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18.10.26

El régimen corrupto de Aguirre se 'sienta' en el banquillo... Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico más corrupto de toda España desde la restauración de la democracia... Aguirre, como saben, no destituyó a su corrupto favorito. Lo mantuvo de vicepresidente y luego lo designó como su sucesor... Aguirre lo bordó. Montó un régimen definido por la corrupción política, mediática y judicial. Y la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II, la pieza del caso Lezo por la que está siendo juzgado Ignacio González, es la historia que mejor ejemplifica lo ocurrido... Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico que más dinero dedicó a la compra de voluntades mediáticas de toda España desde la restauración de la democracia... En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix... ¿Saben lo que hizo el fiscal Moix con la denuncia? Se fumó un puro... este tío está en la Fiscalía del Tribunal Supremo, con la máxima categoría de la carrera fiscal (Manuel Rico)

"Esta semana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional Ignacio González, el corrupto favorito de Esperanza Aguirre durante bastantes trienios. Pero, metafóricamente, a quien se juzga no es solo a un saqueador del dinero público, es a un régimen entero. El régimen corrupto de Aguirre.

(Manuel Rico , Público, 16/10/26, enlaces en el original)

21.9.24

La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al ex vicepresidente Prada por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre... Espe se salva, como siempre

 "La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre ellos su exconsejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces imponen siete años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le obliga a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto con varios acusados. Los otros cuatro son condenados a penas de tres años y medio de presidio.

Junto con Prada son condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos miembros del equipo que participó en el desarrollo del proyecto. Es absuelto uno de los acusados, Mariano José Sanz, entonces subdirector general técnico del proyecto. Las condenas son ligeramente más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada es condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata el descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para poner marcha el proyecto. Existió una “intensa actividad de contratación” en la que los acusados, encabezados por el hombre de confianza de Aguirre, “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y adjudicaron contrato tras contrato que “se alejaron cada vez más del objeto social”.

La sentencia cuantifica el agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre: 40,4 millones de euros. Una cuantía que, según los jueces, es de “suma gravedad”. Fue ella quien, según el juicio, afirmó que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso costó “más de 13 millones de euros”, destacan los jueces. En total, más de 40 millones que forman parte de la malversación. “Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público”.

Ninguno de los contratos que suman 40 millones de euros sirvieron “al interés público” y generaron un “evidente perjuicio”. El fracaso del proyecto, analiza la Audiencia Nacional, “se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes”. Estos gastos, zanja la sentencia, “esquilmaron” la Ciudad de la Justicia.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en caso de ser considerada firme implicaría la entrada en prisión obligatoria de todos los condenados, al superar sus sanciones por un único delito los dos años de prisión, aunque ninguno tiene antecedentes penales. Los jueces otorgar a Prada, entonces hombre de confianza de Aguirre hasta su caída en desgracia en Madrid por apoyar a Mariano Rajoy en la pugna interna por el poder del PP, un papel protagonista. Y denuncian que la Comunidad de Madrid gastó más dinero en promocionar el proyecto que en asegurar su viabilidad.

“La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y Campus empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, denuncia la Audiencia Nacional. En algunos de esos actos, revela la hemeroteca, participó la propia Aguirre para promocionar uno de los grandes proyectos de su primera etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid antes de empezar a encadenar mayorías absolutas.

Un “parque temático del autobombo”

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo con la Fiscalía haciendo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta ocho años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto él como el resto de acusados negaron las irregularidades mientras que el fiscal del caso fue claro al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para poner en marcha un fallido “parque temático del autobombo”.

“Firmé lo que me pidieron”, dijo Prada a lo largo de su declaración. Fue una alegación constante entre antiguos altos cargos y responsables del Campus de la Justicia, negando irregularidades o descargando en sus superiores las decisiones controvertidas. Una de ellas fue Esperanza Aguirre, que también compareció como testigo para defender desde la primera hasta la última piedra del proyecto fallido que ahora intenta resucitar Isabel Díaz Ayuso con una nueva inversión millonaria.

“No, en absoluto”, dijo la expresidenta madrileña cuando le preguntaron por el rosario de irregularidades que, según los investigadores a lo largo del proyecto. Los imputados, dijo, no tenían ninguna obligación de darle información pormenorizada sobre cómo iba la construcción. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, afirmó."

( Alberto Pozas , eldiario.es, 10/09/24)

6.6.24

Anticorrupción pedirá la condena de Esperanza Aguirre por lucrarse con los trabajos reputacionales de la Púnica

 "La Fiscalía Anticorrupción no solo reclamará en el juicio oral sobre la supuesta caja b del PP de Madrid que los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González comparezcan como testigos. También solicitará durante "la fase de cuestiones previas en el juicio oral", según afirman fuentes de este Ministerio Público, que ambos sean condenados como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado con los servicios reputacionales personales que ejecutaba en redes sociales el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

 Unos trabajos de reputación que no eran abonados por sus beneficiarios sino por el Partido Popular de Madrid, supuestamente con dinero de la caja b que gestionaba Beltrán Gutiérrez, el gerente de siempre de Esperanza Aguirre en el PP madrileño, o bien con fondos públicos desde la Comunidad de Madrid con facturas "falaces", según el Ministerio Público. Por estos hechos, la Fiscalía reclamará al tribunal que tanto Aguirre como González abonen 26.000 y 28.293 euros respectivamente.

Esperanza Aguirre recibió cinco de estos informes reputacionales privados en 2012, e Ignacio González, 14. Dice la Fiscalía que al tratarse de posicionamientos privados, la Comunidad de Madrid era "consciente" de que no podía abonarlos con dinero público, y para ello ideó "falaces" métodos de abono, sin un contrato que explicitara el concepto real.

