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29.4.22

La trama catalana detrás de la dimisión por presunta malversación del director de Emergencias del Gobierno Vasco, Fernando Izaguirre (toda una vida en el PNV)... que también trabajó con Iñigo Lasuen, un exalcalde del PNV en Otxandio, que montó un chiringuito de sociedades privadas y ha venido compartiendo intereses empresariales con los exburukides Asier Atutxa y Eusebio Larrazabal

"Fernando Izaguirre, director de la DYA entre 2016 y 2021, ha dimitido de su cargo de director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco tras una denuncia sobre irregularidades y malversación durante su etapa en la presidencia de la DYA, Asociación de Ayuda en Carretera de Bizkaia.

Hasta 10 personas estarían implicadas en la trama destapada por la actual dirección de la DYA, cuya junta directiva encargó una auditoria interna que ha tocado un duro hueso. La Fiscalía atribuye su presunta responsabilidad en un caso de malversación durante su anterior cargo como presidente de la ONG de ayuda en carretera DYA. La dimisión se formalizó este pasado martes tras una conversación entre el propio Izaguirre y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

“Mal empieza su presidencia en la DYA el señor Izaguirre cuando lo hace faltando a la verdad, pues señala en una entrevista que él fue quien fundó la DYA de Galdakao, allá por 1986”. Así se expresaba Carlos Lareo, uno de los fundadores de la DYA de Galdakao, en una carta de opinión publicada en Deia en diciembre de 2016. Ocurrió un día después del día de los Santos Inocentes. A este respecto, los actuales responsables de la DYA han apuntado en varias ocasiones a “operaciones anómalas” en torno a una red de empresas creadas por Fernando Izaguirre con la ayuda de Juan Diego Gallardo, expresidente de la delegación de la DYA en Catalunya y antiguo responsable de una empresa relacionada con una red de espionaje político en Catalunya destapada en 2013.

Según la denuncia de la Fiscalía, además, muchas de las operaciones en Catalunya fueron realizadas en beneficio personal de Fernando Izaguirre. Entre las anomalías detectadas por la jefatura superior se encuentran documentos de transacciones comerciales que no se corresponden con la realidad.

Por su lado, Juan Diego Gallardo, señalado como uno de los responsables de las supuestas irregularidades en la DYA, constituyó a finales de 2013 en el Principado de Andorra una sociedad patrimonial llamada Medacorba Comercio Internacional. Este nombre entró en las quinielas de Artur Mas a la hora de elegir Consejero de Interior en 2010.
Contraespionaje en Catalunya

Además se vio involucrado en una trama de espionaje destapada en 2013. La agencia Método 3 y una empresa en la que figuraba como administrador el propio Gallardo, Intelligence Strategic Ten Group, fueron investigadas por su relación con una red de espionaje político y empresarial. Este habría contado con seguimientos, escuchas, informes patrimoniales, entramado de relaciones de amistades y personales y cuestiones de índole íntima.

Como acreditan las facturas halladas por los investigadores del caso, Intelligence Strategic Ten Group contrató en 2011 a Método 3 para espiar a la entonces vicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega, al Conseller Felip Puig, a Josep Maria Matas, excoordinador general de la Diputación de Barcelona y exsecretario general de la ACM, y a Xavier Solà, exnúmero dos del departamento de Cultura y exjefe servicios jurídicos de la ACM.

Asimismo, uno de los socios de Intelligence Strategic Ten Group, Juan Luis Martín Juárez, fue presidente de Interligare SL, una empresa que ya en 2012 había sido relacionada con otra trama de espionaje cuyo recorrido judicial terminó archivado en 2016.
 
Eulen, en el foco de la malversación

Juan Diego Gallardo y Fernando Izaguirre fueron los fundadores de Emergencia Plus Agrupación de Interés Económico, ahora en el foco de la investigación por malversación en la DYA. Como publicó David S. Olabarri, periodista de El Correo que hizo estallar el caso, ambos también han sido miembros de los consejos de administración de Global Formación Plus, Ambulancias Barcelona y Filia Advisors Group.

Además, fueron administradores de Intelligence Dossier Partners y Security & Safety Sistems Can Padró, dos empresas cuyo objeto social estaba dirigido a los servicios de información y productos de seguridad. Según el topo Mikel Lejarza, el exagente del CESID Fernando San Agustín habría tenido una parte del campo de entrenamiento de Can Padró cuando era propiedad de Eulen, empresa de seguridad vinculada a la carrera del exministro Jaime Mayor Oreja.

Eulen había montado el centro Can Padró para cursos de detección de explosivos, pero firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Ayuda en Carretera de Bizkaia en 2010 para dirigirlo a la formación de emergencias. En opinión de los actuales responsables de la DYA, Can Padró resulta determinante en la investigación por el desfalco de Fernando Izaguirre en la entidad. (...)

Toda una vida en el PNV

Los denominados “negocios extraños” de Fernando Izaguirre y Juan Diego Gallardo ya fueron objeto de una denuncia dirigida contra el primero que terminó siendo archivada en 2015 por la entonces Fiscal Jefe de Bizkaia, Carmen Adán, en la actualidad Fiscal Jefe de Euskadi. La denuncia mencionaba el centro de Can Padró y una serie de sociedades “pantalla” para “transacciones de dinero negro”. Y el querellante, Imanol Gómez, afirmaba: “estará contento el PNV… pero esta vez uno de sus miembros destacados en el Ayuntamiento de Galdakao y director de la entidad y alguno más de menos relevancia se libran”.

Si bien Fernando Izaguirre ha ostentado al cargo de Director de Atención de Emergencias y Meteorología desde el 26 de marzo de 2021, también fue coordinador general de la DYA entre 1992 y 2015. Formado como Director de Seguridad y Jefe de Seguridad, trabajó en el sector de la seguridad privada entre 2003 y 2014. Fue concejal de seguridad y emergencias en el ayuntamiento de Galdakao entre 2007 y 2019, segundo vicealcalde de entre 2015 y 2019, y candidato a la alcaldía por el PNV en 2019.

Mientras que el PNV remarcó que su candidato “lleva más de 30 años vinculado a la DYA”, el candidato se mostró “muy contento e ilusionado” ya que “es una sensación maravillosa sentirse valorado y respaldado por tus propias vecinas y vecinos”. Ahora se ha visto obligado a entregar el carné del partido tras comunicar su dimisión a Iñigo Urkullu y renunciar a su acta de concejal en Galdakao.

Izaguirre y Gallardo también habían sido administradores de Centro de Ayuda Especializada SL, empresa de la que fue apoderado Iñigo Lasuen, un exalcalde del PNV en Otxandio que en 2006 montó un chiringuito de sociedades privadas en un edificio de la Diputación de Gipuzkoa y ha venido compartiendo intereses empresariales con los exburukides Asier Atutxa y Eusebio Larrazabal."                         (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 29/04/22)

28.4.22

María Díaz de la Cebosa: la persona que puso en contacto a Luis Medina Abascal con Carlos, el primo del alcalde Almeida... la línea que atraviesa el Madrid más elitista

 "Los veinte minutos andando que separan la universidad privada College for the Intenational Studies y el despacho de abogados Martínez-Almeida ocupan un paseo plagado de domicilios donde reside el poder económico en Madrid. El centro de enseñanza está presidido por María Díaz de la Cebosa, la persona que puso en contacto a Luis Medina Abascal con Carlos, el primo del alcalde de la capital que ostenta el bufete con el apellido de la familia. Para tomar el camino más corto entre un lugar y otro es obligatorio atravesar la adinerada colonia de El Viso, habitual remanso de paz alterado estos días por las cámaras que buscan al comisionista Medina, ya sea sacando en bata al perro o esperando un taxi para acudir al juzgado.    

