Expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales por prácticas restrictivas de la competencia

 "El Consejo General de los Procuradores de los Tribunales habría elaborado documentos con los honorarios que deberían percibir los miembros del propio Consejo y los colegios de procuradores adheridos por prestar sus servicios en subastas extrajudiciales. El Consejo habría publicitado su actividad de intermediación como si se tratara de un servicio público dotado de garantías adicionales. Las conductas podrían reducir la competencia en el sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos en España por medios electrónicos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales (CGPT) por prácticas restrictivas de la competencia, prohibidas en los artículos 1 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Estas prácticas afectarían al sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos por parte de personas o entidades especializadas, a través de medios electrónicos en España. En concreto, se han detectado dos posibles conductas ilícitas.

En primer lugar, el posible establecimiento de precios fijos, mínimos y máximos que percibirían el CGPT y los colegios de procuradores por su intervención en la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos a través del portal www.subastasprocuradores.com. Estos precios habrían aparecido fijados en documentos elaborados por el CGPT, lo cual podría constituir una decisión de una asociación de empresas o una recomendación colectiva.

En segundo lugar, la eventual publicitación de los servicios de intermediación que ofrece el CGPT, a través del portal www.subastasprocuradores.com, como si ofrecieran unas garantías adicionales por su condición de corporaciones de derecho público, cuando en realidad en este tipo de actividades intervienen como meros agentes privados.

Según ha podido comprobar Diario16, la carta de presentación del presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en la web corporativa, cita textualmente: «con independencia de poder realizar en la misma el traslado de copias, podremos informarnos y visitar el Portal de Subastas Procuradores. También podemos acceder a la Plataforma de Certificación de Envíos, así como a la Institución de Mediación de este Consejo General».

Denuncia de la entidad Activos Concursales S.L.

Este expediente tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte de la entidad Activos Concursales S.L. A la vista de dicha denuncia y de la información recabada en el marco de la fase de información reservada, la Dirección de Competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión por parte del CGPT de una infracción de los artículos 1 y 3 de la de la LDC, así como del 101 del TFUE.

A partir de este momento, el periodo máximo de instrucción y resolución del expediente es de 18 meses. La incoación de este expediente en ningún caso prejuzga el resultado final de la investigación."                      (  juan Carlos Ruiz, Diario16, 01/01/23)

Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino, abogados, un notario corrupto y oficiales de la notaría, se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades

 "Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino y un notario corrupto se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción 32 de Barcelona después de siete años de una costosa y laboriosa investigación que acumula más de 100 tomos y que ha dejado sin vivienda a 128 familias catalanas en la que se ha convertido en la mayor estafa inmobiliaria de España.

 En el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia , el juez deja a un paso del juicio a 17 personas –hay dos más en paradero desconocido y dos fallecidos en este tiempo– como presuntos responsables de la gran estafa. No la cuantifica, pero el montante del engaño es de varios millones de euros. Como líderes de una organización criminal, el juez sitúa al abogado y modelo de pasarela, Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que, según el juez, se encuentran en paradero desconocido, pero es sabido que cumple condena por aquel asesinato en un correccional de Bangkok donde en un primer momento fue sentenciado a la pena capital que luego le fue conmutada por cadena perpetua.

 La trama, liderada por estas tres personas, se apropiaba de viviendas de personas mayores, aprovechándose de sus necesidades económicas y de su incapacidad para entender el papeleo jurídico. Les hicieron firmar documentos notariales y de compraventa que resultaron ser engañosos para quedarse con sus propiedades. En el auto, el juez sostiene que los acusados realizaron “distintas operaciones financieras” “aprovechándose de la situación económica acuciante en la que se encontraban las víctimas y de su escasa formación”.

 La estafa empezó con un anuncio en la prensa publicado a toda página en enero del 2013. “Rentas vitalicias para superar la crisis”, decía el eslogan. “Si tiene más de 65 años y un piso de propiedad consiga otra pensión”. Aquella publicidad ofrecía la posibilidad a personas mayores de hacer una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio, por el cual los propietarios cedían la propiedad pero seguían ostentando el disfrute de la vivienda–el usufructo– hasta que murieran a cambio de percibir una renta mensual. En aquella época en la que todavía se notaban las consecuencias de la crisis económica del 2008, hubo personas mayores que querían saldar sus deudas y otras que quisieron complementar su jubilación a cuenta de sus propiedades y que se vieron atraídas por aquella oferta.