De admitirse esta petición de responsabilidad como partícipes a título lucrativo se trataría de una condena civil, como la que ya ha experimentado el propio PP por la Gürtel o la exministra Ana Mato. Una condena a título lucrativo implica que el aludido desconoce el carácter ilícito del dinero por el que se ha beneficiado y debe asumir una responsabilidad civil.

Anticorrupción ya pidió en su escrito de acusación del pasado mes de diciembre que Aguirre y González fueran partícipes lucrativos en la causa, pero el juez García-Castellón desestimó esta posibilidad la semana pasada, cuando emitió su auto de apertura de juicio oral. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción elevará la petición en el juicio oral, para el que aún no hay fecha señalada."                (M. Á. Campos, SER, 12/04/24)

18.3.24

Los negocios de la familia de Ayuso y del entorno de la presidenta de Madrid en el sector sanitario... Del ‘caso Avalmadrid’ a la investigación a su pareja por presuntamente defraudar a Hacienda

 "En julio de 2011, mientras se preparaba para debutar como diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vivía pendiente del email. Una compañía participada por su padre, un empresario con larga trayectoria en el sector sanitario, especializado, entre otras cosas, en la venta de instrumental y maquinaria, no estaba en disposición de devolver un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Avalmadrid.

Preocupada por las repercusiones que eso podía tener en el patrimonio de su familia, la hoy líder conservadora contactó con el ente avalista para pedir información, tal y como reveló EL PAÍS. Nacía el caso Avalmadrid, primero de una ristra de cuatro polémicas por los negocios de la familia y del entorno de Ayuso con el mundo sanitario que han culminado este martes al conocerse que su actual pareja, Alberto González Amador, ha sido denunciado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda en sus negocios (principalmente con QuirónSalud, según recoge la denuncia).

Caso Avalmadrid. Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión de investigación de la Asamblea, habría dado un trato “preferente” y “personalizado” a Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y, antes de cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad aceptó la donación del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.

La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid. “El inmueble no cumple la actual normativa urbanística”, advertían los tasadores tras visitar la nave del padre de Ayuso, que servía de principal aval, situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada (Ávila). “Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna”.

Cuando empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar, Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que había servido de garantía. Todo fue denunciado a la Fiscalía, que no observó delito alguno y archivó el asunto.

Caso Tomás Díaz Ayuso. Es 11 de noviembre de 2021. La oposición en bloque abandona el pleno de la Asamblea de Madrid para protestar porque se haya expulsado a la socialista María del Carmen López por decir lo siguiente sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y comisionista en el sector sanitario: “Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.

Para entonces, el PP de Pablo Casado llevaba meses investigando un contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet para lograr mascarillas durante lo peor de la pandemia a cambio de 1,5 millones de euros. El encargo fue concedido por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila). Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020, tras presentar un breve email con la oferta. A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada una. Como resultado, el hermano de la presidenta, que negó conocer el contrato, obtuvo una comisión de 234.000 euros.

Desde entonces, el caso ha sido desestimado por las Fiscalías española y europea, pues los investigadores no encontraron prueba alguna de tráfico de influencias (“ninguna indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que su hermano no era administrador o accionista de Priviet. En cambio, sus consecuencias políticas fueron de primera magnitud: le costó el puesto a Casado, que dejó paso a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP.

Sismédica. La presidenta regional es propietaria al 50% de la sociedad limitada Sismédica, según su declaración de bienes oficial, que recoge que el valor de la compañía es de 1.502,53 euros. El administrador de la sociedad es su hermano Tomás. La ocupación principal son los bienes inmuebles, aunque en su objeto social se incluye que también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”. La empresa no figuraba en la primera declaración de bienes de la presidenta regional en la Asamblea, que fue posteriormente rectificada para incluirla.

Caso González Amador. La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS.

El total de lo presuntamente defraudado a través de una trama de facturas falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón. Este grupo gestiona cuatro hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid ―Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba―. De Quirón proviene también la actual consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute."          (Juan José Mateo, El País, 12/03/24)

14.6.23

Un hotel, llamadas telefónicas y la justicia: las tres claves de la traición política del 'tamayazo'... 20 años de la traición política más sonada de la democracia. En 2003, mientras Rafael Simancas se preparaba para ser el presidente de la Comunidad de Madrid, a su espalda dos de sus diputados negociaban con el PP como truncarlo... solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo

 "Esta semana se cumplen 20 años del 'tamayazo'. La traición política de dos miembros del PSOE madrileño que impidió al socialista Rafael Simancas convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid con 36 años. Los socialistas e Izquierda Unida sumaban un diputado más que el PP y Esperanza Aguirre iba a ser la gran derrotada. Pero Tamayo y Sáez se dieron a la fuga de la Asamblea de Madrid y en Madrid no hubo Gobierno progresista.

20 años después, tres claves sobre lo qué pasó realmente en esas horas. Primera: ¿quién estaba detrás del 'tamayazo'? La pista fundamental es el hotel en el que se escondieron Tamayo y Sáez tras su espantada. Un periodista de la Cadena Ser encuentra a Tamayo y Sáez en un hotel a solo ocho kilómetros de la Asamblea. La habitación fue reservada por un constructor, Francisco Bravo. Otra pista sobre quién movió los hilos: las llamadas telefónicas. Esos días, Eduardo Tamayo llamó 16 veces a su asesor jurídico, José Esteban Verdes. Y Verdes, tras recibir la llamada, telefoneó en varias ocasiones a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid. El triángulo del tamayazo.

La segunda clave del 'tamayazo', es quizás la más sorprendente: solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo.