Para desmentir la afirmación del fiscal Luis Rodríguez Sol acerca de que Luis Medina y Carlos Martínez-Almeida mantienen una relación de “amistad”, el comisionista ha declarado en el juzgado que no conocía al primo del alcalde hasta que recurrió a su verdadera amiga, María Díaz de la Cebosa, directora de The College for the International Studies (CIS), donde el hermano del duque de Feria dice haber estudiado un año. Medina y su socio, Alberto Luceño, pasaron los primeros días del confinamiento, los de los cientos de muertos a diario, pensando en vender material sanitario a la Comunidad o el Ayuntamiento, las dos administraciones radicadas en la capital que están gobernadas por el PP; la tercera es el Gobierno central.

Uno de los dos comisionistas, el que tenía más abultada la agenda, escogió de su entorno a María Díaz de la Cebosa. Y ella pensó en el primo del alcalde como el modo en que podía ayudar a Luis Medina en su interés por hacer una oferta de material sanitario a la administración pública madrileña. Con esa operación, Luceño y Medina terminarían embolsándose seis millones de euros de dinero público. Dos acusaciones populares ya han pedido la declaración de María Díez de la Cebosa como testigo en el caso mascarillas para que arroje luz sobre cómo y por qué llegaron realmente los dos investigados hasta la responsable de compras del Ayuntamiento.

A falta de esas explicaciones hay un nexo público entre la presidenta de la universidad privada y el primo de Martínez-Almeida. En la misma dirección que el centro universitario que dirige Díaz de la Cebosa se radica la fundación Robert Fitzgerald Kennedy Human Rights, que también preside ella. Como secretario no patrono de esa fundación figura el abogado Carlos Martínez-Almeida. La Fundación dice en su web que se dedica la formación en derechos humanos y cuenta con un proyecto de “liderazgo”. Las acusaciones populares también quieren que el juez Adolfo Carretero cite al primo del Alcalde, unas como testigo y otras como imputado.

Una familia vinculada a las aguas públicas

María Díaz de la Cebosa está casada con Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, quien ha sido prácticamente todo en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II, desde gerente a director financiero. También presidió la filial Canal Extensia, que compró una empresa colombiana, Inassa, en una operación ruinosa para los madrileños y que es objeto de investigación por la Audiencia Nacional en el caso Lezo. 

Cienfuegos-Jovellanos resultó imputado, al igual que el resto de miembros del consejo de administración que autorizaron esa compra en 2001 y que supuso pagar un sobreprecio con dinero público de los madrileños de entre 23 y 35 millones de dólares, según Anticorrupción. La causa resultó archivada finalmente para Cienfuegos-Jovellanos y otras 14 personas, entre ellas Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, aunque este se sentará en el banquillo por el saqueo de la empresa pública del Canal que se investiga en otras piezas.

El marido de Díaz de la Cebosa aparece en el Boletín Oficial del Estado como miembro del patronato con el que se constituyó IUVE en el año 2000, una fundación vinculada a los Legionarios de Cristo. María Díaz de la Cebosa fundó asimismo en 1995 la ONG Cruzada por los niños, que desarrolla proyectos de ayuda al desarrollo en Mozambique y que en España tiene un acuerdo con la Fundación del Real Madrid. 

Las aguas públicas del Canal de Isabel II han estado vinculadas a María Díaz de la Cebosa desde su nacimiento. Su padre, Benito Díaz de la Cebosa, fallecido en 2001, fue un destacado ingeniero de la empresa pública durante el franquismo, responsable de grandes obras públicas como la presa del Atazar. Su marido Gaspar se desvinculó en 2008 del Canal de Isabel II para activar la puerta giratoria en los negocios del agua. Creó Professional Water & Partners, que se define como “una sociedad independiente española, constituida con el objeto de prestar servicios de alto valor añadido a inversores, empresas e instituciones públicas y privadas en el ámbito del sector del agua”.

El centro educativo que preside Díaz de la Cebosa se vende como “la universidad americana en España” y está ubicado en el distrito de Salamanca. En el CIS estudió, según El Periódico de España, Felipe Juan Froilán de Borbón, hijo de la infanta Elena. Un semestre en la universidad cuesta entre 9.884 y 12.871 euros. El centro cuenta con grados compatibles con el sistema estadounidense y entre sus infrecuentes ofertas educativas está la de un programa que permite compatibilizar estudios y las aspiraciones por convertirse en un jugador profesional de “soccer”, el nombre que el fútbol recibe en Estados Unidos. 

elDiario.es se puso en contacto con The College for the Intenational Studies para recabar la versión de los hechos de María Díaz de la Cebosa, pero no recibió respuesta. Una voz al otro lado del teléfono se disculpó por el ruido de fondo al producirse la llamada justo cuando salían “los niños”, en referencia a los estudiantes universitarios."                        ( Pedro Aguado, eldiario.es, 27/04/22)

4.2.22

"Hay un conflicto de intereses entre los políticos y las reformas para acabar con la corrupción"... hay una corrupción estructural de tipo político y las cifras de cargos políticos implicados en corrupción sí que se parecen a las de algunos de los países más corruptos del mundo... los grandes próceres del país continuamente hacían exaltaciones patrióticas mientras estaban desviando el dinero a la cartera. Esto en la dictadura de Franco llegó a sus máximos niveles, pero han sido también habituales los casos de corruptos en la democracia que antes de conocer sus fechorías hicieron grandes apelaciones a España y a la patria... si se aplicaran las reformas estructurales contra la corrupción para elevar la calidad institucional, España incrementaría en un 20% su PIB per cápita en un periodo de 15 años... Es posible que las reformas que se tendrían que acometer restaran poder interno a las élites dirigentes. Un ejemplo: hay cerca de 100.000 personas que son cargos de designación, cargos de confianza de los partidos, cargos nombrados a dedo; esto no tiene equivalente en Europa

 "El juez Joaquim Bosch ha elegido un título muy llamativo para su nuevo libro, un ensayo de ágil lectura y a la vez concienzudo en los datos sobre la corrupción en España, sus causas, su origen y sus posibles soluciones. La patria en la cartera, publicado por Ariel, es el fruto de "un gran esfuerzo de investigación" sobre uno de los fenómenos patrios por antonomasia: la corrupción. 

Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia), compatibiliza su labor judicial con intervenciones mediáticas sobre asuntos de actualidad en las que suele destacar por su claridad y rotundidad. En su nuevo libro, despliega el mismo estilo apacible pero contundente con el que invita a profundizar y a reflexionar como armas de empoderamiento social.

En alusión al título de su libro, ¿suelen ser más corruptos los autodenominados patriotas?

Es una dinámica habitual en la historia de nuestro país que gran parte de los corruptos hagan apelaciones constantes a sus servicios a la patria. Y esto es así desde el siglo XIX; digamos que los grandes próceres del país continuamente hacían exaltaciones patrióticas mientras estaban desviando el dinero a la cartera. Esto en la dictadura de Franco llegó a sus máximos niveles, pero han sido también habituales los casos de corruptos en la democracia que antes de conocer sus fechorías hicieron grandes apelaciones a España y a la patria.

Asegura que en España la corrupción no es sistémica o transversal, sino que se concentra en el ámbito político a niveles muy elevados, ¿por qué ocurre esto?

No vivimos en un país de corrupción sistémica como otros que sí la tienen, en la que la corrupción alcanza a los funcionarios, a la Policía, a los jueces. En ese sentido hemos mejorado, pero, en cambio, sí que hay una corrupción estructural de tipo político y las cifras de cargos políticos implicados en corrupción sí que se parecen a las de algunos de los países más corruptos del mundo. 