 Cuando estalló el caso en el 2014, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya decidió personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra los responsables de la trama que estafaba a ancianos porque uno de los supuestos líderes era el notario, Enrique Peña. El colegio, en una decisión sin precedentes, solicitó al Ministerio de Justicia la suspensión cautelar que finalmente fue aceptada en febrero del 2016. Desde entonces, este notario no puede ejercer. El colegio reafirma su compromiso con las víctimas y asegura que seguirá hasta el final para que se aclaren los hechos que son objeto de la investigación a fin de defender a los afectados y reafirmar la respetabilidad de su profesión.

Los estafadores se anunciaban con el nombre de Gestió Vitalícia, aunque después fueron creando hasta 42 nuevas sociedades con otros nombres pero que ofrecían productos similares. Cuando los ancianos llamaban a la empresa quienes les visitaban eran Comitre, abogado con buena presencia, y Segarra, comercial de buena labia y verborrea. Cuando debían elevar la escritura pública, los clientes eran siempre derivados al mismo notario, Enrique Peña, que tenía un despacho en la Diagonal de Barcelona, lo que a ojos de todo el mundo era sinónimo de respetabilidad. A los ancianos les hacían firmar un poder para cancelar las cargas– un trámite que siempre hace el banco–, y luego los estafadores utilizaban ese poder para vender la propiedad a una tercera persona, que era un testaferro de su misma trama.

 Los ancianos “terminaban por firmar, sin conocimiento y sin ser debidamente informados de ello, las ventas de sus propiedades por un precio muy inferior al real valor de los inmueble”, establece el juez. Así, por medio de esta ingeniería jurídica, los abogados, notarios y demás miembros de la trama, entre los que también había abogados y oficiales de la notaría, lograban apoderarse de las viviendas de los ancianos, que en muchas ocasiones fueron obligados a abandonar sus casas. Y, por si fuera poco, por medio de los testaferros solicitaban una hipoteca para comprar la vivienda que después dejaban impagada

. En otras ocasiones, simplemente los clientes pedían un préstamo poniendo sus casas como garantía, pero en realidad firmaban la venta de sus domicilios. Estas eran las fórmulas del engaño que utilizaron en 128 ocasiones, aunque se sospecha que puede haber muchas más que no han podido demostrarse. Las viviendas estaban situadas en Catalu-nya, en la zona alta de Barcelona, Teià, Santa Coloma de Gramanet, Viladecans, Terrassa, Calella, Arenys de Munt, Vielha...

La causa estalló en el 2014, se denominó operación Cocoon y desde entonces las víctimas no han podido recuperar sus viviendas. Se encuentran paralizadas en el registro de la propiedad con órdenes de prohibición de disponer, lo que significa que nadie puede tocar la titularidad a expensas de lo que determine el proceso judicial, pero que en este caso sigue a nombre de los estafadores.

 Este diario ha intentado contactar con algunas de las víctimas, pero la mayoría son personas de avanzada edad que no se encuentran capacitadas para hablar de lo que les ocurrió. Otras tantas han muerto, con lo que son sus herederos los que empujan para que los estafadores de sus familiares acaben condenados. A pesar de que hay más de un centenar de afectados, solo veinte familias han querido o podido personarse. “Es indignante lo que han tenido que vivir estas personas”, cuenta un abogado que prefiere mantener el anonimato.

 “Las victimas son todas personas muy mayores, que no pueden entender cómo un proceso judicial pueda durar tantos años y que no puedan recuperar sus propiedades cuando ya se ha descubierto que fueron víctimas de una estafa. Están desesperadas, tristes y algunas con graves problemas económicos derivados de los hechos”, relata otra abogada que destaca la impotencia que sintieron las víctimas. “Nadie les creía, cada afectado denunció por su cuenta la estafa y jueces y fiscales archivaban sus denuncias porque confiaban más en la palabra de un notario que en la de una persona mayor humilde. No fue hasta que se destapó el caso que se pudio unir a todas las víctimas y comprobar que, efectivamente, todas habían sido victimas de gravísimas estafas perpetradas en una notaría de la Diagonal”.