 Última clave: ¿por qué la justicia no investigó este caso? El entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, le obligó a dejar sus averiguaciones. A Cardenal le había colocado el PP. Con el cambio de Gobierno y la llegada de Zapatero muchos pensaron que todo cambiaría, que la Justicia se atrevería a indagar entre los beneficiados del tamayazo. Pero no fue así."            (La Sexta, 12/06/23)

18.4.23

Una empresa panameña conecta la caja b del PP de Aguirre con las mordidas del tren a Navalcarnero

 "La empresa panameña Hanalei Holdings, que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Lezo sitúa como intermediaria en el presunto pago de la mordida de 1,7 millones de euros por las obras del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, abonó también 100.000 euros al ex consejero delegado de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. Este excargo madrileño es uno de los procesados por la presunta financiación ilegal del Partido Popular durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Ni Aguirre ni su sucesor en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han sido procesados por la caja b del PP madrileño. Sí ha resultado implicado el exconsejero madrileño Francisco Granados. González se sentará en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión abonada por la constructora OHL a cambio de la adjudicación y explotación de la línea regional de tren, que contó con un presupuesto de casi 400 millones de euros de dinero público.

La conexión entre la mordida y el pago de los 100.000 euros a Martínez Nicolás se evidencia al contrastar el sumario de la pieza separada número 9 de Púnica y el del caso Lezo sobre los abonos realizados por la constructora entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detectó que Martínez Nicolás disponía en Liechtenstein de un patrimonio no declarado de al menos un millón de euros. Además, los agentes descubrieron una operación de "compensación" entre Adrián de la Joya, procesado en Lezo y considerado por Hacienda como un "facilitador de negocios"; y los dueños de la compañía panameña Hanalei Holdings.

"Estrecha relación"

Esta firma se habría utilizado, prosigue la UCO en sus informes, para transferir una parte de la supuesta comisión ilegal de 1,7 millones -en concreto 1,5 millones-, al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. A este procesado la Guardia Civil le atribuye una "estrecha relación" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que sería el último destinatario de los fondos de OHL.

El propio Martínez Nicolás, acusado por Anticorrupción de utilizar la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar la campaña electoral del PP madrileño en 2011, reconoció haber recibido fondos de Hanalei Holdings mientras ejercía el cargo público. Sin embargo, defendió la legalidad de estos pagos, que justificó como resultado de los trabajos que había realizado antes de ser nombrado en 2008 consejero delegado de la agencia de informática.

Para defender esta versión, Martínez Nicolás propuso que el principal propietario de Hanalei Holdings, el empresario Jesús Gil Pérez, declarara como testigo. Sin embargo, una comisión rogatoria procedente de Suiza puso que manifiesto que la panameña no solo pertenecía a Gil Pérez, vinculado a la compañía centroamericana mediante la Fundación Gibis, radicada en Liechtenstein. Otros dos empresarios españoles también formaban parte del accionariado: Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien). Este último fue el antecesor de Martínez Nicolás al frente de la Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid.

Adrián de la Joya

La Guardia Civil destaca, en este sentido, que Cerón Escudero y Gil Pérez fueron socios en el Grupo Avanzit, en la que también participó Adrián de la Joya, también procesado en el caso del tren a Navalcarnero.

Los uniformados, en un informe de 18 de febrero de 2022, explican el recorrido concreto de las mordidas. Según este relato, el dinero salió de España en 2007 "burlando los sistemas internos de OHL" con destino a sus filiales mexicanas. Estas firmas, a su vez, transfirieron 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa panameña Lauryn Group, propiedad de De la Joya.

En una grabación del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso Tándem, cuyo contenido fue adelantado por El Periódico de España, el propio De la Joya sostiene que Ildefonso de Miguel era quien guardaba el dinero de la comisión por la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero destinado a González. La UCO destaca, en este sentido, que unas anotaciones de Villarejo, publicadas por este diario, apuntan que De la Joya informó al comisario jubilado de que la actividad de Hanalei Holdings era en realidad una compensación entre el dinero recibido de OHL, la presunta mordida, y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.

700.000 euros

Por el contrario, la versión que dio De la Joya en el juzgado fue opuesta. Declaró que tras recibir el dinero en Suiza se negó a pagar la comisión a Ignacio González y se quedó con los fondos. Pero esta explicación no convenció a la Guardia Civil, que detectó que un mismo día, el 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfirió 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la mercantil panameña Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario sin identificar.

La suma de ambos movimientos de dinero es 1.550.018 euros, lo que supone 150.720 euros menos de los 1,7 millones transferidos por OHL. Esta suma, completa la UCO, es "compatible" con la posible comisión por intermediación que habría cobrado De la Joya, que en la citada grabación de Villarejo confiesa haberse quedado con una parte de la comisión abonada por la constructora.

Por eso, los agentes consideran que la actividad de la empresa panameña Hanalei Holdings INC, que pagó 100.000 euros a Martínez Nicolás, procesado por la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, se enmarca en una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora, que recibió el intermediario De la Joya, y que este podría haber compensado a los beneficiarios reales, que serían en primer lugar Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrileño Ignacio González. En sentido contrario, González siempre ha negado haber recibido una mordida de la adjudicación del tren de Navalcarnero a OHL."            (Tono Calleja, epe, 13/04/23)

20.3.23

El ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, será juzgado por las trampas en las elecciones que Esperanza Aguirre ganó en 2011... no se juzga a Espe porque para ella, el delito prescribió

 "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez Manuel García Castellón de procesar al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez por un delito de falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011, en el marco de la pieza número 9 de la macrocausa 'Punica', donde se investiga la presunta existencia de una 'caja b' en el PP regional, informa Europa Press.

