"Los gobernantes democráticos y los jueces se han convertido en una parte fundamental para que las grandes corporaciones y las grandes fortunas continúen evadiendo o eludiendo el pago de sus impuestos y para el lavado de dinero.
uando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.
Es cierto que las entidades bancarias realizan operaciones de blanqueo de capitales. No hay más que recordar casos como JP Morgan, HSBC, Banco Santander o BNP. Cuando los bancos son pillados, tienen que pagar multas nada ejemplarizantes pero de varios miles de millones de dólares.
Sin embargo, en los procesos de blanqueo o de evasión fiscal que realizan los millonarios o las grandes corporaciones, hay otros actores que no tienen supervisión. Son los llamados facilitadores, un sector que está formado, principalmente, por grandes despachos de abogados de todo el mundo, consultores, tratantes de arte o agentes financieros que no tienen ningún tipo de supervisión.
En este punto es donde la clase política de las principales democracias se coloca en una situación de complicidad necesaria para que el lavado de dinero o la evasión se sigan produciendo. Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, sobre todo en Reino Unido, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, los facilitadores siguen actuando con total impunidad.
Los políticos están evitando que sus respectivos países o unión de estados legislen para la supervisión de los grandes despachos de abogados, las consultoras o los agentes financieros. Para mantener su impunidad, este sector ejerce una dura estrategia de lobby en las instituciones legislativas y en los gobiernos. Invierten decenas de miles de millones de dólares, libras o euros para que a nadie se le ocurra abrir una puerta que ni a las grandes corporaciones ni a los multimillonarios les interesa que se abra.
Por otro lado, los jueces y los fiscales, cuando se encuentran con operaciones en la que los facilitadores se encuentran en una situación en la que deben decidir si mantener la impunidad o dar pasos valientes para generar jurisprudencia utilizando las regulaciones antiblanqueo que sí se aplican a los bancos. No obstante, los jueces se colocan normalmente en la aplicación estricta de la ley, en vez de retorcerla para generar doctrinas como sí hacen cuando es necesario proteger a los poderosos. Este es otro tipo de complicidad.
El último ejemplo de ello se tuvo a finales de 2022 en Estados Unidos. El Senado bloqueó un proyecto de ley crítico para frenar el crimen financiero y la corrupción, un revés para la reforma más significativa de las leyes contra el blanqueo de dinero en 20 años.
La Ley de facilitadores exigía por primera vez que las empresas fiduciarias, los abogados, los comerciantes de arte y otros investiguen a los clientes, así como la fuente del dinero y otros activos que se mueven al sistema financiero estadounidense.
Sin embargo, los republicanos la bloquearon por lo
que los facilitadores podrán continuar ofreciendo sus servicios para que
las grandes corporaciones y los multimillonarios utilicen sus servicios
para evadir impuestos y blanquear capitales." (J. A. Gómez, Diario16, 05/01/23)
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