Esto tiene que ver con la dictadura y con el tránsito a la democracia. Es evidente que gran parte de los políticos de la nueva democracia procedían del entorno de Franco, sin experiencias democráticas previas por razones obvias, pero lo mismo les ocurrió a los partidos que venían de la oposición al franquismo, que tuvieron que desarrollar su actividad en las catatumbas de la clandestinidad y esto tampoco generó hábitos democráticos. Las dinámicas de la transición llevaron a un sistema de partidos muy jerarquizados, opacos, con cúpulas con un poder enorme y que los hábitos sociológicos del franquismo no llegaron a transformarse, sino que en algunos casos llegaron a aprovecharse de leyes del franquismo que facilitaban la corrupción. Esto explica que en gran parte la corrupción se mantuviera en los ámbitos políticos. Todas las redes clientelares del franquismo se convirtieron en redes clientelares de los principales partidos en democracia.

Otro dato alarmante que ofrece: si se aplicaran las reformas estructurales contra la corrupción para elevar la calidad institucional, España incrementaría en un 20% su PIB per cápita en un periodo de 15 años, según datos del Banco Mundial, entre otros indicadores. 

Los economistas expertos nos dicen que si tras la muerte de Franco se hubiera acabado con las prácticas corruptas, nuestra renta per cápita sería superior a la media europea y a un nivel similar a la de Finlandia. Es que las diferencias principales de España respecto a otros países europeos con mayor calidad de vida no se deben a nuestro potencial, productividad, formación... No es un problema de productividad económica sino de cómo funciona el sistema institucional y de que hay muchos recursos económicos; pensemos en la cantidad de millones de euros que se adjudican en obras públicas y que están contaminados por la corrupción.

¿Por qué no se resuelve este problema? ¿No hay voluntad política para acabar con la corrupción?

Mi impresión es que hay un conflicto de intereses entre los principales políticos y sus cúpulas dirigentes y las reformas que habría que acometer. Es un asunto complejo, porque los principales líderes políticos no son corruptos, salvo excepciones. Es posible que las reformas que se tendrían que acometer restaran poder interno a las élites dirigentes. Un ejemplo: hay cerca de 100.000 personas que son cargos de designación, cargos de confianza de los partidos, cargos nombrados a dedo; esto no tiene equivalente en Europa. Nuestra calidad institucional mejoraría mucho si acabáramos con estas prácticas. Uno de los grandes problemas de la corrupción es que los controles internos fallan porque no son independientes. Los altos cargos de la Administración están vinculados a estas prácticas. Con este tipo de nombramientos, los dirigentes consiguen muchas adhesiones, mucha influencia. Estos conflictos de intereses... Tengo pocas dudas de que no hasta ahora no habido voluntad política para acabar con la corrupción.

Una de sus fuentes de estudio para este libro han sido centenares de sentencias sobre corrupción. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en este sentido?

El perfil más presente es la facilidad que ha habido en España para corromperse y esto viene de antiguo. En el franquismo se permitía un amplio margen de maniobra para adjudicar. Esto unido a los nombramiento a personas cercanas al Movimiento Nacional y a las élites políticas de la dictadura les permitía un control directo de las instituciones. Ya en democracia se ve lo fácil que ha sido desviar el dinero a las tramas corruptas y a los partidos que se han beneficiado. Las figuras más habituales son el cohecho o el soborno, la prevaricación y la concurrencia de delitos fiscales. Ha habido casos de un enriquecimiento muy importante del político que no se sabe de dónde ha salido.

¿La impunidad es también recurrente en España?

Sí, sin duda ninguna, porque la corrupción que llega los juzgados es la punta del iceberg. El 90% de los autores de hurto no los vamos a conocer; con más razón a los responsables de estos delitos corruptos que tienen instrumentos de ingeniería financiera; tienen más medios los corruptos que los jueces para perseguirles. En  todos los estudios europeos sobre nuestro país, se dan unos niveles muy altos de corrupción que deberían traducirse en algos niveles de condenas y es al revés.

"El Gobierno gobierna, la banca administra y el español trabaja", esto lo dijo José María Aguirre Gonzalo, banquero y procurador de las Cortes franquistas.

Esa fue la visión de la dictadura. La concepción de que los ganadores de la guerra se beneficiaran y se repartieran el botín estuvo hasta el final de la dictadura. Los sectores que apoyaron al bando ganador se beneficiaron; por ejemplo, a las eléctricas se les concedió la regulación pública del sector. Hubo una simbiosis entre el mundo de la política y el de la empresa. 

¿Franco no quiso atajar la corrupción porque él mismo era corrupto?

Franco era un corrupto en una dictadura inmersa en la corrupción, que es algo inherente a los regímenes totalitarios. Además entendió que la corrupción era un instrumento esencial para tener satisfechas a las familias del régimen, los intereses económicos unen más que los ideológicos, por eso ignoraba las denuncias de corrupción que le llegaban.

Otra cita que recoge su libro es la pronunciada por el banquero Juan March: "Todo hombre tiene su precio y si no lo tiene es que no vale nada". No suena muy decente esto...

Es que este hombre, considerado el empresario más sobresaliente del siglo XX en España, basó buena parte de su trayectoria en el soborno. Se enriqueció gracias a sus relaciones con cargos políticos y a los sobornos.

Lo que llevarse el dinero negro a Suiza no es de ahora...

Efectivamente, fue muy habitual en la dictadura que grandes empresarios y políticos, se llevasen el dinero fuera por si el régimen caída y así tener reservas fuera. Por lo general, ha habido poca ética fiscal. 

La ejemplaridad debe ser de arriba a abajo, pero casos de corrupción como los que salpican al rey emérito, por ejemplo, ¿han provocado que la sociedad española pueda ser más permisiva, más tolerante con la corrupción?

Hemos mejorado bastante. Uno de los efectos de la dictadura fue esa aceptación de la corrupción como algo natural; es normal porque duró mucho tiempo. A finales de los años ochenta, todavía en los estudios europeos se destacaba que en España la primera virtud que se le exigía a un político no era la honradez. En la crisis de 2008, se puso más la lupa en la prácticas corruptas. La sociedad empezó a ser menos permisiva.

Como casos de corrupción del siglo XXI destaca 'Gürtel', el caso de los 'ERES' de Andalucía y el caso 'Nóos'. ¿Por qué son emblemáticos estos casos?

'Gürtel', porque los hechos probados de la sentencia nos dicen que no estamos ante cuatro manzanas podridas sino ante un eficaz sistema corrupto. Fue un caso muy relevante: un trama de sobornos que de manera sucia conseguía dinero y permitía al propio partido conseguir millones de euros. El caso de los 'ERES' tiene matices diferentes pero nos muestra estructuras clientelares que han movido millones de euros para facilitar el mantenimiento del poder. Y el caso 'Nóos' tiene la particularidad de que hay personas, y así lo dice la sentencia, a las que se les dio un trato de privilegio por tener cercanía con la Casa Real. 

¿Sería más eficaz la lucha judicial contra la corrupción con vocales del CGPJ elegidos por la carrera judicial?

Ese es el sistema que se funciona en los países europeos democráticos y es el sistema que nos está diciendo continuamente el grupo GRECO del Consejo de Europa, la Comisión Europea y todo tipo de organismos internacionales que debería seguir España. Sé que hay una artillería continuada de todos los partidos políticos para que esto no cambie pero tenemos que preguntarnos si no quieren que cambie porque precisamente el actual sistema permite a los partidos controlar la Justicia con todas las secuelas que tenemos a diario en el país.