En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación formulado por Gutiérrez contra el auto dictado el 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En dicha resolución, el instructor propuso juzgar a Gutiérrez y al presunto cabecilla de la 'Púnica', el ex consejero madrileño Francisco Granados, como principales responsables de la supuesta financiación irregular de esa campaña electoral, además de a otras seis personas, al tiempo que archivó para otras 71, entre ellas los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Gutiérrez alegaba que, de la misma forma que el juez consideró prescritas las presuntas ilegalidades de las campañas de 2007 y 2008, los delitos imputados por los comicios de 2011 están caducados, acogiéndose al razonamiento que hizo el propio instructor, el cual estableció que las supuestas irregularidades en esa campaña electoral están prescritas para “todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016”.

El ex dirigente 'popular' argumentaba que, aunque García Castellón identificó como fecha clave su comparecencia como investigado del 11 de febrero de 2016, “ello no fue así, siendo su primera imputación y declaración judicial por los posibles hechos delictivos relativos a las elecciones del año 2011 el día 13 de marzo de 2017”.

La Sala fija igualmente que el delito imputado a Gutiérrez por las elecciones de 2011 prescribiría a partir del 24 de septiembre de 2016, coincidiendo asimismo con el magistrado en que el ex gerente madrileño fue citado a declarar formalmente antes de esa fecha mediante una providencia del 11 de febrero de ese año.

Gutiérrez esgrimía que su primera imputación y declaración por los posibles hechos delictivos relativos a 2011 se llevó a cabo con posterioridad, el 13 de marzo de 2017, ya que con anterioridad, en 2016, había sido citado por un delito de blanqueo de capitales.

Los magistrados señalan en su resolución que en su declaración ya fue informado sobre los hechos concernientes a la financiación de la campaña electoral e interrogado por eso. No obstante, indican que “esta trascendental discrepancia a la hora de aplicar el instituto de la prescripción ni puede ni debe ser sustraída al debate ante el órgano enjuiciador”.

Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral de 2011 registró unos costes de 2,9 millones de euros --los declarados ante la Cámara de Cuentas--, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones."              (eldiario.es, 17/03/23)

8.2.23

Hay desastres naturales... inevitables... y los del PP: La Comunidad de Madrid, para reducir costes, no utilizó técnicas que habrían evitado la tragedia de la Línea 7B de Metro

 "Una de las preguntas que afloran en la problemática de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en San Fernando de Henares es la responsabilidad que pudiera tener la constructora Dragados, adjudicataria del proyecto y empresa perteneciente al Grupo ACS, es decir, de Florentino Pérez.

El diciembre de 2016 el gobierno de Cristina Cifuentes publicó una orden por la que se acordó «1) Declarar a Dragados, S.A., contratista de las obras ‘Construcción de la Infraestructura de la Prolongación de la Línea 7 de Metro de Madrid a Coslada y San Fernando de Henares’, responsable de los daños y perjuicios derivados de los vicios ocultos detectados en las referidas obras; 2) Reclamar la cantidad de 15.067.861,30 € en concepto de indemnización por los daños y perjuicios acreditados y cuantificados a fecha de la resolución derivados de los vicios ocultos de las obras referidas, sin perjuicio de posteriores reclamaciones una vez cuantificados los importes correspondientes a las actuaciones que, derivadas de los vicios ocultos detectados, actualmente se encuentran en ejecución».

Dragados impugnó esa orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tribunal que dictó sentencia el 9 de enero de 2019.

El contenido del recurso de Dragados es interesante porque, entre otras cosas, señala que documentos clave del expediente de las obras de la Línea 7B de Metro, que debían estar depositadas en la Comunidad de Madrid habían desaparecido o extraviado.  

La constructora señala que «el expediente está incompleto y los documentos que no obran al mismo son esenciales, y resultarían determinantes en la decisión del expediente correspondiente, tanto si existen (a la vista de su contenido) como si finalmente se confirma que no existen, o que se han extraviado».

El primero de los documentos presuntamente extraviados o desaparecidos es el «Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares» (PCAP) de 2004, documento clave porque en él se determinaba el régimen de la responsabilidad que pudiera derivarse.

El segundo documento era el encargo de la Comunidad de Madrid a la empresa Intecsa-Inarsa de la redacción del proyecto de 2006 por el que se modificó el trazado de la ampliación de la Línea 7.

Tras la decisión política del gobierno de Esperanza Aguirre de llevar el Metro al Hospital del Henares, la empresa Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) supervisó y aprobó el Proyecto Modificado que implicaba, evidentemente, el cambio del trazado inicial y dar una mayor profundidad a la excavación.

Por otro lado, Dragados insiste en su recurso en que las aguas que provocaron el movimiento del terreno que derivó en la situación actual se comenzaron a filtrar a través de uno de los pozos. Esto es grave, puesto que el diseño de dichos pozos era permeable y «no es un método apropiado para configurar una obra como impermeable, mientras que sí existen otras técnicas que permitirían obtener dicha impermeabilidad, pero éstas resultarían más costosas para MINTRA, motivo por el cual se han configurado el pozo y el túnel como permeables, a pesar de que no resultase adecuado para las características del terreno […] para lograr la impermeabilización existen técnicas que MINTRA, para reducir costes, decidió no utilizar».

