"No estoy denunciando unos hechos recientes o puntuales. Son hechos que iniciaron allá por 2004 y que tienen que ver con la forma en la que Berkeley se hizo con los derechos de explotación de varias reservas de uranio". Jorge Rodríguez, alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca), lleva muchos años en pie de guerra contra el polémico proyecto minero del Retortillo que busca extraer, a cielo abierto, recursos para producir energía nuclear.
La puerta de este plan extractivista fue cerrada en 2021 –cuando el CSN declaró desfavorable el proyecto y la Ley de Cambio Climático prohibió nuevas exploraciones de uranio en territorio del Estado–, pero Rodríguez no quiere que sea con un portazo abrupto. El regidor de este pequeño municipio de 700 habitantes se ha plantado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para denunciar, así lo cree, la "privatización" de los derechos de explotación de la mina. Se remonta así, al origen de un conflicto que todavía no cicatriza en los pueblos de la zona y pone el foco en la forma en la que la compañía australiana se hizo con las diminutas reservas de uranio a principios del siglo XX.
"Todo se remonta a 2004-2005", insiste en varias ocasiones. En esa época los precios internacionales del uranio se dispararon y el Gobierno decidió valorar la opción de abrir sus propios yacimientos para atajar la inflación. "El Estado tiene unas reservas definidas, que se cedieron a ENUSA [una mercantil estatal], que a su vez decidió estudiar la opción de abrir las minas. Fue entonces cuando se habló con Berkeley", narra. "La idea era estudiar el yacimiento para explotarlo. Esto se alargó unos años, hasta el 2012 aproximadamente. Ahí, ENUSA declara que no quiere llevar a cabo el proyecto porque es inviable. Se alegaba, sobre todo, la baja rentabilidad".
El desencuentro estaba servido. ENUSA se negó a perforar la tierra y Berkeley, sin embargo, insistió con una amenaza de demanda por incumplir el acuerdo. La respuesta a esta encrucijada es, según Rodríguez, el origen del conflicto que afecta de lleno a su pueblo. La mercantil española decidió ceder los derechos de explotación de dos de las reservas: la 28 y la 29, las de Alameda, que se ubican a escasos metros de Villavieja de Yeltes. "No tiene que ver con el complejo del Retortillo, que es el más conocido", advierte, mientras recuerda que la minera australiana no presentó un plan homogéneo sino que planteó solicitudes de explotación fragmentadas por zonas. "Esta cesión y la selección de la empresa Berkeley no se hizo siguiendo los reglamentos, se hizo rápido para evitar un arbitraje judicial. Es decir, es una cesión de recursos públicos ilegal", denuncia. "Se privatiza un derecho de explotación".
El proyecto de las minas de la Alameda era el menos conocido, reconoce el político, pero no por ello menos controvertido. "La mina iba a estar a unos 150 metros del casco urbano. Algunos me han llamado exagerado, pero desde el patio del colegio, se podría colar un balón dentro de la mina si se disparase con fuerza", narra, para reconocer que el interés primordial de Berkeley era el yacimiento de Retortillo, que no tenía tanta incidencia directa en el municipio.
El Consejo de Seguridad Nuclear, el CSN, emitió un comunicado en el verano de 2021 en relación al Retortillo, pero no se posicionó sobre el proyecto 28 y 29 relacionado con Villavieja de Yeltes. El artículo 10 de la Ley de Cambio Climático, sin embargo, cierra la puerta a la apertura de nuevas prospecciones de uranio. Esto no quita la tranquilidad a Rodríguez. "Hablamos de un punto concreto y todos sabemos que puede haber un cambio de Gobierno en cualquier momento y un cambio de ese punto de la ley", insiste. Se remite este alcalde socialista a las "presiones" que la propia empresa sigue desempeñando. "Hasta donde yo sé, Berkeley sigue pidiendo que se resuelvan los permisos de investigación que había solicitado antes de que se aprobase la nueva ley", arguye.
"No tiene ningún interés en que se abra la mina. Todo pinta, más bien, a que Berkeley quiere tener inversores para seguir cotizando alto y por ello necesita generar la apariencia de que el proyecto es todavía rentable. Donde tiene el yacimiento de uranio realmente es en la bolsa y necesita hacer ver que algún día puede haber posibilidad de que el la mina salga adelante", manifiesta. "¿Qué sentido tiene plantear una mina tan pequeñita que desde hace años fue desestimada? Porque ENUSA dijo claro que no era rentable...", se pregunta. "¿Cómo es posible que seleccionaran, además, a Berkeley para explotar el yacimiento si es una empresa sin capacidad técnica?".
El desembarco de Berkeley en Salamanca ha fragmentado los pueblos. La promesa de puestos de trabajo ha generado en esta última década una polaridad sobre la viabilidad social de las minas. "Lo hemos vivido de una forma muy cruda", dice Rodríguez. "En el pueblo, se me viene a la cabeza el caso de tres hermanos que reflejan bien la situación. Dos de ellos pro-mina y el otro anti-mina. Se han enconado mucho las posiciones, hasta el punto de que las últimas elecciones municipales, las de 2019, se plantearon en clave de referéndum con partidos a favor y en contra del proyecto", menciona. Ganaron con una clara mayoría las formaciones que se oponían la explotación del yacimiento.
El interés de
Rodríguez, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, es
frenar en seco la posibilidad de que la minera australiana consiga
explotar en el futuro los yacimientos. "La ley puede cambiar en el futuro", recuerda. "Si se acepta nuestra solicitud será muy interesante", zanja." (Alejandro Tena, Público, 29/03/22)
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