"Hace 29 años, la víspera de Navidad de 1986, ocho destacados magistrados de la extinta Audiencia Territorial de Barcelona,
pidieron procesar y embargar las cuentas de Jordi Pujol i Soley tras
descubrir que supuestamente se había apoderado de al menos 85 millones
de las antiguas pesetas (507.000 euros) de la entidad Banca Catalana, S. A.
Ahora que el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata indaga el origen de la fortuna del clan de los Pujol,
fuentes judiciales relacionadas con aquellas pesquisas afirman no
albergar dudas de que ahí nace parte de la explicación del dinero
escondido en Andorra por esta familia.
El auto, con múltiples detalles, no prosperó ante el voto mayoritario
del pleno de la entonces Audiencia Territorial. Uno de los jueces
firmantes del auto recuerda hoy las presiones políticas que llegaron,
incluso desde Madrid, para que se archivase la causa, a lo que ellos se
opusieron, y cuya apertura Pujol enmarcó como un ataque del Estado
español a su persona y, por extensión, a Cataluña.
Las diligencias fueron archivadas, pero los ocho magistrados lo
tenían claro: en el auto revelan el entramado de sociedades, un total de
27, creadas por Banca Catalana para desviar dinero desde esta entidad a
los bolsillos de sus gobernantes, entre ellos Jordi Pujol i Soley. Y
cómo estos descapitalizaron la entidad hasta dejarla en la ruina.
El
auto describe el supuesto saqueo, y sitúa al expresidente Pujol como uno
de los ideólogos y ejecutores en la sombra de las decisiones que
llevaron a la entidad a su posterior quiebra.
Los ochos jueces (el entonces presidente de la Audiencia de
Barcelona, Antonio Doñate, otros dos presidentes de secciones penales de
esa ciudad, José Presencia y Ángel de Prada, y otros cinco magistrados
de esta instancia judicial, entre ellos la hoy magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles) dan por sentado que Pujol se incorporó en 1965, con Franco en la jefatura del Estado, "a la dirección de Banca catalana".
Según este auto, este “grupo dirigente” de Banca Catalana tomó
decisiones “que nunca fueron plasmadas en documento alguno”, entre
ellas, “crear una caja B” en la entidad opaca al fisco. Y desviar desde
ella dinero a sociedades ficticias al frente de las cuales colocaron
testaferros para conducir el destino de los millones de pesetas
desaparecidos (entonces la moneda oficial de España).
Los ocho jueces
sostuvieron que “el señor Pujol i Soley” tenía “un papel esencial en la
dirección oficial del banco”, hasta el punto de que fue “su principal
impulsor”. Y si bien dimitió como consejero de la entidad el 5 de abril
de 1977, mantuvo su condición “de principal accionista hasta la última
operación de venta de acciones a la firma HOE, S. A., el 19 de enero de
1982”, así como a "la posterior donación de 96.000 acciones de la
entidad a la denominada Fundación Catalana”.
El grupo dirigente de Banca Catalana encabezado por Pujol tomó
decisiones en “beneficio propio y de terceros” en detrimento de las
arcas del banco. Es decir, en 1968 “constituyó una caja B también
conocida en la jerga del banco como Cane o Mon K” que les permitió
“tener una doble contabilidad oculta a los accionistas y a las
autoridades monetarias”. Para desviar fondos de Banca Catalana a esa
caja B, el citado grupo encabezado por Pujol otorgó “numerosos créditos
ficticios a favor de personas físicas y jurídicas”.
Los jueces
acreditaron la entrega de al menos 300.000 pesetas a varios testaferros
que ayudaron a sacar dinero de Banca Catalana por la puerta trasera.
Entre “1974 y 1981”, añade el auto, el grupo dirigente extrajo “la suma
total de 78,5 millones de pesetas" (470.000 euros de ahora), un 11 % “de
los recursos totales" de la entidad durante "los años 1974/1977",
periodo en que era "consejero ejecutivo el señor Pujol i Soley”,
subrayaron los ocho magistrados.