Además, los daños se produjeron por deficiencias del propio proyecto, tanto el de 2004 como el de la Línea 7B de 2006, puesto que no contenían los tratamientos adecuados a la problemática geotécnica e hidrogeológica, en su caso, de modo que si parte de la documentación que forma parte del proyecto identifica ciertos materiales y la parte que define la obra a ejecutar no lo tiene en cuenta, lo que constituyó un defecto del proyecto."                (José Antonio Gómez , Diario16, 08/02/23)

3.2.23

El Tribunal de Cuentas investigará los contratos menores por 2.000 millones de euros de la Consejería de Sanidad de Madrid... ya antes de la pandemia Madrid adjudicaba a dedo el 99,7% de los contratos sanitarios

 "Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%. Siempre a tenor de esos datos, recopilados por la asociación Audita Sanidad y entregados al Tribunal de Cuentas (TCU) en la denuncia que acaba de poner en sus manos, el volumen "ingente" de adjudicaciones a dedo sumó en el bienio nada menos que 1.566,4 millones de euros. Es decir, el 57,2% de todo lo gastado en 2017 y el 47,8% en lo que concierne a 2018.

La denuncia de la asociación de vigilancia de la gestión y el gasto sanitario expone que el Gobierno madrileño y sus organismos dependientes, especialmente hospitales de relevancia como el Clínico San Carlos y La Paz, fragmentaron deliberadamente el coste real del material o los servicios adquiridos a dedo. Y que utilizaron el fraccionamiento "ilegal", la "contratación fraudulenta", como artificio para sortear las licitaciones abiertas y sujetas al principio de publicidad y libre competencia: tanto en la convocatoria como en su resolución. Hasta marzo de 2018, la cuantía máxima de los contratos de obras que cabía definir como menores se situaba en 50.000 euros, tope que bajó a 40.000 a partir de entonces. En el caso de las adjudicaciones para el resto de contratos menores –suministros y servicios–, el límite fronterizo se situaba en 18.000 euros. A partir de la reforma legal de 2018 se redujo a 15.000. (...)

 Audita sostiene que con la política de contratos menores a mansalva se está dañando "de manera contumaz" el principio de diligencia y responsabilidad. Y que eso perjudica al erario madrileño como consecuencia de sobrecostes. ¿Por qué? Porque la ausencia de competidores incrementa los precios a pagar a los proveedores.

El escrito dirigido por Audita al TCU incluye un caso "paradigmático" sobre el supuesto fraccionamiento ilegal de contratos: el de la ferritina, una proteína que almacena el hierro en las células. Y así, mientras que el Hospital Clínico San Carlos ha firmado casi 150 contratos menores desde 2015 para comprar ferritina a Siemens Healtchare SL, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias convocó este año una licitación pública para adquirir el mismo producto. Por qué se contrata por parte del Clínico siempre mediante un contrato menor si otros centros lo sacan a concurso público es una de las preguntas que Audita traslada al Tribunal de Cuentas.

Referido a un periodo anterior al de la pandemia del covid-19 que estalló en 2020 y por tanto ajeno a las situaciones imprevistas de las emergencias sanitarias, el texto facilitado al TCU subraya que ya el organismo fiscalizador regional –la Cámara de Cuentas de Madrid– alertó en un informe sobre 2017 de que con la avalancha de adjudicaciones a dedo los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) habían convertido "en práctica habitual lo que es una excepción en la contratación pública". Dicho de otro modo, que la compra de materiales sanitarios y el encargo de servicios susceptibles de programación anticipada se estaba realizando de una forma contraria a la normativa. La denuncia incluye un gráfico que coloca al Hospital Ramón y Cajal como el que más dedicó a contratos menores en 2017 y 2018. Puedes consultar aquel informe de la Cámara de Cuentas pinchando aquí. (...)

La asociación denunciante pone el dedo en una llaga todavía por analizar: la repetición de grandes empresas multinacionales en el listado de beneficiarios de contratos menores. Audita destaca aquí el nombre de dos grupos: Siemens y Medtronic. La asociación señala que carece de herramientas para diagnosticar a cuánto asciende el supuesto daño económico causado por los contratos a dedo para ambos grupos. Pero basándose en las pautas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para calcular los sobrecostes derivados de la ausencia de competidores, Audita sostiene que el exceso de gasto ha podido llegar aquí a la cifra aproximada de 14,5 millones de euros.

Según el escrito dirigido al TCU, la filial española del segundo grupo –Medtronic Ibérica SA– fue en 2017 la primera en el ranking de firmantes de contratos menores, con 18.995 adjudicaciones de ese tipo por valor de 36.626.735 euros, en este caso sin IVA. Y en 2018 ocupó el segundo puesto en esa misma escala con un total de 11.985 contratos, pero primera según importe, por valor de 32.550.610,58 euros, IVA incluido. Sobre Medtronic, la denuncia asegura lo siguiente: "Tiene una larga historia de investigación y condenas tanto en Estados Unidos como en Europa. El grupo empresarial ha sido acusado de estafar a las autoridades públicas de sanidad, fijar precios de mercado, remunerar a médicos para que elaboren estudios a su favor, violar las normas de libre competencia, etc. En 2020, alcanzó un acuerdo con la justicia estadounidense, por el que pagó 9,2 millones de dólares, para resolver el caso de acusación de pagos indebidos a un neurocirujano del estado de South Dakota para forzar la compra de determinado material". Este periódico no ha logrado este miércoles que Medtronic confirme o desarme tales afirmaciones. InfoLibre contactó con Medtronic Ibérica SA pero no fue posible hablar con ningún portavoz.

Respecto a Siemens Healthcare SL, Audita cifra en 6,52 millones lo que obtuvo en 2018 a través de 1.308 contratos menores. De ese total de adjudicaciones, la asociación identifica 733 como adjudicaciones con "posible fraccionamiento". Eso representa el 56% del total asignado a la compañía. Según la denuncia, el grueso se localiza en los dos hospitales antes referidos: el Clínico San Carlos y La Paz. Tampoco ha sido posible contactar con portavoces de Siemens Helthcare SL.