Usted aporta posibles soluciones en su libro y habla de un reforma del Tribunal de Cuentas. ¿En qué sentido?

Que los partidos no se repartan por cuotas un órgano tan importante que supervisa la gestión económica de las administraciones y también el funcionamiento interno de los partidos. Tiene poco sentido que vocales repartidos entre las fuerzas políticas luego investiguen las cuentas de las propias fuerzas políticas. Al mismo tiempo hay que mejorar los mecanismos de imparcialidad  y los recursos con los que cuentan los técnicos del Tribunal de Cuentas y definir mejor sus competencias.

¿Qué habría que hacer con la inviolabilidad del rey para prevenir posibles corrupciones e impunidades?

Un jefe de Estado de un país democrático, sea una república o una monarquía parlamentaria, no puede tener privilegios injustificados. Cualquier diferencia de trato con el resto de los ciudadanos debe tener una función que cumplir. Puede haber algunas figuras que den protección jurídica a cargos determinados siempre que estén muy relacionados con lo que hace el cargo y que fortalezca las instituciones. Lo que carece de sentido es que un jefe de Estado pueda cometer delitos al margen de sus funciones y que esto no tenga ninguna consecuencia jurídica. Es una protección desmesurada y una pasarela a que un jefe de Estado pueda cometer delitos y a la impunidad. Por lo tanto, debería regularse de otra manera. 

¿Es necesario el aforamiento de los cargos públicos?

Vuelve a ser una protección desmesurada que provoca que haya tribunales solo para políticos, que es una quiebra de la igualdad ante la ley, y al mismo tiempo genera esas presiones para controlar la cúpula judicial y para que en aquellos tribunales que juzgan a los aforados, como es el Tribunal Supremo y los TSJ pueden producirse injerencias y presiones para la configuración de esos tribunales porque precisamente juzgan a esos aforados. Deberíamos ir a medidas de supresión de esos aforamientos.

¿Qué puede hacer la sociedad frente a la corrupción?

Yo creo que hay un problema de ética ciudadana. Es importante crear infraestructuras éticas, también en el ámbito educativo, para que no puedan darse esos fenómenos de lo que llamo 'electorado corrupto'. Ciudadanos que en el conocimiento de que un alcalde, por ejemplo, es corrupto lo votan porque creen que pueden beneficiarse, que no es tan importante que un cargo público tenga una conducta deshonesta. En otros países democráticos la ciudadanía es mucho más exigente. Debe producirse un empoderamiento social frente a la corrupción."                  (Ana M. Pascual, Público, 25/01/22)

7.1.22

Un nuevo informe de la UCO afirma que Zaplana blanqueó 4,4 millones en mordidas procedentes de las ITV y el plan eólico

 "Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntala la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción en la que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de hasta 11 millones de euros en mordidas procedentes de adjudicaciones vinculadas al Plan Eólico y a la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en el marco del 'caso Erial'.

Este tercer informe de la UCO se centra en la fórmula que utilizó el también exministro de Trabajo en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno para repatriar y blanquear hasta 4,5 millones de euros procedentes de Imision Internacional, una de las empresas pantalla vinculadas a Zaplana a través de las que cobraron las presuntas mordidas. 

 Según detalla la Guardia Civil en el mencionado documento que ha avanzado el diario El Plural, "la trazabilidad de los fondos ha venido a determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva".

Así, la trama corrupta habría creado una red de empresas con el objetivo de retornar a España y blanquear los mencionados fondos procedentes de Imision y para eso llevaron a cabo diferentes adquisiciones como una casa en la calle de Núñez de Balboa en Madrid valorada en 1,6 millones de euros, la reforma del piso con un coste de 91.250 euros, la compra de electrodomésticos por valor de 21.000 euros y la contratación de la empleada del hogar para ese piso.

Un reloj de 20.000 euros

También se habría hecho efectiva la adquisición de un reloj de 20.000 euros, la adquisición de dos áticos en Altea (Alicante) con un coste de 394.000 euros, así como la compra de un barco de 114.905 euros. Por último, los agentes citan la compra de varias parcelas en la Vila Joiosa (Alicante) por importe de 2,1 millones de euros.

El anterior informe de la UCO del 6 de febrero de 2020, publicado por elDiario.es, se centra en el entramado de empresas creadas en el extranjero para distribuir el dinero procedente de las presuntas mordidas, para su posterior repatriación y blanqueo.

Según ese documento, Fernando Belhot, reconocido testaferro del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, utilizó un entramado internacional de empresas para repatriar y blanquear más de 11 millones de euros atribuidos al expolítico de Cartagena y sus socios españoles.

La sociedad holandesa de Belhot se llama Natland. Desde ahí, un total de ocho millones de euros pasan por sociedades en países como Panamá, Uruguay, Suiza, Dubái o Austria y se van repatriando a España a través de inversiones, transferencias o directamente en metálico.

En su declaración judicial, Belhot asegura que "más o menos se le entregó a Zaplana en estos 7–8 años 770.000 euros de una cuenta, 615.000 de la otra y 1.040.000 euros de una cuenta en dólares". "Él –en referencia a Zaplana– nunca fue a recibir dinero, el dinero un 90% o 95% de las veces lo recibía su secretaria, la señora Mitsouko Henríquez, porque el tema funcionaba", explica el testaferro uruguayo, que devela que los pagos se realizaban a través de un agente de cambio.

Esos pagos en metálico y otras transferencias se realizaron desde una decena de sociedades, como explica el esquema de la UCO que reprodujo este diario. Desde Natland (Países Bajos) se transfirieron los fondos a la sociedad Desfey (Uruguay), que a su vez repartió el dinero por las empresas Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot González Lerena (Austria), Valcana Enterprises (Suiza–Panamá) y Wepell Corporation (Uruguay). Desde esas sociedades, un agente de cambio entregó dinero en España en metálico y otra parte de los fondos se depositaron en Suiza en una cuenta de Belhot, unos tres millones de euros.

Zaplana niega los hechos

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, señala, tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa aportado al Juzgado de Instrucción número 8 de València que instruye el caso Erial, que ese atestado es un "nuevo reciclado" del "mismo material" ya "reutilizado" en anteriores documentos, que se basa en "sospechas, conjeturas y presunciones", según han señalado fuentes del entorno del exdirigente 'popular'.

Desde el entorno del exministro ven "destacable" que, tras seis años de investigaciones por la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción, "no exista una evidencia directa" de que Zaplana "participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en extranjero".

"Todo ello confirma la certeza de lo manifestado por Zaplana desde el inicio de la instrucción acerca de su absoluta falta de participación en la adjudicación de proyectos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana o de concesiones de ITV, y que ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España", indican las mismas fuentes.

En esta línea, afirman que Zaplana "no pierde la confianza en que, en algún momento, se le permitirá acreditar esta realidad mediante la práctica de la prueba de descargo que hasta ahora se le ha negado".            (Carlos Navarro, eldiario.es, 04/01/22)

21.7.21

Pocos personajes han retratado mejor a las élites políticas y empresariales de este país que el Pequeño Nicolás: para ser parte de ellas, a veces basta con fingirlo... aunque sea al estilo Groucho Marx...Tres años de cárcel para El Pequeño Nicolás por hacerse pasar por emisario del Rey

 "Al entrar en la cárcel por practicar un reconocible modo de estar español en ciertos círculos (presentarte siempre de parte de alguien o diciendo que lo tratas “mucho”, la apariencia social como pasaporte profesional, decir quién te está llamando cuando coges el teléfono en la mesa, etcétera) Francisco Nicolás Gómez Iglesias (El Pequeño Nicolás en los periódicos) podrá perfeccionar ahora ese modo de estar hasta extremos impensables. Si en los colegios caros y en las juventudes de un partido puede tejerse un adolescente una red de contactos tan grande como la de un ministro, en prisión se encontrará de golpe con los dos ambientes y el que le faltaba, el de los sicarios. “Ya estamos todos”, como le dijo un jugador del Madrid a otro cuando les estaban pintando la cara en Turín y vieron que entraba en el campo Freddy Rincón.