Comitre pasó varios meses en prisión preventiva y ahora sigue ejerciendo como abogado en el turno de oficio. El notario Enrique Peña, que fue encarcelado, fue suspendido a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya."                     (Toni Muñoz, La Vanguardia, 05/12/21)

Bertín Osborne fijó su residencia en Luxemburgo y facturó a través de Panamá... Mucho indignarse con Bertín y poco se dice de la hipocresía de la UE que mantiene ese país como otro más dentro de la Unión y ni siquiera lo considera paraíso fiscal.

Pascual Serrano @pascual_serrano

 Mucho indignarse con que Bertín Osborne fije su residencia fiscal en Luxemburgo, y poco se dice de la hipocresía de la UE que mantiene ese país como otro más dentro de la Unión y ni siquiera lo considera paraíso fiscal.

1:25 p. m. · 29 nov. 2021
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 "El presunto cerebro de la trama del PSOE que desvió 14 millones de euros de subvenciones públicas para reindustrializar Cádiz, el gestor Joaquín Arespacochaga Llópiz, también ayudó a Bertín Osborne a crear una estructura societaria con ramificaciones en paraísos fiscales para tratar de eludir el pago de impuestos y deudas pendientes de la Agencia Tributaria. 

El presentador de televisión llegó a fijar su residencia en Luxemburgo y cedió sus derechos de contratación a una sociedad instrumental panameña para esquivar a Hacienda, según consta en los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La información sobre Bertín Osborne fue localizada por la Policía Nacional en 2013 en el despacho de Arespacochaga, en el número 17 de la calle Menéndez Pidal de Madrid. Los archivos fueron incorporados en un primer momento al sumario del llamado caso Bahía Competitiva, en el que Arespacochaga y otros 28 colaboradores han sido enviados al banquillo por utilizar compañías ficticias para apropiarse, en connivencia con altos cargos de los gobiernos de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de fondos que estaban destinados a la creación de tejido industrial en la provincia de Cádiz.

Sin embargo, el tribunal que instruía el procedimiento sobre esta presunta estafa, el Juzgado número 4 de Cádiz, ha remitido la información relacionada con Bertín Osborne y el resto de clientes de Arespacochaga al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que la incluya en el procedimiento que este último órgano mantiene abierto desde 2016 sobre una trama de gestores fiscales que habría facilitado estructuras opacas a grandes fortunas y corporaciones privadas para ocultar dinero en bancos de Suiza y Andorra e impedir la acción inspectora de la Agencia Tributaria. 

 La mayoría de los archivos que afectan a Bertín Osborne tienen fecha del periodo 2000-2006, por lo que los hechos que reflejan ya habrían prescrito, aunque están siendo analizados por peritos de la Agencia Tributaria y no se descarta el hallazgo de nuevas irregularidades. Se espera que remitan su informe de conclusiones al juez Santiago Pedraz en las próximas semanas.

 El presentador admite en una conversación con este diario que fue cliente de Arespacochaga y asegura que ya afrontó las consecuencias. "Ese fue el mayor error de mi vida, hace más de 20 años: fiarme de un asesor fiscal [Arespacochaga] mientras yo vivía en Estados Unidos. Ya pagué por aquel error más de cinco millones de euros y fue juzgado por ello. Espero no tener que pasar por un segundo juicio 20 años después", lamenta Osborne.

Por lo pronto, de los documentos que han llegado a la Audiencia Nacional se desprende que Hacienda comenzó a reclamarle, en los primeros años del siglo, el pago de importes correspondientes a su declaración de la renta. La deuda correspondía a varios ejercicios y tenía su origen en la presunta derivación de parte de sus ingresos profesionales a mercantiles de su entorno que actuaban como pantalla. Arespacochaga se encargó supuestamente de recurrir las resoluciones de la Agencia Tributaria y ofreció al cantante alternativas para dificultar el embargo de sus bienes.

 El expediente de Osborne llegó a los juzgados de lo contencioso de la Audiencia Nacional. En una de las alegaciones presentadas en el año 2000 por Arespacochaga en nombre del artista, el gestor aseguró que su cliente no podía aportar “garantías patrimoniales” para el pago de su deuda con la Agencia Tributaria porque no disponía “de bienes que aportar para prestar en garantía”. Pero archivos posteriores del año 2002 revelan que la inspección acabó encontrando al menos una finca en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y un yate de la marca Fithiotti-Viudes que eran de su propiedad.