La primera de España en contratos sin concurso

Esta no es la primera denuncia que, basándose en la monumental base de datos que constituye el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y tomando como eje los contratos menores, lleva Audita al Tribunal de Cuentas. La anterior, formulada en junio de 2019 y centrada en los contratos menores de 2016, quedó en agua de borrajas. De acuerdo con el relato de la denuncia, el máximo órgano fiscalizador del país, entonces con mayoría conservadora, lanzó una exigencia a los denunciantes: que concretasen los hechos e infracciones jurídicas detectadas, así como la cuantía de los daños y perjuicios. Pero la imposibilidad técnica –aduce la asociación– que planteaba el enorme volumen de documentos contractuales hizo que su acción decayese.

Ahora, Audita rememora en su nueva denuncia no solo el informe donde la propia Cámara de Cuentas madrileña ya avisó sobre el truco de los contratos menores. El escrito incorpora también lo que el director de uno de los grandes hospitales de la Comunidad, el Ramón y Cajal, sostuvo en 2017 durante una comparecencia parlamentaria. Y lo que dijo, por resumir, fue que en efecto se había "abusado del contrato menor".

El fracaso de la primera denuncia de Audita choca, paradójicamente, con el contenido de un informe aprobado en julio de 2021 por el Tribunal de Cuentas sobre el comportamiento del sector público autonómico en 2018. Porque ese informe ya mostraba [puedes consultarlo aquí y comprobarlo en el cuadro de la página 28] que la Comunidad de Madrid encabezaba de largo el ranking estatal de contratos menores en todas las áreas. (...)

Las convalidaciones, otra vía opaca

De los números que destapa en ese documento el Tribunal de Cuentas –los 925,20 millones– se infiere que la inmensa mayoría de los contratos menores salen de la Consejería de Sanidad de Madrid. Pero esa forma de encargar suministros, servicios e incluso obra no constituye la única vía de gasto poco claro.

Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convalidó gastos por valor de 804 millones. Y la convalidación, por usar la tesis que en abril de 2018 acuñó José Luis Martínez-Almeida, ahora alcalde de Madrid y entonces portavoz municipal del PP durante el mandato de Manuela Carmena, es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público "como consecuencia de una mala gestión" previa por parte del equipo de Gobierno". En el caso de la Comunidad de Madrid, los principales beneficiados por las convalidaciones fueron grandes empresas, entre ellas el gigante de la sanidad privada, Quirón.(...)"                  (Alicia Gutiérrez  , Info Libre, 21 de diciembre de 2022)

 

 "La Consejería de la Comunidad de Madrid ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas por la manera de gestionar los contratos menores durante los años 2017 y 2018, durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. 

Los consejeros al cargo estos años fueron Jesús Sánchez Martos y el aún vigente Enrique Ruiz Escudero. 

La denuncia corre a cargo de la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid en defensa de la sanidad pública, plataforma integrada por 58 asociaciones y movimientos ciudadanos, que ha sufragado los gastos de gestión y los trámites y quiere poner en el foco la gestión del Partido Popular gracias a las investigaciones hechas por la plataforma Audita Sanidad. 

Vicente Losada es uno de los redactores de estos extensos informes que han llevado a denunciar a la Consejería de Sanidad por presuntas irregularidades. "En este periodo, la Consejería adjudicó 1.511.000 contratos menores, que suponen un volumen de 2.343 millones de euros. No hablamos de una presunta comisión del hermano de Ayuso. Eso es una partícula de la punta del iceberg", ha sostenido tras presentar la denuncia.

"No cuestionamos la figura del contrato menor, es el uso abusivo y reiterado de este tipo de contratos para adjudicar un volumen del 99,7% de los contratos, algo que es absolutamente a dedo, como se suele conocer vulgarmente", ha apuntado el portavoz.

También ha comparecido a las puertas del tribunal Concha Pérez, integrante de la plataforma, a las puertas del Tribunal de Cuentas: "Ponemos de manifiesto el despilfarro de dinero público que debería servir para reforzar la sanidad pública". "La política sanitaria de la Comunidad de Madrid está orientada a garantizar el beneficio de las empresas privadas, ya sean sanitarias, tecnológicas o fondos de inversión, pero no al cuidado de las personas, ni pretende garantizar nuestro derecho a la salud", ha aseverado.

La existencia los contratos menores, una forma de agilizar los trámites administrativos, ha dado lugar a un uso abusivo por parte de la Administración de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva características de las licitaciones.

 En 2017, la ley establecía los contratos menores (aquellos que no pasan por un concurso público y se pueden designar sin necesidad de un proceso de selección debían ser como máximo de 50.000 euros para contratos de obras y 18.000 euros para contratación de servicios o suministros. En 2018, el tope fue rebajado y los contratos menores de obras tenían de tope 40.000 euros, reducción que tampoco limitó la realización de este tipo de acuerdos. 

Y como muestra de la gestión, Losada ponía de ejemplo algunos de los contratos presentados ante el Tribunal de Cuentas: "El Hospital de La Paz en 2018, entre el 27 de abril y el 20 de diciembre, adjudicó 229 contratos menores a Siemens Healthcare para la compra de material de laboratorio por más de un millón de euros", apunta. Muchos contratos pequeños que son aprobados sin filtro en lugar de uno grande que debería pasar por cauces más exigentes. Ese es el método que quiere investigar la Coordinadora de barrios y pueblos de Madrid para saber a dónde va el dinero de todos los madrileños.

Que solo se denuncie lo ocurrido entre 2017 y 2018 responde a la imposibilidad de la plataforma Audita Sanidad de abarcar más ejercicios fiscales, cosa que con el tiempo irá comprobando. Pero eso no significa que esas prácticas hayan sido erradicadas de la Consejería de Sanidad. 

Como desvelara Público, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no había rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo.