 Pocos personajes han retratado mejor a las élites políticas y empresariales de este país que el Pequeño Nicolás: para ser parte de ellas, a veces basta con fingirlo. Hasta el extremo que dé igual tu edad, a la manera de Groucho Marx: “Esto lo podría hacer hasta un niño de dos años, traedme a un niño de dos años”. Define tanto a una sociedad quien consigue medrar en ella como a costa de quiénes lo consigue, y esa es la vieja lección que enseña involuntariamente el condenado. Enseña todo lo que se le puede hacer bien vestido a unos señores impresionables que tienen ganas; ganas de conocer a la gente que el Pequeño Nicolás les decía que conocía; ganas de hacerse con contratos que el Pequeño Nicolás les decía que conseguiría; ganas de entrar en palacios, estadios y salones a los que el Pequeño Nicolás entraba y les prometía que entrarían. Todo ello mientras esquilmaba uno a uno con promesas de inversiones o sin ellas, sólo por favores futuros o por diversión, préstamos personales que configuraban una bellísima estafa piramidal basada en la confianza y el cariño, dos emociones tan desconocidas en ese mundo que nadie sabía luego cómo recuperar el dinero.

“Me mandaron a un colegio en el que todos eran ricos menos yo. Me dije: ‘Tengo que tener ese nivel de vida”, le dijo Francisco Nicolás Gómez a Pablo Ordaz. Es una frase brillante que está detrás del origen de grandes obras de la literatura universal, de condenas a prisión y de asesinatos célebres. También de carreras profesionales hechas a base de resentimiento, que suele ser un combustible potentísimo. “Lo enviamos a un colegio elitista porque queríamos que se hiciera con amigos importantes”, dijo su madre en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, que es donde se pronuncian estas frases. Ella y tantos saben que la primera consecuencia de entrar en un círculo exclusivo es creer que perteneces a él.

 “Vales lo que vale tu agenda”, “¿sabes con quién estás hablando?”, “tengo que presentarte a alguien”, “pórtate bien con mi amigo”, “si entras tú, sacamos el doble”, “soy el relaciones” (esto se lo dijeron a una amiga hace poco, luego supimos que para hacerse respetar; ella entendió que era conocido como El Relaciones de igual manera que también existe El Rulas). Este fenómeno, que es un fenómeno muy madrileño, tiene consecuencias también muy madrileñas, que casi nunca son las que ha sufrido el Pequeño Nicolás porque él, al contrario que los pequeñosnicolases con los que fue a parar, no era rico, y hay lugares en Madrid en los que sólo es rico quien tiene unos padres ricos, da igual lo rico que sea él. Se llama clase social y no se entra con invitación."               (Manuel Jabois, El País, 21/07/21)

 

 "Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, suma una nueva pena de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por emisario del rey Felipe VI y de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen, según han confirmado fuentes de su defensa a EL PAÍS.

 El acusado, de 27 años, que se sentó en mayo en el banquillo por dos de los cuatro juicios que tenía pendientes, ya fue sentenciado el pasado 2 de junio a otro año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo se presentase en su nombre al examen de Selectividad.

Según esta nueva resolución, avanzada por la agencia Efe y que la defensa tiene pensado recurrir, la sección 17 de la Audiencia de Madrid considera al Pequeño Nicolás culpable de dos delitos: uno de usurpación de funciones públicas, por el que le impone una pena de nueve meses de cárcel; y otro de cohecho activo, por el que dicta dos años y tres meses de encierro en un centro penitenciario. La Fiscalía pedía, en cambio, que se le condenase a siete años de prisión, pero los jueces han aplicado finalmente las atenuantes “de anomalía psíquica y dilaciones indebidas”, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. También han descartado el delito de falsedad documental, que solicitaba la acusación pública.

El episodio de Ribadeo se produjo en el verano de 2014, apenas dos meses después de la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo Rey de España. Para entonces, según los jueces, Gómez Iglesias ya se había “introducido en determinados círculos relevantes”. Tanto políticos y de la Administración del Estado, como empresariales. En este contexto, el 13 de agosto de aquel año, una comitiva de vehículos partió del paseo de la Habana de Madrid rumbo al municipio de Lugo. En su interior, viajaba El Pequeño Nicolás, junto a dos policías locales, Jorge González y Carlos Pérez, que también se sentaron en el banquillo, acusados de cooperar con él. A estos dos últimos, entre otras funciones, se les atribuyó que simularon labores de vigilancia y escolta para ayudar con el engaño. Pero solo ha acabado condenado González a tres años de prisión por cohecho pasivo (al recibir “una cantidad no concretada”, según el tribunal), mientras que Pérez ha resultado absuelto (al no haberse probado que “hubiese pactado una retribución”).

Días antes del viaje, El Pequeño Nicolás había contactado con las autoridades municipales para avisar de que acudiría una persona cuya identidad no podía revelar “por razones de seguridad nacional”. Y a Jorge Cosmen, además, le dijo que le acompañaría “alguien muy importante de la Casa Real”, según aseguró el empresario durante la vista oral.

El juicio, celebrado el pasado mayo, puso sobre la mesa los tejemanejes del joven en aquellos días. No solo el presidente de Alsa insistió en que Gómez Iglesias se le presentó como “enlace” entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real —incluso, durante la comida, fingió que recibía una llamada de Sáenz de Santamaría, según contó Cosmen—, sino que otros testigos apuntaron en la misma dirección. Tanto el jefe de la Policía Municipal de Ribadeo como el presidente del Club Náutico de la localidad gallega, donde se encuentra el restaurante que acogió el almuerzo, aseguraron que días antes recibieron sendas llamadas del Pequeño Nicolás donde se identificó de la misma forma. Su engaño adquirió tal dimensión, que varios coches de la policía local escoltaron a la comitiva a su llegada a Ribadeo.

Sin embargo, Gómez Iglesias optó por echar balones fuera durante la vista oral. El joven negó que se hiciese pasar por emisario del Rey y del Gobierno: “Yo quería parecer una persona importante, nunca una autoridad […] De hecho, ese cargo no existía”, insistió ante el tribunal: “Lo que yo quería era tirarme el pisto con el empresario y hacer un viaje pomposo”, dijo: “Quería asemejarme a los mayores y hacerme creer poderoso, parecer una persona importante”. Pero la Abogacía del Estado, que también lo acusaba, le reprochó su actitud: “Se atribuyó la condición de secretario de Estado, de director general o de subdirector, (...) porque todos los miembros del gabinete de la vicepresidenta tienen esa condición”.

“Trastorno de la personalidad”

El tribunal considera que las maniobras del acusado estuvieron condicionadas por un “trastorno de la personalidad” que padece, según creen probado los magistrados, que le atribuyen “características narcisistas y de rasgos inmaduros”. Los magistrados también aprecian un “trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva, situación que le condicionaba la percepción de la realidad, limitando levemente sus facultades cognitivas”. “Solo desde la manifiesta inmadurez propia de los pocos años y de la existencia de determinado trastorno, que habría de generar una interpretación peculiar de la realidad, puede darse explicación a la actuación que protagonizó Gómez Iglesias llevando a cabo el delito de usurpación de funciones”, remacha la Audiencia Provincial: “Porque, por un lado, estaba condenado a descubrirse. Y, por otro, solo desde el punto de vista del trastorno psiquiátrico podría explicarse su comisión”.