Tras el hallazgo, el gestor de Osborne remitió a la Oficina Nacional de Recaudación de Hacienda la información de esos activos para ponerlos a su disposición, aunque siguió oponiéndose a la ejecución de los bienes con el argumento de que las reclamaciones de la cantidad no habían justificado correctamente el supuesto incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 

Los documentos que tiene ahora en su poder el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional también indican que Bertín Osborne adquirió en 1998 el 100% de las acciones de una sociedad panameña, Canterbury Operations SA, por un importe de 250.000 dólares. Hasta ese momento, la mercantil había pertenecido al supuesto testaferro Miguel Sierralta Meza. Osborne tomó el control de la empresa, pero Sierralta siguió ejerciendo como representante de Canterbury durante los siguientes ejercicios.

La operación también fue presuntamente diseñada por el cerebro de la trama de las subvenciones de Cádiz. Cuando Hacienda comenzó a embargarle en 2002 los salarios que percibía de Antena 3 por presentar en aquella época los programas ‘Trato hecho’ (1999-2003) y ‘Mujer 10’ (2001-2002), Osborne cedió a Canterbury Operations SA sus derechos de “representación artística” para que todos sus ingresos profesionales pasaran por esa sociedad instrumental panameña.

Según el sumario, el presentador firmó ese contrato de cesión de derechos en calidad de residente en Luxemburgo. Su supuesta residencia se encontraba en un edificio de apartamentos del número 125 de la calle Bonnevoie del ducado, a solo unos metros de la estación de tren central del país. Esa fue su dirección oficial al menos entre 1998 y 2002, un dato que tampoco había trascendido hasta ahora.

Osborne obtuvo incluso un pasaporte de ese Estado, el número 328.429, tal y como reflejan los documentos que está investigando el juez Pedraz. El ducado ha contado tradicionalmente con un impuesto de la renta más bajo que el de España y ofrece innumerables deducciones en el cobro de dividendos de sociedades 'offshore' de otras demarcaciones que pueden gestionarse desde su territorio.

El cantante enmarca su traslado a Luxemburgo en la estrategia que desplegó su asesor. "Me quedé muchas noches a dormir en esa casa [de la calle Bonnevoie], pero a estas alturas ha sido el episodio más negro de mi historia y ya pagué por ello después de arruinarme la vida la mala praxis profesional [de Arespacochaga]", cuenta Osborne a El Confidencial. "Ya me juzgaron, condenaron y cobraron todo".

 El contrato de cesión de derechos entre Bertín Osborne y Canterbury estipuló que la sociedad cobraría el 20% de todas las cantidades que facturara por la teórica labor de representación del presentador, pero, en realidad, esa sociedad era propiedad del propio Osborne desde 1998. La Audiencia Provincial de Madrid terminó declarando nulo ese acuerdo el 30 de diciembre de 2002, al concluir que su único objetivo era desplazar a la mercantil panameña los impuestos que correspondía pagar al 'showman' en su declaración de la renta por su actividad profesional.

Otro documento revela que, en 2006, en plena ofensiva de Hacienda para cobrar las cuantías que el artista tenía pendientes, Osborne supuestamente realizó una operación para traspasar propiedades inmobiliarias mediante un movimiento total de 7,2 millones de euros. Para ello, utilizó otra sociedad panameña llamada Artistic Trading SA que fue constituida igualmente por Arespacochaga en colaboración con el despacho Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los llamados papeles de Panamá, una investigación periodística en la que participó este diario.

Los documentos de Mossack Fonseca desvelaron en 2016 que Osborne había reactivado Artistic Trading SA un año antes, coincidiendo con el inicio del exitoso programa en TVE ‘En tu casa o en la mía’ y que luego pasaría a emitir en Telecinco. El cantante declaró entonces a El Confidencial que había puesto de nuevo en marcha la sociedad para poder afrontar los últimos pagos pendientes que tenía con Hacienda y que cuantificó en 1,6 millones de euros. "La sociedad Artistic Trading no ha tenido actividad en muchos años y tiene como único activo una parcela", declaró Osborne. La parcela, ubicada justo en la localidad de Alcalá de Guadaíra, habría sido utilizada por la estrella de TV como aval para solicitar un préstamo con el que ponerse al día con Hacienda."                     (José María Olmo, El Confidencial, 29/11/21)

"Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo... es que nadie declara todo lo que ingresa; recomienda dejar un 20 ó 25% en negro"

"En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio.

Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro».

Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%.

Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida.

Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos)." (Attac Madrid, 04/05/2011, citando a Enrique Viaña: Ética fiscal es lo que necesitamos)