La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso."                    (José Carmona, Público, 21/12/22)

2.2.23

La Comunidad de Madrid hunde San Fernando de Henares y humilla a sus vecinas... Esperanza Aguirre licita las obras con la empresa pública-privada Mintras, de Gallardón, bajo investigación en el sumario de la Púnica... concedida a Dragados, la constructora de Florentino Pérez... Un año después empiezan a surgir las primeras grietas en las viviendas... nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos... La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos

 "(...) Aguirre, paella, chocolate y la Púnica

Todo empieza en 2006, cuando Esperanza Aguirre anuncia un nuevo trazado de la línea 7B de metro, cuyas obras habían comenzado en 2004, que incluye dos paradas no contempladas en el original: Henares y Hospital del Henares. En 2020, cuando este medio entrevistó a Antonio Rus, trabajador de metro del sindicato Solidaridad Obrera, no dudó en afirmar que “Aguirre utilizó la estación de Hospital del Henares para ganar votos en las autonómicas de 2007”. La estación se inauguró con una paella, chocolate y conciertos a los que acudieron 2.000 personas menos de un mes antes de las elecciones.

La licitación de estas obras dependía de la empresa público privada Mintra, creada por Gallardón para licitar obras en el Metro y evaluar los impactos. A pesar de que ya no existe, Mintra se encuentra bajo investigación en el sumario de la Púnica. Las obras de la ampliación 7B fueron concedidas a Dragados, la constructora de Florentino Pérez. Un año después de la inauguración, en 2008, empiezan a surgir las primeras grietas en algunas de las viviendas.

 Para entender lo que está sucediendo bajo el suelo de San Fernando, Escribano recurre a la imagen de un queso gruyere. “San Fernando tiene una serie de acuíferos que recorren el subsuelo. Con la ampliación de la línea 7B hubo que desviar un gran acuífero. Imaginemos que el subsuelo es como un queso gruyere, lleno de agujeritos que están llenos de materiales hipersalinos. Si no los tocas no pasa nada, pero al desviar el agua, que está cargada de sales, estas capas salinas comienzan a degradarse junto al metro”. La solución que comenzaron a aplicar los técnicos de la Comunidad de Madrid fue usar colectores de agua, que son como pajitas que succionan el agua de los alrededores del metro y la arrojan a otras zonas. “Pero la presión con la que corría el agua era mucho mayor de la que esperaban y acabaron reventando los colectores, inundando de agua que era muy salina, casi un disolvente, todas las zonas de alrededor del tramo del metro”, continua Escribano.

Otra de las soluciones que han aplicado varias veces durante estos últimos años han sido las ya mencionadas inyecciones de cemento para tratar de solidificar el terreno y desplazar el agua de las zonas afectadas. “En 2011 se hacen las primeras acciones de inyección, se repiten en 2013, 2016, 2018 y ahora, lo cual siempre provoca el mismo resultado, que nuevas áreas se vean afectadas. El agua es como una gigantesca mancha de aceite expandiéndose por debajo de todo el municipio y hundiéndolo”, cuenta Escribano.  

 En 2008 se publica un Estudio de seguimiento hidrogeológico de la Línea 7 de Metro de Madrid por un convenio de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid en el que los profesores Pedro Martínez y Eugenio Sanz afirman que “la presencia de agua o de humedad detrás del revestimiento del túnel [...] conlleva una reducción del 28% del volumen, y por tanto la creación de huecos, ocasionando riesgo de colapso”.

 "Estudio de Seguimiento Hidrogeologico de La Linea 7 Del Metro de Madrid. 2008"

 Entre las conclusiones y recomendaciones del informe destacan que “es importante tener en cuenta que con el tiempo estos materiales sulfatados van a seguir alterándose por lo que es imprescindible el anteriormente citado estudio geotécnico, así como la vigilancia a largo plazo de la zona [...] La naturaleza kárstica del sistema subterráneo impide que puedan descartarse subsidencias y colapsos”.

Manolo Fernández, maquinista de metro desde hace 40 años y miembro del sindicato Solidaridad Obrera, que ha llevado durante estos años los conflictos laborales ligados a la seguridad en este tramo, se pregunta por qué nadie informó de que no se podía realizar ese tipo de obra debido a la composición del suelo y los acuíferos. Hasta 2016 no llega el primer informe propio de la Comunidad de Madrid que señala que, efectivamente, “se dejó transcurrir un tiempo excesivo desde que se manifestaron los primeros problemas y por ello el proceso de disolución y degradación del terreno evolucionó hacia extremos difícilmente reversibles”.

 “Hasta los propios operarios de las obras reconocen que no pueden saber hasta dónde llega el cemento que están echando con las inyecciones ni a dónde desplazan el agua”, comenta Escribano. “Las licitaciones de estas obras se hacen a través de la empresa público privada Tragsa, que se los está adjudicando a la empresa Kronsa. Las obras han provocado numerosos cortes de luz y agua a los vecinos. Han dañado tuberías de gas con los vecinos dentro de las viviendas. Y han tenido que ser los propios vecinos quienes han tenido que avisar a las autoridades porque olía a gas en sus casas”.

“Después de siete cierres desde su apertura, ahora el metro está cerrado desde agosto y no se prevé que abra hasta finales de mayo. Son obras y obras y obras. Esto es dar dinero público a empresas privadas de manera bárbara sin que sirva de nada”, comenta Fernández. Desde Solidaridad Obrera reclaman que las estaciones del tramo se cierren para siempre y que, en caso de que fuera necesario se hiciese un metro ligero en la superficie. “Estábamos moviendo trenes con viajeros en estaciones que se hundían”. 

Daños y secuelas en el cuerpo

Nines ha tenido que ir a urgencias por el estrés y la ansiedad por no saber cuándo tendrá una casa propia a pesar de haber pagado la suya. También se le complicó un posoperatorio del ojo por la falta de reposo. Ansiedad es la palabra que repiten casi todas las vecinas entrevistadas.