Además de las dos sentencias que ya acumula por los dos juicios celebrados en mayo, El Pequeño Nicolás tiene otras dos causas pendientes. La primera, por la supuesta estafa a un empresario de Toledo haciéndose pasar por asesor del Gobierno, en la que el ministerio público solicita para él seis años de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa. Y la segunda, por obtener datos de policías y del Ayuntamiento de Madrid a cambio de favores, todo con la intención de hacerse pasar por un alto cargo del Estado para ofrecer ayuda a terceros a cambio de dinero; donde la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de prisión.

Descargue aquí la sentencia completa"                (J. J. Gálvez, El País, 20/07/21)

5.2.21

La confesión de Bárcenas, párrafo a párrafo ...

 "La declaración del extesorero del PP muestra la línea que une los sobresueldos en negro, la caja B, las presiones a los jueces, las mordidas de la obra pública, la cloaca policial, el secuestro de la familia Bárcenas y la manipulación del mayor atentado terrorista de la historia de España 

 Documento en PDF — Declaración íntegra de Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción

 "LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ, con DNI (XXXX) y con domicilio en (XXXX) de Madrid, MANIFIESTA:

1.- COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

 Mi voluntad de colaborar con la Justicia en los distintos procedimientos a los que haya lugar, tanto en la presente pieza 'INFORME UDEF.BLA No 22.510/13', como aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o en plena instrucción".

Bárcenas tira de la manta y lo hace en un mal momento para el Partido Popular. Y no solo porque estemos en campaña electoral. 

El próximo lunes empieza el juicio de la pieza "No 22.510/13"; más conocido como el juicio de la caja B. Allí se decidirá sobre algo muy concreto y muy pequeño, en relación a todo lo que ha ocurrido en estos años en el PP: si el partido pagó en negro las obras de reforma de su sede. 

En ese juicio, en el banquillo de los acusados, no estará Rato. Ni Cascos. Ni Acebes. Ni Arenas. Ni Cospedal. Ni ningún otro entre los muchos dirigentes del PP que todos los indicios apuntan que cobraron sobresueldos en negro de esa caja B. Solo se juzga al extesorero –Luis Bárcenas– al gerente –su segundo, Cristóbal Páez– y al arquitecto que cobró el dinero negro del PP. Aznar y Rajoy tendrán que declarar, pero solo como testigos. 

También hay un responsable civil: el Partido Popular. Que se juega una nueva condena por corrupción, aunque sus principales dirigentes no hayan sido siquiera imputados por todo lo que pasó. 

"En el presente escrito sólo hago referencia a los hechos referidos a la pieza: 'INFORME UDEF.BLA No 22.51O/13', sin perjuicio de los que, posteriormente, pueda presentar en las piezas que corresponda al fin de colaborar con la Justicia".

Esas otras piezas de las que habla Bárcenas pueden tener aún más gravedad para el PP que el juicio de la caja B. Hablamos de la Púnica, de la segunda parte de la Gürtel, de la Operación Kitchen y especialmente de la investigación abierta en la Audiencia Nacional que intenta acreditar algo que Luis Bárcenas apunta en su confesión: que una parte de esos "donativos" de constructores al PP eran a cambio de obras públicas que adjudicó el Gobierno de Aznar. 

"Quiero poner de manifiesto que esta colaboración ya partió con mi primera declaración de 15 de julio de 2013, que pudo ser más amplia, más no lo fue siguiendo la recomendación del que entonces era mi abogado".

En aquel momento, su abogado era Javier Gómez de Liaño. Ya era el segundo que lo defendía. Los primeros –Miguel Bajo y Alfonso Trallero– lo abandonaron cuando entró en prisión y empezó a amenazar, por primera vez, con tirar de la manta. Después supimos que, en esos años, el PP pagó más de un cuarto de millón de euros a Miguel Bajo

"A esto tengo que añadir, que mi segunda declaración en la pieza de los papeles, no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez, que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar –a través de intermediarios– de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia del dictado de la sentencia de la pieza de Época l.

De hecho, ya hice constar en mi declaración del 15 de julio que había recibido presiones con el fin de guardar silencio y no incriminar, ni manchar el buen nombre del que era mi partido ante el riesgo de que mi mujer pudiese entrar en prisión".

"Si hablas, tu mujer irá a prisión: si callas, caerá Gallardón y se anulará el proceso". La amenaza le llegó a Luis Bárcenas la primera vez que fue encarcelado, en la primavera de 2013, en un locutorio para visitas de la cárcel de Soto del Real. Fue después de que Bárcenas amagara por primera vez con destapar la verdad sobre la financiación ilegal del PP. El recado le llegó a Bárcenas, según su versión, a través de dos abogados muy cercanos al Partido Popular

El PP no cumplió su compromiso con Luis Bárcenas. Cayó Gallardón como ministro de Justicia, pero la Gürtel no se anuló. Luis Bárcenas está cumpliendo una condena de 29 años de cárcel –y aún le quedan más sentencias por llegar–. Y su mujer ha entrado, hace escasos meses, en prisión

Luis fue fuerte, como le pidió Rajoy en aquel famoso SMS, pero el PP no cumplió. Aunque nadie puede negar que sus dirigentes no se esforzaron en el empeño. En varias ocasiones el PP intentó anular las pruebas y después la condena de la Gürtel. Sacaron de la carrera judicial al primer juez que investigó el caso –Baltasar Garzón–. Y durante años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –de mayoría conservadora, dominado por los vocales nombrados por el PP de Rajoy– mantuvo a un juez en precario, Pablo Ruz, al frente de la investigación de este importante caso de corrupción. 

A Ruz le renovaban la plaza desde el CGPJ cada seis meses, hasta que decidió ordenar un registro en la sede del PP. Tras ese atrevimiento, Ruz tuvo que abandonar la Audiencia Nacional y regresar a otro juzgado más modesto, en Móstoles. Un mensaje muy clarito, para toda la carrera judicial: ya sabes lo que hay que hacer para ascender.

Luis fue fuerte, mientras Rajoy cumplió su parte del trato. Ese "hacemos lo que podemos" que el entonces presidente le prometió por SMS. Fue un empeño metódico y muy eficaz. 

Entre otros ejemplos, el CGPJ también maniobró para apartar al juez más incómodo para el PP –José Ricardo de Prada– de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión tras la primera condena, aún no firme, de la Audiencia Nacional. 

El voto de calidad de Carlos Lesmes –presidente del Supremo y ex alto cargo con Aznar– desempató en el CGPJ para que De Prada no pudiese estar en el tribunal que iba a decidir si la mujer de Bárcenas entraba en prisión en 2018. Gracias en parte a esa decisión, la mujer de Bárcenas se libró por unos años. Y el PP, por un tiempo, también respiró.

"El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión, me hizo creer, inocentemente, en la promesa –por parte del Partido Popular– que unos meses después a esta primera declaración de 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado.

De ahí que firmara –podíamos llamar– 'la paz' con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular".

En septiembre de 2016, Luis Bárcenas retiró la acusación contra el PP por la destrucción de sus discos duros. En aquel momento Bárcenas argumentó que lo hacía también por España: para facilitar la investidura de Rajoy, que finalmente logró con la abstención del PSOE tras dos elecciones.

