"La corrupción sigue
siendo noticia en España, ahora con la sentencia de dos expresidentes de
la comunidad autónoma de Andalucia, uno a pena de cárcel y otro
inhabilitado para cargos de representación, gobernada por el PSOE
durante casi 40 años.
Según el fallo judicial se desviaban fondos,
legalmente destinados a empresas en crisis y trabajadores en situación
de desempleo, con el propósito último de amordazar voces críticas
empresariales y sindicales que permitieran una paz social ficticia. El
montante de partidas públicas redirigidas sin control administrativo
asciende a casi 700 millones de euros.
Un informe de 2018 realizado
por Los Verdes/Alianza Libre Europea, grupo del Parlamento de
Estrasburgo, estimaba el fraude por corrupción en España en 90.000
millones de euros, alrededor del 8 por ciento del PIB estatal. Para toda
la UE el fraude corrupto alcanzaría los 900.000 millones de euros al
año.
La web casos-aislados.com eleva esa cantidad a 125.000
millones de euros mientras que el Fondo Monetario Internacional la
reduce a 60.000 millones de euros anuales.
En lo que va de siglo
se han destapado en España más de 2.000 casos de corrupción y se
registran por encima de 8.000 implicados en causas abiertas, ya
cerradas, desestimadas por prescripción de delitos y otros motivos o
sentenciadas aunque muchas de ellas recurridas en tribunales de orden
superior.
Para contrastar estos datos, debemos saber que España
dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación y 17.000
millones a subsidios para desempleados.
PP y PSOE, el
bipartidismo creado ad hoc a la muerte del dictador Franco, en colusión
con los partidos nacionalistas de derechas de Euskadi y Cataluña, PNV y
CiU respectivamente, son las organizaciones más manchadas por la
corrupción política. Hablar de corrupción española es casi sinónimo de
PP, con el PSOE muy cerca, el nacionalismo conservador catalán liderado
por el expresidente Pujol pisando los talones al PP y en mucha menor
medida algunos escarceos atribuidos al PNV. Los cuatro partidos, también
la UCD del expresidente Suárez, han conformado las mayorías
parlamentarias que han dado sustento a todos los gobiernos de la era
democrática contemporánea. En breve puede romperse esa realidad con el
hito de un Ejecutivo de coalición donde entre una nueva formación de
tinte izquierdista, Unidas Podemos.
En España, las grandes
empresas y los bancos mayores financian a los principales partidos
políticos, los políticos “financiados” nombran a los “jefes” del Poder
Judicial, la policía y los militares, asimismo al Fiscal General del
Estado, y el círculo cuasi perfecto se cierra con “favores” legales
hacia el Poder Político. La red es permeable a la par que
consuetudinaria, oficiosa, habiendo auténticos demócratas en cualquiera
de los ámbitos citados que llevan a cabo su labor con dignidad
disintiendo de las consignas veladas que reciben en privado. De ahí que a
veces algún pez gordo y trama criminal acabe en prisión o con rasguños
judiciales severos o moderados. En realidad, este sistema descrito opera
en multitud de espacios internacionales. Montesquieu, al parecer, no ha
sido bien entendido.
No obstante, ante el volumen de corrupción
detectado mediática y oficialmente y la tupida telaraña que impide ver
su presunta envergadura, cabe preguntarse si lo que aflora no es más que
una porción diminuta del gigante cuerpo hoy invisible.
Aunque
España entera ha registrado secuencias corruptas, los territorios más
afectados y de impacto público han sido Madrid (PP), Comunidad
Valenciana (PP), Galicia (PP), Murcia (PP), Castilla y León (PP),
Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU de Pujol).
Los delitos imputados
son muy variados: financiación ilegal de partidos políticos,
enriquecimientos personales ilícitos, desvío de fondos irregulares,
mordidas administrativas para ganar concursos de obras o servicios,
recalificaciones de suelo, cambios de legislación para favorecer a
multinacionales, concesión de licencias a empresas de amigos,
subvenciones no transparentes a terceros, desvío de fondos a destinos no
contemplados por la ley, caciquismo inveterado de personajes de dudosa
reputación muy populares en sus comarcas, tarjetas de crédito emitidas
de forma nominal para gastos privados y puertas giratorias de la
Administración a los emporios que cotizan en la elitista Ibex 35
bursátil. En algunos casos concretos, la larga mano oculta de la
corrupción hizo caer incluso a señeros dirigentes sindicales. (...)" (Armando B. Ginés, Rebelión, 25/11/19)
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