Para sacar dinero de Banca Catalana, el grupo que encabezaba Pujol
“creó sucesivamente hasta 27 sociedades instrumentales, con un exiguo
capital que ni siquiera fue desembolsado, y cuyos accionistas y
administradores eran ordinariamente funcionarios de la propia Banca
Catalana”. Por ejemplo, hubo “desvió de importantes fondos de la caja B”
para la compra de acciones de “Chasir 1879”, firma en la que Pujol i
Soley “era administrador”.
También salió dinero de Banca Catalana con
destino a una sociedad presidida por el padre del expresidente catalán,
Florencio Pujol Brugal. Precisamente, Jordi Pujol confesó el pasado
enero en un juzgado de Barcelona que su fortuna oculta en Andorra
procede de una herencia de 140 millones de pesetas que le dejo su
ascendiente y que procedía de sus actividades clandestinas durante el
franquismo.
En el auto se añade que "el grupo dirigente" sabía que con sus
chanchullos Banca Catalana se estaba “empobreciendo”, y que por eso
tuvieron “buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones” ante de
que trascendiera su estado contable real. En el auto consta el
siguiente hecho: “Pujol vendió 1.057 acciones de la serie B de Banca
Catalana a HOE, S. A., el 19 de enero de 1982.
El precio fue concertado
por el aforado, como vendedor [Pujol ya era presidente de la
Generalitat], a través del departamento de valores de Banca Catalana, y
ello pese a conocer [los dirigentes] que HOE, S. A., a la que se había
concedido un crédito para pagar [el importe de las acciones] jamás
podría hacer frente a sus obligaciones [al crédito] dado que su
situación patrimonial era de -1.714 millones de pesetas”.
Los ocho jueces destacan cómo el citado grupo de Banca Catalana
“propuso a la Junta General de Accionistas, durante los ejercicios
económicos 1974/1980, un reparto de dividendos por importe de 1.903
millones de pesetas [10,8 millones de euros], de los que Pujol obtuvo
84,3 millones de pesetas [507.000 euros]”, y todo ello pese a la
situación de la entidad, que ellos “conocían”. Y añade que, por ejemplo,
en 1979, Pujol se repartió 13,9 millones de pesetas en dividendos,
“contribuyendo así, de forma singular, a la ruina de la entidad”.
El auto revela toda la trama que urdió el grupo encabezado por Pujol
para que las autoridades monetarias ignoraran el estado financiero de la
entidad y, de camino, lucrase personalmente con los fondos de la
entidad. Fruto de esta gestión (se concedieron casi 15 millones de
créditos ficticios a sociedades creadas por ellos mismos y que nunca
fueron recuperados porque sus destinatarios “eran absolutamente
insolventes”.
El Fondo Nacional de Garantía de Depósitos bancarios tuvo
que hacer frente, con el dinero de todos, a otros 19 millones de pesetas
de la época.
Estos ocho jueces exigieron, sin éxito, procesar a Pujol y otras 17
personas por el saqueo de Banca Catalana. Para el jefe del clan pidieron
que prestase una fianza de 35.000 millones de pesetas como garantía del
desfalco y que le fueran embargadas sus cuentas si no lo hacía.
La
mayoría del pleno de la Audiencia Territorial de Cataluña, la antecesora
del actual Tribunal Superior, optó por no seguir investigando a Pujol y
cerró el caso. "Es increíble todo lo que sucedió, y las presiones que
recayeron sobre el presidente del tribunal para que, como sucedió, se
archivase el caso", recuerdan un magistrado que intervino en las
deliberaciones.
Las pesquisas que desarrolla ahora el juez de la Audiencia Nacional
José de La Mata, quien recientemente ordenó registros en casa de varios
hijos de Pujol, entre ellos el primogénito Jordi Pujol Ferrusola,
acreditan que este cobró a través de sociedades instrumentales 11,5
millones de euros de empresas de la construcción por servicios que nunca
se prestaron.
El juez cree que responden a comisiones a cambio de
contratos públicos, y que ese dinero corresponde a todo el clan
familiar. "No hay que ir muy lejos para deducir que parte de la fortuna
en Andorra de Jordi Pujol padre procede de Banca Catalana; los ocho
jueces que firmamos el auto lo vimos muy claro", añaden las citadas
fuentes judiciales." (
José Antonio Hernández , El País,
10 NOV 2015)
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