Gracias en parte a esa decisión de Bárcenas –y a la posición de la Fiscalía que atacó la credibilidad del extesorero por sus cambios de versión–, el PP se libró de otra condena. El partido y tres de sus empleados estaban acusados de destruir pruebas. El juez Ruz le había pedido al PP que entregara en el juzgado los ordenadores de Bárcenas y el PP los mandó… después de que los informáticos del partido se encargaran de que no quedara rastro de su contenido. También ellos fueron absueltos en el juicio. 

"Si me hubiera podido quedar ánimo de guardar silencio por lo que alguien podría llegar a entender como una lealtad mal entendida, lo cierto es que me ha resultado desalentador el conocimiento de los hechos que están siendo instruidos en el Juzgado Central 5 de la A. N., en concreto en la operación Kitchen, que revelan el montaje de seguimientos y vigilancias ilegales –no acordadas judicialmente– e incluso, con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales.

Estas actuaciones han llegado hasta el punto de lograr la sustracción de documentación sensible al Partido Popular, de la que es buen ejemplo el robo en el estudio de mi mujer donde desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y a otras que están siendo investigadas en otras piezas.

A esto hay que añadir, nada menos, que el secuestro y las amenazas de muerte sufridas por mi familia, en nuestro propio domicilio familiar, por el llamado falso cura, que pueden dar una buena idea de la presión y sufrimiento que venimos padeciendo durante todos estos últimos años".

Bárcenas se refiere aquí a la llamada Operación Kitchen: esos seguimientos ilegales que organizó la cloaca del Ministerio del Interior, con Villarejo al frente de la operación, para encontrar y destruir las pruebas que Bárcenas y su familia guardaban contra el Partido Popular. Entre otras lindezas, ese confidente policial disfrazado de cura que secuestró a punta de pistola a la familia de Luis Bárcenas en su propia casa al grito de "dónde está el puto pendrive".

Las evidencias que ha encontrado la investigación judicial sobre este asunto son bastante abrumadoras. Entre otras, la confesión de uno de los protagonistas de ese operativo, el ex número dos de Interior, que mira su futuro en el espejo de Luis Bárcenas, hoy en prisión. La moraleja es obvia: los pactos de silencio con el PP no suelen acabar bien. 

"Llevo privado de libertad casi cuatro años y medio, y esta situación hace que uno piense en los errores que he podido cometer en la vida, el mal que he podido inferir a la sociedad fruto de una España en la que todo valía. Soy consciente de estos errores, y del dolor infringido [sic] a mi mujer y mi hijo. Un sufrimiento de los que no son merecedores.

Todas estas circunstancias me han llevado a presentar este escrito y ofrecer mi colaboración con la justicia".

A efectos judiciales, esa colaboración llega un poco tarde. Puede ser un atenuante para las causas que aún tiene pendientes, pero no le va a librar de pasar una larga condena en prisión. Ni a él ni tampoco a su mujer. 

"He de decir, que desde el año 1982 –que se describe en mi escrito de defensa con referencia a los diferentes periodos– existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos, y que en lo que afecta a los hechos que se enjuicia en esta pieza, parten del periodo de 2004 a junio de 2008, siendo ya: Presidente, D. Mariano Rajoy; Secretario General, el Sr. Aceves [sic]; y tesorero, D. Álvaro de Lapuerta".

Han leído bien: 1982, hace casi cuatro décadas. La caja B del PP existe desde que el partido se llamaba AP; de toda la vida. Hoy Luis Bárcenas lo confiesa por escrito. Pero es un dato que los lectores de elDiario.es ya sabían. Conviene repasar esta investigación que publicamos en 2015, hace ya seis años, cuando accedimos a los papeles de Naseiro: la primera caja B. 

"En el ejercicio 2007, existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela –contabilidad B– por cuantía de unos 500.000 €, y en el ejercicio 2008, de algo más de 1.000.000 €, de los que se destinaron, en torno a 900.000 €, con cargo a aquellos fondos –B– a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova número 13.

Estos fondos –caja B– se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, que básicamente, y para evitar innecesarias repeticiones, son las que constan en el auto de apertura de juicio oral, a la página 34 a 37".

Son las siguientes empresas: Sando, Azvi, OHL, Sacyr-Vallehermoso, Constructora Hispánica, Aldesa Construcciones, FCC, Construcciones Rubau, Degremont Ibérica, Cyopsa-Sisocia, Romero Polo, Copasa, Licuas, Bruesa, Urazca, Sorigue-Acsa y Sedesa.

"Estos donativos se realizaban con entregas realizadas en metálico que se hacían directamente a Álvaro de Lapuerta, estando yo presente en algunas de ellas.

El motivo por el cual Álvaro percibía directamente estos donativos era porque se trataba de persona de la máxima confianza del Partido y la persona designada de poner en conocimiento –si fuera el caso– al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública".

Álvaro Lapuerta también quiso tirar de la manta. Fue solo unos días antes de que tuviera un sospechoso accidente, a la puerta de su domicilio, en circunstancias que su propia familia calificó como "extrañas", y que llegó después de que el extesorero del PP recibiera amenazas si no se callaba. "Tu tienes 95 años y te vas a morir pronto, pero piensa en tus hijos", le dijeron por teléfono a Lapuerta. Es una larga historia que ya conté en su momento y que hoy conviene repasar

"Es cierto, que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo, por finalista, como contraprestación por porcentaje a la adjudicación de obra o servicio público adjudicado (...) Pero también es cierto, que tal y como se recoge en el auto de apertura de juicio oral, las principales donaciones procedían de entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Este dato que hoy apunta Bárcenas es muy revelador. Porque si las adjudicaciones respondían a "importantes obras públicas" hablamos de cohecho, un delito mucho más grave que la simple financiación ilegal. 

Entre todos los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas recibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante esos años. Y muchas de esas adjudicaciones coinciden en el tiempo con esos "donativos" a la caja B.  

Otra confesión, la de Francisco Correa, explica el asunto con total claridad. 

En el año 1996, según Correa, Luis Bárcenas le contactó para ejercer de "intermediario o interlocutor ante los empresarios de obra civil". "Cuando se producía una adjudicación los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Luis Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2% o 3% dependiendo del importe".

Ese "2% o 3%" de la "obra civil" es muchísimo más dinero que el que aparece en la caja B del PP. Cabe preguntarse dónde está. Pero es una cuenta fácil de explicar. Si a Correa, que movía los maletines, le encontraron en Suiza 18 millones. Y a Luis Bárcenas, que representaba al partido, le encontraron 48 millones. ¿Cuántos millones pudo guardar en Suiza quien decidía los contratos y sin cuya ayuda no habría comisión alguna que cobrar? 

"Parte de estos donativos no se recogían en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas con la finalidad de poder destinarla a otros fines, –que seguidamente se dirán– con el fin de poder sustraerlas al control del que aquel Tribunal era competente".

Traducido: parte de ese dinero se gastó en la campaña electoral de forma ilegal. Porque el PP –conviene recordarlo– ha hecho trampas en todas las elecciones con dinero negro desde que se fundó hasta que le pillaron. 

"Al fin de esta ocultación no se registraron dichas donaciones en la contabilidad oficial conforme prevenía la legislación, tomando el nombre, el DNI y demás datos identificativos, así como el importe de la donación.

En muchas ocasiones, este dinero era ingresado en efectivo, fraccionando las cantidades en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de 60.000 €, y en otras ocasiones, era indiferente que se superara, incluso, el citado límite".

En aquellos años, 60.000 euros era el límite a partir del cual los bancos tenían la obligación de comunicar a las autoridades el ingreso, por si se trataba de un blanqueo. A juzgar por el testimonio de Luis Bárcenas, no parece que cumplieran esta norma con demasiado rigor. 

