, angustia o
temor con la puesta en peligro de su libertad o seguridad. En su caso se
activaba la vulnerabilidad ante la protección “el valioso activo que
representa el riesgo reputacional” .
La Sala explica que las entidades en general y las bancarias en
particular, se ven en la necesidad de tener que gestionar la reputación
de la entidad, dado que es un activo con gran repercusión económica,
pudiendo suponerles publicidad negativa el mero hecho de la publicación
de una sentencia adversa.
“Evidentemente, lo han de soportar dado el derecho a la información y
en aras de proteger al consumidor frente a sus prácticas. Pero cuando
el ejercicio de las acciones judiciales se modula según sean atendidos
los requerimientos dinerarios, aparte de que revela quien así actúa que
no parece que le importe mucho ni sublima al consumidor que
supuestamente ha de defender a través de la interposición de demandas,
se puede estar configurando una práctica extorsiva en las que las
entidades se vean abocadas a sufragar unos servicios publicitarios que
no requerían, a los que se pliegan concertándolos, en evitación del
descrédito a que se les podía someter en ese uso desmedido del ejercicio
de acciones, y lo que de repercusión pública podía representar con la
incidencia negativa antes apuntada a su reputación ,que se recrudecía en
los medios de publicidad de AUSBANC, indica.
El tribunal descarta el delito de estafa en la mayor parte de los
casos por cuanto se puede comprobar que en algunas situaciones se
llegaba a acuerdos extrajudiciales donde por AUSBANC CONSUMO se imponían
condiciones a las entidades bancarias para que cesasen en la práctica
que había dado lugar a la formulación de demandas y a sentencias
condenatorias, y con ello, se estaban neutralizando tales prácticas
delatadas tanto en relación al procedimiento donde se llegaba a dichos
acuerdos, como de futuro, y todo ello, beneficiaba al cliente de la
entidad condenada.
Tampoco aprecia el delito de organización criminal en cuanto que los
escritos de acusación del fiscal y de la acusación ejercida por Podemos
en relación con el papel criminal de cada uno de los miembros, excepto
Pineda, “son ciertamente insuficientes, a no ser aludir al conocimiento y
la puesta en práctica de las distintas parcelas en las que estaban los
acusados ubicados en la estructura interna de AUSBANC, siendo que cuando
se aborda cada uno de los hechos que se verán más adelante, la
referencia a los acusados, en varios de los supuestos es nominal, sin
más añadido que haber participado o intervenido, no describiéndose los
elementos fácticos de una conducta típica que hubiera podido contribuir
en pro de la acreditación de la estructura criminal, solo sustentada en
las funciones propias de cada uno en el organigrama de AUSBANC, incluso
hasta no aparecer citados en el relato acusatorio”.
A lo largo de la sentencia se detalla cómo, en relación con las
colaboraciones con Ausbanc, se trasladaba al destinatario la idea de
que, de no atenderse a dicha petición, la publicidad para la entidad no
sería positiva, lo cual opera como factor inquietante en lo que a la
imagen de la entidad supone, al margen de que a su pesar la entidad
bancaria se mantuviera en su decisión.
Pineda, según el tribunal, disponía “como arma arrojadiza de los
medios publicitarios de AUSBANC modulando la información a su antojo,
según se avengan las entidades requeridas a sus lucrativas pretensiones,
distanciándose del mero papel ilustrativo e informativo de lo
noticiable, para adornarlo positiva o negativamente según interese en
función de que se acceda a sus demandas económicas”.
El Tribunal fija para Pineda la pena mayor posible por el delito de
extorsión, cinco años de cárcel por su actuación prolongada en el tiempo
en la que se valió de la asociación sin ánimo de lucro en lo que su
objeto era la defensa y protección de los consumidores para su interés
lucrativo.
“Para esa depredación, -subraya- las acciones en pro de aquellos las
trasmutó en arma arrojadiza a fin de presionar a las entidades a las
que demandaba o en el seno de los procesos judiciales en marcha,
modulando su ejercicio, además de valerse de los medios de publicidad de
AUSBANC que también atemperaba, orientando la información para
desacreditarlas y con ello hacer por doblegar su voluntad, trasladando
esa misma forma de operar a causas penales en las que se personó como
acusación popular, que venía ejerciendo MANOS LIMPIAS, movido por ese
afán lucrativo que presidía su conducta”.
El tribunal resalta “la carencia más absoluta de las más elementales
normas que debe presidir la sana conducta del que enarbola (sin éxito)
actuar exclusivamente en defensa de los consumidores y usuarios,
denotando más bien, que su fin primordial no es otro que, a costa de los
anteriores, engrosar su propio peculio”. (F. Sanz, Cinco Días, 09/07/21)