De las familias desplazadas hay personas de más de 80 años que han tenido que aclimatarse a su nueva vida en el apartahotel del polígono industrial. “Yo tengo una hija de cinco años que también lo está viendo y viviendo a su manera, ven la realidad bajo su prisma, y ella me preguntaba que a dónde iban a llevar los Reyes Magos sus regalos a sus amigos desalojados”, comenta Casado.

Poner el cuerpo tampoco es gratuito. Ni económicamente ni en salud. Después de 20 minutos dando detalles pormenorizados y técnicos de lo que ha sido esta lucha de 15 años, cuando desde El Salto le preguntamos qué tal está, el ceño fruncido que ha mantenido durante la entrevista se deshace y su voz se quiebra aguantando las lágrimas. Llora sin ellas, con la voz y la cara, mientras cuenta que “para entenderlo hay que vivirlo. Te cambia la vida. Para la parte en la que estamos al público y salimos a pelear te pones la coraza, pero cuando llegas a casa o a tu portal vas y te rompes, te cuesta mucho. Cuesta separar lo personal de la pelea”.

Toda la ayuda psicológica que la Comunidad de Madrid ha brindado a las vecinas son dos profesionales que les atienden semanalmente en grupo, sin atención pormenorizada. Igualmente han abierto una oficina pública para los afectados, “pero no sirve para nada. Llegas cuentas tu problema y te dicen que pasas a una lista de espera y ya, solo sirve para frustrarte más”, comenta Casado mientras camina frente a la cristalera transparente de la oficina.

Víctor Yangüez, vecino de 19 años, también ha sufrido las consecuencias de poner la cara en la lucha. Vivía en una casa que derribaron en mayo y ahora está con su familia pagando un nuevo alquiler además de la hipoteca que pagaban porque aún no han recibido ninguna indemnización. Víctor apareció en un vídeo de Tiktok que se viralizó denunciando la situación del municipio. A las horas el medio subvencionado por la Comunidad de Madrid OKDiario elaboró un perfil señalando al joven, lo cual derivó en un acoso mediático y en redes de miles de perfiles atacándole. 

“Nosotros buscábamos la presión mediática para ver si se ponen las pilas para poder solucionar este problema y que todo el mundo sepa que no hay nadie al volante de esta situación”, relata Yangüez a El Salto. “Pero claro que te afecta, son bulos contra mí, gente criticándome, perfiles cercanos al Partido Popular. Aunque estoy bien, pero al daño psicológico de perder la casa se le suma el de que te ataquen”.

 “La Comunidad de Madrid cuando tiene un problema encima de la mesa y ve que no nos puede doblegar  descuelgan el teléfono y llaman a sus medios afines para poner en marcha la máquina del fango”, comenta Escribano. Para responder toda esa ofensiva de bulos contra el joven, su propia madre y otros vecinos utilizaron las redes sociales para mandar mensajes de apoyo y visibilizar que estaban orgullosos de él. “Lo único bueno de todo esto es la unión que se está generando en el municipio. Vecinos que hasta ahora no nos conocíamos, somos uno. Vamos a ganar por eso”, añade Casado.

Un Plan Integral y organización vecinal

El 16 de diciembre de 2021 se aprobó en la Asamblea de Madrid un Plan Integral para los afectados por las obras del metro de San Fernando. Una Proposición No de Ley (PNL) hecha a medida que fue diseñada y consensuada por todos los vecinos de la Plataforma junto con los partidos de la oposición. Sin embargo, el 23 de diciembre del mismo año, durante la sesión de apelaciones a la PNL, el PP y Vox votaron en contra de su aplicación y quedó bloqueada. “Es un cuerpo sin vida, lo que pedíamos era que si te tiran la casa, haya unas condiciones mínimas de realojo, si tu casa tiene grietas o sufre otros daños, que se expedienten debidamente para que se puedan reclamar patrimonialmente, que se tenga en cuenta en las reparaciones las viviendas devaluadas, porque al final todo el municipio se ha visto afectado por esto. Que se restauren los servicios públicos perdidos . Que todos los comerciantes que han perdido su negocio reciban el dinero correspondiente por lucro cesante”, reclamen desde la Plataforma.

El Salto ha consultado al gabinete de prensa del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cuyo alcalde es Javier Corpa, del PSOE, y desde el mismo han declarado que denuncian “la total falta de interlocución política por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Señalan que el alcalde ha enviado numerosas cartas al Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez o a la propia Ayuso, sin respuesta.

La única interlocución entre Comunidad y Ayuntamiento se dio a través de una Mesa Técnica, montada en 2019 en la que ambas instituciones enviaron técnicos para tratar de solucionar el problema. Escribano cuenta que “desde que nos empezamos a organizar y hacer crecer la Plataforma según se agravaban los problemas, la Comunidad de Madrid cesó cualquier línea de diálogo porque no saben qué decir. Están improvisando. No dan información porque no la tienen”.

Desde el Ayuntamiento señalan que el propio consistorio no tiene mecanismos ni herramientas para atajar los problemas derivados de las obras del Metro, que dependen enteramente de la Comunidad. En apoyo de la Plataforma y los vecinos afectados están poniendo sus recursos técnicos para la elaboración de informes propios y ofreciendo las estructuras de atención y ayuda social para las personas damnificadas.

Mientras tanto, a falta de soluciones institucionales, los vecinos siguen organizándose y creando asociaciones para contratar a grupos de abogados que les permitan pelear por la vía legal las indemnizaciones que no están llegando."                  (Álvaro Lorite, El Salto,  22 ene 2023)