"Estas entregas eran realizadas en la sede de Génova 13, en concreto, en el despacho de Álvaro de Lapuerta y en ocasiones en los restaurantes donde se quedaba con el donante, principalmente empresarios –como ya he dicho anteriormente– que contaban con importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos.

Los donantes no pedían que se extendiera ningún recibo, y en todo caso Álvaro apuntaba estas entregas en tarjetas de visita para su constancia".

No había recibo porque nadie esperaba desgravar esa donación, y porque el dinero probablemente tampoco salía de la contabilidad oficial de esos generosos constructores. 

"De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que a principios del 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que le mostré los papeles de esta contabilidad B espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo".

Esa reunión con M. Rajoy fue determinante. Porque de ella Luis Bárcenas salió sin los originales de la contabilidad en B, pero conservó su sueldo, su chófer y su secretaria. Pocos meses después, el PP forzó su dimisión, tras haber sido imputado por la Gürtel. Pero no fue hasta 2013 –cuatro años más tarde, cuando se fue de la lengua por primera vez– cuando Luis Bárcenas dejó de cobrar del PP. 

"De hecho, cuando comenzó a salir este escándalo, con el fin de protegerme ante posibles acontecimientos futuros, y ante mi desconfianza por el comportamiento que estaba teniendo en ese momento Dolores de Cospedal. Se da la circunstancia que uno de los comisarios Gómez Gordo a resultas de la instrucción en la operación Kitchen, mantuvo contacto con José Manuel Villarejo en relación a los papeles y pendrives que presuntamente se habían robado en el estudio de mi mujer y que junto a la documentación intervenida corroboran estas afirmaciones".

El comisario Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal. Y junto a Villarejo, según la investigación judicial, lograron robar una parte de la información sensible que Luis Bárcenas guardaba sobre el PP infiltrando a un chófer en su familia. Cabe preguntarse si algún día, en algún sitio, esa información aparecerá. 

"En lo que se refiere a los donativos, parte de los mismos, en tomo a la 1.200.000 terminaron ingresándose en el Banco Victoria y en el Banco Popular, mientras que otras cantidades, que se iban percibiendo, quedaban depositadas en la caja fuerte que se encontraba situada en mi despacho de la calle de Génova".

Una parte del dinero se guardaba en una caja fuerte en la sede del PP. Pero 1,2 millones de euros en efectivo se ingresaron en las cuentas que tenía abiertas el PP en el Banco de Vitoria y del Banco Popular. Curiosamente, a nadie de estas sucursales le escandalizó que estos políticos llegaran cada tanto con un montón de dinero en billetes no consecutivos. 

"Las cantidades que se ingresaban en esta caja fuerte eran acordadas y gestionadas por Álvaro Lapuerta, interviniendo en esta gestión en el sentido de control de los ingresos y salidas, en relación a la previsión de los gastos a los que hubiera que atender para el Partido Popular, qué en concreto, fueron: 2.1 Salidas con destino al pago de retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones para personas vinculadas con el Partido Popular".

Los famosos sobres con grandes cantidades de billetes en dinero negro que cada tanto repartía Lapuerta entre los principales dirigentes del PP a modo de sobresueldo. 

"Las personas que recibieron estos complementos salariales fueron en concreto: Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Aceves [sic], Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo."

Dos de ellos aún siguen en política. Javier Arenas es senador. Y Pío García Escudero también, y además preside el PP de Madrid. 

"Estas entregas eran realizadas, personalmente, por don Álvaro –y en ocasiones por mí–, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente".

Entre los nombres que hoy recuerda el extesorero del PP hay algunas omisiones importantes. La de Jaime Mayor Oreja, que cobró algo más de 70.000 euros de la caja B, según los papeles de Bárcenas. 

Tampoco aparece José María Aznar. 

Sí están registrados en esos papeles pagos importantes a un un tal "J.M." que no se sabe quién es. Hasta ahora, Luis Bárcenas no lo ha querido aclarar. 

"Existe una grabación en poder de persona –que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal– que yo he escuchado, en la que Álvaro de Lapuerta en una conversación grabada por esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

Seguro que será interesante de escuchar. 

"2.2) Ingresos no declarados por obras ejecutadas en la sede del Partido Popular.

En el ejercicio de 2006 el Partido Popular destinó unos 600.000 € de los fondos percibidos por los donativos no contabilizados al pago de las obras de remodelación. Obras que fueron desde el año 2005 hasta el año 2010, de manera que en el ejercicio 2008 se destinaron a este fin una cantidad aproximada a los 900.000 €".

Es esa reforma de la sede del PP en la calle Génova que se pagó con el dinero negro. Y que el lunes se empieza a juzgar.

"Estas obras fueron ejecutadas por la empresa Unifica.

La ejecución de las obras se negoció con Unifica, en cuanto a las condiciones y forma de pago, en reuniones en las que participaron, por un lado, Álvaro y yo, y por Unifica, González Urquijo".

Unifica es la empresa constructora que reformó la sede. Y Gonzalo Urquijo, el arquitecto que se ocupara de ella, y que también va a ser juzgado.

"En estas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de en torno a un 10%.

Para llevar a cabo el pago de estas cantidades, y de acuerdo con lo convenido, se elaboraron durante el desarrollo de la obra, diversos documentos como: certificados de obra, facturas y proyectos, en los que se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, al fin de pagar con el metálico procedente de la caja B parte de la ejecución de estas obras.

Estos pagos, en consecuencia, no se contabilizaron, ni se declararon a Hacienda por parte del Partido Popular".       

Entre otras obras y mobiliario, los donativos ilegales en negro sufragaron hasta el plasma desde el que Mariano Rajoy compareció ante la prensa para negar que en su partido hubiera una caja B.

 

"En lo que afecta a la suscripción de acciones de Libertad Digital S. A. por Álvaro de Lapuerta, por importe aproximado de 140.000 € que tuvo lugar a finales de 2004, dicha suscripción se realizó por parte de Álvaro con los fondos procedentes de la caja B, que me pidió se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho.

El motivo por el cual se suscribieron estas acciones fue a consecuencia del aumento de capital social que se realizó por Libertad Digital S. A., y por razón, de que este medio de comunicación resultaba afín a las ideas del Partido Popular, y especialmente, a las tesis de autoría de ETA en los atentados del 11 M que tuvieron lugar unos meses antes de la suscripción de estas acciones".

No es la primera vez que Luis Bárcenas confiesa que la caja B también sirvió para financiar al periódico digital de Federico Jiménez Losantos. Una historia que, en 2009, ya conté

Sí es la primera ocasión en la que Luis Bárcenas aclara la principal razón de ese generoso apoyo a Losantos por parte del PP. Su medio fue clave en la teoría de la conspiración del 11-M, esa abyecta manipulación periodística con la que la derecha intentó culpar al PSOE de ese atentado terrorista, y negar sus mentiras en los días previos a la jornada electoral. 

Todo valía con tal de mantener el poder y aprovecharse de él. Porque esa línea que une los sobresueldos en negro, la caja B, las presiones a los jueces, las mordidas de la obra pública, la cloaca policial para lograr la impunidad, el espionaje a Bárcenas, el secuestro de su familia y la manipulación del mayor atentado terrorista de la historia de España tiene una explicación común: una falta de escrúpulos casi imposible de superar, una ambición pantagruélica, una absoluta sensación de impunidad. 

"Una España en la que todo valía", como hoy confiesa el extesorero del PP.

Lo de menos es Bárcenas. Lo grave es todo lo demás."                       (Ignacio Escolar , eldiario.es, 03/02/21)